dissabte, 27 de febrer del 2021

El reparto del régimen franquista de obras de arte robadas en la posguerra (y del que la Iglesia fue la gran beneficiada).

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Una investigación sobre las devoluciones del patrimonio artístico español durante la posguerra saca a la luz la diáspora de las obras que se dio por parte del régimen franquista. Miles de ellas entregadas en depósito a diferentes instituciones, la falta de un inventario estatal hace imposible su localización actual.

18/02/2021. Imagen recurso de una persona observando las obras de arte del pintor Joaquín Agrasot, en València. - EFE
Imagen recurso de una persona observando las obras de arte del pintor Joaquín Agrasot, en València.  Ana Escobar / EFE

¿Qué hizo el franquismo con las miles de obras custodiadas o evacuadas por la República durante la guerra? Esa es la pregunta que rondaba en la cabeza de Arturo Colorado Castellary desde hace años. Ahora encuentra respuesta. Un minucioso estudio publicado bajo el título Arte, botín de guerra. Expolio y diáspora en la posguerra franquista (Cátedra, 2021) da buena cuenta de cómo la devolución del patrimonio artístico español realizada por el régimen terminó con la desviación de multitud de obras que jamás fueron devueltas a sus dueños legítimos. Entre los agraciados, diferentes organismos (civiles y políticos, militares, culturales y centros educativos), pero también la Iglesia, con un patente trato preferente, y algunos particulares que no dejaron pasar la oportunidad de beneficiarse del momento.

Todo comienza con el estallido de la Guerra Civil, como tantas cosas que aún no tienen respuesta. La República desarrolló todo un plan de protección del patrimonio artístico creando la Junta del Tesoro Artístico (JTA), encargada de la búsqueda, recopilación y depósito de miles de obras. Junto a ella, un comité internacional constituido por las principales galerías de arte de los países democráticos, como el Louvre en París o la National Gallery de Londres, quienes propiciaron la evacuación de algunas de las obras más importantes del momento desde Madrid a València, de ahí a Catalunya y, después, su ubicación en el Palacio de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Entre ellas, más de 500 obras selectas del madrileño Museo del Prado.

Colorado afirma que la protección del patrimonio artístico en la zona franquista fue ínfima: "Hay declaraciones de algún responsable del Ejército que decía que haberse preocupado por las obras de arte hubiera sido considerado como derrotismo. Realmente, la intervención que llevaron a cabo se ubica en la posguerra", remarca el historiador catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). De esta forma, el escritor cierra una amplia y documentada trilogía que comenzó con la publicación de Éxodo y exilio del arte.La odisea del Museo del Prado durante la Guerra Civil y que continuó con Arte, revancha y propaganda. La instrumentalización franquista del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial, ambas monografías publicadas por Cátedra.

Fuentes del Ejército habrían afirmado que preocuparse por las obras de arte en la guerra sería considerado derrotismo

Al fin y al cabo, el presente volumen analiza la gestión franquista de aproximadamente 17.000 obras de las que prácticamente la mitad fueron desviadas hacia otros destinatarios que no eran sus propietarios y que, sin embargo, reconocían en muchos casos como suyas. Mientras las cárceles estaban ocupadas por 270.000 prisioneros por motivos políticos al inicio de la posguerra y el nuevo régimen ejecutaba a miles de republicanos que habían sobrevivido a la muerte en las cárceles y los campos de concentración en los que el hambre, la miseria y las enfermedades eran la tónica general, el Servicio de Recuperación Artística pasaba a la acción.

8.000 obras desviadas entregadas en depósito

Esta entidad, configurada para que gestionara el retorno del patrimonio mueble español a sus legítimos dueños, más tarde se pasaría a llamar el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan) y actuaría, mayoritariamente, en Madrid y Barcelona. Pero las obras no siempre fueron devueltas a sus propietarios. Colorado utiliza la experiencia del duque de Alba como paradigma de la gestión franquista. ¿Qué ocurrió exactamente con él? "El ducado de Alba, lógicamente, tenía y tiene una de las grandes colecciones particulares de España, por no decir la mayor. El Palacio de Liria de Madrid, que le pertenecía, fue incautado por el Partido Comunista. Se conservó en perfectas condiciones, incluso se abrió al público como museo. En noviembre de 1936, un bombardeo del bando franquista, apoyado por italianos y alemanes, causó un incendio en el Palacio. Las obras de arte que albergaba fueron salvadas a hombros de los milicianos que lo custodiaban, algunas de ellas enviadas a Ginebra y otras depositadas en los grandes almacenes de arte de la República", responde Colorado.

Y la historia continúa: "Acabada la Guerra Civil, el grueso de las obras se devuelven al duque de Alba, pero otras se desvían a otros destinatarios. Así se demuestra que, incluso conociendo al propietario de esas obras, prefirieron desviarlas. De las 17.000 estudiadas, más de 8.000 fueron desviadas y entregadas en depósito", relata el historiador. De esta forma, la monografía estudia las fórmulas utilizadas por el Sdpan para la devolución de las obras, en cuyos informes se diferenciaba claramente entre devolución al propietario y la entrega en depósito.

Para el primer caso, la fórmula habitual utilizada por el Sdpan era que la persona en cuestión "reconoce que son de su propiedad". Así de simple. Después lo cambiaron, alineándose con la retórica impuesta por el nacionalcatolicismo, por lo que dicha persona "jura por Dios y por su honor reconocer como de su absoluta propiedad". Más allá de estas fórmulas para entregar cientos de obras de arte, la entrega en depósito es la más controvertida. "¿Cómo se puede entregar en depósito una obra a quien dice que es suya? Ese es el tema fundamental de la investigación, y podemos concluir que hubo una auténtica diáspora de obras de arte en todo el territorio nacional", agrega el propio Colorado.

La Iglesia, la gran beneficiada

Según el estudio, 3.761 piezas artísticas fueron entregadas en depósito a 35 museos, 2.330 a organismos, y 2.040 a la Iglesia. Esta última institución, erigida como baluarte moral del régimen franquista, tuvo un trato preferente en cuanto a las devoluciones. El propio Colorado lo define como una compensación a la Iglesia por las múltiples pérdidas ocasionadas durante la Guerra Civil por la "barbarie roja", cuya "propaganda franquista en este sentido ha dejado una huella tan profunda en la mentalidad española que, en principio, a muchos podría parecerles justificado este trato preferente por parte del Sdpan", advierte en el libro.

La Iglesia recibió regalos de gran valor por parte del régimen nazi

Por otra parte, la Iglesia también obtuvo un regalo de los nazis, que quisieron compensar los daños que habían sufrido durante la guerra. "Les entregaron un conjunto importante de piezas procedentes de Polonia, fundamentalmente orfebrería religiosa. Fue otra manera más de materializar la colaboración entre el nazismo y el franquismo", explica Colorado.

El historiador explicita cómo hubo casos en los que la Iglesia se benefició de obras que ni le pertenecían ni habían perdido por los asaltos e incendios al comienzo de la guerra. Es el caso de León, donde la sublevación franquista había triunfado desde el primer momento y, por lo tanto, sus templos no sufrieron daño alguno. Sin embargo, tanto el Palacio Episcopal como el Obispado de la ciudad recibieron dos depósitos de piezas patrimoniales. En este caso en concreto de los tantos que el autor aporta en el libro, un hecho llamativo es que el Palacio Episcopal de León recibió una obra de procedencia conocida y que nunca sería devuelta a su propietario.

Expolio a las colecciones de los republicanos

Algo parecido sucede con algunas obras que fueron enviadas a Ginebra, perfectamente inventariadas, al igual que con las colecciones privadas de los republicanos exiliados o asesinados en el frente. "La colección de Pedro Rico, el alcalde republicano de Madrid, comprendía más de 25 pinturas que fueron repartidas entre diferentes organismos de la capital. Lo mismo sucedió con el coronel republicano José Sicardo y su mujer Mariana Carderera, que ya en la posguerra los franquistas entraron en su domicilio y se llevaron más de un centenar de objetos artísticos que distribuyeron a capricho. O el caso del nacionalista vasco Ramón de la Sota, cuyas 300 obras también fueron repartidas y algunas de sus pinturas decoraban el despacho de Ramón Serrano Suñer cuando era ministro de Gobernación", ejemplifica Colorado.

Según Colorado, cientos de obras  de arte fueron robadas por los franquistas a altos cargos republicanos

El propio catedrático de la UCM agrega que con la llegada de la democracia a España se produjeron algunas recuperaciones por parte de las familias afectadas por este reparto desigual. Es el caso de la familia De la Sota, quien pudo obtener un conjunto de piezas que les habían arrebatado. Aun así, el historiador considera que el grueso de las obras diseminadas y entregadas en depósito sigue estando en el lugar al que fueron entregadas, aunque la falta de un inventario a nivel estatal en torno al patrimonio artístico español dificulta enormemente la tarea de su localización.

El arte robado como premio a los vencedores

Hubo obras que también fueron entregadas en depósito a particulares. Según la investigación, hasta 579 piezas localizadas a aquellos que las reclamaban como suyas, de las cuales 21 procedían del extranjero. Otro caso diferente fueron las piezas utilizadas para decorar las residencias de Francisco Franco, tanto las públicas, como el castillo de Viñuelas y el Palacio de El Pardo, como las privadas, como el Pazo de Meirás y el Palacio del Canto del Pico. Según la base de datos utilizada por el autor, hay 482 piezas en paradero desconocido.

Tal y como concluye Colorado, "se podría decir que con su política de devoluciones y entregas en depósito el franquismo estaba ejecutando una especie de amortización o una contradesamortización, viejo sueño pendiente de la derecha española. El arte se convertía en poder y en símbolo de la utilización política del patrimonio, lo que permitió saquear a los republicanos exiliados o en prisión y premiar a los vencedores. En última instancia, la instrumentalización política del patrimonio". 


Cuando la pared de atrás de una iglesia del siglo XVIII se convirtió en un paredón franquista.

https://www.publico.es/politica/pared-iglesia-siglo-xviii-convirtio-paredon-franquista.html 


Finalizan las tareas de exhumación en el cementerio de Porreres, en Mallorca, con la recuperación de 44 represaliados por el franquismo. Estos cuerpos se suman a los 49 que ya fueron exhumados en 2016. Las víctimas fueron fusiladas en la parte trasera del Oratorio de la Santa Cruz durante los primeros meses de 1937. Sin rastro de Aurora Picornell, conocida como la pasionaria de Mallorca. 


Parte de atrás del Oratorio de la Santa Cruz
Parte de atrás del Oratorio de la Santa Cruz.

En el pequeño municipio de Porreres (Mallorca) se encuentra el Oratorio de la Santa Cruz, un templo que se ordenó construir en el siglo XVIII en el mismo lugar donde, hasta la fecha, había una cruz. La tradición oral otorgaba a la misma unas propiedades curativas que provocaron que las autoridades de la época ordenaran levantar en la zona un pequeño templo. El lugar ha sido tradicionalmente un remanso de paz, a apenas unos metros del cementerio local. Sin embargo, la tranquilidad de un lugar considerado sagrado se vio quebrada durante la Guerra Civil. La parte trasera del oratorio fue convertido en un gran paredón. Un templo católico convertido en paredón. 

Vista aérea de las fosas encontradas en el cementerio de Porreres.
Vista aérea de las fosas encontradas en el cementerio de Porreres. — Govern de les Illes Balears

El historiador Bartomeu Garí Salleras, autor de La Guerra Civil a Porreres: desfilades de dia, afusellaments de nit, explica que en aquel lugar, durante los primeros meses de 1937, fueron fusilados alrededor de 130 personas. La mayoría hombres, pero los testimonios orales también sitúan allí el escenario del fusilamiento de Aurora Picornell, la joven Belarnina González, Catalina Flaquer Pascual y sus hijas Antonia y María Pascual Flaquer. Eran los meses de enero, febrero y marzo de 1937. Las víctimas eran colocadas frente al muro, ejecutadas y transportadas a las fosas abiertas en el cementerio de Porreres, situado a apenas unos metros del Oratorio. 

Ahora, 84 años después, el Govern de Illes Balears, en colaboración con el equipo técnico de Aranzadi, ha completado la recuperación de 44 de las víctimas que allí fueron fusiladas y enterradas. La recuperación de estos cuerpos se suma a las 49 víctimas que ya fueron exhumadas en noviembre de 2016 en el mismo lugar. Así, a día de hoy, en el cementerio municipal de Porreres se han recuperado los restos de 93 personas. No obstante, todavía no están todos los fusilados y fusiladas. 

La directora de los trabajos de exhumación, Lourdes Herrasti, cuenta a Público que, de momento, entre los trabajos de 2016 y 2021 han encontrado en el cementerio un total de 13 fosas, todas ellas de idéntico tamaño y siguiendo una estructura de dos filas. Una fosa tras otra, ordenadas, con unas medidas de 1,30x2 metros. "Este dato nos permite plantear la hipótesis de que la represión en esta zona fue planificada, preparada y se lleva a cabo de una manera sistemática. Cuando las víctimas llegaban al cementerio, su fosa ya estaba preparada", explica Herrasti. 

Exhumación en el cementerio de Porreres.
Exhumación en el cementerio de Porreres.  Govern de les Illes Balears

Por otro lado, Herrasti también señala que los datos recabados en la exhumación permiten afirmar que las víctimas exhumadas son hombres cuyas edades se sitúan entre los 20 y los 50 años, aunque alguno podría superar la cincuentena. Los datos recabados por el equipo de Aranzadi permiten también descartar que entre los cuerpos se encuentren los restos de Aurora Picornell y el resto de mujeres que fueron fusiladas aquella noche de reyes de 1937.

Junto a los cuerpos de las víctimas también han aparecido objetos personales como minas de lápices, un tintero, una plumilla, tabaqueras, cajas de pastillas contra la tos de diferente procedencia, filtros de tabaco y elementos de higiene personal—cepillo de dientes, tres peines, etc. Objetos que recuerdan que allí donde hoy solo hay huesos, no hace mucho tiempo hubo una vida segada por la represión franquista.

Libres y al paredón

El historiador Bartomeu Garí Salleras explica que las víctimas de este cementerio eran presos de las sacas de las prisiones cercanas de Can Mir y el castillo de Bellver y que fueron ejecutados principamente entre los meses de enero a marzo de 1937. También señala que se trata de personas con un "nivel de compromiso político alto, que formaban parte de ayuntamientos o sindicatos". "También hemos documentado la presencia de algún profesor e incluso algún farmacéutico", explica Garí Salleras en conversación con Público

Joan Losa Campomar el día de su boda junto a su esposa.
Joan Losa Campomar el día de su boda junto a su esposa.  Imagen cedida por la familia

Bartomeu Garí apunta que, según los testimonios orales, los verdugos comunicaban a la víctima su puesta en libertad y en ese momento era trasladada hasta Porreres, donde sería fusilada en la parte de atrás del Oratorio de la Santa Cruz y enterrada en el cementerio. Era una manera más de castigar a las víctimas y a sus familiares, que ni siquiera podían certificar de manera legal la muerte de los suyos. 

Este fue el caso, por ejemplo, de Joan Losa Campomar. Su cuerpo fue identificado tras la exhumación de 2016. Estaba en la fosa nº 2. Este hombre llegó a escribir a su casa, a su mujer, en diciembre de 1936 para anunciar que el juez ya le había notificado el sobreseimiento de su expediente. "Ahora estoy bajo la jurisdicción del E.S. Gobernador y espero que una vez haya revisado el sumario, no tendrá ningún inconveniente en decretar la libertad, pues la Justicia siempre es para los inocentes", escribía Joan Losa. 

Sin embargo, estaba equivocado. Pocas semanas después sería ejecutado y enterrado. Su nieta, Maite Blázquez, cuenta que su madre apenas tenía unos meses de vida cuando ocurrió esto. "Me enteré de que tenía un abuelo desaparecido en 2009. Mi abuela nunca había contado nada en casa y mi madre tampoco es mucho de hablar del asunto. Ella apenas tenía unos meses cuando mataron a su padre", explica Blázquez.

La identificación de Joan Losa fue posible gracias al análisis de ADN. De las 49 víctimas que fueron recuperadas en la exhumación de 2016 han podido ser identificadas genéticamente catorce personas. Joan Losa es uno de ellos. Otras familias, como la de Maria Antònia Oliver y su madre de 96 años, Antonia París Llumpart, siguen esperando y peleando para poder encontrar a su familiar. 

Antònia París Llompart.
Antònia París Llompart.  Foto cedida por la familia

Oliver y su madre esperaban poder encontrar a Andreu París Martorell entre los exhumados del cementerio de Porreres. En la exhumación de 2016, no fue posible. Ahora hay que esperar a los resultados de las pruebas de ADN que se hagan con los nuevos cuerpos recuperados. Oliver no pierde la esperanza. Es la presidenta de la asociación Memòria de Mallorca y explica que cada cuerpo recuperado y cada cuerpo identificado lo siente como si fuera un familiar propio, como una victoria de un largo camino en la recuperación de la memoria histórica. 

Su abuelo Andreu fue uno de los fundadores del sindicato La Justicia en la localidad de Inca, y en 1936, de la agrupación socialista en la misma localidad. Fue detenido nada más declararse el golpe de Estado. "El 12 de marzo de 1937 mi madre fue a verlo y le dijeron que lo habían soltado. Desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Mi madre y mi abuela fueron a diversos sitios oficiales a preguntar qué le había pasado y se reían de ellas", cuenta Oliver. La madre y la abuela de María Antonia no tardaron en comprender que aquellos que reían cuando ellas preguntaban eran los responsables del asesinato de Andreu París. 

A pesar del tiempo transcurrido, María Antonia Oliver y su madre mantienen la búsqueda. La mujer recuerda cuando, tras el fin de los primeros trabajos en 2016, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, telefoneó a Antonia París para trasladarle la voluntad del Gobierno regional de continuar buscando a los desaparecidos de la represión franquista. "Mi madre le contestó que, por favor, le devolvieran pronto a su padre", cuenta Oliver. 

De momento, desde el Govern balear aseguran que el compromiso con la Memoria Histórica es "firme" y que las exhumaciones continuarán en los próximos años. "Es una deuda democrática que tenemos con las familias de los desaparecidos", apunta a Público Jesús Juan Jurado, secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, que apunta que el Govern está invirtiendo entre 300.000 y 500.000 euros anuales en intervenciones en fosas comunes.

"Vamos a seguir insistiendo en este tema mientras que estemos en el Gobierno. Las víctimas del franquismo han pasado demasiado tiempo sin tener a las instituciones de su lado. Ahora tenemos la obligación de acelerar porque llegamos con mucho retraso", sentencia Jesús Juan Jurado. 

Alacant: Aparecen restos infantiles en la fosa número 10 del cementerio donde se busca a represaliados del franquismo.

 https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/aparecen-restos-infantiles-fosa-numero-10-cementerio-donde-busca-represaliados-franquismo_2021022660392cfa6716f00001048d00.html


"ERA LO PREVISTO" SEGÚN LA EMPRESA ENCARGADA


Las labores de exhumación en el cementerio de Alicante de los represaliados por el franquismo en 1940 van dando frutos ya que han aparecido restos infantiles de la década de 1960 que constaban en el libro de enterramientos del camposanto en ese mismo cuadrante, según fuentes de la empresa encargada de los trabajos, ArqueoAntro

EFE

Alicante|26.02.2021 18:16

Familiares de los enterrados en la fosa con la consellera Rosa Pérez Garijo, en el inicio de los trabajos de exhumación
Familiares de los enterrados en la fosa con la consellera Rosa Pérez Garijo, en el inicio de los trabajos de exhumación | Generalitat Valenciana

El hallazgo se produjo el jueves, ha declarado a Efe Álex Calpe, codirector arqueológico de la empresa especializada. "Según el libro de enterramientos del cementerio", ha indicado, "por encima de los restos de los represaliados teníamos que encontrar muchos otros infantiles". Se trata, ha continuado, "de bebés no nacidos o fallecidos a los pocos días de su nacimiento en el Hospital de Alicante", entre los años 1963 y 1964.

El cuadro 12, el sector en el que se cree que está ubicada la fosa común de los fusilados tras la Guerra Civil, "formaba parte del cementerio civil", la zona en la que, según la costumbre, había que enterrar a las personas que no estuvieran bautizadas o bien que no tuvieran recursos económicos para una inhumación. "Los fetos o los bebés de pocos días", ha manifestado Calpe, no habían recibido el sacramento del bautismo, por lo que no podían ser enterrados en un lugar santo, tal como estipula la Iglesia católica.

Junto a estos restos infantiles, los arqueólogos también han hallado "miembros amputados" procedentes de intervenciones quirúrgicas realizadas en el hospital alicantino. "Era lo previsto", ha relatado Calpe, "pese a que no disponemos del número exacto de niños enterrados, sí sabíamos que estarían por encima de los represaliados y habría que exhumarlos para llegar hasta ello".

Así constaba, ha dicho, "en los documentos que nos facilitó el cementerio con los datos de entierros practicados a partir del año 1945". Esta exhumación es la primera de estas características que se realiza en el cementerio municipal de Alicante y forma parte de un proyecto de la conselleria de Calidad Democrática, que ha destinado cerca de 75.000 euros a la prospección de fosas comunes en Alicante, Orihuela (Alicante), Segorbe (Castellón) y Castellón.

En concreto, ArqueoAntro, una empresa arqueológica que ya realizó una exhumación similar en el camposanto de Paterna (Valencia), percibirá 13.037,75 euros para la indagación e investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de víctimas de la represión franquista en Alicante. Los trabajos se prolongarán tres meses, según la estimación inicial.