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La investigación histórica ha documentado amplia y consistentemente desde hace décadas la represión y el genocidio practicado por el régimen franquista desde el golpe militar contra la , durante la guerra y las tres décadas y media de dictadura que siguieron. Tanto hispanistas de renombre como Gabriel Jackson, Ian Gibson o Paul Preston, como también historiadores españoles como Santos Julià, Ángel Viñas, Jaume Claret, Luis Enrique Otero Carvajal y muchos otros; también valencianos como Vicent Gavarda, Ángel Beneito, Manuel Aznar, Marc Baldó y yo mismo, que he investigado la represión y el exilio de científicos y médicos, junto con colegas como Àlvar Martinez, Josep Bernabeu o Joan Lloret. Es incuestionable la estrategia represora de un régimen dictatorial que sobrevivió hasta sus últimos estertores con leyes y tribunales militares de excepción, incautaciones de bienes, sanciones económicas, destierro, reclusión, e incluso la eliminación física de tantos demócratas republicanos, campesinos, obreros, sindicalistas, guerrilleros, artistas como o médicos y académicos como Juan Peset Aleixandre, y tantos otros. Por el simple hecho de serlo eran estigmatizados como ‘rojos’, siguiendo una estrategia similar a la de los nazis con los judíos. La construcción jurídica de la represión franquista creo un entramado de Consejos de Guerra, Leyes de Depuración de Empleados Públicos, Juntas de Incautación de Bienes, Tribunales Especiales como el que actuó contra la Masonería y el Comunismo, Tribunales de Responsabilidades Políticas o el Tribunal de Orden público. Todas las instituciones franquistas implicadas en la persecución política y social generaron un ingente aparato represivo, que está muy bien documentado.
A raíz del golpe militar, en los territorios sublevados hubo una masacre indiscriminada especialmente sangrienta en algunas zonas, como la practicada por el general Queipo de Llano y otros militares y falangistas en Andalucía, donde el catedrático de historia contemporánea Leandro Álvarez Rey calcula más de 60.000 asesinatos políticos. Se acepta que la España franquista generó la segunda mayor fosa común del mundo. Al producirse el golpe militar, unos 54.000 andaluces fueron asesinados por la represión franquista, y seguramente la cifra fue mayor. Frente a eso, en la inicial etapa de revueltas, se han inventariado 8.743 víctimas de la represión en zona republicana.
Por su dimensión, la represión franquista puede ser calificada de genocidio. Por ejemplo, uno de cada cinco diputados electos en 1936 fue asesinado por los franquistas, y son estremecedores los relatos de quienes en prisión presenciaban cada madrugada el viaje a la muerte de quienes eran extraídos de sus celdas para ser fusilados. Las doce rosas son sólo un caso de la extrema crueldad practicada por los verdugos del exterminio de rojos y republicanos que practicó el régimen franquista.
Pero además de quienes fueron ejecutados o sometidos a un trato inhumano en las prisiones, otros 40.000 se vieron abocados al exilio o afectados por los tribunales de depuración. En todo ese proceso represivo el estigma fue ser calificado ‘rojo’, y rojo era cualquiera que participase de los ideales laicos y democráticos de la República. Maestros, mujeres, sindicalistas, militantes de partidos republicanos… quienes habían ganado las elecciones de 1936 con el Frente Popular, para todos ellos el franquismo diseñó una política de exterminio. En València el antiguo rector Juan Peset Aleixandre fue fusilado en mayo de 1941, y tres rectores de las principales universidades españoles tuvieron que exiliarse en México: Jaime Serra Hunter (Autónoma de Barcelona), José Puche Álvarez (València) y Blas Cabrera (Central, Madrid).
Según datos publicados por Santos Juliá, al final de la Guerra había alrededor de 700.000 presos en las prisiones franquistas. Datos del indican que dos años después todavía quedaban 280.000 republicanos encarcelados por motivos políticos. Además, unos 500.000 fueron internados en campos de concentración. He investigado especialmente la represión contra médicos y científicos y hay que asumir el inventario de médicos represaliados que propone Francisco Guerra, donde hay más de sesenta médicos asesinados en Andalucía, cuarenta médicos en Aragón, treinta en Galicia, los mismos que en Castilla, más de veinte en León, un número similar en Navarra y un puñado más en Extremadura. El exilio, represión e inhabilitación de médicos, farmacéuticos, ingenieros, químicos…, académicos y profesionales supuso una enorme sangría para la sociedad española y una pérdida irrecuperable de poder científico e intelectual.
Según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, fueron más de 143.000 personas, entre víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Las dimensiones de la represión vemos que son aterradoras y la ley de memoria histórica ha iniciado, tras muchos obstáculos, una política de reconocimiento, dignidad y reparación que resulta imprescindible, como ha reclamado la ONU repetidamente a España: investigar tanto los crímenes del franquismo como los desaparecidos de la dictadura. Además, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad una condena del régimen franquista e instaba al Gobierno español a crear una comisión de investigación de los crímenes de la dictadura.
Con toda esta inmensa carga de investigación histórica, de la que he mostrado unos pocos datos y de la memoria ciudadana silenciada durante la dictadura, ¿de qué hablan estos diputados valencianos de PP y VOX, con una ley de concordia, que es un insulto intolerable a las víctimas y sus familias, a la democracia, a la verdad histórica y a la inteligencia?
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