LA VOZ DEL SUR | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORENO | 6-8-2018
Finalizada la Guerra Civil española, las autoridades victoriosas inician una recopilación minuciosa de los “hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”. Pero no sólo investigaron las acciones delictivas —que las hubo, muchas y gravísimas, y las castigaron con creces—, sino que investigaron las actuaciones acometidas por las autoridades republicanas de izquierda, en el ejercicio de sus funciones, desde la instauración de la II República, en abril de 1931, hasta el comienzo del Glorioso Movimiento Nacional, el 18 de julio de 1936.
Esta aberración jurídica criminalizaba a posteriori lo que en su momento eran actos administrativos conformes a la ley. Sin embargo, este enorme proceso, que se conoce como Causa General, no se inicia con el Decreto de 26 de abril de 1940 del Ministerio de Justicia, existieron procesos provinciales iniciados en Zonas Liberadas durante el transcurso de la guerra… es el caso de San Fernando y la provincia de Cádiz.
La búsqueda de responsabilidades con las que justificar los asesinatos que ya se habían cometido en la ciudad se inicia en el verano de 1938. En ese momento los vecinos de San Fernando asesinados por militares sublevados y por fascistas se acercaban a los 200. Ese 2 de agosto de 1938 el alcalde de San Fernando, Antonio Rodríguez, recibe un telegrama-circular del Delegado Provincial de Trabajo en el que le ordena lo siguiente:
“Para cumplimentar servicio urgente encomendado por la Superioridad ruego vs. envíe brevedad posible documento expresivo cual fuese actuación y desarrollo distintos sindicatos esa ciudad. Huelgas o actos de sabotage (sic) tuvieran lugar. Repartos y asentamientos obreros agrícolas y huelgas de inquilinos fincas urbanas planteadas periodo comprendido desde 16 febrero 936 a iniciación Glorioso Movimiento Nacional. Salúdole. Arriba España”.
Es decir, quería saber qué había pasado en la ciudad durante el gobierno municipal del Frente Popular. La respuesta sale seis días después.
“En el tiempo comprendido entre el 16 de febrero de 1936 hasta la iniciación de nuestro Glorioso Movimiento Nacional, sólo existió en esta ciudad como Asociación Obrera el Sindicato Único de Trabajadores, afecto a la CNT, en donde se encontraban inscritos todos los obreros de los diversos ramos del trabajo. La actuación y desarrollo del mismo, iba encausada [sic] al planteamiento constante de huelgas, a los fines de destruir el capital y la industria. Constantemente organizaba mítines, en donde se inculcaba a los obreros la rebeldía contra los poderes constituidos y se amenazaba a las autoridades, acuciando a los obreros contra la misma [sic]. En 6 de mayo de 1936 plantearon una huelga general, por solidaridad con los obreros de la capital, que fue solucionada en 8 de igual mes…”.
Continúa el alcalde de San Fernando concretando que “…no hubo en esta ciudad desgracia personal alguna”. Y explica los dos únicos actos de sabotaje ocurridos durante el gobierno del Frente Popular:
“…solo puede detallarse el intento de incendio de la Iglesia Mayor Parroquial, hecho ocurrido en 9 de marzo de 1936, así como en 23 de igual mes y año, varios jóvenes que vendían el periódico Mundo Obrero, apedrearon y destruyeron una imagen que había colocada en hornacina existente en la Avenida General Varela, esquina a la Santísima Trinidad…”.
No explicó el señor alcalde a la superioridad, que los que intentaron quemar la Iglesia Mayor fueron detenidos por las autoridades del Frente Popular ese mismo día. Que, por orden del juez de instrucción Marcelino Rancaño, fueron encarcelados en la prisión de San Fernando. Que fueron encausados en el sumario 32/1936 por incendio y en el 164/1936 por sedición. Que se llamaban José Mateo Callealta, Fernando Oliva Iglesias, José Fraga Cruz, Pedro Montero Cabezas, José Gavilán Mendoza y Diego Marín Fernández. Los primeros, de Cádiz. El último, de San Fernando.
Tampoco explicó el señor alcalde que, por orden del juez de instrucción, todos ellos acabaron encarcelados en el Penal del Puerto de Santa María el 21 de marzo de 1936… y que allí, en tan peligroso lugar, les alcanzó el Glorioso Movimiento Nacional. Luego, cuando ya no mandaban las hordas marxistas del Frente Popular, sino las nuevas autoridades emanadas de la fuerza bruta de las armas, a Diego Marín lo sacaron del penal el 23 de agosto y lo fusilaron. Su viuda fue la que logró que inscribieran su muerte en 1944. Del resto de los incendiarios, por el momento, no sabemos nada. Pero duda servidor que unos rojos que intentaron quemar la Iglesia Mayor sobrevivieran al Penal del Puerto de Santa María en manos de las nuevas autoridades. Tampoco sabemos nada de los jóvenes que apedrearon la imagen de la hornacina. El informe de la guardia municipal dice que los sujetos huyeron a Cádiz y ahí perdemos la pista…
Unos días más tarde, el 24 de agosto de 1938, siguiendo con la recopilación de datos iniciada, el gobernador civil de la provincia, Daniel Araujo, le dice al alcalde:
“Para dar cumplimiento a órdenes recibidas de la Superioridad ordenará preparar y remitirá en el más breve plazo posible un estado comprensivo de los extremos que siguen en relación con la actuación marxista en España…”.
Se está refiriendo a la actuación del Frente Popular, febrero-julio de 1936. Y, siguiendo el formulario que le propone el gobernador, el alcalde de San Fernando responde lo siguiente:
Número de casas y edificios públicos destruidos: NINGUNO.
Número de fábricas y comercios destruidos: NINGUNO.
Número de bancos destruidos y sus pérdidas: NINGUNO.
Número y valor de museos y obras de arte destruidas: NINGUNO.
Iglesias, conventos y capillas destruidos: NINGUNO.
Calles, puentes, ferrocarriles, puertos, estaciones destruidas, número y daños materiales: NINGUNO.
Número de asesinatos cometidos en esta localidad: NINGUNO.
Número de fábricas y comercios destruidos: NINGUNO.
Número de bancos destruidos y sus pérdidas: NINGUNO.
Número y valor de museos y obras de arte destruidas: NINGUNO.
Iglesias, conventos y capillas destruidos: NINGUNO.
Calles, puentes, ferrocarriles, puertos, estaciones destruidas, número y daños materiales: NINGUNO.
Número de asesinatos cometidos en esta localidad: NINGUNO.
En este último apartado, se ve que para introducir algún hecho destacable —aunque ocurrido tres años antes de la llegada del Frente Popular—, aprovecha el alcalde para explicar el atentado perpetrado en el Teatro de las Cortes el 12 de noviembre de 1933. Ese día, durante la celebración de un mitin organizado por Acción Ciudadana de San Fernando, en el que intervendrían José María Pemán, Ramón de Carranza, José A. Primo de Rivera y otros, unos pistoleros dispararon desde uno de los palcos provocando un muerto y tres heridos. Pero no fue un crimen impune. En agosto de 1938, cuando se emite este informe, los cuatro implicados habían sido detenidos y pagado sus culpas.
Es decir, cuando las autoridades franquistas inician la búsqueda de información, tanto los responsables del atentado del Teatro de las Cortes en 1933 como los que intentaron incendiar la Iglesia Mayor en 1936, estaban encarcelados, muertos o desaparecidos. Entonces… ¿De qué eran culpables los casi 200 vecinos de San Fernando asesinados por los franquistas para merecer la muerte? ¿Qué actos habían cometido?
Habían hecho una huelga de dos días en solidaridad con los trabajadores de Cádiz y habían celebrado múltiples reuniones en las que «”..se inculcaba a los obreros la rebeldía contra los poderes constituidos…”. Es lo que había dado de sí el periodo de dominación marxista en la ciudad.
No. La represión desplegada en San Fernando no fue consecuencia de insoportables agitaciones sociales, desmanes o crímenes cometidos en ese periodo, porque, según las propias autoridades franquistas, no los hubo en la ciudad. La violencia posterior al golpe de Estado (asesinatos, desapariciones forzadas, depuraciones de funcionarios, maestros y guardias; encarcelamientos arbitrarios, etc.), obedeció a una meditada planificación —en la que intervinieron la cúpula militar del Departamento Marítimo de Cádiz y la Falange de San Fernando— que consiguió descabezar cualquier intento de oposición. Es lo que indicaban las directrices del urdidor del golpe, el general Emilio Mola Vidal:
“Hay que sembrar el terror… hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”.
“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.
Pero la represión en esta ciudad no se limitó al asesinato (el general Mola lo llamaba castigo ejemplar) del alcalde y concejales del Frente Popular que, como representantes de la legalidad republicana, su sola presencia física denunciaba el crimen que cometían los sublevados. El asesinato, con la liturgia de fusilamientos judiciales, alcanzó —sin entrar a valorar lo ocurrido en el ámbito militar— a los dirigentes de partidos políticos de izquierda, masones, sindicalistas y a los obreros que se habían significado en el proceso de empoderamiento popular que ocurrió en los últimos meses de la Segunda República. Por otro lado, el proceso represivo expulsó de las administraciones a todos los trabajadores sospechosos de haber colaborado abiertamente con las políticas emanadas de la República. El gobernador civil de Cádiz se lo recordaba al alcalde de San Fernando en agosto de 1936:
“…en virtud de las atribuciones delegadas por el Excmo. Sr. General Comandante Militar de la Plaza [general López Pinto], que en cada ayuntamiento se verifique una escrupulosa depuración del personal de todas las clases y categorías dependientes de ellos para que fulminantemente queden separados definitivamente de sus cargos todos aquellos que hubiesen tenido relación con el llamado Frente Popular y se dedicaron a actuar políticamente contribuyendo con ello a la ruina que para la Patria ha significado el mencionado Frente Popular”.
Y lo hicieron magistralmente. Lo hicieron hasta dejar una gestión municipal sumisa y adicta al nuevo Régimen. A comienzos del año 1937, los militares y falangistas que mandaban en San Fernando habían conseguido una ciudad descabezada de todo liderazgo político y sindical, una sociedad sumisa, un pueblo aterrorizado…
… y, en consecuencia, dejaron las fosas comunes de la ciudad repletas de cadáveres anónimos. Habían triunfado.
Carmen Díaz Ramos nació el 31 de marzo de 1891 en Sevilla en la antigua calle Huerto nº 1 del distrito de la Macarena. Era hija de José Díaz Alvarado, de 32 años y profesión panadero, y de Francisca Ramos Ángel, de 30 años y profesión cigarrera. Tuvo tres hermanos: José, que llegó a ser Secretario General del PCE, Juan y Concha.
