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SOS! El PV demana la intervenció de l'ONU per restablir-hi la democràcia!
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El 40% del profesorado no podrá hacer huelga el 17-D
NEUS CABALLER
Los servicios mínimos duplican los de 2002 contra Aznar
El pulso vivido en los últimos tres meses entre la Generalitat y todos los agentes del sector de la enseñanza pública contrarios a la política educativa de Francisco Camps -que, además, se oponen de plano a la normativa valenciana que obliga a dar Ciudadanía en inglés sin más medios ni personal- se refleja de lleno en la huelga general convocada para el próximo miércoles 17 en todos los centros públicos. La Consejería de Educación presentó ayer una propuesta del "personal de servicios mínimos" que deja al 40% de los profesores y personal de apoyo sin derecho a poder secundar el paro convocado por la Plataforma per l'Ensenyament Públic.
La Plataforma lleva a Canal 9 al Síndic por manipular la protesta del 29-N
Esta cifra duplica el mínimo de profesores fijado por esta misma Administración en la huelga general en toda España contra el denominado decretazo de Aznar, el 20 de junio de 2002. "En aquella ocasión, la Administración fijó exactamente la mitad de los servicios mínimos que ahora, al establecer un profesor por etapa; y no por ciclo", comentó ayer Vicent Mauri, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. Es decir, que el colegio que tenía que poner dos profesores, ahora requerirá cuatro.
De publicarse estas instrucciones, cerca de 22.000 profesores y personal de apoyo (de un total de 54.000 dependientes de la Consejería Educación) se verán obligados a renunciar al derecho de huelga.
La Plataforma per l'Ensenyament Públic (integrada por el STEPV, CC OO y UGT y las asociaciones de padres, alumnos, directores e inspectores, además de Escola Valenciana) anunció que recurrirá estos servicios mínimos por "abusivos".
La consejería pretende obligar a "los centros de Infantil y Primaria con una línea donde trabajan 13 profesores a que cinco de ellos presten servicios mínimos", señaló la Plataforma, que también reprochó a la consejería que dirige Alejandro Font de Mora las instrucciones para que la inspección haga "listas" de los padres y alumnos que no piensan asistir a clase el 17-D.
La Generalitat se enfrenta a una huelga general de la enseñanza no universitaria sin precedentes. Es la primera vez que se convoca en todas las etapas y es apoyada por todos los estamentos educativos del sector público, por los partidos de oposición y 300 entidades cívicas.
La protesta ya fue contundente el 29 de noviembre y la Plataforma acusó ayer a Canal 9 de "censurar" las imágenes de 44.000 manifestantes en Valencia que clamaban contra la "política educativa" de Camps. Por ello, recurrió al Síndic de Greuges para que inste a una rectificación por las imágenes emitidas por la televisión autonómica, con una pancarta contra Zapatero que nada tenía que ver con la protesta.
Por otra parte, el consejero Font de Mora añadió ayer más confusión a la polémica al declarar, según la agencia Efe, que los alumnos objetores a la asignatura de Ciudadanía tienen derecho a ocupar otro espacio en el centro y ser atendidos por otros profesores. El Tribunal Superior de Justicia ya suspendió en su día la intención de su departamento de facilitarles la aprobación de la materia mediante un trabajo alternativo.
COLEGIOS DE LA MARINA ALTA EN PIE DE GUERRA.
Instalaciones degradadas, barracones precarios y falta de inversiones educativas. Contra este desolador panorama se manifestaron ayer las comunidades escolares de dos colegios de la Marina Alta, la del Carolina Sala en Pego y la de La Xara en Dénia. En total, unas 700 personas en dos movilizaciones diferentes salieron a la calle y advirtieron a la Consejería de Educación de que habrá nuevas protestas si no se da respuesta urgente a sus demandas. La manifestación de Pego fue la más significativa, con cerca de 500 participantes.
Primera huelga general educativa
- Profesores convocados. Un total de 54.000 entre docentes y personal de apoyo dependiente de la Consejería de Educación en 1.600 colegios e institutos.
- Servicios mínimos. La consejería fija un profesor por ciclo en cada centro de Infantil y Primaria de una línea, lo que supone cuatro profesores, además del director.
- Personal afectado. Los servicios mínimos obligarían a 22.000 funcionarios dependientes de Educación.
- El precedente de 2002. La Administración valenciana estableció unos servicios mínimos para los funcionarios de Educación que reducían al 20% el número de profesores que tenían que permanecer en sus puestos el día la huelga general contra el 'decretazo' del Gobierno Aznar.
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La objeción a Ciudadanía enfrenta a Font de Mora con los inspectores educativos
El conseller defiende la orden lo regula y los técnicos, que la asignatura es obligatoria
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Los sindicatos rechazan que el 40% de docentes no pueda ir a la huelga
Levante-EMV, Valencia La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic tildó ayer de "abusivos" los servicios mínimos de hasta el 40 por ciento del personal en "muchos" centros de Primaria e Infantil impuestos por la Administración educativa ante la convocatoria de huelga docente del 17 de diciembre, por lo que no se ha conseguido un acuerdo entre la Generalitat y los sindicatos sobre esta cuestión, informaron en un comunicado.
La propuesta presentada por la Administración educativa a los sindicatos ha sido valorada como "abusiva" por los representantes sindicales porque supone que en centros de Infantil y Primaria de una línea dónde trabajan 13 personas como profesorado estén cinco de ellas obligadas a prestar servicios mínimos, es decir, el 40% de la plantilla. La Plataforma, asimismo, mantendrá hoy una reunión para adoptar una "posición común" ante las tres mesas sectoriales (de padres, estudiantes y sindicatos) que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha convocado el lunes para abordar la implantación en la Comunitat de un sistema plurilingüe.
Por su parte, el conseller al ser cuestionado por una posibilidad de suspensión de huelga ante las mesas indicó que la pregunta se debe hacer "a quien ha convocado el evento; nosotros no tenemos ahí nada que decir".
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divendres, 12 de desembre del 2008
El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'.
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El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'
MARÍA FABRA
El dirigente del PP de Castellón será reelegido hoy en presencia de Camps
El Gobierno lo podía decir más alto pero no más claro y, en una respuesta al diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, señala a la Generalitat valenciana como responsable de "retrasar" la provisión de medios para la buena marcha del juzgado de Nules en el que se instruye el llamado caso Fabra desde hace cinco años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre una dotación de dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, lo que serviría para desatascar el juzgado y, en alguna medida, dar algo de celeridad a la instrucción, en la que ya han participado siete juezas y cuatro fiscales. Sin embargo, su incorporación está pendiente de que la Generalitat provea a los juzgados de los medios materiales y humanos correspondientes, lo que ha provocado la crítica del Gobierno, que acusa al Gobierno de Francisco Camps de que, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", sigue "retrasando la provisión de los citados medios". No fue hasta ayer, después de conocida la respuesta del Gobierno, cuando la consejería de Justicia dio a conocer la designación de dos funcionarios para cada uno de los juzgados, aunque no se incorporarán hasta enero y pese a que la recomendación del CGPJ cifraba en cuatro los funcionarios a designar. Fuentes de la consejería aseguraron que en ningún momento han "obstaculizado" la instrucción del caso.
El líder castellonense califica de "incompetente" al ministro de Justicia
Mientras, Carlos Fabra será hoy reelegido presidente provincial del PP de Castellón en presencia del propio Camps y sin nadie como oponente. Fabra asumirá su proclamación en Peñíscola en el que puede ser su último congreso.Carlos Fabra será hoy proclamado en Peñíscola, de nuevo, presidente provincial del PP, un puesto que ocupa desde hace 18 años. Todo hace prever que no habrá voces discordantes. Sin embargo, varias fuentes del partido sí han señalado que éste podría ser el último congreso de Fabra y, como dato, esgrimen la creación de un nuevo cargo, el adjunto a la presidencia, que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner. Se trata del hombre fuerte del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, que, como presidente de la agrupación local, no ha demostrado, de momento, gran interés por vincularse y atender en mayor medida las tareas orgánicas del PP castellonense. Sin embargo, las interpretaciones sobre la "colocación" de Moliner en un puesto tan destacado, aunque sin apenas funciones, según la ponencia de estatutos, son variadas. Hay quien apunta que la tarea del vicealcalde no será otra que la de mantener el desgaste que pueda suponer el cargo hasta que Carlos Fabra deje su puesto, momento en el que la formación auparía a Alberto Fabra como líder. Otros sostienen que Carlos Fabra ha realizado únicamente un gesto admitiendo a Javier Moliner como "convidado de piedra" en la organización del partido para acallar susceptibilidades. El puesto que sí reforzará hoy el congreso será el de vicesecretario de organización, que ocupará el vicepresidente de la Diputación, Vicente Aparici, que concentrará la estructura provincial.
Días después de la proclamación de Fabra se cumplirán cinco años desde que el juzgado número 1 de Nules abriera diligencias para investigar la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y, posteriormente, un posible fraude fiscal. Desde entonces, se han practicado un sinfín de pruebas e interrogatorios y en la instrucción han participado hasta siete jueces, dado el carácter temporal de la plaza, y cuatro fiscales. Además, el de Nules es un juzgado objetivamente saturado, tal como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en sus memorias. Después de más de cuatro años de instrucción, el TSJ decidió solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la dotación de refuerzos para este juzgado. El Ministerio de Justicia aprobó el refuerzo solicitado por CGPJ con lo que el propio Gobierno considera que, "dentro del ámbito de sus competencias", ha adoptado todas las medidas necesarias "para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia" también en el supuesto del caso Fabra por el que preguntó el diputado Joan Herrera. La respuesta, fechada en noviembre, apunta, además, que el Gobierno considera que el margen del que disponen las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas "no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados". Por tanto, concluye que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".
El propio Carlos Fabra optó ayer por arremeter contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien calificó de "incompetente" y al que culpó de no haber solucionado los problemas de los juzgados de Nules hace tiempo. "Lo que tenía que haber hecho el ministro", dijo Fabra, "es solucionar el guirigay de los juzgados desde hace mucho tiempo".
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El Gobierno acusa al Consell de retrasar el envío de personal y obstaculizar la investigación a Fabra
El Ejecutivo insta a la Generalitat a proveer con urgencia al juzgado de Nules de funcionarios y material
Carlos Alós, Valencia
El Gobierno de España considera que ha hecho los deberes respecto a la provisión de los medios suficientes para descongestionar los juzgados de Nules, donde se dirimen las causas judiciales abiertas contra el presidente de la Diputación de Castelló y líder provincial del Partido Popular, Carlos Fabra. Todo lo contrario que el Consell que preside Francisco Camps. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sostiene que la resolución del caso se eterniza porque la Generalitat dilata el envío de los medios materiales y personales necesarios para desatascar el caso en los juzgados de Nules. Según explica el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, Francisco Caamaño, en una respuesta al diputado del grupo parlamentario Esquerra República-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, es el Gobierno de Camps el que "sigue "retrasando" la llegada de los citados medios. El Ejecutivo recuerda en esa misma respuesta que la Generalitat tiene transferidas las competencias en el ámbito de la Administración de Justicia, pero que esa autonomía no debe convertirse en "arbitrariedad" y mucho menos en "obstaculizar" la labor de los juzgados. En el escrito, conocido ayer, el Gobierno incide en que el Consell debe proceder de forma "urgente" al envío a Nules de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de los juzgados números 1 y 2. La Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, dependiente del Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, señala que el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, ha adoptado ya todas las medidas necesarias para "agilizar y mejorar" el funcionamiento de la Administración de Justicia en lo que respecta al llamado "caso Fabra". Los refuerzos llegarán en eneroEn este sentido, el Gobierno destaca que la petición que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó al Ministerio de Justicia para que enviara un juez y un secretario de refuerzo a cada uno de los dos juzgados de Nules que se encuentran afectados por la investigación a Carlos Fabra fue resuelta en sentido favorable el mismo día en que se realizó y que en ese mismo momento se accedió a los nombramientos, añade.
Sin embargo, la falta de colaboración del Consell ha provocado que los refuerzos aprobados por el Ministerio de Justicia estén pendientes de que el departamento que dirige desde el pasado 19 de septiembre Paula Sánchez de León destine los medios materiales y personales necesarios, ya que la Generalitat tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Es en este punto donde el Gobierno acusa al Consell de "retrasar" la llegada de funcionarios judiciales a Nules pese a la "repercusión social" que tiene el asunto investigado. Desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Paula Sánchez de León aseguraron ayer que el próximo mes de enero llegarán a los juzgados de Primaria Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Nules dos funcionarios a cada uno de ellos. De León ha asegurado en interpelaciones parlamentarias en las Corts que el caso Fabra sólo interesa a la oposición por su impacto mediático, pero no a la opinión pública. Fuentes de su departamento señalaron que el Consell trata a todos los juzgados con el mismo rasero y que no hace distinciones respecto a qué persona puede afectar los asuntos judiciales. Además, añadieron que los planes de refuerzo para dotar de más funcionarios a los juzgados valencianos se ejecutan con carácter semestral y por eso la nueva dotación de personal llegará a Nules en enero. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) aseguraron que el nombramiento de nuevos jueces no puede realizarse hasta que el Consell dote al juzgado de los funcionarios. Hasta el momento han pasado nueve jueces y cuatro fiscales por los juzgados que investigan al dirigente popular.
A pesar del revuelo mediático levantado por este caso que ha llevado a Fabra ante el juez pordiferentes delitos, casi cinco años después el proceso continúa en fase de investigación.
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Fabra: "Bermejo es un incompetente por alargar la causa"
El PP abre sus congresos provinciales con el de Castelló, diseñado como homenaje a Fabra
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caso fabra
La UCE pide a la jueza que investigue el cobro de comisiones en Agricultura en la etapa de Aznar
Denuncia los despachos de influencias y los supuestos sobornos a funcionarios y altos cargos
"Comprar un funcionario costaba 200.000 euros"
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El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'
MARÍA FABRA
El dirigente del PP de Castellón será reelegido hoy en presencia de Camps
El Gobierno lo podía decir más alto pero no más claro y, en una respuesta al diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, señala a la Generalitat valenciana como responsable de "retrasar" la provisión de medios para la buena marcha del juzgado de Nules en el que se instruye el llamado caso Fabra desde hace cinco años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre una dotación de dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, lo que serviría para desatascar el juzgado y, en alguna medida, dar algo de celeridad a la instrucción, en la que ya han participado siete juezas y cuatro fiscales. Sin embargo, su incorporación está pendiente de que la Generalitat provea a los juzgados de los medios materiales y humanos correspondientes, lo que ha provocado la crítica del Gobierno, que acusa al Gobierno de Francisco Camps de que, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", sigue "retrasando la provisión de los citados medios". No fue hasta ayer, después de conocida la respuesta del Gobierno, cuando la consejería de Justicia dio a conocer la designación de dos funcionarios para cada uno de los juzgados, aunque no se incorporarán hasta enero y pese a que la recomendación del CGPJ cifraba en cuatro los funcionarios a designar. Fuentes de la consejería aseguraron que en ningún momento han "obstaculizado" la instrucción del caso.
El líder castellonense califica de "incompetente" al ministro de Justicia
Mientras, Carlos Fabra será hoy reelegido presidente provincial del PP de Castellón en presencia del propio Camps y sin nadie como oponente. Fabra asumirá su proclamación en Peñíscola en el que puede ser su último congreso.Carlos Fabra será hoy proclamado en Peñíscola, de nuevo, presidente provincial del PP, un puesto que ocupa desde hace 18 años. Todo hace prever que no habrá voces discordantes. Sin embargo, varias fuentes del partido sí han señalado que éste podría ser el último congreso de Fabra y, como dato, esgrimen la creación de un nuevo cargo, el adjunto a la presidencia, que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner. Se trata del hombre fuerte del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, que, como presidente de la agrupación local, no ha demostrado, de momento, gran interés por vincularse y atender en mayor medida las tareas orgánicas del PP castellonense. Sin embargo, las interpretaciones sobre la "colocación" de Moliner en un puesto tan destacado, aunque sin apenas funciones, según la ponencia de estatutos, son variadas. Hay quien apunta que la tarea del vicealcalde no será otra que la de mantener el desgaste que pueda suponer el cargo hasta que Carlos Fabra deje su puesto, momento en el que la formación auparía a Alberto Fabra como líder. Otros sostienen que Carlos Fabra ha realizado únicamente un gesto admitiendo a Javier Moliner como "convidado de piedra" en la organización del partido para acallar susceptibilidades. El puesto que sí reforzará hoy el congreso será el de vicesecretario de organización, que ocupará el vicepresidente de la Diputación, Vicente Aparici, que concentrará la estructura provincial.
Días después de la proclamación de Fabra se cumplirán cinco años desde que el juzgado número 1 de Nules abriera diligencias para investigar la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y, posteriormente, un posible fraude fiscal. Desde entonces, se han practicado un sinfín de pruebas e interrogatorios y en la instrucción han participado hasta siete jueces, dado el carácter temporal de la plaza, y cuatro fiscales. Además, el de Nules es un juzgado objetivamente saturado, tal como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en sus memorias. Después de más de cuatro años de instrucción, el TSJ decidió solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la dotación de refuerzos para este juzgado. El Ministerio de Justicia aprobó el refuerzo solicitado por CGPJ con lo que el propio Gobierno considera que, "dentro del ámbito de sus competencias", ha adoptado todas las medidas necesarias "para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia" también en el supuesto del caso Fabra por el que preguntó el diputado Joan Herrera. La respuesta, fechada en noviembre, apunta, además, que el Gobierno considera que el margen del que disponen las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas "no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados". Por tanto, concluye que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".
El propio Carlos Fabra optó ayer por arremeter contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien calificó de "incompetente" y al que culpó de no haber solucionado los problemas de los juzgados de Nules hace tiempo. "Lo que tenía que haber hecho el ministro", dijo Fabra, "es solucionar el guirigay de los juzgados desde hace mucho tiempo".
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El Gobierno acusa al Consell de retrasar el envío de personal y obstaculizar la investigación a Fabra
El Ejecutivo insta a la Generalitat a proveer con urgencia al juzgado de Nules de funcionarios y material
Carlos Alós, Valencia
El Gobierno de España considera que ha hecho los deberes respecto a la provisión de los medios suficientes para descongestionar los juzgados de Nules, donde se dirimen las causas judiciales abiertas contra el presidente de la Diputación de Castelló y líder provincial del Partido Popular, Carlos Fabra. Todo lo contrario que el Consell que preside Francisco Camps. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sostiene que la resolución del caso se eterniza porque la Generalitat dilata el envío de los medios materiales y personales necesarios para desatascar el caso en los juzgados de Nules. Según explica el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, Francisco Caamaño, en una respuesta al diputado del grupo parlamentario Esquerra República-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, es el Gobierno de Camps el que "sigue "retrasando" la llegada de los citados medios. El Ejecutivo recuerda en esa misma respuesta que la Generalitat tiene transferidas las competencias en el ámbito de la Administración de Justicia, pero que esa autonomía no debe convertirse en "arbitrariedad" y mucho menos en "obstaculizar" la labor de los juzgados. En el escrito, conocido ayer, el Gobierno incide en que el Consell debe proceder de forma "urgente" al envío a Nules de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de los juzgados números 1 y 2. La Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, dependiente del Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, señala que el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, ha adoptado ya todas las medidas necesarias para "agilizar y mejorar" el funcionamiento de la Administración de Justicia en lo que respecta al llamado "caso Fabra". Los refuerzos llegarán en eneroEn este sentido, el Gobierno destaca que la petición que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó al Ministerio de Justicia para que enviara un juez y un secretario de refuerzo a cada uno de los dos juzgados de Nules que se encuentran afectados por la investigación a Carlos Fabra fue resuelta en sentido favorable el mismo día en que se realizó y que en ese mismo momento se accedió a los nombramientos, añade.
Sin embargo, la falta de colaboración del Consell ha provocado que los refuerzos aprobados por el Ministerio de Justicia estén pendientes de que el departamento que dirige desde el pasado 19 de septiembre Paula Sánchez de León destine los medios materiales y personales necesarios, ya que la Generalitat tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Es en este punto donde el Gobierno acusa al Consell de "retrasar" la llegada de funcionarios judiciales a Nules pese a la "repercusión social" que tiene el asunto investigado. Desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Paula Sánchez de León aseguraron ayer que el próximo mes de enero llegarán a los juzgados de Primaria Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Nules dos funcionarios a cada uno de ellos. De León ha asegurado en interpelaciones parlamentarias en las Corts que el caso Fabra sólo interesa a la oposición por su impacto mediático, pero no a la opinión pública. Fuentes de su departamento señalaron que el Consell trata a todos los juzgados con el mismo rasero y que no hace distinciones respecto a qué persona puede afectar los asuntos judiciales. Además, añadieron que los planes de refuerzo para dotar de más funcionarios a los juzgados valencianos se ejecutan con carácter semestral y por eso la nueva dotación de personal llegará a Nules en enero. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) aseguraron que el nombramiento de nuevos jueces no puede realizarse hasta que el Consell dote al juzgado de los funcionarios. Hasta el momento han pasado nueve jueces y cuatro fiscales por los juzgados que investigan al dirigente popular.
A pesar del revuelo mediático levantado por este caso que ha llevado a Fabra ante el juez pordiferentes delitos, casi cinco años después el proceso continúa en fase de investigación.
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Fabra: "Bermejo es un incompetente por alargar la causa"
El PP abre sus congresos provinciales con el de Castelló, diseñado como homenaje a Fabra
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caso fabra
La UCE pide a la jueza que investigue el cobro de comisiones en Agricultura en la etapa de Aznar
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"Comprar un funcionario costaba 200.000 euros"
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes.
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I els visats? Només és un cas personal però resulta que a casa tenim concedit un tractament per a sis mesos -de juliol a desembre- i el mes de novembre no està encara visat. Falta de diners? Fórmula 1? C9? VCF?
Som l'únic cas en què la Conselleria de Sanitat s'hi demora o és l'habitual per falta de liquidesa?
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes
La conselleria ha pagado el mes de octubre, pero aún adeuda el de noviembre
Pilar G. del Burgo, ValenciaPor fin y después de mes y medio de acudir diariamente al banco para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social había ingresado la cuantía correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la prestación social de dependencia que tienen aprobada, los 3.489 beneficiaros a los que se les ha asignado un cuidador comprobaron que a última hora de la mañana de ayer y con un mes de retraso se les había ingresado la paga correspondiente al mes de octubre pero no la de noviembre, que también tenían que haber cobrado, ya que se percibe a mes vencido.
Algunos dependientes consultados por este periódico temen que la conselleria que dirige Juan Cotino esté económicamente en las últimas y que los meses pendientes de cobro se vayan acumulando, como acaba de ocurrir durante los dos últimos.
El montante de la prestación impagada de noviembre asciende a unos 500 euros por beneficiario, la mitad lo aporta el Estado y el resto la Generalitat Valenciana.
A los beneficiarios les resulta paradójico que cuando recibieron la notificación con la aprobación de la ayuda, la conselleria les adjuntara el montante total de la cuantía que iban a percibir hasta finalizar el año y que los cobros acumulen ya una demora de dos meses.
Cambiar el 'chip'
Por otra parte, el diputado y portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista, Antonio Torres, declaró a Levante-EMV que la Conselleria de Bienestar Social tiene que cambiar la mentalidad y "saber que las prestaciones sociales no son ayudas graciables sino unos derechos que se conceden".
"Deberían cambiar el 'chip' porque lo que dejan de pagar son los salarios de unas personas que cuidan a otras que los necesitan y que son como las nóminas de los trabajadores de la Generalitat que tienen que abonar todos los meses", agregó Torres.
El parlamentario destacó que los retrasos en el pago de las prestaciones para cuidadores familiares y asistentes personales son un punto y seguido en las demoras que se producen con los bonos y la accesibilidad.
Torres lamentó que haya más de 13.000 personas pendientes de baremación y criticó que en la Comunitat Valenciana solo se hayan aprobado la tercera parte de las ayudas solicitadas para cuidadores, "si en España se han aprobado ya 109.000 y aquí solo 3.500 es que faltan unos seis mil por reconocer".
Por otra parte, CC OO-PV ha informado que 13.331 personas en situación de dependencia que ya han sido valoradas siguen esperando la asignación de un recurso, "es decir, que teniendo el derecho ya reconocido, no pueden ejercerlo". El sindicato apuntó que durante el mes pasado mes solo se han aprobado ayudas para veinte personas.
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El embudo de la ley de Dependencia
Sólo uno de cada cuatro valencianos que han solicitado ayudas recibe alguna prestación
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I els visats? Només és un cas personal però resulta que a casa tenim concedit un tractament per a sis mesos -de juliol a desembre- i el mes de novembre no està encara visat. Falta de diners? Fórmula 1? C9? VCF?
Som l'únic cas en què la Conselleria de Sanitat s'hi demora o és l'habitual per falta de liquidesa?
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes
La conselleria ha pagado el mes de octubre, pero aún adeuda el de noviembre
Pilar G. del Burgo, ValenciaPor fin y después de mes y medio de acudir diariamente al banco para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social había ingresado la cuantía correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la prestación social de dependencia que tienen aprobada, los 3.489 beneficiaros a los que se les ha asignado un cuidador comprobaron que a última hora de la mañana de ayer y con un mes de retraso se les había ingresado la paga correspondiente al mes de octubre pero no la de noviembre, que también tenían que haber cobrado, ya que se percibe a mes vencido.
Algunos dependientes consultados por este periódico temen que la conselleria que dirige Juan Cotino esté económicamente en las últimas y que los meses pendientes de cobro se vayan acumulando, como acaba de ocurrir durante los dos últimos.
El montante de la prestación impagada de noviembre asciende a unos 500 euros por beneficiario, la mitad lo aporta el Estado y el resto la Generalitat Valenciana.
A los beneficiarios les resulta paradójico que cuando recibieron la notificación con la aprobación de la ayuda, la conselleria les adjuntara el montante total de la cuantía que iban a percibir hasta finalizar el año y que los cobros acumulen ya una demora de dos meses.
Cambiar el 'chip'
Por otra parte, el diputado y portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista, Antonio Torres, declaró a Levante-EMV que la Conselleria de Bienestar Social tiene que cambiar la mentalidad y "saber que las prestaciones sociales no son ayudas graciables sino unos derechos que se conceden".
"Deberían cambiar el 'chip' porque lo que dejan de pagar son los salarios de unas personas que cuidan a otras que los necesitan y que son como las nóminas de los trabajadores de la Generalitat que tienen que abonar todos los meses", agregó Torres.
El parlamentario destacó que los retrasos en el pago de las prestaciones para cuidadores familiares y asistentes personales son un punto y seguido en las demoras que se producen con los bonos y la accesibilidad.
Torres lamentó que haya más de 13.000 personas pendientes de baremación y criticó que en la Comunitat Valenciana solo se hayan aprobado la tercera parte de las ayudas solicitadas para cuidadores, "si en España se han aprobado ya 109.000 y aquí solo 3.500 es que faltan unos seis mil por reconocer".
Por otra parte, CC OO-PV ha informado que 13.331 personas en situación de dependencia que ya han sido valoradas siguen esperando la asignación de un recurso, "es decir, que teniendo el derecho ya reconocido, no pueden ejercerlo". El sindicato apuntó que durante el mes pasado mes solo se han aprobado ayudas para veinte personas.
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El embudo de la ley de Dependencia
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El Consell d'Europa avala la immersió total en català, basc i gallec.
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El Consell d'Europa avala la immersió total en català, basc i gallec
El Comitè de Ministres lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés"
El Consell d'Europa avala la immersió en català, basc i gallec
El Comitè de Ministres, que vetlla pel compliment de la 'Carta europea de les llengües regionals o minoritàries' lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes"
Ult. Act. 11.12.2008 - 20:49 hs
El Consell d'Europa proposa que les comunitats autònomes espanyoles amb llengües cooficials desenvolupin un model d'ensenyament d'"immersió total", tot i que reconeix que en "la majoria" d'aquestes autonomies l'ensenyament d'aquestes llengües es basa en un model bilingüe, que, segons explica, no correspon als compromisos adoptats per Espanya després de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.
En un informe donat a conèixer aquest dijous, el Comitè de Ministres, màxim òrgan de decisió del Consell d'Europa, recomana a les autoritats espanyoles, entre d'altres coses, que "prenguin mesures per adoptar un marc jurídic específic de protecció i promoció de l'aragonès i el català d'Aragó" i que "precisi l'estatus", i "arribat el cas adopti mesures de protecció i promoció" de l'amàzic a Melilla, l'àrab a Ceuta, el gallec a Castella i Lleó i el portuguès a Olivenza (Badajoz).
En el document, el Comitè d'Experts de la Carta –que va ser signada per Espanya el 5 de novembre de 1992 i ratificada el 9 d'abril de 2001– avalua la situació de les llengües regionals i minoritàries a Espanya, a partir d'un informe proporcionat per les autoritats sobre el compliment de la Carta i després d'una visita "sobre el terreny" feta entre el 10 i el 14 de setembre del 2007. A més, elabora una anàlisi del seguiment de les recomanacions que el Comitè de Ministres va fer en una primera ronda de seguiment.
En concret, els experts del Consell d'Europa lamenten que les autoritats no hagin solucionat els problemes que recalcaven en les primeres recomanacions sobre la utilització de les llengües cooficials en els serveis públics, que, afirma, està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes".
També consideren "insuficients" les mesures preses a nivell estatal per "garantir que tota part que ho demandi tingui verdaderament la possibilitat d'utilitzar una llengua cooficial durant un procediment judicial o en les seves relacions amb l'Administració".
Amb tot, felicita Espanya per "la seva cooperació" i per "l'alt grau de reconeixement i de protecció del que es beneficien, en el pla dels principis, les llengües regionals o minoritàries", tot i que hi hagi "encara un desajust manifest entre alguns compromisos subscrits i el nivell de protecció assegurada".
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Multimèdies relacionats
Informe sobre l'ús de les llengües 'regionals i minoritàires'
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Europa censura la falta de un modelo educativo esencialmente en valenciano
Un informe del Consejo pide la inmersión lingüística en todos los niveles docentes y en todo el territorio
Europa Press, Madrid
El Consejo de Europa propone que las comunidades autónomas españolas con lenguas co-oficiales desarrollen un modelo de enseñanza de "inmersión total", aunque reconoce que en "la mayoría" de estas comunidades la enseñanza de estas lenguas se basa en un modelo bilingüe, que, según explica, no corresponde a los compromisos adoptados por España tras la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. En el caso de la Comunitat Valenciana, sostiene que "falta desarrollar un modelo de enseñanza esencialmente en valenciano, en todos los niveles de enseñanza y en todo el territorio".
Visita "sobre el terreno"En el documento, que se hizo público ayer, el Comité de Expertos de la Carta, que fue firmada por España el 5 de noviembre de 1992 y ratificada el 9 de abril de 2001, evalúa la situación de las lenguas regionales y minoritarias en este país, a partir de un informe proporcionado por las autoridades sobre el cumplimiento de la Carta y tras una visita "sobre el terreno" realizada entre el 10 y el 14 de septiembre de 2007. Además, elabora un análisis del seguimiento de las recomendaciones que el Comité de Ministros realizó en una primera ronda de seguimiento.
En concreto, los expertos del Consejo de Europa lamentan que las autoridades no hayan solucionado los problemas que recalcaban en las primeras recomendaciones sobre la utilización de las lenguas cooficiales en los servicios públicos, que, afirma, está "en retroceso en el conjunto de las comunidades autónomas".
También consideran "insuficientes" las medidas tomadas a nivel estatal para "garantizar que toda parte que lo demande tenga verdaderamente la posibilidad de utilizar una lengua co-oficial durante una procedimiento judicial o en sus relaciones con la Administración".
Con todo, felicita a España por "su cooperación" y por "el alto grado de reconocimiento y de protección del que se benefician, en el plano de los principios, las lenguas regionales o minoritarias", aunque haya "todavía un desajuste manifiesto entre algunos compromisos suscritos y el nivel de protección asegurado".
El documento sostiene que "todas las comunidades autónomas afectadas deberían trabajar, paralelamente al modelo bilingüe, en el desarrollo de un modelo de 'inmersión total'", aunque reconoce que "en la mayoría de las comunidades autónomas la enseñanza de la lengua co-oficial reposa sobre un modelo estructurado de enseñanza bilingüe". No obstante, subraya que la enseñanza en la lengua cooficial no debe ser "en absoluto obligatoria para todos los alumnos", sino accesible para los que la soliciten.
Poco interés de los medios
El informe subraya que "los medios nacionales españoles otorgan muy poco interés a la diversidad lingüística" y la población mayoritaria de lengua castellana "parece todavía no ser suficientemente consciente del carácter multilingüe de la sociedad española". Por ello, apunta, sería necesario "promover las virtudes del multilingüismo y de la diversidad lingüística, tanto en los grupos lingüísticos mayoritarios como en los minoritarios".
Con este panorama, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, habiendo examinado el documento elaborado por los expertos, recomienda a las autoridades españolas que tengan en cuenta "todas las observaciones" del texto.
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El Consell d'Europa avala la immersió total en català, basc i gallec
El Comitè de Ministres lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés"
El Consell d'Europa avala la immersió en català, basc i gallec
El Comitè de Ministres, que vetlla pel compliment de la 'Carta europea de les llengües regionals o minoritàries' lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes"
Ult. Act. 11.12.2008 - 20:49 hs
El Consell d'Europa proposa que les comunitats autònomes espanyoles amb llengües cooficials desenvolupin un model d'ensenyament d'"immersió total", tot i que reconeix que en "la majoria" d'aquestes autonomies l'ensenyament d'aquestes llengües es basa en un model bilingüe, que, segons explica, no correspon als compromisos adoptats per Espanya després de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.
En un informe donat a conèixer aquest dijous, el Comitè de Ministres, màxim òrgan de decisió del Consell d'Europa, recomana a les autoritats espanyoles, entre d'altres coses, que "prenguin mesures per adoptar un marc jurídic específic de protecció i promoció de l'aragonès i el català d'Aragó" i que "precisi l'estatus", i "arribat el cas adopti mesures de protecció i promoció" de l'amàzic a Melilla, l'àrab a Ceuta, el gallec a Castella i Lleó i el portuguès a Olivenza (Badajoz).
En el document, el Comitè d'Experts de la Carta –que va ser signada per Espanya el 5 de novembre de 1992 i ratificada el 9 d'abril de 2001– avalua la situació de les llengües regionals i minoritàries a Espanya, a partir d'un informe proporcionat per les autoritats sobre el compliment de la Carta i després d'una visita "sobre el terreny" feta entre el 10 i el 14 de setembre del 2007. A més, elabora una anàlisi del seguiment de les recomanacions que el Comitè de Ministres va fer en una primera ronda de seguiment.
En concret, els experts del Consell d'Europa lamenten que les autoritats no hagin solucionat els problemes que recalcaven en les primeres recomanacions sobre la utilització de les llengües cooficials en els serveis públics, que, afirma, està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes".
També consideren "insuficients" les mesures preses a nivell estatal per "garantir que tota part que ho demandi tingui verdaderament la possibilitat d'utilitzar una llengua cooficial durant un procediment judicial o en les seves relacions amb l'Administració".
Amb tot, felicita Espanya per "la seva cooperació" i per "l'alt grau de reconeixement i de protecció del que es beneficien, en el pla dels principis, les llengües regionals o minoritàries", tot i que hi hagi "encara un desajust manifest entre alguns compromisos subscrits i el nivell de protecció assegurada".
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Informe sobre l'ús de les llengües 'regionals i minoritàires'
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Europa censura la falta de un modelo educativo esencialmente en valenciano
Un informe del Consejo pide la inmersión lingüística en todos los niveles docentes y en todo el territorio
Europa Press, Madrid
El Consejo de Europa propone que las comunidades autónomas españolas con lenguas co-oficiales desarrollen un modelo de enseñanza de "inmersión total", aunque reconoce que en "la mayoría" de estas comunidades la enseñanza de estas lenguas se basa en un modelo bilingüe, que, según explica, no corresponde a los compromisos adoptados por España tras la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. En el caso de la Comunitat Valenciana, sostiene que "falta desarrollar un modelo de enseñanza esencialmente en valenciano, en todos los niveles de enseñanza y en todo el territorio".
Visita "sobre el terreno"En el documento, que se hizo público ayer, el Comité de Expertos de la Carta, que fue firmada por España el 5 de noviembre de 1992 y ratificada el 9 de abril de 2001, evalúa la situación de las lenguas regionales y minoritarias en este país, a partir de un informe proporcionado por las autoridades sobre el cumplimiento de la Carta y tras una visita "sobre el terreno" realizada entre el 10 y el 14 de septiembre de 2007. Además, elabora un análisis del seguimiento de las recomendaciones que el Comité de Ministros realizó en una primera ronda de seguimiento.
En concreto, los expertos del Consejo de Europa lamentan que las autoridades no hayan solucionado los problemas que recalcaban en las primeras recomendaciones sobre la utilización de las lenguas cooficiales en los servicios públicos, que, afirma, está "en retroceso en el conjunto de las comunidades autónomas".
También consideran "insuficientes" las medidas tomadas a nivel estatal para "garantizar que toda parte que lo demande tenga verdaderamente la posibilidad de utilizar una lengua co-oficial durante una procedimiento judicial o en sus relaciones con la Administración".
Con todo, felicita a España por "su cooperación" y por "el alto grado de reconocimiento y de protección del que se benefician, en el plano de los principios, las lenguas regionales o minoritarias", aunque haya "todavía un desajuste manifiesto entre algunos compromisos suscritos y el nivel de protección asegurado".
El documento sostiene que "todas las comunidades autónomas afectadas deberían trabajar, paralelamente al modelo bilingüe, en el desarrollo de un modelo de 'inmersión total'", aunque reconoce que "en la mayoría de las comunidades autónomas la enseñanza de la lengua co-oficial reposa sobre un modelo estructurado de enseñanza bilingüe". No obstante, subraya que la enseñanza en la lengua cooficial no debe ser "en absoluto obligatoria para todos los alumnos", sino accesible para los que la soliciten.
Poco interés de los medios
El informe subraya que "los medios nacionales españoles otorgan muy poco interés a la diversidad lingüística" y la población mayoritaria de lengua castellana "parece todavía no ser suficientemente consciente del carácter multilingüe de la sociedad española". Por ello, apunta, sería necesario "promover las virtudes del multilingüismo y de la diversidad lingüística, tanto en los grupos lingüísticos mayoritarios como en los minoritarios".
Con este panorama, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, habiendo examinado el documento elaborado por los expertos, recomienda a las autoridades españolas que tengan en cuenta "todas las observaciones" del texto.
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dijous, 11 de desembre del 2008
Aval de Europa al sistema educativo sólo en catalán
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Aval de Europa al sistema educativo sólo en catalán
Un informe del Consejo de Europa recomienda a las comunidades bilingües la "inmersión total".
FERRAN CASAS - Barcelona - 11/12/2008 21:39
El Consejo de Europa, una institución que integran 47 estados del continente, hizo este jueves público un informe evaluando el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España. El documento da un espaldarazo rotundo a la política lingüística catalana, singularmente en la enseñanza, y anima a exportarla al resto de territorios con lenguas diferentes del castellano.
El PP, UPyD y la derecha mediática han cuestionado la promoción de las lenguas propias y promovieron un manifiesto “de intelectuales” afirmando la supremacía de la “lengua común” castellana. La Carta (firmada por España en 1992) tiene, según el extenso informe, un cumplimiento discutible pese al reconocimiento jurídico y por eso los expertos elevan recomendaciones en la Justicia, la administración y la educación. Lamentan, además, que en el Estado no se haga más pedagogía de la existencia de lenguas diferentes al castellano.
Según los expertos el País Valenciano, Baleares, Navarra y Euskadi deberían desarrollar un modelo “de inmersión total” en catalán, gallego o euskera en lugar de uno bilingüeb o por líneas que acaba perjudicando a estas lenguas. En Catalunya la inmersión se usa desde los 80 y garantiza un uso mayoritario del catalán al menos en primaria.
El informe, elaborado en base a informes remitidos por las administraciones y el trabajo sobre el terreno, constata los retrocesos de las lenguas propias en el ámbito de los servicios públicos y especialmente las “dificultades” en la escuela en el País Valenciano, Galicia y Baleares.
Muy crítico se muestra con Valencia (de donde aún esperan un informe sobre la función de su Consejo de Cultura) “porque falta garantizar un modelo en valenciano en todos los niveles educativos y todo el territorio”. El Consejo de Europa señala el ámbito de la Justicia como el menos proclive a asumir la realidad plurilingüe y recomienda “tomar las medidas necesarias para garantizar una proporción adecuada del personal”. Lo mismo en la función pública.
En el caso catalán el informe elogia el esfuerzo presupuestario de la Generalitat para garantizar los derechos de los catalanohablantes y muestra satisfacción por el funcionamiento de las Oficinas de Garantías Lingüísticas. También la política del gobierno vasco es elogiada.
El Govern, exultante
Bernat Joan Marí, secretario de política lingüística del Govern, emitió a Público una valoración positiva, “no puede ser de otra manera”, del informe. “Plantean que para mantener la pluralidad debemos dominar las dos lenguas y eso sólo se consigue si que la minorizada es la vehicular en la escuela”, afirmó antes de destacar “el renocimiento” al modelo catalán con este “espaldarazo”.
Joan recordó que segregar por lengua, como se hace en el País Valenciano, es nocivo “porque los que estudian en catalán saben castellano al final de su formación y al revés no pasa”.
Algunos temas pendientes de resolver
Los limbos jurídicos: El informe reclama atender lenguas con estatus legal inferior al catalán, el gallego o el euskera. Se trata del asturiano pero tambien del catalán y el aragonés en Aragón. A su vez demanda "aclarar" la situación del portugués en Olivenza, el bereber en Melilla, el árabe en Ceuta o el gallego en el Bierzo.
La realidad multilingüe: El Consejo de Europa constata que la mayoría castellanohablante en España "no es suficientemente consciente" del carácter multilingüe de su sociedad y de las "virtudes" que ello tiene. Pide al Gobierno que tome medidas para difundirlo y lamenta el "poco interés" de los medios.
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Aval de Europa al sistema educativo sólo en catalán
Un informe del Consejo de Europa recomienda a las comunidades bilingües la "inmersión total".
FERRAN CASAS - Barcelona - 11/12/2008 21:39
El Consejo de Europa, una institución que integran 47 estados del continente, hizo este jueves público un informe evaluando el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España. El documento da un espaldarazo rotundo a la política lingüística catalana, singularmente en la enseñanza, y anima a exportarla al resto de territorios con lenguas diferentes del castellano.
El PP, UPyD y la derecha mediática han cuestionado la promoción de las lenguas propias y promovieron un manifiesto “de intelectuales” afirmando la supremacía de la “lengua común” castellana. La Carta (firmada por España en 1992) tiene, según el extenso informe, un cumplimiento discutible pese al reconocimiento jurídico y por eso los expertos elevan recomendaciones en la Justicia, la administración y la educación. Lamentan, además, que en el Estado no se haga más pedagogía de la existencia de lenguas diferentes al castellano.
Según los expertos el País Valenciano, Baleares, Navarra y Euskadi deberían desarrollar un modelo “de inmersión total” en catalán, gallego o euskera en lugar de uno bilingüeb o por líneas que acaba perjudicando a estas lenguas. En Catalunya la inmersión se usa desde los 80 y garantiza un uso mayoritario del catalán al menos en primaria.
El informe, elaborado en base a informes remitidos por las administraciones y el trabajo sobre el terreno, constata los retrocesos de las lenguas propias en el ámbito de los servicios públicos y especialmente las “dificultades” en la escuela en el País Valenciano, Galicia y Baleares.
Muy crítico se muestra con Valencia (de donde aún esperan un informe sobre la función de su Consejo de Cultura) “porque falta garantizar un modelo en valenciano en todos los niveles educativos y todo el territorio”. El Consejo de Europa señala el ámbito de la Justicia como el menos proclive a asumir la realidad plurilingüe y recomienda “tomar las medidas necesarias para garantizar una proporción adecuada del personal”. Lo mismo en la función pública.
En el caso catalán el informe elogia el esfuerzo presupuestario de la Generalitat para garantizar los derechos de los catalanohablantes y muestra satisfacción por el funcionamiento de las Oficinas de Garantías Lingüísticas. También la política del gobierno vasco es elogiada.
El Govern, exultante
Bernat Joan Marí, secretario de política lingüística del Govern, emitió a Público una valoración positiva, “no puede ser de otra manera”, del informe. “Plantean que para mantener la pluralidad debemos dominar las dos lenguas y eso sólo se consigue si que la minorizada es la vehicular en la escuela”, afirmó antes de destacar “el renocimiento” al modelo catalán con este “espaldarazo”.
Joan recordó que segregar por lengua, como se hace en el País Valenciano, es nocivo “porque los que estudian en catalán saben castellano al final de su formación y al revés no pasa”.
Algunos temas pendientes de resolver
Los limbos jurídicos: El informe reclama atender lenguas con estatus legal inferior al catalán, el gallego o el euskera. Se trata del asturiano pero tambien del catalán y el aragonés en Aragón. A su vez demanda "aclarar" la situación del portugués en Olivenza, el bereber en Melilla, el árabe en Ceuta o el gallego en el Bierzo.
La realidad multilingüe: El Consejo de Europa constata que la mayoría castellanohablante en España "no es suficientemente consciente" del carácter multilingüe de su sociedad y de las "virtudes" que ello tiene. Pide al Gobierno que tome medidas para difundirlo y lamenta el "poco interés" de los medios.
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Fraga dimissió per feixista i per ...
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I a Fraga els seus "compinches" li han rigut la gràcia. Es veu que els fills de Franco poden dir el que vulguin però als fills de persones decents se'ls salta a la jugular. La llei de l'embut i la desvergonya d'una extrema dreta amb dret de pernada.
I també la hi deuen haver riguda al senyor de la pirula, a Espe amb els seus epítets contra els qui la criticaren quan evacuà Bombai a corre-cuita, a Rajoy, a Alcaraz, a Pons, a Acebes -"Y quien no crea que el 11M ha sido obra de islamistas es un miserable"-, a Trillo, etc. Soraieta ha dit de memorieta que vol que es trenqui el tripartit català i al dia següent i a l'altre voten amb ERC. I De Cospedal ha acusat el govern de no fer prou -no fer prou i ha caigut el cap actual d'ETA 21 dies després que l'anterior!- per a acabar amb ETA per raó del tema de la il.legalització d'ANV...
Són uns facinerosos, miserables, fatxes, cínics...
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“Tontos de los cojones”
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El PSOE pide al PP que desautorice a Fraga y que éste pida disculpas
Según Mar Moreno las palabras de Manuel Fraga "devuelven al PP a tiempos pasados, en los que se perseguía a los nacionalistas".
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El "diferencial Fraga", por Manuel Rico
Gallardón y su "deuda inmensa" con Fraga
Fraga: "A los nacionalistas habría que colgarlos"
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El presidente Fundador del PP, defensor de que el partido se encamine hacia el centro, replica a Tardá, que llamó "corrupto" al Tribunal Constitucional y gritó "muerte al Borbón".
ERC: "¿Por qué nadie exige la dimisión de Fraga?"
El senador del PP afirmó que habría que ponderar el peso de los partidos nacionalistas "colgándolos de algún sitio", mientras que tará gritó "muerte al Borbón".
PÚBLICO.ES / EFE - Madrid - 11/12/2008 14:00
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha considerado hoy que las palabras de Manuel Fraga sobre los nacionalistas no sólo son "ofensivas" sino que "están guiadas por un profundo sentido antidemocrático", y se ha preguntado por qué nadie exige la dimisión del senador.
Ridao ha protestado porque existe "una doble vara de medir" para las palabras de Fraga y para las de su compañero de grupo Joan Tardà, a quien el PP pide que abandone el escaño después de que el pasado sábado proclamase "viva la República, muerte al Borbón".
"Es delirante que desde el PP se pidan dimisiones de políticos por expresiones amparadas en la libertad de expresión y que nadie haya exigido lo mismo a Fraga", ha concluido.
Colgar a los nacionalistas
A través de un comunicado, Ridao ha respondido a las afirmaciones que ha hecho el presidente Fundador del PP, al asegurar que habría que ponderar el peso de los partidos nacionalistas "colgándolos de algún sitio", porque "el nacionalismo, por definición, es lo contrario a la defensa de España".
"Tiene un profundo sentimiento antidemocrático"
Para Ridao, "querer colgar a los nacionalistas no sólo es una expresión ofensiva, sino que están guiadas por un profundo sentido antidemocrático, y demuestran la intolerancia de alguien que, queriendo dar lecciones, ha dado una nueva demostración de autoritarismo y de odio hacia quien no piensa como él".
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Los senadores del PP votan con ERC en contra de los Presupuestos y suscriben duras críticas a Aznar
“El Gobierno permitió la entrada de ANV en los ayuntamientos. Os habéis equivocado cuatro años”
Cospedal aprieta: "Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA"
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I a Fraga els seus "compinches" li han rigut la gràcia. Es veu que els fills de Franco poden dir el que vulguin però als fills de persones decents se'ls salta a la jugular. La llei de l'embut i la desvergonya d'una extrema dreta amb dret de pernada.
I també la hi deuen haver riguda al senyor de la pirula, a Espe amb els seus epítets contra els qui la criticaren quan evacuà Bombai a corre-cuita, a Rajoy, a Alcaraz, a Pons, a Acebes -"Y quien no crea que el 11M ha sido obra de islamistas es un miserable"-, a Trillo, etc. Soraieta ha dit de memorieta que vol que es trenqui el tripartit català i al dia següent i a l'altre voten amb ERC. I De Cospedal ha acusat el govern de no fer prou -no fer prou i ha caigut el cap actual d'ETA 21 dies després que l'anterior!- per a acabar amb ETA per raó del tema de la il.legalització d'ANV...
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PÚBLICO.ES / EFE - Madrid - 11/12/2008 14:00
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha considerado hoy que las palabras de Manuel Fraga sobre los nacionalistas no sólo son "ofensivas" sino que "están guiadas por un profundo sentido antidemocrático", y se ha preguntado por qué nadie exige la dimisión del senador.
Ridao ha protestado porque existe "una doble vara de medir" para las palabras de Fraga y para las de su compañero de grupo Joan Tardà, a quien el PP pide que abandone el escaño después de que el pasado sábado proclamase "viva la República, muerte al Borbón".
"Es delirante que desde el PP se pidan dimisiones de políticos por expresiones amparadas en la libertad de expresión y que nadie haya exigido lo mismo a Fraga", ha concluido.
Colgar a los nacionalistas
A través de un comunicado, Ridao ha respondido a las afirmaciones que ha hecho el presidente Fundador del PP, al asegurar que habría que ponderar el peso de los partidos nacionalistas "colgándolos de algún sitio", porque "el nacionalismo, por definición, es lo contrario a la defensa de España".
"Tiene un profundo sentimiento antidemocrático"
Para Ridao, "querer colgar a los nacionalistas no sólo es una expresión ofensiva, sino que están guiadas por un profundo sentido antidemocrático, y demuestran la intolerancia de alguien que, queriendo dar lecciones, ha dado una nueva demostración de autoritarismo y de odio hacia quien no piensa como él".
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Cospedal aprieta: "Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA"
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La caverna.
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Enric Sopena
Cabos sueltos
¿Dónde sitúa el PP los intereses de Estado y dónde está González Pons?
“Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA”.
Se veía venir y ha llegado ya. Uno de los principales problemas en torno a ETA -según la fanfarria pepera- es ANV, tal como subrayé ayer en la columna de opinión de El Plural. María Dolores de Cospedal -que tiene el honor de ser la sucesora de Ángel Acebes- hace grandes esfuerzos por emularlo. A veces lo consigue. “Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA”, ha declarado De Cospedal, rindiendo así homenaje al simplismo mezclado con una dosis no menor de demagogia.
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Cospedal aprieta: "Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra...
Por cierto, ¿qué se ha hecho del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons? ¿Dónde está? ¿Padece una afonía grave? ¿Ha pedido a Mariano Rajoy una especie de año sabático, aunque tal vez un poco recortado? ¿Ha vuelto a su casa, que se halla en Valencia, aprovechando que nos encontramos a un tiro de piedra de la Navidad? ¿Lo han marginado Soraya Sáenz de Santamaría, por un lado, y De Cospedal, por el otro? ¿Es cierto que está hasta la coronilla de la actual corte rajoysta? El baúl de los recuerdos ¡Qué lejos parece situado, en el baúl de los recuerdos, el 6 de junio del presente año, cuando el Congreso de Valencia nos fue presentado como la estación término del viaje popular al centro! En el diario Expansión.com de ese día una fan de González Pons, llamada Mercedes F., decía en el foro: “Le deseo mucha suerte, Sr. González Pons.
Siga como hasta ahora y demuestre que hay una derecha civilizada, culta, con sensibilidad social y que sabe hacer frente a los problemas de los españoles (…)”. Mercedes F. añadía: “Con el tiempo espero verle en la Moncloa”. Pues bien, ¿habrá caído en desgracia el flamante vicesecretario de Comunicación del PP, precisamente por su tendencia a figurar como un digno representante de la “derecha civilizada”? Un sofisma ¿Es preciso advertir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que o echa de los Ayuntamientos de Euskadi a Acción Nacionalista Vasca (ANV) o, de lo contrario, habrá que decirle que no está luchando contra ETA?
El planteamiento de De Cospedal es un sofisma. La secretaria general del PP extrae de su razonamiento unas conclusión falsa o, al menos, deliberadamente equívoca. De lo que se trata por parte del PP es proyectar sistemáticamente la sombra de la sospecha. A Zapatero la derecha no le ha otorgado nunca el beneficio de la duda. Y, aun negándolo, ha optado siempre por favorecer su interés partidista en detrimento de los intereses de Estado.
Enric Sopena es director de El Plural
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Por cierto, ¿qué se ha hecho del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons? ¿Dónde está? ¿Padece una afonía grave? ¿Ha pedido a Mariano Rajoy una especie de año sabático, aunque tal vez un poco recortado? ¿Ha vuelto a su casa, que se halla en Valencia, aprovechando que nos encontramos a un tiro de piedra de la Navidad? ¿Lo han marginado Soraya Sáenz de Santamaría, por un lado, y De Cospedal, por el otro? ¿Es cierto que está hasta la coronilla de la actual corte rajoysta? El baúl de los recuerdos ¡Qué lejos parece situado, en el baúl de los recuerdos, el 6 de junio del presente año, cuando el Congreso de Valencia nos fue presentado como la estación término del viaje popular al centro! En el diario Expansión.com de ese día una fan de González Pons, llamada Mercedes F., decía en el foro: “Le deseo mucha suerte, Sr. González Pons.
Siga como hasta ahora y demuestre que hay una derecha civilizada, culta, con sensibilidad social y que sabe hacer frente a los problemas de los españoles (…)”. Mercedes F. añadía: “Con el tiempo espero verle en la Moncloa”. Pues bien, ¿habrá caído en desgracia el flamante vicesecretario de Comunicación del PP, precisamente por su tendencia a figurar como un digno representante de la “derecha civilizada”? Un sofisma ¿Es preciso advertir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que o echa de los Ayuntamientos de Euskadi a Acción Nacionalista Vasca (ANV) o, de lo contrario, habrá que decirle que no está luchando contra ETA?
El planteamiento de De Cospedal es un sofisma. La secretaria general del PP extrae de su razonamiento unas conclusión falsa o, al menos, deliberadamente equívoca. De lo que se trata por parte del PP es proyectar sistemáticamente la sombra de la sospecha. A Zapatero la derecha no le ha otorgado nunca el beneficio de la duda. Y, aun negándolo, ha optado siempre por favorecer su interés partidista en detrimento de los intereses de Estado.
Enric Sopena es director de El Plural
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Aznar, Psoe, Moratinos i Guantánamo.
_I De Arístegui aplaudint amb les orelles. No sé si el Govern de Zapatero ha decidit donar un perfil baix a aquesta violació sistemàtica dels Drets Humans, si no ho sabia o no ha volgut saber, però ¿a quin sant diu ara Moratinos, sens dubte per indicació del President del Govern que, si bé n'hi havia permís, cap avió no féu escala? Què passa amb els informes, entre d'altres, d'AI? Mirem cap un altre costat, President? Esperen que, tractant benèvolament aquest tema, el PP apaivagarà el seu furor colpista?
Doncs ja veieu: al matí votant amb ERC al Senat-qui va dir què del Borbó?-, a la tarda exigint l'arbitrària disolució dels ajuntaments d'ANV i a l'endemà tornant a votar amb ERC contra els fons per als ajuntaments. I Fraga volent penjar de no sé on els nacionalistes. Parèntesi declamatiu: d'on caldria penjar, oh Senyor, els nacionalistes españññols?
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