Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Las excavaciones en el barranco de Víznar descubren una nueva fosa con 15 víctimas del franquismo, entre ellas un joven de entre once y catorce años.
19 abril, 202411:07D. Barreira
Aquella jornada el primer turno le tocó a un niño. Tenía alrededor de once años, no más de catorce, pero fue protagonista de una de las mayores inhumanidades de la Guerra Civil: la represión de retaguardia. Los sublevados, los partidarios del golpe de Estado de Franco y sus militares, lo condujeron junto a una quincena de personas al barranco de Víznar, convertido en un paisaje de cráteres tapados, de agujeros cubiertos para ocultar los crímenes. El joven inauguró la nueva ronda de fusilamientos: dos tiros en la cabeza y se acabó. Lo único que llenaban sus bolsillos eran un pequeño lápiz y una goma de borrar.
La escena ocurrió en algún momento comprendido entre los meses de septiembre y noviembre de 1936 y la acaban de reconstruir los investigadores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada en la fosa común número 16 documentada en el barranco en el que también ejecutaron a Federico García Lorca. Hasta el momento, en cuatro campañas de investigación, se han encontrado los restos de 114 represaliados con signos de muerte violenta —y de torturas previas en algunos casos—, de los que 32 son mujeres, pero el cuerpo del poeta sigue sin aparecer.
El niño, que conservaba todavía una bala alojada en su cráneo y el agujero de un segundo impacto, fue el último cuerpo recuperado en su fosa, lo que indica que fue el primero en ser arrojado (y posiblemente ejecutado) por sus asesinos. Tras el análisis de sus restos, los investigadores del equipo multidisciplinar —arqueólogos, antropólogos físicos y forenses, sociólogos e historiadores— dirigido por Francisco de Asís Carrión, profesor de la UGR, ha concluido que tenía entre 11 y 14 años, según informa la agencia Europa Press. Es por el momento la víctima más joven de todas las recuperadas por el proyecto Barranco de Víznar. Lugar de Memoria.
Goma y lápiz hallada en la fosa común del barranco de Víznar (Granada) en la que se ha localizado al menor.Francisco de Asís Carrión
"Emocionalmente nos ha afectado bastante porque uno no puede imaginarse a un niño de esa edad así que aún conservaba del colegio su lápiz de dibujo", ha confesado Carrión en una entrevista con laSexta.
La cuarta campaña de excavaciones del proyecto arrancó el pasado mes de enero y tenía como objetivo excavar y exhumar al menos tres fosas localizadas mediante prospección arqueológica en 2023 —en dos de ellas ya se han recuperado los restos de seis y quince personas—. También se están llevando a cabo intervenciones en otros sectores que presentan evidencias de esconder más enterramientos. Según el periodista e investigador Eduardo Molina Fajardo, se estima que el número de personas asesinadas y enterradas en fosas comunes en este lugar oscilan en torno a 143 con nombres y apellidos más 30 desconocidas, lo que supone un total de 173 víctimas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la visita a las fosas del barranco de Víznar el pasado marzo.Álex CámaraEuropa Press
En la actualidad, y como resultado de las campañas anteriores, el laboratorio de Genética de la Facultad de Medicina de la UGR está realizando el proceso de identificación genética sobre los restos de 93 personas exhumadas. A este proceso se suma el laboratorio de Antropología Física aportando nuevas técnicas de identificación cráneo facial.
Los trabajos finalizarán a comienzos del mes de junio y cuentan con la financiación del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España así como del Comisionado de la Concordia de la Consejería de Turismo, Deporte y Cultura de la Junta de Andalucía.
Miles de presos políticos tras la guerra civil, como Marcelino Camacho o el padre del actor José Sacristán, fueron trasladados a Toledo para construir, entre otros edificios, este centro formativo que tuvo su sede en el Alcázar antes de ser destruido en la contienda. El periodista Enrique Sánchez Lubián prepara un libro para reivindicar sus nombres
“El trabajo os hará libres”. Es un mensaje que los nazis colocaron en las puertas del campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, durante la II Guerra Mundial. Una máxima que el régimen de Franco aplicó, a su manera, después de la guerra civil española.
Más allá de las prisiones al uso, durante la dictadura funcionaron los campos de concentración en España (alejados eso sí del modelo hitleriano) o las llamadas colonias penitenciarias militarizadas. “Las autoridades franquistas establecieron mecanismos para convertir el trabajo de los presos en elemento de represión”, explica el periodista Enrique Sánchez Lubián (Alcázar de San Juan, 1956).
Fue una solución práctica. No solo para paliar el elevado coste que suponían los presos de guerra para el ejército del dictador, sino porque “se dieron cuenta de que era la mano de obra que necesitaban para mantener en pie el país. Usaron el subterfugio de que a los penados les serviría para redimir su condena”.
Sánchez Lubián participaba este miércoles en una charla bajo el título ‘El trabajo os hará libres. Esclavos políticos en el Toledo franquista’, organizada por el grupo de Memoria Histórica de la Agrupación Local del PSOE de Toledo en la que explicó la labor que miles de penados realizaron en la ciudad y en la provincia durante los años 40 del siglo XX, en plena dictadura franquista.
Vista de la fachada principal de la Academia de Infantería, en obras, desde la Cuesta de Capuchinos de Toledo Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
Las obras comenzaron en 1941 y no terminaron hasta los años 60 del siglo XX. Hace más de 80 años miles de presos del franquismo ayudaron a levantar el gigantesco complejo militar junto al río Tajo. “La gente tiene que saberlo y ha de señalizarse para cumplir con la Ley de Memoria Democrática”, reivindica.
Entre quienes ayudaron a levantar el edificio estuvieron figuras tan conocidas a partir de la Transición como el Marcelino Camacho, soriano hijo de ferroviario que fundó el sindicato CCOO. “Formó parte del batallón disciplinario 93 en el año 1942. Después de Toledo le trasladaron hasta la zona del Estrecho de Gibraltar para construir fortificaciones. Estuvo en la parte africana y desde allí se fugó”.
A los jornaleros y albañiles llevados a Toledo para estas obras el régimen franquista sumó a profesionales especializados como Julián Diamante Cabrera, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y que fue director del Circuito Nacional Carreteras durante el gobierno de Azaña en la II República. “Fue quien preparó el dispositivo para cruzar el río durante la Batalla del Ebro. Cuando terminó de cumplir su pena, le pidieron que se quedara en las obras de la academia como trabajador libre. Lo hizo durante un año más”.
Otro caso sonado fue el de uno de los pioneros de la aeronáutica española Antonio Grancha Baixauli, formado en Guadalajara. “Puso en marcha el sistema de aviación civil, representando al país en distintos foros internacionales. Es uno de los grandes olvidados”.
Penados de la 5ª Agrupación de Colonias Penitenciarias trabajando frente al Casco Histórico de Toledo Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
La mayoría de los penados que la construyeron procedían de Toledo, Granada, Jaén, Almería, Valencia o Madrid. Como Venancio Sacristán, el padre del conocido actor José Sacristán. “Mi padre militó en la clandestinidad contra Franco, por eso yo no puedo mirar para otro lado”, decía en una reciente entrevista con elDiario.es
La figura de las Colonias Penitenciarias, como forma de canalizar el trabajo de los presos, apareció por primera vez en la Ley de Bases de 21 de octubre de 1869, derogada nueve años después y recuperada durante la guerra civil por el franquismo dentro de un conjunto de instituciones destinadas a la “redención de penas por el trabajo”.
La Ley de 8 de septiembre de 1939 creó el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, adscrito a la Presidencia del Gobierno. Se estructuraban en agrupaciones y hubo hasta ocho, según los datos del Ministerio de Cultura. No eran prisiones ni formaban parte del sistema penitenciario civil, pero mantuvieron una estrecha relación con las prisiones porque se nutrieron de ellas.
En la provincia de Toledo funcionaron la Tercera Agrupación de Colonias Penitenciarias, con sede en Talavera de la Reina y dedicada a la construcción del Canal Bajo del Alberche -aunque después de disuelta fue reactivada para construir el embalse de Rosarito-, la cuarta tuvo sede en Añover de Tajo y estaba dedicada a la construcción de la Real Acequia del Jarama, y la quinta, con sede en Toledo se centró en construir la Academia de Infantería.
“En Toledo el Ayuntamiento cedió los terrenos de la actual Academia de Infantería. Montaron un campamento en lo que entonces era un barrio de Toledo rodeado de alambradas y vigilado por el ejército y la Guardia Civil”, explica Sánchez Lubián.
Tras la guerra civil el ejército franquista se dio cuenta de que los presos políticos eran la mano de obra que necesitaba para mantener en pie el país. Usaron el subterfugio de que a los penados les serviría para redimir su condena
Ha logrado documentar desde varios intentos de fuga o muertos por accidentes laborales, entre estas agrupaciones que se mantenían activas mientras duraban las obras. Cuando terminaban, los presos eran trasladados a las diferentes cárceles de referencia. La mayor parte dejaron de funcionar a principios de los años de 1950, pero no todas. En algunos casos se prolongaron hasta los años 70, en el filo de la Transición.
“A todos estos presos les dijeron que les pagarían. El primer sueldo que se estableció era de dos pesetas diarias de las que 1,50 se las quedaba el Estado en concepto de manutención. Lo que les vendía es que con ese sueldo podrían mantener a sus familias y redimir penas”. Eran considerados, apunta el periodista, como “una carga para el Estado”.
Taller de reparación de vehículos en la colonia penitenciaria toledana Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
Se llegaron a crear ‘cartillas de ahorro’ como parte del buenismo franquista pero la realidad es que “apenas acumularon nada. Según los datos de algunos fallecidos cuyas cartillas se entregaron a sus familias, no había más de 13 o 20 pesetas”.
Muchos de los familiares vivían literalmente a los pies de la alambrada que mantenía presos a sus hijos, hermanos o maridos. “Fue así como se creó el actual barrio de Santa Bárbara. Cuando lograban la libertad se ofreció a muchos quedarse como obreros libres. Algunos lo aceptaron”.
Colonias penitenciarias, batallones de trabajadores y destacamentos penales
Junto al Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas se crearon otras entidades como los batallones disciplinarios de soldados trabajadores o los destacamentos penales. “Tras la guerra a quienes habían hecho la mili y se encontraban en zona republicana les llamaban para estar varios meses más, como soldados trabajadores”.
De este sistema de batallones de trabajadores formaban parte las personas clasificadas como “desafectas” al franquismo que, sin embargo, no habían recibido una condena de los tribunales.
A los jóvenes no se les reconocía como válido el servicio militar prestado en el ejército republicano durante la guerra civil. Afectó a todos los varones pertenecientes a los reemplazos de 1936 a 1941. Fueron obligados a trabajar durante un periodo de tiempo equivalente en los batallones disciplinarios como soldados trabajadores.
Además de estos jóvenes, en los batallones disciplinarios se encuadró también a los soldados desertores del ejército sublevado, a quienes durante la guerra civil se habían pasado a la zona republicana, a los soldados republicanos extranjeros presos, a los sancionados por la Fiscalía Superior de Tasas y a los condenados por consejos de guerra a penas de trabajo. Los batallones disciplinarios de soldados trabajadores permanecieron activos hasta diciembre de 1942.
Sánchez Lubián recuerda que la fábrica de cemento ubicada en la población de Castillejo reinició su actividad gracias a un destacamento penal. La empresa pertenecía entonces a la Sociedad Portland Iberia, S.A. y su actividad había quedado paralizada con la guerra civil. “Muchos presos políticos fueron liberados a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial pero los presos comunes siguieron trabajando hasta los años 70 en este lugar”.
También existió el llamado Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones que se nutría de todas estas personas. “Trabajaron también en la provincia de Toledo”.
“Mi objetivo es recordar que hay edificios construidos por presos políticos”
El periodista trabaja en un libro en el que explicará “todo el entramado de los trabajos penados que se desarrollaron en Toledo”. Se trata, dice, “de un tema que hasta ahora no se ha abordado y cuando se ha hecho, ha sido de forma tangencial”.
Pone como ejemplo distintas publicaciones del coronel José Luis Isabel. Algunas fueron recogidas por la revista cultural de Toledo ‘Archivo Secreto’, en un especial sobre la guerra civil en la ciudad. “Solo se ha escrito desde el punto de vista militar o urbanístico, pero apenas se ha tocado la cuestión de los penados”.
Obras de reconstrucción del Alcázar de Toledo, realizadas por el Servicio Nacional de Regiones Devastadas Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
“El objetivo de este libro es recordar que en Toledo hay edificios que fueron construidos por presos políticos”, explica. Desde la reconstrucción del Alcázar o de la plaza de Zodocover, la construcción de pisos en la avenida de la Reconquista o iglesias como las de San Miguel o la de las Carmelitas.
“El alcalde socialista de Sonseca, José Camuñas Domínguez, murió en accidente laboral reconstruyendo el Alcázar”. Quiere poner el foco en quiénes fueron estas personas. “No es fácil porque la documentación está muy dispersa en distintos archivos. Ni siquiera aparece la documentación técnica sobre cómo se construyó la Academia de Infantería. En Toledo no está”.
Algunas de sus fuentes como los archivos históricos de Toledo o Salamanca, el censo de represaliados de la UGT de la Fundación Largo Caballero o la Fundación Pablo Iglesias permiten seguir parte del rastro de los presos y conocer algunas de historias personales. “He podido identificar a unos 2.600 presos que estuvieron en la construcción de la academia. El número total se desconoce”.
“Poco saben que en la ciudad existió un campo de concentración en San Bernardo para clasificar prisioneros que se amplió con terrenos de la actual finca de los Lavaderos de Rojas”. La investigación saca a la luz sus nombres y apellidos, lugares de origen, profesión y hasta las condenas que sufrieron o cuando salieron en libertad.
Sánchez Lubián pone el acento en el artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática que se refiere a los trabajos forzados. No solo dice que han de impulsarse actuaciones “para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados”, sino que habrá un inventario de edificaciones y obras realizadas por quienes fueron sometidos a trabajos penados.
Proyecto del Bloque nº 1 de la Avenida de la Reconquista de Toledo, en cuya construcción participaron 160 reclusos encuadrados en el Destacamento Penal 'Vega Baja' Foto cedida por Enrique Sánchez Lubián
La ley exige “la señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados, de forma que se permitan su identificación y el recuerdo de lo sucedido”. También recoge la ley que las organizaciones o empresas que “utilizaron los trabajos forzados en su beneficio”, deben también adoptar estas medidas.
“En Toledo eso no existe. Es el germen de mi investigación, para que la gente lo sepa y sea consciente”, concluye para recordar cómo hasta los años 70 del siglo XX el Ayuntamiento de Toledo homenajeaba a las distintas promociones salidas de la Academia de Infantería, desde 1948. “Cuando cumplían 25 años, se les nombraba ciudadanos de honor. Eso nunca lo tuvieron quienes ayudaron a construirla”.
La medida conlleva obligaciones de señalización para la actual Jefatura Superior de Policía de Catalunya, pero el Gobierno no se plantea cambiar su uso tal como piden las víctimas
La comisaría de Via Laietana de Barcelona, epicentro de torturas durante el franquismo, será declarada oficialmente “lugar de memoria democrática”. El Gobierno responde así a la demanda que tramitaron varias entidades sociales y de víctimas de la dictadura, aunque no se plantea satisfacer la principal su exigencia: convertir definitivamente la actual sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya en un centro memorial.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el Gobierno tramitará el expediente a lo largo de 2024. “El edificio será designado lugar de memoria”, ha remarcado en una rueda de prensa junto al alcalde de la ciudad, el también socialista Jaume Collboni. Sobre el traslado de la Policía, al que siempre se ha opuesto el Ministerio del Interior, se ha limitado a afirmar: “Su futuro uso será acordado entre todas las Administraciones desde el consenso y el diálogo”.
“La declaración como espacio de memoria no comporta un cambio de uso del edificio, cuya dependencia corresponde al Ministerio del Interior”, remarca también el Ayuntamiento en un comunicado.
El origen de la declaración como lugar de memoria democrática, una figura prevista en la Ley de Memoria Democrática de 2022, tiene su origen en la solicitud de entidades como Ateneu Memòria Popular, Fundació Cipriano García-CCOO, Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, Amical de Mauthausen. Las asociaciones registraron la petición en enero de 2023.
De acuerdo con la ley, la consideración de estos lugares implica que la Administración debe “garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada”. Además, está obligada a elaborar “recursos audiovisuales y digitales explicativos” sobre los hechos históricos y, más concretamente, “puntos de reconocimiento de las víctimas” en caso de que se hayan cometido crímenes contra los derechos humanos.
Desde la Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, Carles Vallejo, impulsor además de la primera querella por torturas franquistas a raíz de la nueva ley, valora “positivamente” el anuncio del ministro, que ve como un “primer paso”. “Ahora falta por ver el cuándo y el cómo”, ha añadido.
Para Vallejo, la declaración es incompatible con el mantenimiento de la sede de la Policía Nacional en Via Laietana. Y recurre a la definición que hace la ley de esos lugares para argumentarlo, puesto que especifican que pasan a tener una “función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”.
En paralelo, el ministro Torres también ha desvelado que el Consejo de Ministros aprobará varias cuestiones vinculadas a memoria democrática, entre ellas un acuerdo para avanzar en la restitución de Lluís Companys y Salvador Puig Antich.
El alcalde Collboni, por su parte, ha afirmado que actualmente España vive un momento “muy preocupante” por “la ofensiva de la ultraderecha con la complicidad de la derecha en muchas comunidades autónomas para blanquear la dictadura franquista”.
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