dissabte, 1 de setembre de 2018

21 víctimas del franquismo, exhumadas en Vilarraso

http://cadenaser.com/emisora/2018/08/31/radio_coruna/1535719954_243232.html

Es la mayor exhumación realizada en Galicia hasta el momento

Veintiún cuerpos de víctimas del franquismo han sido hallados en la mayor fosa localizada hasta el momento en Galica. Los restos óseos se localizaron en el cementerio de Vilarraso, en Aranda.
Los restos exhumados se someterán a las pruebas pertinentes de ADN. Para realizarlas, la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo, tendrá que solicitar ayuda económica debido a su elevado coste. El trabajo a pie de fosa en el interior de cementerio resultó muy provechoso según Santiago Carcas Cuartero, presidente de la asociación.
Los antropólogos buscaban 37 cuerpos, pero finalmente encontraron sólo 21 repartidos en diez fosas. El año que viene la ARDF tiene previsto llevar a cabo más exhumaciones en nuestra comunidad.

Doble 'ofensiva' de Podemos e IU para que los restos de Moscardó y Milans del Bosch salgan del Alcázar


https://www.eldiario.es/clm/Podemos-IU-Moscardo-Milans-Alcazar_0_809469345.html


Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y Podemos en las Cortes de Castilla-la Mancha. Ambas formaciones en esta región han anunciado una doble 'ofensiva' parlamentaria para buscar que los restos   de los generales José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, vinculados al franquismo, salgan del Alcázar de Toledo donde se encuentran actualmente en una cripta privada, dentro del edificio público. 
No son los primeros en reclamarlo, después de que el Consejo de Ministros aprobase la retirada del féretro que contiene los restos de Franco del Valle de los Caídos.  El Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha ya había apuntado esta posibilidad. 
Ahora IU ha anunciado que presentará a través de la diputada nacional Eva García Sempere, una pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez por este asunto. La formación de izquierdas dice que siempre ha mantenido “una defensa de la democracia española, basada en parte, en la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas” de la dictadura franquista y de su causa y origen: la Guerra Civil Española y que ahora el Área de Memoria Democrática de IU CLM, está trabajando en torno a la simbología expuesta públicamente, así como “a los privilegios que los golpistas disfrutan gracias a recursos públicos” después de más de 40 años del fin de la dictadura franquista.
Tras el anuncio del Consejo de Ministros de exhumar el cadáver del dictador Francisco Franco de la basílica del Valle de Cuelgamuros, administrada por Patrimonio Nacional, Izquierda Unida ha decidido dar cuenta por escrito de la situación “anómala e ilegal” que según la formación se da en el Alcázar de Toledo. 
Se refieren a lo que califican de “privilegio otorgado por la dictadura franquista” a aquellos que “se posicionaron del lado del fascismo golpista español en la sublevación que estos rebeldes protagonizaron en Toledo”. Concretamente este privilegio, dicen,  reside en el derecho de que en torno a 200 golpistas tienen de ser enterrados en un hipogeo de acceso restringido y que está situado en ese edificio público propiedad del Estado, en concreto en una cripta de acceso privado.
Además, explican que esta cripta,” no es el único sitio donde la exaltación golpista antidemocrática tiene cabida en el Alcázar de Toledo” ya que, recuerdan, una considerable parte del recinto público es utilizada “para la exposición de diferentes homenajes físicos de otros gobiernos dictatoriales y/o asociaciones y organizaciones de corte fascista y antidemocrático”.
De hecho, aún hoy, la denominada ‘Hermandad del Alcázar’ organiza misas de “exaltación a los caídos” en Toledo y celebran su propia procesión a finales de septiembre, en la que el Alcázar es parte esencial de esta. Exaltación, que tanto personal como colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura franquista que, recuerdan, se encuentra prohibida por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica.
Las preguntas en el Congreso de los Diputados pretenden “conocer la voluntad” que tiene el Gobierno socialista en relación al cumplimiento de la Ley así como a las acciones “que debiera llevar a cabo en el lógico y obligado cumplimiento de dicha ley. Nos referimos al uso privado que se hace de la cripta del Alcázar, así como de las diferentes manifestaciones de exaltación de aquellos que provocaron una guerra civil y una dictadura de corte fascista durante casi cuatro décadas en España, en ese edificio público”, explican desde el Área de Memoria Democrática de IU Castilla-La Mancha.

Podemos presentará una Proposición No de Ley en el Parlamento regional

Por su parte, Podemos Castilla-La Mancha registrará el próximo lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha una Proposición no de Ley (PNL) en la que instará al Gobierno de España a que retire del Alcázar de Toledo los restos de los generales José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, a los que el secretario regional de Podemos, José García Molina, ha calificado de "traidores de la democracia", según recoge Europa Press.
Lo ha anunciado en declaraciones a los medios junto al  propio edificio del Alcázar y ha explicado que la formación aprovechará la modificación hecha en la Ley de Memoria Histórica por el Gobierno central el pasado 24 de agosto en lo que respecta al Valle de los Caídos y que abre la puerta a que aquellos que no murieron durante la Guerra Civil puedan ser exhumados.
"A nosotros nos parece una vergüenza democrática para este país que estos declarados enemigos de las libertades estén enterrados aquí y puedan ser objeto de culto y de exaltación, como de hecho lo son", ha manifestado el líder de Podemos en la región.
José García Molina, este viernes junto al Alcázar de Toledo
José García Molina, este viernes junto al Alcázar de Toledo EUROPA PRESS

La Ley de Memoria Histórica 

García Molina ha hecho una defensa de la Ley de Memoria Histórica, para apuntar que sancionó en su momento que era un deber "inaplazable" de la democracia española el rendir homenaje y cuidar a aquellas personas que habían sufrido agravios e injusticias tanto durante la Guerra Civil como durante la dictadura.
También instaba, ha recordado, a que determinados símbolos y monumentos que pudieran atentar contra esa memoria y que supusieran una exaltación de esos periodos deberían ser retirados. "La persistencia de alguno de esos símbolos y monumentos son un atentado contra los valores democráticos y los valores de los derechos humanos", ha añadido.
"Además --esos símbolos y monumentos--, están impidiendo que podamos reconciliarnos con nuestro pasado, cicatrizar las heridas y construir las bases sólidas para una convivencias democrática normalizada tanto en el presente como en el futuro", ha insistido.
"Ha pasado más de una década desde que se aprobó esa ley y sigue sin cumplirse y sin materializarse", ha indicado García Molina, quien ha añadido que "parece" que hay partidos políticos en el país a los que el cumplimiento de esta ley en concreto "no solo no les parece una cuestión prioritaria sino que no tienen ninguna necesidad de hacerlo".
Bajo su punto de vista, no es extraño entonces escuchar que "algunos partidos" se dedican a "azuzar el odio y la confrontación" entre compatriotas. "Parece ser que la pluralidad democrática que tanto valoramos a ellos les estorba y que se sentirían más cómodos en un régimen no democrático", ha señalado, para concluir parafraseando al exprimer ministro inglés Winston Churchill y señalar que "cuando las naciones no se reconcilian con su pasado son naciones que no tienen futuro".
A preguntas de los medios sobre si esta PNL podría incluir también el cambio del nombre del colegio público Ángel del Alcázar de la capital regional, ha indicado que "está abierta" y que también "se puede instar". "Todos los esfuerzos a nivel nacional regional y local son pocos para el cumplimiento de una ley", ha concluido.

Recuperar los restos de los asesinados y dejar de mantenerlo: la propuesta de las víctimas para el Valle de los Caídos.


https://www.eldiario.es/sociedad/Pedro_Sanchez-Valle_de_los_Caidos_0_808769730.html


A los colectivos en defensa de la memoria histórica les ha sorprendido el cambio de postura del PSOE sobre el Valle de los Caídos. Los socialistas presentaron en el Congreso el pasado mes de diciembre –todavía mientras estaban en la oposición– una proposición de ley en la que apostaban por resignificar esta construcción franquista convirtiéndolo "en un centro nacional de memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura".
Ocho meses después, y ya en el Gobierno, Pedro Sánchez renuncia a esta propuesta. "Tiene que ser un lugar de reposo, un cementerio civil para las víctimas de la contienda y el franquismo", señaló en la gira latinoamericana que está desarrollando. La nueva propuesta consiste en dividir en dos partes el lugar: un cementerio civil y la basílica que ya existe.
"Un lugar de exaltación del fascismo no puede ser un lugar en defensa de personas que defendieron la democracia", reseña Miguel Ángel Muga, presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, que coincide con Sánchez al reconocer que no es un emplazamiento "de reconciliación". 
La propuesta socialista no ha tenido una buena acogida entre las plataformas consultadas por esta redacción, consideran que no han explicado de forma detallada en qué va a consistir el cementerio civil y no entienden por qué pretenden conservar la basílica.

Críticas por conservar la basílica

"Es incongruente que se mantenga la presencia de la Iglesia, ya que fue un colaborador necesario del régimen [franquista]", señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Asemeja esta postura a "un acto de negacionismo para esconder el terrible papel de la Iglesia en el Valle y como legitimadora de la dictadura".
El presidente del Gobierno anunció que su propuesta consiste en que el Valle de los Caídos se convierta en "un lugar de reposo, un cementerio civil para las víctimas de la contienda y el franquismo". Julián Rebollo, presidente de la plataforma contra la impunidad del franquismo, no apoya esta finalidad y le recuerda a Sánchez que "cada persona que fue asesinada y que sus restos se encuentran ahí tiene que ser enterrada donde determinen sus familiares"
Sobre la pretensión de crear un camposanto civil, Silva reseña que el Valle "ya es un cementerio". "De lo que no se ha hablado es de un informe técnico para estudiar cómo se encuentran los restos y quien quiera que se lleve restos de sus familiares", lamenta.
Por su parte, el historiador Nicolás Sánchez Albornoz tampoco aprueba la propuesta del Ejecutivo, cree que tiene "mala solución" porque está lleno de símbolos franquistas y es un lugar de "exaltación de una sublevación militar contra la democracia". "No corresponde poner a las víctimas republicanas bajo la consigna de la cruz que les llevó a estar muertos. No me parece que sea el lugar más indicado", añade el historiador. 
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se muestran desconcertados por el cambio de propuesta del PSOE. "No entendemos a qué se debe el cambio. Siempre hemos defendido que se haga un relato en el Valle para tener en cuenta a los muertos, a los esclavos políticos que enterraron su libertad para trabajar como para algunas empresas que no tuvieron escrúpulos y se enriquecieron con esa tarea", incide Silva. Esta plataforma considera necesaria que en este lugar se instale una exposición en la que se relate la historia de esta construcción franquista.

"Que la naturaleza siga su curso"

"Abogo por que la naturaleza siga su curso y se de prisa", apunta Sánchez Albornoz sobre el futuro del Valle de los Caídos. Este historiador fue un preso político durante el franquismo, pasó seis meses recluido en ese emplazamiento y su fuga en 1948 junto a su compañero Manuel Lamana inspiró a Fernando Colomo para rodar Los años bárbaros. Considera que la existencia de esta construcción franquista es "contradictoria con la democracia".
Por lo tanto, apuesta por "olvidarse y esperar que la naturaleza lo derribe", para conseguirlo –le recuerda al Gobierno socialista– "el Estado tiene que dejar de invertir dinero en su mantenimiento". "[La naturaleza] ya está haciendo lo posible para que desaparezca, está lleno de filtraciones y la cruz se tambalea los días de viento", incide. A Silva no le desagrada esta sugerencia, aunque apuesta por mantener la exposición en la que se relate que "fue un campo de concentración".
"Una vez que se saquen los restos de los republicanos, que se desacralice y que quiten la cruz, creemos que no se debe invertir en el mantenimiento de ese monumento. Eso sí, viendo la polémica que ha surgido consideramos que se tiene que hacer un lugar de reinterpretación, a 100 o 200 metros de allí. En el que se explica cómo sucedió el golpe militar, cómo se formó el valle, cómo utilizaron mano esclava de los republicanos", añade Muga.
Rebollo cree que la solución ideal consistiría en "eliminar todas las instalaciones", sin embargo debido al elevado coste de esta actuación responde que lo más factible sería "construir en él un centro de memoria". Como primer paso, apuesta por quitar "la cruz y todo vestigio religioso" para evitar que sea un lugar de adoración al dictador.
Asimismo, añade que para convertirlo en un centro de memoria tienen que elaborarse "referencias en las que aparezcan todas las personas que fueron asesinadas por el franquismo, trabajadores republicanos que fueron obligados a ir", así como hacer un recorrido por la historia de la Guerra Civil y la dictadura. "No puede servir para que asesinos y víctimas estén juntos", advierte. Desde la plataforma contra la impunidad del franquismo quieren que en ese emplazamiento quede claro que Franco fue "un traidor, un golpista, un dictador y un asesino".

divendres, 31 d’agost de 2018

Tipología de los crímenes de la represión franquista. Benito Sacaluga.

https://www.facebook.com/groups/231378513588537/permalink/1915560758503629/


Tipología de los crímenes de la represión franquista.
(a) CRÍMENES CONTRA LA PAZ: a saber, la planificación, la preparación, el inicio o la conducción de una guerra de agresión o una guerra que supone la violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o bien la participación en un plan común o en una conspiración cuyo objetivo es la ejecución de cualquiera de los actos precedentes;
(b) CRÍMENES DE GUERRA: a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. Tales violaciones comprenden el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados, o para otros fines, perpetrados contra la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o los malos tratos perpetrados contra prisioneros de guerra o personas en alta mar, la ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o la devastación no justificada por necesidades militares, sin que dichas violaciones queden limitadas a los actos enumerados.
(c) CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: a saber, el asesinato, el exterminio, el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados (...) "

Qué es y cómo funciona una Comisión de la Verdad

https://www.eldiario.es/sociedad/Valle-Caidos-reliquia-renuncia-Gobierno_0_808769261.html


La comisiones de la verdad se crean después de conflictos violentos o dictaduras para comprender el alcance de los asesinatos, la represión, para escuchar a las víctimas y establecer qué pasó, como han hecho numerosos países en el mundo, entre ellos Bolivia, Argentina, Chile, El Salvador, Sudáfrica, Guatemala, Uruguay o Colombia. España no ha llevado a cabo de momento ningún proceso parecido después de la guerra y el franquismo. 
De hecho, el relator especial de la ONU sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación  destacó en su informe de 2014 tras su visita a España que no había datos centralizados de víctimas ni iniciativas oficiales que recogieran datos que midieran el alcance de la guerra (con sus víctimas en ambos bandos) y la posterior represión. También se mostraba sorprendido porque "varios temas siguen subexplorados, como por ejemplo los trabajos forzosos de presos; muertes en bombardeos; niños robados; las consecuencias de la guerra y diferentes formas de represión, incluyendo contra las mujeres, así como las responsabilidades de las empresas privadas por su participación activa o complicidad en la comisión de violaciones de los derechos humanos". 
El relator Pablo de Greiff  instaba a España a "conseguir un entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo". Para ello proponía, entre otras opciones, una comisión de la verdad. 
Es justamente  el mecanismo que ha anunciado Pedro Sánchez este martes desde Bolivia, aunque ha dado muy pocos detalles: que estarían  "incorporadas todas las perspectivas históricas", sería "lo más plural posible" y que permitirá "acordar una versión de país".
Una comisión de la verdad es un instrumento costoso y muy regulado, que debería  observar las pautas publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre los objetivos está cuantificar los daños de la guerra y la dictadura, las víctimas, represaliados, abusos económicos y cualquier violación de los derechos humanos. Su trabajo final es un informe de conclusiones en el que se relata qué pasó y, en algunos casos, se insta a reparar los daños. En otros casos solo relatan lo ocurrido, que parece ser lo que está en la mente de Sánchez, que ha dicho que permitirá "acordar una versión de país", sin citar la posible reparación de los daños.
Aunque se hacen a medida, la ONU establece las pautas básicas de las comisiones de la verdad, que no son simples grupos de trabajo. Sus expertos deben ser lo más "neutrales" posible, profesionales reconocidos y "respetados" socialmente. Estos expertos escucharán los relatos de víctimas, testigos y actores (incluyendo represores) y trabajarán con "independencia operacional". "Puede incluir a profesionales de distintos ámbitos o trayectorias, como dirigentes religiosos, abogados en ejercicio o jueces retirados, psicólogos, educadores, expertos en violencia contra la mujer o los niños y profesionales de los derechos humanos". Algunos países han incluido también perfiles internacionales.

Hasta 20.000 relatos de víctimas

La escucha de los testimonios tampoco es algo improvisado o simbólico: "Normalmente, una comisión de la verdad recibe entre 7.000 y 20.000 declaraciones de víctimas", relatan las instrucciones del Alto Comisionado.
El organismo internacional alerta de que muchas veces estas iniciativas son atacadas, como pasó en la de Perú, donde hubo una poderosa campaña mediática en contra, porque "es probable que algunos sectores de la sociedad muy poderosos (o previamente poderosos) la consideren una amenaza. Por todos esos motivos, es importante que los componentes de una comisión de la verdad sean tan diversos como sea posible", aconseja. Por el momento, el presidente español ha hablado de incorporar "todas las perspectivas históricas".
Este grupos de expertos, apoyados en informes y otros expertos si hace falta, cuantifican los daños y las vulneraciones de derechos. En el caso español está casi todo por hacer porque faltan datos concretos incluso de personas enterradas en fosas: a día de hoy no hay un recuento oficial más allá de las 114.000 víctimas que cuantificó Baltasar Garzón en su instrucción del franquismo antes de ser apartado de la magistratura. Tampoco hay recuento de bebés robados, expolios económicos, fusilamientos en ambos bandos durante la guerra, personas en el exilio o datos concretos de represión. 

Hasta 10 millones de euros de coste

Según el mandato de Naciones Unidas, cuando se establecen las comisiones se debe fijar el periodo a investigar (según ha avanzado Sánchez sería la guerra y la dictadura hasta 1975), cómo se va a trabajar, cuándo acabará la comisión, qué presupuesto tiene y quién la financia. Este organismo internacional calcula que no cuestan menos de 4 millones de euros, aunque destaca que, según su complejidad, pueden llegar a más de 10 millones. Recomienda que sean las instituciones las que financien toda o la mayor parte para asegurar su viabilidad. Sánchez de momento no ha dado detalles económicos. 
En el caso español, el experto en justicia transicional Jordi Palou avisa de varios obstáculos: primero, el hecho de que haya que investigar dos momentos históricos (la guerra y la dictadura), y que hayan pasado más de 80 años del conflicto complica el trabajo: "Normalmente los países se centran en un proceso, no en dos, como en el caso de Chile o Argentina".
Palou defiende que habría que llamar a víctimas de franquistas y de republicanos durante la guerra en esta comisión, ya que los fusilamientos o vulneraciones de ambos bandos durante el conflicto deben investigarse. En cuanto a la dictadura, habría que llamar a víctimas y represores. Palou, exdirector del Memorial Democràtic de Catalunya, advierte de que hacer mal una comisión de la verdad es peor que no hacerla: "Yo creo que esto es un brindis al sol, no me parece que haya nada ni pensado ni serio, y con las resistencias que hay en cada tema de memoria, lo veo difícil", apunta. De hecho la ONU habla de "voluntad política" clara antes de poner este mecanismo en marcha. 
Además de los abusos de derechos humanos por asesinatos, encarcelamientos o enterramientos sin dignidad, las comisiones tienen la posibilidad de investigar la corrupción y los abusos económicos de la dictadura. Según Palou, en el caso español este factor es fundamental: "La corrupción es una de las patas más importantes de la dictadura, y una de las lacras que se perpetúan. Habría que estudiar el alcance de la apropiación y la corrupción del franquismo".
Para que funcione bien la comisión anunciada, además de cumplir con los requisitos básicos establecidos por la ONU y tener financiación, debe tener en cuenta que el paso del tiempo juega en contra si este anuncio se alarga o no encuentra el consenso. Como alertó hace cuatro años el relator de este organismo en su visita a España, "la compilación de testimonios orales de las víctimas y testigos directos es particularmente importante y urgente debido a la edad avanzada de estas personas y el riesgo de que sus voces y la invaluable información que puedan proporcionar se pierdan definitivamente". De momento, el Gobierno no ha dado ninguna información sobre plazos.

“El Ejército franquista extendió los trabajos forzados coordinados desde los campos de concentración más allá de la Guerra Civil”

https://www.eldiario.es/norte/navarra/Ejercito-coordinados-concentracion-Guerra-Civil_0_807719530.html


Los batallones de trabajo forzado organizados por los sublevados en la Guerra Civil y la posguerra (1937-1945) se convirtieron en “el mayor sistema de trabajos en cautividad de la España contemporánea”. Estos batallones nacieron para derivar parte del ingente número de prisioneros que desbordaban los depósitos y campos de concentración, escogiendo a aquellos cuya desafección a la sublevación militar quedó demostrada o era dudosa. Llegaron a incorporar a decenas de miles de personas (a comienzos de 1939, rozaron los 100.000), según se recoge en la tesis doctoral defendida en la Universidad Pública de Navarra por el historiador Juan Carlos García-Funes (Segovia, 1986). Entre ellos, no solo hubo prisioneros de la Guerra Civil, dado que, una vez terminada la contienda, también se incorporó a esta forma de explotación a jóvenes (también clasificados como “desafectos”, ahora al nuevo régimen) que debían realizar el servicio militar y a parte de los sancionados por la Fiscalía de Tasas, que perseguía el estraperlo.
- Son números muy grandes de trabajo en condiciones de esclavitud.
- Sí, en 1940, los cautivos en manos del sistema de campos de concentración que realizaban trabajos forzosos eran 92.000, y los presos que redimían pena en el sistema penitenciario eran 18.000 ese mismo año. Una diferencia abismal. En el imaginario colectivo están más presentes los trabajos de presos por los pantanos, Cuelgamuros, el beneficio de determinadas empresas… los campos de concentración, pese a involucrar a mucha más gente, son menos conocidos. Mi tesis aporta una cuantificación batallón a batallón, mes a mes. Eso no existía hasta ahora. Hasta finales de 1942 no bajaban de los 30.000. Un volumen importante de gente manejada por el Ejército a placer. Yo no hablo de esclavos sino de trabajo forzado, por rigor de la investigación. No estamos ante trabajadores en propiedad de sus empleadores, a pesar de que pueda ser percibido así por sus protagonistas: ser obligado al trabajo gratuito y en cautividad invita claramente a usar este concepto. La abolición de la esclavitud no significó que se acabara con el panorama laboral de formas no libres o forzadas de trabajo. Por tanto, no es necesario el término esclavitud como carga peyorativa para referirnos a la utilización del trabajo forzado por parte de los sublevados en 1936 y del régimen que construyeron. Debe tenerse claro que ser otra forma de cautividad y de explotación no le resta un ápice de gravedad.
- Dice que los campos de concentración y los trabajos forzosos se extendieron más allá de la Guerra Civil.
Sí, por ejemplo, como avanzaba, en enero de 1940 había ya 92.000 prisioneros en campos. De ellos, como mínimo, 60.963 estaban derivados al trabajo forzado encuadrados en batallones. Según avanza el tiempo, hay menos gente en los campos, pero cada vez hay más proporción de los que se dedican a los trabajos forzosos. Se les llevaba donde se consideraban necesarios. Se da una enorme movilidad de cautivos por toda la geografía del Estado español (Península, islas, Protectorado Marroquí). Hacinados en camiones de ganado, sin lugares donde dormir, con alta accidentabilidad, tifus, otras enfermedades…
- ¿Por qué el sistema se extendió más allá de la guerra?
Dos cuestiones clave: los cambios en la prestación del servicio militar obligatorio, que empezó a clasificar a los reclutas en sus propias localidades en función de su propio pasado o el familiar. Los considerados “desafectos” en las Cajas de Reclutas no hacían un servicio militar al uso: ni juraban bandera ni disparaban un arma, sino que realizaban estos trabajos, integrando los llamados Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Si eran jóvenes que habían estado en prisión y salían en libertad condicional pero estaban en edad de hacer el servicio militar, se les encuadraba en los llamados Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados. No les consideraban fiables para hacer el servicio militar. No con las mismas cifras que durante la guerra, pero sigue habiendo una cantidad de personas en campos de concentración y sometidas a trabajos forzados hasta mucho después de acabada la guerra. Los campos de concentración van menguando y se reestructuran, pero se mantienen. Por ejemplo, el Campo de Concentración de Miranda de Ebro se mantuvo operativo hasta 1948. El Ejército franquista extendió los trabajos forzados coordinados desde los campos de concentración más allá de la Guerra Civil.
- ¿Cuántos fueron en posguerra?
En posguerra oscilaron entre los 30.000 y los 50.000 hasta finalizar 1942, dependiendo del mes. Aunque desarrollaron diversos trabajos en diferentes provincias, en posguerra he observado cómo los fueron concentrando más en la frontera pirenaica y la sur, en el Protectorado Marroquí. Disponiendo de esta fuerza de trabajo, el Ejército se ahorrabala mano de obra libre o destinar los soldados ordinarios para realizar infraestructuras de protección de fronteras. El Estado franquista no sabía de dónde le podían venir los ataques con la segunda Guerra Mundial en marcha. Había un temor a la entrada de los Aliados. La frontera con Portugal no era un problema, estaba asegurada la estabilidad. Se intensificó la fortificación del Pirineo y Marruecos. ¿Significa esto que los trabajos forzados durante el Franquismo sólo se centraran en el ámbito militar? Ni much menos. El sistema de Redención de Penas por el Trabajo que se puso en marcha en 1938 desde el sistema penitenciario cubrió múltiples necesidades para infraestructuras y construcciones civiles. Son originados durante la guerra, que funcionaron en paralelo durante la primera mitad de los años cuarenta.Los prisioneros en campos de concentración nunca tenían claro ni el trabajo que iban a realizar ni durante cuánto tiempo, mientras que los presos que redimían pena eran más conscientes de su encierro y en qué consistía el sistema. Algunos testimonios de cautivos en campos de concentración y en batallones de trabajo forzado dan cuenta de esta desinformación, inestabilidad e inseguridad, podían pensar que que iban a estar así toda su vida.
- ¿Qué datos totales maneja?
- Aunque queda pendiente el complejo reto de conocer el número total de personas afectadas por el sistema de trabajos forzados, la tesis aporta los volúmenes mensuales de mano de obra entre 1937 y 1945. Así, a comienzos de 1939, cerca de 250.000 cautivos estaban encerrados en campos de concentración (alrededor de 100.000 de ellos, derivados al trabajo forzado). El número de cautivos trabajadores no descendió de los 30.000 hasta 1942 y se mantuvo en cifras cercanas a los 50.000 hasta esa fecha. He confirmado la existencia de, al menos, 291 batallones de trabajo forzado, a los que se suman decenas de unidades que, sin la estructura de batallón, cumplieron funciones muy diversas durante la guerra, a disposición de los diferentes cuerpos del Ejército, regimientos, comandancias militares y otras entidades castrenses, así como fábricas militares y militarizadas. Estaban en poder de los militares, a la espera de que decidieran qué hacer con ellos. El periodo fuerte es entre el 37 y el 42, pero el rastro de los batallones disciplinarios de posguerra se extiende hasta el 45.
- Usted destaca que estos trabajos forzados son solo los derivados de campos de concentración, no del sistema penitenciario civil.
Sí, yo cuando comenzaba hace años mis lecturas, observaba confusión entre las diversas formas de trabajo forzado. Las investigaciones de Fernando Mendiola me ayudaron mucho a conocer los trabajos forzados organizados con los cautivos en poder del Ejército, con los prisioneros de guerra. Es un tipo de encierro diferente a las cárceles, tiene sus propias reglas, y está muy relacionado con la guerra. El sistema de Redención de Penas está concebido claramente para una situación de posguerra. Cuando comencé mi investigación, las investigaciones sobre los batallones de trabajo forzado no era muy abundantes, pero hacían falta a una investigación a nivel estatal que aportar localizaciones, cuantificara los batallones, los cautivos que en ellos trabajaron, la actividad laboral que desempeñaron, etc. Con esa intención afronté la investigación.
- ¿Cómo estaba organizado?
- Los militares sublevados sabían que parte los prisioneros de guerra procedentes del Ejército Popular de la República que iban capturando en sus avances podían ser incorporados a su Ejército rebelde, pues podían haber sido llamados a filas por la República aunque comulgasen con las ideas de los sublevados. Desde los campos de concentración se buscan informes en sus poblaciones de origen y también mediante interrogatorios, con la intención de clasificarlos ideológicamente: aquellos afectos al “Glorioso Movimiento Nacional”, como llamaban a su sublevación, fueron integrados en las filas del Ejército. Los cargos de responsabilidad en el Ejército republicano podían ser derivados a juicios, aconsejos de guerra y acabar en prisión o ejecutados. A los militantes o simpatizantes de sindicatos, partidos de izquierda o del Frente Popular en general, les clasificaban como “desafectos” o “afectos dudosos”. A éstos son a los prisioneros que derivaron al trabajo forzado encuadrándolos en Batallones de Trabajadores, que se componían con 600-700 hombres o incluso más. Junto a la clasificación ideológica también se daba una clasificación por oficios.
- ¿Y qué trabajos realizaban?
- Salían desde los campos de concentración hasta diferentes puntos de la geografía de España en poder de los sublevados para hacer diferentes trabajos que eran considerados prioritarios. Trabajos militares, como fortificaciones, desactivar bombas, abrir trincheras, recuperar material de guerra, reparación de vehículos… trabajos que tenían relación directa con el desarrollo de la contienda. Pero también había trabajos con proyección civil: en un principio tenían interés militar, pero una vez acabada la guerra se quedan para uso civil: puentes, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, pistas de montaña… Había una ingente cantidad de mano de obra joven y preparada, y su lógica era que no estuvieran parados en lo campos de concentración. No olvidemos además que en la lógica de los militares, los cautivos habían provocado la guerra. Haber sido capturados no iba a hacerles esquivar la guerra y sus esfuerzos.
- ¿Quiénes se beneficiaron de estos trabajadores?
El Estado resultó el gran beneficiado de este sistema de trabajo, dado que el Ejército fue uno de los grandes empleadores, seguido de las autoridades civiles y, en menor medida, las empresas, eclesiásticos y particulares. Al tratarse de un recurso limitado, no se prestaba de forma ligera, ni mucho menos gratuita, y correspondía a Francisco Franco, desde el Cuartel General del Generalísimo, la decisión última sobre dónde serían empleados los cautivos y bajo qué condiciones. El grueso de empresas beneficiadas, sin embargo, protagonizaron más el sistema que se organizó desde las prisiones, no desde los campos de concentración. El Ejército concedió a sus trabajadores en algunos momentos, pero con condicionantes relacionados con la custodia y seguridad (generalmente a cargo de la Guardia Civil o Falange), así como con la alimentación. Pero una vez acabada la guerra, cuando los obreros movilizados a los frentes regresaron a sus hogares, este método se redujo, dado que se generaban conflictos  por el paro obrero. No era una “barra libre” y no siempre era beneficioso para las empresas en comparación con los obreros libres, que podían resultar más baratos. En mi tesis doctoral dedico un capítulo a analizar aquellos factores, lógicas y determinantes económicos que se dieron en la cesión y empleo de esta ingente masa de mano de obra cautiva dependiente del Ejército.
- ¿Qué empresas?
- No he encontrado tantas empresas como conocemos para el sistema de Redención de Penas civil, pero esto no implica que no utilizasen cautivos del sistema de campos de concentración. Entre las empresas peticionarias de prisioneros con fines mineros he encontrado a Babcock & Wilcox, Basconia C. A., la Sociedad Española de Explotaciones Mineras, la Sociedad de Minas de Aralar S. A. y la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, la Sociedad Española de Talcos de León. Las empresas ferroviarias en las peticiones que he localizado son las compañías MZA (Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante) y Andaluces. La actividad hidráulica la he encontrado en torno a Entrecanales y Tavora S. A.... Falta mucha información, además, porque hay archivos que no he podido consultar, que están cerrados. 
- ¿Qué archivos están cerrados?
En mi investigación doctoral predomina la consulta de documentación del Archivo General Militar de Ávila, del Archivo General Militar de Guadalajara (AGMAG) y del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH). En Ávila, he consultado información de la concesión de prisioneros de guerra a ayuntamientos y diputaciones, también peticiones de eclesiásticos para que se los cedieran, etc. Muchos elementos del funcionamiento del sistema. Pero existe documentación que no es accesible, es información clasificada. En Guadalajara, he consultado información personal de los cautivos trabajadores. En Salamanca he consultado el “Fondo de Batallones Disciplinarios y Campos de Concentración” del Archivo del Tribunal de Cuentas (ATC). Es accesible gracias a que el historiador Francisco Espinosa y la abogada Eva Moraga consiguieron por vía judicial que se abriera. Gracias a este fondo he podido cuantificar los batallones de trabajo forzado, sus integrantes y dónde y cuándo estuvieron desarrollando su actividad.  Conviene recordar que el gobierno del PSOE, con Carme Chacón al frente del Ministerio de Defensa planteó, a última hora tras ocho años de gobierno, una desclasificación, que el nuevo gobierno del PP frenó. Mi tesis doctoral tendrá limitaciones propias, desde luego, como todas, pero las limitaciones documentales quedan patentes y explicadas. Según podamos acceder a más documentación, podremos seguir completando el conocimiento de este gran sistema de trabajo forzado en cautividad.

Breve currículum

Juan Carlos García-Funes se licenció en Historia en 2010 en la Universidad Complutense (UCM) y cursó el Máster Interuniversitario en Investigación en Historia Contemporánea en la UCM y la Universidad de Zaragoza (2011-2012), antes de doctorarse en la UPNA, donde, entre 2012 y 2015, ha sido investigador en el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra.
Sus líneas de investigación se relacionan con la violencia franquista durante la Guerra Civil y el primer franquismo, y con el catolicismo social y su vertiente propagandística. Pertenece al Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas y al Aula de Historia Social de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor del libro “A recoger bombas: batallones de trabajo forzado en Castilla y León (1937-1942)”.
Ha participado en el proyecto “Tras las rejas franquistas” (libro documental y exposición del Foro por la Memoria de Segovia 2008), así como en otras exposiciones de carácter divulgativo sobre la violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (“La dictadura de Franco: cuarenta años de represión” y “España en guerra: violencia en las retaguardias”).
La tesis Espacios de castigo y trabajo forzado del sistema concentracionario franquista ha sido calificada con sobresaliente “cum laude”, y también ha ahondado en la experiencia subjetiva del trabajo forzado a través de las memorias y autobiografías de quienes experimentaron este tipo de explotación. En ellas, García-Funes ha encontrado testimonios sobre la corrupción, los castigos físicos y psicológicos, las relaciones con la población civil y la situación de los cautivos, “obligados a trabajar largas jornadas en condiciones climáticas y humanas que algunos ni siquiera habían vivido durante la guerra, en las que la humedad, el frío, los accidentes, las enfermedades o las agresiones físicas iban afectando a sus cuerpos”.