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Amenazan con suspender la atención a 1.000 enfermos mentales por falta de medios
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental denuncia que la Conselleria de Sanidad adeuda el total de la subvención que debían recibir
EFE
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) informa hoy que la Comunitat Valenciana suspenderá los servicios de atención a las personas con enfermedad mental ante la falta de financiación.
FEAFES junto con otras entidades prestadoras de servicios a personas con enfermedad mental y tras la reunión mantenida el día 11 de noviembre, como consecuencia de la política seguida por el Gobierno Valenciano a través de las Consellerías de Bienestar Social y Sanidad, denuncia que la Consellería de Sanidad adeuda a fecha de 11 de noviembre el 100% de la subvención aprobada, se indica en una nota.
Como consecuencia, debe a las entidades miembro de FEAFES-CV cerca de 1 millón de Euros.Señala que para el 2009 existe una disminución en las partidas para la atención a personas con enfermedad mental, tal y como reflejan los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio del próximo año.
Igualmente, indica que por parte de la Consellería de Bienestar Social no se han cumplido los acuerdos en referencia a la forma de pago, en 3 partes de subvención, para el presente ejercicio.
Este hecho ha provocado una insostenibilidad en los recursos de atención a las personas con enfermedad mental.FEAFES ha acordado que, partir del lunes 17 de noviembre se suspenderá la prestación de servicios de atención domiciliaria para personas con enfermedad mental en la Comunitat Valenciana, afectando dicho cierre aproximadamente a 1.000 usuarios.
Asimismo, a partir del Viernes 21 y todos los viernes posteriores se van a realizar paros de un día de duración en los Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS ) y Centros de día para personas con enfermedad mental, debido a la falta de resolución y pago de la subvención íntegra de este año.
Esta medida afectará a más de 1.500 plazas, además, se realizarán concentraciones de protesta en las localidades donde están ubicados dichos centros.
La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) es una entidad sin ánimo de lucro y de interés social que reúne desde 1983 a 211 entidades, y que representa a más de 41.000 personas con enfermedad mental y a sus familias en todo el territorio nacional.
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divendres, 14 de novembre del 2008
EpC. "Dar Ciudadanía en inglés es un disparate educativo"
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"Dar Ciudadanía en inglés es un disparate educativo"
NEUS CABALLER
Inspectores de toda España critican la política del Consell
Cerca de 400 inspectores de educación de toda España aprobaron un texto en el que se califica de "disparate educativo" y "arbitrariedad administrativa" la regulación que la Generalitat ha hecho de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los inspectores, que asistían al X Congreso de Adide-Federación en Zaragoza mostraron su preocupación por las contradictorias regulaciones e interpretaciones que se han hecho por determinadas administraciones de esta asignatura.
"Es una decisión arbitraria porque no tiene justificación objetiva"
Los inspectores creen que el empecinamiento de la Generalitat es una arbitrariedad "porque no tiene justificación objetiva la elección de esta materia [EpC] para introducir el inglés como lengua de instrucción, cuando no se garantiza la incorporación del inglés en el segundo ciclo de Educación Infantil, siendo obligatorio".
La Asociación de Inspectores de Educación (Adide) que representa al 90% de los funcionarios de toda España, consideró en su comunicado un "disparate educativo la fórmula organizativa y metodológica de dos profesores en el aula simultáneamente: uno que conoce la materia, pero desconoce la lengua de instrucción; y otro, que desconoce la materia, pero es necesario para darla en inglés". La resolución rechaza la "utilización de la inspección por parte de cualquier Administración para imponer al profesorado y a los centros fórmulas de impartir u obstaculizar la aplicación de la Ciudadanía, tan arbitrarias y disparatadas como las citadas".
La federación valenciana de Adide denunció en octubre la instrumentalización de los inspectores como "comisarios políticos", a través de unas "instrucciones" de la Consejería de Educación que ordenan interrogatorios y controles en las 2.120 aulas donde se ha estrenado esta conflictiva versión inglesa.
La resolución de Adide recuerda que el Informe Delors de 1996 incluía la necesidad de tratar desde el sistema educativo los temas éticos y los problemas de convivencia. El Consejo de Europa en 1997 consideró la EpC "un objetivo prioritario de la política educativa".
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Ciudadanía en inglés llega a la BBC
La cadena inglesa BBC ha visitado los IES Veles e Vents de Gandia y el Serra Perenxisa de Torrent para comprobar 'in situ' como se está impartiendo la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), que en la Comunitat Valenciana se da en lengua inglesa.
EUROPA PRESS
Los reporteros se han entrevistado además con miembros de la comunidad educativa sobre el "conflicto generado por la Conselleria de Educación" por la impartición de esta materia en lengua extranjera, según informaron hoy fuentes del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv).
Desde hace más de un mes la cadena está preparando un programa de radio sobre este tema que se emitirá el próximo 4 de diciembre. Para hacerlo se pusieron en contacto con STEPV-Iv y ayer martes, 11 de noviembre, un equipo se desplazó desde Londres hasta tierras valencianas, relataron las mismas fuentes.
Por la mañana asistieron a una clase de EpC a la IES Veles e Vents de Gandia (Valencia) y entrevistaron varios miembros del profesorado, dirección del centro, padres y madres y alumnado. Los periodistas de la BBC "pudieron comprobar las dificultades por poder impartir con normalidad esta asignatura en inglés y con dos profesores en el aula", aseguraron.
Ya por la tarde, asistieron al encierro realizado por el IES Serra Perenxisa de Torrent (Valencia) acompañados por representante de STEPV. En este instituto también registraron las opiniones de la comunidad educativa al respecto de EpC y de las movilizaciones y acciones de los centros educativos valencianos a la política educativa del Gobierno valenciano.
Los periodistas también pudieron grabar las actividades del encierro, como videoforum, un taller de pancartas, una cena de hermandad y un concierto del cantautor torrentino Pau Alabajos.
Para STEPV, el interés de la BBC "pone de manifiesto la internacionalización del conflicto, que nunca se tendría que haber producido", subrayaron.En este sentido, consideraron que "la imagen que se está transmitiendo de la enseñanza a la sociedad valenciana, al resto del Estado Español y en Europa es denigrante para los profesionales de la enseñanza que se ven obligados a cumplir normas absurdas y contrarias a su dignidad profesional".
REUNIÓN
Por otra parte, y sobre la reunión que la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic mantendrá el próximo 17 de noviembre con la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, STEPV avanzó que va a exigir que "se aborde la solución del conflicto con la retirada o suspensión del orden de la Conselleria de Educación de EpC".
"De lo contrario --advirtieron-- la reunión no supondrá ningún avance en la solución del conflicto" y el sindicato exigirá la convocatoria de una reunión con el presidente de al Generalitat, Francisco Camps. Asimismo, hace un llamamiento a la "participación masiva" en la manifestación del 29 de noviembre y en la huelga del día 17 de diciembre.
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Concha Gómez convoca a la Plataforma por la Enseñanza para el lunes
Inspectores educativos de toda España califican de disparate Ciudadanía en inglés
Desestimada la suspensión cautelar de la orden de impartir Ciudadanía en inglés
El Ministerio niega que Ciudadanía pueda ser impartida por profesores de inglés
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Inspectores de Educación boicotean claustros y censuran webs sobre EpC
"Si un claustro no tiene derecho a discutir las cuestiones pedagógicas que los afectan día a día, para qué sirve", se preguntan desde el sindicato
EUROPA PRESS
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) denunció hoy el "acoso" al que algunos inspectores de educación están sometiendo a los centros docentes para impedir que aprueben manifiestos contra la política educativa del Consell y que debatan sobre Educación para la Ciudadanía (EpC). Así, el sindicato aseguró tener constancia de que la inspección ha impugnado la celebración de claustros porque entre los puntos a discutir figuraba EpC afirmó que se han "censurado" webs y levantado actas por el mismo motivo.
Las mismas fuentes detallaron que para justificar el "boicot" a un claustro que iba a abordar el tema de EpC, el inspector alega en su impugnación que "no es competencia del claustro debatir cuestiones pedagógicas que están reguladas por órganos de rango superior".
Agregaron que los claustros de la Comunitat Valenciana están aprobando manifiestos propios o adhiriéndose al de la Plataforma per l'Ensenyament Públic contra la política educativa del Gobierno valenciano, entre "cuyos despropósitos se encuentra EpC". "Si un claustro no tiene derecho a discutir las cuestiones pedagógicas que los afectan día a día, para qué sirve", se preguntaron desde el sindicato.
La entidad aseguró también que se han producido "otras presiones" a centros educativos al retirar imágenes de la web de los institutos sobre las acciones de protesta organizadas por la propia comunidad educativa.
Por ello, STEPV manifiesta que "los claustros de los centros educativos tienen la libertad y todo el derecho del mundo de discutir sobre aquello que los afecta directamente", al tiempo que denuncia "el abuso de poder de la inspección educativa y de la Administración al intentar conculcar este derecho".
En esta línea, tildaron de "intolerable que en un estado democrático la administración obstaculice, boicotee y censure el debate y la libertad de expresión del profesorado".
Ante esta situación, STEPV anima a los claustros a "no dejarse intimidar por estas presiones y a continuar debatiendo sobre la nefasta y autoritaria política educativa del Gobierno valenciano, aprobando y publicitando los manifiestos que consideren oportunos, organizando encierros y acciones de protesta junto con la comunidad educativa y acudiendo masivamente a la gran manifestación del 29 de noviembre y a la huelga del 17 de diciembre".
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El debate de Ciudadanía llega a la BBC
Un real decreto impide al profesor de inglés dar EpC
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CCOO vuelve a la carga contra las instrucciones de Ciudadanía
El sindicato presentó hoy ante el TSJ un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones dictadas por la conselleria para concretar su modelo de impartición de la asignatura
EUROPA PRESS
La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) presentó hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones dictadas por la Conselleria de Educación para concretar su modelo de impartición de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés.
El sindicato interpone este recurso después de que el TSJCV rechazara dejar sin efecto estas instrucciones al desestimar el escrito presentado por CCOO de incidente de ejecución la sentencia de suspensión cautelar dictado por el propio Tribunal de algunos de los artículos de la orden valenciana de desarrollo de EpC, en concreto los referentes a la posilibidad de superar la materia mediante un trabajo y de evaluar los conocimientos de inglés.
La federación de enseñanza ha recurrido a este trámite porque considera que las instrucciones de 1 de septiembre "conculcan derechos laborales del profesorado y van contra la legislación de ámbito estatal vigente".
La entidad dio a conocer la presentación del recurso hoy en el marco del VIII Congreso de la FE CCOO PV que está celebrando en la localidad de Calp (Alicante). En intervenciones particulares, los delegados han informado de que en los IES Alcàsser, Albal y Picassent no hay clases de EpC desde el inicio de curso porque la persona destinada por la Conselleria --un docente de la bolsa de Historia, habilitada en inglés-- está de baja y no se ha asignado ningún sustituto.
Asimismo, en la sesión se aprobó además el informe del secretario general saliente, Manolo Picó. La aprobación del informe supone el aval del máximo órgano federal, la asamblea congresual, a la gestión y las líneas ideológicas seguidas por el organismo en los últimos cuatro años, destacaron fuentes del sindicato, que apuntaron que este vez el informe ha sido valorado como un motivo por avalar también la trayectoria del actual secretario general que no se presenta a la reelección dado que estatutariamente no se pueden superar los tres mandatos consecutivos.
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Los directores de instituto de España piden que EpC quede fuera del debate político
Los inspectores mantienen la presión
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"Dar Ciudadanía en inglés es un disparate educativo"
NEUS CABALLER
Inspectores de toda España critican la política del Consell
Cerca de 400 inspectores de educación de toda España aprobaron un texto en el que se califica de "disparate educativo" y "arbitrariedad administrativa" la regulación que la Generalitat ha hecho de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los inspectores, que asistían al X Congreso de Adide-Federación en Zaragoza mostraron su preocupación por las contradictorias regulaciones e interpretaciones que se han hecho por determinadas administraciones de esta asignatura.
"Es una decisión arbitraria porque no tiene justificación objetiva"
Los inspectores creen que el empecinamiento de la Generalitat es una arbitrariedad "porque no tiene justificación objetiva la elección de esta materia [EpC] para introducir el inglés como lengua de instrucción, cuando no se garantiza la incorporación del inglés en el segundo ciclo de Educación Infantil, siendo obligatorio".
La Asociación de Inspectores de Educación (Adide) que representa al 90% de los funcionarios de toda España, consideró en su comunicado un "disparate educativo la fórmula organizativa y metodológica de dos profesores en el aula simultáneamente: uno que conoce la materia, pero desconoce la lengua de instrucción; y otro, que desconoce la materia, pero es necesario para darla en inglés". La resolución rechaza la "utilización de la inspección por parte de cualquier Administración para imponer al profesorado y a los centros fórmulas de impartir u obstaculizar la aplicación de la Ciudadanía, tan arbitrarias y disparatadas como las citadas".
La federación valenciana de Adide denunció en octubre la instrumentalización de los inspectores como "comisarios políticos", a través de unas "instrucciones" de la Consejería de Educación que ordenan interrogatorios y controles en las 2.120 aulas donde se ha estrenado esta conflictiva versión inglesa.
La resolución de Adide recuerda que el Informe Delors de 1996 incluía la necesidad de tratar desde el sistema educativo los temas éticos y los problemas de convivencia. El Consejo de Europa en 1997 consideró la EpC "un objetivo prioritario de la política educativa".
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Ciudadanía en inglés llega a la BBC
La cadena inglesa BBC ha visitado los IES Veles e Vents de Gandia y el Serra Perenxisa de Torrent para comprobar 'in situ' como se está impartiendo la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), que en la Comunitat Valenciana se da en lengua inglesa.
EUROPA PRESS
Los reporteros se han entrevistado además con miembros de la comunidad educativa sobre el "conflicto generado por la Conselleria de Educación" por la impartición de esta materia en lengua extranjera, según informaron hoy fuentes del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv).
Desde hace más de un mes la cadena está preparando un programa de radio sobre este tema que se emitirá el próximo 4 de diciembre. Para hacerlo se pusieron en contacto con STEPV-Iv y ayer martes, 11 de noviembre, un equipo se desplazó desde Londres hasta tierras valencianas, relataron las mismas fuentes.
Por la mañana asistieron a una clase de EpC a la IES Veles e Vents de Gandia (Valencia) y entrevistaron varios miembros del profesorado, dirección del centro, padres y madres y alumnado. Los periodistas de la BBC "pudieron comprobar las dificultades por poder impartir con normalidad esta asignatura en inglés y con dos profesores en el aula", aseguraron.
Ya por la tarde, asistieron al encierro realizado por el IES Serra Perenxisa de Torrent (Valencia) acompañados por representante de STEPV. En este instituto también registraron las opiniones de la comunidad educativa al respecto de EpC y de las movilizaciones y acciones de los centros educativos valencianos a la política educativa del Gobierno valenciano.
Los periodistas también pudieron grabar las actividades del encierro, como videoforum, un taller de pancartas, una cena de hermandad y un concierto del cantautor torrentino Pau Alabajos.
Para STEPV, el interés de la BBC "pone de manifiesto la internacionalización del conflicto, que nunca se tendría que haber producido", subrayaron.En este sentido, consideraron que "la imagen que se está transmitiendo de la enseñanza a la sociedad valenciana, al resto del Estado Español y en Europa es denigrante para los profesionales de la enseñanza que se ven obligados a cumplir normas absurdas y contrarias a su dignidad profesional".
REUNIÓN
Por otra parte, y sobre la reunión que la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic mantendrá el próximo 17 de noviembre con la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, STEPV avanzó que va a exigir que "se aborde la solución del conflicto con la retirada o suspensión del orden de la Conselleria de Educación de EpC".
"De lo contrario --advirtieron-- la reunión no supondrá ningún avance en la solución del conflicto" y el sindicato exigirá la convocatoria de una reunión con el presidente de al Generalitat, Francisco Camps. Asimismo, hace un llamamiento a la "participación masiva" en la manifestación del 29 de noviembre y en la huelga del día 17 de diciembre.
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Concha Gómez convoca a la Plataforma por la Enseñanza para el lunes
Inspectores educativos de toda España califican de disparate Ciudadanía en inglés
Desestimada la suspensión cautelar de la orden de impartir Ciudadanía en inglés
El Ministerio niega que Ciudadanía pueda ser impartida por profesores de inglés
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Inspectores de Educación boicotean claustros y censuran webs sobre EpC
"Si un claustro no tiene derecho a discutir las cuestiones pedagógicas que los afectan día a día, para qué sirve", se preguntan desde el sindicato
EUROPA PRESS
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) denunció hoy el "acoso" al que algunos inspectores de educación están sometiendo a los centros docentes para impedir que aprueben manifiestos contra la política educativa del Consell y que debatan sobre Educación para la Ciudadanía (EpC). Así, el sindicato aseguró tener constancia de que la inspección ha impugnado la celebración de claustros porque entre los puntos a discutir figuraba EpC afirmó que se han "censurado" webs y levantado actas por el mismo motivo.
Las mismas fuentes detallaron que para justificar el "boicot" a un claustro que iba a abordar el tema de EpC, el inspector alega en su impugnación que "no es competencia del claustro debatir cuestiones pedagógicas que están reguladas por órganos de rango superior".
Agregaron que los claustros de la Comunitat Valenciana están aprobando manifiestos propios o adhiriéndose al de la Plataforma per l'Ensenyament Públic contra la política educativa del Gobierno valenciano, entre "cuyos despropósitos se encuentra EpC". "Si un claustro no tiene derecho a discutir las cuestiones pedagógicas que los afectan día a día, para qué sirve", se preguntaron desde el sindicato.
La entidad aseguró también que se han producido "otras presiones" a centros educativos al retirar imágenes de la web de los institutos sobre las acciones de protesta organizadas por la propia comunidad educativa.
Por ello, STEPV manifiesta que "los claustros de los centros educativos tienen la libertad y todo el derecho del mundo de discutir sobre aquello que los afecta directamente", al tiempo que denuncia "el abuso de poder de la inspección educativa y de la Administración al intentar conculcar este derecho".
En esta línea, tildaron de "intolerable que en un estado democrático la administración obstaculice, boicotee y censure el debate y la libertad de expresión del profesorado".
Ante esta situación, STEPV anima a los claustros a "no dejarse intimidar por estas presiones y a continuar debatiendo sobre la nefasta y autoritaria política educativa del Gobierno valenciano, aprobando y publicitando los manifiestos que consideren oportunos, organizando encierros y acciones de protesta junto con la comunidad educativa y acudiendo masivamente a la gran manifestación del 29 de noviembre y a la huelga del 17 de diciembre".
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El debate de Ciudadanía llega a la BBC
Un real decreto impide al profesor de inglés dar EpC
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CCOO vuelve a la carga contra las instrucciones de Ciudadanía
El sindicato presentó hoy ante el TSJ un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones dictadas por la conselleria para concretar su modelo de impartición de la asignatura
EUROPA PRESS
La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) presentó hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones dictadas por la Conselleria de Educación para concretar su modelo de impartición de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés.
El sindicato interpone este recurso después de que el TSJCV rechazara dejar sin efecto estas instrucciones al desestimar el escrito presentado por CCOO de incidente de ejecución la sentencia de suspensión cautelar dictado por el propio Tribunal de algunos de los artículos de la orden valenciana de desarrollo de EpC, en concreto los referentes a la posilibidad de superar la materia mediante un trabajo y de evaluar los conocimientos de inglés.
La federación de enseñanza ha recurrido a este trámite porque considera que las instrucciones de 1 de septiembre "conculcan derechos laborales del profesorado y van contra la legislación de ámbito estatal vigente".
La entidad dio a conocer la presentación del recurso hoy en el marco del VIII Congreso de la FE CCOO PV que está celebrando en la localidad de Calp (Alicante). En intervenciones particulares, los delegados han informado de que en los IES Alcàsser, Albal y Picassent no hay clases de EpC desde el inicio de curso porque la persona destinada por la Conselleria --un docente de la bolsa de Historia, habilitada en inglés-- está de baja y no se ha asignado ningún sustituto.
Asimismo, en la sesión se aprobó además el informe del secretario general saliente, Manolo Picó. La aprobación del informe supone el aval del máximo órgano federal, la asamblea congresual, a la gestión y las líneas ideológicas seguidas por el organismo en los últimos cuatro años, destacaron fuentes del sindicato, que apuntaron que este vez el informe ha sido valorado como un motivo por avalar también la trayectoria del actual secretario general que no se presenta a la reelección dado que estatutariamente no se pueden superar los tres mandatos consecutivos.
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Los directores de instituto de España piden que EpC quede fuera del debate político
Los inspectores mantienen la presión
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El juez archiva las denuncias contra el ex alcalde de Orihuela por basarse en sospechas.
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Al jutge li ha servit una simple declaració de l'excalde.
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El juez archiva las denuncias contra el ex alcalde de Orihuela por basarse en sospechas
El magistrado Fernando Madrid, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Orihuela, ha archivado las denuncias contra el ex alcalde José Manuel Medina, basándose en que buena parte de las imputaciones que se hacen en las mismas son meras sospechas, pero no existen pruebas.
Elisa G. Brotons, Orihuela
En un auto razonado rechaza que existan indicios razonables de delito en varias actuaciones realizadas por el ex primer edil, que fue denunciado por el ex interventor municipal de Orihuela y el ex edil socialista Francisco García Ortuño, lo que dio origen a una investigación judicial por dos supuestos delitos contra la Administración Pública -cohecho y prevaricación- y otro relativo a la ordenación del territorio. El magistrado considera que Medina no recibió dádivas -coches y casas- de dos constructores y al respecto afirma que "no existen elementos incriminatorios" en los supuestos regalos de vehículos y viviendas a cambio de recalificaciones de terrenos. Así justifica el Audi A8 que el ex alcalde tenía afirmando que había satisfecho por él 40.000 euros, "un precio de mercado superior" al que según el informe de la Guardia Civil tenía, que era de 38.000 euros. Sobre el uso de un Bentley da por bueno el uso "puntual" que le daba "para llevar a las novias en bodas o tenerlo a su cuidado por su condición de aficionado a los vehículos antiguos y a la mecánica". Entre estas bodas cabe recordar la de la ex edil de Hacienda, Paz Chazarra, asesora del actual equipo de gobierno. El auto añade que no existe prueba de que el coche estuviera "a su entera y completa disposición". Y que el informe de la Policía Judicial se limita a "meras afirmaciones" como el que "normalmente" se encontrara estacionado en el garaje bajo de su casa.
Transferencias bancarias
Sobre la casa de la costa el magistrado señala que el ex alcalde ha demostrado que llevaba un año pagando el arrendamiento con transferencias bancarias. Sobre las aprobaciones de supuestas irregularidades urbanísticas, en el auto se explica que para poder abordar si esta cuestión es delictiva o no previamente sería necesario disponer de una sentencia contenciosa que determinara si el procedimiento fue o no el correcto. El juez tiene tiempo en su auto para criticar las actuaciones del fiscal Briones en esta causas y lo hace para manifestar que llegó a pedir un informe a la Policía Judicial que ya se había aportado, lo que la hace "inútil".
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"Me echaron por la puerta de atrás"
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Al jutge li ha servit una simple declaració de l'excalde.
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El juez archiva las denuncias contra el ex alcalde de Orihuela por basarse en sospechas
El magistrado Fernando Madrid, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Orihuela, ha archivado las denuncias contra el ex alcalde José Manuel Medina, basándose en que buena parte de las imputaciones que se hacen en las mismas son meras sospechas, pero no existen pruebas.
Elisa G. Brotons, Orihuela
En un auto razonado rechaza que existan indicios razonables de delito en varias actuaciones realizadas por el ex primer edil, que fue denunciado por el ex interventor municipal de Orihuela y el ex edil socialista Francisco García Ortuño, lo que dio origen a una investigación judicial por dos supuestos delitos contra la Administración Pública -cohecho y prevaricación- y otro relativo a la ordenación del territorio. El magistrado considera que Medina no recibió dádivas -coches y casas- de dos constructores y al respecto afirma que "no existen elementos incriminatorios" en los supuestos regalos de vehículos y viviendas a cambio de recalificaciones de terrenos. Así justifica el Audi A8 que el ex alcalde tenía afirmando que había satisfecho por él 40.000 euros, "un precio de mercado superior" al que según el informe de la Guardia Civil tenía, que era de 38.000 euros. Sobre el uso de un Bentley da por bueno el uso "puntual" que le daba "para llevar a las novias en bodas o tenerlo a su cuidado por su condición de aficionado a los vehículos antiguos y a la mecánica". Entre estas bodas cabe recordar la de la ex edil de Hacienda, Paz Chazarra, asesora del actual equipo de gobierno. El auto añade que no existe prueba de que el coche estuviera "a su entera y completa disposición". Y que el informe de la Policía Judicial se limita a "meras afirmaciones" como el que "normalmente" se encontrara estacionado en el garaje bajo de su casa.
Transferencias bancarias
Sobre la casa de la costa el magistrado señala que el ex alcalde ha demostrado que llevaba un año pagando el arrendamiento con transferencias bancarias. Sobre las aprobaciones de supuestas irregularidades urbanísticas, en el auto se explica que para poder abordar si esta cuestión es delictiva o no previamente sería necesario disponer de una sentencia contenciosa que determinara si el procedimiento fue o no el correcto. El juez tiene tiempo en su auto para criticar las actuaciones del fiscal Briones en esta causas y lo hace para manifestar que llegó a pedir un informe a la Policía Judicial que ya se había aportado, lo que la hace "inútil".
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"Me echaron por la puerta de atrás"
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Uno de los nuestros: Rastrean 15.000 operaciones bancarias de la familia Fabra.
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Rastrean 15.000 operaciones bancarias de la familia Fabra
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias que fueron hechas en casi un centenar de cuentas en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o autorizado con su mujer y sus hijos. Entre todos hicieron al año 3.000 movimientos bancarios, lo que supone una media de 250 operaciones al mes.
J. Antequera, Castelló
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias realizadas a través de casi un centenar de cuentas corrientes en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o persona autorizada junto a su mujer y sus hijos, según se desprende del examen que llevan a cabo los peritos de Hacienda. Este volumen contable supone que el líder del PP, su mujer y sus hijos suscribieron al año una media de 3.000 movimientos bancarios. O lo que es lo mismo, 250 operaciones mensuales.
Durante ese período, el matrimonio y sus cuatro hijos realizaron centenares de transferencias bancarias cuyo origen y destino analizan los expertos de la Agencia Tributaria para averiguar qué fuentes de ingresos alimentaron el supuesto incremento patrimonial de la familia. En su análisis, los peritos han descartado operaciones menores que no tienen relevancia para el caso, como el pago de las nóminas de Fabra a sus hijos, y se han centrado en las denominadas "operaciones cruzadas" que el presidente de Castelló y miembros de su familia han podido realizar desde el año 99. Los expertos en derecho fiscal califican como operaciones cruzadas aquellas "de activo y pasivo" que se realizan entre un cliente y uno o más bancos. Mediante este sistema, el particular acude a la entidad y aporta una suma como garantía para obtener un crédito o préstamo para él, para una persona de su confianza o una empresa propia o ajena. Ese préstamo, que en ningún caso puede superar el límite de la garantía, lo devolverá el prestatario aportando una nueva cantidad en metálico o cubriéndolo con una transferencia de otra entidad financiera. De ahí el concepto de operación cruzada. Cabe recordar que un particular tiene la obligación de identificarse cuando va a realizar un ingreso superior a los 3.000 euros, pero esta obligación desaparece si la cantidad se fracciona e ingresa en diferentes entidades. Anticorrupción rastrea los cheques, pagarés y cantidades millonarias en metálico que, mediante este sistema, se pueden haber trasvasado entre las distintas oficinas bancarias. Las fuentes judiciales señalan que los investigadores están examinando, una a una, cada transferencia, ya que un programa informático no detecta la operación cruzada cuando las cantidades de entrada y salida no coinciden por la acumulación de intereses y otros gastos añadidos.
Este trabajo contable que llevan a cabo los técnicos de la Fiscalía, casi artesanal, podría retrasar aún más la elaboración del informe, que en un principio tendría que estar terminado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Nules antes de Navidad.
Lo más complicado, añaden las fuentes, será averiguar el origen de los ingresos de Carlos Fabra y su familia, ya que en muchas ocasiones no consta información documental en Hacienda y tendrán que ser las entidades financieras quienes lo aclaren. Precisamente ayer, la Fiscalía estaba a la espera de recibir una importante remesa de datos procedente de uno de los grandes bancos del país, con delegación en Castelló, sobre las cuentas de Carlos Fabra. La investigación de la Fiscalía avanza de forma constante, a pesar de que el juzgado de Nules lleva meses sin titular y sin jueces de apoyo. Fabra figura como imputado en un delito contra la Administración Pública y fraude fiscal.
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La Fiscalía recibe datos bancarios de Andrea
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Uno de los acosadores del abogado del caso Fabra se expone a 9 años de prisión por simular ser espía
El empleado de Intereconomía se hacía pasar por agente del CNI para lograr información policial
Levante-EMV, Valencia
Uno de los empleados de Intereconomía que simuló ser un empresario para tender una trampa al abogado que, en nombre de la Unión de Consumidores, ejerce la acusación popular en el caso Fabra se enfrenta a una posible pena de hasta 9 años de prisión por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según información difundida ayer por la Cadena Ser en Madrid. La citada emisora explicó que el caso está pendiente de señalamiento después de una larga investigación del Juzgado de Instrucción número 25 de la capital de España. En su escrito de acusación, el fiscal pide, además de la pena de cárcel, que se le imponga a José Antonio Expósito una multa de 4.000 euros. Se le acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y delito continuado de falsedad de documento oficial.Junto a él se sentarán en el banquillo dos miembros de la Policía Nacional para los que la Fiscalía pide 5 años de cárcel por revelación de secretos. Fuentes jurídicas citadas por la Cadena Ser indicaron que José Antonio Expósito mantuvo engañados hasta su detención a numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que hacía creer que era un agente del CNI. Expósito conseguía así que le proporcionaran información confidencial con la que obtenía importantes beneficios económicos. Expósito ha interpretado varios personajes en su condición de empleado de Intereconomía. El último de sus papeles conocidos lo protagonizó en Valencia la semana pasada cuando se hizo pasar por empresario de Ciudad Real fabricante de maquinaria de serigrafía interesado en trasladar las instalaciones a Valencia, según denunció el letrado de la acusación del caso Fabra, José Luis Vera. Junto a otro empleado del citado grupo de comunicación intentaron un montaje consistente en contratar a Vera como asesor y, en señal de agradecimiento, le ofrecieron hasta un anillo de diamantes para su esposa, la ex diputada socialista Maria Antonia Armengol. Vera había alertado a la policía al sospechar de los clientes y la brigada de delitos económicos desbarató el montaje.
Rajoy no quiere ser juez
El citado empleado de Intereconomía hizo de escolta de los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando dieron la espantada en la Asamblea de Madrid para no votar la investidura de Rafael Simancas. El escándalo obligó a una nueva convocatoria electoral, que convirtió a Esperanza Aguirre en presidenta.Preguntado por el caso Fabra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer en esa emisora: "No me voy a erigir en juez de nadie". Y concluyó: "Me parece que es una función lo suficientemente importante como para que por impresiones o informaciones uno no tome decisiones; esperaré a lo que digan los tribunales".
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Rajoy evita defender a Fabra
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que él no se va a "erigir en juez de nadie" y que respetará la decisión de los tribunales, refiriéndose a Carlos Fabra y Jaume Matas.
EUROPA PRESS
De esta forma respondió al ser preguntado si pondría la mano en el fuego por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el entorno del ex presidente balear, Jaume Matas, que están siendo investigados por la Justicia.
En declaraciones en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Rajoy afirmó que si hay algún dirigente del PP afectado por los presuntos casos de corrupción que se están conociendo "será expulsado del partido". Dicho esto, aprovechó para recordar que en Andalucía hay "casi 70 personas del PSOE imputadas en ayuntamientos".
El líder de los 'populares' señaló que en política, como en casi todo, "hay gente mejor y peor" pero subrayó que "la inmensa mayoría cumple su función de una manera honorable", "sean del partido que sean".
Admitió que al final hay personas "que están imputadas" y que, en esos casos, hay que esperar a lo que decidan los tribunales. "Yo no me voy a erigir en juez de nadie", recalcó, para añadir que se trata de cuestiones "suficientemente importantes" como para que se puedan tomar decisiones basándose en "impresiones". Por eso, insistió en que estará "a lo que digan los tribunales".
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Rastrean 15.000 operaciones bancarias de la familia Fabra
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias que fueron hechas en casi un centenar de cuentas en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o autorizado con su mujer y sus hijos. Entre todos hicieron al año 3.000 movimientos bancarios, lo que supone una media de 250 operaciones al mes.
J. Antequera, Castelló
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias realizadas a través de casi un centenar de cuentas corrientes en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o persona autorizada junto a su mujer y sus hijos, según se desprende del examen que llevan a cabo los peritos de Hacienda. Este volumen contable supone que el líder del PP, su mujer y sus hijos suscribieron al año una media de 3.000 movimientos bancarios. O lo que es lo mismo, 250 operaciones mensuales.
Durante ese período, el matrimonio y sus cuatro hijos realizaron centenares de transferencias bancarias cuyo origen y destino analizan los expertos de la Agencia Tributaria para averiguar qué fuentes de ingresos alimentaron el supuesto incremento patrimonial de la familia. En su análisis, los peritos han descartado operaciones menores que no tienen relevancia para el caso, como el pago de las nóminas de Fabra a sus hijos, y se han centrado en las denominadas "operaciones cruzadas" que el presidente de Castelló y miembros de su familia han podido realizar desde el año 99. Los expertos en derecho fiscal califican como operaciones cruzadas aquellas "de activo y pasivo" que se realizan entre un cliente y uno o más bancos. Mediante este sistema, el particular acude a la entidad y aporta una suma como garantía para obtener un crédito o préstamo para él, para una persona de su confianza o una empresa propia o ajena. Ese préstamo, que en ningún caso puede superar el límite de la garantía, lo devolverá el prestatario aportando una nueva cantidad en metálico o cubriéndolo con una transferencia de otra entidad financiera. De ahí el concepto de operación cruzada. Cabe recordar que un particular tiene la obligación de identificarse cuando va a realizar un ingreso superior a los 3.000 euros, pero esta obligación desaparece si la cantidad se fracciona e ingresa en diferentes entidades. Anticorrupción rastrea los cheques, pagarés y cantidades millonarias en metálico que, mediante este sistema, se pueden haber trasvasado entre las distintas oficinas bancarias. Las fuentes judiciales señalan que los investigadores están examinando, una a una, cada transferencia, ya que un programa informático no detecta la operación cruzada cuando las cantidades de entrada y salida no coinciden por la acumulación de intereses y otros gastos añadidos.
Este trabajo contable que llevan a cabo los técnicos de la Fiscalía, casi artesanal, podría retrasar aún más la elaboración del informe, que en un principio tendría que estar terminado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Nules antes de Navidad.
Lo más complicado, añaden las fuentes, será averiguar el origen de los ingresos de Carlos Fabra y su familia, ya que en muchas ocasiones no consta información documental en Hacienda y tendrán que ser las entidades financieras quienes lo aclaren. Precisamente ayer, la Fiscalía estaba a la espera de recibir una importante remesa de datos procedente de uno de los grandes bancos del país, con delegación en Castelló, sobre las cuentas de Carlos Fabra. La investigación de la Fiscalía avanza de forma constante, a pesar de que el juzgado de Nules lleva meses sin titular y sin jueces de apoyo. Fabra figura como imputado en un delito contra la Administración Pública y fraude fiscal.
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La Fiscalía recibe datos bancarios de Andrea
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Uno de los acosadores del abogado del caso Fabra se expone a 9 años de prisión por simular ser espía
El empleado de Intereconomía se hacía pasar por agente del CNI para lograr información policial
Levante-EMV, Valencia
Uno de los empleados de Intereconomía que simuló ser un empresario para tender una trampa al abogado que, en nombre de la Unión de Consumidores, ejerce la acusación popular en el caso Fabra se enfrenta a una posible pena de hasta 9 años de prisión por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según información difundida ayer por la Cadena Ser en Madrid. La citada emisora explicó que el caso está pendiente de señalamiento después de una larga investigación del Juzgado de Instrucción número 25 de la capital de España. En su escrito de acusación, el fiscal pide, además de la pena de cárcel, que se le imponga a José Antonio Expósito una multa de 4.000 euros. Se le acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y delito continuado de falsedad de documento oficial.Junto a él se sentarán en el banquillo dos miembros de la Policía Nacional para los que la Fiscalía pide 5 años de cárcel por revelación de secretos. Fuentes jurídicas citadas por la Cadena Ser indicaron que José Antonio Expósito mantuvo engañados hasta su detención a numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que hacía creer que era un agente del CNI. Expósito conseguía así que le proporcionaran información confidencial con la que obtenía importantes beneficios económicos. Expósito ha interpretado varios personajes en su condición de empleado de Intereconomía. El último de sus papeles conocidos lo protagonizó en Valencia la semana pasada cuando se hizo pasar por empresario de Ciudad Real fabricante de maquinaria de serigrafía interesado en trasladar las instalaciones a Valencia, según denunció el letrado de la acusación del caso Fabra, José Luis Vera. Junto a otro empleado del citado grupo de comunicación intentaron un montaje consistente en contratar a Vera como asesor y, en señal de agradecimiento, le ofrecieron hasta un anillo de diamantes para su esposa, la ex diputada socialista Maria Antonia Armengol. Vera había alertado a la policía al sospechar de los clientes y la brigada de delitos económicos desbarató el montaje.
Rajoy no quiere ser juez
El citado empleado de Intereconomía hizo de escolta de los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando dieron la espantada en la Asamblea de Madrid para no votar la investidura de Rafael Simancas. El escándalo obligó a una nueva convocatoria electoral, que convirtió a Esperanza Aguirre en presidenta.Preguntado por el caso Fabra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer en esa emisora: "No me voy a erigir en juez de nadie". Y concluyó: "Me parece que es una función lo suficientemente importante como para que por impresiones o informaciones uno no tome decisiones; esperaré a lo que digan los tribunales".
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Rajoy evita defender a Fabra
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que él no se va a "erigir en juez de nadie" y que respetará la decisión de los tribunales, refiriéndose a Carlos Fabra y Jaume Matas.
EUROPA PRESS
De esta forma respondió al ser preguntado si pondría la mano en el fuego por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el entorno del ex presidente balear, Jaume Matas, que están siendo investigados por la Justicia.
En declaraciones en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Rajoy afirmó que si hay algún dirigente del PP afectado por los presuntos casos de corrupción que se están conociendo "será expulsado del partido". Dicho esto, aprovechó para recordar que en Andalucía hay "casi 70 personas del PSOE imputadas en ayuntamientos".
El líder de los 'populares' señaló que en política, como en casi todo, "hay gente mejor y peor" pero subrayó que "la inmensa mayoría cumple su función de una manera honorable", "sean del partido que sean".
Admitió que al final hay personas "que están imputadas" y que, en esos casos, hay que esperar a lo que decidan los tribunales. "Yo no me voy a erigir en juez de nadie", recalcó, para añadir que se trata de cuestiones "suficientemente importantes" como para que se puedan tomar decisiones basándose en "impresiones". Por eso, insistió en que estará "a lo que digan los tribunales".
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dimarts, 11 de novembre del 2008
Consulta los estatutos ‘secretos’ que el PP no quiere colgar en su página web
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Consulta los estatutos ‘secretos’ que el PP no quiere colgar en su página web
La esencia del proceso de elección del presidente es igual que en 2004 // No se han creado las oficinas parlamentarias
Y. G. - Madrid - 10/11/2008 17:34
Desde la aprobación de los estatutos del PP en el último Congreso Nacional, este documento ha dejado de estar disponible en la página web del partido con la explicación de que se trata de "normas internas". Público ha tenido acceso a las 55 páginas de los nuevos estatutos (ver PDF).
Basta una rápida comparación con el texto del XV Congreso para constatar que se trata de documentos prácticamente calcados y que el asunto más polémico de la etapa precongresual, el de la introducción de un sistema de primarias, no altera prácticamente en nada el proceso de elección del presidente (ver recuadro).
Las supuestas "primarias" del PP no lo son tanto, ya que ni hay voto directo de los militantes ni se elimina la barrera del 20% de los avales para concurrir como candidato.
Trabajo para los diputados
Los nuevos estatutos también establecen la obligación de crear "oficinas del parlamentario". En el preámbulo se habla de que éstas contarán con la "presencia física y periódica de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y eurodiputados para reforzar el contacto con los ciudadanos". En el partido reconocen que, de momento, estas oficinas no han echado a andar.
También en estos nuevos estatutos, los conservadores blindan a sus afiliados acusados de corrupción, al fijar que la suspensión inmediata de militancia no será efectiva hasta que no hayan sido sancionados con condena firme. Algo que, por cierto, ya se incumple en el caso de Manuel Vilanova, presidente del PP de Vila-real.
Un sistema electoral calcado
Estatutos 2004
Estatutos 2008
¿Pueden votar los militantes directamente al presidente?No. Lo eligen los compromisarios en el congreso nacional.
¿Quién puede ser compromisario?Cualquier militante puede “elegir y ser elegido compromisario” (art. 6. b).
¿Cómo se eligen los compromisarios?La elección “se efectuará mediante lista abierta tomando como circunscripción la de distrito, local, comarcal, insular o provincial” (art 28. 3).
¿Cuántos compromisarios se necesitan para ser candidato a presidente?Se requiere el respaldo “de una quinta parte de los compromisarios” (art. 30. 1. a).
¿Cómo se elige al presidente?El congreso nacional elegirá al presidente “mediante sistema de voto mayoritario a una sola vuelta” (art. 30. 1).
¿Pueden votar los militantes directamente al presidente?No. Lo eligen los compromisarios en el congreso nacional.
¿Quién puede ser compromisario?Cualquier militante puede “elegir y ser elegido compromisario” (art. 6. b).
¿Cómo se eligen los compromisarios?La elección “se efectuará mediante lista abierta tomando como circunscripción la de distrito, local, comarcal, insular o provincial” (art 28. 3).
¿Cuántos compromisarios se necesitan para ser candidato a presidente?Aquellos que tengan “el apoyo de, al menos, el 20% de los compromisarios” (art. 30. 2. h).
¿Cómo se elige al presidente?El congreso nacional elegirá al presidente “mediante sistema de voto mayoritario a una sola vuelta” (art. 30. 3. b).
¿Cuáles son los cambios?
> El precandidato y la campaña interna
Los estatutos de 2008 regulan la figura del precandidato, que necesita 100 firmas de militantes para ser proclamado como tal (art. 30. 2. b). Además, establecen una campaña interna de 21 días y obligan a "garantizar igualdad de oportunidades" a todos los precandidatos durante dicha campaña (art. 30. 2. d).
>¿Hasta cuándo se pueden presentar los candidatos?
Con los estatutos de 2004, la candidatura a presidente del partido se podía presentar hasta el mismo día del congreso nacional. Con los estatutos de 2008, es necesario declararse precandidato antes de que transcurran 15 días desde la convocatoria del congreso (art. 30. 2. a).
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Las miniprimarias del PP nacen muertas
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Consulta los estatutos ‘secretos’ que el PP no quiere colgar en su página web
La esencia del proceso de elección del presidente es igual que en 2004 // No se han creado las oficinas parlamentarias
Y. G. - Madrid - 10/11/2008 17:34
Desde la aprobación de los estatutos del PP en el último Congreso Nacional, este documento ha dejado de estar disponible en la página web del partido con la explicación de que se trata de "normas internas". Público ha tenido acceso a las 55 páginas de los nuevos estatutos (ver PDF).
Basta una rápida comparación con el texto del XV Congreso para constatar que se trata de documentos prácticamente calcados y que el asunto más polémico de la etapa precongresual, el de la introducción de un sistema de primarias, no altera prácticamente en nada el proceso de elección del presidente (ver recuadro).
Las supuestas "primarias" del PP no lo son tanto, ya que ni hay voto directo de los militantes ni se elimina la barrera del 20% de los avales para concurrir como candidato.
Trabajo para los diputados
Los nuevos estatutos también establecen la obligación de crear "oficinas del parlamentario". En el preámbulo se habla de que éstas contarán con la "presencia física y periódica de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y eurodiputados para reforzar el contacto con los ciudadanos". En el partido reconocen que, de momento, estas oficinas no han echado a andar.
También en estos nuevos estatutos, los conservadores blindan a sus afiliados acusados de corrupción, al fijar que la suspensión inmediata de militancia no será efectiva hasta que no hayan sido sancionados con condena firme. Algo que, por cierto, ya se incumple en el caso de Manuel Vilanova, presidente del PP de Vila-real.
Un sistema electoral calcado
Estatutos 2004
Estatutos 2008
¿Pueden votar los militantes directamente al presidente?No. Lo eligen los compromisarios en el congreso nacional.
¿Quién puede ser compromisario?Cualquier militante puede “elegir y ser elegido compromisario” (art. 6. b).
¿Cómo se eligen los compromisarios?La elección “se efectuará mediante lista abierta tomando como circunscripción la de distrito, local, comarcal, insular o provincial” (art 28. 3).
¿Cuántos compromisarios se necesitan para ser candidato a presidente?Se requiere el respaldo “de una quinta parte de los compromisarios” (art. 30. 1. a).
¿Cómo se elige al presidente?El congreso nacional elegirá al presidente “mediante sistema de voto mayoritario a una sola vuelta” (art. 30. 1).
¿Pueden votar los militantes directamente al presidente?No. Lo eligen los compromisarios en el congreso nacional.
¿Quién puede ser compromisario?Cualquier militante puede “elegir y ser elegido compromisario” (art. 6. b).
¿Cómo se eligen los compromisarios?La elección “se efectuará mediante lista abierta tomando como circunscripción la de distrito, local, comarcal, insular o provincial” (art 28. 3).
¿Cuántos compromisarios se necesitan para ser candidato a presidente?Aquellos que tengan “el apoyo de, al menos, el 20% de los compromisarios” (art. 30. 2. h).
¿Cómo se elige al presidente?El congreso nacional elegirá al presidente “mediante sistema de voto mayoritario a una sola vuelta” (art. 30. 3. b).
¿Cuáles son los cambios?
> El precandidato y la campaña interna
Los estatutos de 2008 regulan la figura del precandidato, que necesita 100 firmas de militantes para ser proclamado como tal (art. 30. 2. b). Además, establecen una campaña interna de 21 días y obligan a "garantizar igualdad de oportunidades" a todos los precandidatos durante dicha campaña (art. 30. 2. d).
>¿Hasta cuándo se pueden presentar los candidatos?
Con los estatutos de 2004, la candidatura a presidente del partido se podía presentar hasta el mismo día del congreso nacional. Con los estatutos de 2008, es necesario declararse precandidato antes de que transcurran 15 días desde la convocatoria del congreso (art. 30. 2. a).
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Una altra desvergonya de Camps: El Consell considera "confidencial" lo que se debe y se paga a Calatrava
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L'oposició en demana la factura però el Consell no la dóna perquè "és confidencial!". Diners públics confidencials per a repartir a tort i a dret sense donar cap explicació. Que això és Zibabwe, Molt Honorable? O no?
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El Consell considera "confidencial" lo que se debe y se paga a Calatrava
La ampliación de butacas de la sala principal del Palau y el revestimento de madera tenían un coste estimado de 549.000 euros
EUROPA PRESS
El Consell considera "confidencial" y de "exclusivo uso interno" de CACSA la cantidad que adeuda y la que ha pagado hasta ahora el Gobierno Valenciano al arquitecto Santiago Calatrava por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Ágora, según responde el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, al grupo socialista.
En opinión del Consell, "facilitar esa información a un tercero supondría la vulneración de los derechos de secreto profesional de las partes", argumento por el que CACSA proporciona los datos "a la sindicatura y auditores de cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las cuentas anuales de esta sociedad".
El parlamentario del PSPV, José Camarasa, quería conocer la cantidad "detalladamente y por conceptos" que desde 1995 y hasta la actualidad adeuda el Consell al arquitecto Santiago Calatrava, "o a cualquiera de las sociedades que hubiese indicado éste como receptoras de ingresos en concepto de sus honorarios profesionales".
Asimismo, en otra pregunta, interpelaba al ejecutivo autonómico sobre la suma que "ha satisfecho el Consell al arquitecto Santiago Calatrava, o a cualquiera de las sociedades que haya indicado éste como destinatarias de los ingresos, en concepto de honorarios profesionales (anteproyectos, proyectos básicos, proyectos de ejecución, dirección facultativa, etc.) por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Ágora".Ante estas dos cuestiones, Camps afirma que "esta información que se solicita se considera confidencial entre CACSA y su contratista, para exclusivo uso interno de CACSA".
SOLO A LA SINDIDATURA Y AUDITORES
De este modo, agrega que "facilitar esa información a un tercero supondría la vulneración de los derechos de secreto profesional de las partes, motivo por el cual CACSA tan sólo viene facilitando este tipo de información a la sindicatura y auditores de cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las cuentas anuales de esta sociedad".
Por otra parte, y en respuesta al mismo parlamentario, el conseller informa de que la ampliación del número de butacas existentes de las últimas filas de la platea de la sala principal del Palau de las Arts para mejorar el aforo de dicha sala así como el revestimiento de madera en las paredes de la sala de ensayo de orquesta para optimizar la acústica en la sala tenían un coste estimado de 549.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.
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El sueldo de Calatrava es "confidencial", según el Consell
EL PAÍS
El Consell considera "confidencial" y de "exclusivo uso interno" de CACSA la cantidad que adeuda y la que ha pagado hasta ahora el Gobierno valenciano al arquitecto Santiago Calatrava por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Agora, según responde el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, al Grupo Socialista de las Cortes. Según el Consell, "facilitar esa información a un tercero supondría la vulneración de los derechos de secreto profesional de las partes", argumento por el que CACSA proporciona los datos "a la Sindicatura y auditores de cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las cuentas anuales de esta sociedad".
El diputado del PSPV José Camarasa quería conocer las cantidades "detalladamente y por conceptos" que desde 1995 ha pagado el Consell al arquitecto Santiago Calatrava o a sus sociedades en concepto de honorarios profesionales (anteproyectos, proyectos básicos, proyectos de ejecución, dirección facultativa, etc.) por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Ágora. El consejero Camps afirma que "esta información se considera confidencial entre CACSA y su contratista" y que es "para exclusivo uso interno" de la empresa pública.
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Mundo Ilusión ocasiona un gasto de 377.000 euros en tres años
El proyecto del centro de ocio Mundo Ilusión, que el Consell planea construir en Castellón, ha ocasionado un gasto de 377.090 euros entre 2005 y 2007, de los que 205.231 se han destinado al pago de las nóminas del equipo que trabaja en la puesta en marcha de este parque temático sobre la magia y el circo.
EFE
Así consta en una respuesta del conseller de Economía, Gerardo Camps, a una cuestión formulada por la portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Mónica Oltra, quien ha presentado una serie de preguntas sobre este proyecto, para el que todavía no hay fecha de ejecución.
Ante la pregunta de por qué sigue la Generalitat financiando un proyecto que, "según todos los estudios, es inviable", el conseller y vicepresidente segundo del Consell afirma que en la actualidad la sociedad Centro de Ocio Mundo Ilusión "no ha recibido ningún estudio cuya conclusión sea desfavorable para la puesta en marcha del proyecto".
Gerardo Camps reitera la "voluntad firme del Consell de continuar impulsado este proyecto", y lo considera una apuesta "muy positiva y, sobretodo, satisfactoria para la búsqueda de crecimiento, progreso y más empleo, el mejor para la provincia de Castellón".
El conseller reconoce que aún no se ha decidido el modelo de gestión que se aplicará en el parque y concluye que la decisión se adoptará tras "analizar los resultados obtenidos con el estudio de viabilidad, y después de la elaboración del correspondiente máster plan-descripción técnica y de contenidos del proyecto".
Mundo Ilusión tiene un contrato con la consultora Baker Leisure, que ha realizado estudios de viabilidad para diversos parques temáticos, entre ellos el de Terra Mítica en Benidorm, y que está revisando el enfoque y concepto del proyecto y estudiando diversos parámetros para determinar las posibilidades que tiene de beneficios.
El contrato con esta consultora, que tiene un coste de 40.000 dólares (más de 31.000 euros), se firmó el 14 marzo de 2007 y finalizará en el momento de recibir el estudio final, para lo cual no hay fecha.
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Mariscal critica las "animaladas" de Calatrava en Valencia
La concejala de Cultura, María José Alcón, tuvo que interrumpirle para recordarle que "el pluralismo y el respeto a todos los artistas es lo que hace a una ciudad grande"
EUROPA PRESS
El diseñador Javier Mariscal criticó hoy, durante la presentación en Valencia de su última exposición 'Bombay Sapphire Design Exhibition', el "caos absoluto" y "bestial" del urbanismo valenciano y las "animaladas" que "hace" en la ciudad el arquitecto Santiago Calatrava. De éste aseguró que "hay" quien diga que es el arquitecto "más guay del mundo", y opinó que "igual aquí sí, pero en otros pueblos no".Mariscal se pronunció en estos términos durante la presentación de su última exposición a los medios de comunicación en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, en la que se encontraba también la concejala de Cultura, María José Alcón, que tuvo que interrumpirle en alguna ocasión para recordarle que "el pluralismo y el respeto a todos los artistas es lo que hace a una ciudad grande; el respeto a la libertad y a la forma forma de pensar de todas las personas", recalcó.
No obstante, el diseñador insistió en que, a pesar de que la ciudad le parecía "chula" y que le encantaba ver los edificios y la luz, en ella están presentes las "animaladas" de Calatrava y una especie de "caos absoluto y bestial" que cada vez más "se parece al desastre de Madrid". Sobre ello, aseveró que "hay a gente a la que le encanta que todo crezca más, que hayan cada vez más autopistas y se eche más cemento" pero mostró su deseo de que "no creciera tanto y tan desordenamente, con tanto cachondeo".
Aseguró que no le parecía "positivo" cómo se planteó el Museo de las Ciencias de las ciudad o el "último cacharro" de Calatrava, ya que a su juicio "falta un programa y una seriedad". Sin embargo, reiteró que hay gente a la que le parece que Valencia necesitaba esto, "estas animaladas", porque así "sale en el mapa". "Yo creo que no", apostilló.
En este sentido, lamentó que ya casi no exista el paseo de Valencia al mar, puesto que "no han dejado nada" y "no se aprecia el secano" de la ciudad. En su opinión, se tendría que hacer un urbanismo "distinto", aunque, según los votos, dijo, "aquí la gente está emocionada con estas políticas, con echar cemento y con hacer autopistas".
En este momento, María José Alcón le recordó que la libertad de expresión es un "valor importante" en la sociedad, y subrayó "el pluralismo que tenemos, la objetividad y el respeto" que, dijo, "debe ir siempre por delante de cualquier opinión".
Así, Alcón insistió en que Valencia tiene un tamaño "muy acogedor", es una ciudad "muy alegre, que ha crecido racionalmente y que tiene un clima extraordinario". La describió como "culta, bella y de futuro", que "a unos les gusta y a otros no, eso es algo muy objetivo", puntualizó. Ante ello, Mariscal le contestó que él no había dicho que Valencia no fuera bonita.
"ELEGIDOS CON EL CORAZÓN"
La exposición 'Bombay Sapphire Design Exhibition, by Javier Mariscal', llega a Valencia, donde se clausurará tras recibir a unos 80.000 visitantes durante un año por algunas de las ciudades por las que ha pasado, como Bilbao, Madrid, Salamanca, Málaga, Barcelona y Sevilla. La muestra, cuya entrada es gratuita, se compone de un total de 50 piezas creadas en el último siglo y elegidas por el diseñador "con el corazón".Estas piezas son consideradas iconos de la moda, la decoración, los medios de locomoción, los pequeños electrodomésticos y otros muchos objetos que han instaurado nuevos estilos de vida. Entre ellas, Mariscal citó los primeros tejanos Levi's (1890); o la primera Vespa (1946).
Explicó que algunos objetos fueron elegidos al azar y otros "con el corazón", porque los usó o todavía los utiliza, como una máquina de escribir o una cámara de fotos Polaroid, que en su momento supuso una gran revolución y que "ahora parece de la época de los romanos". También citó el primer pequeño computer de Apple, que todavía hoy se está reinventando; o la moto Vespa, la "primera" que rompió con el esquema tan masculino de la época, recordó.
Resaltó que la muestra representa "muy bien" los tres procesos del diseño, en los que el diseñador es "una parte pequeñísima". Explicó que el primer proceso, y el más importante, es por el que apuesta y tiene una tecnología; el segundo, la fabricación y el proceso de los ingenieros; y el tercero, cómo ser vende y cómo se comunica. Expuso que son 50 objetos que "han cambiado nuestra vida". También indicó que no le parecía bien reivindicar la profesionalidad de la misma, puesto que es una selección "muy personal", y "hecha con el corazón".
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El Consell gasta 549.000 euros en reformar salas del Palau de les Arts inauguradas en 2006
L'oposició en demana la factura però el Consell no la dóna perquè "és confidencial!". Diners públics confidencials per a repartir a tort i a dret sense donar cap explicació. Que això és Zibabwe, Molt Honorable? O no?
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El Consell considera "confidencial" lo que se debe y se paga a Calatrava
La ampliación de butacas de la sala principal del Palau y el revestimento de madera tenían un coste estimado de 549.000 euros
EUROPA PRESS
El Consell considera "confidencial" y de "exclusivo uso interno" de CACSA la cantidad que adeuda y la que ha pagado hasta ahora el Gobierno Valenciano al arquitecto Santiago Calatrava por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Ágora, según responde el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, al grupo socialista.
En opinión del Consell, "facilitar esa información a un tercero supondría la vulneración de los derechos de secreto profesional de las partes", argumento por el que CACSA proporciona los datos "a la sindicatura y auditores de cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las cuentas anuales de esta sociedad".
El parlamentario del PSPV, José Camarasa, quería conocer la cantidad "detalladamente y por conceptos" que desde 1995 y hasta la actualidad adeuda el Consell al arquitecto Santiago Calatrava, "o a cualquiera de las sociedades que hubiese indicado éste como receptoras de ingresos en concepto de sus honorarios profesionales".
Asimismo, en otra pregunta, interpelaba al ejecutivo autonómico sobre la suma que "ha satisfecho el Consell al arquitecto Santiago Calatrava, o a cualquiera de las sociedades que haya indicado éste como destinatarias de los ingresos, en concepto de honorarios profesionales (anteproyectos, proyectos básicos, proyectos de ejecución, dirección facultativa, etc.) por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Ágora".Ante estas dos cuestiones, Camps afirma que "esta información que se solicita se considera confidencial entre CACSA y su contratista, para exclusivo uso interno de CACSA".
SOLO A LA SINDIDATURA Y AUDITORES
De este modo, agrega que "facilitar esa información a un tercero supondría la vulneración de los derechos de secreto profesional de las partes, motivo por el cual CACSA tan sólo viene facilitando este tipo de información a la sindicatura y auditores de cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las cuentas anuales de esta sociedad".
Por otra parte, y en respuesta al mismo parlamentario, el conseller informa de que la ampliación del número de butacas existentes de las últimas filas de la platea de la sala principal del Palau de las Arts para mejorar el aforo de dicha sala así como el revestimiento de madera en las paredes de la sala de ensayo de orquesta para optimizar la acústica en la sala tenían un coste estimado de 549.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses.
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El sueldo de Calatrava es "confidencial", según el Consell
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El Consell considera "confidencial" y de "exclusivo uso interno" de CACSA la cantidad que adeuda y la que ha pagado hasta ahora el Gobierno valenciano al arquitecto Santiago Calatrava por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Agora, según responde el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, al Grupo Socialista de las Cortes. Según el Consell, "facilitar esa información a un tercero supondría la vulneración de los derechos de secreto profesional de las partes", argumento por el que CACSA proporciona los datos "a la Sindicatura y auditores de cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las cuentas anuales de esta sociedad".
El diputado del PSPV José Camarasa quería conocer las cantidades "detalladamente y por conceptos" que desde 1995 ha pagado el Consell al arquitecto Santiago Calatrava o a sus sociedades en concepto de honorarios profesionales (anteproyectos, proyectos básicos, proyectos de ejecución, dirección facultativa, etc.) por sus trabajos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y en el Ágora. El consejero Camps afirma que "esta información se considera confidencial entre CACSA y su contratista" y que es "para exclusivo uso interno" de la empresa pública.
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Mundo Ilusión ocasiona un gasto de 377.000 euros en tres años
El proyecto del centro de ocio Mundo Ilusión, que el Consell planea construir en Castellón, ha ocasionado un gasto de 377.090 euros entre 2005 y 2007, de los que 205.231 se han destinado al pago de las nóminas del equipo que trabaja en la puesta en marcha de este parque temático sobre la magia y el circo.
EFE
Así consta en una respuesta del conseller de Economía, Gerardo Camps, a una cuestión formulada por la portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Mónica Oltra, quien ha presentado una serie de preguntas sobre este proyecto, para el que todavía no hay fecha de ejecución.
Ante la pregunta de por qué sigue la Generalitat financiando un proyecto que, "según todos los estudios, es inviable", el conseller y vicepresidente segundo del Consell afirma que en la actualidad la sociedad Centro de Ocio Mundo Ilusión "no ha recibido ningún estudio cuya conclusión sea desfavorable para la puesta en marcha del proyecto".
Gerardo Camps reitera la "voluntad firme del Consell de continuar impulsado este proyecto", y lo considera una apuesta "muy positiva y, sobretodo, satisfactoria para la búsqueda de crecimiento, progreso y más empleo, el mejor para la provincia de Castellón".
El conseller reconoce que aún no se ha decidido el modelo de gestión que se aplicará en el parque y concluye que la decisión se adoptará tras "analizar los resultados obtenidos con el estudio de viabilidad, y después de la elaboración del correspondiente máster plan-descripción técnica y de contenidos del proyecto".
Mundo Ilusión tiene un contrato con la consultora Baker Leisure, que ha realizado estudios de viabilidad para diversos parques temáticos, entre ellos el de Terra Mítica en Benidorm, y que está revisando el enfoque y concepto del proyecto y estudiando diversos parámetros para determinar las posibilidades que tiene de beneficios.
El contrato con esta consultora, que tiene un coste de 40.000 dólares (más de 31.000 euros), se firmó el 14 marzo de 2007 y finalizará en el momento de recibir el estudio final, para lo cual no hay fecha.
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Mariscal critica las "animaladas" de Calatrava en Valencia
La concejala de Cultura, María José Alcón, tuvo que interrumpirle para recordarle que "el pluralismo y el respeto a todos los artistas es lo que hace a una ciudad grande"
EUROPA PRESS
El diseñador Javier Mariscal criticó hoy, durante la presentación en Valencia de su última exposición 'Bombay Sapphire Design Exhibition', el "caos absoluto" y "bestial" del urbanismo valenciano y las "animaladas" que "hace" en la ciudad el arquitecto Santiago Calatrava. De éste aseguró que "hay" quien diga que es el arquitecto "más guay del mundo", y opinó que "igual aquí sí, pero en otros pueblos no".Mariscal se pronunció en estos términos durante la presentación de su última exposición a los medios de comunicación en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, en la que se encontraba también la concejala de Cultura, María José Alcón, que tuvo que interrumpirle en alguna ocasión para recordarle que "el pluralismo y el respeto a todos los artistas es lo que hace a una ciudad grande; el respeto a la libertad y a la forma forma de pensar de todas las personas", recalcó.
No obstante, el diseñador insistió en que, a pesar de que la ciudad le parecía "chula" y que le encantaba ver los edificios y la luz, en ella están presentes las "animaladas" de Calatrava y una especie de "caos absoluto y bestial" que cada vez más "se parece al desastre de Madrid". Sobre ello, aseveró que "hay a gente a la que le encanta que todo crezca más, que hayan cada vez más autopistas y se eche más cemento" pero mostró su deseo de que "no creciera tanto y tan desordenamente, con tanto cachondeo".
Aseguró que no le parecía "positivo" cómo se planteó el Museo de las Ciencias de las ciudad o el "último cacharro" de Calatrava, ya que a su juicio "falta un programa y una seriedad". Sin embargo, reiteró que hay gente a la que le parece que Valencia necesitaba esto, "estas animaladas", porque así "sale en el mapa". "Yo creo que no", apostilló.
En este sentido, lamentó que ya casi no exista el paseo de Valencia al mar, puesto que "no han dejado nada" y "no se aprecia el secano" de la ciudad. En su opinión, se tendría que hacer un urbanismo "distinto", aunque, según los votos, dijo, "aquí la gente está emocionada con estas políticas, con echar cemento y con hacer autopistas".
En este momento, María José Alcón le recordó que la libertad de expresión es un "valor importante" en la sociedad, y subrayó "el pluralismo que tenemos, la objetividad y el respeto" que, dijo, "debe ir siempre por delante de cualquier opinión".
Así, Alcón insistió en que Valencia tiene un tamaño "muy acogedor", es una ciudad "muy alegre, que ha crecido racionalmente y que tiene un clima extraordinario". La describió como "culta, bella y de futuro", que "a unos les gusta y a otros no, eso es algo muy objetivo", puntualizó. Ante ello, Mariscal le contestó que él no había dicho que Valencia no fuera bonita.
"ELEGIDOS CON EL CORAZÓN"
La exposición 'Bombay Sapphire Design Exhibition, by Javier Mariscal', llega a Valencia, donde se clausurará tras recibir a unos 80.000 visitantes durante un año por algunas de las ciudades por las que ha pasado, como Bilbao, Madrid, Salamanca, Málaga, Barcelona y Sevilla. La muestra, cuya entrada es gratuita, se compone de un total de 50 piezas creadas en el último siglo y elegidas por el diseñador "con el corazón".Estas piezas son consideradas iconos de la moda, la decoración, los medios de locomoción, los pequeños electrodomésticos y otros muchos objetos que han instaurado nuevos estilos de vida. Entre ellas, Mariscal citó los primeros tejanos Levi's (1890); o la primera Vespa (1946).
Explicó que algunos objetos fueron elegidos al azar y otros "con el corazón", porque los usó o todavía los utiliza, como una máquina de escribir o una cámara de fotos Polaroid, que en su momento supuso una gran revolución y que "ahora parece de la época de los romanos". También citó el primer pequeño computer de Apple, que todavía hoy se está reinventando; o la moto Vespa, la "primera" que rompió con el esquema tan masculino de la época, recordó.
Resaltó que la muestra representa "muy bien" los tres procesos del diseño, en los que el diseñador es "una parte pequeñísima". Explicó que el primer proceso, y el más importante, es por el que apuesta y tiene una tecnología; el segundo, la fabricación y el proceso de los ingenieros; y el tercero, cómo ser vende y cómo se comunica. Expuso que son 50 objetos que "han cambiado nuestra vida". También indicó que no le parecía bien reivindicar la profesionalidad de la misma, puesto que es una selección "muy personal", y "hecha con el corazón".
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El Consell gasta 549.000 euros en reformar salas del Palau de les Arts inauguradas en 2006
PPCV: Primer fan valer la majoria per a cometre una il.legalitat i després per a recórrer-ne la sentència.
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Las Corts recurrirán el auto del TSJ sobre el síndic de Greuges
La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, afirmó que una vez se decida sobre ese recurso se acatará la decisión
EFE
La presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, ha explicado que los servicios jurídicos de la Cámara están trabajando en el recurso contra la suspensión cautelar de la modificación del reglamento de la Sindicatura de Greuges que estableció la interinidad rotatoria en el cargo.
La Mesa de Les Corts acordó recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que atendía al recurso presentado por el grupo socialista contra la resolución por la que se introdujo la rotación de la interinidad en el cargo y propició la sustitución de Emilia Caballero por Carlos Morenilla.
Martínez ha expresado su "máximo respeto" a las decisiones de los tribunales y ha manifestado que dado que Les Corts "se dedican a elaborar las leyes, no cabría que no respetáramos a fondo cualquier decisión judicial".
La presidenta ha afirmado que Les Corts plantearán el recurso correspondiente, algo que, según establece el plazo, deberá presentarse antes del jueves de esta semana, y ha asegurado que una vez se decida sobre ese recurso se acatará lo que establezcan los tribunales.
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El PP impondrá su mayoría para reclamar que Morenilla siga como Síndic de Greuges
El Partido Popular impondrá su mayoría en los órganos de Gobierno de las Corts Valencianes para reclamar que el Síndic de Greuges en funciones, Carlos Morenilla, marido de la consellera de Turismo, Angélica Such, siga en el cargo hasta 2010.
CARLOS ALÓS, VALENCIA
La presidenta, Milagrosa Martínez, presidirá hoy la reunión de la Mesa y de la Junta de Síndics que está previsto que den luz verde, con los votos del PP y el rechazo del PSPV-PSOE y Compromís, al recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Este invalidó la reforma del reglamento de la Sindicatura de Greuges que el Partido Popular promovió en julio para apartar del cargo a Emilia Caballero, propuesta en su día por el PSPV.
Fuentes de la Cámara aseguraron ayer que el recurso se presentará entre hoy y mañana y recordaron que el plazo es de cinco días desde el pasado jueves. La presidenta del Parlamento valenciano, Milagrosa Martínez, aseguró ayer que tiene «máximo respeto» por las decisiones de los tribunales. Tras la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Profesor Manuel Broseta para la difusión del Estatuto de Autonomía, Martínez aseguró que los servicios jurídicos de la Cámara «están trabajando» en el recurso contra la suspensión cautelar de la modificación del reglamento de la Sindicatura de Greuges que estableció la interinidad rotatoria en el cargo para evitar que los socialistas controlaran la institución. En este sentido recordó que las Corts «se dedican a elaborar las leyes, por lo que no cabría que no respetáramos a fondo cualquier decisión judicial. Una vez se decida sobre ese recurso, se acatará la decisión», añadió.
Bloqueo en la institución
El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en las Corts, Rafael Maluenda, exigió al PSPV que «deje de bloquear una institución tan seria». Para Maluenda es «intolerable» que se use como moneda de cambio a la Sindicatura al «amenazar con que no la desbloqueará hasta que no se le entreguen ciertos papeles», en referencia a actas de empresas públicas que el Consell se niega a entregar. Desde el PSPV se mantuvo ayer que no habrá acuerdo hasta que se entreguen los documentos que amparó Martínez.
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Evitan trasladar la guerra a la Sindicatura
El Síndic interino y su antecesora quieren evitar a toda costa que la guerra entre partidos se traslade a la institución. La Sindicatura de Greuges está en el centro de la polémica política, pero Carlos Morenilla y Emilia Caballero prefieren guardar silencio para que la batalla partidista que se dirime en las Corts no afecte a la institución. Ambos declinaron ayer realizar declaraciones sobre la situación del órgano equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunitat Valenciana. El pasado mes de julio, cuando Carlos Morenilla, asumió la Sindicatura de Greuges, Emilia Caballero, no planteó resistencia alguna al cambio, por lo que algunas fuentes apuntaban ayer que Carlos Morenilla podría hacer lo mismo si el TSJ rechaza el recurso al auto que las Corts van a plantear. Caballero dirigió la sindicatura de Greuges en funciones durante algo más dos años, desde abril de 2006 hasta julio de 2008. Entonces, tras la publicación en el DOGV y en el BOCV del cambio de reglamento de organización y funcionamiento de esta institución, Carlos Morenilla asumió el cargo por lo que Caballero podrá recuperarlo de igual forma cuando se publique en el diario oficial si el recurso es rechazado. Cuando Morenilla tomó posesión, desde el PP se aseguró que una vez publicado el nuevo reglamento, el relevo de Caballero "era automático".
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Las Corts recurrirán el auto del TSJ sobre el síndic de Greuges
La presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, afirmó que una vez se decida sobre ese recurso se acatará la decisión
EFE
La presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, ha explicado que los servicios jurídicos de la Cámara están trabajando en el recurso contra la suspensión cautelar de la modificación del reglamento de la Sindicatura de Greuges que estableció la interinidad rotatoria en el cargo.
La Mesa de Les Corts acordó recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que atendía al recurso presentado por el grupo socialista contra la resolución por la que se introdujo la rotación de la interinidad en el cargo y propició la sustitución de Emilia Caballero por Carlos Morenilla.
Martínez ha expresado su "máximo respeto" a las decisiones de los tribunales y ha manifestado que dado que Les Corts "se dedican a elaborar las leyes, no cabría que no respetáramos a fondo cualquier decisión judicial".
La presidenta ha afirmado que Les Corts plantearán el recurso correspondiente, algo que, según establece el plazo, deberá presentarse antes del jueves de esta semana, y ha asegurado que una vez se decida sobre ese recurso se acatará lo que establezcan los tribunales.
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El PP impondrá su mayoría para reclamar que Morenilla siga como Síndic de Greuges
El Partido Popular impondrá su mayoría en los órganos de Gobierno de las Corts Valencianes para reclamar que el Síndic de Greuges en funciones, Carlos Morenilla, marido de la consellera de Turismo, Angélica Such, siga en el cargo hasta 2010.
CARLOS ALÓS, VALENCIA
La presidenta, Milagrosa Martínez, presidirá hoy la reunión de la Mesa y de la Junta de Síndics que está previsto que den luz verde, con los votos del PP y el rechazo del PSPV-PSOE y Compromís, al recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Este invalidó la reforma del reglamento de la Sindicatura de Greuges que el Partido Popular promovió en julio para apartar del cargo a Emilia Caballero, propuesta en su día por el PSPV.
Fuentes de la Cámara aseguraron ayer que el recurso se presentará entre hoy y mañana y recordaron que el plazo es de cinco días desde el pasado jueves. La presidenta del Parlamento valenciano, Milagrosa Martínez, aseguró ayer que tiene «máximo respeto» por las decisiones de los tribunales. Tras la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Profesor Manuel Broseta para la difusión del Estatuto de Autonomía, Martínez aseguró que los servicios jurídicos de la Cámara «están trabajando» en el recurso contra la suspensión cautelar de la modificación del reglamento de la Sindicatura de Greuges que estableció la interinidad rotatoria en el cargo para evitar que los socialistas controlaran la institución. En este sentido recordó que las Corts «se dedican a elaborar las leyes, por lo que no cabría que no respetáramos a fondo cualquier decisión judicial. Una vez se decida sobre ese recurso, se acatará la decisión», añadió.
Bloqueo en la institución
El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en las Corts, Rafael Maluenda, exigió al PSPV que «deje de bloquear una institución tan seria». Para Maluenda es «intolerable» que se use como moneda de cambio a la Sindicatura al «amenazar con que no la desbloqueará hasta que no se le entreguen ciertos papeles», en referencia a actas de empresas públicas que el Consell se niega a entregar. Desde el PSPV se mantuvo ayer que no habrá acuerdo hasta que se entreguen los documentos que amparó Martínez.
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Evitan trasladar la guerra a la Sindicatura
El Síndic interino y su antecesora quieren evitar a toda costa que la guerra entre partidos se traslade a la institución. La Sindicatura de Greuges está en el centro de la polémica política, pero Carlos Morenilla y Emilia Caballero prefieren guardar silencio para que la batalla partidista que se dirime en las Corts no afecte a la institución. Ambos declinaron ayer realizar declaraciones sobre la situación del órgano equivalente al Defensor del Pueblo en la Comunitat Valenciana. El pasado mes de julio, cuando Carlos Morenilla, asumió la Sindicatura de Greuges, Emilia Caballero, no planteó resistencia alguna al cambio, por lo que algunas fuentes apuntaban ayer que Carlos Morenilla podría hacer lo mismo si el TSJ rechaza el recurso al auto que las Corts van a plantear. Caballero dirigió la sindicatura de Greuges en funciones durante algo más dos años, desde abril de 2006 hasta julio de 2008. Entonces, tras la publicación en el DOGV y en el BOCV del cambio de reglamento de organización y funcionamiento de esta institución, Carlos Morenilla asumió el cargo por lo que Caballero podrá recuperarlo de igual forma cuando se publique en el diario oficial si el recurso es rechazado. Cuando Morenilla tomó posesión, desde el PP se aseguró que una vez publicado el nuevo reglamento, el relevo de Caballero "era automático".
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Más de 30.000 personas exigen la dimisión de Font de Mora
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Más de 30.000 personas exigen la dimisión de Font de Mora
Las concentraciones han tenido lugar en 23 localidades. Protestan contra la política educativa del Consell y piden la dimisión del conseller de Educación
BELÉN TOLEDO / AGENCIAS - Valencia - 10/11/2008 21:00
"Nos obligan a cumplir una normativa que sabemos que es absurda, pero que tenemos miedo a desobedecer". La idea resume la situación que padecen los profesores obligados a impartir Educación para la Ciudadanía en el País Valenciano. Tienen que hacerlo en inglés, en cumplimiento de una orden de la Conselleria de Educación.
La frase es de uno de los miles de docentes que este lunes participaron en las concentraciones convocadas en 23 ciudades valencianas en protesta por la actitud de la Generalitat respecto a la asignatura. Como él, varios profesionales de la enseñanza denunciaron la presión bajo la que trabajan: "Los niños no entienden el inglés. Es como si, de repente, trabajáramos para el PP y no en un centro educativo".
Bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión", esta convocatoria ha reunido a 5.000 personas en Elche, 3.000 en Valencia, más de 2.000 en Torrent y Alzira y alrededor de un millar en otras muchas localidades como Vila-real, Alcoi, Gandía, Puerto de Sagunto o Castellón, según las mismas fuentes. Los asistentes han desplegado numerosas pancartas en las que se podían leer lemas como "Más educación y menos amenazas" o "Por una escuela pública digna y de calidad", elaboradas a modo de grafiti por los estudiantes del IES de Benicalap.
La concentración celebrada en Valencia fue la más multitudinaria de todas las que se convocaron. En todo el País Valenciano, según uno de los sindicatos organizadores, el STEPV-PV, 30.000 personas salieron a la calle en señal de protesta.
La contestación se ha coordinado en los últimos meses en torno a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que aglutina a padres, profesores, alumnos, directores y todos los partidos políticos, salvo el PP. Acusan a la Generalitat de pretender boicotear la asignatura, que el PP rechaza por "doctrinaria". La Generalitat alega que su única motivación es mejorar la enseñanza del inglés.
Sólo la pasada semana, más de 100 centros protestaron mediante encierros simbólicos, manifiestos o minutos dedicados en las clases a explicar a los alumnos el porqué de las movilizaciones. La Plataforma pide la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.
Cada día, más organizados
El portavoz de STEPV, el sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza, Vicent Mauri, ha anunciado la convocatoria para el 17 de diciembre de una huelga de "toda la enseñanza no universitaria" que será respaldada por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública.
"Cada día somos un movimiento más organizado que implica a otros actores sociales como asociaciones vecinales, ecologistas o entidades cívicas. Tenemos que aprovechar esta coyuntura para sentarnos a hablar sobre los problemas de la enseñanza pública", ha asegurado Mauri.
En declaraciones a EFE, el portavoz de STEPV ha asegurado que la Conselleria de Educación "está intentando fragmentar el movimiento sindical" a través de reuniones con algunas de las partes. "Es inaceptable y antidemocrático que se pretenda excluir al sindicato mayoritario. Son maniobras para tratar de romper la unidad sindical, pero no lo van a conseguir", ha dicho.
Asimismo, ha anunciado que su organización recurrirá cualquier decisión dirigida a que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) sea impartida sólo por el profesor de inglés, pues a su juicio "no tiene competencias legales". "El conseller debe convocar cuanto antes la mesa sectorial de Educación y el Consejo Escolar, debe respetar la autonomía de los centros y garantizar la comprensión de EpC por parte del alumnado", ha añadido.
Además, Mauri ha lamentado "que se quiera ampliar la forma en la que se imparte EpC a quinto de Primaria el próximo año", pues en su opinión "es un acto de chulería, tal y como están ahora las cosas".
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Más de 30.000 manifestantes contra Ciudadanía en inglés en toda la Comunitat
Se han concentrado esta tarde en veinticinco localidades de la Comunitat Valenciana para protestar contra la política educativa del Consell y pedir la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.
EFE
Estas concentraciones forman parte del calendario de movilizaciones acordado por los sindicatos STEPV, CCOO-PV y UGT-PV al que se ha sumado el resto de entidades que componen la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, entre ellas asociaciones de padres, directores de centros, colectivos de estudiantes y Escola Valenciana.
Bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión", esta convocatoria ha reunido a 5.000 personas en Elche, 3.000 en Valencia, más de 2.000 en Torrent y Alzira y alrededor de un millar en otras muchas localidades como Vila-real, Alcoi, Gandía, Puerto de Sagunto o Castellón, según las mismas fuentes.
En Valencia, la concentración ha sido convocada en la plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat, y ha ocasionado el corte del tráfico.Los asistentes han desplegado numerosas pancartas en las que se podían leer lemas como "Más educación y menos amenazas" o "Por una escuela pública digna y de calidad" elaboradas a modo de grafiti por lo estudiantes del IES de Benicalap.
El portavoz del sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza, Vicent Mauri (STEPV), ha anunciado la convocatoria de una huelga de "toda la enseñanza no universitaria" para el próximo 17 de diciembre que será respaldada por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública.
"Cada día somos un movimiento más organizado que implica a otros actores sociales como asociaciones vecinales, ecologistas o entidades cívicas. Tenemos que aprovechar esta coyuntura para sentarnos a hablar sobre los problemas de la enseñanza pública", ha asegurado Mauri.
En declaraciones a EFE, el portavoz de STEPV ha asegurado que la Conselleria de Educación "está intentando fragmentar el movimiento sindical" a través de reuniones con algunas de las partes. "Es inaceptable y antidemocrático que se pretenda excluir al sindicato mayoritario. Son maniobras para tratar de romper la unidad sindical, pero no lo van a conseguir", ha dicho.
Asimismo, ha anunciado que su organización recurrirá cualquier decisión dirigida a que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) sea impartida sólo por el profesor de ingles, pues a su juicio "no tiene competencias legales".
"El conseller debe convocar cuanto antes la mesa sectorial de Educación y el Consejo Escolar, debe respetar la autonomía de los centros y garantizar la comprensión de EpC por parte del alumnado", ha añadido.
Además, Mauri ha lamentado "que se quiera ampliar la forma en la que se imparte EpC a quinto de Primaria el próximo año", pues en su opinión "es un acto de chulería, tal y como están ahora las cosas".
Por otra parte ha denunciado que "los servicios de inspección de la Conselleria están censurando los debates entre el profesorado en los claustros y ciertas informaciones que los centros tienen colgadas en sus web", unas notificaciones que según ha insistido "están por escrito".
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Protestas en todas las capitales de comarca por la Ciudadanía de Camps
Miles de profesores y padres se manifiestan simultáneamente en 26 ciudades
NEUS CABALLER / ROSA BIOT - Valencia / Alicante - 11/11/2008
La línea dura sostenida por Francisco Camps contra la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía -que el Consell obliga a impartir en inglés, en un caso singular en España- sembró ayer de protestas el territorio valenciano. En Valencia, la concentración fue adornada con una enorme pintada del instituto de Benicalap, cuyos profesores confesaron su máximo "rechazo y preocupación" por la huida hacia adelante emprendida por la Generalitat en un asunto que está en los tribunales. La concentración, que sumó a más de 1.500 profesores y directores, tuvo momentos de tensión cuando la Policía Local intentó cortar el paso de los manifestantes frente al Palau de la Generalitat y un agente amenazó con "llevar a los juzgados" a un docente al que pidió sus datos. El forcejeo llevó a la intervención de la Policía Nacional, que desvió el tráfico del centro.
Inspectores de todo el Estado contra Ciudadanía en inglés de Camps
Las protestas salpicaron la Comunidad Valenciana desde Vinaròs, donde 500 personas salieron a la calle, hasta Elche, donde hubo un millar de manifestantes, pasando por ciudades como Torrent, con más mil, Alzira, con 600, y Ontinyent, con unos 400. Así, miles de manifestantes, más de 12.000 según los datos recogidos por este periódico, salieron a la calle en las principales ciudades.
El reguero de protestas se extendió al interior de Castellón, donde hubo concentraciones en las plazas de Vilafranca, Vila-real o La Vall d'Uixò, además de en la capital de La Plana. Con todo, fue Alicante la ciudad donde se desbordaron los pronósticos, con 3.000 profesores, padres y alumnos en una animada manifestación. "Los que estamos aquí es porque ya tenemos algún hijo en Secundaria", sostenían Gonzalo y Judit, padres de dos hijos escolarizados en Alicante. Los padres se niegan a que esta "ocurrencia" del Consell del PP se extienda el próximo curso a Primaria y están dispuestos a seguir secundando protestas.
En Elche -donde convocaba la Plataforma por la Enseñanza Pública, que aglutina a los sindicatos, asociaciones de padres y alumnos y de directores- 1.000 personas se concentraron contra "la política de Camps". Las protestas también llegaron a Alcoi, con 500 manifestantes, y Onil, que reunió a 400 personas, igual que Dénia. En Gandia, 500 personas pidieron la dimisión del consejero Alejandro Font de Mora, acompañados por políticos y sindicatos de La Safor y por representantes del colegio Castell de Almoines, cuyo director fue "depurado" del cargo por la consejería.
Con información de Eva Batalla, Xavier Espanya, María Fabra, Lucía Gadea, Arturo Ruiz y Cristina Medina.
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Más de 30.000 personas exigen la dimisión de Font de Mora
Las concentraciones han tenido lugar en 23 localidades. Protestan contra la política educativa del Consell y piden la dimisión del conseller de Educación
BELÉN TOLEDO / AGENCIAS - Valencia - 10/11/2008 21:00
"Nos obligan a cumplir una normativa que sabemos que es absurda, pero que tenemos miedo a desobedecer". La idea resume la situación que padecen los profesores obligados a impartir Educación para la Ciudadanía en el País Valenciano. Tienen que hacerlo en inglés, en cumplimiento de una orden de la Conselleria de Educación.
La frase es de uno de los miles de docentes que este lunes participaron en las concentraciones convocadas en 23 ciudades valencianas en protesta por la actitud de la Generalitat respecto a la asignatura. Como él, varios profesionales de la enseñanza denunciaron la presión bajo la que trabajan: "Los niños no entienden el inglés. Es como si, de repente, trabajáramos para el PP y no en un centro educativo".
Bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión", esta convocatoria ha reunido a 5.000 personas en Elche, 3.000 en Valencia, más de 2.000 en Torrent y Alzira y alrededor de un millar en otras muchas localidades como Vila-real, Alcoi, Gandía, Puerto de Sagunto o Castellón, según las mismas fuentes. Los asistentes han desplegado numerosas pancartas en las que se podían leer lemas como "Más educación y menos amenazas" o "Por una escuela pública digna y de calidad", elaboradas a modo de grafiti por los estudiantes del IES de Benicalap.
La concentración celebrada en Valencia fue la más multitudinaria de todas las que se convocaron. En todo el País Valenciano, según uno de los sindicatos organizadores, el STEPV-PV, 30.000 personas salieron a la calle en señal de protesta.
La contestación se ha coordinado en los últimos meses en torno a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que aglutina a padres, profesores, alumnos, directores y todos los partidos políticos, salvo el PP. Acusan a la Generalitat de pretender boicotear la asignatura, que el PP rechaza por "doctrinaria". La Generalitat alega que su única motivación es mejorar la enseñanza del inglés.
Sólo la pasada semana, más de 100 centros protestaron mediante encierros simbólicos, manifiestos o minutos dedicados en las clases a explicar a los alumnos el porqué de las movilizaciones. La Plataforma pide la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.
Cada día, más organizados
El portavoz de STEPV, el sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza, Vicent Mauri, ha anunciado la convocatoria para el 17 de diciembre de una huelga de "toda la enseñanza no universitaria" que será respaldada por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública.
"Cada día somos un movimiento más organizado que implica a otros actores sociales como asociaciones vecinales, ecologistas o entidades cívicas. Tenemos que aprovechar esta coyuntura para sentarnos a hablar sobre los problemas de la enseñanza pública", ha asegurado Mauri.
En declaraciones a EFE, el portavoz de STEPV ha asegurado que la Conselleria de Educación "está intentando fragmentar el movimiento sindical" a través de reuniones con algunas de las partes. "Es inaceptable y antidemocrático que se pretenda excluir al sindicato mayoritario. Son maniobras para tratar de romper la unidad sindical, pero no lo van a conseguir", ha dicho.
Asimismo, ha anunciado que su organización recurrirá cualquier decisión dirigida a que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) sea impartida sólo por el profesor de inglés, pues a su juicio "no tiene competencias legales". "El conseller debe convocar cuanto antes la mesa sectorial de Educación y el Consejo Escolar, debe respetar la autonomía de los centros y garantizar la comprensión de EpC por parte del alumnado", ha añadido.
Además, Mauri ha lamentado "que se quiera ampliar la forma en la que se imparte EpC a quinto de Primaria el próximo año", pues en su opinión "es un acto de chulería, tal y como están ahora las cosas".
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Más de 30.000 manifestantes contra Ciudadanía en inglés en toda la Comunitat
Se han concentrado esta tarde en veinticinco localidades de la Comunitat Valenciana para protestar contra la política educativa del Consell y pedir la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.
EFE
Estas concentraciones forman parte del calendario de movilizaciones acordado por los sindicatos STEPV, CCOO-PV y UGT-PV al que se ha sumado el resto de entidades que componen la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, entre ellas asociaciones de padres, directores de centros, colectivos de estudiantes y Escola Valenciana.
Bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión", esta convocatoria ha reunido a 5.000 personas en Elche, 3.000 en Valencia, más de 2.000 en Torrent y Alzira y alrededor de un millar en otras muchas localidades como Vila-real, Alcoi, Gandía, Puerto de Sagunto o Castellón, según las mismas fuentes.
En Valencia, la concentración ha sido convocada en la plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat, y ha ocasionado el corte del tráfico.Los asistentes han desplegado numerosas pancartas en las que se podían leer lemas como "Más educación y menos amenazas" o "Por una escuela pública digna y de calidad" elaboradas a modo de grafiti por lo estudiantes del IES de Benicalap.
El portavoz del sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza, Vicent Mauri (STEPV), ha anunciado la convocatoria de una huelga de "toda la enseñanza no universitaria" para el próximo 17 de diciembre que será respaldada por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública.
"Cada día somos un movimiento más organizado que implica a otros actores sociales como asociaciones vecinales, ecologistas o entidades cívicas. Tenemos que aprovechar esta coyuntura para sentarnos a hablar sobre los problemas de la enseñanza pública", ha asegurado Mauri.
En declaraciones a EFE, el portavoz de STEPV ha asegurado que la Conselleria de Educación "está intentando fragmentar el movimiento sindical" a través de reuniones con algunas de las partes. "Es inaceptable y antidemocrático que se pretenda excluir al sindicato mayoritario. Son maniobras para tratar de romper la unidad sindical, pero no lo van a conseguir", ha dicho.
Asimismo, ha anunciado que su organización recurrirá cualquier decisión dirigida a que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) sea impartida sólo por el profesor de ingles, pues a su juicio "no tiene competencias legales".
"El conseller debe convocar cuanto antes la mesa sectorial de Educación y el Consejo Escolar, debe respetar la autonomía de los centros y garantizar la comprensión de EpC por parte del alumnado", ha añadido.
Además, Mauri ha lamentado "que se quiera ampliar la forma en la que se imparte EpC a quinto de Primaria el próximo año", pues en su opinión "es un acto de chulería, tal y como están ahora las cosas".
Por otra parte ha denunciado que "los servicios de inspección de la Conselleria están censurando los debates entre el profesorado en los claustros y ciertas informaciones que los centros tienen colgadas en sus web", unas notificaciones que según ha insistido "están por escrito".
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Protestas en todas las capitales de comarca por la Ciudadanía de Camps
Miles de profesores y padres se manifiestan simultáneamente en 26 ciudades
NEUS CABALLER / ROSA BIOT - Valencia / Alicante - 11/11/2008
La línea dura sostenida por Francisco Camps contra la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía -que el Consell obliga a impartir en inglés, en un caso singular en España- sembró ayer de protestas el territorio valenciano. En Valencia, la concentración fue adornada con una enorme pintada del instituto de Benicalap, cuyos profesores confesaron su máximo "rechazo y preocupación" por la huida hacia adelante emprendida por la Generalitat en un asunto que está en los tribunales. La concentración, que sumó a más de 1.500 profesores y directores, tuvo momentos de tensión cuando la Policía Local intentó cortar el paso de los manifestantes frente al Palau de la Generalitat y un agente amenazó con "llevar a los juzgados" a un docente al que pidió sus datos. El forcejeo llevó a la intervención de la Policía Nacional, que desvió el tráfico del centro.
Inspectores de todo el Estado contra Ciudadanía en inglés de Camps
Las protestas salpicaron la Comunidad Valenciana desde Vinaròs, donde 500 personas salieron a la calle, hasta Elche, donde hubo un millar de manifestantes, pasando por ciudades como Torrent, con más mil, Alzira, con 600, y Ontinyent, con unos 400. Así, miles de manifestantes, más de 12.000 según los datos recogidos por este periódico, salieron a la calle en las principales ciudades.
El reguero de protestas se extendió al interior de Castellón, donde hubo concentraciones en las plazas de Vilafranca, Vila-real o La Vall d'Uixò, además de en la capital de La Plana. Con todo, fue Alicante la ciudad donde se desbordaron los pronósticos, con 3.000 profesores, padres y alumnos en una animada manifestación. "Los que estamos aquí es porque ya tenemos algún hijo en Secundaria", sostenían Gonzalo y Judit, padres de dos hijos escolarizados en Alicante. Los padres se niegan a que esta "ocurrencia" del Consell del PP se extienda el próximo curso a Primaria y están dispuestos a seguir secundando protestas.
En Elche -donde convocaba la Plataforma por la Enseñanza Pública, que aglutina a los sindicatos, asociaciones de padres y alumnos y de directores- 1.000 personas se concentraron contra "la política de Camps". Las protestas también llegaron a Alcoi, con 500 manifestantes, y Onil, que reunió a 400 personas, igual que Dénia. En Gandia, 500 personas pidieron la dimisión del consejero Alejandro Font de Mora, acompañados por políticos y sindicatos de La Safor y por representantes del colegio Castell de Almoines, cuyo director fue "depurado" del cargo por la consejería.
Con información de Eva Batalla, Xavier Espanya, María Fabra, Lucía Gadea, Arturo Ruiz y Cristina Medina.
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diumenge, 9 de novembre del 2008
ETA suspende de militancia a su ex líder y negociador en la tregua
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La política pot acabar amb la banda mafiosa i els descerebrats que la dirigeixen. En la mesura que petites escisions vulguin fer política i desfer-se de la tutel.la dels assassins, la falta d'intel.ligència i capacitat dels dirigents poden autoliquidar la banda. Per a això cal, però, seguir amb la detenció i desarticulació de comandos i llurs cobertures legals.
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ETA suspende de militancia a su ex líder y negociador en la tregua
JOSÉ LUIS BARBERÍA -
El aparato militar toma represalias.- Otegi, Erkizia y Usabiaga forman una plataforma propia.- Las bases piden atacar selectivamente al PNV
La ruptura de la tregua reabrió en ETA y Batasuna una brecha divisoria que ha llegado a resquebrajar el propio núcleo dirigente de la organización terrorista. Fuentes de los servicios de información policiales aseguran que Francisco Javier López Peña, Thierry o Zulos, representante de ETA en las frustradas negociaciones con el Gobierno español y elemento clave del periodo de tregua, se encuentra suspendido de militancia y a la espera de que la actual dirección de la banda adopte sobre él una decisión definitiva. En idéntica situación permanece la antigua dirigente de Batasuna integrada en el aparato político de ETA Ainhoa Ozaeta, la encapuchada que el 22 de marzo de 2006 anunció el "alto el fuego" en el vídeo enviado a la televisión vasca (ETB). Ambos fueron detenidos el 20 de mayo pasado en Burdeos, en la misma operación policial en la que fueron arrestados también Jon Salaberria e Igor Suberbiola, miembros igualmente del aparato político.
El terrorismo de ETA
A FONDO
Dos franquicias de 'kale borroka' se han puesto en marcha en suelo francés para amenazar al Gobierno de París
ETA sigue sin ser una prioridad para Francia. Y los franceses acusan a España de desmedido afán publicitario
López Peña, 'Thierry', cerró el grifo de la financiación a 'Txeroki' para impedir atentados durante la tregua
Arnaldo Otegi, Rafa Díez y otros promueven ahora una plataforma independentista sin contar con ETA
La división interna recorre, asimismo, las desmoralizadas filas militantes de Batasuna y se manifiesta en la promoción de dinámicas y proyectos de participación electoral que cuestionan implícitamente el papel de "vanguardia dirigente" asignado a ETA y se anticipan a la posibilidad de que la organización terrorista opte por la abstención y el boicoteo de las elecciones. Arnaldo Otegi, el ex portavoz de Batasuna recientemente excarcelado, el ex secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, y otros antiguos dirigentes como Tasio Erkizia están impulsando junto al ex secretario general de ELA, Joseba Elorrieta, y el ex consejero vasco de EA, Sabin Intxaurraga, la creación de una plataforma independentista abierta a las formaciones políticas y sindicales de izquierda abertzale: EA, Aralar, Zutik y Euskal Batasuna (partido de ámbito vasco-francés), además de ELA. La creación de esta plataforma, un remedo de Nafarroa Bai, con Batasuna en el lugar del PNV, les permitiría a la base militante y a su electorado salir del ostracismo político, salvar la prohibición judicial que pesa sobre su actividad pública y descargarse, en buena medida, de la férrea tutela que ejerce la organización terrorista. El congreso nacional del sindicato ELA ha condicionado su participación a que el proceso sea "democrático" y "civil", esto es: libre de las presiones e interferencias de ETA. Y cabe pensar que las condiciones de EA, partido que parece decantarse por romper su alianza electoral con el PNV, y del resto de los grupos convocados no serían menos exigentes. La incógnita reside en saber si los promotores de este proyecto seguirán adelante en el caso de que la organización terrorista lo rechace.
Aunque la dimensión de la crisis resulta difícilmente mensurable en una organización de estructuras estancas como ETA, parece claro que la insospechada fractura abrió en su seno una brecha de gran calado. El aparato militar, que dirige Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, acusó a López Peña de haberle cerrado el grifo de la financiación durante el periodo previo a la declaración de tregua para impedir que cometieran atentados. Estos y otros datos obtenidos recientemente deshacen la idea de que Thierry, a quien llegó a atribuírsele la doble jefatura militar y política, desempeñó un papel determinante a favor de la reanudación de la violencia. Por el contrario, pese a la actitud desafiante y chulesca que adoptó en su último encuentro con el Gobierno, reunión a la que, para sorpresa de sus interlocutores, acudió solo, López Peña no respaldó el atentado contra la T-4 de Barajas. Al igual que Arnaldo Otegui, siempre creyó que la dinámica del bombazo no sólo no ablandaría la voluntad del Gobierno español, sino que acabaría por agostar la vía de la negociación, como así fue.
La razón por la que Josu Ternera no acudió a esa última reunión sigue siendo un misterio envuelto en conjeturas diversas que van desde su destitución al frente del aparato político hasta la reaparición de la enfermedad cancerígena que padeció en el pasado y de la que se le suponía curado. "Puede que, simplemente, haya optado por quitarse de en medio, vista la situación de enfrentamiento interno. Eso le pega bastante", comenta un investigador policial. En cualquier caso, conviene relativizar las diferencias y tener en cuenta que la propia dinámica violenta de las organizaciones terroristas ejerce un efecto envolvente que arrastra al colectivo hacia la ortodoxia oficial. "La diferencia entre Txeroki y Thierry puede estar en que mientras el primero es partidario de matar todo el rato, el segundo piensa que sería mejor hacerlo los lunes, miércoles y viernes de ocho a tres", ironiza un analista policial. Hablar de moderados o blandos en el mundo del terrorismo vasco es, efectivamente, una broma macabra. De hecho, las críticas a la continuidad de la lucha armada vertidas por algunos presos no se han sustentado nunca en juicios éticos, lo que exigiría una reflexión autocrítica sincera y valiente, sino en la conveniencia estratégica o en la oportunidad de poner fin a una violencia que se habría revelado ineficaz o contraproducente.
La línea divisoria que recorre ETA-Batasuna deslinda dos análisis, dos percepciones más bien, adobadas, a veces, en la experiencia y en los sentimientos personales de cansancio, decepción, frustración o temor, y hasta en las dudas íntimas, nunca aireadas, que la violencia terrorista llega a suscitar incluso en ese universo sectario. Mientras los más posibilistas, los menos fanatizados, creen que la lucha armada de ETA puede terminar arruinando el proyecto político de la izquierda abertzale en la medida en que provoca un rechazo cada vez mayor de la sociedad vasca y carece de la fortaleza suficiente para forzar la mano del Estado español, los más recalcitrantes y sanguinarios difunden la tesis de que, en realidad, es el Estado español el que necesita desesperadamente negociar con ellos. Sostienen que la acción de ETA ha impedido la consolidación del Estado autonómico y ha abocado a España a una grave crisis territorial de la que no se repondrá hasta que obtenga la paz en Euskadi. "No cabe duda de que hemos salido de este proceso negociador reforzados en nuestros planteamientos y que hemos conseguido la internacionalización del conflicto, aunque haya habido desmovilización", escriben. Tan convencidos están de que pueden volver a sentar al Gobierno a negociar, que quieren ver en el incremento de la represión policial y judicial un indicativo del afán gubernamental en negociar con una ETA-Batasuna debilitada.
Los zutabes (boletín interno de ETA) ofrecieron durante la tregua significativas muestras de que esa teoría alentaba los pasos de la banda. Pocos meses después del "alto el fuego", el propio EKIN (sustituto de KAS, órgano de dirección y coordinación del entramado civil dirigido por ETA) explicó que el proceso debía servir a los objetivos de la autodeterminación y la territorialidad (Navarra), y no tenía por qué ser definitivo, por lo que se reservaban la posibilidad de "responder a los ataques". Y sin embargo, además de la oportunidad de avanzar en la consecución de sus objetivos políticos, buena parte de la militancia de Batasuna vio en las negociaciones con el Gobierno la ocasión propicia para la búsqueda de una salida digna al "conflicto". Muchos no entendieron que ETA rompiera la tregua y se embarcara en un "nuevo ciclo de enfrentamiento", cuando la percepción dominante era que la doble negociación -la de los partidos vascos (excepto el PP) y la del Gobierno con ETA- no estaba enteramente agotada. Ahora se sabe, conocida la suspensión de militancia de López Peña y de Ainhoa Ozaeta -compañera sentimental de Ekaitz Urrutikoetxea, el hijo de Josu Ternera-, que el enfrentamiento llegó a darse en las entrañas mismas de ETA.
Año y medio después de la vuelta al asesinato, las divisiones persisten sin que las medidas adoptadas por la dirección de la banda hayan logrado restablecer la confianza ni el ánimo militante. Para contrarrestar el malestar en campo propio y poder enarbolar el supuesto apoyo de la mayoría, la dirección ha abierto una suerte de debate interno en el que han participado también los presos y los huidos organizados en el extranjero. La participación en esta "asamblea no presencial" consistía en la posibilidad de comentar, por escrito, forzosamente, el documento sobre la línea política a seguir elaborado por la dirección. A juzgar por las respuestas, no parece que se hayan despejado las dudas.
Asomarse a ese debate desarrollado a lo largo del año es penetrar en un universo irreal en el que los criminales se reclaman víctimas de sus víctimas, damnificados del misterioso empeño en "prolongar el sufrimiento y el conflicto" que pondrían los condenados a morir a sus manos. Combatientes de una guerra invisible de la que extraen el derecho, o mejor dicho, la ineludible obligación patriótica, del asesinato, los autoerigidos guardianes del pueblo vasco ignoran el dato de que la gran mayoría del pueblo vasco realmente existente les odia y teme a partes iguales.
De los 115 escritos con valoraciones y propuestas sobre la línea política a seguir aportados por el conjunto de la militancia e intervenidos por la policía, una decena aborda la cuestión de si deben incluir al PNV entre sus objetivos. El asunto ya fue debatido en la asamblea interna desarrollada entre 2002 y 2003, y aunque no faltaron los partidarios de golpear frontalmente al partido, se acordó entonces dejar esa opción en suspenso hasta que estuviera claro el sentido de la evolución de la primera fuerza nacionalista. A partir de aquel debate, eso sí, la Ertzaintza fue considerada objetivo en cualquiera de sus niveles, y ETA se reservó la posibilidad de atentar contra los miembros del PNV que se significaran por su hostilidad hacia la "izquierda abertzale".
También ahora han renunciado, de momento, a actuar sin distingos contra el PNV, aunque la insistencia en la cuestión y las respuestas ofrecen un panorama preocupante. "Respecto al PNV, no digo que debamos abrir de par en par ese frente, pero sí que veo adecuado ir, taca, taca, dando algunos golpes", escribe un militante. "¿A qué estamos esperando? No podemos tratarlos como a enemigos principales, pero tampoco continuar con la indefinición actual. No hay una parte buena y otra mala. Todo el partido es malo", indica otro. "La cuestión es cuándo, cómo y dónde dar. (...) Puede haber un montón de maneras para hacerlo. Dar a personas inmersas en el mundo de la corrupción o a empresarios, hacer una especie de discriminación con el impuesto, darles a sus empresas...". Sólo una de las 10 respuestas es contraria a actuar contra el PNV.
El nulo ascendente de los elementos incorporados a EKIN, jóvenes clandestinos, obedientes, fanatizados y de escasa formación, tampoco ha contribuido, precisamente, a superar los recelos que dentro de Batasuna inspira la actual línea de ETA, ni a resolver las dificultades que la ilegalización acarrea en la práctica.
Tal y como preveían los sectores menos fanatizados, la vuelta a las armas ha traído consigo el regreso a la marginación política. La ilegalización judicial de sus siglas de ocasión -ANV y PCTV- alcanzará a buena parte de los 430 concejales de que disponen en la actualidad y pone fecha de caducidad, abril del año próximo, a los nueve escaños con que cuentan en la Cámara vasca. Y si la movilización callejera es el termómetro adecuado para medir el ánimo de Batasuna, habrá que convenir que éste se encuentra en horas muy bajas: menos de 3.000 manifestantes en las últimas convocatorias "a nivel nacional". Además, las encuestas y sondeos elaborados por el Gobierno y la Universidad del País Vasco dan cuenta del incremento del rechazo social al terrorismo y de la reducción significativa del número de independentistas.
En este contexto, ETA apuesta por el terrorismo a lo grande, convencida, por lo visto, de que le bastarán unas vueltas de tuerca más para volver a sentar al Estado a negociar. Lo que busca ahora es la máxima conmoción política y social, ahondar en la depuración de los no nacionalistas (el ex concejal socialista Isaías Carrasco), silenciar a sus críticos, dejar que el miedo campee en Euskadi y fuera de Euskadi. "Nuestro objetivo tiene que ser urgir la resolución del conflicto", escriben hoy los jóvenes de Segi, de la misma manera que los jóvenes de Jarrai escribían en 1995: "Se trata de acelerar el proceso y ganar", cuando "acelerar" quería decir llevar a cabo ekintzas (atentados) de extrema crueldad, como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
"Pondremos en marcha una presión continua sobre los responsables de la prolongación del conflicto. No les dejaremos vivir con normalidad en el pueblo. Periodistas, empresarios, concejales, partidos políticos. (...) Se les fotografiará para hacer carteles propios con su rostro. (...) Hay que dar vía a ataques puntuales", subrayan los jefes de Segi, tras aleccionar a sus seguidores sobre la conveniencia de camuflarse debidamente -"el sujeto no es Segi, sino el Movimiento Juvenil", puntualizan- a la hora de dar "respuesta a la estrategia de guerra de los Estados".
Las estructuras de la ETA civil han solventado hasta ahora algunos de los obstáculos que acarrea la ilegalización gracias a que la dirección y coordinación se ejercen desde Francia, donde Batasuna es una asociación legal. Pero, cuatro años después de la comisión rogatoria en la que el juez Garzón se interesó por las actividades de esta formación en el país vecino, también la justicia francesa ha empezado a moverse. Según fuentes judiciales españolas, la propia fiscalía francesa está planteándose iniciar un proceso de ilegalización de Batasuna en Francia, aunque más por compromiso con España que por iniciativa propia. La protesta que la detención de los responsables locales de Batasuna ha suscitado entre algunos alcaldes de la región -"no se deben ilegalizar las ideas", han apuntado, como si ése fuera el caso- ha irritado a las autoridades gubernativas, sobre todo, porque algunas de estas quejas provienen de regidores de la derecha que se apoyan en alianzas con nacionalistas. "¿Es mejor tener a Batasuna clandestina en Francia que a la vista y controlada?", se pregunta un analista policial francés.
Pese a que la colaboración hispanofrancesa alcanza calificativos de sublime o insuperable en boca de los políticos de uno y otro país, el día a día no está exento de lagunas y dificultades. Cinco meses y medio después de la detención de López Peña, la policía española sigue sin disponer de la copia de la información encriptada que el terrorista guardaba en su ordenador. "Por lo general, suelen dejarnos que echemos un rápido vistazo a la documentación por si hay algo operativo a la vista, antes de ponerlo bajo control judicial", indica un policía español. El problema es que los tribunales antiterroristas de París trabajan con un único perito privado experto en desencriptar, y que el asunto de ETA no figura, a menudo, entre las prioridades francesas.
"Es desesperante", se lamenta un magistrado de la Audiencia Nacional, "no podemos hacer nada por muchos desencriptadores expertos que tengamos en la Guardia Civil y en el CNI". Sin negar la penuria de recursos materiales y humanos con que trabajan, los franceses reprochan a su vez a la parte española el desmedido afán por dar la máxima publicidad a todo lo relacionado con ETA. "Tuvimos que precipitar la detención de Thierry porque, increíblemente, resultó que había un equipo de televisión español merodeando por la zona. ¿Y sabe usted que, según el calendario de citas que encontramos en la vivienda, iba a producirse una reunión del comité ejecutivo en fechas posteriores?".
La respuesta a la colaboración policial francesa y a la pretendida "opresión" del Estado francés ha sido activar los grupos de kale borroka (lucha callejera) Irrintzi y Euskal Herria ez da Salgai (El Pueblo Vasco no se Vende), dos franquicias suyas que hostigan particularmente al sector inmobiliario. Es su manera de enseñar la zarpa a las autoridades francesas y de hacer patente la amenaza de que podrían pasar a mayores si el Gobierno de París les aprieta el cerco. "Se ha dado un salto cualitativo. (...) Las acciones de sabotaje demuestran que se ha abierto una nueva fase de lucha que estamos dispuestos a sostener con firmeza. (...) Si el Estado francés persiste del mismo modo en la profundización de la estrategia de la represión, la respuesta popular y la movilización serán también contundentes. (...) Francia debe tener claro que el conflicto al que parece mantenerse ajena está también en su territorio", se indica en uno de los zutabes.
ETA no anda sobrada de dinero, dicen los expertos policiales, porque buena parte de los extorsionados han empezado a retraerse a raíz del procesamiento en España de una serie de empresarios. "Pueden sobrevivir con tres millones de euros al año porque ahora son una organización más pequeña y obsesionada con las filtraciones, pero si nadie les pagara el impuesto, tendrían que cerrar en tres meses por falta de liquidez", apunta un investigador francés. De lo que anda sobrada es de colaboradores que seleccionan, marcan y presionan en Euskadi a las víctimas de la extorsión. La documentación incautada invita a pensar que puede haber hasta una cuarentena de individuos ocupados en estos menesteres bajo las instrucciones de cuatro responsables, uno por provincia. Y mientras haya dinero será difícil que los más fanáticos y obtusos se planteen seriamente abandonar el terrorismo, por muchas discrepancias internas que surjan en su seno y por grande que sea el rechazo del pueblo vasco.
Si ETA está ahora lanzada a causar el mayor daño posible es también porque en estos momentos busca enterrar las críticas internas con los escombros de sus bombas, porque necesita demostraciones de fuerza para convencer a sus bases de que la victoria está al alcance de la mano. Es la historia de siempre repetida en un ciclo infernal, eso sí, cada vez más corto y recurrente; la historia del maquinista que salta en marcha de un tren desbocado a punto de descarrilar y que es sustituido por otro maquinista que, a su vez, aumenta la velocidad, antes de ser reemplazado por un tercero que...
Hay dos posiciones en ETA-Batasuna, pero está por ver si existe una voluntad de poner fin a esta locura sangrienta. Y es que para que se conforme esa voluntad hará falta que el maquinista se mantenga en su puesto, frene la locomotora y cierre el paso a los conductores suicidas, aunque sea a riesgo de que los fanáticos le llamen traidor y le peguen un tiro. Es decir, hará falta alguien responsable y valiente para la historia de Euskadi, alguien de un perfil inexistente hasta ahora entre tantos críticos que, por temor religioso a ser expulsados de la secta o por miedo físico, terminan sometiéndose a los dictados del otro lado (los jefes de ETA en Francia); en el lado oscuro de la fuerza.
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Las muchas muertes de 'Pertur'
32 años después de la desaparición del dirigente etarra, un juez investiga si fue asesinado por los comandos especiales de ETA, neofascistas o policías
L. R. AIZPEOLEA / M. ALTOZANO - Madrid - 09/11/2008
El 23 de julio de 1976 el dirigente de ETA Político-militar Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, desapareció en el sur de Francia. Esa mañana se le vio subir en un vehículo, acompañado de Francisco Múgica Pakito y de Miguel Ángel Apalategi Apala, miembros de los comandos especiales de ETAp-m, que, posteriormente, afirmaron que le habían dejado en la frontera de Behobia. Días después, la Triple A reivindicaba su desaparición. Transcurridos 32 años, un juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha abierto una investigación a instancias de los padres del desaparecido.
Compañeros en ETA
La familia presenta tres hipótesis ante el juez
'Pertur' dimitió en desacuerdo con el asesinato del empresario Berazadi
El hecho de que Apala y Pakito fueran los últimos que vieron a Pertur con vida suscitó la sospecha de que ambos eran los autores de la desaparición. Muy pocos sabían entonces que Pertur mantenía serias diferencias con los comandos especiales de ETA, cuyo líder era entonces Eugenio Etxebeste, Antxon.
Esas diferencias se revelaron de modo patente con motivo del asesinato del empresario Ángel Berazadi, secuestrado por los poli-milis. Pertur se opuso a su asesinato, pero perdió la votación y dimitió. Los responsables de los comandos especiales de ETA convocaron una asamblea de cuadros para debatir la crisis.
Dos días antes de la asamblea, Pertur fue secuestrado por los comandos especiales con la absurda excusa de que había puesto en peligro a la organización con el envío de cartas a la cárcel. También le acusaron de intentar conectar con el Gobierno a través del abogado Juan María Bandrés.
Pero aún había más. Doce días antes de su desaparición, Pertur escribió unas cartas reveladoras de su estado de ánimo hacia los dirigentes de los comandos especiales: "Estos bestias han creado un clima tal en la organización que han transformado a ETA en Euskadi Norte no en un colectivo de revolucionarios, sino en un estado policial donde cada uno sospecha del vecino y este del otro". También escribió: "No logro zafarme de esta dinámica infernal de las conspiraciones, del infundio, de la mentira, etcétera, de esa dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, de la seguridad...".
Las sospechas no vieron la luz hasta año y medio después, enero de 1978, en que la familia de Pertur señaló como sospechosos de su desaparición a los jefes de los comandos especiales.
Pertur era un adelantado para la época en ETA. Había abierto en su seno un debate al pretender crear un partido desde ETA, al dar protagonismo a lo que entonces se denominaba la lucha de masas sobre la lucha armada, y al fijar una política de alianzas de izquierdas, abierta a partidos no nacionalistas. Ahí radicaban sus diferencias con los especiales de ETA Político-militar, que en septiembre de 1977 se fusionaron con la rama militar de la banda, dando lugar a la actual ETA Militar.
En enero de 1978, ETA Militar respondió a la familia de Pertur, reconociendo las diferencias políticas de Pertur con los comandos especiales. Pero rechazó que éstos le hubieran hecho desaparecer. A su vez, la dirección de ETAp-m no obtuvo conclusión alguna: "A pesar de que se nos han presentado numerosas pistas o indicaciones, tanto en una dirección como en la otra -extrema derecha o comandos especiales de ETA-, no se han podido reunir elementos de juicio ni pruebas para formular una acusación concreta".
La versión dominante, la de la autoría de Pakito y Apala, ha sido cuestionada posteriormente en el documental El año de todos los demonios, que sigue una nueva pista, la de los neofascistas italianos. Presentado en el Festival de Cine de San Sebastián en 2007, el filme ha sido escrito y dirigido por Ángel Amigo, ex polimili y autor del libro Pertur, ETA 71-76, en el que ensalzaba la figura del dirigente desaparecido.
Según testimonios recogidos por jueces italianos en 1984, significados neofascistas como Della Chiae, Concutelli, Cauchi o Calore actuaron contra ETA en 1976 en diversos atentados. Entre ellos, el secuestro de un etarra al que narcotizaron y trasladaron a España. Concutelli le habría entregado a los grupos que trabajaban para la policía española, que se encargaría de interrogarle y hacerle desaparecer.
La pista neofascista ha sembrado dudas en personas vinculadas a Pertur, convencidas moralmente, ya que nunca hubo pruebas, de la autoría de los comandos especiales. Algunos se preguntan por el absurdo de que Apala y Pakito asesinaran a Pertur, tras haberle recogido en su coche a la vista de todos. También recuerdan que en abril de 1976, tres meses antes del secuestro de Pertur, ETA Militar asesinó a dos policías españoles en el sur de Francia, y que los responsables policiales prometieron venganza. Era una época en que los parapoliciales eran muy activos en Euskadi. Treinta y dos años después siguen los interrogantes.
Compañeros en ETA
- Eugenio Etxebeste, 'Antxon'. Era líder de los comandos especiales de
ETAp-m. Está en libertad.
- Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'. Era de los comandos especiales. Llegó a ser el máximo dirigente de ETA militar. Está en prisión.
- Miguel Ángel Apalategui, 'Apala'. Era de los comandos especiales. Se encuentra huido en Suramérica.
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La política pot acabar amb la banda mafiosa i els descerebrats que la dirigeixen. En la mesura que petites escisions vulguin fer política i desfer-se de la tutel.la dels assassins, la falta d'intel.ligència i capacitat dels dirigents poden autoliquidar la banda. Per a això cal, però, seguir amb la detenció i desarticulació de comandos i llurs cobertures legals.
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ETA suspende de militancia a su ex líder y negociador en la tregua
JOSÉ LUIS BARBERÍA -
El aparato militar toma represalias.- Otegi, Erkizia y Usabiaga forman una plataforma propia.- Las bases piden atacar selectivamente al PNV
La ruptura de la tregua reabrió en ETA y Batasuna una brecha divisoria que ha llegado a resquebrajar el propio núcleo dirigente de la organización terrorista. Fuentes de los servicios de información policiales aseguran que Francisco Javier López Peña, Thierry o Zulos, representante de ETA en las frustradas negociaciones con el Gobierno español y elemento clave del periodo de tregua, se encuentra suspendido de militancia y a la espera de que la actual dirección de la banda adopte sobre él una decisión definitiva. En idéntica situación permanece la antigua dirigente de Batasuna integrada en el aparato político de ETA Ainhoa Ozaeta, la encapuchada que el 22 de marzo de 2006 anunció el "alto el fuego" en el vídeo enviado a la televisión vasca (ETB). Ambos fueron detenidos el 20 de mayo pasado en Burdeos, en la misma operación policial en la que fueron arrestados también Jon Salaberria e Igor Suberbiola, miembros igualmente del aparato político.
El terrorismo de ETA
A FONDO
Dos franquicias de 'kale borroka' se han puesto en marcha en suelo francés para amenazar al Gobierno de París
ETA sigue sin ser una prioridad para Francia. Y los franceses acusan a España de desmedido afán publicitario
López Peña, 'Thierry', cerró el grifo de la financiación a 'Txeroki' para impedir atentados durante la tregua
Arnaldo Otegi, Rafa Díez y otros promueven ahora una plataforma independentista sin contar con ETA
La división interna recorre, asimismo, las desmoralizadas filas militantes de Batasuna y se manifiesta en la promoción de dinámicas y proyectos de participación electoral que cuestionan implícitamente el papel de "vanguardia dirigente" asignado a ETA y se anticipan a la posibilidad de que la organización terrorista opte por la abstención y el boicoteo de las elecciones. Arnaldo Otegi, el ex portavoz de Batasuna recientemente excarcelado, el ex secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, y otros antiguos dirigentes como Tasio Erkizia están impulsando junto al ex secretario general de ELA, Joseba Elorrieta, y el ex consejero vasco de EA, Sabin Intxaurraga, la creación de una plataforma independentista abierta a las formaciones políticas y sindicales de izquierda abertzale: EA, Aralar, Zutik y Euskal Batasuna (partido de ámbito vasco-francés), además de ELA. La creación de esta plataforma, un remedo de Nafarroa Bai, con Batasuna en el lugar del PNV, les permitiría a la base militante y a su electorado salir del ostracismo político, salvar la prohibición judicial que pesa sobre su actividad pública y descargarse, en buena medida, de la férrea tutela que ejerce la organización terrorista. El congreso nacional del sindicato ELA ha condicionado su participación a que el proceso sea "democrático" y "civil", esto es: libre de las presiones e interferencias de ETA. Y cabe pensar que las condiciones de EA, partido que parece decantarse por romper su alianza electoral con el PNV, y del resto de los grupos convocados no serían menos exigentes. La incógnita reside en saber si los promotores de este proyecto seguirán adelante en el caso de que la organización terrorista lo rechace.
Aunque la dimensión de la crisis resulta difícilmente mensurable en una organización de estructuras estancas como ETA, parece claro que la insospechada fractura abrió en su seno una brecha de gran calado. El aparato militar, que dirige Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, acusó a López Peña de haberle cerrado el grifo de la financiación durante el periodo previo a la declaración de tregua para impedir que cometieran atentados. Estos y otros datos obtenidos recientemente deshacen la idea de que Thierry, a quien llegó a atribuírsele la doble jefatura militar y política, desempeñó un papel determinante a favor de la reanudación de la violencia. Por el contrario, pese a la actitud desafiante y chulesca que adoptó en su último encuentro con el Gobierno, reunión a la que, para sorpresa de sus interlocutores, acudió solo, López Peña no respaldó el atentado contra la T-4 de Barajas. Al igual que Arnaldo Otegui, siempre creyó que la dinámica del bombazo no sólo no ablandaría la voluntad del Gobierno español, sino que acabaría por agostar la vía de la negociación, como así fue.
La razón por la que Josu Ternera no acudió a esa última reunión sigue siendo un misterio envuelto en conjeturas diversas que van desde su destitución al frente del aparato político hasta la reaparición de la enfermedad cancerígena que padeció en el pasado y de la que se le suponía curado. "Puede que, simplemente, haya optado por quitarse de en medio, vista la situación de enfrentamiento interno. Eso le pega bastante", comenta un investigador policial. En cualquier caso, conviene relativizar las diferencias y tener en cuenta que la propia dinámica violenta de las organizaciones terroristas ejerce un efecto envolvente que arrastra al colectivo hacia la ortodoxia oficial. "La diferencia entre Txeroki y Thierry puede estar en que mientras el primero es partidario de matar todo el rato, el segundo piensa que sería mejor hacerlo los lunes, miércoles y viernes de ocho a tres", ironiza un analista policial. Hablar de moderados o blandos en el mundo del terrorismo vasco es, efectivamente, una broma macabra. De hecho, las críticas a la continuidad de la lucha armada vertidas por algunos presos no se han sustentado nunca en juicios éticos, lo que exigiría una reflexión autocrítica sincera y valiente, sino en la conveniencia estratégica o en la oportunidad de poner fin a una violencia que se habría revelado ineficaz o contraproducente.
La línea divisoria que recorre ETA-Batasuna deslinda dos análisis, dos percepciones más bien, adobadas, a veces, en la experiencia y en los sentimientos personales de cansancio, decepción, frustración o temor, y hasta en las dudas íntimas, nunca aireadas, que la violencia terrorista llega a suscitar incluso en ese universo sectario. Mientras los más posibilistas, los menos fanatizados, creen que la lucha armada de ETA puede terminar arruinando el proyecto político de la izquierda abertzale en la medida en que provoca un rechazo cada vez mayor de la sociedad vasca y carece de la fortaleza suficiente para forzar la mano del Estado español, los más recalcitrantes y sanguinarios difunden la tesis de que, en realidad, es el Estado español el que necesita desesperadamente negociar con ellos. Sostienen que la acción de ETA ha impedido la consolidación del Estado autonómico y ha abocado a España a una grave crisis territorial de la que no se repondrá hasta que obtenga la paz en Euskadi. "No cabe duda de que hemos salido de este proceso negociador reforzados en nuestros planteamientos y que hemos conseguido la internacionalización del conflicto, aunque haya habido desmovilización", escriben. Tan convencidos están de que pueden volver a sentar al Gobierno a negociar, que quieren ver en el incremento de la represión policial y judicial un indicativo del afán gubernamental en negociar con una ETA-Batasuna debilitada.
Los zutabes (boletín interno de ETA) ofrecieron durante la tregua significativas muestras de que esa teoría alentaba los pasos de la banda. Pocos meses después del "alto el fuego", el propio EKIN (sustituto de KAS, órgano de dirección y coordinación del entramado civil dirigido por ETA) explicó que el proceso debía servir a los objetivos de la autodeterminación y la territorialidad (Navarra), y no tenía por qué ser definitivo, por lo que se reservaban la posibilidad de "responder a los ataques". Y sin embargo, además de la oportunidad de avanzar en la consecución de sus objetivos políticos, buena parte de la militancia de Batasuna vio en las negociaciones con el Gobierno la ocasión propicia para la búsqueda de una salida digna al "conflicto". Muchos no entendieron que ETA rompiera la tregua y se embarcara en un "nuevo ciclo de enfrentamiento", cuando la percepción dominante era que la doble negociación -la de los partidos vascos (excepto el PP) y la del Gobierno con ETA- no estaba enteramente agotada. Ahora se sabe, conocida la suspensión de militancia de López Peña y de Ainhoa Ozaeta -compañera sentimental de Ekaitz Urrutikoetxea, el hijo de Josu Ternera-, que el enfrentamiento llegó a darse en las entrañas mismas de ETA.
Año y medio después de la vuelta al asesinato, las divisiones persisten sin que las medidas adoptadas por la dirección de la banda hayan logrado restablecer la confianza ni el ánimo militante. Para contrarrestar el malestar en campo propio y poder enarbolar el supuesto apoyo de la mayoría, la dirección ha abierto una suerte de debate interno en el que han participado también los presos y los huidos organizados en el extranjero. La participación en esta "asamblea no presencial" consistía en la posibilidad de comentar, por escrito, forzosamente, el documento sobre la línea política a seguir elaborado por la dirección. A juzgar por las respuestas, no parece que se hayan despejado las dudas.
Asomarse a ese debate desarrollado a lo largo del año es penetrar en un universo irreal en el que los criminales se reclaman víctimas de sus víctimas, damnificados del misterioso empeño en "prolongar el sufrimiento y el conflicto" que pondrían los condenados a morir a sus manos. Combatientes de una guerra invisible de la que extraen el derecho, o mejor dicho, la ineludible obligación patriótica, del asesinato, los autoerigidos guardianes del pueblo vasco ignoran el dato de que la gran mayoría del pueblo vasco realmente existente les odia y teme a partes iguales.
De los 115 escritos con valoraciones y propuestas sobre la línea política a seguir aportados por el conjunto de la militancia e intervenidos por la policía, una decena aborda la cuestión de si deben incluir al PNV entre sus objetivos. El asunto ya fue debatido en la asamblea interna desarrollada entre 2002 y 2003, y aunque no faltaron los partidarios de golpear frontalmente al partido, se acordó entonces dejar esa opción en suspenso hasta que estuviera claro el sentido de la evolución de la primera fuerza nacionalista. A partir de aquel debate, eso sí, la Ertzaintza fue considerada objetivo en cualquiera de sus niveles, y ETA se reservó la posibilidad de atentar contra los miembros del PNV que se significaran por su hostilidad hacia la "izquierda abertzale".
También ahora han renunciado, de momento, a actuar sin distingos contra el PNV, aunque la insistencia en la cuestión y las respuestas ofrecen un panorama preocupante. "Respecto al PNV, no digo que debamos abrir de par en par ese frente, pero sí que veo adecuado ir, taca, taca, dando algunos golpes", escribe un militante. "¿A qué estamos esperando? No podemos tratarlos como a enemigos principales, pero tampoco continuar con la indefinición actual. No hay una parte buena y otra mala. Todo el partido es malo", indica otro. "La cuestión es cuándo, cómo y dónde dar. (...) Puede haber un montón de maneras para hacerlo. Dar a personas inmersas en el mundo de la corrupción o a empresarios, hacer una especie de discriminación con el impuesto, darles a sus empresas...". Sólo una de las 10 respuestas es contraria a actuar contra el PNV.
El nulo ascendente de los elementos incorporados a EKIN, jóvenes clandestinos, obedientes, fanatizados y de escasa formación, tampoco ha contribuido, precisamente, a superar los recelos que dentro de Batasuna inspira la actual línea de ETA, ni a resolver las dificultades que la ilegalización acarrea en la práctica.
Tal y como preveían los sectores menos fanatizados, la vuelta a las armas ha traído consigo el regreso a la marginación política. La ilegalización judicial de sus siglas de ocasión -ANV y PCTV- alcanzará a buena parte de los 430 concejales de que disponen en la actualidad y pone fecha de caducidad, abril del año próximo, a los nueve escaños con que cuentan en la Cámara vasca. Y si la movilización callejera es el termómetro adecuado para medir el ánimo de Batasuna, habrá que convenir que éste se encuentra en horas muy bajas: menos de 3.000 manifestantes en las últimas convocatorias "a nivel nacional". Además, las encuestas y sondeos elaborados por el Gobierno y la Universidad del País Vasco dan cuenta del incremento del rechazo social al terrorismo y de la reducción significativa del número de independentistas.
En este contexto, ETA apuesta por el terrorismo a lo grande, convencida, por lo visto, de que le bastarán unas vueltas de tuerca más para volver a sentar al Estado a negociar. Lo que busca ahora es la máxima conmoción política y social, ahondar en la depuración de los no nacionalistas (el ex concejal socialista Isaías Carrasco), silenciar a sus críticos, dejar que el miedo campee en Euskadi y fuera de Euskadi. "Nuestro objetivo tiene que ser urgir la resolución del conflicto", escriben hoy los jóvenes de Segi, de la misma manera que los jóvenes de Jarrai escribían en 1995: "Se trata de acelerar el proceso y ganar", cuando "acelerar" quería decir llevar a cabo ekintzas (atentados) de extrema crueldad, como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
"Pondremos en marcha una presión continua sobre los responsables de la prolongación del conflicto. No les dejaremos vivir con normalidad en el pueblo. Periodistas, empresarios, concejales, partidos políticos. (...) Se les fotografiará para hacer carteles propios con su rostro. (...) Hay que dar vía a ataques puntuales", subrayan los jefes de Segi, tras aleccionar a sus seguidores sobre la conveniencia de camuflarse debidamente -"el sujeto no es Segi, sino el Movimiento Juvenil", puntualizan- a la hora de dar "respuesta a la estrategia de guerra de los Estados".
Las estructuras de la ETA civil han solventado hasta ahora algunos de los obstáculos que acarrea la ilegalización gracias a que la dirección y coordinación se ejercen desde Francia, donde Batasuna es una asociación legal. Pero, cuatro años después de la comisión rogatoria en la que el juez Garzón se interesó por las actividades de esta formación en el país vecino, también la justicia francesa ha empezado a moverse. Según fuentes judiciales españolas, la propia fiscalía francesa está planteándose iniciar un proceso de ilegalización de Batasuna en Francia, aunque más por compromiso con España que por iniciativa propia. La protesta que la detención de los responsables locales de Batasuna ha suscitado entre algunos alcaldes de la región -"no se deben ilegalizar las ideas", han apuntado, como si ése fuera el caso- ha irritado a las autoridades gubernativas, sobre todo, porque algunas de estas quejas provienen de regidores de la derecha que se apoyan en alianzas con nacionalistas. "¿Es mejor tener a Batasuna clandestina en Francia que a la vista y controlada?", se pregunta un analista policial francés.
Pese a que la colaboración hispanofrancesa alcanza calificativos de sublime o insuperable en boca de los políticos de uno y otro país, el día a día no está exento de lagunas y dificultades. Cinco meses y medio después de la detención de López Peña, la policía española sigue sin disponer de la copia de la información encriptada que el terrorista guardaba en su ordenador. "Por lo general, suelen dejarnos que echemos un rápido vistazo a la documentación por si hay algo operativo a la vista, antes de ponerlo bajo control judicial", indica un policía español. El problema es que los tribunales antiterroristas de París trabajan con un único perito privado experto en desencriptar, y que el asunto de ETA no figura, a menudo, entre las prioridades francesas.
"Es desesperante", se lamenta un magistrado de la Audiencia Nacional, "no podemos hacer nada por muchos desencriptadores expertos que tengamos en la Guardia Civil y en el CNI". Sin negar la penuria de recursos materiales y humanos con que trabajan, los franceses reprochan a su vez a la parte española el desmedido afán por dar la máxima publicidad a todo lo relacionado con ETA. "Tuvimos que precipitar la detención de Thierry porque, increíblemente, resultó que había un equipo de televisión español merodeando por la zona. ¿Y sabe usted que, según el calendario de citas que encontramos en la vivienda, iba a producirse una reunión del comité ejecutivo en fechas posteriores?".
La respuesta a la colaboración policial francesa y a la pretendida "opresión" del Estado francés ha sido activar los grupos de kale borroka (lucha callejera) Irrintzi y Euskal Herria ez da Salgai (El Pueblo Vasco no se Vende), dos franquicias suyas que hostigan particularmente al sector inmobiliario. Es su manera de enseñar la zarpa a las autoridades francesas y de hacer patente la amenaza de que podrían pasar a mayores si el Gobierno de París les aprieta el cerco. "Se ha dado un salto cualitativo. (...) Las acciones de sabotaje demuestran que se ha abierto una nueva fase de lucha que estamos dispuestos a sostener con firmeza. (...) Si el Estado francés persiste del mismo modo en la profundización de la estrategia de la represión, la respuesta popular y la movilización serán también contundentes. (...) Francia debe tener claro que el conflicto al que parece mantenerse ajena está también en su territorio", se indica en uno de los zutabes.
ETA no anda sobrada de dinero, dicen los expertos policiales, porque buena parte de los extorsionados han empezado a retraerse a raíz del procesamiento en España de una serie de empresarios. "Pueden sobrevivir con tres millones de euros al año porque ahora son una organización más pequeña y obsesionada con las filtraciones, pero si nadie les pagara el impuesto, tendrían que cerrar en tres meses por falta de liquidez", apunta un investigador francés. De lo que anda sobrada es de colaboradores que seleccionan, marcan y presionan en Euskadi a las víctimas de la extorsión. La documentación incautada invita a pensar que puede haber hasta una cuarentena de individuos ocupados en estos menesteres bajo las instrucciones de cuatro responsables, uno por provincia. Y mientras haya dinero será difícil que los más fanáticos y obtusos se planteen seriamente abandonar el terrorismo, por muchas discrepancias internas que surjan en su seno y por grande que sea el rechazo del pueblo vasco.
Si ETA está ahora lanzada a causar el mayor daño posible es también porque en estos momentos busca enterrar las críticas internas con los escombros de sus bombas, porque necesita demostraciones de fuerza para convencer a sus bases de que la victoria está al alcance de la mano. Es la historia de siempre repetida en un ciclo infernal, eso sí, cada vez más corto y recurrente; la historia del maquinista que salta en marcha de un tren desbocado a punto de descarrilar y que es sustituido por otro maquinista que, a su vez, aumenta la velocidad, antes de ser reemplazado por un tercero que...
Hay dos posiciones en ETA-Batasuna, pero está por ver si existe una voluntad de poner fin a esta locura sangrienta. Y es que para que se conforme esa voluntad hará falta que el maquinista se mantenga en su puesto, frene la locomotora y cierre el paso a los conductores suicidas, aunque sea a riesgo de que los fanáticos le llamen traidor y le peguen un tiro. Es decir, hará falta alguien responsable y valiente para la historia de Euskadi, alguien de un perfil inexistente hasta ahora entre tantos críticos que, por temor religioso a ser expulsados de la secta o por miedo físico, terminan sometiéndose a los dictados del otro lado (los jefes de ETA en Francia); en el lado oscuro de la fuerza.
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Las muchas muertes de 'Pertur'
32 años después de la desaparición del dirigente etarra, un juez investiga si fue asesinado por los comandos especiales de ETA, neofascistas o policías
L. R. AIZPEOLEA / M. ALTOZANO - Madrid - 09/11/2008
El 23 de julio de 1976 el dirigente de ETA Político-militar Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, desapareció en el sur de Francia. Esa mañana se le vio subir en un vehículo, acompañado de Francisco Múgica Pakito y de Miguel Ángel Apalategi Apala, miembros de los comandos especiales de ETAp-m, que, posteriormente, afirmaron que le habían dejado en la frontera de Behobia. Días después, la Triple A reivindicaba su desaparición. Transcurridos 32 años, un juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha abierto una investigación a instancias de los padres del desaparecido.
Compañeros en ETA
La familia presenta tres hipótesis ante el juez
'Pertur' dimitió en desacuerdo con el asesinato del empresario Berazadi
El hecho de que Apala y Pakito fueran los últimos que vieron a Pertur con vida suscitó la sospecha de que ambos eran los autores de la desaparición. Muy pocos sabían entonces que Pertur mantenía serias diferencias con los comandos especiales de ETA, cuyo líder era entonces Eugenio Etxebeste, Antxon.
Esas diferencias se revelaron de modo patente con motivo del asesinato del empresario Ángel Berazadi, secuestrado por los poli-milis. Pertur se opuso a su asesinato, pero perdió la votación y dimitió. Los responsables de los comandos especiales de ETA convocaron una asamblea de cuadros para debatir la crisis.
Dos días antes de la asamblea, Pertur fue secuestrado por los comandos especiales con la absurda excusa de que había puesto en peligro a la organización con el envío de cartas a la cárcel. También le acusaron de intentar conectar con el Gobierno a través del abogado Juan María Bandrés.
Pero aún había más. Doce días antes de su desaparición, Pertur escribió unas cartas reveladoras de su estado de ánimo hacia los dirigentes de los comandos especiales: "Estos bestias han creado un clima tal en la organización que han transformado a ETA en Euskadi Norte no en un colectivo de revolucionarios, sino en un estado policial donde cada uno sospecha del vecino y este del otro". También escribió: "No logro zafarme de esta dinámica infernal de las conspiraciones, del infundio, de la mentira, etcétera, de esa dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, de la seguridad...".
Las sospechas no vieron la luz hasta año y medio después, enero de 1978, en que la familia de Pertur señaló como sospechosos de su desaparición a los jefes de los comandos especiales.
Pertur era un adelantado para la época en ETA. Había abierto en su seno un debate al pretender crear un partido desde ETA, al dar protagonismo a lo que entonces se denominaba la lucha de masas sobre la lucha armada, y al fijar una política de alianzas de izquierdas, abierta a partidos no nacionalistas. Ahí radicaban sus diferencias con los especiales de ETA Político-militar, que en septiembre de 1977 se fusionaron con la rama militar de la banda, dando lugar a la actual ETA Militar.
En enero de 1978, ETA Militar respondió a la familia de Pertur, reconociendo las diferencias políticas de Pertur con los comandos especiales. Pero rechazó que éstos le hubieran hecho desaparecer. A su vez, la dirección de ETAp-m no obtuvo conclusión alguna: "A pesar de que se nos han presentado numerosas pistas o indicaciones, tanto en una dirección como en la otra -extrema derecha o comandos especiales de ETA-, no se han podido reunir elementos de juicio ni pruebas para formular una acusación concreta".
La versión dominante, la de la autoría de Pakito y Apala, ha sido cuestionada posteriormente en el documental El año de todos los demonios, que sigue una nueva pista, la de los neofascistas italianos. Presentado en el Festival de Cine de San Sebastián en 2007, el filme ha sido escrito y dirigido por Ángel Amigo, ex polimili y autor del libro Pertur, ETA 71-76, en el que ensalzaba la figura del dirigente desaparecido.
Según testimonios recogidos por jueces italianos en 1984, significados neofascistas como Della Chiae, Concutelli, Cauchi o Calore actuaron contra ETA en 1976 en diversos atentados. Entre ellos, el secuestro de un etarra al que narcotizaron y trasladaron a España. Concutelli le habría entregado a los grupos que trabajaban para la policía española, que se encargaría de interrogarle y hacerle desaparecer.
La pista neofascista ha sembrado dudas en personas vinculadas a Pertur, convencidas moralmente, ya que nunca hubo pruebas, de la autoría de los comandos especiales. Algunos se preguntan por el absurdo de que Apala y Pakito asesinaran a Pertur, tras haberle recogido en su coche a la vista de todos. También recuerdan que en abril de 1976, tres meses antes del secuestro de Pertur, ETA Militar asesinó a dos policías españoles en el sur de Francia, y que los responsables policiales prometieron venganza. Era una época en que los parapoliciales eran muy activos en Euskadi. Treinta y dos años después siguen los interrogantes.
Compañeros en ETA
- Eugenio Etxebeste, 'Antxon'. Era líder de los comandos especiales de
ETAp-m. Está en libertad.
- Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'. Era de los comandos especiales. Llegó a ser el máximo dirigente de ETA militar. Está en prisión.
- Miguel Ángel Apalategui, 'Apala'. Era de los comandos especiales. Se encuentra huido en Suramérica.
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El TSJCV suspèn cautelarment el nomenament de Morenilla com a Síndic.
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El TSJ suspende cautelarmente el nombramiento de Morenilla como Síndic de Greuges
La propuesta del PP consistió en que mientras no se cumplieran los acuerdos para nombrar un nuevo síndic, el cargo se ejercerá de forma rotatoria
EUROPA PRESS La sala de lo contencioso administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV) ha ordenado la suspensión cautelar de la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Síndic de Greuges, por la que se procedió el pasado mes de julio a la sustitución de la síndica en funciones Emilia Caballero por el síndic adjunto Carlos Morenilla. El tribunal adopta la suspensión al considerar que con esta decisión que se vulnera el principio de jerarquía normativa.El cambio se produjo el pasado mes de julio después de que el grupo popular en las Corts aprobase la propuesta de reforma del reglamento del Síndic de Greuges con el que se preveía, según los populares, la sustitución de Emilia Caballero por el síndic adjunto Carlos Morenilla.Además, la propuesta del PP consistió en que mientras no se cumplieran los acuerdos para nombrar un nuevo síndic de Greuges, el cargo se ejercerá de forma rotatoria por el orden en el que fueron nombrados los síndicos adjuntos pero que durante dos años asumirá el cargo el síndico adjunto segundo, Carlos Morenilla, y, a partir de ese momento se pondrá en marcha el sistema de turnos.Ante esta decisión, con motivo de la denuncia presentada por el propio portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, presentó una denuncia y el tribunal tras estudiarla el tribunal considera que procede acordar la suspensión cautelar por varias razones.En primer lugar expone que el establecimiento de un turno rotatorio pone de manifiesto, en principio, una posible infracción del principio de jerarquía normativa al alterar, con la decisión adoptada por las Corts, el régimen de sustitución establecido en el artículo 8.2 de a Ley Valenciana 11/1988 del Síndic de Greuges.Además, explica que aunque de la modificación no se derive un perjuicio individual para el recurrente y haya sido aprobada por el órgano competente, las Corts, hay que preservar el interés legalmente establecido frente a la norma reglamentaria que modifica el régimen legal de sustitución del Síndic de Greuges. Además, destaca los "visos manifiestos" de la posible infracción del principio de jerarquía normativa.Del mismo modo, la sala señala que la medida de suspensión solicitada por el portavoz socialista está "suficientemente justificada" por implicar una posible modificación del régimen legal de sustitución del Síndic por sus adjuntos.No obstante, señala que la resolución no es firme y cabe un recurso de súplica ante la propia sala de lo contencioso-administrativo.El acuerdo entre PP y PSPV para que el vicepresidente de la Mesa de las Corts, José Cholbi, ocupara el cargo fue bloqueado por los socialistas porque, a pesar del amparo de la presidenta de la Cámara valenciana, Milagrosa Martínez, el PP se negó a facilitar las actas para de varias empresas públicas de la Generalitat.
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Caballero desplazará como Síndica de Greuges a Morenilla en cuanto sea firme el auto judicial
El Consell acusa al PSPV de bloqueo y Luna dice que Camps ha recibido un serio toque de atención
Carlos Alós, ValenciaLa síndica adjunta primera, Emilia Caballero, podría regresar a la presidencia en funciones de la Sindicatura de Greuges en cuestión de días. La institución tiene previsto ejecutar en cuanto sea firme el auto de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que suspende la reforma que impuso el Partido Popular del reglamento que rige la institución.Si la estrategia de los populares para echar a Emilia Caballero y situar como Síndic interino a Carlos Morenilla, marido de la consellera de Turismo, Angélica Such, se viene finalmente abajo, la adjunta que fue propuesta en su día por el PSPV-PSOE volverá a ser Síndica interina de forma automática. Sería el mismo proceso por el cual Morenilla asumió el cargo, aunque el marido de la consellera Such se autonombró a través de una nota de prensa. La Mesa de las Corts tiene cinco días para presentar un recurso, que ayer aún no había hecho efectivo. Si finalmente lo hace deberá resolverlo la misma sala del TSJ compuesta por los tres magistrados que adoptaron la medida cautelar de dejar en suspenso el turno rotatorio que permitió a Morenilla ser Síndic interino.Los plazos de contestación a este tipo de recursos son muy rápidos porque se trata de decisiones de calado, como la que afecta en este caso a la institución que vela por los derechos de los ciudadanos ante posibles abusos de la Administración. Además, la suspensión cautelar de la modificación del reglamento tiene otra consecuencia y es saber si los expedientes tramitados bajo la presidencia de Morenilla tienen valor o deberán revisarse.El portavoz del Consell, Vicente Rambla, acusó a los socialistas de bloquear la institución y el portavoz socialista en las Corts, Angel Luna, respondió que el presidente Camps ha recibido "un toque de atención muy serio por el deterioro al que lleva las instituciones. Cree que la democracia es ganar elecciones y que no te molesten en cuatro años", señaló.Rambla apuntó al líder de los socialistas, Jorge Alarte, y le exigió que cumpla "el compromiso" de desbloquear la Sindicatura y demuestre "capacidad de liderazgo". Para la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, el PP vulnera "consciente y maliciosamente la legalidad, utilizando para sus propios intereses a las Corts. Confunde su mayoría absoluta con una mayoría absolutista", aseveró.
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Sin contactos para renovar la institución
El TSJ suspende cautelarmente el nombramiento de Morenilla como Síndic de Greuges
La propuesta del PP consistió en que mientras no se cumplieran los acuerdos para nombrar un nuevo síndic, el cargo se ejercerá de forma rotatoria
EUROPA PRESS La sala de lo contencioso administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV) ha ordenado la suspensión cautelar de la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Síndic de Greuges, por la que se procedió el pasado mes de julio a la sustitución de la síndica en funciones Emilia Caballero por el síndic adjunto Carlos Morenilla. El tribunal adopta la suspensión al considerar que con esta decisión que se vulnera el principio de jerarquía normativa.El cambio se produjo el pasado mes de julio después de que el grupo popular en las Corts aprobase la propuesta de reforma del reglamento del Síndic de Greuges con el que se preveía, según los populares, la sustitución de Emilia Caballero por el síndic adjunto Carlos Morenilla.Además, la propuesta del PP consistió en que mientras no se cumplieran los acuerdos para nombrar un nuevo síndic de Greuges, el cargo se ejercerá de forma rotatoria por el orden en el que fueron nombrados los síndicos adjuntos pero que durante dos años asumirá el cargo el síndico adjunto segundo, Carlos Morenilla, y, a partir de ese momento se pondrá en marcha el sistema de turnos.Ante esta decisión, con motivo de la denuncia presentada por el propio portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, presentó una denuncia y el tribunal tras estudiarla el tribunal considera que procede acordar la suspensión cautelar por varias razones.En primer lugar expone que el establecimiento de un turno rotatorio pone de manifiesto, en principio, una posible infracción del principio de jerarquía normativa al alterar, con la decisión adoptada por las Corts, el régimen de sustitución establecido en el artículo 8.2 de a Ley Valenciana 11/1988 del Síndic de Greuges.Además, explica que aunque de la modificación no se derive un perjuicio individual para el recurrente y haya sido aprobada por el órgano competente, las Corts, hay que preservar el interés legalmente establecido frente a la norma reglamentaria que modifica el régimen legal de sustitución del Síndic de Greuges. Además, destaca los "visos manifiestos" de la posible infracción del principio de jerarquía normativa.Del mismo modo, la sala señala que la medida de suspensión solicitada por el portavoz socialista está "suficientemente justificada" por implicar una posible modificación del régimen legal de sustitución del Síndic por sus adjuntos.No obstante, señala que la resolución no es firme y cabe un recurso de súplica ante la propia sala de lo contencioso-administrativo.El acuerdo entre PP y PSPV para que el vicepresidente de la Mesa de las Corts, José Cholbi, ocupara el cargo fue bloqueado por los socialistas porque, a pesar del amparo de la presidenta de la Cámara valenciana, Milagrosa Martínez, el PP se negó a facilitar las actas para de varias empresas públicas de la Generalitat.
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Caballero desplazará como Síndica de Greuges a Morenilla en cuanto sea firme el auto judicial
El Consell acusa al PSPV de bloqueo y Luna dice que Camps ha recibido un serio toque de atención
Carlos Alós, ValenciaLa síndica adjunta primera, Emilia Caballero, podría regresar a la presidencia en funciones de la Sindicatura de Greuges en cuestión de días. La institución tiene previsto ejecutar en cuanto sea firme el auto de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que suspende la reforma que impuso el Partido Popular del reglamento que rige la institución.Si la estrategia de los populares para echar a Emilia Caballero y situar como Síndic interino a Carlos Morenilla, marido de la consellera de Turismo, Angélica Such, se viene finalmente abajo, la adjunta que fue propuesta en su día por el PSPV-PSOE volverá a ser Síndica interina de forma automática. Sería el mismo proceso por el cual Morenilla asumió el cargo, aunque el marido de la consellera Such se autonombró a través de una nota de prensa. La Mesa de las Corts tiene cinco días para presentar un recurso, que ayer aún no había hecho efectivo. Si finalmente lo hace deberá resolverlo la misma sala del TSJ compuesta por los tres magistrados que adoptaron la medida cautelar de dejar en suspenso el turno rotatorio que permitió a Morenilla ser Síndic interino.Los plazos de contestación a este tipo de recursos son muy rápidos porque se trata de decisiones de calado, como la que afecta en este caso a la institución que vela por los derechos de los ciudadanos ante posibles abusos de la Administración. Además, la suspensión cautelar de la modificación del reglamento tiene otra consecuencia y es saber si los expedientes tramitados bajo la presidencia de Morenilla tienen valor o deberán revisarse.El portavoz del Consell, Vicente Rambla, acusó a los socialistas de bloquear la institución y el portavoz socialista en las Corts, Angel Luna, respondió que el presidente Camps ha recibido "un toque de atención muy serio por el deterioro al que lleva las instituciones. Cree que la democracia es ganar elecciones y que no te molesten en cuatro años", señaló.Rambla apuntó al líder de los socialistas, Jorge Alarte, y le exigió que cumpla "el compromiso" de desbloquear la Sindicatura y demuestre "capacidad de liderazgo". Para la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, el PP vulnera "consciente y maliciosamente la legalidad, utilizando para sus propios intereses a las Corts. Confunde su mayoría absoluta con una mayoría absolutista", aseveró.
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Sin contactos para renovar la institución
El 27% de los discapacitados, sin ayudas.
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El 27% de los discapacitados, sin ayudas
El número de discapacitados en la Comunitat asciende a 452.800, con una tasa del 9,92%
EFE La tasa de discapacidad en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 9,92 por ciento y , según el avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD).En el conjunto nacional, en 3,3 millones de hogares españoles reside al menos un discapacitado -un 20 por ciento del total- y en 608.000 de ellos la persona vive sola, segúnLa encuesta, publicada hoy por el INE, sitúa el número de personas con discapacidad en 3,8 millones, el 8,5 por ciento de la población.La tasa de la Comunitat es algo superior a la media nacional, fijada en el 8,97 por cien habitantes.Los resultados muestran que más de dos millones reciben asistencia, supervisión o cuidados personales y casi millón y medio ayudas técnicas.Sin embargo, más de un millón de personas afirman no recibir ningún tipo de ayuda para realizar las actividades para las que tienen discapacidad (el 26,6 por ciento del colectivo).Por sexo, se observan diferencias significativas: el 31,7 por ciento de los hombres con discapacidad no goza de ninguna ayuda, frente al 23,2 por ciento de las mujeres.Cuando se analizan los tipos de ayuda, el 60,7 por ciento de las mujeres tiene ayuda de otras personas, frente al 47,1 por ciento de los hombres.El perfil de la persona principal que presta cuidados personales es una mujer, de 45 a 64 años, que reside en el mismo hogar que la persona a la que cuida.Según la encuesta, más de 2,3 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 millones de hombres.Si se compara esta estadística con la realizada por el INE en 1999, la cifra de personas con discapacidad ha crecido en 320.000.Sin embargo, dado que el crecimiento de discapacitados ha sido menor que el del total de la población, la tasa de discapacidad ha bajado del 9 por ciento de 1999 hasta el 8,5 por ciento en 2008.Como conclusión, se puede afirmar que, en general, la discapacidad aparece a edades más tardías, aunque haya aumentado el período de exposición al riesgo de discapacidad debido al aumento de la esperanza de vida.En 2008 la edad media de las personas con discapacidad es 64,3 años, mientras que en 1999 era de 63,3.En el grupo de 65 y más años, la edad media se sitúa en 78,8 en 2008 frente a 77,1 en 1999.Por otro lado, en un total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona que afirma tener una discapacidad, lo que supone un 20 por ciento de los hogares españoles, y en 608.000 de éstos la persona con discapacidad vive sola.No obstante, el caso más frecuente es el hogar de dos miembros donde uno de ellos presenta alguna discapacidad.Los principales grupos de discapacidad de las personas residentes en hogares son los de movilidad, vida doméstica y autocuidado.La encuesta ha investigado también las deficiencias que causan la discapacidad, entendiendo por deficiencia cualquier problema en alguna estructura o función corporal.Las deficiencias más frecuentes son las que afectan a los huesos y articulaciones (un 39,3%), las del oído (23,8 por ciento), las visuales (21 por ciento) y las mentales (19 por ciento).En las mujeres destacan los problemas osteoarticulares, cuya presencia es más del doble que la de cualquier otro grupo de deficiencia.La causa más frecuente de las deficiencias es alguna enfermedad (casi siete de cada diez casos), predominando una enfermedad común no profesional.El segundo factor más importante son otras causas, especialmente para el tramo de edad de 80 y más años, debido a que en esta rúbrica se incluye el envejecimiento como origen de la deficiencia.Le siguen los accidentes y los problemas perinatales (causas congénitas o problemas en el parto).La EDAD 2008 ha investigado por primera vez los centros residenciales de personas mayores, los específicos de personas con discapacidad y los hospitales geriátricos y psiquiátricos de larga estancia.Según los resultados de la encuesta, 269.400 personas que residen en este tipo de centros afirman tener alguna discapacidad (92,7% del total).
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Los olvidados de la dependencia
Los psiquiatras exigen una revisión del baremo para incluir las enfermedades mentales
P. G. del Burgo, ValenciaLos enfermos mentales son los eternos malditos y olvidados, porque de ellos solo se acuerdan sus familias y los psiquiatras y profesionales que los atienden, quienes ayer reclamaron en Valencia una revisión del baremo de la Ley de la Dependencia para incorporar la discapacidad mental que ahora ni se plantea. Esta fue una de las reivindicaciones que ayer planteó el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, Julio Bobes, quien manifestó que estos pacientes "precisan un estímulo para realizar sus actividades cotidianas, tareas domésticas y para adoptar decisiones sociolaborales y personales".El especialista exigió que la ley de la dependencia tenga en cuenta los informes de los psiquiatras clínicos, de los cuidados que requieren y de la situación social en la que se encuentran estos enfermos ya que el médico de atención primaria, en muchas ocasiones, no conoce la gravedad del paciente ni el impacto sobre sus cuidados.De hecho, entre las diez enfermedades más discapacitantes hay diversas patologías mentales como el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo y el abuso de sustancias.El psiquiatra criticó la falta de diligencia de algunas comunidades en aplicar la ley de la dependencia y "las inequidades y falta de coordinación"Asimismo, Bobes denunció que los recursos que se dedican a la rehabilitación psiquiátrica de los pacientes con discapacidad son insuficientes aunque reconoció que en la última década se había advertido una mejora clara en todas las autonomías.
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A 17.000 personas solo les falta un papel
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El 27% de los discapacitados, sin ayudas
El número de discapacitados en la Comunitat asciende a 452.800, con una tasa del 9,92%
EFE La tasa de discapacidad en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 9,92 por ciento y , según el avance de resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD).En el conjunto nacional, en 3,3 millones de hogares españoles reside al menos un discapacitado -un 20 por ciento del total- y en 608.000 de ellos la persona vive sola, segúnLa encuesta, publicada hoy por el INE, sitúa el número de personas con discapacidad en 3,8 millones, el 8,5 por ciento de la población.La tasa de la Comunitat es algo superior a la media nacional, fijada en el 8,97 por cien habitantes.Los resultados muestran que más de dos millones reciben asistencia, supervisión o cuidados personales y casi millón y medio ayudas técnicas.Sin embargo, más de un millón de personas afirman no recibir ningún tipo de ayuda para realizar las actividades para las que tienen discapacidad (el 26,6 por ciento del colectivo).Por sexo, se observan diferencias significativas: el 31,7 por ciento de los hombres con discapacidad no goza de ninguna ayuda, frente al 23,2 por ciento de las mujeres.Cuando se analizan los tipos de ayuda, el 60,7 por ciento de las mujeres tiene ayuda de otras personas, frente al 47,1 por ciento de los hombres.El perfil de la persona principal que presta cuidados personales es una mujer, de 45 a 64 años, que reside en el mismo hogar que la persona a la que cuida.Según la encuesta, más de 2,3 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 millones de hombres.Si se compara esta estadística con la realizada por el INE en 1999, la cifra de personas con discapacidad ha crecido en 320.000.Sin embargo, dado que el crecimiento de discapacitados ha sido menor que el del total de la población, la tasa de discapacidad ha bajado del 9 por ciento de 1999 hasta el 8,5 por ciento en 2008.Como conclusión, se puede afirmar que, en general, la discapacidad aparece a edades más tardías, aunque haya aumentado el período de exposición al riesgo de discapacidad debido al aumento de la esperanza de vida.En 2008 la edad media de las personas con discapacidad es 64,3 años, mientras que en 1999 era de 63,3.En el grupo de 65 y más años, la edad media se sitúa en 78,8 en 2008 frente a 77,1 en 1999.Por otro lado, en un total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona que afirma tener una discapacidad, lo que supone un 20 por ciento de los hogares españoles, y en 608.000 de éstos la persona con discapacidad vive sola.No obstante, el caso más frecuente es el hogar de dos miembros donde uno de ellos presenta alguna discapacidad.Los principales grupos de discapacidad de las personas residentes en hogares son los de movilidad, vida doméstica y autocuidado.La encuesta ha investigado también las deficiencias que causan la discapacidad, entendiendo por deficiencia cualquier problema en alguna estructura o función corporal.Las deficiencias más frecuentes son las que afectan a los huesos y articulaciones (un 39,3%), las del oído (23,8 por ciento), las visuales (21 por ciento) y las mentales (19 por ciento).En las mujeres destacan los problemas osteoarticulares, cuya presencia es más del doble que la de cualquier otro grupo de deficiencia.La causa más frecuente de las deficiencias es alguna enfermedad (casi siete de cada diez casos), predominando una enfermedad común no profesional.El segundo factor más importante son otras causas, especialmente para el tramo de edad de 80 y más años, debido a que en esta rúbrica se incluye el envejecimiento como origen de la deficiencia.Le siguen los accidentes y los problemas perinatales (causas congénitas o problemas en el parto).La EDAD 2008 ha investigado por primera vez los centros residenciales de personas mayores, los específicos de personas con discapacidad y los hospitales geriátricos y psiquiátricos de larga estancia.Según los resultados de la encuesta, 269.400 personas que residen en este tipo de centros afirman tener alguna discapacidad (92,7% del total).
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Los olvidados de la dependencia
Los psiquiatras exigen una revisión del baremo para incluir las enfermedades mentales
P. G. del Burgo, ValenciaLos enfermos mentales son los eternos malditos y olvidados, porque de ellos solo se acuerdan sus familias y los psiquiatras y profesionales que los atienden, quienes ayer reclamaron en Valencia una revisión del baremo de la Ley de la Dependencia para incorporar la discapacidad mental que ahora ni se plantea. Esta fue una de las reivindicaciones que ayer planteó el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, Julio Bobes, quien manifestó que estos pacientes "precisan un estímulo para realizar sus actividades cotidianas, tareas domésticas y para adoptar decisiones sociolaborales y personales".El especialista exigió que la ley de la dependencia tenga en cuenta los informes de los psiquiatras clínicos, de los cuidados que requieren y de la situación social en la que se encuentran estos enfermos ya que el médico de atención primaria, en muchas ocasiones, no conoce la gravedad del paciente ni el impacto sobre sus cuidados.De hecho, entre las diez enfermedades más discapacitantes hay diversas patologías mentales como el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo y el abuso de sustancias.El psiquiatra criticó la falta de diligencia de algunas comunidades en aplicar la ley de la dependencia y "las inequidades y falta de coordinación"Asimismo, Bobes denunció que los recursos que se dedican a la rehabilitación psiquiátrica de los pacientes con discapacidad son insuficientes aunque reconoció que en la última década se había advertido una mejora clara en todas las autonomías.
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A 17.000 personas solo les falta un papel
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