La aprobación de la Ley de Memoria Democrática pone en evidencia que 47 años después de la muerte del dictador aún se mantienen presentes las huellas del régimen
Muerto Francisco Franco, su presencia continúa presente. España está sembrada, 45 años después del final de la dictadura, de fosas comunes. Miles de muertos no identificados. Las calles de muchas ciudades, las ciudades mismas, son en ocasiones un documento continuo de la dictadura. Subsisten monumentos a Francisco Franco, nombres de calles que evocan al régimen franquista, placas a la vista de cualquiera que muestran la simbología del régimen, que homenajean a los caídos del llamado bando nacional (franquista).
El jueves 15 de julio el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Democrática. Una norma que ha provocado malestar en la derecha y en la izquierda; que los primeros consideran un elemento de conflicto, una forma de reabrir heridas del pasado, y los segundos un paso insuficiente para restaurar la memoria de los represaliados.
El 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil en España. En 1931 se había instaurado la II República, se había promulgado una nueva Constitución y se habían empezado a modificar los cimientos del Estado. El levantamiento militar, liderado no sólo por Franco, sino por otros muchos generales, fracasó. Lo que se preveía como una más de las muchas asonadas a las que España estaba acostumbrada desde el siglo XIX, desembocó en una Guerra Civil. Parte del Ejército se mantuvo leal a la República y el país se dividió en dos zonas. La guerra terminó oficialmente el 1 de abril de 1939.
Empezó entonces la dictadura, con Francisco Franco como caudillo. Franco expiró en la cama el 20 de noviembre de 1975. A partir de ahí se inició un proceso de Transición que tuvo varios momentos clave. Entre ellos, la celebración de las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977), la aprobación de la Ley de Amnistía (15 de octubre de 1977) y la aprobación de la Constitución (6 de diciembre de 1978).
La Ley de Amnistía fue el acto con el que se enterró la Guerra Civil, con el que se concedió el perdón colectivo. Durante años se ha reclamado desde un sector importante de la sociedad española una modificación de aquélla norma que permitiera, entre otras cuestiones, juzgar a los responsables de los crímenes del franquismo.
La nueva Ley de Memoria Democrática “ratificada por una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados mantiene intacta la impunidad del franquismo porque además de no juzgar a los verdugos no los menciona y no pretende investigar quiénes eran. Tampoco se va fomentar en las escuelas la Historia de quiénes fueron los golpistas de 1936″, explica a Infobae Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y nieto del primer desaparecido del franquismo identificado por una prueba de ADN.
La ARMH mantiene que la nueva norma no ha “desprecintado la impunidad del franquismo y mantiene vigente el articulado de la Ley de Amnistía de 1977 que considera que el asesinato y la desaparición de al menos 114.226 civiles a manos de pistoleros de Falange y golpistas de 1936 no merece tratamiento criminal y por lo tanto no debe ser investigado, ni juzgado, ni condenado”.
Silva es claro: “La Ley habla permanentemente de víctimas, pero no emplea ni una sola vez la palabra verdugo. Tampoco nombra a la Iglesia Católica” que, dice, fue en muchos casos cómplice del régimen.
Las cifras oficiales
Las cifras oficiales (Ministerio de Justicia) registran 2.567 fosas comunes en España. Se contabilizan ya 58.000 víctimas. Se calcula que puede haber más de 114.000 desaparecidos.
Andalucía (sur del país) es un cementerio de fusilados (546 fosas, 6.667 muertos); Aragón (en el flanco noreste del país) cuenta 598 fosas y 12.988 muertos.
Todas y cada una de las 17 comunidades autónomas del país marcan en su geografía puntos donde fueron abandonados los cadáveres de las víctimas del franquismo. No sólo los que cayeron durante la guerra, sino los que fueron ejecutados durante la dictadura.
En Madrid hay, según el Ministerio de Justicia, 54 fosas comunes. Se han contabilizado 12.116 muertos. Muchas de las fosas aún no se han abierto o, como se dice con la nomenclatura oficial, no se han “dignificado”. En Cataluña hay 153 fosas y 8.012 muertos. En Asturias, 381 fosas y 5.416 muertos. Hay un mapa oficial para buscarlas y averiguar en qué estado se encuentra
Pero aquí no aparecen muchos de los muertos encontrados por la ARMH, que tiene documentación que nunca dará al Estado, hasta que haya una política y un organismo que realmente quiera investigar y esclarecer y juzgar.
Muchas referencias se han perdido, porque la mayoría de testigos de aquéllos momentos han muerto.
Si hacemos caso a estas cifras, a finales de 2021 se habían exhumado totalmente 326 fosas; sobre 899 no se ha intervenido; 496 han sido trasladadas al Valle de los Caídos y del resto, más de 2.200, no se especifica absolutamente nada. Así, solamente el 8,4 % de las fosas registradas por el Estado han sido exhumadas totalmente.
Los datos oficiales difieren de los recogidos en el informe Las exhumaciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista 2011-2019. Aquí se cuenta que ya se han exhumado 785 fosas comunes. El número de víctimas totales sería mucho mayor al que se tiene contabilizado.
Las exhumaciones comenzaron en el año 2000. Entonces se abrieron dos fosas. En 2009, 88. Fue el año que más exhumaciones se produjeron. A la sombra de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La Ley de Memoria Democrática se asienta sobre esta.
Pero estas son cifras oficiales, a las que la ARMH no da más relevancia que las del simple dato. “Nunca vamos a saber la cifra”, dice Silva. Y explica: “En los años 50, cuando se trasladaron al Valle de los Caídos los restos de 33.000 víctimas del franquismo todos los gobiernos provinciales ordenaron a los ayuntamientos que informaran de los cementerios, fosas y muertos. Ese informe no se quiere enseñar. O no existe ya. En la Transición se quemaron miles de documentos”, apunta Silva.
Cada tanto se añade en ese mapa ‘oficial’ una fosa nueva, un muerto más. Pero nada que se pueda cotejar aún con la realidad. No hay, por ejemplo, un mapa de fosas en Castilla y León, una de las comunidades más grandes de España, recuerda el presidente de la ARMH. Tampoco en Murcia. “Nunca vamos a saber ni cuántas fosas hay ni cuántos muertos hubo”, apunta.
En su Artículo 16, la Ley de Memoria Democrática dicta que las familias y las asociaciones que investiguen los crímenes del franquismo recibirán apoyo de las administraciones públicas. Esto, según el Gobierno, significa que el Estado se va a involucrar en buscar a los 114.000 desaparecidos. Pero la ARMH matiza: eso significa que se sigue delegando la búsqueda de los desaparecidos en las familias y en las organizaciones que se han comprometido a ayudarlas. “Es inaceptable que el Estado mande policía y forenses para investigar las fosas en Ucrania y no haga nada parecido con los desaparecidos de aquí”, señala Silva.
Carlos Hernández, periodista y autor de una reconocida historia sobre los campos de concentración del franquismo (Los campos de concentración de Franco: Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas, Penguin Random House), explica cómo a su juicio la Ley de Amnistía fue un manto que se lanzó sobre el franquismo, un paco de silencio. “Eso que pudo ser comprensible al comienzo de la Transición, cuando lo importante era consolidar la democracia, ya no se puede entender a partir de 1986, cuando España ya está en la OTAN, en la Unión Europea, cuando Felipe González (PSOE) tiene mayoría…”
Recuerda Hernández cómo en Argentina, tras la dictadura, se aprobaron las leyes de Punto Final que luego se derogaron y permitieron juzgar a los responsables de las detenciones, desapariciones y crímenes del régimen militar.
La presencia visible del franquismo
En Madrid, al lado del Palacio de La Moncloa, residencia oficial de los presidentes de gobierno, se levanta el Arco del Triunfo. Enclavado en la Ciudad Universitaria, uno de los terrenos con los enfrentamientos más duros de la Guerra Civil en la batalla de Madrid, simboliza el triunfo de Franco.
Es uno ejemplo de los más de 5.596 vestigios del franquismo que según la Fundación Jesús Pereda, del sindicato Comisiones Obreras, hay en España. Otro es el Valle de los Caídos, que la nueva ley cambiará de nombre y donde estuvo enterrado Franco hasta 2019. Siempre lugar de peregrinación de nostálgicos de la dictadura, se plantea ahora qué utilidad darle. Quizá un centro de la memoria oficial de la guerra y la dictadura. De estos símbolos catalogados en el sitio deberiadesaparecer se indica que 4.614 se encuentran en espacios privados y 982 en espacios públicos.
Hay aún 611 calles en España que recuerdan a personajes del franquismo o eventos vinculados con el golpe de estado de 1936. Golpe de Estado será, además, como se llamará oficialmente, por la nueva Ley, a lo que hasta ahora eufemísticamente se ha denominado en algunos ámbitos levantamientos o sublevación. Hay 290 placas en las que se recuerda a los caídos del bando nacional, placas donde es habitual leer un encabezamiento -”Caídos por Dios y por España”-, seguido de los nombres y con una última línea: ¡Presentes!
Para Silva, la pervivencia de símbolos franquistas -placas, monumentos, nomenclaturas de calles…- son “un termómetro del franquismo que vive” aún en España. Cuenta como anécdota que a comienzos de año la Universidad Complutense celebró un acto de homenaje a los rectores represalias durante el franquismo. “Pero en la misma Ciudad Universitaria, de la Complutense, hay un busto del ministro franquista José Ibáñez Martín que fue el responsable de esas represalias. Esta es la cultura política que ha creado la Transición española, la terrible convivencia que se produce”.
