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http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2008100400_19_0__Comunitat-Valenciana
http://www.elpais.com/espana/cvalenciana/
El Consell advierte que sancionará a los profesores rebeldes tras la amenaza de huelga
Rambla responde a la asamblea del colectivo docente y afirma que se cumplirá la orden
Efe/M. D., Valencia
El divorcio entre el Consell y un sector de la enseñanza es ya total. El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, anunció ayer que la Generalitat sancionará a los profesores que "no cumplan" con las normas educativas e impidan, por tanto, que "las actividades puedan desarrollarse con normalidad" en los institutos.
Rambla respondió, en la rueda de prensa sobre el pleno del Consell, al ser preguntado por las movilizaciones anunciadas por los sindicatos STEPV, CC OO y UGT y respaldadas por cientos de profesores contra la orden de impartir Ciudadanía en inglés. El colectivo docente advirtió de la "completa paralización del sistema educativo en el caso de que se produzca una sola sanción" a algún profesor.Rambla recordó que "nos hemos marcado unas reglas de juego con unas garantías para convivir". Una de ellas, subrayó, "es tratar de cumplir las normas de convivencia", por lo que "si hay que proceder a realizar alguna sanción para desarrollar las actividades con normalidad en ese marco normativo, se tendrán que acometer y cumplir".
La advertencia fue enseguida contestada por el STE-PV al opinar que la primera sanción del Consell por incumplir las normas educativas debería ser contra el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y su secretaria autonómica, Concha Gómez, por su postura ante Ciudadanía en inglés. Mientras, uno de los portavoces de la Asamblea de directores de Institutos de ESO reconocía ayer que algunos centros no imparten la asignatura de Educación para la Ciudadanía a la espera de que se resuelva la polémica surgida en torno a la orden autonómica que obliga a ofrecerla en inglés.
José Luis Peris, director del IES Ravatxol de Valencia,destacó que debido a los problemas que ha generado la orden de la conselleria, algunos centros "no la están dando, otros la imparten en castellano, otros en valenciano y algunos incluso un rato en castellano y otro en inglés".
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la asamblea de directores, Vicent Baggetto.Peris recordó que los profesores itinerantes enviados por conselleria para impartir la materia "en muchos casos no han llegado" y algunos que sí lo han hecho "habían engañado a la conselleria asegurando que estaban capacitados en este idioma y después no ha sido así".
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EU y el Bloc apoyan las protestas docentes contra la norma de Font de Mora
La senda del disparate y la agitación
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Rambla insiste en amenazar a los profesores de Ciudadanía
EL PAÍS
El Consell mantuvo ayer su posición en la guerra de Educación para la Ciudadanía. Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, insistió en que los profesores que se nieguen a dar la asignatura en inglés serán sancionados. Un día después de que cerca de 800 docentes de los 2.000 que imparten la asignatura, y los sindicatos mayoritarios advirtieran de que paralizarán el sistema educativo si se abre un solo expediente por este motivo, el portavoz del Consell repitió la amenaza invocando la obligación de cumplir las normas.
"Los sindicatos, como los alumnos, los padres y el resto de ciudadanos que vivimos en esta sociedad nos hemos marcado unas reglas de juego para convivir", declaró Rambla; "no veo por qué alguien o algún colectivo, de forma unilateral, puede querer impedir que el marco normativo pueda cumplirse".
Las palabras del vicepresidente sonaron a sarcasmo a oídos de los sindicatos: "La primera cosa que debería hacer Rambla es sancionar al consejero Font de Mora y a la secretaria autonómica Concha Gómez por no cumplir las normas educativas estatales y valencianas", señaló el STE-PV.
"Senda del disparate"
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, instó a la Generalitat a abandonar "la senda del disparate", que "sólo lleva al enfrentamiento con profesores, padres, alumnos y directores". Peralta se declaró perplejo con la afirmación realizada por Font de Mora en las Cortes (según la cual Ciudadanía sirve para convencer "a los niños de votar a los socialistas"), y recordó que existen asignaturas similares en muchos países europeos. El delegado pidió al consejero que la materia se dé de "forma normal", y consideró que los profesores están acreditando "con su actuación su pleno sentido ciudadano".
Un comentario que le valió a Marisol Linares, portavoz adjunta del PP en Las Cortes, para calificar a Peralta de "agitador que en vez de perseguir a delincuentes promueve y alienta el incumplimiento de la ley". EU dio su apoyo a las "movilizaciones".
El presidente de la Asociación de Directores de Secundaria, Vicente Baggetto, describió, finalmente, el "caos" que la iniciativa de Educación ha generado en los centros. "En la mayor parte" de ellos, dijo a Europa Press, "no se está impartiendo conforme a la norma" valenciana debido, entre otras cosas, a que faltan medios para hacerlo.
El Gobierno exige a Madrid que frene la objeción a Ciudadanía
PILAR ÁLVAREZ
La Comunidad tendrá que responder en dos meses o se verá en los tribunales
Penúltimo aviso antes de ir a la justicia. El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha remitido a la Comunidad de Madrid un requerimiento para que retire en un plazo de dos meses las instrucciones enviadas a los centros de secundaria que amparan la objeción a Educación para la Ciudadanía (EpC). La Comunidad ya ha dicho que seguirá adelante con su plan de objeciones. Pero si no hay cambios, el ministerio presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El requerimiento es un primer paso, una llamada de atención entre administraciones que no se había producido en otras comunidades autónomas. Se debe a que Madrid no ha elaborado una normativa concreta para rechazar la asignatura, como hizo la Comunidad Valenciana al regular que se impartiera en inglés, sino que se ha limitado a enviar circulares a los centros de secundaria con objetores. Las instrucciones, remitidas en septiembre, establecían como materia alternativa un trabajo individual sobre la Constitución española y actividades de voluntariado para quienes rechacen cursar EpC. El requerimiento, remitido por la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, a la consejera de Educación, Lucía Figar, reclama "la anulación" de esas órdenes que amparan motivos de conciencia y de libertad ideológica de los padres. Se basa en el artículo 149.1 de la Constitución para señalar que las condiciones para obtener títulos académicos las debe fijar el Estado y que la LOE establece que le corresponde al Gobierno "fijar los aspectos básicos del currículo y a las comunidades autónomas aprobar el currículo del que formarán parte, en todo caso, dichos aspectos básicos" de la enseñanza primaria y secundaria, que son obligatorias.
Un portavoz del ministerio asegura que la carta fue enviada el 30 de septiembre. Otro portavoz de la Consejería de Educación indica que aún no han recibido ese requerimiento y que se pronunciarán cuando lo estudien. Pero el Gobierno de Aguirre ya ha reaccionado. El consejero de Presidencia, Francisco Granados, declaró ayer que seguirán adelante con las objeciones porque "la ley lo primero que garantiza es la libertad de los padres a dar la educación que consideren oportuna a sus hijos".
Granados, como también apuntaba la circular a los centros, recordó que varios tribunales superiores de justicia de otras comunidades (Andalucía y La Rioja) han amparado la objeción. En el requerimiento, el Ministerio de Educación les recuerda que esas sentencias "sólo afectan a las partes" -el Estado y la región en concreto- y que, además, los altos tribunales de Asturias, Baleares, Cantabria, Navarra y Valencia han rechazado que se pueda objetar.
Más de 110.000 alumnos recibirán este curso la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Las objeciones representan menos del 1% del total. El Ministerio de Educación ya ha advertido en varias ocasiones que no cursar la materia es lo mismo que no asistir a matemáticas, porque es obligatoria.
A Juan José Bazán, portavoz de una plataforma de padres objetores de Madrid con una veintena de miembros, no le preocupa. "Prefiero que mi hija suspenda la asignatura antes de que reciba una formación moral que prefiero darle yo", asegura este hombre cuya hija estudia 2º de ESO en el centro Senara, del Opus Dei. "Es una asignatura que habla de la libertad y de la familia, y no quiero que nadie le enseñe a mi hija que hay más modelos de familia que el formado por un hombre y una mujer, aunque existan".
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dissabte, 4 d’octubre del 2008
El abandono escolar ya pasa factura.
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http://www.elpais.com/
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El abandono escolar ya pasa factura
ELISA SILIÓ -
Jóvenes que dejaron las aulas en busca de empleo fácil ya no tienen título ni trabajo
El abandono escolar, una opción que se hizo fácil en la España del turismo y la construcción, empieza a pasar factura. El trabajo ya escasea, y los jóvenes se encuentran ahora sin empleo, y además sin cualificación.
El informe sobre el abandono escolar en 2007
DOCUMENTO (PDF - 489,96Kb) - 04-10-2008
Crece el número de adultos que quieren estudiar ESO o FP o ir a la Universidad
Las comunidades costeras han sufrido el mayor fracaso escolar
La ministra va a convocar este mes una reunión monográfica
Sólo el 5,9% de los chicos de 16 años estudia y trabaja
Los datos se despachan rápido: El 31% de los adolescentes en España no aprueban la ESO. El otro 69% continúa, pero un 28% de ellos no conseguirá un título de bachillerato o FP de grado medio, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La tasa de los que abandonan en esa etapa es más dramática en hombres (35,8%) que en mujeres (23,8%), y en total dobla la media europea. Sólo Portugal y Malta están por detrás de España.
En la Escuela de Adultos de Mazarrón, Murcia, no cabe un alma desde hace tres años. Este curso, 40 personas quieren asistir a la clase que prepara para la obtención del título de la ESO (el antiguo graduado escolar), pero diez tendrán que esperar un año más. No hay tantas plazas, ni otros centros para mayores en la zona. Esta invasión estudiantil no se entiende sin hablar de la crisis económica.
En Mazarrón, una localidad turística de 29.000 habitantes, nada es lo que era. Los eternos veraneos en la playa han pasado a la historia, hay un parón evidente en el ladrillo, son ya pocos los que trabajan a destajo los tres meses de verano para vivir el resto del año y en primavera no hay carteles demandando camareros. El paro, antes inexistente, acecha. En la comunidad de Murcia, con un 58% de ocupación hotelera este verano, había en septiembre 76.000 desempleados, un 2,89% más que el septiembre de 2008.
Por miedo al paro o a perder oportunidades, este curso los adultos están volviendo a clase: 138.000 adultos están estudiando en busca del graduado escolar. Son 22.500 más que hace cuatro años. 11.500 quieren entrar en la Universidad (2.000 más); 14.000 quieren hacer las pruebas de acceso para la FP superior (el doble ahora). Además, 35.000 (15.000 más que entonces) asisten a talleres.
Los Objetivos de Lisboa pactados por la Unión Europea en 2000 aspiran a que la tasa de abandono prematuro de la escuela -índice de población de 18 a 24 años que no ha completado el bachillerato o Formación Profesional y no sigue ningún tipo de formación- se sitúe en los países comunitarios por debajo del 10%. Un porcentaje que en estos momentos sólo cumplen Finlandia, Austria y cuatro países de la antigua Europa del Este -República Checa, Eslovenia, Polonia y Eslovaquia-. En España, en el curso 2006-2007 -últimos datos conocidos- el abandono subió respecto al anterior en 1,1 puntos: del 29,9% al 31%. El doble de abandono que el promedio de la Unión Europea.
"El abandono prematuro es muy grave porque se produce una pérdida de capital humano y cada vez la formación se va a valorar más. Es lo que va a distinguir a los países en competencia. La producción se puede deslocalizar, pero la formación no", opina Ferrán Ferrer, coautor del anuario Estado de la educación en Cataluña 2006, de la Fundación Jaume Bofill. Y de su gravedad parece haberse dado cuenta la ministra del ramo, Mercedes Cabrera, que no sólo pretende reformar la Formación Profesional sino que va a convocar para este mes una reunión sectorial monográfica sobre el abandono a la que acudirán los responsables de Educación de las 17 Comunidades Autónomas.
La mayoría de los chicos ya no desertan para aportar dinero a casa, sino porque resulta muy atractivo optar por el empleo fácil -mayor cuando más bajo sea el nivel socioeconómico de su familia-, algo al alcance de cualquiera en las zonas turísticas. O al menos hasta la crisis. Por ese motivo, junto a zonas históricamente desfavorecidas sin gran tradición de acceder en masa a la escuela (Andalucía, Castilla La-Mancha y Extremadura), lideran la lista de abandono de secundaria post-obligatoria las regiones de Canarias y el Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares). Pese a la alta renta per cápita de Baleares -la cuarta de España tras Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña-, el 44,7% de los chicos, -que no chicas- baleares menores de 24 años no tiene estudios de secundaria obligatoria, mientras que en el otro extremo, sólo el 8,4% de las vascas de esa edad desertaron. En todo el país son ellas, con mucho, las más constantes en el estudio.
"No necesitar cualificación para trabajar es una característica común nuestra con el arco Mediterráneo, pero también con California y Miami", cuenta Juan José Martínez, director general de Universidades de Canarias. "Y se trata de bascular un modelo económico que no esté basado sólo en el turismo y en la agricultura, y para eso las universidades tienen que hacer el tránsito con I+D", prosigue. Su consejería está realizando una encuesta entre los empresarios para conocer sus necesidades.
"Muchos dejan de estudiar un par de años y vuelven. Se dan cuenta de que tienen un trabajo que no es de su agrado y no pueden optar a otro. Notamos que están retornando desde hace tres o cuatro años", explica Montserrat Vallés, directora del Instituto Jaime I de Salou (Tarragona), localidad que recibe en agosto a 180.000 viajeros. A este instituto llegan estudiantes de más de 18 años que han aprobado las pruebas de acceso a módulos de grado medio de Formación Profesional. "Estudian para administrativo, atención sanitaria o para educación infantil. Áreas en las que saben que hay empleo", continúa la directora. "De todos modos, la situación de Salou es privilegiada. Hay muy buen clima, una ciudad cosmopolita, bien comunicada... Y todo eso facilita que uno se recicle".
"Un primer tema es el valor otorgado a la educación. Si la sociedad, las familias y las empresas no transmiten a los jóvenes que estudian el mensaje de que van a poder acceder a un mejor trabajo y que les admiramos, vamos mal. Y tiene que haber una repercusión por este esfuerzo con un mejor salario y un trabajo acorde a lo estudiado", prosigue Ferrer, convencido de que el fracaso se inicia en primaria.
Los chicos pronto se dan cuenta de que sin cualificación la experiencia laboral no se acumula. "A los 17 años, un adolescente balear puede ganar lo mismo que un universitario vasco de 26 años mileurista. Pero cuando pasen tres años, él seguirá con casi el mismo sueldo y el del vasco será bastante más", razona Mercedes Esteban, vicepresidenta de la Fundación Europea Sociedad y Educación, institución que realizó en 2007 un estudio sobre la catastrófica situación balear para su consejería de Educación. En su opinión, la solución debe plantearse a medio-largo plazo, "no cabe esperar resultados inmediatos".
El nivel de estudios de la madre era antes determinante en el abandono -a menos preparación, menor afán de que el niño estudiase-, pero ahora no condiciona tanto: en diez años se ha multiplicado por cuatro el porcentaje de chicos cuyas progenitoras cuentan con estudios medios (el 35%) o universitarios (más del 4%). "Los padres apenas ven a sus hijos. Y el poco tiempo que los ven no lo pasan haciendo un seguimiento de sus deberes, sino viendo la televisión", se lamenta Montserrat Casas, rectora de la Universidad de Baleares. Se calcula que 150.000 niños entre 6 y 14 años sufren incomunicación extrema en el hogar.
El archipiélago balear, con 1,1 millones de habitantes, tan sólo tiene 17.000 universitarios -3.000 de ellos en estudios no reglados-. Sólo el 23% de los jóvenes llega a las facultades, cuando la media española es del 43%. "Al menos hemos conseguido que no baje el número, como está pasando en casi toda España", se alegra Casas. La tentación por dedicarse a los servicios es mayor en las pequeñas localidades, y está favorecida por los altos salarios. En 2004, en hostelería se ganaba de media 963 euros en Baleares frente a los 731 del resto del país.
El beneficio por permanecer más tiempo en el sistema educativo no se hace patente hasta que se completan los estudios superiores. Esto provoca un escalón demasiado alto para los que cuentan con menos recursos. Aunque las diferencias salariales se están acortando. En 1997 alguien que sólo tenía el graduado escolar ganaba un 73% menos que un licenciado. Nueve años después les separa un 47%. En Estados Unidos o Reino Unido el sueldo es el doble.
"Los alumnos vienen orientados por el INAEM, el ayuntamiento, los centros de secundaria...", cuenta Mariano Fernández, profesor de la Escuela de Adultos de Mazarrón. "Dejan las clases un 30%. Tienen muy poca base y se desaniman cuando ven el nivel de exigencia". El graduado se puede aprobar por partes, pero para los retornados resulta difícil. "Antes se sacaba en octavo de EGB y casi lo regalaban. Pero ahora son dos cursos académicos más y se nota mucho. Se desesperan con una ecuación de segundo grado. No sé, quizá deberían hacerse otras pruebas de madurez. Las de ahora están encaminadas para hacer el bachillerato y muchos no van a continuar estudiando. Van a necesitar entender lo que leen, pero hay algunas preguntas de lingüística que no tienen sentido", plantea el maestro de Mazarrón.
Esta queja no es compartida por Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación y Formación. "El sistema tiene que ser flexible, con pasarelas, para que se reincorporen al estudio aquellos que se fueron, pero eso no puede significar que se rebaje el nivel. La titulación de secundaria es la misma para quieren quiere seguir el bachillerato y quien no. No se puede discernir". Almunia recuerda que desde el curso 209-2010 aquellos jóvenes que acrediten una experiencia laboral de más de tres años podrán optar a un título de cualificación si asisten a unos cursos semi-presenciales.
Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada, calcula en el estudio Desigualdades tras la educación obligatoria: nuevas realidades, de la Fundación Alternativas, que sólo el 5,9% de los chicos de 16 años estudian y trabajan. Un porcentaje que aumentaría, piensa, "facilitando estudios a tiempo parcial o reducciones del horario de trabajo para determinados contratos". Además, propone para rebajar el abandono dignificar la Formación Profesional, muy desacreditada; introducir asignaturas aplicadas en el bachillerato, hoy demasiado académico; destinar más dinero a becas en secundaria, porque la mayoría van a la universidad, e intervenir en educación infantil para reducir las desigualdades provocadas por el origen social y familiar.
Toda medida es poca cuando se está en el furgón de cola.
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El abandono escolar ya pasa factura
ELISA SILIÓ -
Jóvenes que dejaron las aulas en busca de empleo fácil ya no tienen título ni trabajo
El abandono escolar, una opción que se hizo fácil en la España del turismo y la construcción, empieza a pasar factura. El trabajo ya escasea, y los jóvenes se encuentran ahora sin empleo, y además sin cualificación.
El informe sobre el abandono escolar en 2007
DOCUMENTO (PDF - 489,96Kb) - 04-10-2008
Crece el número de adultos que quieren estudiar ESO o FP o ir a la Universidad
Las comunidades costeras han sufrido el mayor fracaso escolar
La ministra va a convocar este mes una reunión monográfica
Sólo el 5,9% de los chicos de 16 años estudia y trabaja
Los datos se despachan rápido: El 31% de los adolescentes en España no aprueban la ESO. El otro 69% continúa, pero un 28% de ellos no conseguirá un título de bachillerato o FP de grado medio, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La tasa de los que abandonan en esa etapa es más dramática en hombres (35,8%) que en mujeres (23,8%), y en total dobla la media europea. Sólo Portugal y Malta están por detrás de España.
En la Escuela de Adultos de Mazarrón, Murcia, no cabe un alma desde hace tres años. Este curso, 40 personas quieren asistir a la clase que prepara para la obtención del título de la ESO (el antiguo graduado escolar), pero diez tendrán que esperar un año más. No hay tantas plazas, ni otros centros para mayores en la zona. Esta invasión estudiantil no se entiende sin hablar de la crisis económica.
En Mazarrón, una localidad turística de 29.000 habitantes, nada es lo que era. Los eternos veraneos en la playa han pasado a la historia, hay un parón evidente en el ladrillo, son ya pocos los que trabajan a destajo los tres meses de verano para vivir el resto del año y en primavera no hay carteles demandando camareros. El paro, antes inexistente, acecha. En la comunidad de Murcia, con un 58% de ocupación hotelera este verano, había en septiembre 76.000 desempleados, un 2,89% más que el septiembre de 2008.
Por miedo al paro o a perder oportunidades, este curso los adultos están volviendo a clase: 138.000 adultos están estudiando en busca del graduado escolar. Son 22.500 más que hace cuatro años. 11.500 quieren entrar en la Universidad (2.000 más); 14.000 quieren hacer las pruebas de acceso para la FP superior (el doble ahora). Además, 35.000 (15.000 más que entonces) asisten a talleres.
Los Objetivos de Lisboa pactados por la Unión Europea en 2000 aspiran a que la tasa de abandono prematuro de la escuela -índice de población de 18 a 24 años que no ha completado el bachillerato o Formación Profesional y no sigue ningún tipo de formación- se sitúe en los países comunitarios por debajo del 10%. Un porcentaje que en estos momentos sólo cumplen Finlandia, Austria y cuatro países de la antigua Europa del Este -República Checa, Eslovenia, Polonia y Eslovaquia-. En España, en el curso 2006-2007 -últimos datos conocidos- el abandono subió respecto al anterior en 1,1 puntos: del 29,9% al 31%. El doble de abandono que el promedio de la Unión Europea.
"El abandono prematuro es muy grave porque se produce una pérdida de capital humano y cada vez la formación se va a valorar más. Es lo que va a distinguir a los países en competencia. La producción se puede deslocalizar, pero la formación no", opina Ferrán Ferrer, coautor del anuario Estado de la educación en Cataluña 2006, de la Fundación Jaume Bofill. Y de su gravedad parece haberse dado cuenta la ministra del ramo, Mercedes Cabrera, que no sólo pretende reformar la Formación Profesional sino que va a convocar para este mes una reunión sectorial monográfica sobre el abandono a la que acudirán los responsables de Educación de las 17 Comunidades Autónomas.
La mayoría de los chicos ya no desertan para aportar dinero a casa, sino porque resulta muy atractivo optar por el empleo fácil -mayor cuando más bajo sea el nivel socioeconómico de su familia-, algo al alcance de cualquiera en las zonas turísticas. O al menos hasta la crisis. Por ese motivo, junto a zonas históricamente desfavorecidas sin gran tradición de acceder en masa a la escuela (Andalucía, Castilla La-Mancha y Extremadura), lideran la lista de abandono de secundaria post-obligatoria las regiones de Canarias y el Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares). Pese a la alta renta per cápita de Baleares -la cuarta de España tras Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña-, el 44,7% de los chicos, -que no chicas- baleares menores de 24 años no tiene estudios de secundaria obligatoria, mientras que en el otro extremo, sólo el 8,4% de las vascas de esa edad desertaron. En todo el país son ellas, con mucho, las más constantes en el estudio.
"No necesitar cualificación para trabajar es una característica común nuestra con el arco Mediterráneo, pero también con California y Miami", cuenta Juan José Martínez, director general de Universidades de Canarias. "Y se trata de bascular un modelo económico que no esté basado sólo en el turismo y en la agricultura, y para eso las universidades tienen que hacer el tránsito con I+D", prosigue. Su consejería está realizando una encuesta entre los empresarios para conocer sus necesidades.
"Muchos dejan de estudiar un par de años y vuelven. Se dan cuenta de que tienen un trabajo que no es de su agrado y no pueden optar a otro. Notamos que están retornando desde hace tres o cuatro años", explica Montserrat Vallés, directora del Instituto Jaime I de Salou (Tarragona), localidad que recibe en agosto a 180.000 viajeros. A este instituto llegan estudiantes de más de 18 años que han aprobado las pruebas de acceso a módulos de grado medio de Formación Profesional. "Estudian para administrativo, atención sanitaria o para educación infantil. Áreas en las que saben que hay empleo", continúa la directora. "De todos modos, la situación de Salou es privilegiada. Hay muy buen clima, una ciudad cosmopolita, bien comunicada... Y todo eso facilita que uno se recicle".
"Un primer tema es el valor otorgado a la educación. Si la sociedad, las familias y las empresas no transmiten a los jóvenes que estudian el mensaje de que van a poder acceder a un mejor trabajo y que les admiramos, vamos mal. Y tiene que haber una repercusión por este esfuerzo con un mejor salario y un trabajo acorde a lo estudiado", prosigue Ferrer, convencido de que el fracaso se inicia en primaria.
Los chicos pronto se dan cuenta de que sin cualificación la experiencia laboral no se acumula. "A los 17 años, un adolescente balear puede ganar lo mismo que un universitario vasco de 26 años mileurista. Pero cuando pasen tres años, él seguirá con casi el mismo sueldo y el del vasco será bastante más", razona Mercedes Esteban, vicepresidenta de la Fundación Europea Sociedad y Educación, institución que realizó en 2007 un estudio sobre la catastrófica situación balear para su consejería de Educación. En su opinión, la solución debe plantearse a medio-largo plazo, "no cabe esperar resultados inmediatos".
El nivel de estudios de la madre era antes determinante en el abandono -a menos preparación, menor afán de que el niño estudiase-, pero ahora no condiciona tanto: en diez años se ha multiplicado por cuatro el porcentaje de chicos cuyas progenitoras cuentan con estudios medios (el 35%) o universitarios (más del 4%). "Los padres apenas ven a sus hijos. Y el poco tiempo que los ven no lo pasan haciendo un seguimiento de sus deberes, sino viendo la televisión", se lamenta Montserrat Casas, rectora de la Universidad de Baleares. Se calcula que 150.000 niños entre 6 y 14 años sufren incomunicación extrema en el hogar.
El archipiélago balear, con 1,1 millones de habitantes, tan sólo tiene 17.000 universitarios -3.000 de ellos en estudios no reglados-. Sólo el 23% de los jóvenes llega a las facultades, cuando la media española es del 43%. "Al menos hemos conseguido que no baje el número, como está pasando en casi toda España", se alegra Casas. La tentación por dedicarse a los servicios es mayor en las pequeñas localidades, y está favorecida por los altos salarios. En 2004, en hostelería se ganaba de media 963 euros en Baleares frente a los 731 del resto del país.
El beneficio por permanecer más tiempo en el sistema educativo no se hace patente hasta que se completan los estudios superiores. Esto provoca un escalón demasiado alto para los que cuentan con menos recursos. Aunque las diferencias salariales se están acortando. En 1997 alguien que sólo tenía el graduado escolar ganaba un 73% menos que un licenciado. Nueve años después les separa un 47%. En Estados Unidos o Reino Unido el sueldo es el doble.
"Los alumnos vienen orientados por el INAEM, el ayuntamiento, los centros de secundaria...", cuenta Mariano Fernández, profesor de la Escuela de Adultos de Mazarrón. "Dejan las clases un 30%. Tienen muy poca base y se desaniman cuando ven el nivel de exigencia". El graduado se puede aprobar por partes, pero para los retornados resulta difícil. "Antes se sacaba en octavo de EGB y casi lo regalaban. Pero ahora son dos cursos académicos más y se nota mucho. Se desesperan con una ecuación de segundo grado. No sé, quizá deberían hacerse otras pruebas de madurez. Las de ahora están encaminadas para hacer el bachillerato y muchos no van a continuar estudiando. Van a necesitar entender lo que leen, pero hay algunas preguntas de lingüística que no tienen sentido", plantea el maestro de Mazarrón.
Esta queja no es compartida por Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación y Formación. "El sistema tiene que ser flexible, con pasarelas, para que se reincorporen al estudio aquellos que se fueron, pero eso no puede significar que se rebaje el nivel. La titulación de secundaria es la misma para quieren quiere seguir el bachillerato y quien no. No se puede discernir". Almunia recuerda que desde el curso 209-2010 aquellos jóvenes que acrediten una experiencia laboral de más de tres años podrán optar a un título de cualificación si asisten a unos cursos semi-presenciales.
Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada, calcula en el estudio Desigualdades tras la educación obligatoria: nuevas realidades, de la Fundación Alternativas, que sólo el 5,9% de los chicos de 16 años estudian y trabajan. Un porcentaje que aumentaría, piensa, "facilitando estudios a tiempo parcial o reducciones del horario de trabajo para determinados contratos". Además, propone para rebajar el abandono dignificar la Formación Profesional, muy desacreditada; introducir asignaturas aplicadas en el bachillerato, hoy demasiado académico; destinar más dinero a becas en secundaria, porque la mayoría van a la universidad, e intervenir en educación infantil para reducir las desigualdades provocadas por el origen social y familiar.
Toda medida es poca cuando se está en el furgón de cola.
divendres, 3 d’octubre del 2008
Enllaços amb blog Memòria Repressió Franquista.
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Memòria Repressió Franquista.
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Memòria Històrica. 03/10/2008.
Presentación en Donostia del LIBRO Y DEL DOCUMENTAL sobre la investigación de las fosas comunes de Valencia, definidas como las más grandes de la historia europea del siglo XX.
Vídeo Llei de la Memòria Històrica. Informe Semanal.
videos, desaparecidos durante el franquismo: el juez garzón y la posibilidad de sanción por crímenes de lesa humanidad
El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebujat la revisió de la sentència dictada en 1.941 per un Consell de Guerra Sumaríssim que va condemnar mort i va executar Águeda Campos Barrachina i Amando Muñiz Verdayes. 03/10/2008.
Nou blog relacionat amb l'anterior de La Comunidad i que es diu "Ara".
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Memòria Repressió Franquista.
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Memòria Històrica. 03/10/2008.
Presentación en Donostia del LIBRO Y DEL DOCUMENTAL sobre la investigación de las fosas comunes de Valencia, definidas como las más grandes de la historia europea del siglo XX.
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El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebujat la revisió de la sentència dictada en 1.941 per un Consell de Guerra Sumaríssim que va condemnar mort i va executar Águeda Campos Barrachina i Amando Muñiz Verdayes. 03/10/2008.
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Plataforma de Víctimas y Desaparecidos Forzosos del Franquismo.
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Plataforma de Víctimas y Desaparecidos Forzosos del Franquismo.
PVDF
Memoria desaparecidos franquismo. 30/09/2008.
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IU solicitará el próximo 20 de noviembre la retira...
Memoria.- Ayuntamiento de Toledo remitirá a la Aud...
Los represaliados de Franco tendrán un reconocimie...
Crónica desde donde no quieren la memoria.
La historia enterrada.
En busca de los restos de un diputado del PSOE fus...
Estrasburgo rechaza revisar el juicio sumarísimo c...
Aprobada una moción institucional presentada por t...
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¿Hasta cuando seguirán jugando, en Andalucía, con ...
De la Vega anuncia un mapa de fosas comunes y el p...
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Madrid reúne datos sobre cientos de enterrados en ...
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Borja Mari Costa trasllada a Zapatero tot el pes de la crisi i el declara enemic públic
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C9 Català Comunitat Valenciana Dependència Educació EpC F1 Fabra Finançament Metro
PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament TV3 Urbanisme depredador.
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Baixar els imposts i demanar diners al Govern? Quina barra! Ells els bons que baixen, el Govern el dolent si no dóna el que ells baixen. Trampa, trampa, sinvergonsones.
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Costa traslada a Zapatero todo el peso de la crisis y le declara enemigo público
MIGUEL OLIVARES
El PP propone bajar impuestos y pedir al Gobierno más riqueza y más agua
El guión ya estaba escrito. Y tan trillado que Ángel Luna, portavoz socialista, empezó por pedir a Ricardo Costa, portavoz del PP, que, por favor, no gritara tanto. "Me aburre, señor Costa, recurre usted a la provocación porque si no, se aburre hasta a sí mismo", dijo Luna sin alterar un ápice el timbre.
Costa, efectivamente, se había desgañitado durante media hora larga en tres intervenciones diferentes enzarzado en un debate sin sentido con Enric Morera, portavoz de Compromís en su vertiente más nacionalista. Si Costa reclamaba mil millones de euros al Gobierno de Madrid, Morera pedía cinco mil. Si Costa declaró al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "enemigo público", Morera le recriminó las formas, pero no el fondo. Y le dio juego durante toda la emisión del pleno de las Cortes que fue transmitida en directo por Punt 2. Si Costa trasladó a José Luis Rodríguez Zapatero todo el peso de la crisis, Morera compartió la estrategia al exigir más inversiones al Gobierno central.
Una vez apagadas las cámaras, Luna subió a la tribuna con una parsimonia que solo puede mostrar alguien que sabe que tiene el respaldo de su secretario general.
Costa había defendido un decálogo de exigencias al Gobierno central. Luna propuso dos más. "Que las Cortes insten al Consell para que a su vez el Consell inste al Gobierno para que Zapatero resuelva los problemas financieros de Wall Street" y, una vez más, que las Cortes insten al Consell para que inste al Gobierno para que Zapatero "haga bajar los precios de las materias primas, que logre que Irak pueda hacer brotar todo su potencial petrolero". Después de la broma, Luna se puso serio, y con él, toda la Cámara.Costa había invitado a Luna a sumarse al "victimismo" y llegó a espetarle: "Tienen la oportunidad de ser valencianos y dejar de ser socialistas". En su intercambio con Morera, el portavoz del PP también agradeció al diputado de Compromís que "no tome posición política, sino posición valenciana".
La respuesta del portavoz socialista fue un auténtico rapapolvo: "Ustedes aquí son muy gallitos, el presidente de la Generalitat defiende aquí todos los trasvases, pero cuando sale por ahí, nunca muy lejos, a Murcia, por ejemplo, en un ambiente propicio, el trasvase Tajo-Segura ya no existe". Luna no alzó el tono de voz, pero derrochó contundencia. "Puede usted defender lo que quiera dentro de su ideología, pero no puede pedirme que deje de ser socialista". Y pasó a los fundamentos: "Su discurso es un insulto permanente a la inteligencia y sus compañeros de grupo actúan como el perro de Pavlov, están leyendo el periódico, oyen hablar del Ebro y aplauden".
El portavoz socialista se despachó a gusto: "Plantea usted iniciativas que ya se han debatido y rechazado en el Congreso y en el Senado varias veces. Y usted las ha traído aquí en marzo, en abril, en mayo... Esto no sirve para nada, ni siquiera estimula un debate de una mínima altura intelectual".
Costa acusó el golpe y gritó más que nunca: "Deje de ser un socialista apadrinado, tutelado y adoctrinado por Zapatero y sea castellonense, valenciano, alicantino. Como yo, que soy castellonense, valenciano, español y del Partido Popular, cosa que usted no puede decir".
El portavoz del PP no dejó de mencionar el trasvase del Ebro. Y levantó aplausos en los escaños del PP, como no, pero titubeantes; a nadie le gusta revelar que actúa de forma estrictamente refleja, que segrega jugos gástricos cuando le tocan la campanilla que anuncia una comida inminente.
Luna volvió a la carga. "Me aburre, señor Costa, el simplismo y la demagogia. Me aburre debatir una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia que dice que la culpa de todo la tiene Zapatero. El efecto mariposa, Zapatero tomó una medida, provocó un efecto que se encadenó con otro y desorganizó el mundo", ironizó Luna.
Luna nació en Madrid, es 20 años mayor que Costa y es vecino de la Comunidad Valenciana desde hace años, tan vecino como para haber sido alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. "¿Vamos a sacar el valencianómetro?", preguntó. "Yo tengo tanta legitimidad como usted para defender los intereses de los valencianos, y me preocupan tanto que me parece una pérdida de tiempo debatir estas cosas. Traer a estas Cortes cuestiones que se deben debatir en el Congreso y el Senado es razonar fuera del recipiente. Aquí deberíamos hablar de lo que ustedes pueden hacer, de dónde están los 1.390 millones de euros que el presidente de la Generalitat dice que va a destinar a combatir la crisis, del despilfarro, del gasto y de la deuda".
Un severo silencio acompañó la lección de fundamentos de democracia que impartió el portavoz socialista. "Nos proponen cuatro modelos sobre el sistema de financiación autonómica el pasado mes de agosto y cuando les pedimos detalles dan la callada por respuesta. Dice que me tiende la mano para negociar y me pide que deje de ser socialista. Esto no funciona así, señor Costa. Desde finales de agosto estoy esperando una llamada. Ya no sé si plantean ustedes una modificación del actual sistema, una revisión, una actualización... Cuando quiera que hablemos en serio, hablamos".
Costa ya había gastado toda la pólvora en sus intervenciones previas. No tuvo ocasión para la réplica. Mejor así. Mantuvo el tipo en su escaño, pero acusó el golpe. Como todo su grupo. Pero ya había cumplido su misión. "Pactemos", le decía Costa a Morera, "yo bajo los impuestos y pido al Gobierno de España más inversión, más empleo, más riqueza y más agua". Más Ebro. El portavoz de Compromís contestó exigiendo a Zapatero 4.000 millones más que el PP. Será por dinero.
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El PP llama a Zapatero enemigo público y Luna replica a Camps que su discurso es prefascista
El presidente afirma que los presupuestos son los peores de la historia y atacan a la Comunitat
C. Alós/J. García, Valencia
Ni debate sobre financiación, ni pregunta sobre Canal 9. La ley de la Memoria Histórica y la Guerra Civil acabaron protagonizando una encrespada sesión de control al presidente del Consell ayer en las Corts. El debate desembocó en acusaciones mutuas entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el síndic socialista, Angel Luna, de romper la concordia y fomentar el odio. El líder del PP acusó a los socialistas "de Zapatero, no a los de González", matizó, de dinamitar el "mayor acuerdo político y social" de la historia de España (la transición) con la ley que busca recuperar los derechos de quienes perdieron la Guerra Civil.Luna respondió que el mensaje de Camps incita al odio y éste lleva a la violencia. "Invocar al odio es prefascista", lanzó. La mecha la había encendido tan sólo unos minutos antes el síndic del PP, Ricardo Costa, quien había acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "odiar" a los valencianos y de ser "enemigo público" de la Comunitat Valenciana: "Si no es el primero estará entre los diez más buscados", añadió. Por ello, Luna exigió, señalando con el dedo índice al propio Camps, que cierre los "caminos del odio" y acusó a los populares de estar del lado de quienes durante 40 años "humillaron" a los perdedores de la contienda civil.Ya en la arena de la financiación, Camps culpó de todos los males económicos de la Comunitat Valenciana a Zapatero y le acusó de "atacar" directamente a la sanidad pública por retirar los 350 millones "comprometidos" y de "engañar" a la sociedad valenciana. El presidente reiteró que con una financiación acorde a los cinco millones de valencianos "y un poquito de agua del Ebro que se va al mar", la deuda de Consell estaría liquidada y, con ella, la de RTVV y culpó al Gobierno socialista de que en España se vuelva a hablar de paro y a los socialistas valencianos de poner palos en las ruedas al Consell. En relación con los Presupuestos del Estado para 2009, dijo que son los "peores de la historia". "Nunca nadie había tratado tan mal a la Comunitat Valenciana como Zapatero", zanjó.
"Líderes en creación de paro"
Preguntado por la síndica de Compromís, Mònica Oltra, por las medidas adoptadas para revitalizar el tejido industrial y frenar la destrucción de empleo, Camps insistió en que la Comunitat está en "mejores condiciones para afrontar la crisis de Zapatero que cualquier otra autonomía". Oltra cifró en 112.000 los parados de más desde 2006 y dijo que en un año se ha destruido empleo 14,5 puntos por encima de la media nacional, de forma que Camps sitúa a la Comunitat "líder en creación de paro". "Usted vende esperanza, pero será Esperanza Aguirre. Las falsas esperanzas son letales y lo pagará antes de lo que cree, porque usted el presidente de Mundo Ilusión", apostilló.
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Camps atribuye al Gobierno el deterioro de la sanidad pública valenciana
JOAQUÍN FERRANDIS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, subió ayer un nuevo peldaño en la pendiente de tensión con el Gobierno central a costa de la crisis económica. Camps, en la sesión de control de las Cortes valencianas y a pregunta del Grupo Popular, atribuyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el deterioro de la sanidad valenciana. Hasta el punto de que Camps aprovechó la tribuna para situarse al frente de una nueva reivindicación al grito de: "¡Abogo por la sanidad pública y estoy en contra de Zapatero que ataca la sanidad pública!".
Vistas así las cosas alguien podría sacar conclusiones erróneas. Por ejemplo, que la responsabilidad de la gestión de la sanidad valenciana no es competencia de la Generalitat, que preside Camps. O, también por ejemplo, que el modelo Alzira de gestión privada de hospitales públicos lo impulsa el Gobierno socialista. Pero no es así, Camps se puso al frente de una imaginaria manifestación en defensa de la sanidad pública porque el Gobierno ha denegado a la Generalitat -y al resto de gobiernos autonómicos- un anticipo de 343 millones de euros sobre la participación en los ingresos previstos por el Estado. Un anticipo que, según el Ministerio de Economía, no corresponde porque la recaudación ha descendido y, por tanto, también la parte que les corresponde a las autonomías. El Gobierno entiende que, un adelanto de dinero supondría superar la liquidación de ingresos que les corresponderá a los Ejecutivos autonómicos.
La negativa del Gobierno tensiona aún más las ajustadas finanzas del Consell, que reclama a gritos que se revise el modelo de financiación autonómica actualizando el criterio de población. En este contexto, Camps no quiso entrar en detalles -pese a las preguntas del socialista Ángel Luna- sobre el contrato programa que prepara el Consell para taponar la hemorragia financiera que tiene Canal 9. Y tampoco quiso dar muchos detalles a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, sobre los planes de impulso industrial.
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La deuda universitaria del Consell se eleva a 1.240 millones de euros
IGNACIO ZAFRA
S&P y Moody's rebajan la calificación de los bonos de los campus públicos
Cuatro nombres desentonaban ayer entre las entidades financieras y empresas de la construcción que figuraban en el apartado Hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): los de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué hacían ahí los campus públicos valencianos? La explicación obliga a remontarse al primer mandato de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y pone de relieve que la deuda reconocida del Gobierno valenciano con el sistema universitario se eleva a la nada despreciable cifra de 1.236 millones de euros.
Vayamos por partes. Las comunicaciones enviadas ayer por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la CNMV explicaban que las agencias Standard & Poor's (S&P) y Moody's habían rebajado la calificación (es decir, la fiabilidad de que cumpla sus obligaciones) de MBIA Insurance Corporation, la aseguradora que garantiza la emisión de los bonos (títulos de deuda) que las universidades emitieron entre los años 1997 y 1999 por valor de 336,7 millones de euros. Con esa fórmula, que supuso aplazar las obligaciones, Zaplana financió el primer plan de inversiones (construcción de edificios y otras infraestructuras) para las universidades con el PP en la Generalitat.
La consecuencia de ese recorte de calificación de MBIA (S&P la ha dejado en AA con perspectiva negativa desde AAA; y Moody's en A2, también con perspectiva negativa, desde Aaa), es que cae la calificación de los mismos bonos emitidos por los campus. La calificación de esos bonos es, en el caso de S&P, la misma que la de la aseguradora (AA), mientras que Moody's le asigna un Aa2 porque toma para ello la fiabilidad atribuida a la Generalitat valenciana, de la que dependen las universidades, y que es ligeramente superior a la de MBIA.
La operación diseñada por Zaplana para pagar los edificios fue pionera en su época. Y nadie la ha vuelto a repetir. En el registro de la CNMV sólo aparecen cuatro universidades públicas españolas, y son las cuatro valencianas. La Miguel Hernández de Elche no figura porque por entonces estaba siendo creada.
La emisión de bonos fue un caso de centrifugación de deuda en toda regla. Para evitar que el coste de las inversiones pesara en sus cuentas, la Generalitat hizo que lo asumieran las universidades. El acuerdo establece, sin embargo, que el Consell entrega cada año a los campus una cantidad equivalente al coste de los intereses, y las universidades la trasladan al capítulo de gastos financieros de sus presupuestos, con lo que el dinero sólo pasa formalmente por las facultades. La Universitat de València emitió bonos por valor de 123,9 millones. La de Alicante, por 87,8 millones. La Politécnica, por 99,1. Y la Jaume I, por 25,8.
La bajada de calificación podría tener consecuencias negativas si las universidades volvieran a emitir deuda. Una hipótesis que los gerentes descartan. "Queremos funcionar sólo con lo que se consigne en los presupuestos de la Generalitat", decía ayer uno de ellos.
Los primeros bonos vencerán dentro de un año, lo que obligará a la Generalitat a desembolsar 55,5 millones. Los que se suscribieron a 25 años (plazo máximo) lo harán en diciembre de 2022. Para esa fecha el Consell debería haber saldado también su otra enorme deuda con las universidades: el agujero de 900 millones de euros que generó entre 2003 y 2007 al dejar de transferir parte de la financiación pactada con las universidades, y que en mayo pasado anunció que pagará a plazos.
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El PSPV acusa a Camps de mentir por no aplicar la deducción de 4.000 euros por hijo
La portavoz adjunta en las Corts, Carmen Ninet, recordó que "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".
EFE
La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Ninet, ha manifestado hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido a las familias valencianas al no cumplir sus compromisos electorales de deducir a las familias la cifra de 4.000 euros por hijo".Según afirma Ninet en un comunicado, Camps "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, "las mentiras de Camps a las familias valencianas no admiten confesión ni penitencia".
"La pugna artificial que mantiene constantemente el Consell contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero con insultos y mensajes poco democráticos evidencia la estrategia del Consell y del PP de ocultar que Camps se ha gastado en fastos lo que había prometido a las familias valencianas, y que no hace nada para suavizar la crisis económica dentro de su ámbito competencial", ha añadido.
Ninet ha indicado que el grupo parlamentario socialista en Les Corts presentó una proposición no de ley por tramitación especial de urgencia con el objetivo de crear en la Comunitat Valenciana una red pública de escuelas infantiles que dependa directamente de la Conselleria de Educación.La portavoz ha insistido en que el programa electoral del PP de 2003 anunciaba la creación inminente de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y "han pasado ya 5 años y la realidad es bien diferente", ha subrayado.
Ninet ha lamentado que el número de plazas para el primer ciclo de educación infantil siga "estancado", dado que "no llega al 10% sumando tantos centros públicos como privados".
Por lo tanto, "la demanda para cubrir supera ya el 80 por ciento, como consecuencia de la reciente recuperación de la natalidad y el incremento de la población extranjera escolarizada. Y lo que es más grave, la red pública de la Generalitat sólo dispone de 33 escuelas infantiles, las mismas que hace 5 años".
Según ha destacado Ninet, "mientras más de dos millones de contribuyentes valencianos se han beneficiado de la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno de España, de la promesa de Camps de ofrecer 4.000 euros por hijo nada se sabe, igual que pasa con la mayoría de sus compromisos, y eso que suman miles de millones de euros"."Los socialistas valencianos instamos al Consell de Camps a abandonar lenguajes poco responsables para tapar sus carencias y a empezar a cumplir los compromisos adquiridos con las familias valencianas. Será más saludable para todos", ha concluido Ninet.
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El PAI 'Mundo Ilusión' será estudiado por la Unión Europea
Iniciativa pide a la UE que estudie si contradice la normativa europea de adjudicación de contratos.
EUROPA PRESS
Iniciativa del Poble Valencià, a través del eurodiputado Raül Romeva (Verds/ALE), demanda a la Unión Europea que estudie si el PAI Mundo Ilusión contradice la normativa europea de ajudicación de contratos, según informaron en un comunicado fuentes de dicha formación política.
Así, en una pregunta registrada en el Parlamento Europeo, el eurodiputado indicad que los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa aprobaron provisionalmente en septiembre del 2005 la macrourbanización PAI (Programa de Actuación Integrada) Mundo Ilusión Golf, de más de 18,8 millones de metros cuadrados.La adjudicación del contrato de dicha urbanización está sometida a la Directiva 93/37/CEE (modificada por las Directivas 97/52/CE y 2001/78/CE), o a la Directiva 92/50/CEE, ya que su cuantía supera sobradamente el mínimo establecido en la Directiva, explica, y añade que, según la proposición Jurídico Económica, el proyecto de urbanización de Cabanes supondrá una inversión de 704.032.275,52 euros, se necesita una inversión de 6.000 millones de euros para el PAI (Cabanes + Oropesa ) y reportará al constructor un beneficio de 54 millones de euros, "lo que surapará, por tanto, el umbral de los 5 millones de euros revisables que se indica en la Directiva mencionada".
En consecuencia, los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa "están obligados, como Poder Adjudicador, a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas del contrato de obras proyectado".
En cambio, afirma la pregunta, "dichos Ayuntamientos no han realizado el trámite pertinente, lo que implica la nulidad de la adjudicación. Esto es una flagrante violación de la Directiva con la que se pretende evitar la existencia de una verdadera competencia entre operadores en dicha adjudicación".
El eurodiputado recuerda que la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra España sobre esta cuestión, por la Ley 6/1994, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística o *LRAU* de la Comunidad Valenciana, a la espera de que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) se ajuste a las directivas europeas.
"Por lo tanto, este PAI se aprobó vulnerando las directivas europeas, a pesar de la revisión de la LRAU y su cambio por la LUV", según el eurodiputado, quien añade que la aprobación de este PAI de gran tamaño "no se ajusta a los principios de transparencia y publicidad en procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, por lo que sería posible declarar la nulidad del mismo, ya que se trata de una cuestión de gran importancia al pretenderse urbanizar un territorio agrícola de casi 19 millones de metros cuadrados, para crear de la nada una ciudad de 200.000 habitantes, con todos los impactos que ello comporta".
El eurodiputado pregunta si "piensa estudiar la Comisión el caso concreto de este PAI, que fue aprobado vulnerando las directivas europeas".
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C9 Català Comunitat Valenciana Dependència Educació EpC F1 Fabra Finançament Metro
PPCV PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament TV3 Urbanisme depredador.
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Baixar els imposts i demanar diners al Govern? Quina barra! Ells els bons que baixen, el Govern el dolent si no dóna el que ells baixen. Trampa, trampa, sinvergonsones.
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Costa traslada a Zapatero todo el peso de la crisis y le declara enemigo público
MIGUEL OLIVARES
El PP propone bajar impuestos y pedir al Gobierno más riqueza y más agua
El guión ya estaba escrito. Y tan trillado que Ángel Luna, portavoz socialista, empezó por pedir a Ricardo Costa, portavoz del PP, que, por favor, no gritara tanto. "Me aburre, señor Costa, recurre usted a la provocación porque si no, se aburre hasta a sí mismo", dijo Luna sin alterar un ápice el timbre.
Costa, efectivamente, se había desgañitado durante media hora larga en tres intervenciones diferentes enzarzado en un debate sin sentido con Enric Morera, portavoz de Compromís en su vertiente más nacionalista. Si Costa reclamaba mil millones de euros al Gobierno de Madrid, Morera pedía cinco mil. Si Costa declaró al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "enemigo público", Morera le recriminó las formas, pero no el fondo. Y le dio juego durante toda la emisión del pleno de las Cortes que fue transmitida en directo por Punt 2. Si Costa trasladó a José Luis Rodríguez Zapatero todo el peso de la crisis, Morera compartió la estrategia al exigir más inversiones al Gobierno central.
Una vez apagadas las cámaras, Luna subió a la tribuna con una parsimonia que solo puede mostrar alguien que sabe que tiene el respaldo de su secretario general.
Costa había defendido un decálogo de exigencias al Gobierno central. Luna propuso dos más. "Que las Cortes insten al Consell para que a su vez el Consell inste al Gobierno para que Zapatero resuelva los problemas financieros de Wall Street" y, una vez más, que las Cortes insten al Consell para que inste al Gobierno para que Zapatero "haga bajar los precios de las materias primas, que logre que Irak pueda hacer brotar todo su potencial petrolero". Después de la broma, Luna se puso serio, y con él, toda la Cámara.Costa había invitado a Luna a sumarse al "victimismo" y llegó a espetarle: "Tienen la oportunidad de ser valencianos y dejar de ser socialistas". En su intercambio con Morera, el portavoz del PP también agradeció al diputado de Compromís que "no tome posición política, sino posición valenciana".
La respuesta del portavoz socialista fue un auténtico rapapolvo: "Ustedes aquí son muy gallitos, el presidente de la Generalitat defiende aquí todos los trasvases, pero cuando sale por ahí, nunca muy lejos, a Murcia, por ejemplo, en un ambiente propicio, el trasvase Tajo-Segura ya no existe". Luna no alzó el tono de voz, pero derrochó contundencia. "Puede usted defender lo que quiera dentro de su ideología, pero no puede pedirme que deje de ser socialista". Y pasó a los fundamentos: "Su discurso es un insulto permanente a la inteligencia y sus compañeros de grupo actúan como el perro de Pavlov, están leyendo el periódico, oyen hablar del Ebro y aplauden".
El portavoz socialista se despachó a gusto: "Plantea usted iniciativas que ya se han debatido y rechazado en el Congreso y en el Senado varias veces. Y usted las ha traído aquí en marzo, en abril, en mayo... Esto no sirve para nada, ni siquiera estimula un debate de una mínima altura intelectual".
Costa acusó el golpe y gritó más que nunca: "Deje de ser un socialista apadrinado, tutelado y adoctrinado por Zapatero y sea castellonense, valenciano, alicantino. Como yo, que soy castellonense, valenciano, español y del Partido Popular, cosa que usted no puede decir".
El portavoz del PP no dejó de mencionar el trasvase del Ebro. Y levantó aplausos en los escaños del PP, como no, pero titubeantes; a nadie le gusta revelar que actúa de forma estrictamente refleja, que segrega jugos gástricos cuando le tocan la campanilla que anuncia una comida inminente.
Luna volvió a la carga. "Me aburre, señor Costa, el simplismo y la demagogia. Me aburre debatir una proposición no de ley de tramitación especial de urgencia que dice que la culpa de todo la tiene Zapatero. El efecto mariposa, Zapatero tomó una medida, provocó un efecto que se encadenó con otro y desorganizó el mundo", ironizó Luna.
Luna nació en Madrid, es 20 años mayor que Costa y es vecino de la Comunidad Valenciana desde hace años, tan vecino como para haber sido alcalde de Alicante entre 1991 y 1995. "¿Vamos a sacar el valencianómetro?", preguntó. "Yo tengo tanta legitimidad como usted para defender los intereses de los valencianos, y me preocupan tanto que me parece una pérdida de tiempo debatir estas cosas. Traer a estas Cortes cuestiones que se deben debatir en el Congreso y el Senado es razonar fuera del recipiente. Aquí deberíamos hablar de lo que ustedes pueden hacer, de dónde están los 1.390 millones de euros que el presidente de la Generalitat dice que va a destinar a combatir la crisis, del despilfarro, del gasto y de la deuda".
Un severo silencio acompañó la lección de fundamentos de democracia que impartió el portavoz socialista. "Nos proponen cuatro modelos sobre el sistema de financiación autonómica el pasado mes de agosto y cuando les pedimos detalles dan la callada por respuesta. Dice que me tiende la mano para negociar y me pide que deje de ser socialista. Esto no funciona así, señor Costa. Desde finales de agosto estoy esperando una llamada. Ya no sé si plantean ustedes una modificación del actual sistema, una revisión, una actualización... Cuando quiera que hablemos en serio, hablamos".
Costa ya había gastado toda la pólvora en sus intervenciones previas. No tuvo ocasión para la réplica. Mejor así. Mantuvo el tipo en su escaño, pero acusó el golpe. Como todo su grupo. Pero ya había cumplido su misión. "Pactemos", le decía Costa a Morera, "yo bajo los impuestos y pido al Gobierno de España más inversión, más empleo, más riqueza y más agua". Más Ebro. El portavoz de Compromís contestó exigiendo a Zapatero 4.000 millones más que el PP. Será por dinero.
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El PP llama a Zapatero enemigo público y Luna replica a Camps que su discurso es prefascista
El presidente afirma que los presupuestos son los peores de la historia y atacan a la Comunitat
C. Alós/J. García, Valencia
Ni debate sobre financiación, ni pregunta sobre Canal 9. La ley de la Memoria Histórica y la Guerra Civil acabaron protagonizando una encrespada sesión de control al presidente del Consell ayer en las Corts. El debate desembocó en acusaciones mutuas entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el síndic socialista, Angel Luna, de romper la concordia y fomentar el odio. El líder del PP acusó a los socialistas "de Zapatero, no a los de González", matizó, de dinamitar el "mayor acuerdo político y social" de la historia de España (la transición) con la ley que busca recuperar los derechos de quienes perdieron la Guerra Civil.Luna respondió que el mensaje de Camps incita al odio y éste lleva a la violencia. "Invocar al odio es prefascista", lanzó. La mecha la había encendido tan sólo unos minutos antes el síndic del PP, Ricardo Costa, quien había acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "odiar" a los valencianos y de ser "enemigo público" de la Comunitat Valenciana: "Si no es el primero estará entre los diez más buscados", añadió. Por ello, Luna exigió, señalando con el dedo índice al propio Camps, que cierre los "caminos del odio" y acusó a los populares de estar del lado de quienes durante 40 años "humillaron" a los perdedores de la contienda civil.Ya en la arena de la financiación, Camps culpó de todos los males económicos de la Comunitat Valenciana a Zapatero y le acusó de "atacar" directamente a la sanidad pública por retirar los 350 millones "comprometidos" y de "engañar" a la sociedad valenciana. El presidente reiteró que con una financiación acorde a los cinco millones de valencianos "y un poquito de agua del Ebro que se va al mar", la deuda de Consell estaría liquidada y, con ella, la de RTVV y culpó al Gobierno socialista de que en España se vuelva a hablar de paro y a los socialistas valencianos de poner palos en las ruedas al Consell. En relación con los Presupuestos del Estado para 2009, dijo que son los "peores de la historia". "Nunca nadie había tratado tan mal a la Comunitat Valenciana como Zapatero", zanjó.
"Líderes en creación de paro"
Preguntado por la síndica de Compromís, Mònica Oltra, por las medidas adoptadas para revitalizar el tejido industrial y frenar la destrucción de empleo, Camps insistió en que la Comunitat está en "mejores condiciones para afrontar la crisis de Zapatero que cualquier otra autonomía". Oltra cifró en 112.000 los parados de más desde 2006 y dijo que en un año se ha destruido empleo 14,5 puntos por encima de la media nacional, de forma que Camps sitúa a la Comunitat "líder en creación de paro". "Usted vende esperanza, pero será Esperanza Aguirre. Las falsas esperanzas son letales y lo pagará antes de lo que cree, porque usted el presidente de Mundo Ilusión", apostilló.
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Camps atribuye al Gobierno el deterioro de la sanidad pública valenciana
JOAQUÍN FERRANDIS
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, subió ayer un nuevo peldaño en la pendiente de tensión con el Gobierno central a costa de la crisis económica. Camps, en la sesión de control de las Cortes valencianas y a pregunta del Grupo Popular, atribuyó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el deterioro de la sanidad valenciana. Hasta el punto de que Camps aprovechó la tribuna para situarse al frente de una nueva reivindicación al grito de: "¡Abogo por la sanidad pública y estoy en contra de Zapatero que ataca la sanidad pública!".
Vistas así las cosas alguien podría sacar conclusiones erróneas. Por ejemplo, que la responsabilidad de la gestión de la sanidad valenciana no es competencia de la Generalitat, que preside Camps. O, también por ejemplo, que el modelo Alzira de gestión privada de hospitales públicos lo impulsa el Gobierno socialista. Pero no es así, Camps se puso al frente de una imaginaria manifestación en defensa de la sanidad pública porque el Gobierno ha denegado a la Generalitat -y al resto de gobiernos autonómicos- un anticipo de 343 millones de euros sobre la participación en los ingresos previstos por el Estado. Un anticipo que, según el Ministerio de Economía, no corresponde porque la recaudación ha descendido y, por tanto, también la parte que les corresponde a las autonomías. El Gobierno entiende que, un adelanto de dinero supondría superar la liquidación de ingresos que les corresponderá a los Ejecutivos autonómicos.
La negativa del Gobierno tensiona aún más las ajustadas finanzas del Consell, que reclama a gritos que se revise el modelo de financiación autonómica actualizando el criterio de población. En este contexto, Camps no quiso entrar en detalles -pese a las preguntas del socialista Ángel Luna- sobre el contrato programa que prepara el Consell para taponar la hemorragia financiera que tiene Canal 9. Y tampoco quiso dar muchos detalles a la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, sobre los planes de impulso industrial.
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La deuda universitaria del Consell se eleva a 1.240 millones de euros
IGNACIO ZAFRA
S&P y Moody's rebajan la calificación de los bonos de los campus públicos
Cuatro nombres desentonaban ayer entre las entidades financieras y empresas de la construcción que figuraban en el apartado Hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): los de la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, y la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Qué hacían ahí los campus públicos valencianos? La explicación obliga a remontarse al primer mandato de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y pone de relieve que la deuda reconocida del Gobierno valenciano con el sistema universitario se eleva a la nada despreciable cifra de 1.236 millones de euros.
Vayamos por partes. Las comunicaciones enviadas ayer por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la CNMV explicaban que las agencias Standard & Poor's (S&P) y Moody's habían rebajado la calificación (es decir, la fiabilidad de que cumpla sus obligaciones) de MBIA Insurance Corporation, la aseguradora que garantiza la emisión de los bonos (títulos de deuda) que las universidades emitieron entre los años 1997 y 1999 por valor de 336,7 millones de euros. Con esa fórmula, que supuso aplazar las obligaciones, Zaplana financió el primer plan de inversiones (construcción de edificios y otras infraestructuras) para las universidades con el PP en la Generalitat.
La consecuencia de ese recorte de calificación de MBIA (S&P la ha dejado en AA con perspectiva negativa desde AAA; y Moody's en A2, también con perspectiva negativa, desde Aaa), es que cae la calificación de los mismos bonos emitidos por los campus. La calificación de esos bonos es, en el caso de S&P, la misma que la de la aseguradora (AA), mientras que Moody's le asigna un Aa2 porque toma para ello la fiabilidad atribuida a la Generalitat valenciana, de la que dependen las universidades, y que es ligeramente superior a la de MBIA.
La operación diseñada por Zaplana para pagar los edificios fue pionera en su época. Y nadie la ha vuelto a repetir. En el registro de la CNMV sólo aparecen cuatro universidades públicas españolas, y son las cuatro valencianas. La Miguel Hernández de Elche no figura porque por entonces estaba siendo creada.
La emisión de bonos fue un caso de centrifugación de deuda en toda regla. Para evitar que el coste de las inversiones pesara en sus cuentas, la Generalitat hizo que lo asumieran las universidades. El acuerdo establece, sin embargo, que el Consell entrega cada año a los campus una cantidad equivalente al coste de los intereses, y las universidades la trasladan al capítulo de gastos financieros de sus presupuestos, con lo que el dinero sólo pasa formalmente por las facultades. La Universitat de València emitió bonos por valor de 123,9 millones. La de Alicante, por 87,8 millones. La Politécnica, por 99,1. Y la Jaume I, por 25,8.
La bajada de calificación podría tener consecuencias negativas si las universidades volvieran a emitir deuda. Una hipótesis que los gerentes descartan. "Queremos funcionar sólo con lo que se consigne en los presupuestos de la Generalitat", decía ayer uno de ellos.
Los primeros bonos vencerán dentro de un año, lo que obligará a la Generalitat a desembolsar 55,5 millones. Los que se suscribieron a 25 años (plazo máximo) lo harán en diciembre de 2022. Para esa fecha el Consell debería haber saldado también su otra enorme deuda con las universidades: el agujero de 900 millones de euros que generó entre 2003 y 2007 al dejar de transferir parte de la financiación pactada con las universidades, y que en mayo pasado anunció que pagará a plazos.
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El PSPV acusa a Camps de mentir por no aplicar la deducción de 4.000 euros por hijo
La portavoz adjunta en las Corts, Carmen Ninet, recordó que "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".
EFE
La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Carmen Ninet, ha manifestado hoy que el president de la Generalitat, Francisco Camps, "ha mentido a las familias valencianas al no cumplir sus compromisos electorales de deducir a las familias la cifra de 4.000 euros por hijo".Según afirma Ninet en un comunicado, Camps "tampoco ha cumplido su compromiso electoral de 2003 de crear una red de escuelas infantiles para los niños valencianos de 0 a 3 años".Para la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, "las mentiras de Camps a las familias valencianas no admiten confesión ni penitencia".
"La pugna artificial que mantiene constantemente el Consell contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero con insultos y mensajes poco democráticos evidencia la estrategia del Consell y del PP de ocultar que Camps se ha gastado en fastos lo que había prometido a las familias valencianas, y que no hace nada para suavizar la crisis económica dentro de su ámbito competencial", ha añadido.
Ninet ha indicado que el grupo parlamentario socialista en Les Corts presentó una proposición no de ley por tramitación especial de urgencia con el objetivo de crear en la Comunitat Valenciana una red pública de escuelas infantiles que dependa directamente de la Conselleria de Educación.La portavoz ha insistido en que el programa electoral del PP de 2003 anunciaba la creación inminente de 45.000 plazas para la escolarización de niños de 0 a 3 años y "han pasado ya 5 años y la realidad es bien diferente", ha subrayado.
Ninet ha lamentado que el número de plazas para el primer ciclo de educación infantil siga "estancado", dado que "no llega al 10% sumando tantos centros públicos como privados".
Por lo tanto, "la demanda para cubrir supera ya el 80 por ciento, como consecuencia de la reciente recuperación de la natalidad y el incremento de la población extranjera escolarizada. Y lo que es más grave, la red pública de la Generalitat sólo dispone de 33 escuelas infantiles, las mismas que hace 5 años".
Según ha destacado Ninet, "mientras más de dos millones de contribuyentes valencianos se han beneficiado de la deducción de 400 euros anunciada por el Gobierno de España, de la promesa de Camps de ofrecer 4.000 euros por hijo nada se sabe, igual que pasa con la mayoría de sus compromisos, y eso que suman miles de millones de euros"."Los socialistas valencianos instamos al Consell de Camps a abandonar lenguajes poco responsables para tapar sus carencias y a empezar a cumplir los compromisos adquiridos con las familias valencianas. Será más saludable para todos", ha concluido Ninet.
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El PAI 'Mundo Ilusión' será estudiado por la Unión Europea
Iniciativa pide a la UE que estudie si contradice la normativa europea de adjudicación de contratos.
EUROPA PRESS
Iniciativa del Poble Valencià, a través del eurodiputado Raül Romeva (Verds/ALE), demanda a la Unión Europea que estudie si el PAI Mundo Ilusión contradice la normativa europea de ajudicación de contratos, según informaron en un comunicado fuentes de dicha formación política.
Así, en una pregunta registrada en el Parlamento Europeo, el eurodiputado indicad que los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa aprobaron provisionalmente en septiembre del 2005 la macrourbanización PAI (Programa de Actuación Integrada) Mundo Ilusión Golf, de más de 18,8 millones de metros cuadrados.La adjudicación del contrato de dicha urbanización está sometida a la Directiva 93/37/CEE (modificada por las Directivas 97/52/CE y 2001/78/CE), o a la Directiva 92/50/CEE, ya que su cuantía supera sobradamente el mínimo establecido en la Directiva, explica, y añade que, según la proposición Jurídico Económica, el proyecto de urbanización de Cabanes supondrá una inversión de 704.032.275,52 euros, se necesita una inversión de 6.000 millones de euros para el PAI (Cabanes + Oropesa ) y reportará al constructor un beneficio de 54 millones de euros, "lo que surapará, por tanto, el umbral de los 5 millones de euros revisables que se indica en la Directiva mencionada".
En consecuencia, los Ayuntamientos de Cabanes y Orpesa "están obligados, como Poder Adjudicador, a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio con las características básicas del contrato de obras proyectado".
En cambio, afirma la pregunta, "dichos Ayuntamientos no han realizado el trámite pertinente, lo que implica la nulidad de la adjudicación. Esto es una flagrante violación de la Directiva con la que se pretende evitar la existencia de una verdadera competencia entre operadores en dicha adjudicación".
El eurodiputado recuerda que la Comisión abrió un procedimiento por incumplimiento contra España sobre esta cuestión, por la Ley 6/1994, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística o *LRAU* de la Comunidad Valenciana, a la espera de que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) se ajuste a las directivas europeas.
"Por lo tanto, este PAI se aprobó vulnerando las directivas europeas, a pesar de la revisión de la LRAU y su cambio por la LUV", según el eurodiputado, quien añade que la aprobación de este PAI de gran tamaño "no se ajusta a los principios de transparencia y publicidad en procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, por lo que sería posible declarar la nulidad del mismo, ya que se trata de una cuestión de gran importancia al pretenderse urbanizar un territorio agrícola de casi 19 millones de metros cuadrados, para crear de la nada una ciudad de 200.000 habitantes, con todos los impactos que ello comporta".
El eurodiputado pregunta si "piensa estudiar la Comisión el caso concreto de este PAI, que fue aprobado vulnerando las directivas europeas".
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EpC a la CV: El professorat amenaça d'anar a la vaga si s'obren expedients per Ciutadania.
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Ara
Comunitat Valenciana
Educació
EpC
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Los profesores amenazan con ir a la huelga si se abren expedientes por Ciudadanía
La multitudinaria asamblea que tuvo lugar ayer en Valencia, con asistencia de 300 personas en el instituto Luis Vives, acordó por aclamación el calendario de movilizaciones contra la política de la Conselleria de Educación y, en particular, por su actuación y normativa ante la implantación en inglés de la nueva asignatura de Ciudadanía.
MAITE DUCAJÚ
Igual que en Valencia, las asambleas de Alicante y de Castelló fueron masivas -350 y un centenar de profesores, respectivamente- , convocadas por los sindicatos STE-PV, CC OO y FETE-UGT, y en todas hubo unanimidad para aceptar una serie de protestas.Las movilizaciones comenzarán el día 16 de octubre con concentraciones de la comunidad escolar en las tres provincias -frente al Palau de la Generalitat en Valencia-, continuarán el 20 y el 27, pero serán los delegados sindicales. El 23 está prevista una asamblea valorativa y en noviembre una manifestación con una posible huelga. A la vez se harán encierros en los institutos y cenas de hermandad. Unanimidad hubo al decidir que al tener conocimiento del primer expediente paralizarán la enseñanza pública valenciana. Desde el STE-PV afirmaron que "el profesorado está motivada, tiene ganas de dar una respuesta contundente a Camps y al conseller. Hay un enfado generalizado". En UGT explicaron que "el cabreo ante las ocurrencias de Font de Mora nos aboca a defendernos. Hay que pararle los pies" y mencionaron su temor a que en el instituto Altaia de Altea se abra expediente. Para CC OO "el profesorado ha demostrado más sentido común para defender al alumnado y la escuela pública que el conseller. Pero, no se admiten más provocaciones".Algunas asistentes relataron a Levante-EMV su incertidumbre. "No sabemos que es más apropiado: negarnos a dar la clase de Ciudadanía en inglés o darla y que suspendan los alumnos" señalaban Ana y Esperanza, ambas profesoras de inglés en Riba-roja y la Vereda. "Los alumnos estan estupefactos y nostras estudiamos en casa la materia. Vivimos angustiadas". Para María Jesús, jefa de estudios y profesora de Filosofía en Picanya "nos han arrebatado la libertad de cátedra".
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Un director de ESO reconoce que hay centros que no dan Ciudadanía.
Debido a los problemas de la orden de la Conselleria de Educación, algunos centros "no la están dando, otros la imparten en castellano, otros en valenciano y algunos incluso un rato en castellano y otro en inglés", afirma.
EFE
Uno de los portavoces de la Asamblea de directores de Institutos de ESO de la Comunitat Valenciana reconoce que algunos centros no imparten la asignatura de Educación para la Ciudadanía a la espera de que se resuelva la polémica surgida en torno a la orden autonómica que obliga a ofrecerla en inglés.José Luis Peris, uno de los ocho presidentes de esta Asamblea y director del IES Ravatxol de Valencia), ha subrayado a EFE que debido a los problemas que ha generado la orden de la Conselleria de Educación, algunos centros "no la están dando, otros la imparten en castellano, otros en valenciano y algunos incluso un rato en castellano y otro en inglés".Peris ha recordado que los profesores itinerantes con los que la Conselleria pensaba impartir esta asignatura "en muchos casos no han llegado", e incluso algunos que sí lo han hecho "habían engañado a la Conselleria asegurando que estaban capacitados en este idioma y después no ha sido así".
Durante la asamblea celebrada el pasado martes se reunieron en el IES Lluís Vives de Valencia 115 de los 136 directores que hay en la provincia, quienes a su vez aprobaron "por unanimidad" la convocatoria de una concentración silenciosa a las puertas de la Generalitat por parte de los equipos directivos de los centros.
Está previsto concretar la fecha de esta concentración en la asamblea del próximo martes, según han informado estas mismas fuentes."Más que hacer un acto de insumisión, que no podemos hacerlo porque debemos cumplir con la normativa, sí nos gustaría hacer visible a la sociedad que todo lo que dice la Conselleria es mentira", ha destacado Peris.
"Somos la risa de todo el Estado español", ha lamentado el director del IES Ravatxol, quien ha resaltado que los directores se encuentran "presionados tanto por arriba -en referencia a la Conselleria- como por abajo, ya que este año la elaboración de los horarios ha sido problemática y éstos no han sido tan satisfactorios para los profesores como en otros años".Además, Peris ha resaltado que "el caos generado por la Conselleria de Educación" ha supuesto que en algunos centros "los alumnos entren cada día a una hora diferente", como ocurre con los estudiantes de tercero de la ESO del IES Ramón Llull.
A las críticas de los directores de Secundaria se ha sumado también el portavoz del sindicato STEPV, Vicent Mauri, quien en declaraciones a EFE-Televisión ha insistido en que el conseller Alejandro Font de Mora debería "presentar su dimisión".
"Detrás de todo esto se esconde la intención de acabar no impartiendo la asignatura y continuar con el conflicto con la pública para desviar así alumnos a la privada", ha denunciado Mauri, quien ha amenazado de nuevo con paralizar el sistema educativo si la Conselleria expedienta a algún profesor por no impartir Educación para la Ciudadanía en inglés.
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Rambla anuncia sanciones para los profesores que no cumplan las normas educativas
Rambla ha respondido así, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por las movilizaciones anunciadas por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT contra la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés.
EFE
Al respecto, Rambla ha recordado que tanto "los sindicatos como los alumnos, los padres y el resto de ciudadanos que vivimos en esta sociedad nos hemos marcado unas reglas de juego con unas garantías para convivir".Una de ellas, ha subrayado, "es tratar de cumplir las normas de convivencia que nos hemos dado", por lo que "si hay que proceder a realizar algún tipo de sanción para que puedan desarrollarse las actividades con normalidad en ese marco normativo, pues se tendrán que acometer y cumplir"."No veo por qué alguien o algún colectivo, de forma unilateral, puede querer impedir que el marco normativo pueda cumplirse", ha agregado el portavoz del Consell.
Finalmente, ha pedido "a todos seriedad, cordura, cumplimiento y respeto a las normas que hay en materia educativa" porque "así nos podremos entender todos mucho mejor".
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Los profesores de Ciudadanía declaran la guerra a Camps
NEUS CABALLER
Amenazan con parar las clases si les expedienta por no darla en inglésLas asambleas apoyan a los dos profesores amenazados de expediente en Altea
Más de 800 profesores de filosofía e inglés, de los cerca de 2.000 que imparten la asignatura de Educación para la Ciudadanía, acordaron ayer "plantar cara" a la política del Consell de Francisco Camps con una campaña de movilizaciones que comenzará el día 16 de este mes y se prolongará hasta el mes de noviembre. Los docentes no descartan acudir a la huelga si es necesario y paralizar el sistema educativo si se expedienta a uno solo de ellos por no plegarse a las directrices de la Consejería de Educación. Las asambleas se celebraron al unísono en Alicante, Castellón y Valencia, convocadas por los sindicatos mayoritarios en la enseñanza no universitaria, STE-PV, CC OO y Fete-UGT.
Pese al "malestar" y las "tensiones" que viven los claustros desde el inicio de curso por el empecinamiento de la Generalitat de mantener la enseñanza de Ciudadanía en inglés, aunque no se pueda evaluar esta asignatura en ese idioma tras la suspensión cautelar dictada por el TSJ, y seguir adelante sin recursos humanos ni materiales, obligando a los centros a poner a disposición el profesor del horario de inglés para que traduzca o "vehicule" la materia, la Consejería de Educación ha movilizado a todo el cuerpo autonómico de inspectores para "controlar que Ciudadanía se dé en inglés". Y, de no hacerse así, como ocurre en muchos centros que se han declarado en rebeldía, sancionar con un expediente disciplinario al profesorado que la dé en castellano o en valenciano.
"Si hay una sola sanción, paralizaremos el sistema educativo valenciano", advirtió ayer Vicent Mauri, durante la lectura en el instituto público Lluís Vives de Valencia de un manifiesto unitario. "Haremos lo mismo que hicimos en las huelgas de 1976 y 1979", precisó Javier González Zurita, de UGT. "No necesitamos ni pedir autorización de huelga, simplemente paralizaremos las clases o no entraremos".
"Ha sido un ataque directo a la dignidad de los profesores. Y ha llegado el momento de reventar el sistema", señaló Carlos, del instituto 8 de marzo, que asistió a la asamblea que reunió en Alicante a unos 300 profesores. Alrededor de un centenar de profesores se reunieron en el instituto Politécnico de Castellón en una convocatoria que los sindicatos consideraron un "éxito".Las tres asambleas arroparon, sin fisuras, a los dos profesores de Altea amenazados con un expediente, Cristina Manrique y Rafael Martí. 'Todos somos ellos', aseveró Antonio, uno de los profesores reunidos en el instituto Cavanilles de Alicante, antes de que Cristina Manrique protagonizara un emotivo discurso que fue aplaudido durante dos minutos. Animó a sus compañeros a imitarla y hacer público su rechazo a la normativa que pretende obligar a dar Ciudadanía en inglés. Reunidos simultáneamente en Valencia, Alicante y Castellón, los profesores acordaron un calendario de movilizaciones para octubre y noviembre que comenzará el 16 de octubre ante el Palau de la Generalitat. Las concentraciones se sucederán los días 20 y 27 de octubre. Asimismo, se prevé la convocatoria de varias jornadas de huelga en noviembre. 'Hay que recordar a la Administración valenciana y hacerlo visible en la calle y ante toda la sociedad', declaró Miguel Ángel Vera, de CC OO, 'que su postura en Ciudadanía es ilegal, lo han dicho los tribunales y lo hemos dicho desde el principio'. Las quejas por 'la situación insostenible' en los centros formuladas por los profesores llegaron hasta tal extremo que incluso se pidió 'la intervención del fiscal general del Estado'. La 'tensión' en Castellón, según contó otra profesora, es tal que, en una de las visitas de la inspección, el profesorado preguntó sobre la verosimilitud de las amenazas de sanción vertidas por el consejero Alejandro Font de Mora: '¿Vais a ir a traición?'. El inspector respondió sin dudar: 'Si nos lo ordenan, sí'. 'Si la consejería sanciona a estos profesores, la respuesta inmediata será una huelga', señaló Jaime Llopis, desde Alicante. Este órdago al consejero Font de Mora fue la primera advertencia de la asamblea celebrada en Alicante. Los profesores se mostraron convencidos de que la estrategia del Consell persigue 'enterrar la enseñanza pública' en beneficio de la privada. 'Nos están machacando, año a año. Somos profesores para dar clase, no para hacer las ocurrencias que diga la consejería', afirmó un docente del IES Pedro Ibarra de Elche. En la asamblea de Castellón quedó claro que los centros mantendrán al profesor de inglés, pero darán la clase en castellano o valenciano.
Esta crónica se ha elaborado con información de Santiago Navarro y María Fabra
Traductores a 6.000 euros el año
J. F.
La Federació Escola Valenciana denunció ayer el fracaso de la Consejería de Educación en materia de aprendizaje de lenguas. Esta organización denunció que tras años de inexistencia de inversiones, Educación gastará 6.000 euros anuales por centro en traductores para impartir Educación para la Ciudadanía en inglés.
"En los institutos no serían necesarios traductores si se garantizara una buena planificación del aprendizaje de inglés desde educación infantil", indica la entidad organizadora de las Trobades de escuelas en valenciano.
Escola Valenciana hizo ayer público un documento dirigido al consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, en el que denuncia la injerencia política de la Generalitat y ofrece su apoyo al Instituto Altaia de Altea, amenazado por la Inspección por negarse a seguir las directrices de la Consejería para impartir Educación para la Ciudadanía.
Para Escola Valenciana, la enseñanza de las lenguas ha de garantizar un dominio equilibrado de las dos lenguas oficiales y un conocimiento apropiado de una lengua extranjera. "Eso no puede ser fruto de ocurrencias, improvisaciones o paripés, sino de un análisis del contexto social, escolar y de los recursos materiales y de personal", indica la federación.
Esta entidad cívica decidió ayer sumarse a las movilizaciones de la Plataforma per l'Ensenyament Públic.
En el escrito dirigido al consejero Font de Mora, Escola Valenciana recuerda que "los profesionales de la enseñanza no son ni quieren ser heroes", sino que se les trate como profesionales, sin ocurrencias, ni desastres como el organizado por la Consejería con Ciudadanía.
Ara
Comunitat Valenciana
Educació
EpC
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Los profesores amenazan con ir a la huelga si se abren expedientes por Ciudadanía
La multitudinaria asamblea que tuvo lugar ayer en Valencia, con asistencia de 300 personas en el instituto Luis Vives, acordó por aclamación el calendario de movilizaciones contra la política de la Conselleria de Educación y, en particular, por su actuación y normativa ante la implantación en inglés de la nueva asignatura de Ciudadanía.
MAITE DUCAJÚ
Igual que en Valencia, las asambleas de Alicante y de Castelló fueron masivas -350 y un centenar de profesores, respectivamente- , convocadas por los sindicatos STE-PV, CC OO y FETE-UGT, y en todas hubo unanimidad para aceptar una serie de protestas.Las movilizaciones comenzarán el día 16 de octubre con concentraciones de la comunidad escolar en las tres provincias -frente al Palau de la Generalitat en Valencia-, continuarán el 20 y el 27, pero serán los delegados sindicales. El 23 está prevista una asamblea valorativa y en noviembre una manifestación con una posible huelga. A la vez se harán encierros en los institutos y cenas de hermandad. Unanimidad hubo al decidir que al tener conocimiento del primer expediente paralizarán la enseñanza pública valenciana. Desde el STE-PV afirmaron que "el profesorado está motivada, tiene ganas de dar una respuesta contundente a Camps y al conseller. Hay un enfado generalizado". En UGT explicaron que "el cabreo ante las ocurrencias de Font de Mora nos aboca a defendernos. Hay que pararle los pies" y mencionaron su temor a que en el instituto Altaia de Altea se abra expediente. Para CC OO "el profesorado ha demostrado más sentido común para defender al alumnado y la escuela pública que el conseller. Pero, no se admiten más provocaciones".Algunas asistentes relataron a Levante-EMV su incertidumbre. "No sabemos que es más apropiado: negarnos a dar la clase de Ciudadanía en inglés o darla y que suspendan los alumnos" señalaban Ana y Esperanza, ambas profesoras de inglés en Riba-roja y la Vereda. "Los alumnos estan estupefactos y nostras estudiamos en casa la materia. Vivimos angustiadas". Para María Jesús, jefa de estudios y profesora de Filosofía en Picanya "nos han arrebatado la libertad de cátedra".
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Un director de ESO reconoce que hay centros que no dan Ciudadanía.
Debido a los problemas de la orden de la Conselleria de Educación, algunos centros "no la están dando, otros la imparten en castellano, otros en valenciano y algunos incluso un rato en castellano y otro en inglés", afirma.
EFE
Uno de los portavoces de la Asamblea de directores de Institutos de ESO de la Comunitat Valenciana reconoce que algunos centros no imparten la asignatura de Educación para la Ciudadanía a la espera de que se resuelva la polémica surgida en torno a la orden autonómica que obliga a ofrecerla en inglés.José Luis Peris, uno de los ocho presidentes de esta Asamblea y director del IES Ravatxol de Valencia), ha subrayado a EFE que debido a los problemas que ha generado la orden de la Conselleria de Educación, algunos centros "no la están dando, otros la imparten en castellano, otros en valenciano y algunos incluso un rato en castellano y otro en inglés".Peris ha recordado que los profesores itinerantes con los que la Conselleria pensaba impartir esta asignatura "en muchos casos no han llegado", e incluso algunos que sí lo han hecho "habían engañado a la Conselleria asegurando que estaban capacitados en este idioma y después no ha sido así".
Durante la asamblea celebrada el pasado martes se reunieron en el IES Lluís Vives de Valencia 115 de los 136 directores que hay en la provincia, quienes a su vez aprobaron "por unanimidad" la convocatoria de una concentración silenciosa a las puertas de la Generalitat por parte de los equipos directivos de los centros.
Está previsto concretar la fecha de esta concentración en la asamblea del próximo martes, según han informado estas mismas fuentes."Más que hacer un acto de insumisión, que no podemos hacerlo porque debemos cumplir con la normativa, sí nos gustaría hacer visible a la sociedad que todo lo que dice la Conselleria es mentira", ha destacado Peris.
"Somos la risa de todo el Estado español", ha lamentado el director del IES Ravatxol, quien ha resaltado que los directores se encuentran "presionados tanto por arriba -en referencia a la Conselleria- como por abajo, ya que este año la elaboración de los horarios ha sido problemática y éstos no han sido tan satisfactorios para los profesores como en otros años".Además, Peris ha resaltado que "el caos generado por la Conselleria de Educación" ha supuesto que en algunos centros "los alumnos entren cada día a una hora diferente", como ocurre con los estudiantes de tercero de la ESO del IES Ramón Llull.
A las críticas de los directores de Secundaria se ha sumado también el portavoz del sindicato STEPV, Vicent Mauri, quien en declaraciones a EFE-Televisión ha insistido en que el conseller Alejandro Font de Mora debería "presentar su dimisión".
"Detrás de todo esto se esconde la intención de acabar no impartiendo la asignatura y continuar con el conflicto con la pública para desviar así alumnos a la privada", ha denunciado Mauri, quien ha amenazado de nuevo con paralizar el sistema educativo si la Conselleria expedienta a algún profesor por no impartir Educación para la Ciudadanía en inglés.
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Rambla anuncia sanciones para los profesores que no cumplan las normas educativas
Rambla ha respondido así, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por las movilizaciones anunciadas por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT contra la orden de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés.
EFE
Al respecto, Rambla ha recordado que tanto "los sindicatos como los alumnos, los padres y el resto de ciudadanos que vivimos en esta sociedad nos hemos marcado unas reglas de juego con unas garantías para convivir".Una de ellas, ha subrayado, "es tratar de cumplir las normas de convivencia que nos hemos dado", por lo que "si hay que proceder a realizar algún tipo de sanción para que puedan desarrollarse las actividades con normalidad en ese marco normativo, pues se tendrán que acometer y cumplir"."No veo por qué alguien o algún colectivo, de forma unilateral, puede querer impedir que el marco normativo pueda cumplirse", ha agregado el portavoz del Consell.
Finalmente, ha pedido "a todos seriedad, cordura, cumplimiento y respeto a las normas que hay en materia educativa" porque "así nos podremos entender todos mucho mejor".
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Los profesores de Ciudadanía declaran la guerra a Camps
NEUS CABALLER
Amenazan con parar las clases si les expedienta por no darla en inglésLas asambleas apoyan a los dos profesores amenazados de expediente en Altea
Más de 800 profesores de filosofía e inglés, de los cerca de 2.000 que imparten la asignatura de Educación para la Ciudadanía, acordaron ayer "plantar cara" a la política del Consell de Francisco Camps con una campaña de movilizaciones que comenzará el día 16 de este mes y se prolongará hasta el mes de noviembre. Los docentes no descartan acudir a la huelga si es necesario y paralizar el sistema educativo si se expedienta a uno solo de ellos por no plegarse a las directrices de la Consejería de Educación. Las asambleas se celebraron al unísono en Alicante, Castellón y Valencia, convocadas por los sindicatos mayoritarios en la enseñanza no universitaria, STE-PV, CC OO y Fete-UGT.
Pese al "malestar" y las "tensiones" que viven los claustros desde el inicio de curso por el empecinamiento de la Generalitat de mantener la enseñanza de Ciudadanía en inglés, aunque no se pueda evaluar esta asignatura en ese idioma tras la suspensión cautelar dictada por el TSJ, y seguir adelante sin recursos humanos ni materiales, obligando a los centros a poner a disposición el profesor del horario de inglés para que traduzca o "vehicule" la materia, la Consejería de Educación ha movilizado a todo el cuerpo autonómico de inspectores para "controlar que Ciudadanía se dé en inglés". Y, de no hacerse así, como ocurre en muchos centros que se han declarado en rebeldía, sancionar con un expediente disciplinario al profesorado que la dé en castellano o en valenciano.
"Si hay una sola sanción, paralizaremos el sistema educativo valenciano", advirtió ayer Vicent Mauri, durante la lectura en el instituto público Lluís Vives de Valencia de un manifiesto unitario. "Haremos lo mismo que hicimos en las huelgas de 1976 y 1979", precisó Javier González Zurita, de UGT. "No necesitamos ni pedir autorización de huelga, simplemente paralizaremos las clases o no entraremos".
"Ha sido un ataque directo a la dignidad de los profesores. Y ha llegado el momento de reventar el sistema", señaló Carlos, del instituto 8 de marzo, que asistió a la asamblea que reunió en Alicante a unos 300 profesores. Alrededor de un centenar de profesores se reunieron en el instituto Politécnico de Castellón en una convocatoria que los sindicatos consideraron un "éxito".Las tres asambleas arroparon, sin fisuras, a los dos profesores de Altea amenazados con un expediente, Cristina Manrique y Rafael Martí. 'Todos somos ellos', aseveró Antonio, uno de los profesores reunidos en el instituto Cavanilles de Alicante, antes de que Cristina Manrique protagonizara un emotivo discurso que fue aplaudido durante dos minutos. Animó a sus compañeros a imitarla y hacer público su rechazo a la normativa que pretende obligar a dar Ciudadanía en inglés. Reunidos simultáneamente en Valencia, Alicante y Castellón, los profesores acordaron un calendario de movilizaciones para octubre y noviembre que comenzará el 16 de octubre ante el Palau de la Generalitat. Las concentraciones se sucederán los días 20 y 27 de octubre. Asimismo, se prevé la convocatoria de varias jornadas de huelga en noviembre. 'Hay que recordar a la Administración valenciana y hacerlo visible en la calle y ante toda la sociedad', declaró Miguel Ángel Vera, de CC OO, 'que su postura en Ciudadanía es ilegal, lo han dicho los tribunales y lo hemos dicho desde el principio'. Las quejas por 'la situación insostenible' en los centros formuladas por los profesores llegaron hasta tal extremo que incluso se pidió 'la intervención del fiscal general del Estado'. La 'tensión' en Castellón, según contó otra profesora, es tal que, en una de las visitas de la inspección, el profesorado preguntó sobre la verosimilitud de las amenazas de sanción vertidas por el consejero Alejandro Font de Mora: '¿Vais a ir a traición?'. El inspector respondió sin dudar: 'Si nos lo ordenan, sí'. 'Si la consejería sanciona a estos profesores, la respuesta inmediata será una huelga', señaló Jaime Llopis, desde Alicante. Este órdago al consejero Font de Mora fue la primera advertencia de la asamblea celebrada en Alicante. Los profesores se mostraron convencidos de que la estrategia del Consell persigue 'enterrar la enseñanza pública' en beneficio de la privada. 'Nos están machacando, año a año. Somos profesores para dar clase, no para hacer las ocurrencias que diga la consejería', afirmó un docente del IES Pedro Ibarra de Elche. En la asamblea de Castellón quedó claro que los centros mantendrán al profesor de inglés, pero darán la clase en castellano o valenciano.
Esta crónica se ha elaborado con información de Santiago Navarro y María Fabra
Traductores a 6.000 euros el año
J. F.
La Federació Escola Valenciana denunció ayer el fracaso de la Consejería de Educación en materia de aprendizaje de lenguas. Esta organización denunció que tras años de inexistencia de inversiones, Educación gastará 6.000 euros anuales por centro en traductores para impartir Educación para la Ciudadanía en inglés.
"En los institutos no serían necesarios traductores si se garantizara una buena planificación del aprendizaje de inglés desde educación infantil", indica la entidad organizadora de las Trobades de escuelas en valenciano.
Escola Valenciana hizo ayer público un documento dirigido al consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, en el que denuncia la injerencia política de la Generalitat y ofrece su apoyo al Instituto Altaia de Altea, amenazado por la Inspección por negarse a seguir las directrices de la Consejería para impartir Educación para la Ciudadanía.
Para Escola Valenciana, la enseñanza de las lenguas ha de garantizar un dominio equilibrado de las dos lenguas oficiales y un conocimiento apropiado de una lengua extranjera. "Eso no puede ser fruto de ocurrencias, improvisaciones o paripés, sino de un análisis del contexto social, escolar y de los recursos materiales y de personal", indica la federación.
Esta entidad cívica decidió ayer sumarse a las movilizaciones de la Plataforma per l'Ensenyament Públic.
En el escrito dirigido al consejero Font de Mora, Escola Valenciana recuerda que "los profesionales de la enseñanza no son ni quieren ser heroes", sino que se les trate como profesionales, sin ocurrencias, ni desastres como el organizado por la Consejería con Ciudadanía.
Los profesores piden más respeto.
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Penso que el tracte i respecte que una societat té pel seu professorat són indicatius de la seva cultura, educació i maduresa. De mica en mica, la societat espanyola ha anat despreciant o minusvalorant els seus educadors, com al País Valencià de la mà i guia del pintoresc Conseller del ram. Un atac al professorat és un atac al sistema educatiu i, a més, a la Democràcia. I això no aventura res de bo.
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Los profesores piden más respeto
Los sindicatos piden que padres y alumnos valoren el papel de los maestros para mejorar la educación. El domingo celebran el Día Mundial del Docente.
MARTA HUALDE - Madrid - 02/10/2008
Infravalorados por la sociedad. Los docentes, un colectivo en continuo crecimiento, se sienten incomprendidos. Por ello, los enseñantes, que este curso 2008-2009 ascienden a 659.590 en los centros educativos españoles, reivindican a políticos, padres, agentes sociales y medios de comunicación un "esfuerzo" por reconocer la importancia de su tarea diaria. Es una de sus demandas de cara al Día Mundial de los Docentes, que se celebra el domingo bajo el lema Los docentes sí cuentan.
La raíz de esta queja se ha hecho más profunda en los últimos 30 años, durante los que la consideración social de esta profesión ha caído "paulatinamente", según diagnostica el portavoz del sindicato de profesores STEs, Augusto Serrano. "Ahora, el estatus de los alumnos en casa es más alto que el de los docentes", se queja. No quieren el autoritarismo de la dictadura, sino un respeto a su labor y una "autoridad magistral", como expone el presidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández. Es decir, que no se cuestione cómo imparten los contenidos académicos.
Obstáculos a la convivencia
¿A quién lanzan la llamada de socorro?
Primero, a las familias. Según el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, el 77% de los docentes ve en la falta de implicación de los padres uno de los obstáculos para la convivencia escolar. "La predisposición de las familias hacia el docente que vea el alumno tiene una repercusión inmediata en él", asegura Fernández. A su juicio, las deficiencias educativas y de comportamiento se corrigen cuando los padres se preocupan por la educación.
Además del apoyo de los progenitores, creen fundamental un respaldo de la Administración, por ejemplo, ante problemas de violencia escolar. Incluso, cuando algún padre agrede a un docente. Ni siquera entonces tienen estatus de autoridad. El Código Penal recoge como atentado las agresiones a los funcionarios públicos en el desempeño de su función. Pero en la práctica, las que se cometen contra los profesores se consideran falta, denuncia el presidente de ANPE. Aun así, se congratula de que algunas fiscalías hayan ordenado tipificarlas como atentado a la autoridad.
El propio colectivo toma sus precauciones. El sindicato ANPE lanzó en noviembre de 2005 el ‘Defensor del Profesor', un servicio de atención telefónica con asesoramiento gratuito. De las 6.000 llamadas recibidas, más del 70% son consultas sobre problemas de indisciplina en el centro; el 20% son peticiones de ayuda por insultos de alumnos y el 5% por agresiones físicas.
Regular la carrera docente
Para recobrar la dignificación de su labor, los representantes sindicales también reclaman una regulación de su carrera profesional. Esta exigencia histórica echó a andar hace dos años, con la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, pero todavía sigue dando vueltas. "Queremos que el Ministerio lo cierre", pide el secretario de Enseñanza de CCOO, José Campos. No se trata solo de aumentar los salarios, sino de mejorar las condiciones laborales para motivarles. Entre las peticiones, UGT habla de aulas adecuadas a la diversidad del alumnado, recursos pedagógicos suficientes para una docencia innovadora y medidas para un ambiente saludable.
Nuevo concepto de autoridad
Los llamados al orden ofrecen sus explicaciones. El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos, Pedro Rascón, ofreció al colectivo docente "todo el apoyo de esta organización", pero cree que no se da prestigio a su labor a golpe de legislación, sino que se la tienen que ganar ellos mismos. Además, lamenta que los profesores no siempre han adaptado su forma de dar clase a los nuevos tiempos. "Se mantienen fórmulas de tiza y pizarra", dice.
Fuentes del Ministerio de Educación aseguran que la carrera profesional que se diseñará en el futuro estatuto servirá de "acicate" para los profesores y que recuperarán la autoridad con medidas de la Ley Orgánica de Educación, como formación en las nuevas realidades sociales, mayores salarios y profesores de ayuda. En todo caso, abogan por superar el concepto antiguo de autoridad. Los docentes insisten en que su dignificación es la "asignatura pendiente".
Negociación del Estatuto Docente en octubre
Entre las novedades del futuro estatuto, se negocia una regulación de la carrera docente para fomentar la movilidad entre los centros y entre niveles (de maestro de Primaria a profesor de Secundaria). Los sindicatos y el Ministerio de Educación han conseguido un "acercamiento" en el modelo de desarrollo profesional, por acreditación de méritos o proyectos, independientemente de la antigüedad, y no por evaluación.Entre los problemas que encallan que el Estatuto haya visto la luz, está la financiación. CCOO dice que las cifras de las que se hablan en la negociación son "insuficientes".La última reunión entre los sindicatos y Educación se celebró en julio. En ella se acordó que los representantes del profesorado enviaran sus propuestas finales en septiembre para una próxima negociación en octubre. El Ministerio espera que el Estatuto Docente esté aprobado en la primera mitad de esta legislatura. Durante el próximo año y medio, continuarán las negociaciones con los sectores, su tramitación parlamentaria y su aprobación final para puesta en marcha.
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Los padres nunca debieron salir de casa,
02 Oct 2008
ANTONIO AVENDAÑO
En aquel momento parecía una buena idea. La participación de los padres en la escuela era una cosa impecable en términos democráticos, pero puede que haya sido letal en términos educativos. En teoría, se estaba dando entrada en la escuela a los ciudadanos en tanto que ciudadanos, nunca en tanto que el papá y la mamá de Carlitos o Susanita, que fueron los que se colaron. Pero además de hacerlo papi y mami, por esa rendija democrática también se colaron, de manera involuntaria, vientos contrarios a la autoridad del profesor, pues los niños, que son unas águilas para verlas venir, procesaron velozmente la situación y los cabroncetes actuaron en consecuencia: de pronto vieron que papá y mamá les compraban sin reparo sus quejas y reproches a los profesores y explotaron a fondo ese negocio. No es que los niños no tengan a veces razón en sus quejas y reproches, es que deberíamos negársela incluso aunque la tuvieran, porque el precio colateral de darles la razón es la erosión irreparable de la autoridad de los profesores, que además es una erosión que los padres no podemos permitirnos y los profesores mucho menos.
Claro que ésta no es la única explicación. Claro que no ocurre sólo en las aulas y que Carlitos y Susanita no nos tratan con la cautela con que nosotros tratábamos a nuestros padres. Puede que nosotros, como padres, podamos permitirnos ese cierto colegueo con nuestros hijos, pero los profesores no pueden permitírselo con nosotros. Ha llegado la hora de volver a casa.
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"Solo les dicen que tienen que estudiar"
Penso que el tracte i respecte que una societat té pel seu professorat són indicatius de la seva cultura, educació i maduresa. De mica en mica, la societat espanyola ha anat despreciant o minusvalorant els seus educadors, com al País Valencià de la mà i guia del pintoresc Conseller del ram. Un atac al professorat és un atac al sistema educatiu i, a més, a la Democràcia. I això no aventura res de bo.
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Los profesores piden más respeto
Los sindicatos piden que padres y alumnos valoren el papel de los maestros para mejorar la educación. El domingo celebran el Día Mundial del Docente.
MARTA HUALDE - Madrid - 02/10/2008
Infravalorados por la sociedad. Los docentes, un colectivo en continuo crecimiento, se sienten incomprendidos. Por ello, los enseñantes, que este curso 2008-2009 ascienden a 659.590 en los centros educativos españoles, reivindican a políticos, padres, agentes sociales y medios de comunicación un "esfuerzo" por reconocer la importancia de su tarea diaria. Es una de sus demandas de cara al Día Mundial de los Docentes, que se celebra el domingo bajo el lema Los docentes sí cuentan.
La raíz de esta queja se ha hecho más profunda en los últimos 30 años, durante los que la consideración social de esta profesión ha caído "paulatinamente", según diagnostica el portavoz del sindicato de profesores STEs, Augusto Serrano. "Ahora, el estatus de los alumnos en casa es más alto que el de los docentes", se queja. No quieren el autoritarismo de la dictadura, sino un respeto a su labor y una "autoridad magistral", como expone el presidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández. Es decir, que no se cuestione cómo imparten los contenidos académicos.
Obstáculos a la convivencia
¿A quién lanzan la llamada de socorro?
Primero, a las familias. Según el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, el 77% de los docentes ve en la falta de implicación de los padres uno de los obstáculos para la convivencia escolar. "La predisposición de las familias hacia el docente que vea el alumno tiene una repercusión inmediata en él", asegura Fernández. A su juicio, las deficiencias educativas y de comportamiento se corrigen cuando los padres se preocupan por la educación.
Además del apoyo de los progenitores, creen fundamental un respaldo de la Administración, por ejemplo, ante problemas de violencia escolar. Incluso, cuando algún padre agrede a un docente. Ni siquera entonces tienen estatus de autoridad. El Código Penal recoge como atentado las agresiones a los funcionarios públicos en el desempeño de su función. Pero en la práctica, las que se cometen contra los profesores se consideran falta, denuncia el presidente de ANPE. Aun así, se congratula de que algunas fiscalías hayan ordenado tipificarlas como atentado a la autoridad.
El propio colectivo toma sus precauciones. El sindicato ANPE lanzó en noviembre de 2005 el ‘Defensor del Profesor', un servicio de atención telefónica con asesoramiento gratuito. De las 6.000 llamadas recibidas, más del 70% son consultas sobre problemas de indisciplina en el centro; el 20% son peticiones de ayuda por insultos de alumnos y el 5% por agresiones físicas.
Regular la carrera docente
Para recobrar la dignificación de su labor, los representantes sindicales también reclaman una regulación de su carrera profesional. Esta exigencia histórica echó a andar hace dos años, con la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, pero todavía sigue dando vueltas. "Queremos que el Ministerio lo cierre", pide el secretario de Enseñanza de CCOO, José Campos. No se trata solo de aumentar los salarios, sino de mejorar las condiciones laborales para motivarles. Entre las peticiones, UGT habla de aulas adecuadas a la diversidad del alumnado, recursos pedagógicos suficientes para una docencia innovadora y medidas para un ambiente saludable.
Nuevo concepto de autoridad
Los llamados al orden ofrecen sus explicaciones. El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos, Pedro Rascón, ofreció al colectivo docente "todo el apoyo de esta organización", pero cree que no se da prestigio a su labor a golpe de legislación, sino que se la tienen que ganar ellos mismos. Además, lamenta que los profesores no siempre han adaptado su forma de dar clase a los nuevos tiempos. "Se mantienen fórmulas de tiza y pizarra", dice.
Fuentes del Ministerio de Educación aseguran que la carrera profesional que se diseñará en el futuro estatuto servirá de "acicate" para los profesores y que recuperarán la autoridad con medidas de la Ley Orgánica de Educación, como formación en las nuevas realidades sociales, mayores salarios y profesores de ayuda. En todo caso, abogan por superar el concepto antiguo de autoridad. Los docentes insisten en que su dignificación es la "asignatura pendiente".
Negociación del Estatuto Docente en octubre
Entre las novedades del futuro estatuto, se negocia una regulación de la carrera docente para fomentar la movilidad entre los centros y entre niveles (de maestro de Primaria a profesor de Secundaria). Los sindicatos y el Ministerio de Educación han conseguido un "acercamiento" en el modelo de desarrollo profesional, por acreditación de méritos o proyectos, independientemente de la antigüedad, y no por evaluación.Entre los problemas que encallan que el Estatuto haya visto la luz, está la financiación. CCOO dice que las cifras de las que se hablan en la negociación son "insuficientes".La última reunión entre los sindicatos y Educación se celebró en julio. En ella se acordó que los representantes del profesorado enviaran sus propuestas finales en septiembre para una próxima negociación en octubre. El Ministerio espera que el Estatuto Docente esté aprobado en la primera mitad de esta legislatura. Durante el próximo año y medio, continuarán las negociaciones con los sectores, su tramitación parlamentaria y su aprobación final para puesta en marcha.
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Los padres nunca debieron salir de casa,
02 Oct 2008
ANTONIO AVENDAÑO
En aquel momento parecía una buena idea. La participación de los padres en la escuela era una cosa impecable en términos democráticos, pero puede que haya sido letal en términos educativos. En teoría, se estaba dando entrada en la escuela a los ciudadanos en tanto que ciudadanos, nunca en tanto que el papá y la mamá de Carlitos o Susanita, que fueron los que se colaron. Pero además de hacerlo papi y mami, por esa rendija democrática también se colaron, de manera involuntaria, vientos contrarios a la autoridad del profesor, pues los niños, que son unas águilas para verlas venir, procesaron velozmente la situación y los cabroncetes actuaron en consecuencia: de pronto vieron que papá y mamá les compraban sin reparo sus quejas y reproches a los profesores y explotaron a fondo ese negocio. No es que los niños no tengan a veces razón en sus quejas y reproches, es que deberíamos negársela incluso aunque la tuvieran, porque el precio colateral de darles la razón es la erosión irreparable de la autoridad de los profesores, que además es una erosión que los padres no podemos permitirnos y los profesores mucho menos.
Claro que ésta no es la única explicación. Claro que no ocurre sólo en las aulas y que Carlitos y Susanita no nos tratan con la cautela con que nosotros tratábamos a nuestros padres. Puede que nosotros, como padres, podamos permitirnos ese cierto colegueo con nuestros hijos, pero los profesores no pueden permitírselo con nosotros. Ha llegado la hora de volver a casa.
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"Solo les dicen que tienen que estudiar"
dijous, 2 d’octubre del 2008
Pedro J. equipara la situación en España con el régimen nazi.
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Sento repetir-me però el que he dit d'Alejandro Font de Mora y Millán Astray i de Paco Camps val per a aquest mafiós de l'extrema dreta colpista. Hom no pot dir aquestes bajanades o provocacions feixistes sense ser enviat o als tribunals o al Cotolengo del Padre Alegre.
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El Mundo, jaleado por la COPE, denuncia el "maridaje político-judicial"
Pedro J. equipara la situación en España con el régimen nazi
ELPLURAL.COM
El acoso de la caverna mediática al Gobierno de Zapatero no da tregua. Hoy, el diario El Mundo denuncia el presunto "maridaje político-judicial" entre el Gobierno y jueces como Javier Gómez Bermúdez y Baltasar Garzón. Pedro J. Ramírez siembra todo tipo de sombras en torno a la actuación del magistrado que juzgó el 11-M y sugiere que su posible nombramiento como presidente de la Audiencia Nacional no es más que un premio del Ejecutivo a los servicios prestados. Eso en lo que respecta al periódico, ya que en la COPE, donde participaba esta mañana como tertuliano, fue más lejos y llegó a comparar la situación actual en España con la Alemania de Hitler. El periodista, jaleado por su amigo Losantos, argumentó que, en nuestro país, no hay separación de poderes y comparó la situación actual con el nacional-socialismo Alemán.
Audios relacionados
COPE: Escuche a Pedro J. equiparando el Gobierno con el nazismo
La imposición de una medalla al mérito penitenciario a Gómez Bermúdez ha provocado la inmediata reacción tanto de El Mundo como de la COPE, emisora en la que tanto Pedro J. como Losantos se han despachado a gusto. Así, el director de El Mundo comentaba que la portada de hoy de su periódico y la fotografía en la que muestra a Rubalcaba condecorando al magistrado. "La obscenidad de la imagen", comentó, es muy "elocuente" e ilustrativa de uno de los "mayores problemas de nuestra democracia”, es decir, “el contubernio que ha sustituido a la separación de poderes”.
Comparación con el nazismo
En este sentido, Ramírez comparó al sistema actual con el nazismo. "La coordinación de poderes, argumentó, era el mecanismo que se impuso en la Alemania del nacional-socialismo por el cual en definitiva, se consagra la muerte de Montesquieu, como dijo Guerra, y todo depende de una misma fuente de legitimidad que, en este caso, sería la soberanía popular ejercida a través del Parlamento: de ahí sale el Gobierno, y de ahí sale también el poder judicial y, por tanto, deja de existir un mecanismo de control independiente". El director de El Mundo añadió que todo esto se está visualizando "por vía de condecoración", en alusión a la medalla a Bermúdez.
Como si condecora el Egipcio
No conforme, Ramírez equiparó la medalla al mérito penitenciario con un premio entregado por los acusados de perpetrar los atentados. “El Gobierno en sentido estricto muchas veces es parte de los procedimientos sobre los que Gómez Bermúdez y otros jueces dictan sentencia. Entonces, que una de las partes condecore al juez, es como si la asociación de amigos de el Egipcio se reuniera hoy, hiciera una recepción y le pusiera otra condecoración al juez diciendo hombre, pues Rubalcaba le condecora por la parte de la sentencia que le gustó, y la asociación de amigos por la otra parte”, subrayó.
Dos jueces "extraordinariamente útiles"
Por su parte, Losantos insistió en la gran enemistad entre Gómez Bermúdez y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (el otro protegido del Gobierno según El Mundo) . “¿Cómo le puso Garzón -al magistrado del 11-M-? ¿Pelo-roto?”, bromeó Losantos-, aunque incidió reiteradamente en un punto: “Lo que hermana a Gómez Bermúdez y a Garzón es que ambos están siendo extraordinariamente útiles al Gobierno”, enfatizó. “El uno por el 11-M, y el otro por la mandanga de las tumbas”, prosiguió el presentador de La Mañana. Los dos magistrados, según Losantos, han sido “abducidos” por el "star system” y han renunciado a sus ideales. La relación entre Rubalcaba y el juez También el editorial de El Mundo incidía en el contubernio político-judicial. “No se puede olvidar que Rubalcaba fue el ministro encargado de esclarecer el 11-M y que Gómez Bermúdez fue el juez de la causa. Como tampoco que los vocales del CGPJ nombrados por el PSOE vetaron hasta en tres ocasiones la pretensión del magistrado de convertirse en presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que esta oposición desapareció una vez dictada una sentencia que, de forma parcial en su contenido y rotundo en su formulación, abrazaba las tesis gubernamentales sobre la matanza” continúa el editorial, volviendo a arrojar sombras el juicio del 11-M. La enemistad con Garzón Finalmente, el editorial de El Mundo incide en el mismo aspecto que la COPE: la enemistad entre Gómez Bermúdez y el también juez estrella -expresión usada por el diario con ironía- Baltasar Garzón. Ambos rivalizan desde que se enfrentaron por la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, como ahora lo hacen “para el cargo de presidente del tribunal”. El diario de Pedro J. siembra veneno: según indica, esta es la razón por la que el magistrado del 11-M ha elaborado un informe sobre la responsabilidad de Garzón en la excarcelación de dos narcotraficantes, una investigación abierta actualmente sobre cuyos resultados son “muy escépticos”. El Ejecutivo, para este diario, no sólo premia con medallas.
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Sento repetir-me però el que he dit d'Alejandro Font de Mora y Millán Astray i de Paco Camps val per a aquest mafiós de l'extrema dreta colpista. Hom no pot dir aquestes bajanades o provocacions feixistes sense ser enviat o als tribunals o al Cotolengo del Padre Alegre.
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El Mundo, jaleado por la COPE, denuncia el "maridaje político-judicial"
Pedro J. equipara la situación en España con el régimen nazi
ELPLURAL.COM
El acoso de la caverna mediática al Gobierno de Zapatero no da tregua. Hoy, el diario El Mundo denuncia el presunto "maridaje político-judicial" entre el Gobierno y jueces como Javier Gómez Bermúdez y Baltasar Garzón. Pedro J. Ramírez siembra todo tipo de sombras en torno a la actuación del magistrado que juzgó el 11-M y sugiere que su posible nombramiento como presidente de la Audiencia Nacional no es más que un premio del Ejecutivo a los servicios prestados. Eso en lo que respecta al periódico, ya que en la COPE, donde participaba esta mañana como tertuliano, fue más lejos y llegó a comparar la situación actual en España con la Alemania de Hitler. El periodista, jaleado por su amigo Losantos, argumentó que, en nuestro país, no hay separación de poderes y comparó la situación actual con el nacional-socialismo Alemán.
Audios relacionados
COPE: Escuche a Pedro J. equiparando el Gobierno con el nazismo
La imposición de una medalla al mérito penitenciario a Gómez Bermúdez ha provocado la inmediata reacción tanto de El Mundo como de la COPE, emisora en la que tanto Pedro J. como Losantos se han despachado a gusto. Así, el director de El Mundo comentaba que la portada de hoy de su periódico y la fotografía en la que muestra a Rubalcaba condecorando al magistrado. "La obscenidad de la imagen", comentó, es muy "elocuente" e ilustrativa de uno de los "mayores problemas de nuestra democracia”, es decir, “el contubernio que ha sustituido a la separación de poderes”.
Comparación con el nazismo
En este sentido, Ramírez comparó al sistema actual con el nazismo. "La coordinación de poderes, argumentó, era el mecanismo que se impuso en la Alemania del nacional-socialismo por el cual en definitiva, se consagra la muerte de Montesquieu, como dijo Guerra, y todo depende de una misma fuente de legitimidad que, en este caso, sería la soberanía popular ejercida a través del Parlamento: de ahí sale el Gobierno, y de ahí sale también el poder judicial y, por tanto, deja de existir un mecanismo de control independiente". El director de El Mundo añadió que todo esto se está visualizando "por vía de condecoración", en alusión a la medalla a Bermúdez.
Como si condecora el Egipcio
No conforme, Ramírez equiparó la medalla al mérito penitenciario con un premio entregado por los acusados de perpetrar los atentados. “El Gobierno en sentido estricto muchas veces es parte de los procedimientos sobre los que Gómez Bermúdez y otros jueces dictan sentencia. Entonces, que una de las partes condecore al juez, es como si la asociación de amigos de el Egipcio se reuniera hoy, hiciera una recepción y le pusiera otra condecoración al juez diciendo hombre, pues Rubalcaba le condecora por la parte de la sentencia que le gustó, y la asociación de amigos por la otra parte”, subrayó.
Dos jueces "extraordinariamente útiles"
Por su parte, Losantos insistió en la gran enemistad entre Gómez Bermúdez y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (el otro protegido del Gobierno según El Mundo) . “¿Cómo le puso Garzón -al magistrado del 11-M-? ¿Pelo-roto?”, bromeó Losantos-, aunque incidió reiteradamente en un punto: “Lo que hermana a Gómez Bermúdez y a Garzón es que ambos están siendo extraordinariamente útiles al Gobierno”, enfatizó. “El uno por el 11-M, y el otro por la mandanga de las tumbas”, prosiguió el presentador de La Mañana. Los dos magistrados, según Losantos, han sido “abducidos” por el "star system” y han renunciado a sus ideales. La relación entre Rubalcaba y el juez También el editorial de El Mundo incidía en el contubernio político-judicial. “No se puede olvidar que Rubalcaba fue el ministro encargado de esclarecer el 11-M y que Gómez Bermúdez fue el juez de la causa. Como tampoco que los vocales del CGPJ nombrados por el PSOE vetaron hasta en tres ocasiones la pretensión del magistrado de convertirse en presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que esta oposición desapareció una vez dictada una sentencia que, de forma parcial en su contenido y rotundo en su formulación, abrazaba las tesis gubernamentales sobre la matanza” continúa el editorial, volviendo a arrojar sombras el juicio del 11-M. La enemistad con Garzón Finalmente, el editorial de El Mundo incide en el mismo aspecto que la COPE: la enemistad entre Gómez Bermúdez y el también juez estrella -expresión usada por el diario con ironía- Baltasar Garzón. Ambos rivalizan desde que se enfrentaron por la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, como ahora lo hacen “para el cargo de presidente del tribunal”. El diario de Pedro J. siembra veneno: según indica, esta es la razón por la que el magistrado del 11-M ha elaborado un informe sobre la responsabilidad de Garzón en la excarcelación de dos narcotraficantes, una investigación abierta actualmente sobre cuyos resultados son “muy escépticos”. El Ejecutivo, para este diario, no sólo premia con medallas.
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La Caverna: Uno de los nuestros. 02/10/2008.
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Indigestión de croquetas rancias
02 Oct 2008
Con altivez y superioridad, la casta opinativa ha puesto cara de institutriz avinagrada para reprender el infantilismo de una sociedad que, al borde del apocalipsis económico, se entretiene en menudencias de pobres de espíritu como hacer corrillo para chismorrear si es machista o no la referencia a unas croquetas en un anuncio. Lo pistonudo es que quienes decían sentirse tan ofendidos por la ordinariez no han evitado cascarse su columnita reglamentaria sobre la cuestión. Eso incluye a la Santa Madre Iglesia, que por vía de su embajadora radiofónica, la cadena Cope, ha vuelto a jugar a lo de que su mano derecha no sepa lo que hace la izquierda (la mano, digo): “Que con la que está cayendo, y la cantidad de asuntos graves que afectan en la actualidad a la vida de los ciudadanos españoles, una comparecencia en el Senado gire en torno a semejante esperpento, da la medida, desgraciadamente, del Ministerio de Igualdad y del Gobierno que lo mantiene”. Y hacer un editorial sobre ello, ¿no es esperpento?
Y no te digo ya qué es aprovechar el río revuelto por la retirada del spot para largarse una de cotilleo con peste a homofobia, como hicieron en la tertulia nocturna de la emisora episcopal el lunes. Les cuento. Después de varias bromas chuscas, el conductor de la cosa, César Vidal, preguntó a su compadre Francisco Marhuenda: “¿Usted lo que quiere decir es que si [en el anuncio] de pronto aparece un señor con un peinado como el de la ministra Cabrera, y el otro dice ‘¡cómo hace las croquetas mi Pedrito!’, entonces usted cree que no hubiera pasado nada?”. El director de La Razón contestó, muerto de la risa: “Zerolo, y un juez grande, por ejemplo”.
En el periódico del chistoso, Cristina López Schlichting, vestida de rancio y oro, escribió ayer lo que en su titular se presentaba como “Oda a la croqueta”, aunque más bien era una elegía por el difunto modelo de familia con la mujer atada a la pata de la mesa. “Se ha consolidado la convicción de que el trabajo doméstico es un trabajo de segunda. Ya no hay gente que ame a través de las sartenes y los pucheros sin esperar nada a cambio, como mi madre”, lamentaba la nostálgica poetisa.
Puri triunfa en ‘ABC’
Para ser un asunto menor, ya han dado juego las croquetas de Puri, ¿eh? Pues aguarden, que aún hay más. ABC amaneció ayer con nada menos que tres reflexiones –¡ja!– sobre los dichosos entremeses. Antonio Burgos, siempre tan fino, decía que “esta chuminada es lo que más preocupa en estos momentos de crisis mundial tanto al PP como al PSOE”. Por lo visto, también a él, porque le sirvió para rellenar la columna, igual que a Ignacio Camacho y Edurne Uriarte, que tras quejarse de la trivialidad de la polémica, abundaron en ella a modo. La profesora, hábil recolectora de rábanos por las hojas, decía: “He aquí a las croquetas demostrando que el sinsentido común existe. Y consiste, por ejemplo, en que el ministerio de Igualdad prefiera ocuparse de ellas en lugar de los miles de ciudadanos que se manifiestan en Barcelona contra la discriminación del español en Cataluña”.
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El historiador Carlos Taibo recuerda que del crack del 29 surgió el Tercer Reich de Hitler
“Alguien dijo que la extrema derecha está camuflada en el PP”
MARCOS PARADINAS
El politólogo y escritor Carlos Taibo presentó ayer en Madrid su nuevo libro, 150 preguntas sobre el nuevo desorden (Catarata). El reputado activista antiglobalización fue presentado por Santiago Álvarez Cantalapiedra, director del Centro de Investigación para la Paz. Su obra es una ampliación de otro libro suyo, 100 preguntas sobre el nuevo desorden, que nace para responder al nuevo panorama internacional tras los atentados del 11-S y como respuesta a muchos de los interrogantes surgidos con la crisis financiera actual. Taibo alertó de que el panorama económico puede servir de “caldo de cultivo” para mensajes “radicales” y recordó que “alguien dijo que la extrema derecha está camuflada en el PP”.
La estructura del libro es sencilla: Taibo responde a las preguntas que previamente plantea. “Pretende establecer sombras”, aclaró Cantalapiedra, para después ir “al meollo de los problemas de gran envergadura que nos acechan, y no sólo de las crisis financieras”. Unos problemas que las preguntas atacan desde cuatro perspectivas: “La desigualdad financiera entre etnias y países”, “la sociabilidad reducida por culpa de la materialización del ocio”, “el vacío de valores de la democracia, que sólo guarda las formas y se basa en cálculos políticos”, “y la creación de una economía archipiélago, que genera unas pocas islas de riqueza entre enormes océanos de pobreza”.
Tras el 11-S
Taibo, por su parte, explica la ampliación de su libro como algo “justificado” tras los siete años que han pasado desde el 11-S, -100 preguntas sobre el nuevo desorden lo escribió a finales de 2000-. “Por las agresiones de EEUU a Afganistán e Irak, por el despliegue de la globalización capitalista, por el auge del cambio climático…” son algunos de los motivos que defendió Taibo para revisar su obra, aunque aseguró que normalmente no vuelve a abrir sus libros cuando los ha terminado.
“Claro y sencillo”
Tras una criba inicial, que provocó la eliminación de 10 preguntas, Taibo añadió 60 cuestiones nuevas sobre estos temas. La mayoría de las nuevas preguntas mantiene el “lenguaje claro y sencillo” de la primera versión, y que le llevó a convertirse en un “texto frecuente” en la educación secundaria, gracias a la elección de los profesores que creyeron conveniente llamar la atención de sus alumnos adolescentes sobre el amplio pensamiento del autor.
Caldo de cultivoRodeado de libros y ensayos en la librería La Central del Reina Sofía, Taibo echó mano del mismo lenguaje de su libro para instruir a los asistentes que abarrotaban la sala. A ellos les agradeció que “sean más y más selectos que en la presentación de la última novela de Curry Valenzuela”, la periodista de Telemadrid, y les advirtió que hay quienes relacionan esta crisis económica con la Gran Depresión de 1929, de la que acabaron surgiendo el III Reich de Hitler y la II Guerra Mundial. “En los próximos meses, mensajes que antes tildábamos de radicales van a encontrar un caldo de cultivo muy favorable”.
Camuflada en el PP
Preguntado sobre si esto se ha reflejado ya en la victoria de la ultraderecha en Austria, Taibo no sólo afirmó que podría ser, sino que recordó también las últimas políticas de Berlusconi y lanzó un mensaje de alerta sobre la política española: “Alguien dijo que la extrema derecha está camuflada en el PP, con lo que tienen el camino más allanado hacia el poder”. El barco y el acantiladoDentro de ese lenguaje docente, Taibo utilizó una metáfora para ilustrar el ataque del desarrollo actual contra el medio ambiente, con lo que “estamos chupando recursos que no estarán a la disposición de generaciones venideras”. “Estamos montados en un barco que va a 30 nudos contra un acantilado. Hemos reducido la velocidad a 25 nudos, pero, en lugar de una semana, tardaremos nueve días en estrellarnos”, explicó el escritor.
Cochinos intereses
Volviendo sobre la actual crisis económica, y centrándose en el plan de rescate del presidente estadounidense, Taibo criticó que “cuando los poderes públicos intervienen, no lo hacen por ayudar a la gente que está hasta el cuello, sino a las empresas responsables”. En ese sentido, añadió, “Bush es consecuente con sus principios, ya que sigue apoyando los mismos cochinos intereses”.
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Abascal, defensor de Zougam y Ghalyoun, fue uno de los que insistió en la relación de ETA con los atentados
Un abogado del 11-M actuó en la vista oral pese a estar suspendido
V.V.
José Luis Abascal, el abogado que durante el juicio del 11-M representó a Jamal Zougam y a Basel Ghalyoun y que trató a toda costa de colar las teorías de la conspiración durante la vista oral, actuó en este juicio a pesar de que estaba en ese momento suspendido durante dos meses por el Colegio de Abogados de Madrid. Según informó Público, el abogado cumplía con una sanción que debía durar hasta el 15 de agosto, aunque apareció en el juicio, que empezó el 30 de junio.
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Ghalyoun: “El abogado se inventó una carta en mi nombre”
La teoría de la conspiración, la mejor defensa de los imputados en el 11-M
Un abogado del 11-M pretende vincular a ETA con los atentados
"¿Intervino ETA en el atentado contra las Torres Gemelas?"
Ha pasado casi un año desde que la Audiencia Nacional emitió la sentencia por los atentados del 11 de marzo, pero el abogado José Luis Abascal continúa sembrando la polémica. Según una información de Público, el letrado actuó en la vista oral, que se alargó hasta el 3 de julio de 2007, pese a estar cumpliendo una sanción del Colegio de Abogados de Madrid que suspendía su actividad por dos meses, hasta el 30 de agosto.
Abascal lo niega
La sanción habría venido impuesta después de que el Tribunal Supremo emitiera una queja contra él, aunque el letrafo ha negado al periódico los hechos. Según sus explicaciones, sí habría estado sancionado, pero no durante el juicio, sino sólo durante un mes por un retraso en los pagos de las cuotas del Colegio.
Con la conspiración
El representante legal de Jamal Zougam, condenado como autor de los atentados, y Basel Ghalyoun, acusado de pertenencia a organización terrorista y finalmente absuelto, ha generado polémica desde que comenzó el juicio por sus continuos intentos de llevar a la vista oral las teorías de la conspiración que hablaban de la participación de ETA en la masacre.
Clientes sin recursos
El letrado se ofreció a representar a Zougam, a quien se había asignado un abogado de oficio por carecer de recursos económicos. Posteriormente, a través de CityFM, una emisora de radio gestionada por el gurú de los conspiradores, Luis del Pino, pidió ayuda al grupo Peones Negros (una organización ciudadana defensora de las teorías alternativas sobre la autoría de los atentados) para llevar a cabo sus defensas.
Pruebas falsas
Durante la vista oral, el juez Gómez Bermúdez se vio obligado a llamarle la atención cuando, defendiendo a Ghalyoun, trató de introducir como prueba una fotografía descargada de Internet que no aparecía en el sumario, con la intención de vincular a ETA con la masacre.Invenciones para El MundoEl propio Ghalyoun, en unas conversaciones con su madre que habían sido intervenidas, dijo desconfiar de Abascal y le contaba que el letrado había enviado una carta a Pedro J. Ramírez atribuyéndosela a él. El Mundo publicó aquella falsa carta como una entrevista con el acusado en la que las huellas de la conspiración aparecían en cada línea.
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I traballava a "El País" fa quatre dies, el fatxa:
Los periodistas de izquierdas “bailan, insultan y mienten con alegría e impunidad, dice ¡el presentador de Telemadrid!
Hermann Tertsch carga contra los periodistas volcados “en la difusión de la pornografía intelectual socialista”
JOSÉ MARÍA GARRIDO
La semana pasada, el periodista Hermann Tertsch se atrevió a dar da lecciones de objetividad a Televisión Española indicando que la televisión pública “está llena de sectarismo, desde las series hasta los informativos”. El martes, el director y presentador de Diario de la noche, utilizó su columna en ABC para criticar a aquellos medios que, aunque están “supuestamente dedicados a la información y no al entretenimiento” y no están “explícitamente volcados a la basura”, carecen de toda "catadura moral".
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“Televisión Española está llena de sectarismo, desde las series hasta los informativos”
Lo más curioso del asunto es que Tertsch se atreve a realizar estas afirmaciones a pesar de ser uno de los rostros más conocidos de Telemadrid, manipulada televisión pública en la que no existe ni pizca de pluralismo.
“Basura intelectualizada”
“Las formas que adopta la pornografía y el amarillismo en el periodismo español de principios de este siglo son infinitas. Cuestión de catadura. La basura intelectualizada que vierte con tanta fe como ignorancia una legión de informadores y opinante es peor pornografía que la procacidad de entrepierna que obsesiona a los entrenadores”, indicó Hermann Tertsch, sustituto de Sánchez Dragó en Diario de la Noche, y compañero de parrilla de Curry Valenzuela, Ernesto Sáenz de Buruaga, o Ely del Valle, entre otros.
Losantos
Para Terstch, es “lamentable” que en los últimos años “aquí solo se haya puesto en la picota a un periodista por sus excesos verbales”, en clara alusión al empleado de la emisora episcopal, Federico Jiménez Losantos. “Pornografía intelectual socialista”“Mientras –subraya-, la basura mentirosa y amarillista rezuma de la inmensa mayoría de medios volcados en la difusión de la pornografía intelectual socialista. Y sus periodistas bailan, insultan y mienten con alegría e impunidad”.
jmgarrido@elplural.com
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Indigestión de croquetas rancias
02 Oct 2008
Con altivez y superioridad, la casta opinativa ha puesto cara de institutriz avinagrada para reprender el infantilismo de una sociedad que, al borde del apocalipsis económico, se entretiene en menudencias de pobres de espíritu como hacer corrillo para chismorrear si es machista o no la referencia a unas croquetas en un anuncio. Lo pistonudo es que quienes decían sentirse tan ofendidos por la ordinariez no han evitado cascarse su columnita reglamentaria sobre la cuestión. Eso incluye a la Santa Madre Iglesia, que por vía de su embajadora radiofónica, la cadena Cope, ha vuelto a jugar a lo de que su mano derecha no sepa lo que hace la izquierda (la mano, digo): “Que con la que está cayendo, y la cantidad de asuntos graves que afectan en la actualidad a la vida de los ciudadanos españoles, una comparecencia en el Senado gire en torno a semejante esperpento, da la medida, desgraciadamente, del Ministerio de Igualdad y del Gobierno que lo mantiene”. Y hacer un editorial sobre ello, ¿no es esperpento?
Y no te digo ya qué es aprovechar el río revuelto por la retirada del spot para largarse una de cotilleo con peste a homofobia, como hicieron en la tertulia nocturna de la emisora episcopal el lunes. Les cuento. Después de varias bromas chuscas, el conductor de la cosa, César Vidal, preguntó a su compadre Francisco Marhuenda: “¿Usted lo que quiere decir es que si [en el anuncio] de pronto aparece un señor con un peinado como el de la ministra Cabrera, y el otro dice ‘¡cómo hace las croquetas mi Pedrito!’, entonces usted cree que no hubiera pasado nada?”. El director de La Razón contestó, muerto de la risa: “Zerolo, y un juez grande, por ejemplo”.
En el periódico del chistoso, Cristina López Schlichting, vestida de rancio y oro, escribió ayer lo que en su titular se presentaba como “Oda a la croqueta”, aunque más bien era una elegía por el difunto modelo de familia con la mujer atada a la pata de la mesa. “Se ha consolidado la convicción de que el trabajo doméstico es un trabajo de segunda. Ya no hay gente que ame a través de las sartenes y los pucheros sin esperar nada a cambio, como mi madre”, lamentaba la nostálgica poetisa.
Puri triunfa en ‘ABC’
Para ser un asunto menor, ya han dado juego las croquetas de Puri, ¿eh? Pues aguarden, que aún hay más. ABC amaneció ayer con nada menos que tres reflexiones –¡ja!– sobre los dichosos entremeses. Antonio Burgos, siempre tan fino, decía que “esta chuminada es lo que más preocupa en estos momentos de crisis mundial tanto al PP como al PSOE”. Por lo visto, también a él, porque le sirvió para rellenar la columna, igual que a Ignacio Camacho y Edurne Uriarte, que tras quejarse de la trivialidad de la polémica, abundaron en ella a modo. La profesora, hábil recolectora de rábanos por las hojas, decía: “He aquí a las croquetas demostrando que el sinsentido común existe. Y consiste, por ejemplo, en que el ministerio de Igualdad prefiera ocuparse de ellas en lugar de los miles de ciudadanos que se manifiestan en Barcelona contra la discriminación del español en Cataluña”.
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El historiador Carlos Taibo recuerda que del crack del 29 surgió el Tercer Reich de Hitler
“Alguien dijo que la extrema derecha está camuflada en el PP”
MARCOS PARADINAS
El politólogo y escritor Carlos Taibo presentó ayer en Madrid su nuevo libro, 150 preguntas sobre el nuevo desorden (Catarata). El reputado activista antiglobalización fue presentado por Santiago Álvarez Cantalapiedra, director del Centro de Investigación para la Paz. Su obra es una ampliación de otro libro suyo, 100 preguntas sobre el nuevo desorden, que nace para responder al nuevo panorama internacional tras los atentados del 11-S y como respuesta a muchos de los interrogantes surgidos con la crisis financiera actual. Taibo alertó de que el panorama económico puede servir de “caldo de cultivo” para mensajes “radicales” y recordó que “alguien dijo que la extrema derecha está camuflada en el PP”.
La estructura del libro es sencilla: Taibo responde a las preguntas que previamente plantea. “Pretende establecer sombras”, aclaró Cantalapiedra, para después ir “al meollo de los problemas de gran envergadura que nos acechan, y no sólo de las crisis financieras”. Unos problemas que las preguntas atacan desde cuatro perspectivas: “La desigualdad financiera entre etnias y países”, “la sociabilidad reducida por culpa de la materialización del ocio”, “el vacío de valores de la democracia, que sólo guarda las formas y se basa en cálculos políticos”, “y la creación de una economía archipiélago, que genera unas pocas islas de riqueza entre enormes océanos de pobreza”.
Tras el 11-S
Taibo, por su parte, explica la ampliación de su libro como algo “justificado” tras los siete años que han pasado desde el 11-S, -100 preguntas sobre el nuevo desorden lo escribió a finales de 2000-. “Por las agresiones de EEUU a Afganistán e Irak, por el despliegue de la globalización capitalista, por el auge del cambio climático…” son algunos de los motivos que defendió Taibo para revisar su obra, aunque aseguró que normalmente no vuelve a abrir sus libros cuando los ha terminado.
“Claro y sencillo”
Tras una criba inicial, que provocó la eliminación de 10 preguntas, Taibo añadió 60 cuestiones nuevas sobre estos temas. La mayoría de las nuevas preguntas mantiene el “lenguaje claro y sencillo” de la primera versión, y que le llevó a convertirse en un “texto frecuente” en la educación secundaria, gracias a la elección de los profesores que creyeron conveniente llamar la atención de sus alumnos adolescentes sobre el amplio pensamiento del autor.
Caldo de cultivoRodeado de libros y ensayos en la librería La Central del Reina Sofía, Taibo echó mano del mismo lenguaje de su libro para instruir a los asistentes que abarrotaban la sala. A ellos les agradeció que “sean más y más selectos que en la presentación de la última novela de Curry Valenzuela”, la periodista de Telemadrid, y les advirtió que hay quienes relacionan esta crisis económica con la Gran Depresión de 1929, de la que acabaron surgiendo el III Reich de Hitler y la II Guerra Mundial. “En los próximos meses, mensajes que antes tildábamos de radicales van a encontrar un caldo de cultivo muy favorable”.
Camuflada en el PP
Preguntado sobre si esto se ha reflejado ya en la victoria de la ultraderecha en Austria, Taibo no sólo afirmó que podría ser, sino que recordó también las últimas políticas de Berlusconi y lanzó un mensaje de alerta sobre la política española: “Alguien dijo que la extrema derecha está camuflada en el PP, con lo que tienen el camino más allanado hacia el poder”. El barco y el acantiladoDentro de ese lenguaje docente, Taibo utilizó una metáfora para ilustrar el ataque del desarrollo actual contra el medio ambiente, con lo que “estamos chupando recursos que no estarán a la disposición de generaciones venideras”. “Estamos montados en un barco que va a 30 nudos contra un acantilado. Hemos reducido la velocidad a 25 nudos, pero, en lugar de una semana, tardaremos nueve días en estrellarnos”, explicó el escritor.
Cochinos intereses
Volviendo sobre la actual crisis económica, y centrándose en el plan de rescate del presidente estadounidense, Taibo criticó que “cuando los poderes públicos intervienen, no lo hacen por ayudar a la gente que está hasta el cuello, sino a las empresas responsables”. En ese sentido, añadió, “Bush es consecuente con sus principios, ya que sigue apoyando los mismos cochinos intereses”.
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Abascal, defensor de Zougam y Ghalyoun, fue uno de los que insistió en la relación de ETA con los atentados
Un abogado del 11-M actuó en la vista oral pese a estar suspendido
V.V.
José Luis Abascal, el abogado que durante el juicio del 11-M representó a Jamal Zougam y a Basel Ghalyoun y que trató a toda costa de colar las teorías de la conspiración durante la vista oral, actuó en este juicio a pesar de que estaba en ese momento suspendido durante dos meses por el Colegio de Abogados de Madrid. Según informó Público, el abogado cumplía con una sanción que debía durar hasta el 15 de agosto, aunque apareció en el juicio, que empezó el 30 de junio.
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Ha pasado casi un año desde que la Audiencia Nacional emitió la sentencia por los atentados del 11 de marzo, pero el abogado José Luis Abascal continúa sembrando la polémica. Según una información de Público, el letrado actuó en la vista oral, que se alargó hasta el 3 de julio de 2007, pese a estar cumpliendo una sanción del Colegio de Abogados de Madrid que suspendía su actividad por dos meses, hasta el 30 de agosto.
Abascal lo niega
La sanción habría venido impuesta después de que el Tribunal Supremo emitiera una queja contra él, aunque el letrafo ha negado al periódico los hechos. Según sus explicaciones, sí habría estado sancionado, pero no durante el juicio, sino sólo durante un mes por un retraso en los pagos de las cuotas del Colegio.
Con la conspiración
El representante legal de Jamal Zougam, condenado como autor de los atentados, y Basel Ghalyoun, acusado de pertenencia a organización terrorista y finalmente absuelto, ha generado polémica desde que comenzó el juicio por sus continuos intentos de llevar a la vista oral las teorías de la conspiración que hablaban de la participación de ETA en la masacre.
Clientes sin recursos
El letrado se ofreció a representar a Zougam, a quien se había asignado un abogado de oficio por carecer de recursos económicos. Posteriormente, a través de CityFM, una emisora de radio gestionada por el gurú de los conspiradores, Luis del Pino, pidió ayuda al grupo Peones Negros (una organización ciudadana defensora de las teorías alternativas sobre la autoría de los atentados) para llevar a cabo sus defensas.
Pruebas falsas
Durante la vista oral, el juez Gómez Bermúdez se vio obligado a llamarle la atención cuando, defendiendo a Ghalyoun, trató de introducir como prueba una fotografía descargada de Internet que no aparecía en el sumario, con la intención de vincular a ETA con la masacre.Invenciones para El MundoEl propio Ghalyoun, en unas conversaciones con su madre que habían sido intervenidas, dijo desconfiar de Abascal y le contaba que el letrado había enviado una carta a Pedro J. Ramírez atribuyéndosela a él. El Mundo publicó aquella falsa carta como una entrevista con el acusado en la que las huellas de la conspiración aparecían en cada línea.
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I traballava a "El País" fa quatre dies, el fatxa:
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JOSÉ MARÍA GARRIDO
La semana pasada, el periodista Hermann Tertsch se atrevió a dar da lecciones de objetividad a Televisión Española indicando que la televisión pública “está llena de sectarismo, desde las series hasta los informativos”. El martes, el director y presentador de Diario de la noche, utilizó su columna en ABC para criticar a aquellos medios que, aunque están “supuestamente dedicados a la información y no al entretenimiento” y no están “explícitamente volcados a la basura”, carecen de toda "catadura moral".
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Lo más curioso del asunto es que Tertsch se atreve a realizar estas afirmaciones a pesar de ser uno de los rostros más conocidos de Telemadrid, manipulada televisión pública en la que no existe ni pizca de pluralismo.
“Basura intelectualizada”
“Las formas que adopta la pornografía y el amarillismo en el periodismo español de principios de este siglo son infinitas. Cuestión de catadura. La basura intelectualizada que vierte con tanta fe como ignorancia una legión de informadores y opinante es peor pornografía que la procacidad de entrepierna que obsesiona a los entrenadores”, indicó Hermann Tertsch, sustituto de Sánchez Dragó en Diario de la Noche, y compañero de parrilla de Curry Valenzuela, Ernesto Sáenz de Buruaga, o Ely del Valle, entre otros.
Losantos
Para Terstch, es “lamentable” que en los últimos años “aquí solo se haya puesto en la picota a un periodista por sus excesos verbales”, en clara alusión al empleado de la emisora episcopal, Federico Jiménez Losantos. “Pornografía intelectual socialista”“Mientras –subraya-, la basura mentirosa y amarillista rezuma de la inmensa mayoría de medios volcados en la difusión de la pornografía intelectual socialista. Y sus periodistas bailan, insultan y mienten con alegría e impunidad”.
jmgarrido@elplural.com
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Apostateu, que el Món s'acaba!
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Apostasia
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Déu és el més gran invent de l'ésser humà: serveix per a explicar l'inexplicable, justificar l'injustificable i assumir l'inassumible. Com es diu en castellà, "sirve para un roto y para un descosido". En nom seu i de la pàtria la Humanitat ha comès les més grans bestialitats.
Bé. Tot i així suposem que existeixi: doncs resulta que aquest senyor no és dels meus i per casa meva ni ha passat ni se l'espera.
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El Tribunal Supremo da la razón a la Iglesia, en contra de ...
Exime a la Iglesia de la obligación de anotar el derecho a apostatar en sus partidas de bautismo
El Tribunal Supremo impide el derecho de apostatar de los ciudadanos
Rebelión
El Tribunal Supremo da la razón al arzobispado de Valencia, en contra de la resolución de la Audiencia Nacional, que había considerado fichero los libros de bautismo y el derecho de los ciudadanos a hacer constar su negativa a pertenecer a la Iglesia Católica.
La pirueta jurídica utilizada, curiosamente, por la ponente Margarita Robles (*) ha sido considerar que los libros bautismales no son fichero, sino una mera acumulación de datos, en contra de la decisión de la Audiencia Nacional y de un voto particular que recomienda elevar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la consulta pertinente, para que defina si en este caso estamos ante un fichero, pues en última instancia es la legislación europea la que se ha aplicado al caso. La prisa de la Sala por resolver el asunto limitando derechos constitucionales, sin acudir a un proceso más garantista en Europa, hace pensar que pudiera haber un trasfondo político en esta decisión.
Al margen de la compleja sentencia que los juristas tendrán que interpretar sus consecuencias, lo cierto es que marca el comienzo de un nuevo proceso y actitud social ante la apostasía, que garantice la libertad de conciencia.
Por más que se intente desvirtuar política y canónicamente este hecho, apostasía consiste en la negación, renuncia o abjuración a la fe en una religión. La única forma que en España se había encontrado, era la de utilizar la Ley de Protección de Datos ejerciendo el derecho de cancelación o pertenencia. Con esta sentencia la jerarquía hará caso omiso al legítimo y constitucional derecho que asiste a cada ciudadano y ciudadana a título individual, como es el de ejercer la libertad de pertenecía, en base a su propia conciencia y convicciones.
Si tenemos en cuenta las declaraciones hechas por el director de la Agencia de Protección de Datos de no recurrir esta sentencia al Tribunal Constitucional, nos hace pensar que el Gobierno está de acuerdo y que el trasfondo político existe.
Ante esta circunstancia, caben tres conclusiones mínimas:
1.- Que aunque la renuncia a pertenecer a una confesión religiosa, consista en un hecho individual e íntimo que cada cual decide como hacerlo, dadas las circunstancias históricas y actuales de enorme presión y poder ejercido por la iglesia católica en España, se ha de exigir al Gobierno y al Parlamento que legisle a favor de la libertad de conciencia, para dar cauce legal a la demanda y derecho a la apostasía de forma pública.
2.- Hasta tanto esto se produzca, ciudadanos y ciudadanas, apoyados por diversas organizaciones sociales entre las que se encuentra Europa Laica, tendremos que buscar nuevos cauces de actuación y presión, para ejercer este legítimo derecho a la intimidad, siempre por los cauces legales más adecuados, denunciando, una vez más, que los poderes públicos no se pueden plegar a los intereses y pretendida inviolabilidad de la jerarquía católica, en contra de la Constitución Española.
3.- Por último, esta sentencia deslegitima los supuestos datos de la iglesia sobre el número de católicos, al blindarlos y hacerlos opacos.
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(*) Margarita Robles, es una de las prestigiosas juristas propuestas por el PSOE, como vocal del Consejo General del Poder Judicial CGPJ, puede hacer pensar que esta sentencia pudiera estar relacionada con los acercamientos que el Gobierno intenta, permanentemente, con la Conferencia Episcopal.
APOSTASÍA:
Resumen sobre sentencia TS, en contra del derecho de cancelación (19-9-08) (*)
FUNDAMENTOS, EN SU DÍA, DE LA AUDIENCIA NACIONAL A FAVOR DEL CIUDADANO
Ya dijimos anteriormente que los asientos registrales del Libro de Bautismo constituyen al menos una apariencia de pertenencia a la Iglesia Católica por lo que es legítimo que quien se sienta inquietado por el contenido de dicho asiento, en el ejercicio de su libertad de conciencia, quiera que de alguna manera se deje constancia de su oposición a ser considerado como miembro de la misma, de suerte que lo interesado por DON MANEL BLAT GONZÁLEZ, en la forma en que fue acogido por la Agencia Española de Protección de Datos en la parte dispositiva de su resolución no puede considerarse, en ese ejercicio de ponderación, ni desproporcionado ni constitutivo de una restricción intolerable de la autonomía de la Iglesia para organizarse libremente, por lo que ninguna tacha puede hacerse a la Administración desde la perspectiva del derecho fundamental consagrado en el artículo 16.1 de la Constitución Española. Como tampoco puede hacerse reparo alguno con la forma con la que la Agencia ha amparado el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal pues la resolución garantiza el contenido esencial de dicho derecho sin que se derive de su ejecución una alteración sustancial del Libro de Bautismo."
En relación con la aplicación del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, debemos señalar que efectivamente estamos ante un Tratado Internacional, cuyo texto ha sido aprobado por las Cortes Generales y publicado oficialmente, lo que significa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 de la CE, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, en un lugar subordinado a la Constitución, atendida su posición en el sistema interno de fuentes del Derecho y atendidos los efectos previstos en los artículos 94 y 95 CE.
Sentada esta posición del Tratado, en el sistema de jerarquía normativa, la regulación contenida en el mismo ha de ser interpretada conforme a la Constitución, concretamente conforme al derecho fundamental a la protección de los datos.
A juicio de esta Sala, sin embargo, el citado Acuerdo no contradice la regulación constitucional y legalmente establecida del derecho fundamental a la protección de los datos, cuando en el artículo I apartado 6 dispone que "el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Ordenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas".
Los archivos y registros relacionados en el citado artículo del Acuerdo Internacional se encuentran protegidos de cualquier intromisión procedente del Estado y resultan inviolables frente al mismo. Ahora bien, tal inviolabilidad no es predicable frente al ciudadano cuando ejercita el derecho fundamental previsto en el artículo 18.4 de la CE, en cuyo contenido esencial se integra el poder de disposición sobre los datos relativos a su persona. La solución inversa a la expuesta, que postula el Arzobispado recurrente, equivaldría a reconocer una superioridad de la norma contenida en un Tratado, frente a la norma constitucional.
ARGUMENTO DEL ARZOBISPADO PARA RECURRIR
En el tercer motivo de recurso, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se reputan vulnerados los arts. 2, 4, 5 y 11 de la LO 15/99 por cuanto para el recurrente los Libros de Bautismo no son ficheros en los que se contengan datos personales, sino hechos históricos como es el bautismo de una persona en un momento dado, lo que es independiente de que sea o no creyente. Además añade que en dichos libros se incluye el bautismo referente a personas fallecidas no estando ordenados ni alfabéticamente, ni por fechas de nacimiento, sino de bautismo, lo que dificulta su búsqueda e identificación. Por tanto, no resultando procedente considerar que los Libros de Bautismo sean ficheros en los términos recogidos en la LO 15/99, no sería procedente la aplicación de esta norma, ni cabría fundamentar la práctica de la anotación marginal que se le obliga a realizar en su artículo 4.3, pues el hecho de que una persona haya sido bautizada, no implica que actualmente siga siendo creyente.
RAZONAMIENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ENCONTRA DEL DERECHO DE CANCELACIÓN (Ponente Margarita Robles)
Los razonamientos que el Tribunal "a quo" hace en el quinto de los fundamentos jurídicos de la Sentencia para reputar los Libros de Bautismo, ficheros en los términos definidos en el precitado art. 3.b), no pueden ser aceptados. La Sala de instancia estima que los que ella reputa datos de carácter personal, refiriendo como tales, al menos, el nombre y apellidos del bautizado y el hecho mismo de su bautismo, están recogidos en los Libros de Bautismo, con arreglo a criterios preestablecidos que permiten su tratamiento, considerando la expedición de una partida de bautismo, como una forma de tratamiento de datos personales.
Sin embargo, no cabe aceptar que esos datos personales, a que se refiere la Sala de instancia, estén recogidos en los Libros de Bautismo, como un conjunto organizado tal y como exige el art. 3.b) de la LO 15/99, sino que resultan son una pura acumulación de estos que comporta una difícil búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo, siendo absolutamente necesario el conocimiento previo de la Parroquia donde aquel tuvo lugar, no resultando además accesibles para terceros distintos del bautizado, que no podrían solicitar ajenas partidas de bautismo.
No cabe olvidar tampoco que salvo el Tribunal "a quo", nadie, ni la propia Administración como recoge en su Resolución, ni siquiera el propio solicitante de la cancelación, que se aquieta con aquella, han considerado los Libros de Bautismo como ficheros, según la redacción dada por la LO 15/99 y a los efectos de la aplicación de esta Ley, según prescribe su art. 2.1 Pero es que a mayor abundamiento no cabría estimar tampoco aplicable el art. 4.3 de la citada Ley, en que se funda el acto administrativo impugnado y se confirma por la Sentencia.
Ese precepto señala que los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Pues bien, en los Libros de Bautismo no cabe apreciar ninguna inexactitud de datos, en cuanto en los mismos se recoge un dato histórico cierto, salvo que se acredite la falsedad, cual es el referente al bautismo de una persona y cuando esta solicita la cancelación de ese hecho, no está pretendiendo que se corrija una inexactitud en cuanto al mismo, sino que en definitiva está intentando y solicitando un sistema nuevo y diferente de registro de nuevos datos personales.
Recapitulando lo hasta aquí expuesto, debemos concluir que los Libros de Bautismo no constituyen ficheros en los claros y específicos términos en que se consideran tales por la LO 15/99 (art. 3.b.), recogiendo igualmente la definición de estos plasmada en el art. 2 de la Directiva 95/46 CE.
La redacción inicial de la LO 5/92, en concreto en su Exposición de Motivos, se establecía que "la Ley se nuclea en torno a lo que convencionalmente se denominan ficheros de datos" y que es la existencia de unos ficheros, y la utilización que de ellos pudiera hacerse, la que justifica la necesidad de la nueva frontera de la intimidad y del honor, añadiendo que la Ley concibe los ficheros desde una perspectiva dinámica de tal forma que los concibe no sólo como un mero depósito de datos, sino también, y sobre todo, como una globalidad de procesos o aplicaciones informáticas que se llevan a cabo con los datos almacenados y que son susceptibles si llegasen a conectarse entre sí, de configurar el perfil personal a que antes se refiere dicha Exposición de Motivos. Todo ello nos lleva a concluir que los Libros de Bautismo, por las razones expuestas, no pueden, en ningún caso, ser considerados como ficheros de datos personales en los términos definidos tanto en el art. 2 de la Directiva Comunitaria mencionada, como de las Leyes Orgánicas 5/92 y su posterior modificación en la Ley 15/99.
Pero además, se ha rechazado ya la aplicación al caso que nos ocupa del art. 4.3 de la misma norma, en cuanto no cabe hablar de inexactitud en los concretos datos referidos al hecho del bautismo recogidos en los Libros de Bautismo.
No procede por tanto aceptar la argumentación del Tribunal "a quo", cuando considera aplicable la LO 15/99 con base en su art. 2.1 partiendo, como premisa para ello de reputar los Libros de Bautismo como ficheros de datos de carácter personal en los términos recogidos en dicha Ley. El ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica viene definido en su artículo 2.1 que establece que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptible de tratamiento, lo que no ocurre por las razones expuestas con los Libros de Bautismo, en estricta aplicación del art. 2 de la Directiva 95/46 CE y del tantas veces citado art. 3.b de la LO 15/99.
ARGUMENTOS VOTO PARTICULAR EN CONTRA DE LA SENTENCIA
Hecho por Joaquín Huelin Martínez de Velasco
La Directiva Europea define los ficheros como «todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados». El bautismo debe ser inscrito, sin demora, por el párroco con indicación del nombre del bautizado, haciendo mención del sacerdote que lo administró, de los padres, los padrinos y los testigos, si los hubo, indicando el día de la celebración, así como la fecha y el lugar del nacimiento del bautizando (canon 877, § 1, del Código de Derecho Canónico, de 25 de enero de 1983). En el libro de bautizados se anota también la confirmación así como el estado canónico de los fieles por razón de matrimonio, anotaciones que han de hacerse constar en la partida de bautismo (canon 535).
*Resumen elaborado por Europa Laica
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Acatan el fallo judicial pero intentarán conseguirlo por otras vías institucionales
Sectores laicos alertan del posible "trasfondo político" de la anulación del derecho a apostatar
ELPLURAL.COM
La decisión adoptada por el Tribunal Supremo de eximir a la Iglesia católica de la obligación de registrar las apostasías en los librors de bautismo ya despierta las primeras reacciones en sectores de la sociedad española no confesionales. Eran cada vez más los ciudadanos interesados en ejercer este derecho, pero el Alto Tribunal parece haber dado al traste con sus deseos al decantarse a favor del recurso del Arzobispado de Valencia. Ahora, estos grupos, que acatan el fallo del tribunal, persiguen ejercer este legítimo derecho por otras vías, también institucionales. Lo tienen ya decidido.
La organización Europa Laica analiza en un comunicado "la pirueta jurídica utilizada", consistente en considerar que los libros bautismales "no son fichero, sino una mera acumulación de datos". Para este grupo, habrían quedado "limitados derechos constitucionales" al no "acudir a un proceso más garantista en Europa". Por todo esto, Europa Laica advierte que "pudiera haber un trasfondo político en esta decisión".
Salida parlamentaria
La consumación de este proceso lleva a la organización laica a buscar "una nueva actitud social ante la apostasía que garantice la libertad de conciencia". Imposible ya utilizar la Ley de Protección de Datos, la salida es, para estos, "exigir al Gobierno y al Parlamento que legisle a favor de la libertad de conciencia, para dar cauce legal a la demanda y derecho a la apostasía de forma pública". Y es que "los poderes públicos no se pueden plegar a los intereses y pretendida inviolabilidad de la jerarquía católica, en contra de la Constitución Española". Más privilegios históricosMás contundente es la reacción de la Federación Internacional de Ateos, que concluye que la sentencia "establece definitivamente la doctrina de la separación entre el espacio público y las convicciones religiosas". Queda, por tanto, claro que es necesario crear otra vía de apostatar, para no ser "encuadrados en los informes y estadísticas que deriven en suposiciones susceptibles de ser utilizadas como argumento cuantitativo para obtener ciertas ventajas o mantener privilegios históricos".
Decisión individual
Por todo ello, y a pesar de que los ateos también acatan sin ambages el fallo judicial, quieren dejar claro que "la negación de la fe religiosa forma parte de una decisión individual a la que asiste el derecho y no puede ser mendigada ante los mismos a quienes esta decisión rechaza como autoridad moral".
Las otras vías
La consecuencia es "obvia": tendrán que ser los "organismos públicos" los que registren legalmente la negativa a pertenecer a una determinada institución religiosa. Por ello, la Federación "emprenderá en breve iniciativas tendentes a que la Dirección General de Asuntos Religiosos adopte las herramientas necesarias para liberar a la Iglesia católica de revisar sus libros de bautismo".
Posible recurso de Protección de Datos
Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos estudia impugnar la polémica sentencia del Tribunal Supremo. En declaraciones, el director de la Agencia, Artemi Rallo, señaló que su institución está analizando el alcance jurídico de esta decisión del Supremo, que le da la razón al Arzobispado de Valencia, porque tiene "efectos relevantes" para la protección de datos. También está valorando "las posibilidades de impugnación (de la sentencia), pero aún no tenemos ningún criterio confirmado", agregó.
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Compromís recurrirá si se mantiene la tesis del Supremo sobre los Libros de Bautismo
Una web considera el fallo un atropello inadmisible
E. P., ValenciaLa portavoz de Compromís pel País Valencià en Les Corts Valencianes, Mónica Oltra, manifestó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la decisión de la Audiencia Nacional que veía los Libros de Bautismo como ficheros de datos recupera "prebendas y privilegios" para la Iglesia. Oltra, quien como abogada defiende diversos casos sobre este mismo tema, ha lamentado la decisión del Supremo de admitir el recurso de casación que interpuso el Arzobispado de Valencia, y ha advertido que si en las causas que ella defiende reciben una respuesta semejante recurrirán al Constitucional.
A su juicio, "se ha perdido la oportunidad de tutelar los derechos fundamentales de las personas que quieren que en los archivos de la Iglesia Católica desaparezcan sus datos", y se está contraviniendo la ley de Protección de Datos así como las directivas, además de vulnerar el derecho al honor y a la intimidad.Por otra parte, un portal creado para informar sobre la apostasía (http://www.apostasia.es/ ) considera un "atropello inadmisible" a los derechos fundamentales la decisión del Tribunal Supremo (TS) de eximir al Arzobispado de Valencia de anotar las apostasías --negación de la fe cristiana recibida en el bautismo-- en los libros de bautismo al estimar que no son ficheros.
Desde este sitio web disienten "diametralmente" de la interpretación que el Supremo, ya que consideran que "la Ley de Protección de Datos define qué debe considerarse como un fichero de datos y en ningún momento menciona que sea relevante la dificultad de búsqueda de los datos, así como que terceras personas puedan tener acceso al mismos".
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noticiesapostasia
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Apostasia
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Déu és el més gran invent de l'ésser humà: serveix per a explicar l'inexplicable, justificar l'injustificable i assumir l'inassumible. Com es diu en castellà, "sirve para un roto y para un descosido". En nom seu i de la pàtria la Humanitat ha comès les més grans bestialitats.
Bé. Tot i així suposem que existeixi: doncs resulta que aquest senyor no és dels meus i per casa meva ni ha passat ni se l'espera.
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El Tribunal Supremo da la razón a la Iglesia, en contra de ...
Exime a la Iglesia de la obligación de anotar el derecho a apostatar en sus partidas de bautismo
El Tribunal Supremo impide el derecho de apostatar de los ciudadanos
Rebelión
El Tribunal Supremo da la razón al arzobispado de Valencia, en contra de la resolución de la Audiencia Nacional, que había considerado fichero los libros de bautismo y el derecho de los ciudadanos a hacer constar su negativa a pertenecer a la Iglesia Católica.
La pirueta jurídica utilizada, curiosamente, por la ponente Margarita Robles (*) ha sido considerar que los libros bautismales no son fichero, sino una mera acumulación de datos, en contra de la decisión de la Audiencia Nacional y de un voto particular que recomienda elevar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la consulta pertinente, para que defina si en este caso estamos ante un fichero, pues en última instancia es la legislación europea la que se ha aplicado al caso. La prisa de la Sala por resolver el asunto limitando derechos constitucionales, sin acudir a un proceso más garantista en Europa, hace pensar que pudiera haber un trasfondo político en esta decisión.
Al margen de la compleja sentencia que los juristas tendrán que interpretar sus consecuencias, lo cierto es que marca el comienzo de un nuevo proceso y actitud social ante la apostasía, que garantice la libertad de conciencia.
Por más que se intente desvirtuar política y canónicamente este hecho, apostasía consiste en la negación, renuncia o abjuración a la fe en una religión. La única forma que en España se había encontrado, era la de utilizar la Ley de Protección de Datos ejerciendo el derecho de cancelación o pertenencia. Con esta sentencia la jerarquía hará caso omiso al legítimo y constitucional derecho que asiste a cada ciudadano y ciudadana a título individual, como es el de ejercer la libertad de pertenecía, en base a su propia conciencia y convicciones.
Si tenemos en cuenta las declaraciones hechas por el director de la Agencia de Protección de Datos de no recurrir esta sentencia al Tribunal Constitucional, nos hace pensar que el Gobierno está de acuerdo y que el trasfondo político existe.
Ante esta circunstancia, caben tres conclusiones mínimas:
1.- Que aunque la renuncia a pertenecer a una confesión religiosa, consista en un hecho individual e íntimo que cada cual decide como hacerlo, dadas las circunstancias históricas y actuales de enorme presión y poder ejercido por la iglesia católica en España, se ha de exigir al Gobierno y al Parlamento que legisle a favor de la libertad de conciencia, para dar cauce legal a la demanda y derecho a la apostasía de forma pública.
2.- Hasta tanto esto se produzca, ciudadanos y ciudadanas, apoyados por diversas organizaciones sociales entre las que se encuentra Europa Laica, tendremos que buscar nuevos cauces de actuación y presión, para ejercer este legítimo derecho a la intimidad, siempre por los cauces legales más adecuados, denunciando, una vez más, que los poderes públicos no se pueden plegar a los intereses y pretendida inviolabilidad de la jerarquía católica, en contra de la Constitución Española.
3.- Por último, esta sentencia deslegitima los supuestos datos de la iglesia sobre el número de católicos, al blindarlos y hacerlos opacos.
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(*) Margarita Robles, es una de las prestigiosas juristas propuestas por el PSOE, como vocal del Consejo General del Poder Judicial CGPJ, puede hacer pensar que esta sentencia pudiera estar relacionada con los acercamientos que el Gobierno intenta, permanentemente, con la Conferencia Episcopal.
APOSTASÍA:
Resumen sobre sentencia TS, en contra del derecho de cancelación (19-9-08) (*)
FUNDAMENTOS, EN SU DÍA, DE LA AUDIENCIA NACIONAL A FAVOR DEL CIUDADANO
Ya dijimos anteriormente que los asientos registrales del Libro de Bautismo constituyen al menos una apariencia de pertenencia a la Iglesia Católica por lo que es legítimo que quien se sienta inquietado por el contenido de dicho asiento, en el ejercicio de su libertad de conciencia, quiera que de alguna manera se deje constancia de su oposición a ser considerado como miembro de la misma, de suerte que lo interesado por DON MANEL BLAT GONZÁLEZ, en la forma en que fue acogido por la Agencia Española de Protección de Datos en la parte dispositiva de su resolución no puede considerarse, en ese ejercicio de ponderación, ni desproporcionado ni constitutivo de una restricción intolerable de la autonomía de la Iglesia para organizarse libremente, por lo que ninguna tacha puede hacerse a la Administración desde la perspectiva del derecho fundamental consagrado en el artículo 16.1 de la Constitución Española. Como tampoco puede hacerse reparo alguno con la forma con la que la Agencia ha amparado el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal pues la resolución garantiza el contenido esencial de dicho derecho sin que se derive de su ejecución una alteración sustancial del Libro de Bautismo."
En relación con la aplicación del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3 de enero de 1979, debemos señalar que efectivamente estamos ante un Tratado Internacional, cuyo texto ha sido aprobado por las Cortes Generales y publicado oficialmente, lo que significa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96 de la CE, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, en un lugar subordinado a la Constitución, atendida su posición en el sistema interno de fuentes del Derecho y atendidos los efectos previstos en los artículos 94 y 95 CE.
Sentada esta posición del Tratado, en el sistema de jerarquía normativa, la regulación contenida en el mismo ha de ser interpretada conforme a la Constitución, concretamente conforme al derecho fundamental a la protección de los datos.
A juicio de esta Sala, sin embargo, el citado Acuerdo no contradice la regulación constitucional y legalmente establecida del derecho fundamental a la protección de los datos, cuando en el artículo I apartado 6 dispone que "el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Ordenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas".
Los archivos y registros relacionados en el citado artículo del Acuerdo Internacional se encuentran protegidos de cualquier intromisión procedente del Estado y resultan inviolables frente al mismo. Ahora bien, tal inviolabilidad no es predicable frente al ciudadano cuando ejercita el derecho fundamental previsto en el artículo 18.4 de la CE, en cuyo contenido esencial se integra el poder de disposición sobre los datos relativos a su persona. La solución inversa a la expuesta, que postula el Arzobispado recurrente, equivaldría a reconocer una superioridad de la norma contenida en un Tratado, frente a la norma constitucional.
ARGUMENTO DEL ARZOBISPADO PARA RECURRIR
En el tercer motivo de recurso, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se reputan vulnerados los arts. 2, 4, 5 y 11 de la LO 15/99 por cuanto para el recurrente los Libros de Bautismo no son ficheros en los que se contengan datos personales, sino hechos históricos como es el bautismo de una persona en un momento dado, lo que es independiente de que sea o no creyente. Además añade que en dichos libros se incluye el bautismo referente a personas fallecidas no estando ordenados ni alfabéticamente, ni por fechas de nacimiento, sino de bautismo, lo que dificulta su búsqueda e identificación. Por tanto, no resultando procedente considerar que los Libros de Bautismo sean ficheros en los términos recogidos en la LO 15/99, no sería procedente la aplicación de esta norma, ni cabría fundamentar la práctica de la anotación marginal que se le obliga a realizar en su artículo 4.3, pues el hecho de que una persona haya sido bautizada, no implica que actualmente siga siendo creyente.
RAZONAMIENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ENCONTRA DEL DERECHO DE CANCELACIÓN (Ponente Margarita Robles)
Los razonamientos que el Tribunal "a quo" hace en el quinto de los fundamentos jurídicos de la Sentencia para reputar los Libros de Bautismo, ficheros en los términos definidos en el precitado art. 3.b), no pueden ser aceptados. La Sala de instancia estima que los que ella reputa datos de carácter personal, refiriendo como tales, al menos, el nombre y apellidos del bautizado y el hecho mismo de su bautismo, están recogidos en los Libros de Bautismo, con arreglo a criterios preestablecidos que permiten su tratamiento, considerando la expedición de una partida de bautismo, como una forma de tratamiento de datos personales.
Sin embargo, no cabe aceptar que esos datos personales, a que se refiere la Sala de instancia, estén recogidos en los Libros de Bautismo, como un conjunto organizado tal y como exige el art. 3.b) de la LO 15/99, sino que resultan son una pura acumulación de estos que comporta una difícil búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están ordenados ni alfabéticamente, ni por fecha de nacimiento, sino sólo por las fechas de bautismo, siendo absolutamente necesario el conocimiento previo de la Parroquia donde aquel tuvo lugar, no resultando además accesibles para terceros distintos del bautizado, que no podrían solicitar ajenas partidas de bautismo.
No cabe olvidar tampoco que salvo el Tribunal "a quo", nadie, ni la propia Administración como recoge en su Resolución, ni siquiera el propio solicitante de la cancelación, que se aquieta con aquella, han considerado los Libros de Bautismo como ficheros, según la redacción dada por la LO 15/99 y a los efectos de la aplicación de esta Ley, según prescribe su art. 2.1 Pero es que a mayor abundamiento no cabría estimar tampoco aplicable el art. 4.3 de la citada Ley, en que se funda el acto administrativo impugnado y se confirma por la Sentencia.
Ese precepto señala que los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Pues bien, en los Libros de Bautismo no cabe apreciar ninguna inexactitud de datos, en cuanto en los mismos se recoge un dato histórico cierto, salvo que se acredite la falsedad, cual es el referente al bautismo de una persona y cuando esta solicita la cancelación de ese hecho, no está pretendiendo que se corrija una inexactitud en cuanto al mismo, sino que en definitiva está intentando y solicitando un sistema nuevo y diferente de registro de nuevos datos personales.
Recapitulando lo hasta aquí expuesto, debemos concluir que los Libros de Bautismo no constituyen ficheros en los claros y específicos términos en que se consideran tales por la LO 15/99 (art. 3.b.), recogiendo igualmente la definición de estos plasmada en el art. 2 de la Directiva 95/46 CE.
La redacción inicial de la LO 5/92, en concreto en su Exposición de Motivos, se establecía que "la Ley se nuclea en torno a lo que convencionalmente se denominan ficheros de datos" y que es la existencia de unos ficheros, y la utilización que de ellos pudiera hacerse, la que justifica la necesidad de la nueva frontera de la intimidad y del honor, añadiendo que la Ley concibe los ficheros desde una perspectiva dinámica de tal forma que los concibe no sólo como un mero depósito de datos, sino también, y sobre todo, como una globalidad de procesos o aplicaciones informáticas que se llevan a cabo con los datos almacenados y que son susceptibles si llegasen a conectarse entre sí, de configurar el perfil personal a que antes se refiere dicha Exposición de Motivos. Todo ello nos lleva a concluir que los Libros de Bautismo, por las razones expuestas, no pueden, en ningún caso, ser considerados como ficheros de datos personales en los términos definidos tanto en el art. 2 de la Directiva Comunitaria mencionada, como de las Leyes Orgánicas 5/92 y su posterior modificación en la Ley 15/99.
Pero además, se ha rechazado ya la aplicación al caso que nos ocupa del art. 4.3 de la misma norma, en cuanto no cabe hablar de inexactitud en los concretos datos referidos al hecho del bautismo recogidos en los Libros de Bautismo.
No procede por tanto aceptar la argumentación del Tribunal "a quo", cuando considera aplicable la LO 15/99 con base en su art. 2.1 partiendo, como premisa para ello de reputar los Libros de Bautismo como ficheros de datos de carácter personal en los términos recogidos en dicha Ley. El ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica viene definido en su artículo 2.1 que establece que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptible de tratamiento, lo que no ocurre por las razones expuestas con los Libros de Bautismo, en estricta aplicación del art. 2 de la Directiva 95/46 CE y del tantas veces citado art. 3.b de la LO 15/99.
ARGUMENTOS VOTO PARTICULAR EN CONTRA DE LA SENTENCIA
Hecho por Joaquín Huelin Martínez de Velasco
La Directiva Europea define los ficheros como «todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados». El bautismo debe ser inscrito, sin demora, por el párroco con indicación del nombre del bautizado, haciendo mención del sacerdote que lo administró, de los padres, los padrinos y los testigos, si los hubo, indicando el día de la celebración, así como la fecha y el lugar del nacimiento del bautizando (canon 877, § 1, del Código de Derecho Canónico, de 25 de enero de 1983). En el libro de bautizados se anota también la confirmación así como el estado canónico de los fieles por razón de matrimonio, anotaciones que han de hacerse constar en la partida de bautismo (canon 535).
*Resumen elaborado por Europa Laica
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Acatan el fallo judicial pero intentarán conseguirlo por otras vías institucionales
Sectores laicos alertan del posible "trasfondo político" de la anulación del derecho a apostatar
ELPLURAL.COM
La decisión adoptada por el Tribunal Supremo de eximir a la Iglesia católica de la obligación de registrar las apostasías en los librors de bautismo ya despierta las primeras reacciones en sectores de la sociedad española no confesionales. Eran cada vez más los ciudadanos interesados en ejercer este derecho, pero el Alto Tribunal parece haber dado al traste con sus deseos al decantarse a favor del recurso del Arzobispado de Valencia. Ahora, estos grupos, que acatan el fallo del tribunal, persiguen ejercer este legítimo derecho por otras vías, también institucionales. Lo tienen ya decidido.
La organización Europa Laica analiza en un comunicado "la pirueta jurídica utilizada", consistente en considerar que los libros bautismales "no son fichero, sino una mera acumulación de datos". Para este grupo, habrían quedado "limitados derechos constitucionales" al no "acudir a un proceso más garantista en Europa". Por todo esto, Europa Laica advierte que "pudiera haber un trasfondo político en esta decisión".
Salida parlamentaria
La consumación de este proceso lleva a la organización laica a buscar "una nueva actitud social ante la apostasía que garantice la libertad de conciencia". Imposible ya utilizar la Ley de Protección de Datos, la salida es, para estos, "exigir al Gobierno y al Parlamento que legisle a favor de la libertad de conciencia, para dar cauce legal a la demanda y derecho a la apostasía de forma pública". Y es que "los poderes públicos no se pueden plegar a los intereses y pretendida inviolabilidad de la jerarquía católica, en contra de la Constitución Española". Más privilegios históricosMás contundente es la reacción de la Federación Internacional de Ateos, que concluye que la sentencia "establece definitivamente la doctrina de la separación entre el espacio público y las convicciones religiosas". Queda, por tanto, claro que es necesario crear otra vía de apostatar, para no ser "encuadrados en los informes y estadísticas que deriven en suposiciones susceptibles de ser utilizadas como argumento cuantitativo para obtener ciertas ventajas o mantener privilegios históricos".
Decisión individual
Por todo ello, y a pesar de que los ateos también acatan sin ambages el fallo judicial, quieren dejar claro que "la negación de la fe religiosa forma parte de una decisión individual a la que asiste el derecho y no puede ser mendigada ante los mismos a quienes esta decisión rechaza como autoridad moral".
Las otras vías
La consecuencia es "obvia": tendrán que ser los "organismos públicos" los que registren legalmente la negativa a pertenecer a una determinada institución religiosa. Por ello, la Federación "emprenderá en breve iniciativas tendentes a que la Dirección General de Asuntos Religiosos adopte las herramientas necesarias para liberar a la Iglesia católica de revisar sus libros de bautismo".
Posible recurso de Protección de Datos
Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos estudia impugnar la polémica sentencia del Tribunal Supremo. En declaraciones, el director de la Agencia, Artemi Rallo, señaló que su institución está analizando el alcance jurídico de esta decisión del Supremo, que le da la razón al Arzobispado de Valencia, porque tiene "efectos relevantes" para la protección de datos. También está valorando "las posibilidades de impugnación (de la sentencia), pero aún no tenemos ningún criterio confirmado", agregó.
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Compromís recurrirá si se mantiene la tesis del Supremo sobre los Libros de Bautismo
Una web considera el fallo un atropello inadmisible
E. P., ValenciaLa portavoz de Compromís pel País Valencià en Les Corts Valencianes, Mónica Oltra, manifestó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la decisión de la Audiencia Nacional que veía los Libros de Bautismo como ficheros de datos recupera "prebendas y privilegios" para la Iglesia. Oltra, quien como abogada defiende diversos casos sobre este mismo tema, ha lamentado la decisión del Supremo de admitir el recurso de casación que interpuso el Arzobispado de Valencia, y ha advertido que si en las causas que ella defiende reciben una respuesta semejante recurrirán al Constitucional.
A su juicio, "se ha perdido la oportunidad de tutelar los derechos fundamentales de las personas que quieren que en los archivos de la Iglesia Católica desaparezcan sus datos", y se está contraviniendo la ley de Protección de Datos así como las directivas, además de vulnerar el derecho al honor y a la intimidad.Por otra parte, un portal creado para informar sobre la apostasía (http://www.apostasia.es/ ) considera un "atropello inadmisible" a los derechos fundamentales la decisión del Tribunal Supremo (TS) de eximir al Arzobispado de Valencia de anotar las apostasías --negación de la fe cristiana recibida en el bautismo-- en los libros de bautismo al estimar que no son ficheros.
Desde este sitio web disienten "diametralmente" de la interpretación que el Supremo, ya que consideran que "la Ley de Protección de Datos define qué debe considerarse como un fichero de datos y en ningún momento menciona que sea relevante la dificultad de búsqueda de los datos, así como que terceras personas puedan tener acceso al mismos".
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