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El ex jefe del Ejército de Tierra dice que la organización del funeral dependía de Presidencia
El general Alejandre contradice al ex JEMAD Félix Sanz y niega que conociera los errores en las identificaciones del Yak el día siguiente del siniestro
ELPAÍS.com - Madrid - 31/03/2009
La comparecencia del general Luis Alejandre no estaba prevista inicialmente en el juicio del Yak-42. Pero el mando militar que supuestamente alertó al Ministerio de Defensa de los errores en la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente ha declarado hoy después de que el presidente del tribunal le citara al referirse a él varios testigos que han pasado por la Audiencia Nacional en las sesiones anteriores. Preguntado sobre si se fijó la fecha y hora del funeral con independencia de tener la certeza de que todos los cuerpos estuvieran identificados, Alejandre ha esquivado las responsabilidades. "Yo no tomo la decisión y doy por sentado que el que la toma da por supuesto que estarán todos los cadáveres en Torrejón identificados; hay decisiones que se escapan a un Consejo de Dirección; la decisión de organizar un funeral de Estado tiene otra fuerza que depende de Presidencia y Casa Real", ha indicado Alejandre.
¿Se deberían pedir responsabilidades políticas por la actuación con el Yak 42?
La catástrofe del Yak-42
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Responsabilidad política
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Federico Trillo
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El general ha negado que tuviera conocimiento de los fallos en las identificaciones el día siguiente del siniestro. "Por supuesto que no", ha afirmado con rotundidad. Según ha explicado, se enteró de los problemas en los reconocimientos "un año después" de la tragedia "entre el 3 y el 8 de marzo de 2004". Esta declaración contradice a la del ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz Roldán -que accedió a este cargo un año después del siniestro- para quien Alejandre no solo avisó de los errores en una reunión del Consejo de Dirección del ministerio celebrada el 27 de mayo de 2003, un día después del accidente y 24 horas antes del funeral de Estado, sino que propuso que los cadáveres mal identificados no se entregaran a los familiares y que se trasladaran a una morgue para seguir con las tareas de reconocimiento, según le reveló en una conversación privada.
Preparación de la ceremonia
Alejandro sí ha confirmado que en ese encuentro del Consejo de Direción se concretó la preparación de la ceremonia. El propio ex ministro Federico Trillo explica en el libro Memoria de entreguerras que deliberaron sobre la hora del funeral en aquel Consejo tras haber regresado a España sin saber "cuando terminarían los trabajos de identificación".
Pero Alejandre ha declarado hoy ante el juez que el Consejo de Dirección "poco podía opinar" sobre los trabajos de identificación porque sólo se celebró unas horas después de que concluyeran estas tareas. "No hablamos de identificaciones ni de cadáveres". El general ha afirmado que tampoco mantuvo reunión alguna con Félix Sanz Roldán. "Nunca me entrevisté con él. Lo encontré en el funeral, pero no hubo entrevistas". Alejandre ha declarado que le ofreció a Trillo el equipo de identificacion de la Guardia Civil, pero el ministro lo rechazó porque el equipo que se llevaba, integrado por los tres acusados, tenía "mucho rodaje" y ya "habían participado en las labores posteriores al atentado contra siete agentes del CNI en Irak", según el ex titular de Defensa.
Durante las sesiones anteriores varias declaraciones han apuntado a las órdenes recibidas desde Defensa para acelerar la repatriación de los cuerpos. Unos documentos del Gabinete Técnico del ministerio a los que ha tenido acceso EL PAÍS confirman que Trillo fijó la fecha y la hora del funeral al día siguiente del accidente tras despachar con el ex presidente José María Aznar e informar a la Casa Real.
Participantes de la reunión
Según Alejandre, en el Consejo de Dirección estuvieron presentes, además del ministro Trillo, los cuatro jefes de Estado Mayor, el subsecretario de Defensa, el director General de Política de la Defensa, el jefe del Gabinete del Ministro y el Secretario General de Política de la Defensa, Jiménez Ugarte, al que Trillo ordenó que dispusiera todo para el funeral. El ex jefe del Ejército de Tierra ha añadido que cuando la misma tarde del 27 de mayo disponía ya de muchos datos de las familias sobre enterramientos y traslados después del funeral.
La acusación le ha preguntado si llego a decirle a una periodista que él nunca hubiera permitido "la aberración" que se produjo en las repatriaciones. "Es una carta que está escrita en 2005; es fácil decir las cosa después. Una cosa es lo que se vive en aquel momento y otra lo que se viven años después", ha indicado Alejandre. La declaración de Alejandre fue solicitada por el abogado del principal acusado, el general Vicente Navarro. El fiscal pide cinco años de prisión para Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, acusados de un delito continuado de falsedad en documento oficial.
Además del general, hoy han comparecido ante el tribunal los cuatro empleados de una funeraria de Zaragoza que fueron enviados a Trebisonda el 26 de mayo de 2003, para ayudar a la delegación española en las labores de enferetramiento de los cadáveres. El primer interrogado ha sido Manuel Mejías, que ha asegurado no recordar si los tres acusados, sentados en el banquillo, estuvieron en el lugar del accidente. Además ha señalado que los féretros para trasladar a los fallecidos ya venían identificados. "No sé quien puso los papeles en los féretros, si fueron los militares turcos o los españoles, le mentiría si le dijera quien los puso".
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Un féretro contenía restos de tres víctimas diferentes
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Trillo fijó la fecha y hora del funeral del Yak-42 tras despachar con Aznar
La organización del acto fúnebre primó sobre la identificación de los muertos
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 31/03/2009
En la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las seis de la tarde del 28 de mayo. La decisión de celebrar el funeral de Estado por los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42 en Turquía sólo 60 horas después del siniestro estuvo en el origen de la errónea identificación de casi la mitad de las víctimas. Así ha quedado de manifiesto en el juicio que, desde hace una semana, se desarrolla en la Audiencia Nacional.
El ex jefe del Ejército de Tierra dice que la organización del funeral dependía de Presidencia
El ministro dijo a las familias que las pruebas de ADN no eran necesarias
Pero ¿quién fijó la hora del funeral?, y ¿cuándo? Hasta ahora, nadie ha dado respuesta a este interrogante. El general José Antonio Beltrán, comisionado por Trillo para repatriar los cadáveres, llegó a decir que se había enterado por unos periodistas. Y el general Manuel Bretón, ex jefe del Gabinete de Trillo, aseguró que en la reunión celebrada por el Consejo de Dirección del Ministerio el día 27 por la tarde se avanzó la fecha del funeral, pero no la hora, que se fijó "sobre la marcha a lo largo de la noche de ese día".
Un documento del Gabinete Técnico de Defensa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ofrece una visión distinta. Al enumerar las acciones que realizó Trillo aquel día describe la siguiente: "Tras despachar con el presidente del Gobierno e informar a la Casa Real, [el ministro] da las instrucciones pertinentes para iniciar los preparativos de un funeral solemne por las víctimas".
La Cadena SER difundió ayer una directiva del entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Antonio Moreno Barberá, en la que detalla minuto a minuto el desarrollo del funeral de Estado, que debía comenzar a las 18.00 horas, con la llegada de los Reyes a la base de Torrejón. La directiva está fechada el día 27.
Sin embargo, el desmentido más contundente al ex jefe del Gabinete de Trillo viene de su antiguo jefe. El tribunal no ha querido llamar a declarar al ex ministro de Defensa y éste ha huido de las preguntas de los periodistas que lo han abordado en la Comisión de Justicia del Congreso, donde es portavoz.
Pero eso no significa que no se conozca su versión. Figura en un libro titulado Memoria de entreguerras, que se publicó en 2005. Y lo más sorprendente es que, pese a su carácter exculpatorio, echa por tierra gran parte de la defensa de los tres acusados: el general Vicente Navarro, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Saiz.
Trillo explica que el 27 de mayo, tras visitar en Trabzon (Turquía) el lugar del accidente y el tanatorio, decidió "volver a España para preparar los traslados y organizar los funerales, aún sin saber cuando terminaría el trabajo de identificación". Pero ya estaba decidio, señala, celebrar un único funeral en Torrejón, "posibilitando así la presencia de las autoridades del Estado".
"Fui directamente a Defensa a reunirme con mis colaboradores para coordinar todas las acciones", agrega. "Deliberamos en el Consejo de Dirección sobre la hora del funeral al día siguiente. Me informaron que la inquietud de las familias era muy fuerte. Aún así, para facilitar los traslados y dar más tiempo a la organización del funeral y la repatriación de los cadáveres, decidimos hacerlo a las seis de la tarde".
Trillo niega que en esa reunión se planteasen dudas sobre la identidad de los cadáveres, en alusión a la confidencia que el jefe del Ejército, Luis Alejandre, hizo años después al jefe de la cúpula militar Félix Sanz.
A continuación, señala: "A primera hora de la mañana del miércoles, me confirmaron que había concluido el trabajo de identificación en Trabzon y que los Hércules llegarían a Torrejón a mediodía". Es decir, Trillo decidió el día 27 celebrar el funeral a las 18 horas del 28. Pero hasta la mañana del funeral no supo que las identificaciones ya habían terminado.
No es la única contradicción. Trillo asegura que Navarro le dijo en Trabzon "que los propios turcos tomaban pruebas de ADN, por lo que no eran necesarios los equipos españoles alternativos que teníamos prevenidos". Mientras fue ministro de Defensa, Trillo siempre dijo a las familias que nadie había tomado muestras de ADN y que no envió el equipo de la Guardia Civil porque los cadáveres eran fácilmente reconocibles.
Memoria de Trillo
- 27.05 "Decidí volver a España y organizar los funerales, aún sin saber cuando terminaría el trabajo de identificación".
- 27.05 "Deliberamos en el Consejo de Dirección sobre la hora del funeral del día siguiente [...] Decidimos hacerlo a las seis de la tarde".
- 28.05 "A primera hora de la mañana me confirmaron que había concluido el trabajo de identificación en Trabzon y que los Hércules llegarían a Torrejón a mediodía".
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Vídeo: Un general dice ahora que conoció los errores un año después
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El funeral lo decidieron los políticos, no los militares
Un ex mando del Ejército cree que los políticos son los responsables, pero obraron de buena fe.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 31/03/2009 14:03
El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra cuando se produjo el accidente del Yak-42, Luis Alejandre, ha asegurado ante el tribunal que la decisión de celebrar el funeral de Estado por los 62 militares fallecidos en el siniestro a las 18 horas del 28 de mayo de 2003 "no depende del consejo de dirección" del Ministerio de Defensa, sino "de Presidencia de Gobierno y Casa Real".
Alejandre, llamado como testigo a petición de la defensa del principal acusado, el general Vicente Carlos Navarro, negó con insistencia que en la reunión celebrada un día después del accidente aéreo, el 27 de mayo por la tarde, se hablase de la identificación de los cadáveres. Aseguró que sólo se organizó el funeral.
El tribunal rechaza llamar a declarar en el juicio al número 3 de Trillo
Dijo que dio "por sentado" que todos los cuerpos estaban identificados. "Yo entiendo que el equipo que viene de Turquía conoce el proceso de identificación y con los contactos telefónicos pueden asegurar que a esa hora será el funeral", declaró Alejandre.
El equipo que viene de Turquía lo encabezaba el propio ministro de Defensa, Federico Trillo, según el testigo, que en otro momento del interrogatorio señaló que de los contactos con la delegación española que trabajaba en la identificación de cuerpos se encargaba el propio ministro y su jefe de Gabinete, el general de Brigada Manuel Ramón Bretón.
Al que sí desmintió el que era jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra fue al teniente general Félix Sanz Roldán, que en el juicio declaró que Alejandre le dijo en junio de 2004 que en la reunión en la que se organizó el funeral él había propuesto retrasar el funeral de Estado de los cuerpos aún no identificados.
Los forenses turcos declararán finalmente después de Semana Santa
Alejandre explicó que habló con Sanz Roldán de su relevo en el cargo. A continuación aseguró que "es fácil decir cosas después" y que "con lógica, un año después", pudo decir que se podía haber celebrado el funeral y luego haber identificado los cuerpos, pero que no lo dijo en el consejo de dirección de Defensa de mayo de 2003.
El general explicó que propuso al ministro enviar agentes de la Unidad de Catástrofes de la Guardia Civil para identificar los cuerpos, pero Trillo rechazó esta posibilidad, porque ya estaba allí "un equipo con mucho rodaje, que se había ocupado del atentado contra los agentes del CNI en Irak". El problema es que este ataque no se produjo hasta el mes de noviembre siguiente.
Supendido hasta abril
Al terminar la prueba testifical, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, escuchó la opinión de las partes sobre los últimos testimonios solicitados por el fiscal: el del número 3 de Defensa con Trillo, Javier Jiménez Ugarte, y los de los forenses turcos y el fiscal que participaron en la identificación de cuerpos.
La defensa del general Navarro se opuso a toda la nueva testifical propuesta, y el tribunal decidió no admitirla. "No hay elementos nuevos y relevantes" que justifiquen la prueba, explicó Gómez Bermúdez.
Para que puedan declarar los forenses de Trabzon que estaban ya citados, la Sección Primera de lo Penal decidió suspender la vista oral hasta el próximo 15 de abril, día en el que interrogará en persona o por videoconferencia a los doctores que turcos que hicieron las autopsias.
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Rajoy: "Trillo ya pidió perdón"
Restos de tres militares en un ataúd
Rajoy sobre el Yak: "El ministro de Defensa ya pidió perdón"
Defensa sabía antes del funeral del Yak que había 30 cuerpos no identificados
Los familiares de los fallecidos en el Yak-42 denuncian que sufrieron "engaños" y "maltrato psicológico"
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El general Alejandre señala que la fecha del funeral fue una decisión política
Niega haber alertado al Ministerio de Defensa que 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo estaban sin identificar tal y como señaló el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (jemad), Félix Sanz
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Contradice la declaración del general Sanz y dice que el funeral lo fijó "Presidencia y la Casa Real"
El general Alejandre niega que Defensa conociese los errores en la identificación de las víctimas del Yak
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Las identificaciones erróneas alargaron el tiempo de duelo de las familias, según los psicólogos
Los forenses del Yak encontraron restos de hasta tres personas diferentes en un mismo féretro
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Trillo pidió a las familias del Yak que no siguieran investigando y no les dio "ni el pésame"
V.V./AGENCIAS
Continúa el juicio por la identificación errónea de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, que esta mañana ha arrancado con la declaración como testigo de Francisco Javier González Castilla, hermano de uno de los fallecidos, que ha lamentado el “desprecio” que los familiares de las víctimas sufrieron por parte de Federico Trillo y del Ministerio de Defensa. González Castilla indicó que el ex ministro popular se reunió con su padre, también militar, y “no le dio ni el pésame”, sino que se limitó a pedirle que la asociación de familiares no investigara más sobre el caso.
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Francisco Javier González Castilla, hermano del capitán Ignacio González Castilla, uno de los fallecidos durante el accidente del Yak-42 en Turquía en mayo de 2003, declaró esta mañana como testigo en la Audiencia Nacional y contó como los responsables políticos de Defensa de aquel momento, con el popular Federico Trillo a la cabeza, ocultaron información en el momento de la tragedia y trataron a las familias de las víctimas con “muchísimo desprecio”. González de Castilla relató como el ex ministro se reunió con su padre dos meses después del accidente y “ni siquiera le dio el pésame”.
Pidió que dejaran de investigar
Su padre -fallecido hace dos años- fue el único afectado por el accidente con quien se reunió Trillo, quien “no le consoló y no le dio ninguna razón de qué es lo que había ocurrido”. “Lo único que se limitó es a pedirle que interfiriera para que la asociación [de víctimas del accidente] que estaba empezando a funcionar se plegara a lo que él quería, que era que no se investigase sobre lo ocurrido”, relató González de Castilla.
"Chantaje emocional" de Trillo
Posteriormente, su padre pidió más explicaciones al ex ministro popular, a quien envió una carta pidiéndole que “diera la cara” y dejara de “engañar” a las familias afectadas. Trillo contestó a la carta con lo que González de Castilla definió como un “chantaje emocional”, ya que el dirigente le preguntaba qué hubiera pensado su hijo fallecido en el Yak de esta conducta. “Mi hermano habría sido el primero en dar la cara y exigir responsabilidades”, apuntó.
Reunión con Jiménez Ugarte
Además, señaló que, tras reunirse con el número tres de Trillo, Javier Jiménez Ugarte, le notaron “más tenso, más nervioso y más prepotente”. Al terminar la reunión, el mandatario pidió a otro de sus hermanos, ingeniero aeronáutico, que “no volviera nunca más por el Ministerio”. Su hermano había preguntado a Jiménez Ugarte sobre las condiciones legales de la repatriación y había rebatido sus argumentos, y este no había sabido concretar sobre el protocolo legal del traslado de los cuerpos. “Sentimos muchísimos desprecios e incomprensiones, no entendíamos absolutamente nada, nos ocultaban toda la información”, lamentó.
Sospechas de los errores
El testigo, que presidió la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak, afirmó que algunos familiares sospecharon que las identificaciones de los cuerpos habían sido erróneas cuando, tras un viaje a Turquía, recogieron placas y objetos de fallecidos que no habían sido entregadas a las familias. También recordó que el mismo día del accidente el psicólogo enviado por el Ministerio de Defensa dijo a su familia que “algo olía mal en todo esto” ya que los responsables del departamento de Trillo “no daban señales de cómo se había producido el accidente”. “Era alguien que en vez de ayudar a las familias creaba más inquietud”, lamentó.
Funerales
Por otra parte, confirmó que un día después de la tragedia, el 27 de mayo de 2003, Defensa les informó de que un día después, "el 28 sería el funeral", tal y como publicaba esta mañana la Cadena SER. Después del funeral, apuntó, algunas familias pidieron que les dejaran ver el cadaver, pero se lo negaron. González Castilla conoció la verdadera identificación de su hermano en febrero de 2004, casi un año después del accidente, y apuntó que su madre aún está en tratamiento psicológico por "los daños psíquicos y mores que las autoridades políticas del Ministerio de Defensa" les han causado.
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Trillo organizó los funerales de Estado por el accidente del Yak un día después de la tragedia
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dimarts, 31 de març del 2009
PP Vice 31/03/2009. Garzón acusa al tesorero del PP de cobrar 1,35 millones en sobornos y al eurodiputado Galeote de cobrar otros 625.000.
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Consulta el auto
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Garzón implica al tesorero del PP por cobrar 1,3 millones en sobornos
El magistrado considera también que el eurodiputado Gerardo Galeote percibió "directa o indirectamente" otros 625.000 euros de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa
JOSÉ YOLDI - Madrid - 31/03/2009
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha implicado al tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el cobro de 1,35 millones de euros en sobornos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Además, acusa al eurodiputado Gerardo Galeote de percibir "directamente o indirectamente" otros 625.000. Así se desprende del auto por el que se remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El pasado 18 de marzo, Bárcenas rompió su silencio y, a través de unos escritos, exigió a Garzón que dejara de investigarle. En sus quejas, el tesorero del PP negaba cualquier "relación ilícita" con Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción que afecta al PP. Correa había relacionado a Bárcenas con el caso Gürtel cuando aseguró haberle entregado hasta 1.000 millones de pesetas supuestamente para financiación irregular del partido, según recogían unas grabaciones del sumario.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que preside Francisco Vieira ha aceptado hoy la competencia en el caso Gürtel que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha salpicado a altos cargos del PP, informa José Antonio Hernández. El TSJM relaciona con las "actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación" a los diputados de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, de los que dice que pueden haber recibido "importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción".
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Bárcenas exige a Garzón que deje de investigarle por la trama corrupta
· El TSJM acepta la competencia del 'caso Gürtel'
· Luis Bárcenas: "Lo de mi sueldo es una barbaridad"
· Correa: "Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas"
· Audio: Escucha sus palabras
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Garzón acusa al tesorero del PP del cobro ilegal de 1,3 millones de euros
El juez remite al TSJ de Madrid los indicios contra Luis Bárcenas y Gerardo Galeote.
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Barcenas se querellará contra Garzón
El tesorero del Partido Popular, acusado por el juez de aceptar sobornos, ya ha dado la orden a sus abogados
EUROPA PRESS - Madrid - 31/03/2009 21:17
El tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha encargado esta noche a sus abogados presentar una querella criminal contra el titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón , ante la Sala II del Tribunal Supremo, informaron a Europa Press en fuentes de la dirección del PP.
El anuncio de Bárcenas se produce poco tiempo después de conocerse el auto de Garzón en el que el juez acusa al tesorero popular de haber recibido un total de 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa, que se encuentra en prisión acusado de ser el máximo responsable de la trama de presunta corrupción, conocida como Gürtel .
No se trata de la primera querella que el PP presenta contra Garzón por el caso Gürtel. El pasado 25 de febrero, la portavoz parlamentaria en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el responsable de Justicia, Federico Trillo, ya registraron una querella (por un delito de prevaricación) contra el juez y que ampliaron posteriormente.
Se espera que la Fiscalía informe mañana de la admisión o no a trámite de esta primera querella.
Le había pedido al juez que no le investigara
Luis Bárcenas ya dirigió el pasado 18 de marzo un escrito al juez Baltasar Garzón recordándole que debía abstenerse de seguir realizando cualquier investigación relativa a su persona en relación con la operación Gürtel, ya que, al ser aforado correspondería en su caso al Tribunal Supremo.
En aquel escrito, Bárcenas argumentaba que se estaría produciendo "un comportamiento gravemente irregular" por parte de quiénes le estarían investigando (del que "sería inequívocamente partícipe el Juzgado de Instrucción número 5 al solicitar informes sobre personas respecto de las que carece de competencia para investigarlas"), permitiendo que "se sigan buscando desesperadamente" elementos de juicio contra él "para poder alimentar el prejuicio ya alcanzado".
También solicitó medidas contra Garzóna la Fiscalía y al CGPJ
El mismo 18 de marzo Bárcenas presentó otros dos escritos dirigidos a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicitando a ambos que adoptaran las medidas que procedan contra Garzón por seguir investigándole pese a no tener competencia.
Al Consejo le pedía que llevara a cabo una "inspección urgente" del Juzgado Central de Instrucción número 5 y procediera a la incoación de expediente disciplinario.
Bárcenas justifica sus posesiones
La pasada semana el senador y tesorero del PP también salió al paso de las informaciones publicadas acerca de que ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en más de tres millones de euros y presentó un escrito al Delegado Especial de la Agencia Tributaria en Madrid en el que solicita a este organismo que compruebe e inspeccione sus declaraciones de IRPF y Patrimonio de los últimos diez años.
El propio Luis Bárcenas defendió públicamente sus posesiones alegando que se trata de "patrimonio preexistente que justifica eso". Además rechazó que se le atribuya un sueldo de 300.000 euros en el PP y dijo que es "una barbaridad que no se cree nadie".
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Martín Vasco, Bosch Tejedor y López Viejo, sospechosos de percibir “importantes cantidades de dinero”
El TSJM se queda el caso Gürtel y apunta a tres diputados autonómicos del PP
ELPLURAL.COM / EFE
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha declarado hoy competente para instruir el caso Gürtel, que hasta ahora llevaba el juez Baltasar Garzón, aunque ha preguntado al fiscal si debería enviarlo al Tribunal Supremo, ya que parte de los investigados son aforados en la Comunidad Valenciana.
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En un auto, el tribunal justifica su competencia en que en las actuaciones "aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción" por parte de tres diputados autonómicos madrileños "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas". Se trata, añade la resolución, de la que ha sido ponente el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, de los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.
Alberto López Viejo
El auto desgrana los indicios de la implicación de cada uno de ellos y, así, dice que "declaraciones de alguno de los imputados apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas". Añade que "en la documentación incautada, representativa de una Contabilidad "B", parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona (López Viejo) por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas".
Benjamín Martín Vasco
Las mismas declaraciones y documentación "son indicativas de la posible realización por Martín Vasco -durante su etapa como consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal S.A., vinculada al Ayuntamiento de Arganda del Rey-, de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento". También hay indicios de la "percepción" por parte de este diputado regional "de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".
Alfonso Bosch
Por último, el TSJM dice que "las mismas diligencias ponen de manifiesto que Bosch Tejedor (...), cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa, favorecidas por la intermediación de aquél".
Cohecho y tráfico de influencias
El tribunal recuerda que la doctrina del Supremo exige que, para que un órgano como el TSJM asuma la investigación de una causa, debe darse "no sólo la concreción de las personas aforadas, sino la presencia inicial de un principio de indicios relevantes que permitan deducir una cierta consistencia de la imputación que habría de realizarse a continuación a tales personas". Así, los magistrados han considerado que los hechos que resultan de esos indicios "reúnen, inicialmente, los caracteres de infracciones penales que podrían corresponder" a los delitos de cohecho o de tráfico de influencias.
Gran vinculación
Además de declararse competente para investigar a estos tres aforados, el TSJM reclama "la inmediata remisión" de todas las actuaciones seguidas por Garzón, ya que considera que entre los hechos susceptibles de ser imputados a los diputados regionales y el resto de las actividades ilícitas que se atribuyen al resto de los imputados "parece existir una gran vinculación".
Entramado societario
"El entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas por métodos similares a los que afectan a estos aforados, en los que estarían implicadas otras autoridades o funcionarios públicos", explica el tribunal. Por ello, la sala concluye que "la investigación conjunta, en un solo procedimiento, de todas esas actividades resulta así esencial".
Dobles aforados
El problema puede surgir si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que Garzón remitió la parte de la causa, también se declara competente para investigar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esa Comunidad Autónoma, Ricardo Costa; ambos aforados. En este sentido, el TSJM recuerda que "es criterio del Tribunal Supremo (...) que cuando en una misma causa aparecen responsables personas aforadas de dos Comunidades Autónomas diferentes, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa", por lo que ha acordado solicitar a la Fiscalía su parecer sobre esta cuestión.
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· Correa: "Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas"
· Audio: Escucha sus palabras
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Garzón acusa al tesorero del PP del cobro ilegal de 1,3 millones de euros
El juez remite al TSJ de Madrid los indicios contra Luis Bárcenas y Gerardo Galeote.
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Barcenas se querellará contra Garzón
El tesorero del Partido Popular, acusado por el juez de aceptar sobornos, ya ha dado la orden a sus abogados
EUROPA PRESS - Madrid - 31/03/2009 21:17
El tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha encargado esta noche a sus abogados presentar una querella criminal contra el titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón , ante la Sala II del Tribunal Supremo, informaron a Europa Press en fuentes de la dirección del PP.
El anuncio de Bárcenas se produce poco tiempo después de conocerse el auto de Garzón en el que el juez acusa al tesorero popular de haber recibido un total de 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa, que se encuentra en prisión acusado de ser el máximo responsable de la trama de presunta corrupción, conocida como Gürtel .
No se trata de la primera querella que el PP presenta contra Garzón por el caso Gürtel. El pasado 25 de febrero, la portavoz parlamentaria en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el responsable de Justicia, Federico Trillo, ya registraron una querella (por un delito de prevaricación) contra el juez y que ampliaron posteriormente.
Se espera que la Fiscalía informe mañana de la admisión o no a trámite de esta primera querella.
Le había pedido al juez que no le investigara
Luis Bárcenas ya dirigió el pasado 18 de marzo un escrito al juez Baltasar Garzón recordándole que debía abstenerse de seguir realizando cualquier investigación relativa a su persona en relación con la operación Gürtel, ya que, al ser aforado correspondería en su caso al Tribunal Supremo.
En aquel escrito, Bárcenas argumentaba que se estaría produciendo "un comportamiento gravemente irregular" por parte de quiénes le estarían investigando (del que "sería inequívocamente partícipe el Juzgado de Instrucción número 5 al solicitar informes sobre personas respecto de las que carece de competencia para investigarlas"), permitiendo que "se sigan buscando desesperadamente" elementos de juicio contra él "para poder alimentar el prejuicio ya alcanzado".
También solicitó medidas contra Garzóna la Fiscalía y al CGPJ
El mismo 18 de marzo Bárcenas presentó otros dos escritos dirigidos a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicitando a ambos que adoptaran las medidas que procedan contra Garzón por seguir investigándole pese a no tener competencia.
Al Consejo le pedía que llevara a cabo una "inspección urgente" del Juzgado Central de Instrucción número 5 y procediera a la incoación de expediente disciplinario.
Bárcenas justifica sus posesiones
La pasada semana el senador y tesorero del PP también salió al paso de las informaciones publicadas acerca de que ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en más de tres millones de euros y presentó un escrito al Delegado Especial de la Agencia Tributaria en Madrid en el que solicita a este organismo que compruebe e inspeccione sus declaraciones de IRPF y Patrimonio de los últimos diez años.
El propio Luis Bárcenas defendió públicamente sus posesiones alegando que se trata de "patrimonio preexistente que justifica eso". Además rechazó que se le atribuya un sueldo de 300.000 euros en el PP y dijo que es "una barbaridad que no se cree nadie".
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Martín Vasco, Bosch Tejedor y López Viejo, sospechosos de percibir “importantes cantidades de dinero”
El TSJM se queda el caso Gürtel y apunta a tres diputados autonómicos del PP
ELPLURAL.COM / EFE
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha declarado hoy competente para instruir el caso Gürtel, que hasta ahora llevaba el juez Baltasar Garzón, aunque ha preguntado al fiscal si debería enviarlo al Tribunal Supremo, ya que parte de los investigados son aforados en la Comunidad Valenciana.
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En un auto, el tribunal justifica su competencia en que en las actuaciones "aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción" por parte de tres diputados autonómicos madrileños "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas". Se trata, añade la resolución, de la que ha sido ponente el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, de los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.
Alberto López Viejo
El auto desgrana los indicios de la implicación de cada uno de ellos y, así, dice que "declaraciones de alguno de los imputados apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas". Añade que "en la documentación incautada, representativa de una Contabilidad "B", parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona (López Viejo) por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas".
Benjamín Martín Vasco
Las mismas declaraciones y documentación "son indicativas de la posible realización por Martín Vasco -durante su etapa como consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal S.A., vinculada al Ayuntamiento de Arganda del Rey-, de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento". También hay indicios de la "percepción" por parte de este diputado regional "de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".
Alfonso Bosch
Por último, el TSJM dice que "las mismas diligencias ponen de manifiesto que Bosch Tejedor (...), cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa, favorecidas por la intermediación de aquél".
Cohecho y tráfico de influencias
El tribunal recuerda que la doctrina del Supremo exige que, para que un órgano como el TSJM asuma la investigación de una causa, debe darse "no sólo la concreción de las personas aforadas, sino la presencia inicial de un principio de indicios relevantes que permitan deducir una cierta consistencia de la imputación que habría de realizarse a continuación a tales personas". Así, los magistrados han considerado que los hechos que resultan de esos indicios "reúnen, inicialmente, los caracteres de infracciones penales que podrían corresponder" a los delitos de cohecho o de tráfico de influencias.
Gran vinculación
Además de declararse competente para investigar a estos tres aforados, el TSJM reclama "la inmediata remisión" de todas las actuaciones seguidas por Garzón, ya que considera que entre los hechos susceptibles de ser imputados a los diputados regionales y el resto de las actividades ilícitas que se atribuyen al resto de los imputados "parece existir una gran vinculación".
Entramado societario
"El entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas por métodos similares a los que afectan a estos aforados, en los que estarían implicadas otras autoridades o funcionarios públicos", explica el tribunal. Por ello, la sala concluye que "la investigación conjunta, en un solo procedimiento, de todas esas actividades resulta así esencial".
Dobles aforados
El problema puede surgir si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que Garzón remitió la parte de la causa, también se declara competente para investigar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esa Comunidad Autónoma, Ricardo Costa; ambos aforados. En este sentido, el TSJM recuerda que "es criterio del Tribunal Supremo (...) que cuando en una misma causa aparecen responsables personas aforadas de dos Comunidades Autónomas diferentes, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa", por lo que ha acordado solicitar a la Fiscalía su parecer sobre esta cuestión.
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