dissabte, 20 d’agost del 2022

Recuperados los restos de 49 víctimas del franquismo en el barranco de Víznar en el que se cree que podría estar García Lorca

 https://www.eldiario.es/andalucia/granada/recuperados-restos-49-victimas-franquismo-barranco-viznar-cree-garcia-lorca_1_9253791.html


Excavaciones en fosas comunes en el barranco de Víznar.

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La nueva fase de excavaciones y exhumaciones que un equipo interdisciplinar liderado por la Universidad de Granada (UGR) ha llevado a cabo sobre el terreno desde abril hasta este pasado miércoles en el barranco de Víznar, en el área metropolitana granadina, ha permitido recuperar los restos de 49 víctimas de la represión franquista, de las que 20 se han identificado como de mujeres.

Víznar-Alfacar: el barranco donde todos eran Lorca

Así lo ha detallado a Europa Press el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada Francisco Carrión Méndez, que dirige estos trabajos que han comenzado ahora la fase de análisis en laboratorio en unas instalaciones de un molino en el mismo municipio de Víznar cedidas por el Ayuntamiento.

De acuerdo con las investigaciones históricas realizadas y documentadas, quedan aún por exhumar fosas de la Guerra Civil y la posguerra en 13 municipios de la provincia de Granada. Entre ellas, se encuentran las fosas del barranco de Víznar que pueden albergar a más de 300 víctimas.

En cuanto a los resultados en Víznar, destaca la aparición de restos de cuerpos de mujeres, por un lado en una fosa de doce, y en otra de seis, a los que se suman dos más en otra de las zonas donde han trabajado los científicos de la UGR, que han apuntado a que se van “confirmando” lo que algunas de las fuentes históricas indicaban, y que sugieren por otro lado que “tendrán que aparecer más”.

Carrión Méndez ha afirmado también que, para finales de noviembre, se prepara una reunión de todos los miembros del equipo para planificar la próxima campaña, con nuevos trabajos de excavaciones y exhumaciones en 2023, previsiblemente en esta misma zona del barranco de Víznar, y en Padul. También se intervendrá en el paraje del Caracolar, en término del municipio vecino de Alfacar, una actuación para la que se ha pedido una ayuda a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Tras la pista de Dióscoro Galindo... y de Lorca

En el marco de este mismo proyecto, y sin fecha de inicio aún, se buscarán, después de tres intentos fallidos, los restos del maestro Dióscoro Galindo, conforme a la petición de su nieta adoptiva, Nieves García Catalán. El que fuera uno de los compañeros de Federico García Lorca, de cuyo asesinato se acaban de cumplir 86 años, añade relevancia a esta búsqueda, si bien para los investigadores, que trabajarán para ello en paralelo en el barranco de Víznar y el Caracolar, todas las víctimas son igual de importantes.

“Es indiscutible que el tema de Lorca está ahí” pero “tenemos censadas al menos a 300 personas”, que se sabe que están “desaparecidas”, y cuyos restos pueden estar en estos parajes, conforme a lo estudiado, según ha detallado Carrión Méndez, por historiadores como Rafael Gil Bracero o la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, que colabora con la UGR en este proyecto.

Se trata, en este sentido, de “exhumar” al máximo número de víctimas, partiendo de la base además de que en este momento “no se puede saber a ciencia cierta” dónde es más probable que estén los restos de Federico. En términos generales, se excavará previsiblemente al menos en entre seis o siete fosas en el Caracolar más las que quedan pendientes en el barranco, algunas aún por detectar.

Objetos personales y restos de vestimentas

En cuanto a los trabajos que se analizan ahora en laboratorio, a principios de julio, cuando ya se habían exhumado los restos de 39 víctimas del franquismo, se habían recuperado también algunos objetos personales y restos de vestimentas. Hay un reloj de bolsillo, botes de medicamentos, así como botones y suelas de zapatos similares de color rojo, por lo que se baraja la hipótesis de que algunos pudieran ser trabajadores de la fábrica de pólvora y explosivos de El Fargue.

Se ha excavado en los tres enclaves que componen el núcleo más importante de fosas del barranco, donde hay unas 200 víctimas documentadas. Los trabajos de campo se han desarrollado en paralelo con el estudio antropológico forense en el laboratorio de Víznar y se han tomado muestras para la identificación de AND y compararlo con las cerca de 70 familias que reivindican la localización de sus seres queridos en este lugar.

Junto a ello, se emplean técnicas de reconstrucción 3D con los restos craneoencefálicos con el objetivo de poder identificar a las víctimas usando como base fotografías aportadas por los familiares. Carrión Méndez mostraba entonces su satisfacción con que finalmente se esté interviniendo en este lugar, uno de los más emblemáticos de la memoria histórica de la provincia de Granada, y aunque “hayamos llegado tarde se empiece a ver la luz” y a honrar a las víctimas.

Con estos trabajos en Víznar, previstos hasta finales de septiembre, se dará por concluido el proyecto de este año, que ha tenido un presupuesto aproximado de 150.000 euros, que ha supuesto una “inversión real” de unos 135.000 euros, incluidos ocho contratos de investigación por seis meses.

Son fondos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que se distribuyen entre las universidades andaluzas para proyectos memorialistas a través de la Junta de Andalucía. En lo relativo al proyecto conveniado con la UGR para este año, el presupuesto ha sido prácticamente el mismo que el desarrollado el año pasado.

El mes de la matanza fundacional del franquismo

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Agosto para la mayoría de los andaluces es sinónimo de calor (todos los días nos lo recuerdan y padecemos) y vacaciones (los que las pueden tener y, todos, aguantamos las de los millones de forasteros que “vienen a disfrutar del Sur”). Pero agosto no es sólo eso. Es también, mal que le pese a algunos, el mes en que se produjo, hace ochenta y seis años, en 1936, una matanza sin precedentes: decenas de miles de andaluces fueron secuestrados y asesinados por los golpistas de julio. Allí donde triunfaron y en las localidades que iban ocupando comenzaba un fuego exterminador que no distinguía sexo, edad o condición. Un genocidio socio-político que dejó yermas estas tierras hasta hoy.

Casi un siglo ha pasado y todavía no se ha encontrado tiempo y lugar para, como sociedad, coger el toro por los cuernos y solucionar tantos temas pendientes de esta realidad, por mucho que se la quiera encerrar en armarios roperos. Muertos los afectados por la represión y sus familiares más directos, el relevo lo han ido cogiendo las siguientes generaciones. Hasta el punto de que, a pesar de los pesares, en estos últimos años el Estado se ha tenido que emplear a fondo para desmontar el memorialismo surgido de la sociedad civil.

Leyes, dineros, cooptaciones, maquinaria partidaria, entre otras actuaciones, han conseguido encauzar por las covachuelas administrativas, legislativas y de las política partidaria. Así, de nuevo, la recuperación de la verdad, justicia y reparación de las víctimas han vuelto a la privacidad, ha salido del debate público. Salvo para convertirse en un arma arrojadiza más de la bronca diaria. Logros de la modélica transición es esta privatización de lo público. Las administraciones pasan a ser propiedad del grupo que las ocupa. Sus intereses se convierten en los de todos. Nada nuevo bajo el sol.

Es la “razón de Estado”. Ya saben, eso que está en el ADN de los Estados para justificar los rotos y descosidos que quieran hacer. Sin límites éticos ni legales. El mal mayor sería evitar su desaparición. El español tiene una larga tradición. Baste recordar casos, bajo régimen democrático, como la ocultación de lo ocurrido en Casas Viejas y los GAL. La cuenta se pierde si nos ceñimos, que es la mayor parte del tiempo, cuando ha sido un régimen autoritario. Empezando por la matanza golpista de 1936 que se convirtió en uno de los elementos fundacionales del franquismo.

Dicen que derechas e izquierdas se hayan inmersas en una guerra cultural. Como si las ideologías fueran algo caídas de Marte. Como si la administración de la cosa pública (la res pública) estuviera por encima de ellas. En lo que respecta a la memoria histórica, a pesar de lo que pudiera parecer, el triunfo de la extrema derecha es por goleada. Más allá de la manita futbolera. Suyos son el relato, mucha de la “verdad” histórica que se creen los españolitos de a pie o la falta de complejos para defender sus posiciones. Enfrente hay una aceptación del “todos fueron culpables”, mucho trabajo, la mayor parte francotirador, poco difundido y vergüenza mal disimulada en defender los postulados más básicos.

El resultado son unas leyes de memoria que ponen más palos en las ruedas de la memoria que bandas de rodadura que aumenten su velocidad; una falta de compromiso administrativo que dan más de arena que de cal y una visión estrecha de los derechos humanos. En definitiva, la pervivencia de los razonamientos golpistas, el ninguneo de las víctimas y la marginalización de quienes, aunque sean por libre, intentan ir más allá.

Así, sin darnos cuenta han pasado ochenta y seis años. Y parece que van a pasar otros tantos. Bueno, algunos menos. En catorce años los restos de los asesinados serán arqueológicos; la verdad de lo ocurrido, si se hace, dormirá en los polvorientos anaqueles de las web universitarias y apenas interesará a quienes puedan hacer caja, veraniega o no y no habrá nadie que puede pedir reparaciones. Ni estarán, ni se le esperarán, ni la verdad, ni la justicia ni la reparación

Como el 1 de abril de 1939, las derechas habrán alcanzado sus últimos objetivos. En este caso culturales. Y después nos extrañamos que ganen elecciones por goleada.

Estiman en 800 las fosas comunes del franquismo en Castilla y León

 

Burgos, 14 ago (EFE).- El arqueólogo que forma parte del equipo de la Universidad de Burgos que ha realizado el ‘Mapa de fosas’ de víctimas de la guerra civil y la postguerra en Castilla y León, encargado por la Junta de Castilla y León, Juan Montero, estima que, aunque su informe refiere 690 fosas, el número final será mayor y rondará las 800.



En declaraciones a la Cadena SER en Burgos, Montero ha recordado que a partir de la elaboración del mapa que se hizo público hace unos días, aunque fue entregado a la Junta de Castilla y León a primeros de este año, siguen trabajando y ya han identificado algunas más.

“Se trata de un trabajo científico en el que se sistematiza toda la información de asociaciones, colectivos y personas a título particular, para confirmar la existencia de la fosa antes de incluirla en el mapa, lo que supone una labor compleja y, en muchas ocasiones, lenta”, ha explicado el arqueólogo.

Como miembro del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, Montero teme el efecto que pueda tener la entrada de Vox en el gobierno autonómico de cara a la continuidad de estos trabajos.

En junio se celebró la última reunión de este órgano, en la que el consejero de Presidencia, que ha asumido esta competencia, Jesús Julio Carnero, se comprometió a seguir manteniendo la línea de ayudas para la exhumación de fosas y la realización de estudios.

Sin embargo, Montero teme que Vox pueda influir en contra desde su visión de que se trata de una cuestión partidista, “algo que solo se explica por su desconocimiento de la Ley de Memoria Histórica y de la historia reciente, porque la mayoría de las fosas del bando sublevado ya fueron exhumadas durante los años 40 y 50 del siglo pasado.

No obstante, el mapa incluye todas las fosas conocidas, de uno y otro bando, desde el final de la guerra civil.

Montero ha recordado que los historiadores estiman que las matanzas de civiles durante y después de la guerra civil provocaron entre 16.000 y 18.000 muertos en Castilla y León, que quedó casi totalmente bajo el mando de los sublevados casi desde el inicio de la contienda, cuando sufrió un elevado número de muertes por supuestas represalias. EFE 1010207

Cuatro generaciones a pie de fosa del franquismo: “Esto ya va a acabar y van a ir juntines, ya toca”

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Amparo Arias, hija de José Arias, asesinado y desaparecido en la fosa de La Garba en 1938, junto con hijas, nietos, bisnietas, integrantes de la ARMH y vecinos de la zona.

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En torno a la apertura de una fosa surgen siempre grandes conversaciones. Se extraen huesos, objetos, pruebas de los crímenes, pero también relatos y palabras que llevaban décadas silenciados, pospuestos. Ha ocurrido estos días en La Garba (Grau, Asturias), donde el equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha localizado y exhumado restos de al menos seis personas asesinadas y desaparecidas en 1938 y 1939 por la represión franquista.

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Alrededor de la zanja abierta han surgido diálogos pendientes, intercambio de información y de afectos, como los que las personas voluntarias de la ARMH han mostrado hacia las hermanas Amparo y María Ángeles Arias, de 86 y 91 años respectivamente, hijas de José Arias, asesinado y desaparecido en esta fosa en 1938.

Ellos me fueron transmitiendo pinceladas desde pequeñina. Y de ese modo es como si yo misma lo hubiera conocido 

Sandra, bisnieta

“Ojalá nuestros hermanos mayores estuvieran vivos para poder presenciar esto. A mi madre le tocó una vida muy dura”, musitaba este jueves Amparo mientras observaba cómo dos arqueólogos de la ARMH cepillaban los huesos que asomaban en la fosa del prado Canto La Piedra.

“Esto ya va a acabar, ya van a estar juntines tu padre y tu madre, ya tocaba”, le contestaba una vecina de Grau. “Si identifican a mi padre queremos enterrarlo con mi madre”, explicaba Amparo.

Hasta cuatro generaciones se han congregado en La Garba estos días. Sandra, una joven bisnieta de José Arias, recuerda cómo en su infancia escuchaba a su abuela y a sus tíos abuelos “contar la historia”: “Mi abuela y sus hermanos siempre tuvieron la pena por lo ocurrido. Ellos me fueron transmitiendo las pinceladas de la historia desde pequeñina. Y de ese modo puedes recordarlo, como si yo misma lo hubiera conocido”, explica con ojos expresivos.

“Cuando mi abuela ha sabido que al fin estaban abriendo la fosa, ha sentido alivio, como que ha descansado”, añade.

Tres niños huérfanos escondidos en un pajar

Por aquí han pasado también los hermanos Josefa y Gustavo Díez Rodríguez, nietos del matrimonio formado por María Concepción García y Enrique Rodríguez Siñeriz, arrestados y asesinados juntos en 1938 y arrojados a la fosa. Tenían tres hijos, la mayor de once años. Los niños se quedaron varios días solos en casa, aguardando su regreso.

“Entró gente a robar varias veces a la casa y se escondieron en el pajar, muertos de miedo”, relata Josefa. “Allí estuvieron hasta que vino un familiar del pueblo que se hizo cargo de ellos y después se fueron con una hermana de mi abuela que ya tenía cuatro o cinco hijos”.

“Mi madre quedó marcada. En sus últimos años de vida tuvo Alzheimer y la pobre a mí me llamaba mamá. A su hija la llamaba mamá, buscaba a su madre, muerta cuando ella tenía 11 años. Qué cosas”, añade Josefa. “Al tener tres hijos pequeños podían haber dejado a mi abuela viva, pero no”.

Su hermano Gustavo prosigue: “Esas cosas parece que están tapadas en la memoria pero cuando esta empieza a deshacerse…”. “Ellos tenían unos amigos que se habían marchado a Francia exiliados, y le decían a ella que marcharan con ellos. Mi abuela decía que no, que para qué iban a ir, que no habían hecho nada malo”.

Esta bala se llevó por delante a una persona. De algún modo, se llevó por delante a una familia entera. Y, a gran escala, a un pueblo entero. 

Jóvenes a pie de fosa

Entre la gente que ha visitado esta fosa ha habido varios jóvenes sin vínculos familiares con las víctimas pero con ganas de conocer la historia de su comarca y de ayudar en las tareas de búsqueda. Es el caso de Candela Fernández, una adolescente de quince años que llegó el martes ofreciéndose a colaborar:

“Me interesa mucho la memoria y quiero participar para que nuestro futuro sea mejor”, explica. “Ha venido dos días seguidos, se ofreció a echar una mano y ha estado aquí como una más cribando tierra”, cuentan integrantes de la ARMH.

“La gente joven tiene que conocer de dónde viene para saber a dónde van”, reflexiona Marina Solís, madre de Candela.

En el equipo de voluntarios de la ARMH hay varios jóvenes que ya han participado en otras exhumaciones. Uno de ellos es José Manuel Doutón, de 22 años, licenciado en Historia y encargado estos días de cribar la tierra, de atender a las familias de las víctimas y de ofrecer información a periodistas y curiosos. “Me interesa mucho este aprendizaje, estar en un movimiento social para crear un mundo mejor y ayudar”, cuenta.

Julia Silva, de 24 años, trabajadora social, también ha participado en varias exhumaciones: “El sistema que rodea a cualquier persona es la familia. Incluso cuando parece que no, la familia siempre está presente. Una de estas balas que hemos encontrado aquí se llevó por delante a una persona. Pero no solo a ella. De algún modo, se llevó por delante a una familia entera. Y, a gran escala, a un pueblo entero, porque esto afecta a toda una comunidad”, explica.

La solidaridad de la búsqueda

“No puedo evitar pensar que esta bota fue usada, tuvo vida, se aprecian las pisadas en el talón”, musita Malena García, voluntaria de la ARMH mientras retira la tierra que rodea a una bota que asoma en la fosa.

Un par de metros más allá, en la misma zanja serpenteante, el arqueólogo Serxio Castro cepilla pacientemente un cráneo aún incrustado en el suelo y el voluntario David Ramírez, experto en objetos, escruta unas gafas halladas el día anterior. A su lado, la arqueóloga Nuria Maqueda y el vicepresidente de la ARMH, Marco González, cavan y supervisan. Llevan más de una década participando en exhumaciones. Óscar Rodríguez, el fotógrafo de la asociación, documenta cada hallazgo.

A mi bisabuela la raparon y violaron dos días después de haber dado a luz. Tuvieron que subirla a un carro porque no se tenía en pie. 

También colaboran varios voluntarios de Asturias, como David Fernández o la historiadora Marina García, librera en Gijón. Algunos de ellos tienen familiares asesinados o desaparecidos por el franquismo. Es el caso de Marina:

“Mi bisabuela sale en un libro en asturiano sobre la represión en la zona occidental de Asturias. Ella lo contaba poco, pero supimos que la sacaron de casa, la raparon y la violaron. Había dado a luz dos días antes. Tuvieron que subirla en un carro porque no podía ponerse de pie”, cuenta mientras escarba la tierra.

Malena García se ha encargado estos días de tomar datos y muestras de ADN a las familias de los desaparecidos en esta fosa. Cerca de aquí se encuentra la fosa del Rellán, donde hace unos meses la ARMH exhumó restos de varias víctimas. La próxima primavera, cuando se ablande la tierra, retomarán las tareas. Mientras tanto, la identificación del ADN sigue su curso, a la espera de las pruebas del laboratorio. El proceso es lento.

“Si el Estado se encargara de tener equipos propios que impulsaran las identificaciones todo podría ir más rápido”, murmura un voluntario cuando llega hasta esta exhumación de La Garba Sabino Fernández, de 90 años de edad, hijo de un asesinado en la fosa del Rellán. Viene acompañado por su hijo: “Buenas tardes, amigos. ¿No sabréis cuánto queda para que tengamos el resultado de las pruebas?”, pregunta. El tiempo depende del laboratorio privado al que se han enviado las muestras de ADN.

El equipo de la ARMH se moviliza y corre hacia Sabino para tranquilizarle. Surgen muestras de cariño, palabras de aliento, miradas atentas. “Ochenta y cuatro son ya. Ochenta y cuatro años esperando”, murmura el hombre. “Gracias por todo, amigos. Gran trabajo hacéis”, dice su hijo. Cuando se alejan en su coche, se hace el silencio y a una voluntaria se le humedecen los ojos. En la solidaridad de la búsqueda no solo se resienten las rodillas y las lumbares.

Córdoba: 770.000 folios de terror político

 https://www.lamarea.com/2022/08/12/cordoba-770-000-folios-de-terror-politico/



El catedrático Antonio Barragán revisa 11.000 expedientes militares de la represión franquista en la provincia andaluza y completa una investigación exhaustiva que le ha llevado más de doce años de trabajo incansable

El investigador y catedrático Antonio Barragán. A. MORENO

Más de 20.000 personas fueron víctimas de la represión franquista en Córdoba. El dato, por sí solo, provoca escalofríos. Lo acaba de certificar el catedrático Antonio Barragán en una colosal investigación que le ha costado más de doce años de abnegado trabajo. En todo ese tiempo, ha revisado uno por uno 10.980 expedientes militares diseminados por tres archivos castrenses de Córdoba, Sevilla y Guadalajara. Por sus manos han pasado 770.000 folios de literatura de terror político. Y el resultado es un voluminoso libro de casi 950 páginas bajo el título Enterado. Justicia militar de guerra en Córdoba 1936-1945.

No hay en Andalucía un análisis tan completo y detallado de los consejos de guerra activados por los golpistas a partir de febrero de 1937. Hasta entonces, los militares sublevados aplicaban de forma mecánica el bando de guerra. Detención, arresto y, en su caso, fusilamiento. Sin procedimiento judicial ni acusación formal de naturaleza alguna. Hasta 2.500 personas fueron ajusticiadas sin juicio en Córdoba. Pero a partir del séptimo mes del golpe franquista se puso en marcha una maquinaria de justicia militar expeditiva y sin garantías jurídicas. Las conclusiones de Barragán son estremecedoras. Entre los casi 11.000 expedientes revisados, 1.980 tuvieron como consecuencia la pena capital. Son los acusados de delitos extremadamente graves. ¿Qué delitos? Por ejemplo, haber sido alcalde. O concejal. O diputado. O sindicalista. Es decir: haber tenido algún cargo político en la República.

“Aunque no hayan intervenido personalmente, se les responsabiliza de los actos violentos sucedidos en su pueblo o ciudad”, explica el catedrático, ya jubilado, de la Universidad de Córdoba. Para formular la acusación no es necesario aportar pruebas solventes. Solo basta con la declaración oral de testigos o los atestados de la Guardia Civil. Además, se trata de procedimientos sumarísimos de urgencia. Se acortan los plazos y apenas hay tiempo para articular una defensa en condiciones. Muchas veces las sentencias se producían el mismo día de la vista.

Los expedientes están plagados de latiguillos vagos o imprecisos. “Se dice que”, “se ha comentado que”, “viendo sus antecedentes no es extraño que” encabezan imputaciones que comportan hasta la pena de muerte. “Es un proceso muy poco garantista”, asegura Barragán. De hecho, el código procesal que se les aplica es el de 1890. La reforma impulsada por la República para ampliar sus garantías legales fue eliminada por Franco precisamente para tener mano libre en la formidable marea represiva que se avecinaba. Los tribunales estaban compuestos por cinco miembros y presididos por un coronel o teniente coronel. Los vocales solían ser capitanes y el fiscal formaba parte del cuerpo jurídico militar. La defensa del reo la ejercía un oficial aunque de graduación más baja que los anteriores. “Hay que reconocer que el defensor intentaba hacer todo lo posible por aminorar el peso de la condena”, aduce el historiador.

Casi 800 penas fueron conmutadas por condenas de rango inferior. Tras la condena a muerte, se imponían castigos de treinta años de prisión, aunque también de veinte, de doce y de seis. Un grupo notable de procesados fueron los soldados rendidos tras la Guerra Civil, cuyos expedientes fueron sobreseídos. No quiere decir, sin embargo, que fueran automáticamente puestos en libertad. Muchos de ellos fueron derivados a los batallones de trabajos forzados, que llevaba aparejada una condena mínima de nueve meses. Para la conmutación de la pena, era imprescindible contar con el aval de una persona de reconocido prestigio entre las nuevas autoridades.

Por ser mujeres

El caso de las mujeres represaliadas es particularmente revelador. Y anuncia las nuevas coordenadas en que se va a sustentar el nuevo régimen de carácter ultraconservador. A las condenas en distinto grado de rebelión, se les suman imputaciones de tipo moral. A las mujeres republicanas se las reprende judicialmente por su “dudosa moralidad”, porque viven amancebadas, porque no cumplen con sus obligaciones religiosas de llevar a sus hijos a la iglesia, o porque, en términos generales, llevan una “vida licenciosa”.

Antonio Barragán ha examinado más de 750 expedientes militares de mujeres. El nuevo orden moral impone un rol femenino tradicional que las vuelve a enclaustrar en los estrictos márgenes de la vida doméstica. “Se les imputa no solo por consideraciones políticas, sino por el propio hecho de ser mujeres”, argumenta el catedrático de la UCO, “sobre todo cuando entran en contraste con el tipo femenino que homologa la dictadura”. En el nuevo marco mental, las mujeres están condenadas a la “atención al marido y los hijos, a la custodia de la vida hogareña y a la defensa de los valores familiares”. En muchos casos, las mujeres eran condenadas por el mero delito de ser esposa, hija o familiar de dirigentes republicanos.

Antes de febrero de 1937 no se constituyen tribunales militares, excepto para los uniformados leales al orden constitucional. La primera ejecución militar que se produce en Córdoba fue para el capitán de guardia de asalto Manuel Tarazona Anaya. Fue detenido el mismo 18 de julio porque se resistió a sumarse al golpe de Estado. Se le instruyó un consejo de guerra y el 8 de agosto, apenas veinte días después, fue ejecutado en el cuartel del Marrubial. Tarazona Anaya era de talante conservador, pero los sublevados querían enviar una señal clara sobre la determinación imparable de su alzamiento. En Córdoba capital no se produjeron combates. El golpe del 18 de julio triunfó desde el primer momento y no hubo resistencia alguna. Incluso así, la represión civil fue implacable.

“Es una paradoja que yo llame a mi libro justicia militar de guerra”, alega Barragán. “Es decir, que llame justicia a algo que no lo fue. Se acusa de rebelión a los defensores de la legalidad constitucional. Lo hicieron sin tapujos. Y yo intento explicar en el libro cómo se hizo ese proceso de inversión”. El historiador cordobés ha examinado todos los consejos militares hasta octubre de 1945. Esa es la fecha en que Franco decretó el indulto para todos los represaliados por delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939.

El decreto no afecta, sin embargo, a los detenidos en zona republicana. A partir de 1941, los condenados a penas menores de seis años de prisión son puestos en libertad. Los consejos de guerra se prolongan en la década de los cuarenta. En 1949, por ejemplo, un expediente militar procesa a 32 cordobeses por intentar recomponer al PCE.

Cárceles y campos

El centro principal de detención de Córdoba durante la Guerra Civil fue el Alcázar de los Reyes Cristianos, uno de los monumentos históricos más señeros de la ciudad, y sede de la Inquisición a partir del siglo XVI. La cárcel de Fátima, la única de Córdoba hasta el siglo XXI, no se terminaría de construir hasta 1941. En la provincia, se erigieron campos de prisioneros en Valsequillo, La Granjuela, Peñarroya, Montilla, Aguilar y otros tantos para dar cabida al ingente número de detenidos, que en Córdoba alcanzó la pavorosa cifra de 25.000 al término de la guerra. El hacinamiento en los centros de reclusión fue tremendo, lo que provocó una elevada mortandad en los primeros años de posguerra.

“Lo más conmovedor de mi trabajo ha sido constatar que detrás de cada expediente hay una vida”, lamenta Barragán. “No son números. Son personas, para quienes la guerra fue un cataclismo”. En su opinión, el análisis pormenorizado de la justicia militar revela la sistemática falta de respeto a los derechos humanos. “Se consideraba delito el ejercicio de derechos protegidos por la Constitución. A un ciudadano del siglo XXI todo esto hoy le resultaría increíble”. El profesor de la Universidad de Córdoba admite igualmente la existencia de una dura represión en zona republicana.

Pero realiza distingos: “Fue una represión profundamente asimétrica. La de Franco fue planificada y tiene continuidad en el tiempo. En zona republicana es producto de la descomposición de la administración, que se hundió desde el primer día. En cuanto se recompusieron las instituciones republicanas, la represión fue desapareciendo”.

Solamente en Cádiz y Almería se ha abordado el estudio de los consejos de guerra en Andalucía, y no de manera tan exhaustiva como lo ha hecho el profesor Barragán. No es el primer trabajo que el historiador cordobés acomete en relación con la República y la Guerra Civil. Toda su trayectoria investigadora la ha desarrollado en los márgenes del estudio de aquellos años decisivos de la historia de España y sus consecuencias en Córdoba. De hecho, fue el primero y el único docente durante décadas que radiografió este espinoso tema en la Universidad cordobesa.