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"Si no tienen pruebas tienen que rectificar; en política no vale todo"
La vicepresidenta del Gobierno tacha de "irresponsables" las acusaciones de Cospedal sobre las presuntas escuchas a miembros del PP
Cospedal incendia la policía y la justicia
El PSOE acusa al PP de estar "corroído por la corrupción"
El PP cree que Cospedal, Trillo y Camps son espiados
EDITORIAL: 'Despropósitos en cadena'
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Pons asegura que el PP presentará las pruebas
Comentarios: 121
Afirma que el Gobierno pretende "aniquilar" a la oposición y que están dispuestos a denunciar la situación en el Parlamento Europeo.
Los jueces plantan cara al PP
Comentarios: 143 YOLANDA GONZÁLEZ
Defienden su independencia y exigen al PP que presente datos sobre el espionaje
Para cualquier duda, llamen al 917208727
De la Vega: "En política no vale todo"
Ana Botella: "Yo no lo dudo"
El PP cierra filas pero no aporta ninguna prueba
Comentarios: 5 YOLANDA GONZÁLEZ
Los jueces retan a la oposición a acudir a los tribunales si pueden apoyar sus acusaciones.
Para cualquier duda, llamen al 917208727, por Jesús Maraña
El espionaje a Trillo, base de la denuncia
Zapatero: "Sentido de la responsabilidad"
Jueces, policías y políticos, contra el PP
El PP cree que Trillo, Camps y Cospedal fueron espiados ilegalmente
Los populares sospechan que los tres dirigentes tuvieron el teléfono "pinchado" sin todas las garantías legales
· La número dos del PP imputa delitos al Gobierno
· Ofensiva total del PSOE por el boicoteo del PP a Pajín
Zapatero exige "responsabilidad" al PP tras las acusaciones de espionaje de Cospedal
El presidente asegura que se "prefiere quedar ahi" en su respuesta.- Blanco pide a la número dos de los populares que deje la política o pruebe lo que dice
Libertad con cargos para el ex director de Deportes balear
MANU MENÉNDEZ
Antoni Palerm ha declarado durante la pasada noche y esta mañana.- Está acusado de negociaciones prohibidas en el caso de corrupción del velódromo de Palma
El Partido Popular sigue sin ofrecer pruebas que demuestren las "escuchas ilegales"
El PP insiste: De Cospedal y Trillo tienen los teléfonos "pinchados"
Asegura que no ha llamado a Rajoy porque "respeta su descanso"
Zapatero exige "responsabilidad" al PP tras las acusaciones de espionaje
El PP balear se apunta al victimismo y reclama "derecho a ser iguales que los demás"
Los auditores detectaron un agujero de 16 millones en el velódromo de Matas
El PP defiende que la denuncia por escuchas ilegales es la que presentó Trillo
Un hombre, un destino, y una nota de prensa…
Lamentan el "triste espectáculo" que está dando la Fiscalía
Los jóvenes del PP también defienden al detenido en Palma por un presunto delito de corrupción
El PP responde que "a palabras necias, oídos sordos"
Tomás Gómez dice que el único espionaje conocido en España es el del Gobierno de Madrid
“Si no es cierto, deberá asumir las consecuencias”, advierte ABC
La prensa conservadora sigue el juego al victimismo del PP pero reconocen que necesitan “pruebas”
El PP cree que Camps y Cospedal tienen el teléfono 'pinchado'
Sospechan que Trillo y la secretaria general han podido ser escuchados por la Policía desde que se destapara el caso Gürtel
El PP denuncia escuchas ilegales a sus dirigentes vinculadas al "caso Camps"
Dimisión de De la Vega en las Corts por "injerencia"
Carpetazo al caso Gürtel
De Rosa invita al PP a acudir a la Justicia
El vicepresidente del CGPJ remarca que las escuchas son ordenadas por jueces y quien lo ponga en duda que acuda a la justicia
«Como juez no puedes intervenir en un caso de un amigo, ni para perjudicarle»
El presidente tercia en la polémica
Zapatero urge al PP a corregir el bloqueo a Leire Pajín
El presidente considera "inasumible" la actitud de bloqueo a la designación de la secretaria de Organización del PSOE, como senadora autonómica por la Comunitat Valenciana
Costa considera "atractiva" la idea de examinar a Pajín
La "Senyera" como traje de campaña para todas las batallas
El PP rebaja el "test" de valencianía a Pajín tras criticarlo Basagoiti
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Marí insta a los socialistas a cambiar a su portavoz en el debate sobre la Comunitat por su actitud en el caso Gürtel. Camarasa: "Si hay alguien que no debería estar, es el presidente, que mintió"
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dissabte, 8 d’agost del 2009
dijous, 6 d’agost del 2009
PP Vice 06/08/2009. Gobierno y jueces piden al PP que dé pruebas del espionaje o rectifique.
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Gobierno y jueces piden al PP que dé pruebas del espionaje o rectifique
Cospedal denuncia un "Estado policial" con escuchas ilegales a altos cargos "que no tienen que ver con ningún sumario".- De la Vega acusa al PP de "lanzar sombras de sospecha" sobre el Estado de Derecho
· El contable de Correa preparó sobres de dinero para el PP
· Audio: Escuche las acusaciones de Cospedal
Imputado por corrupción un ex alto cargo del PP en Mallorca
Se trata del ex director general de Deportes de la isla Antoni Palerm.- No se descartan más arrestos
Cospedal denuncia que el Gobierno recurre a la Policía para espiar al PP
La secretaria General critica el "Estado policial" franquista impuesto por el Ejecutivo.
De la Vega insta a Cospedal a que acuda a los tribunales o a se retracte
De la Vega reta a Cospedal a que vaya a los tribunales o se retracte
La secretaria general del PP ha denunciado "escuchas telefónicas ilegales" a dirigentes que no están en los sumarios. -Para De la Vega, el PP viene protagonizando una "escalada verbal" que manifiesta cierto nerviosismo
"Vamos a seguir denunciando que se estén produciendo escuchas de manera ilegal"
Un abogado denuncia a De la Rúa ante el CGPJ por la "amistad" con Camps
Mazón, quien ha denunciado a Aznar, a Garzón y al PSOE, acusa al juez valenciano por no abstenerse
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Soborne a los jefes
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dimecres, 5 d’agost del 2009
PP Vice 05/08/2009. Un advocat denuncia el jutge mésqueamic de Camps per no haver-se abstingut.
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Jurisprudencia a la medida de los trajes d e los trajes de Francisco Camps
El TSJV no ve conexión entre el regalo de trajes a Camps y su condición de máxima autoridad política
FERNANDO VARELA - Madrid - 04/08/2009 22:45
El auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que el lunes decidió, por dos votos a favor y uno en contra, que Francisco Camps y los demás imputados en la rama valenciana del caso Gürtel no habían cometido un delito de cohecho impropio fundamenta parcialmente su decisión en varios autos y sentencias dictados por el Tribunal Supremo entre los años 1993 y 2009.
De todos ellos, el caso más llamativo (por su semejanza con el caso Camps) es el que la Sala de lo Penal del Supremo sentenció el 13 de junio de 2008 en relación con dos guardias civiles condenados precisamente por haber cometido el mismo delito de cohecho impropio tipificado en el artículo 426 del Código Penal del que había sido acusado el presidente de la Generalitat Valenciana.
Los guardias, según los hechos probados, durante varios meses bebieron gratis y utilizaron, sin pagar dinero alguno, los servicios sexuales de varias mujeres que trabajan en el Club Flamingos, en la localidad conquense de El Provencio. Fue el encargado del local, "en atención a su condición de Guardias Civiles", el que dio instrucciones a los empleados para que no se les cobrase.
En atención a su función
La sala del TSJ valenciano cita esta sentencia para hacer ver la necesidad de establecer una relación causal entre el regalo y la condición del funcionario que acepta recibirlo. En el caso de los agentes, éstos visitaban Flamingos en cumplimiento de sus funciones, pero sobre todo fuera de servicio, a pesar de lo cual el Supremo no tuvo ninguna duda de que la dádiva del encargado (bebidas y servicios sexuales gratuitos) les era entregada en atención a su función. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en cambio, no tuvo ninguna duda de todo lo contrario.
Los guardias, igual que Camps, razonaron en vano que ellos habían pagado las consumiciones y trataron de desacreditar, sin éxito, los testimonios de las mujeres que trabajaban en el local de alterne. La diferencia es que, si aquí el Supremo no dudó en hallar "una conexión causal entre la entrega de la dádiva y el oficio público del funcionario", el TSJ valenciano no ve esa misma conexión entre el regalo de trajes a Camps y su condición de máxima autoridad política y administrativa de la Comunidad Valenciana.
Paradójicamente, la sentencia citada por el auto valenciano recuerda algunos principios que bien pudieran ser utilizados contra el president. Entre otros, el mismo que el juez Flors usó para imputarle: no hay ninguna causa que explique el regalo de los trajes más allá de su condición personal y su función pública.
"Lacra de corrupción que afecta a la administración"
Uno de los criterios utilizados por el Supremo es el que que este mismo tribunal fijó en 1998: "Una moderna corriente doctrinal pone el acento en la necesidad de perseguir todas las actividades que revelen la corrupción de los funcionarios públicos y pone en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado.
En esta línea tanto el cohecho activo como el cohecho pasivo, el propio como el impropio, son manifestaciones de esta lacra de la corrupción que afecta a la buena marcha de la administración y a la fe de los ciudadanos en el Estado de Derecho".
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La pieza sigue viva
Jesús Civera
La salida de pie de banco de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega anunciando desde un país remoto el recurso de la Fiscalía -"en los próximos días"-contra el auto del TSJ que archivaba la causa sobre Camps ha desatado las iras del PP. El Consell en pleno lanzó fuego por su garganta inflamada de victoria ante la evidencia del sometimiento de un brazo musculoso del Estado: la "vice", quizás en un lapsus freudiano, se atribuyó las funciones de portavoz de la Fiscalía, además de transubstanciarse en un indisimulado holograma de Conde Pumpido, a mayor gloria de la "democracia orgánica" anterior. Esa aparente merma de autonomía del órgano judicial ha cargado de munición extra a la oposición de Madrid y al gobierno de aquí, que mantiene estos días un "casus belli" churrigueresco sobre ese clásico de la democracia: la servidumbre de la Fiscalía ante la voluntad política del mandamás de turno. De la Vega deja malparados a los fiscales, pues los identifica como meros galeotes de la intención política, al albur del arbitrio de cualquier politicastro. Y, sin embargo, De la Vega tiene disculpa. Hace tiempo que el "caso Camps" abandono el escenario en el que se dilucidaba la ética política o la razón jurídica ?-los regalos y sus posibles consecuencias- para salir a la calle y convertirse en un carnaval insólito de intereses espurios de cuya turbidez dan cuenta las últimas peripecias de la prensa madrileña.
Los grandes ideales que han atravesado la humanidad -venía a sostener Berlin, del que ahora se conmemora el centenario- como la libertad, la justicia, la fraternidad o la igualdad preservan su pureza sólo en la teoría. Cuando se funden con la práctica, se sublevan, se diluyen y acaban adulterados, entre perfumes pérfidos. La libertad de expresión ha de ser, hoy, el más impúdico de esos principios totalizadores que enarbolan los padres de la patria. Si hiciéramos caso al relato escuchado estos días, Federico Trillo habría estado presionando a diario al magistrado Montero para decantar su voto a favor de Camps. No se trataba de una suposición o de un indicio, de una especulación o un reflejo maquinal y endogámico, sino de una verdad inapelable, difundida con una continuidad espectral. Así se presentaba. El señor Montero ha sido el único magistrado de la sala contrario a la "absolución" de Camps. Después de este lance -y trance-, que ejemplifica con pulsión paradigmática como el "caso Camps" se ha transformado en un objeto de rentabilidades perversas, hay que constatar que la "pieza" sigue viva (por ahora) y que entre las fullerías mediáticas madrileñas ganan los señores que abatieron al ministro Bermejo y al laureado pescador de atunes del Cesid.
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Otro regalo para Camps Matías Vallés
Del cas Camps al cas Justícia Jesús Puig
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Un abogado denuncia al juez De la Rúa por no abstenerse
Defiende que debería haberse abstenido por su presunta amistad con el líder autonómico.
05/08/2009 14:03
El abogado José Luis Mazón ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la decisión sobre el archivo de la causa abierta en relación con el 'caso Gürtel' contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El escrito defiende que el magistrado -que votó a favor del sobreseimiento de la investigación contra Camps y otros tres miembros del Ejecutivo valenciano- incurrió en una "falta disciplinaria muy grave" derivada de una "infracción del deber de abstención", al que según dice, le obligaba su amistad con el líder autonómico.
Hubo amistad
"Según ha publicado repetidamente la prensa, el presidente de la Comunidad Valenciana declaró públicamente, antes del escándalo del presunto soborno de los trajes, que Juan Luis de la Rúa 'era más que amigo'", dice la denuncia, que añade que "el denunciado no ha desmentido ante los medios de comunicación esa supuesta estrecha amistad con Camps". Por ello solicita al Consejo que incoe expediente disciplinario al juez por indicios de falta grave de infracción del deber de abstención.
Este abogado -que en 2004 provocó que el Tribunal Supremo condenase a once magistrados del Tribunal Constitucional a indemnizar con 5.500 euros (500 euros cada uno) a este letrado por archivar un recurso de amparo presentado por el propio Mazón sin estudiarlo-- denuncia además las "condiciones llamativas" en las que De la Rúa tomó parte en las deliberaciones, porque otro magistrado estaba de vacaciones.
En este sentido, solicita también "investigar las extraordinarias circunstancias que hicieron intervenir al denunciado en las deliberaciones de la Sala y si las vacaciones del magistrado sustituido pudieron ser inducidas para participar, en su caso, el denunciado, a favor de su 'más que amigo' Camps".
"En una justicia civilizada esta intervención constituye un mayúsculo escándalo. En una justicia desacreditada y asilvestrada como la nuestra las normas de ética disciplinaria no se aplican ni se exigen cuando los presuntos infractores son personajes influyntes (Garzón, Gómez Bermúdez, De la Rua, etc..)", sentencia el abogado.
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Un año para decidir sobre el recurso
El presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra Ruiz, dice que decidirán "en un plazo de entre ocho meses y un año"
EUROPA PRESS - San Lorenzo del Escorial (Madrid) - 05/08/2009 13:27
El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra Ruiz, afirmó este miércoles que el Alto Tribunal adoptará una decisión sobre el recurso de casación presentado por la Fiscalía contra el sobreseimiento de la rama valenciana del caso Gürtel, en la que estaba imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "en un plazo de entre ocho meses y un año".
En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Saavedra explicó que el recurso presentado por el Ministerio Público es "ordinario", por lo que "lleva todos los trámites previstos" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).
"Primero formalizar las causas, luego trasladarlas al fiscal o a las demás partes, a continuación la instruye el ponente y finalmente ya queda pendiente de señalamiento para vista o para deliberación", recalcó.
Asimismo, Saavedra expresó sus dudas sobre la posibilidad de que haya "un riesgo para la continencia de la causa", en referencia a la acumulación de los procedimientos que se siguen ante el Supremo y ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.
Infracción de ley
No obstante, consideró que en la actualidad el proceso penal puede seguir de manera "independiente" en los distintos juzgados.
"El voto discrepante no influye en la decisión final"
En este sentido, el presidente de la Sala de lo Penal del TS recordó que el recurso de casación "sólo" puede ser interpuesto en el caso en el que se produzca una "infracción de ley".
"Que los hechos puedan o no ser subsumibles en el delito de cohecho, concretamente tipificado en el artículo 426 (del Código Penal), son la única razón o fundamento por la que se puede interponer un recurso", remarcó al tiempo que aseguró que el voto particular discrepante del auto sobre Camps "no influye en la decisión final de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia".
Dicho esto, y preguntado por la petición del PSOE de revisar la definición del "delito de cohecho impropio", Saavedra comentó que el Tribunal Supremo puede analizar si unos hechos pueden ser o no subsumibles en el tipo penal relativo al cohecho pero "no revisar la figura delictiva como tal", ya que esto "correspondería al legislador".
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El PSOE exige a De Cospedal que rectifique
Fabra 'reflexiona' sobre el archivo de la causa contra Camps: "¡A joderse!"
De la Vega ve "normal" que el fiscal le informe
Camps enciende a los periodistas
El Supremo pide los suplicatorios para imputar a Bárcenas y Merino
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Detenido un dirigente del PP en Palma en una redada anticorrupción
ANDREU MANRESA
La Policía registra las oficinas del pabellón del Palma Arena por un presunto delito de cohecho en la obra, impulsada por el anterior Gobierno de Jaume Matas.- Hay ocho detenidos, varios de ellos vinculados al PP
El PSOE acusa al PP de frivolizar la lucha contra el terrorismo de ETA
Los socialistas piden a Rajoy que rectifique las declaraciones de Cospedal en las que acusaba al Gobierno de perseguir a Camps más que a la banda
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Fabra asegura que su caso acabará como el de Camps
La resolución del 'caso Camps' en el Supremo, en 8 meses
El Senado recibe el suplicatorio contra Bárcenas
Audio: Fabra critica al PSOE por recurrir el archivo
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El multimputado asegura que "la Fiscalía está al servicio del Gobierno"
Fabra a los socialistas: "A joderse, aguantarse y a resignarse"
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En marzo, Ramírez acosaba a Camps; ahora celebra su “triunfo”
¿Cómo el presidente valenciano podía ignorar qué “intereses” estaban “en juego”?
El 6 de marzo del año en curso, El Mundo publicó un editorial especialmente severo contra Francisco Camps y, de paso, contra “la dirección del PP”. “Hay cosas que aunque no sean ilegales –sostenía el periódico que dirige Ramírez- los responsables políticos (...) no deben hacer, como recibir regalos valiosos de quienes pueden tener intereses en juego (...)”. “Es necesario –podía leerse- que [Camps] lo demuestre con pruebas”.
O sea, que Ramírez hace cuatro meses eludía la persistente cantinela popular sobre “la presunción de inocencia” –de Camps y de otros imputados por el caso Gürtel- y apostaba por lo contrario. El presidente de la Generalitat valenciana –según el diario citado- era quien debía probar su inocencia en el affaire de los trajes. Subrayaba el editorialista que Camps “estaría en una situación delicada” por haber “comprometido su palabra al negarlo todo”. Incluso El Mundo daba crédito a unas declaraciones de José Tomás, el sastre, publicadas por El País, ya que “acrecienta la verosimilitud de que Camps no abonaba siempre sus trajes”.
Evidente satisfacción
Pues bien, ayer, en el editorial de El Mundo sobre el archivo de la causa contra Camps, la decisión adoptada por el TSJCV, era acogida con evidente satisfacción. Y hasta Rajoy era elogiado. A lo sumo, el presidente valenciano recibía pellizcos de monja. Por ejemplo, éste: “Desde el punto de vista político, el archivo no puede considerarse un triunfo completo para Camps”. Triunfo, en todo caso, no cuestionado en absoluto por Ramírez, periodista singularmente veleta, que acostumbra a actuar en función de sus filias, sus fobias y sus componendas. Ramírez es capaz de decir hoy una cosa para poco después decir la contraria.
La farmacia de su mujer
Y, sin embargo, de marzo acá, Camps no ha hecho otra cosa que aferrarse a sus mentiras, a pesar de haber “comprometido su palabra”. Llegó a mentir ante el juez instructor, José Flors, al que intentó engañar diciéndole que había pagado los trajes con dinero depositado en la caja de la farmacia de su mujer. Repetía que tenía “unas ganas locas” de defenderse y de que resplandeciera “la verdad” y ni se defendió ni resplandeció “la verdad”. Lo que sí ha quedado meridianamente claro es que el líder de la derecha valenciana es un tramposo.
Millones en danza
No ha aportado –en todo este tiempo- ni una sola prueba que permita pensar que él había pagado sus trajes. En el auto de Flors –no desmentido en este punto por los dos jueces que ordenaron el archivo- queda expuesto con admirable pulcritud y minuciosidad que los trajes fueron abonados por Álvaro Pérez, el Bigotes, número dos de la trama encabezada por Francisco Correa. ¿No tenían estos sujetos, Correa y Pérez, “intereses en juego”, dato negativo para Camps, según el editorial de Ramírez de marzo? Tenían, Correa y Pérez, en efecto, muchos intereses, millones de euros en danza. La inmensa mayoría de tales intereses se sustentaba en la corrupción.
La prensa afín
El Mundo y el resto de la prensa afín a Génova 13, como ABC y La Razón han procurado silenciar al máximo la conexión de estrecha amistad –relación conocida en toda España- entre el Bigotes y Camps. ¿No hubiera tenido que bastar esta prueba indecorosa para colegir que algo apestaba en el entorno de Camps? ¿Le parece bien, por otra parte, al justiciero Ramírez y, en general, a los dirigentes de los periódicos conservadores, que haya sido el presidente del TSJCV, Juan Luís de la Rúa, íntimo del presidente de la Generalitat, el que haya salvado a Camps in extremis de una debacle de altísimo calado? Este episodio judicial rebasa con creces los límites de la honorabilidad y quiebra un principio elemental. No se puede ser juez y parte a la vez.
El plumero
A los protagonistas principales de esta historia se les ha visto el plumero en demasía. “La adjudicación de contratos no entra dentro de la función de Camps”, proclama el editorial mundial de ayer, haciéndose eco del auto del TSJCV. Sublime ignorancia. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell [Consejo o Gobierno autonómico valenciano] establece en sus artículos 10 al 12 las atribuciones del presidente de la Generalitat y, concretamente, en el artículo 12.1.K dispone: “Impartir instrucciones a los miembros del Consell”.
Las instrucciones
Esta ley señala también que a los miembros del Consell y a los jefes de Departamento les corresponde “Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los límites legales presupuestarios”. ¿Cómo cabe decir que en la función del presidente Camps no entra la adjudicación de contratos, si es el presidente el que imparte las instrucciones a sus consejeros? ¿Puede ser ajeno el presidente de un Gobierno a las contrataciones –material extraordinariamente sensible- que efectúan sus subordinados?
No es tonto
Sobre todo, cuando durante años la oposición le ha venido, en el Parlamento autonómico, reclamando a Camps que enseñara esas contrataciones. La respuesta siempre fue negativa. ¿Cómo a los jueces del archivo no les llamó la atención semejante mordaza? ¿No sospechaba nada Camps? Si no sospechaba nada o era tonto o no quería enterarse de la basura interna. Pero Camps no es tonto. Es simplemente embustero.
Enric Sopena es director de El Plural
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FERNANDO VARELA - Madrid - 04/08/2009 22:45
El auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que el lunes decidió, por dos votos a favor y uno en contra, que Francisco Camps y los demás imputados en la rama valenciana del caso Gürtel no habían cometido un delito de cohecho impropio fundamenta parcialmente su decisión en varios autos y sentencias dictados por el Tribunal Supremo entre los años 1993 y 2009.
De todos ellos, el caso más llamativo (por su semejanza con el caso Camps) es el que la Sala de lo Penal del Supremo sentenció el 13 de junio de 2008 en relación con dos guardias civiles condenados precisamente por haber cometido el mismo delito de cohecho impropio tipificado en el artículo 426 del Código Penal del que había sido acusado el presidente de la Generalitat Valenciana.
Los guardias, según los hechos probados, durante varios meses bebieron gratis y utilizaron, sin pagar dinero alguno, los servicios sexuales de varias mujeres que trabajan en el Club Flamingos, en la localidad conquense de El Provencio. Fue el encargado del local, "en atención a su condición de Guardias Civiles", el que dio instrucciones a los empleados para que no se les cobrase.
En atención a su función
La sala del TSJ valenciano cita esta sentencia para hacer ver la necesidad de establecer una relación causal entre el regalo y la condición del funcionario que acepta recibirlo. En el caso de los agentes, éstos visitaban Flamingos en cumplimiento de sus funciones, pero sobre todo fuera de servicio, a pesar de lo cual el Supremo no tuvo ninguna duda de que la dádiva del encargado (bebidas y servicios sexuales gratuitos) les era entregada en atención a su función. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en cambio, no tuvo ninguna duda de todo lo contrario.
Los guardias, igual que Camps, razonaron en vano que ellos habían pagado las consumiciones y trataron de desacreditar, sin éxito, los testimonios de las mujeres que trabajaban en el local de alterne. La diferencia es que, si aquí el Supremo no dudó en hallar "una conexión causal entre la entrega de la dádiva y el oficio público del funcionario", el TSJ valenciano no ve esa misma conexión entre el regalo de trajes a Camps y su condición de máxima autoridad política y administrativa de la Comunidad Valenciana.
Paradójicamente, la sentencia citada por el auto valenciano recuerda algunos principios que bien pudieran ser utilizados contra el president. Entre otros, el mismo que el juez Flors usó para imputarle: no hay ninguna causa que explique el regalo de los trajes más allá de su condición personal y su función pública.
"Lacra de corrupción que afecta a la administración"
Uno de los criterios utilizados por el Supremo es el que que este mismo tribunal fijó en 1998: "Una moderna corriente doctrinal pone el acento en la necesidad de perseguir todas las actividades que revelen la corrupción de los funcionarios públicos y pone en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado.
En esta línea tanto el cohecho activo como el cohecho pasivo, el propio como el impropio, son manifestaciones de esta lacra de la corrupción que afecta a la buena marcha de la administración y a la fe de los ciudadanos en el Estado de Derecho".
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La pieza sigue viva
Jesús Civera
La salida de pie de banco de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega anunciando desde un país remoto el recurso de la Fiscalía -"en los próximos días"-contra el auto del TSJ que archivaba la causa sobre Camps ha desatado las iras del PP. El Consell en pleno lanzó fuego por su garganta inflamada de victoria ante la evidencia del sometimiento de un brazo musculoso del Estado: la "vice", quizás en un lapsus freudiano, se atribuyó las funciones de portavoz de la Fiscalía, además de transubstanciarse en un indisimulado holograma de Conde Pumpido, a mayor gloria de la "democracia orgánica" anterior. Esa aparente merma de autonomía del órgano judicial ha cargado de munición extra a la oposición de Madrid y al gobierno de aquí, que mantiene estos días un "casus belli" churrigueresco sobre ese clásico de la democracia: la servidumbre de la Fiscalía ante la voluntad política del mandamás de turno. De la Vega deja malparados a los fiscales, pues los identifica como meros galeotes de la intención política, al albur del arbitrio de cualquier politicastro. Y, sin embargo, De la Vega tiene disculpa. Hace tiempo que el "caso Camps" abandono el escenario en el que se dilucidaba la ética política o la razón jurídica ?-los regalos y sus posibles consecuencias- para salir a la calle y convertirse en un carnaval insólito de intereses espurios de cuya turbidez dan cuenta las últimas peripecias de la prensa madrileña.
Los grandes ideales que han atravesado la humanidad -venía a sostener Berlin, del que ahora se conmemora el centenario- como la libertad, la justicia, la fraternidad o la igualdad preservan su pureza sólo en la teoría. Cuando se funden con la práctica, se sublevan, se diluyen y acaban adulterados, entre perfumes pérfidos. La libertad de expresión ha de ser, hoy, el más impúdico de esos principios totalizadores que enarbolan los padres de la patria. Si hiciéramos caso al relato escuchado estos días, Federico Trillo habría estado presionando a diario al magistrado Montero para decantar su voto a favor de Camps. No se trataba de una suposición o de un indicio, de una especulación o un reflejo maquinal y endogámico, sino de una verdad inapelable, difundida con una continuidad espectral. Así se presentaba. El señor Montero ha sido el único magistrado de la sala contrario a la "absolución" de Camps. Después de este lance -y trance-, que ejemplifica con pulsión paradigmática como el "caso Camps" se ha transformado en un objeto de rentabilidades perversas, hay que constatar que la "pieza" sigue viva (por ahora) y que entre las fullerías mediáticas madrileñas ganan los señores que abatieron al ministro Bermejo y al laureado pescador de atunes del Cesid.
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Otro regalo para Camps Matías Vallés
Del cas Camps al cas Justícia Jesús Puig
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Un abogado denuncia al juez De la Rúa por no abstenerse
Defiende que debería haberse abstenido por su presunta amistad con el líder autonómico.
05/08/2009 14:03
El abogado José Luis Mazón ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la decisión sobre el archivo de la causa abierta en relación con el 'caso Gürtel' contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El escrito defiende que el magistrado -que votó a favor del sobreseimiento de la investigación contra Camps y otros tres miembros del Ejecutivo valenciano- incurrió en una "falta disciplinaria muy grave" derivada de una "infracción del deber de abstención", al que según dice, le obligaba su amistad con el líder autonómico.
Hubo amistad
"Según ha publicado repetidamente la prensa, el presidente de la Comunidad Valenciana declaró públicamente, antes del escándalo del presunto soborno de los trajes, que Juan Luis de la Rúa 'era más que amigo'", dice la denuncia, que añade que "el denunciado no ha desmentido ante los medios de comunicación esa supuesta estrecha amistad con Camps". Por ello solicita al Consejo que incoe expediente disciplinario al juez por indicios de falta grave de infracción del deber de abstención.
Este abogado -que en 2004 provocó que el Tribunal Supremo condenase a once magistrados del Tribunal Constitucional a indemnizar con 5.500 euros (500 euros cada uno) a este letrado por archivar un recurso de amparo presentado por el propio Mazón sin estudiarlo-- denuncia además las "condiciones llamativas" en las que De la Rúa tomó parte en las deliberaciones, porque otro magistrado estaba de vacaciones.
En este sentido, solicita también "investigar las extraordinarias circunstancias que hicieron intervenir al denunciado en las deliberaciones de la Sala y si las vacaciones del magistrado sustituido pudieron ser inducidas para participar, en su caso, el denunciado, a favor de su 'más que amigo' Camps".
"En una justicia civilizada esta intervención constituye un mayúsculo escándalo. En una justicia desacreditada y asilvestrada como la nuestra las normas de ética disciplinaria no se aplican ni se exigen cuando los presuntos infractores son personajes influyntes (Garzón, Gómez Bermúdez, De la Rua, etc..)", sentencia el abogado.
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Un año para decidir sobre el recurso
El presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra Ruiz, dice que decidirán "en un plazo de entre ocho meses y un año"
EUROPA PRESS - San Lorenzo del Escorial (Madrid) - 05/08/2009 13:27
El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra Ruiz, afirmó este miércoles que el Alto Tribunal adoptará una decisión sobre el recurso de casación presentado por la Fiscalía contra el sobreseimiento de la rama valenciana del caso Gürtel, en la que estaba imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "en un plazo de entre ocho meses y un año".
En el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Saavedra explicó que el recurso presentado por el Ministerio Público es "ordinario", por lo que "lleva todos los trámites previstos" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM).
"Primero formalizar las causas, luego trasladarlas al fiscal o a las demás partes, a continuación la instruye el ponente y finalmente ya queda pendiente de señalamiento para vista o para deliberación", recalcó.
Asimismo, Saavedra expresó sus dudas sobre la posibilidad de que haya "un riesgo para la continencia de la causa", en referencia a la acumulación de los procedimientos que se siguen ante el Supremo y ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.
Infracción de ley
No obstante, consideró que en la actualidad el proceso penal puede seguir de manera "independiente" en los distintos juzgados.
"El voto discrepante no influye en la decisión final"
En este sentido, el presidente de la Sala de lo Penal del TS recordó que el recurso de casación "sólo" puede ser interpuesto en el caso en el que se produzca una "infracción de ley".
"Que los hechos puedan o no ser subsumibles en el delito de cohecho, concretamente tipificado en el artículo 426 (del Código Penal), son la única razón o fundamento por la que se puede interponer un recurso", remarcó al tiempo que aseguró que el voto particular discrepante del auto sobre Camps "no influye en la decisión final de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia".
Dicho esto, y preguntado por la petición del PSOE de revisar la definición del "delito de cohecho impropio", Saavedra comentó que el Tribunal Supremo puede analizar si unos hechos pueden ser o no subsumibles en el tipo penal relativo al cohecho pero "no revisar la figura delictiva como tal", ya que esto "correspondería al legislador".
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Detenido un dirigente del PP en Palma en una redada anticorrupción
ANDREU MANRESA
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En marzo, Ramírez acosaba a Camps; ahora celebra su “triunfo”
¿Cómo el presidente valenciano podía ignorar qué “intereses” estaban “en juego”?
El 6 de marzo del año en curso, El Mundo publicó un editorial especialmente severo contra Francisco Camps y, de paso, contra “la dirección del PP”. “Hay cosas que aunque no sean ilegales –sostenía el periódico que dirige Ramírez- los responsables políticos (...) no deben hacer, como recibir regalos valiosos de quienes pueden tener intereses en juego (...)”. “Es necesario –podía leerse- que [Camps] lo demuestre con pruebas”.
O sea, que Ramírez hace cuatro meses eludía la persistente cantinela popular sobre “la presunción de inocencia” –de Camps y de otros imputados por el caso Gürtel- y apostaba por lo contrario. El presidente de la Generalitat valenciana –según el diario citado- era quien debía probar su inocencia en el affaire de los trajes. Subrayaba el editorialista que Camps “estaría en una situación delicada” por haber “comprometido su palabra al negarlo todo”. Incluso El Mundo daba crédito a unas declaraciones de José Tomás, el sastre, publicadas por El País, ya que “acrecienta la verosimilitud de que Camps no abonaba siempre sus trajes”.
Evidente satisfacción
Pues bien, ayer, en el editorial de El Mundo sobre el archivo de la causa contra Camps, la decisión adoptada por el TSJCV, era acogida con evidente satisfacción. Y hasta Rajoy era elogiado. A lo sumo, el presidente valenciano recibía pellizcos de monja. Por ejemplo, éste: “Desde el punto de vista político, el archivo no puede considerarse un triunfo completo para Camps”. Triunfo, en todo caso, no cuestionado en absoluto por Ramírez, periodista singularmente veleta, que acostumbra a actuar en función de sus filias, sus fobias y sus componendas. Ramírez es capaz de decir hoy una cosa para poco después decir la contraria.
La farmacia de su mujer
Y, sin embargo, de marzo acá, Camps no ha hecho otra cosa que aferrarse a sus mentiras, a pesar de haber “comprometido su palabra”. Llegó a mentir ante el juez instructor, José Flors, al que intentó engañar diciéndole que había pagado los trajes con dinero depositado en la caja de la farmacia de su mujer. Repetía que tenía “unas ganas locas” de defenderse y de que resplandeciera “la verdad” y ni se defendió ni resplandeció “la verdad”. Lo que sí ha quedado meridianamente claro es que el líder de la derecha valenciana es un tramposo.
Millones en danza
No ha aportado –en todo este tiempo- ni una sola prueba que permita pensar que él había pagado sus trajes. En el auto de Flors –no desmentido en este punto por los dos jueces que ordenaron el archivo- queda expuesto con admirable pulcritud y minuciosidad que los trajes fueron abonados por Álvaro Pérez, el Bigotes, número dos de la trama encabezada por Francisco Correa. ¿No tenían estos sujetos, Correa y Pérez, “intereses en juego”, dato negativo para Camps, según el editorial de Ramírez de marzo? Tenían, Correa y Pérez, en efecto, muchos intereses, millones de euros en danza. La inmensa mayoría de tales intereses se sustentaba en la corrupción.
La prensa afín
El Mundo y el resto de la prensa afín a Génova 13, como ABC y La Razón han procurado silenciar al máximo la conexión de estrecha amistad –relación conocida en toda España- entre el Bigotes y Camps. ¿No hubiera tenido que bastar esta prueba indecorosa para colegir que algo apestaba en el entorno de Camps? ¿Le parece bien, por otra parte, al justiciero Ramírez y, en general, a los dirigentes de los periódicos conservadores, que haya sido el presidente del TSJCV, Juan Luís de la Rúa, íntimo del presidente de la Generalitat, el que haya salvado a Camps in extremis de una debacle de altísimo calado? Este episodio judicial rebasa con creces los límites de la honorabilidad y quiebra un principio elemental. No se puede ser juez y parte a la vez.
El plumero
A los protagonistas principales de esta historia se les ha visto el plumero en demasía. “La adjudicación de contratos no entra dentro de la función de Camps”, proclama el editorial mundial de ayer, haciéndose eco del auto del TSJCV. Sublime ignorancia. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell [Consejo o Gobierno autonómico valenciano] establece en sus artículos 10 al 12 las atribuciones del presidente de la Generalitat y, concretamente, en el artículo 12.1.K dispone: “Impartir instrucciones a los miembros del Consell”.
Las instrucciones
Esta ley señala también que a los miembros del Consell y a los jefes de Departamento les corresponde “Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa dentro de los límites legales presupuestarios”. ¿Cómo cabe decir que en la función del presidente Camps no entra la adjudicación de contratos, si es el presidente el que imparte las instrucciones a sus consejeros? ¿Puede ser ajeno el presidente de un Gobierno a las contrataciones –material extraordinariamente sensible- que efectúan sus subordinados?
No es tonto
Sobre todo, cuando durante años la oposición le ha venido, en el Parlamento autonómico, reclamando a Camps que enseñara esas contrataciones. La respuesta siempre fue negativa. ¿Cómo a los jueces del archivo no les llamó la atención semejante mordaza? ¿No sospechaba nada Camps? Si no sospechaba nada o era tonto o no quería enterarse de la basura interna. Pero Camps no es tonto. Es simplemente embustero.
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dimarts, 4 d’agost del 2009
PP Vice 04/08/2009. El jutge mésqueamic de Camps i un de proposat pel PP al TSJCV "deroguen" l'article 426 del Codi Penal.
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Traductor català "on line".
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Amb l'acte del TSJCV el tribunal dóna per provat que els quatre han rebut regals de la trama, que cap dels quatre els ha pagats i que, per tant, Camps ha mentit al Foro ABC, a Les Corts Valencianes i a la declaració davant el jutge Flors. Angelet!
Però l'alt tribunal considera que els regals no estan relacionats amb cap dàdiva perquè els encausats no decidien sobre els contractes.
Vegem -una vegada "derogat" l'article 426 sobre suborn passiu- l'acte passa al suborn simple i arriba a la pintoresca conclusió que cap dels quatre no decidia. O sigui, que el President del Consell -Camps- no decideix sobre les concessions de les Conselleries ni n'és responsable, que l'exvicepresident -Campos- tampoc, que el Secretari General del PPCV -exvicesecretari General-, menys -ni en els actes de partit organitzats per Orange Market- i que l'excap de protocol de la Diputació, amíquémecuentassociatademierda. Algú ho pot creure? I les caixes sense obrir al TSJM?, i els contractes de vora 7 milions amb diverses conselleries i els regals a diversos/es consellers/eres? Es veu que tampoc. I els 420.000 euros que, segons Garzón, el PPCV va rebre de la trama. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar...
I ara ve l'exministrillo -que peca a dojo durant el dia i es flagel·la a la nit- a donar lliçons d'ètica, quan Federico d'ètica no sap ni que du accent.
I el paper del TSJCV? Un jutge, l'amistat que l'uneix amb el qual no pot ser definida pel Molt Honorable perquè no té una paraula al diccionari que la inclogui amb tota la seva intensitat, i un altre jutge nomenat pel PPCV per quota de Les Corts. Acte de sobreseïment com un trajo a mida i de vacances!
El TSJCV archiva la causa contra Camps
El Tribunal de Justicia de Valencia archiva la causa por un delito de cohecho pasivo contra Camps. La decisión, contra la que cabe recurso, ha contado con el voto discrepante del magistrado Juan Montero.
PÚBLICO.ES / AGENCIAS - Madrid - 03/08/2009 12:29
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, puede respirar un poco más tranquilo. Pero sólo un poco.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera que "no existe relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados por el caso Gürtel y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.
Por ello, el TSJCV ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresiente y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.
Contra esta decisión, que lleva fecha del pasado sábado aunque ha sido notificada hoy a las partes, puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los socialistas valencianos ya han anunciado que recurrirán.
Nada más conocer la decisión, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha felicitado porque, asegura, ha ganado "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que, sin duda, están de los nervios. Lo siento mucho", ha señalado para exclamar: "¡Muchas felicidades, Camps!".
Ricardo Costa, el secretario del PPCV, ha señalado que "hoy no es un día de reproches" sino "de respeto, de agradecimiento y de reconocimiento de que, al final, al justicia siempre sale adelante".
Dos contra uno
La decisión ha sido adoptada con el respaldo del presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa (íntimo amigo de Camps), y del magistrado José Francisco Ceres.
El tercer magistrado que ha participado en la decisión, Juan Montero, ha expresado su voto discrepante al dudar de que los hechos "no sean constitutivos de delito". Concluye, por ello, que el sobreseimiento sólo debería afectar a Ricardo Costa.
el alto tribunal valenciano ha estimado los recursos de apelación planteados por los cuatro imputados contra el auto del magistrado instructor del TSJCV, José Flors, quien sostenía que había indicios de cohecho pasivo en la actuación de los cuatro imputados por supuestamente aceptar regalos de la empresa Orange Market, dirigida por Alvaro Pérez, 'El Bigotes', e investigada en el marco de la 'operación Gürtel'.
El recurso de Camps se basaba en que había pagado sus trajes en efectivo.
Contra la decisión puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo
Paralelamente, la Sala ha desestimado los recursos de apelación formulados por el Ministerio Fiscal y la acusación popular, -ejercida por el PSPV- que solicitaban la ampliación del objeto del procedimiento, extendiendo los hechos iniciales del cohecho pasivo al del cohecho activo, la continuación de la investigación en fase de diligencias previas para practicar más pruebas, y la ampliación del número de imputados. De igual manera, ha desestimado la petición de nulidad de las actuaciones, que de forma referencial, fue planteada por la defensa de Francisco Camps.
Según informó el TSJCV en el comunicado, la resolución de la Sala, basada en una "amplia" jurisprudencia del Tribunal Supremo, revisa la declaración de hechos probados del magistrado instructor, valora indicios, pero no realiza un nuevo relato de hechos, y en este sentido señala que "no cabe descartar de forma absoluta otras versiones", es decir, que no excluye "que pudiese ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y de las irregularidades de la prueba documental".
Cosas de su función
Hay un voto particular del magistrado Juan Montero, que defiende el sobreseimiento sólo para Ricardo Costa
Respecto al tipo delictivo investigado, -el cohecho pasivo impropio recogido en el artículo 426 del Código Penal-, el tribunal entiende que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario de la persona imputada, sino a actos propios de "su función", a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario.
En este sentido, la resolución señala que "no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza 'en consideración a su función', por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público".
"Por tanto, no cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones.... Las anteriores consideraciones vienen avaladas por la más actualizada doctrina jurisprudencial, de la cual se infiere que no cabe realizar una valoración automática o genérica de la concurrencia de dicha relación de causalidad...", indica.
Francisco Camps
Presidente de la Generalitat
Garzón vio indicios que apuntaban a que recibió de las empresas de Correa más de 12.783 euros, principalmente en trajes.
Ricardo Costa
Secretario general del PP valenciano
El juez sostenía que adquirió trajes en tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados por empresas de Correa.
José V. Campos Guino
Ex vicepresidente de la generalitat
Las investigaciones apuntaban a que habría recibido en especie de las empresas del supuesto cabecilla de la trama 4.850 euros.
Rafael Betoret Parreño
Ex jefe de gabinete de Turismo en Valencia
El auto de Garzón le imputaba, al igual que a Campos Guinot, por los delitos de cohecho, falsedad y tráfico de influencias.
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Camps: "Seguiré trabajando ahora y en los próximos años por la prosperidad del pueblo valenciano"
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Camps, un "amigo del alma" de De la Rúa y de 'El Bigotes'
Anticorrupción recurrirá ante el Supremo el archivo de la causa contra Camps
El PSOE carga contra Trillo por defender a los imputados
"Se le debería de caer la cara", afirman. Pajín asegura que "Camps mintió".
El PP readmite a Víctor Campos
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A Trillo se le debería caer la cara de vergüenza” por preparar la defensa del caso Gürtel
Hernando exige al ex ministro “del Yak o Perejil” que no les dé “lecciones de dignidad”
Sus pruebas: las dos perdieron elecciones en la comunidad
¡Trillo asegura que el caso Gürtel en Valencia es un “montaje” de Pajín y De la Vega!
“El código ético del PP, si alguna vez existió, ha quedado en papel mojado”
Pajín pide a Camps que “asuma responsabilidades” por mentir a la sociedad
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El PP readmite a Víctor Campos después de que se haya archivado el caso Camps
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El PP readmite a Víctor Campos tras el archivo de 'Gürtel'
La prensa critica la respuesta grabada de Camps
El PP quiere que el fiscal general dé explicaciones
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Auto íntegro del TSJ Vídeo: Camps respeta el auto Cronología
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El TSJ archiva la causa contra Camps porque no es delito recibir regalos
La Sala no cuestiona la investigación judicial sobre si pagaron los trajes o no. Lo que interpreta el tribunal es la competencia como alto cargo para influir con sus actos y favorecer a empresas o personas de las que reciben dádivas
REGINA LAGUNAVALENCIA
No se pone en tela de juicio el vaivén de trajes, medidas, sastres y sastrerías. No se entra a juzgar si las facturas son falsas o quién pagó los encargos. Tampoco se entra a valorar si los imputados pagaron los trajes o los aceptaron como regalos. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se limita a declarar el sobreseimiento libre de las diligencias que imputaban al presidente de la Generalitat Valenciana por un delito de cohecho alegando que no hay delito porque ni él ni el resto de altos cargos del PP tenían capacidad para influir en los contratos con Orange Market. Es decir, la Sala no pone en duda que hubieran recibido los trajes como regalo. Y, de hecho, da por buena la investigación del instructor, calificándola de lógica y racional cuando habla de las irregularidades en las facturas pagadas por la trama del caso Gürtel en Madrid: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, de quienes estaba pendiente su imputación en esta causa tras inhibirse el pasado jueves el TSJ madrileño.
Lo que viene a discutir la Sala es que no hay delito porque no hay "relación de causalidad". Es decir, no existe una causa para que les regalaran unos trajes "en consideración" a su cargo o función" pública sino en sus competencias. En la causa también estaban imputados el portavoz del PP, Ricardo Costa; el ex viceconseller, Víctor Campos, y el ex jefe de Gabinete de Turismo, Rafael Betoret.
A esta conclusión llegan los magistrados José Ceres y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, tras una deliberación de cinco días, ya que la resolución tiene fecha del sábado 1 de agosto. Su razonamiento jurídico, del que se aparta el tercer magistrado, Juan Montero -nombrado por las Corts por la cuota autonómica a propuesta del PP-, es que el artículo 426 del Código Penal, por el que se les había imputado un "posible delito de cohecho" no puede interpretarse de forma genérica por su sola condición de autoridad pública o funcionario. Al contrario, lo que en realidad convertiría en delito la aceptación de un regalo por parte de Camps, Costa, Campos y Betoret es que hubieran recibido los trajes en relación a "actos propios de su función" o de su "competencia" como autoridad o funcionario, explica en una nota el TSJCV. Es decir, que sólo si se hubiera probado que hubieran podido tener alguna capacidad de influencia en las adjudicaciones de los 7 millones de euros en contratos con Orange Market -empresa que pagó los regalos-, entonces podría considerarse delito. No obstante, cabe recordar que, precisamente, la relación con los contratos de Orange Market es lo que se ha negado por activa y por pasiva -recordemos la "montería"- a investigar el tribunal, denegando prueba a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE para "no ampliar el objeto del proceso", algo completamente usual en derecho penal.Y el objeto del proceso, recordemos de nuevo, lo delimitó la Sala en su auto de apertura de diligencias el pasado 21 de abril. En este sentido, la resolución hecha pública ayer señala expresamente el primer "punto de partida". El auto de 5 de marzo del juez Baltasar Garzón, que se inhibía respecto a los imputados a favor del TSJCV, "venía a relacionar las adquisiciones de prendas por las indicadas autoridades y funcionarios con la concurrencia de la empresa Orange Market a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunitat Valenciana en distintas ferias de turismo". Así, el auto del instructor que se recurre, de 6 de julio, parte de dos premisas -aceptadas por la Sala- y que niegan la relación entre la recepción de los regalos y la adjudicación de los contratos.
El instructor José Flors, recuerda la Sala, dejó claro que "no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir" que parece que regalaron a los imputados, y los "concretos actos de contratación realizados por las autoridades y los funcionaros en el ámbito de sus competencias". Y, añade que tampoco existe constancia de que "tales agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación", que fue decidida por las autoridades y funcionarios que declararon ante Flors, y no por los imputados. Diccionario de la RAEA continuación, el tribunal insiste en el significado de la palabra "función" interpretándola como la competencia o potestad del funcionario para influir en un contrato. Incluso llega a hacer referencia al diccionario de la Real Academia Española y destaca, entre otras acepciones, la de "tarea". En este punto, la Sala recuerda que ya el magistrado Flors decía en su auto que no apreciaba "ninguna especial razón que justificara el obsequio". Aunque Flors, en realidad, viene a decir, que no había ninguna "causa o razón diferentes a la de su condición personal y a la función pública" de los imputados que permita "explicar por qué motivo Álvaro Pérez y sus empresas tuvieron que obsequiarles de aquél modo". La Sala infiere de aquí que incluso se descarta un posible agradecimiento. Lo que no tiene en cuenta es que Flors considera que cometen delito por el simple hecho de recibir los regalos como autoridades o funcionarios públicos, que es lo que dice el apartado primero del artículo 426 del Código Penal. No obstante la Sala concluye que no se ha puesto "mínimamente en peligro" el bien jurídico protegido", es decir "la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones. Con ello, viene a exonerar a todas las autoridades que reciben regalos y borra la sombra de la sospecha sobre su posible parcialidad.
Costa recibe la unanimidad del TSJCV
El secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, ha conseguido la unanimidad de los magistrados del TSJCV a la hora de entender que no cometió delito alguno sobre las acusaciones que se le formulaban en relación con el caso Gürtel. El voto particular del magistrado Juan Montero refiere que sólo cabe sobreseimiento respecto de Ricardo Costa. Costa es uno de los políticos más cercanos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de quien se ha convertido en su mano derecha tanto en el partido como en las Corts Valencianes, donde ejerce de portavoz del grupo popular.
Cuando en marzo apareció su nombre en el auto remitido por el juez Baltasar Garzón al TSJCV, Costa se mostró "indignado" y en reiteradas ocasiones afirmó que las acusaciones contra él y el resto de imputados eran "falsas e infundadas".Ahora el TSJCV le ha dado la razón a Costa al entender que no ha cometido delito alguno en relación a los presuntos regalos recibidos de la trama Gürtel. efe valencia
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No tenían capacidad para contratar con Orange Market
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Vídeo: El 'caso Gürtel' sigue abierto
El tribunal no niega que los imputados recibieran regalos
PP Vice. Vídeos Cuatro sobre la trama.
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Traductor català "on line".
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Amb l'acte del TSJCV el tribunal dóna per provat que els quatre han rebut regals de la trama, que cap dels quatre els ha pagats i que, per tant, Camps ha mentit al Foro ABC, a Les Corts Valencianes i a la declaració davant el jutge Flors. Angelet!
Però l'alt tribunal considera que els regals no estan relacionats amb cap dàdiva perquè els encausats no decidien sobre els contractes.
Vegem -una vegada "derogat" l'article 426 sobre suborn passiu- l'acte passa al suborn simple i arriba a la pintoresca conclusió que cap dels quatre no decidia. O sigui, que el President del Consell -Camps- no decideix sobre les concessions de les Conselleries ni n'és responsable, que l'exvicepresident -Campos- tampoc, que el Secretari General del PPCV -exvicesecretari General-, menys -ni en els actes de partit organitzats per Orange Market- i que l'excap de protocol de la Diputació, amíquémecuentassociatademierda. Algú ho pot creure? I les caixes sense obrir al TSJM?, i els contractes de vora 7 milions amb diverses conselleries i els regals a diversos/es consellers/eres? Es veu que tampoc. I els 420.000 euros que, segons Garzón, el PPCV va rebre de la trama. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar...
I ara ve l'exministrillo -que peca a dojo durant el dia i es flagel·la a la nit- a donar lliçons d'ètica, quan Federico d'ètica no sap ni que du accent.
I el paper del TSJCV? Un jutge, l'amistat que l'uneix amb el qual no pot ser definida pel Molt Honorable perquè no té una paraula al diccionari que la inclogui amb tota la seva intensitat, i un altre jutge nomenat pel PPCV per quota de Les Corts. Acte de sobreseïment com un trajo a mida i de vacances!
Sobre el TSJCV em queda una pregunta: per què, si la Sala és de cinc magistrats, se'n reuniren només tres i de dretes? On eren els altres dos? Cal recordar una decisió contradictòria amb aquesta sobre un altre cas quan es reuniren els cinc fa uns mesos?
Mentiders, membres d'una trama corrupta amb més de 100 encausats, pressionant -no sé si calia- el TSJCV, ara sembla que volen sortir a l'ofensiva com aquell de l'acudit de Gila: "-Pero no le des más puñaladas, hombre. -Pues que deje de llamarme asesino!-".
Però el TS espera, que això no és Sicília ni Xicago.
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Auto por el que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archiva la causa por cohecho impropio contra Camps
DOCUMENTO (PDF - 279,5Kb) - 03-08-2009
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Un auto judicial que insulta a la inteligencia
03 Ago 2009
MARCO SCHWARTZ
El auto que archiva la causa contra Camps y otros tres dirigentes del PP valenciano no merece el mínimo respeto y sienta un precedente muy grave para enjuiciar en el futuro los excesos de los cargos públicos. El tribunal confirma que el president recibió regalos de la trama corrupta Gürtel y, por lo tanto, que mintió ante la justicia y el Parlamento autonómico al asegurar que los había pagado de su bolsillo.
Sin embargo, en una pirueta argumental que insulta a la inteligencia, el escrito añade que no se puede colegir que recibiera esas dádivas en consideración de su cargo, con lo cual lo libra del delito de cohecho impropio.
Camps había pronosticado que le faltaba un “escaloncito” para poner fin a su calvario judicial. Ese peldaño era el tribunal que preside Juan Luis de la Rúa, de quien dijo en cierta ocasión que habría que buscar otra palabra en el diccionario que describa la “íntima y sentida” relación que los une. De la Rúa y su colega Ceres, con el honroso voto discrepante del magistrado Montero, han dado un abrupto carpetazo al expediente sin atender las peticiones de la fiscalía anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que llamase a declarar a los que dieron las dádivas.
De hacerlo, quizá el cohecho impropio se habría convertido en una figura delictiva mucho más grave. La fiscalía anticorrupción ha anunciado que recurrirá. Queda esa esperanza.
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Peligroso precedente
El tribunal constata que Camps recibió regalos de la trama corrupta, pero sostiene que no es delito
04/08/2009
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Valencia, por dos votos a uno, decidió ayer archivar la causa que se seguía contra el presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y otros tres cargos públicos del PP imputados por un posible delito de cohecho. La resolución, que la fiscalía recurrirá ante el Supremo, avala una doctrina sorprendente, si no escandalosa: que las autoridades pueden aceptar regalos valorados en miles de euros (trajes, relojes, pulseras, bolsos) por parte de empresas que contratan con las administraciones donde gobiernan esos políticos, siempre y cuando los beneficiados no participen en los distintos procesos de adjudicación. En este caso, con un agravante: los autores de los regalos están siendo investigados por corrupción.
El artículo 426 del Código Penal sanciona la aceptación por autoridad o funcionario de regalos ofrecidos "en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido". El bien que se trata de proteger es el principio de imparcialidad de gobernantes y funcionarios, y la conducta sancionada es el hecho de "admitir" la dádiva, aunque no se haya solicitado. Lo que se trata de evitar es que esa aceptación condicione decisiones públicas. Resulta sorprendente que se considere que el precepto sólo se aplica al funcionario o político que directamente participa en la adjudicación, y no a sus jefes. Especialmente cuando lo que se consideran son decenas de contratos de la Administración valenciana a una misma empresa.
El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, ha declarado que recibió un reloj de alto valor de la trama, y que lo devolvió de inmediato. Algo que pudieron haber hecho pero no hicieron los imputados de Valencia. Se han limitado a negar que recibieran los regalos, o, en el caso de Camps, a decir que los pagaron (los famosos trajes) de su bolsillo. Pero la instrucción constató y el auto de ayer da por establecido que no hay prueba de tales pagos y sí, en cambio, de que los pagó el cabeza de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. Los contratos conseguidos por la red de Correa y El Bigotes con la Administración regional coincidieron con el periodo en el que hicieron decenas de regalos a dirigentes políticos valencianos. Y la mayoría de esos contratos los consiguieron sin concurso; en algunos casos, tras trocearlos para que cada adjudicación no superara el límite (12.000 euros) que permite hacerlo a dedo. Esto figura en el sumario y no es cuestionado por el auto.
En esas condiciones, Mariano Rajoy debería reservar para mejor ocasión su euforia de ayer: "Ha ganado la justicia, el sentido común y los vendedores de tila", dijo. A no ser que el líder del PP considere digno de euforia que el vestuario de uno de sus presidentes autonómicos esté financiado por los cabecillas de una presunta trama de corrupción, que la palabra de ese mismo presidente ante los ciudadanos y la justicia haya quedado desautorizada (el auto constata que los argumentos de Camps sobre el pago de los trajes no se sostienen) y que la Administración que dirige ese mismo líder regional recurra a prácticas más que dudosas para beneficiar a unas determinadas empresas.
Rajoy también acusó a quienes han denunciado las supuestas corruptelas, en relación a este periódico, de ser "la Inquisición". Sin embargo, la denuncia partió de un ex concejal del PP y cuatro de los seis jueces que han estudiado el asunto hallaron suficientes indicios de cohecho por parte de los dirigentes imputados. Pero ayer, los dos que constituían mayoría en la sala (uno de ellos, algo más que un amigo de Camps, según las palabras del propio presidente autonómico) opinaron de otra manera. El tercero, a través de un voto particular, cree que podría haber delito. El Supremo tiene ahora la última palabra.
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El Supremo o la confianza en la Justicia
¿Le parece bien, Sr. Camps, el vocablo “enchufe” para describir su absolución, otorgada por su amiguísimo De la Rúa?
En septiembre hará un año que el líder de la derecha valenciana, Francisco Campos, se dirigió -públicamente y en un acto oficial- a Juan Luís de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) y vino a decirle que se le antojaba inexacto el vocablo “amistad” porque en su caso se quedaba corto. “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”, declaró Camps.
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El PP readmite a Víctor Campos después de que se haya archivado el caso Camps
¿Pues bien, Sr. Camps, qué palabra cree que habría ahora que buscar en el diccionario para resumir la “íntima y sentida” absolución que le ha llegado a usted –en el affaire de los trajes, zapatos, pulseras y entradas de circo, gratis total-, gracias al voto de su más que amigo De la Rúa? ¿Le parece bien el vocablo “enchufe”?
¿Adecuado vocablo?
¿Entiende que podría ser incluso más adecuado el vocablo “favoritismo”? ¿Reconoce al menos que la actuación judicial favorable a usted –habiendo sido archivado bruscamente su asunto sin investigar el fondo de la cuestión- es calificada, por millones de ciudadanos, con el vocablo “sinvergüenza” o el vocablo “caradura” o la palabra “bochorno”?
¿No conocía a su amiguito del alma?
¿Se acuerda, seguro que sí, que se acuerda, cuando dijo en el Foro de ABC que usted se pagaba sus trajes, lo que no ha podido demostrar, mientras que el juez instructor, José Flors, le ha desmontado sus afirmaciones vacilantes y fraudulentas? ¿Recuerda que manifestó a los periodistas que no conocía a Álvaro Pérez el Bigotes? ¡Pero sí era su “amiguito del alma”, el mismo que a usted le quería “un huevo”, el mismo que se ha forrado en los últimos años -siendo segundo de a bordo de Francisco Correa- con el pabellón valenciano en Fitur, bajo la complaciente tutela de la Generalitat de la que usted es presidente!
Vicente Rambla
¿Mintió, Sr. Camps? ¿Le parece pertinente que le llamemos “mentiroso” o prefiere otra palabra, como, por ejemplo, “embustero” o “embaucador” o “cínico”? Por cierto, ¿también mintió ayer el vicepresidente de su Gobierno, Vicente Rambla, al manifestar que cuanto le ha pasado a usted, desde que estalló el caso Gürtel, “era un montaje del Gobierno socialista”? Más que mentira lo que ha dicho Rambla pertenece al género de las villanías.
Rajoy, exultante
Como asimismo huele a bajeza y a infamia lo que ha vuelto a subrayar Mariano Rajoy comparando la Inquisición con el Estado de Derecho democrático. Rajoy está exultante por el carpetazo de De la Rúa, que busca cerrar como sea una historia más que sospechosa en el capítulo de la corrupción política.
“Estoy muy contento”
Queda aún, sin embargo, el recurso sobre el archivo valenciano del caso ante el Tribunal Supremo. “Estoy muy contento”, ha señalado el presidente de la Generalitat. Pero Camps puede en el futuro -la justicia se mueve con especial lentitud- dejar de estarlo. Contra los criterios, sólidamente expuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), contra la acusación particular del PSPV-PSOE y contra el posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, no sólo se ha impedido por el momento investigar las actividades presuntamente delictivas de el Bigotes y sus secuaces por tierras valencianas –o sea, el contexto de los tenebrosos regalos de la trama Gürtel-, sino que se ha dado carpetazo a las severas tesis del juez Flors en torno a los regalos.
Investigación rigurosa
El Tribunal Supremo tiene la palabra. Y la facultad de que, con su sentencia –en la medida de que esté derivada de una investigación rigurosa y transparente-, muchos ciudadanos recuperemos en este asunto la confianza en la Justicia.
Enric Sopena es director de El Plural
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03 Ago 2009
El caso Camps será el caso De la Rúa, con la ayuda de dios
14:39, por Manolo Saco Tags: Camps, De ka Rúa
Decía Camps, refiriéndose a la amistad profunda que le une con el presidente del TSJ de Valencia: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta (a la de amistad) que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”. Y un magistrado, con esa relación sentimental tan sentida e íntima con el presunto delincuente al que va a juzgar, no tuvo el coraje moral de retirarse para ahorrarnos el bochornoso espectáculo de que la justicia en España parezca un instrumento de los partidos políticos o de las sectas religiosas, como el Opus Dei, en las que militan algunos de ellos.
Si ese tribunal valenciano ha reforzado la sospecha de que la Justicia a veces hace trampas y mira por debajo de la venda de los ojos para ver quién se sienta en su presencia, la vergüenza también caerá sobre quienes tuvieron en la mano el impedir semejante desmán, el Consejo General del Poder Judicial, en el que se sienta como vicepresidente un ex consejero de Justicia de la Generalitat con el PP, Fernando de Rosa, íntimo amigo también de Camps, y un presidente del Consejo, Carlos Dívar, que antepone los intereses de la secta (por mandato religioso) a los de la justicia terrenal. Un CGPJ que no relevó a De la Rúa porque sus miembros no se pusieron de acuerdo para nombrar a tiempo otro juez libre de sospechas.
Veamos: La Ley Orgánica del Poder Judicial dice en su Artículo 219, referido a las causas de abstención de un juez y, en su caso, de recusación:Apartado 9. Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. Repito: Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.
Todo un espectáculo. La amistad de Camps y de la Rúa es tan íntima que su no abstención en la causa es un bochorno que no se conocía desde el caso Gómez de Liaño, juez delincuente que prevaricó dictando sentencia a sabiendas de que sus resoluciones iban contra derecho.
No tienen vergüenza. Sin vergüenza por la vida, consejo con el que les alentaba el hombrecillo insufrible para caminar por la política. No tener vergüenza es en ellos una virtud. Vendrán ahora bandadas de gaviotas reidoras a sobrevolar sobre nuestras cabezas, para contarnos que al fin se ha hecho justicia. Mariano Rajoy, el jefe de la banda, decía esta mañana, nada más conocerse la noticia del archivo de la causa: “Ha ganado la justicia, el sentido común”.
Puntualicemos: por los datos que tenemos, ha ganado la amistad de los jueces conservadores con el presunto delincuente, sobre los que ya siempre caerá la sospecha de su falta de imparcialidad. Podrán haber dictado una sentencia justa, ya nunca lo sabremos, pero la forma ha contaminado el fondo para siempre.
Y el sentido común ha sido pisoteado y burlado, porque el sentido común dicta que un juez no puede juzgar a un hijo, a una esposa, a un padre… o a un amigo íntimo. Por sentido común y porque lo exige La Ley Orgánica del Poder Judicial.
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, donde también gobierna cristianamente el señor Dívar. Con todo, porque la burla es de una desmesura hiriente, esperemos que allí nos devuelvan en su día la esperanza de que todavía vivimos en un Estado de Derecho. Para entonces el caso Camps será inevitablemente el caso De la Rúa. Si es que hay justicia, claro.
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La desaparición del tipo penal
Si el TSJCV ha aceptado el recurso no es porque considere que los hechos no existieron sino porque entiende que de ellos no se puede deducir la comisión de un delito
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN - 04/08/2009 01:12
Si en un Estado democrático, un responsable político acepta regalos por valor de más de 12.000 euros (más de dos millones de las antiguas pesetas) de una trama corrupta, debe dimitir, en pocos días, de todos sus cargos. Si, además de lo anterior, en las actuaciones judiciales se evidencia que ese tipo ha mentido a la opinión pública y a su partido cuando ha declarado que él había pagado personalmente esos regalos, lo normal es que el abandono de la vida pública vaya acompañado de la expulsión de ese partido.
Pues bien, a pesar de lo chocante que resulta el auto del TSJCV, lo cierto es que el recurso presentado por Camps no ha sido estimado en lo que se refiere a los hechos, pues se dice claramente que "el motivo del recurso, pretendiendo el sobreseimiento por el número 1 del artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a no estar acreditados los hechos en los términos indicados, debe ser desestimado". Si el TSJCV ha aceptado el recurso no es porque considere que los hechos no existieron sino porque entiende que de ellos no se puede deducir la comisión de un delito, en concreto el de cohecho impropio tipificado en el artículo 426 del Código Penal.
Relación de causalidad
Para llegar a esa conclusión, el TSJCV ha tenido que asimilar el cohecho impropio con el cohecho, exigiendo la demostración de una relación de causalidad entre la aceptación de la dádiva por la autoridad o funcionario público y que la finalidad de la misma sea en consideración a la función específica desempeñada por éste último. En definitiva, el tribunal exige que la entrega y aceptación de la dádiva, se realicen porque se encuentra dentro de las competencias de la autoridad la concesión u otorgamiento de contratos o, al menos, que aún no estándolo, dicha autoridad haya influido sobre el funcionario que tiene esa competencia.
Así pues, el tipo político Camps no va a desaparecer de la vida pública porque el razonamiento del TSJCV conduce a la práctica desaparición del tipo penal del artículo 426 CP. En realidad, el TSJCV no tenía que decidir ni sobre una cosa ni sobre la otra. No tenía que hacerlo sobre el tipo penal porque esa es, en última instancia, una decisión de carácter legislativo: establecer los comportamientos que deben ser penalizados y los que no deben serlo.
Tampoco tenía que decidir sobre la desaparición del tipo político Camps de la escena pública, porque la responsabilidad sobre el President de la Generalitat valenciana le corresponde al PP, que es quien lo propuso. Pero el PP ha intentado desplazar esa responsabilidad hacia los jueces sobre la base de que la decisión judicial resolvería el problema político. Pues bien, a salvo de que el TS decida otra cosa, la decisión judicial ya se ha producido, pero ¿se ha resuelto el problema político?
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El sol de Camps empieza a ponerse
La 'Gürtel' ha dinamitado la imagen pulcra y monacal del Molt Honorable
JOAN GARÍ - 04/08/2009 00:05
Tras cinco meses de incertidumbre, a Francisco Camps el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano le ha dado un respiro. El Molt Honorable es perfectamente consciente de que esto sólo era una batalla, y que la guerra Gürtel dista mucho de haber acabado. El balón de oxígeno que le han proporcionado, sin embargo, le va a permitir respirar con un cierto alivio en los próximos meses, mientras la contienda continúa en el TSJ de Madrid y (¡horror!) en el Supremo.
Las batallas, sin embargo, aunque las ganes, dejan siempre heridas más o menos dolorosas. Para empezar, es obvio que la imagen del president ha quedado tocada en lo más íntimo. Un hombre con su relieve institucional no puede dejarse regalar impunemente trajes, relojes, zapatos, pulseras para su mujer, juguetes para su hijo y entradas al Circo del Sol para toda la familia. Sobre todo si tus Reyes Magos particulares han sido obsequiados por ti, a su vez, con ocho millones de euros en contratos nada claros. Dos jueces conservadores, ahora, han considerado que todo esto es de lo más normal, pero el sol de Camps ha empezado a ponerse.
El rey de Internet
Pase lo que pase en el futuro (y no olvidemos que en Madrid aún hay cajas de documentación del caso que no han sido abiertas, como esperando a una Pandora especialmente audaz), el imaginario que se nos vendió de un Camps austero, monacal y honrado a carta cabal ha estallado en mil pedazos.
Durante estos cinco larguísimos meses, toda España ha estallado en una irreprimible carcajada ante la revelación de los diálogos horteras entre el interfecto y El Bigotes (su Papá Noel particular) y una tupida red de sátiras de todo tipo ha invadido internet. Sólo hay que entrar en You Tube para encontrar docenas de hits dedicados a burlarse del ridículo espantoso del líder valenciano, con títulos que lo dicen todo: Genova vice, Si yo fuera Camps, Francisco Camps, ¿sólo trajes?, El desfile del PP, Trajes para todos.
Enmascarar las noticias
Gracias al TSJ valenciano, los únicos que van a poder respirar tranquilos por el momento son los de Canal 9. Ya no sabían, los pobres, como enmascarar las noticias referidas al caso. Habían optado, incluso, por referirse al delito que se imputaba a Camps como "cohecho", directamente en castellano, puesto que su equivalente en valenciano/catalán, suborn (soborno), era demasiado claro.
En fin, que algunos líderes del PP van a poder marcharse de vacaciones sin cierto ahogo en el pecho. Pero a partir de septiembre, con la rentrée, las nuevas emociones pueden ser no aptas para cardíacos.
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JOSÉ A. HERNÁNDEZ 04/08/2009
No es tan nítida ni unánime, como está vendiendo el PP, la decisión del Tribunal Superior de Valencia de archivar el caso Camps. En un tribunal formado por tres jueces, legalmente dos constituyen la mayoría e imponen su decisión. Pero, en puridad, el caso Camps ha partido en dos a la Sala de lo Penal y Civil de Valencia. No se olvide que esta Sala la integran cuatro magistrados y que dos de ellos han dejado clara su oposición al archivo de la causa. No sólo José Flors, el instructor, que ve "indicios suficientes" para sentar a Camps en el banquillo; su colega Juan Montero también es partidario de que prosigan las pesquisas contra Camps por aceptar miles de euros en regalos de la trama Gürtel.
Si a esta palmaria división en la Sala se une la gran amistad de la que ha hecho gala el propio Camps respecto al presidente de la Sala, Juan Luis de la Rúa, cabe pensar que el archivo es cuando menos discutible. También cobran peso ahora las palabras de Camps cuando el juez Flors abrió la puerta a su enjuiciamiento. Convencido del archivo del caso (como si alguien se lo hubiese filtrado), el presidente soltó a los periodistas: "Quedan uno o dos escaloncitos y entonces toda esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado".
Su escalón le llegó ayer merced a los votos de su amigo De la Rúa - "tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta a la de amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", dijo Camps de él en 2007- y del también magistrado conservador José Francisco Ceres. De la Rúa fue el gran aval de Ceres en la incorporación de éste al tribunal valenciano.
Llama también la atención del caso Camps la rápida reducción de delitos que aplicó la Sala a las diligencias que le remitió el juez Garzón y en las que daba cuenta, no sólo de un cohecho, sino también de tráfico de influencias y prevaricación.
Antes de que le llegase desde Madrid una parte fundamental del sumario, la Sala valenciana limitó la investigación al delito de cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal, que castiga a la autoridad que recibe regalos, aunque sea a cambio de nada. ¿A cambio de nada? Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de la trama Gürtel en Valencia, mantuvo una esclarecedora conversación con Camps al día siguiente de los pasados Reyes. La grabó la policía. En ella, El Bigotes se muestra muy agradecido -"(...) Fíjate, fíjate si te debo..."- con Camps. Y Camps, no se olvide, es el jefe máximo de una Administración que en los últimos años ha adjudicado casi ocho millones a la trama Gürtel.
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Dos lecturas de un mismo delito
La interpretación del artículo penal que regula el cohecho divide a los jueces del 'caso Gürtel'.- La clave es dirimir si Camps recibió regalos por su cargo
VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid - 04/08/2009
"Yo me pago mis trajes", afirmó hace cinco meses Francisco Camps. Pero no: todos los jueces que han intervenido en la investigación de la trama Gürtel coinciden en que varios de los trajes de su fondo de armario se los regalaron -al presidente valenciano y a otros tres altos cargos del PP en esa comunidad- los empresarios de la red corrupta de Francisco Correa. También llegan a esa conclusión los jueces que ayer resolvieron archivar la causa. Pero lo que ellos sostienen es que recibir esos regalos -admiten que, haberlos, parece que los hubo- no es delito.
Un tribunal dividido salva a Camps
"Camps no tenía ninguna competencia respecto a la adjudicación de contratos"
El PP readmite a Víctor Campos tras el archivo del 'caso Gürtel' en Valencia
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Y ahí es donde estos dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres, discrepan del resto de jueces que han participado hasta la fecha en el proceso: el instructor en Valencia, José Flors; el instructor en Madrid, Antonio Pedreira; el primer juez que vio la causa, Baltasar Garzón; y Juan Montero, el juez del TSJCV que ayer emitió un voto particular contra la decisión de sus colegas. Los cuatro últimos creen que los regalos a Camps pueden entrar en lo tipificado en el artículo 426 del Código Penal sobre el cohecho pasivo: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses"; Ceres y De la Rúa sostienen que no. Éstos son sus argumentos.
EL AUTO DEL TSJCV
Cortesía y usos sociales
El Tribunal Superior subraya que su cometido no es esclarecer los hechos sino sólo comprobar si la instrucción del caso, realizada por el juez Flors, ha sido racional, coherente y no arbitraria. Los acusados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret afirmaban que no lo había sido por dos razones: aseguraban que no recibieron ningún regalo y, además, decían que, de haberlos recibido, no habría sido en función de su cargo.
El auto del TSJCV les quita la razón en el primer punto y se la da en el segundo. No hay motivos, señala el auto, para creer que el instructor se equivoca al establecer que los regalos existieron; pero no está acreditado, añade, que esos regalos tuvieran relación con el cargo de los políticos agasajados. Podría tratarse, según los magistrados, de meros regalos de cortesía amparados por los usos sociales. O, dicho de otra manera, no hay por qué pensar que, a cambio de los regalos, dieron trato de favor a las empresas: "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público [...] implique [...] que necesariamente se realiza 'en consideración a su función". Y recuerdan que ni Camps ni Costa ni Betoret ni Campos tenían "por objeto de su cargo o función ninguna relación o competencia respecto de la adjudicación de contratos".
INSTRUCCIÓN Y VOTO PARTICULAR
Objetivo: complacer
El instructor de la causa en Valencia, José Flors, dejó claro en su auto del 6 de julio que "no existe constancia de ninguna relación directa" entre los regalos realizados por la trama a los políticos del PP "y los concretos actos de contratación" de los que se beneficiaron esas empresas en Valencia. Pero el cohecho pasivo no consiste en que quien recibe regalos dé a cambio favores, sino simplemente en que los reciba "en consideración a su función", y Flors sostenía que eso sí había ocurrido.
"La finalidad perseguida [de los empresarios corruptos] no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas [los políticos del PP], obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de determinada contraprestación", reza su resolución. Flors descarta que los regalos puedan ser enmarcados dentro de la "cortesía" o los usos sociales, dada "la peculiaridad del objeto regalado, la reiteración en su entrega y su mismo valor".
Juan Montero, tercer miembro de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, formuló ayer un voto particular contra el auto de archivo. En su opinión, para saber si se ha cometido cohecho pasivo no es necesario probar "una relación de causalidad" (entre el regalo y la capacidad del agasajado para otorgar favores) tan estricta como la que exigen sus compañeros de sala.
LO QUE DIJO GARZÓN
"No eludir la acción penal"
Baltasar Garzón, juez que inició la investigación del caso Gürtel, se inhibió de éste el pasado 5 de marzo en un auto en el que, entre otras actividades de la trama, enumeraba los regalos en ropa a Camps. En ese auto, Garzón afirmaba que "no puede eludirse la investigación penal" de esos regalos, y proponía los artículos del Código Penal que debían ser valorados: el 426 (cohecho), el 428 (tráfico de influencias) y el 390 (falsedad de las facturas).
LA INVESTIGACIÓN DE PEDREIRA
Unos dan y otros reciben
La fiscalía pidió el 27 de julio que el Tribunal Superior valenciano asumiese, junto a la investigación sobre Camps, la de los empresarios que le hicieron regalos. El juez de la parte madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, señala en un auto el 28 de julio: "Este magistrado instructor hace suya la fundamentación invocada por el Ministerio Fiscal". Y la fundamentación dice que el cohecho activo que se imputa a los cabecillas de la trama "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia".
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"El cohecho impropio no requiere una relación de causalidad"
EL PAÍS - Madrid - 04/08/2009
Juan Montero Aroca, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, no comparte la tesis de sus dos compañeros que impiden juzgar a Francisco Camps. En un voto particular de apenas un folio, lo justifica así:
TSJV(Tribunal Superior de Justicia de Valencia)
A FONDO
» Dos dudas. ?
La discrepancia responde a dos dudas. La mayoría de la Sala considera, con razones perfectamente atendibles, que existe seguridad en la conclusión de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no son constitutivos de delito y lo hace asumiendo la que estima jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las dudas de este magistrado radican, primero, en si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, segundo, en que no está convencido de que la jurisprudencia reseñada en el auto responda a la interpretación que estima adecuada del artículo 426, primer inciso, del Código Penal?.
» Continuación del proceso. ?
En el trámite en que se encuentra el proceso, la decisión que decrete el sobreseimiento debería responder a la seguridad (en sentido jurídico) de que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la decisión sobre la continuación del proceso se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito; en un caso no son y en el otro pudieran ser?.
» Causalidad. ?
Pues bien, este magistrado no está convencido de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Ese no convencimiento radica en que el tipo del artículo 426, inciso primero, requiere, sí, que la dádiva tenga algún sentido o adecuación a la función de la autoridad o del funcionario, de modo que no quepa decir que no existe relación alguna (y por esto se comparte el sobreseimiento del Sr. Costa, dada su condición de diputado en las Cortes Valencianas, no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalidad Valenciana), pero no parece a este magistrado que ese tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice y respecto de los Sres. Camps, Campos y Betoret. Esta falta de convencimiento me debe llevar a discrepar de la mayoría de la Sala?.
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El fiscal Anticorrupción recurrirá el archivo de la causa contra Camps
J. M. LÁZARO 212 comentarios
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El TSJCV archiva la causa contra Camps
El Tribunal de Justicia de Valencia archiva la causa por un delito de cohecho pasivo contra Camps. La decisión, contra la que cabe recurso, ha contado con el voto discrepante del magistrado Juan Montero.
PÚBLICO.ES / AGENCIAS - Madrid - 03/08/2009 12:29
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, puede respirar un poco más tranquilo. Pero sólo un poco.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera que "no existe relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados por el caso Gürtel y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.
Por ello, el TSJCV ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresiente y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.
Contra esta decisión, que lleva fecha del pasado sábado aunque ha sido notificada hoy a las partes, puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los socialistas valencianos ya han anunciado que recurrirán.
Nada más conocer la decisión, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha felicitado porque, asegura, ha ganado "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que, sin duda, están de los nervios. Lo siento mucho", ha señalado para exclamar: "¡Muchas felicidades, Camps!".
Ricardo Costa, el secretario del PPCV, ha señalado que "hoy no es un día de reproches" sino "de respeto, de agradecimiento y de reconocimiento de que, al final, al justicia siempre sale adelante".
Dos contra uno
La decisión ha sido adoptada con el respaldo del presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa (íntimo amigo de Camps), y del magistrado José Francisco Ceres.
El tercer magistrado que ha participado en la decisión, Juan Montero, ha expresado su voto discrepante al dudar de que los hechos "no sean constitutivos de delito". Concluye, por ello, que el sobreseimiento sólo debería afectar a Ricardo Costa.
el alto tribunal valenciano ha estimado los recursos de apelación planteados por los cuatro imputados contra el auto del magistrado instructor del TSJCV, José Flors, quien sostenía que había indicios de cohecho pasivo en la actuación de los cuatro imputados por supuestamente aceptar regalos de la empresa Orange Market, dirigida por Alvaro Pérez, 'El Bigotes', e investigada en el marco de la 'operación Gürtel'.
El recurso de Camps se basaba en que había pagado sus trajes en efectivo.
Contra la decisión puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo
Paralelamente, la Sala ha desestimado los recursos de apelación formulados por el Ministerio Fiscal y la acusación popular, -ejercida por el PSPV- que solicitaban la ampliación del objeto del procedimiento, extendiendo los hechos iniciales del cohecho pasivo al del cohecho activo, la continuación de la investigación en fase de diligencias previas para practicar más pruebas, y la ampliación del número de imputados. De igual manera, ha desestimado la petición de nulidad de las actuaciones, que de forma referencial, fue planteada por la defensa de Francisco Camps.
Según informó el TSJCV en el comunicado, la resolución de la Sala, basada en una "amplia" jurisprudencia del Tribunal Supremo, revisa la declaración de hechos probados del magistrado instructor, valora indicios, pero no realiza un nuevo relato de hechos, y en este sentido señala que "no cabe descartar de forma absoluta otras versiones", es decir, que no excluye "que pudiese ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y de las irregularidades de la prueba documental".
Cosas de su función
Hay un voto particular del magistrado Juan Montero, que defiende el sobreseimiento sólo para Ricardo Costa
Respecto al tipo delictivo investigado, -el cohecho pasivo impropio recogido en el artículo 426 del Código Penal-, el tribunal entiende que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario de la persona imputada, sino a actos propios de "su función", a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario.
En este sentido, la resolución señala que "no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza 'en consideración a su función', por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público".
"Por tanto, no cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones.... Las anteriores consideraciones vienen avaladas por la más actualizada doctrina jurisprudencial, de la cual se infiere que no cabe realizar una valoración automática o genérica de la concurrencia de dicha relación de causalidad...", indica.
Francisco Camps
Presidente de la Generalitat
Garzón vio indicios que apuntaban a que recibió de las empresas de Correa más de 12.783 euros, principalmente en trajes.
Ricardo Costa
Secretario general del PP valenciano
El juez sostenía que adquirió trajes en tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados por empresas de Correa.
José V. Campos Guino
Ex vicepresidente de la generalitat
Las investigaciones apuntaban a que habría recibido en especie de las empresas del supuesto cabecilla de la trama 4.850 euros.
Rafael Betoret Parreño
Ex jefe de gabinete de Turismo en Valencia
El auto de Garzón le imputaba, al igual que a Campos Guinot, por los delitos de cohecho, falsedad y tráfico de influencias.
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El TSJ archiva la causa contra Camps porque no es delito recibir regalos
La Sala no cuestiona la investigación judicial sobre si pagaron los trajes o no. Lo que interpreta el tribunal es la competencia como alto cargo para influir con sus actos y favorecer a empresas o personas de las que reciben dádivas
REGINA LAGUNAVALENCIA
No se pone en tela de juicio el vaivén de trajes, medidas, sastres y sastrerías. No se entra a juzgar si las facturas son falsas o quién pagó los encargos. Tampoco se entra a valorar si los imputados pagaron los trajes o los aceptaron como regalos. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se limita a declarar el sobreseimiento libre de las diligencias que imputaban al presidente de la Generalitat Valenciana por un delito de cohecho alegando que no hay delito porque ni él ni el resto de altos cargos del PP tenían capacidad para influir en los contratos con Orange Market. Es decir, la Sala no pone en duda que hubieran recibido los trajes como regalo. Y, de hecho, da por buena la investigación del instructor, calificándola de lógica y racional cuando habla de las irregularidades en las facturas pagadas por la trama del caso Gürtel en Madrid: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, de quienes estaba pendiente su imputación en esta causa tras inhibirse el pasado jueves el TSJ madrileño.
Lo que viene a discutir la Sala es que no hay delito porque no hay "relación de causalidad". Es decir, no existe una causa para que les regalaran unos trajes "en consideración" a su cargo o función" pública sino en sus competencias. En la causa también estaban imputados el portavoz del PP, Ricardo Costa; el ex viceconseller, Víctor Campos, y el ex jefe de Gabinete de Turismo, Rafael Betoret.
A esta conclusión llegan los magistrados José Ceres y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, tras una deliberación de cinco días, ya que la resolución tiene fecha del sábado 1 de agosto. Su razonamiento jurídico, del que se aparta el tercer magistrado, Juan Montero -nombrado por las Corts por la cuota autonómica a propuesta del PP-, es que el artículo 426 del Código Penal, por el que se les había imputado un "posible delito de cohecho" no puede interpretarse de forma genérica por su sola condición de autoridad pública o funcionario. Al contrario, lo que en realidad convertiría en delito la aceptación de un regalo por parte de Camps, Costa, Campos y Betoret es que hubieran recibido los trajes en relación a "actos propios de su función" o de su "competencia" como autoridad o funcionario, explica en una nota el TSJCV. Es decir, que sólo si se hubiera probado que hubieran podido tener alguna capacidad de influencia en las adjudicaciones de los 7 millones de euros en contratos con Orange Market -empresa que pagó los regalos-, entonces podría considerarse delito. No obstante, cabe recordar que, precisamente, la relación con los contratos de Orange Market es lo que se ha negado por activa y por pasiva -recordemos la "montería"- a investigar el tribunal, denegando prueba a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE para "no ampliar el objeto del proceso", algo completamente usual en derecho penal.Y el objeto del proceso, recordemos de nuevo, lo delimitó la Sala en su auto de apertura de diligencias el pasado 21 de abril. En este sentido, la resolución hecha pública ayer señala expresamente el primer "punto de partida". El auto de 5 de marzo del juez Baltasar Garzón, que se inhibía respecto a los imputados a favor del TSJCV, "venía a relacionar las adquisiciones de prendas por las indicadas autoridades y funcionarios con la concurrencia de la empresa Orange Market a los concursos para la adjudicación de los stands de la Comunitat Valenciana en distintas ferias de turismo". Así, el auto del instructor que se recurre, de 6 de julio, parte de dos premisas -aceptadas por la Sala- y que niegan la relación entre la recepción de los regalos y la adjudicación de los contratos.
El instructor José Flors, recuerda la Sala, dejó claro que "no existe constancia de ninguna relación directa entre el pago de las prendas de vestir" que parece que regalaron a los imputados, y los "concretos actos de contratación realizados por las autoridades y los funcionaros en el ámbito de sus competencias". Y, añade que tampoco existe constancia de que "tales agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación", que fue decidida por las autoridades y funcionarios que declararon ante Flors, y no por los imputados. Diccionario de la RAEA continuación, el tribunal insiste en el significado de la palabra "función" interpretándola como la competencia o potestad del funcionario para influir en un contrato. Incluso llega a hacer referencia al diccionario de la Real Academia Española y destaca, entre otras acepciones, la de "tarea". En este punto, la Sala recuerda que ya el magistrado Flors decía en su auto que no apreciaba "ninguna especial razón que justificara el obsequio". Aunque Flors, en realidad, viene a decir, que no había ninguna "causa o razón diferentes a la de su condición personal y a la función pública" de los imputados que permita "explicar por qué motivo Álvaro Pérez y sus empresas tuvieron que obsequiarles de aquél modo". La Sala infiere de aquí que incluso se descarta un posible agradecimiento. Lo que no tiene en cuenta es que Flors considera que cometen delito por el simple hecho de recibir los regalos como autoridades o funcionarios públicos, que es lo que dice el apartado primero del artículo 426 del Código Penal. No obstante la Sala concluye que no se ha puesto "mínimamente en peligro" el bien jurídico protegido", es decir "la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones. Con ello, viene a exonerar a todas las autoridades que reciben regalos y borra la sombra de la sospecha sobre su posible parcialidad.
Costa recibe la unanimidad del TSJCV
El secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, ha conseguido la unanimidad de los magistrados del TSJCV a la hora de entender que no cometió delito alguno sobre las acusaciones que se le formulaban en relación con el caso Gürtel. El voto particular del magistrado Juan Montero refiere que sólo cabe sobreseimiento respecto de Ricardo Costa. Costa es uno de los políticos más cercanos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de quien se ha convertido en su mano derecha tanto en el partido como en las Corts Valencianes, donde ejerce de portavoz del grupo popular.
Cuando en marzo apareció su nombre en el auto remitido por el juez Baltasar Garzón al TSJCV, Costa se mostró "indignado" y en reiteradas ocasiones afirmó que las acusaciones contra él y el resto de imputados eran "falsas e infundadas".Ahora el TSJCV le ha dado la razón a Costa al entender que no ha cometido delito alguno en relación a los presuntos regalos recibidos de la trama Gürtel. efe valencia
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No tenían capacidad para contratar con Orange Market
La Sala afirma que no se investigó si hubo una "irregular contratación" con Pérez
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Vídeo: El 'caso Gürtel' sigue abierto
El tribunal no niega que los imputados recibieran regalos
PP Vice. Vídeos Cuatro sobre la trama.
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