dissabte, 8 de juliol de 2017

Madrid dedica una de sus plazas a Corpus Barga


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VIERNES, 7 DE JULIO DE 2017

Corpus Barga


 

Madrid dedica una de sus plazas a Corpus Barga (Andrés García de la Barga y Gómez de la Serna).
En 1974 obtiene el premio de la crítica literaria por su novela "Los galgos verdugos" que  se desarrolla en Belalcázar, donde sigue  en ruina su casa familiar. En 1975,  la Asocición de la prensa de Madrid le nombra periodista de honor.  Corpus muere  en su exilio de Lima, en agosto de ese mismo año.
En 1939,  acompaña hasta Collioure a la familia Machaado y lleva en brazos al hotel de Madame Quintana a Doña Ana, la madre del poeta, que le susurra durante el trayecto "Llegaremos pronto a Sevilla? 
Corpus Barga es uno más de la España peregrina,  olvidada, ignorada o mal conocida. Hay tanta riqueza escondida todavía en esa España, tantos valores humanos de excelencia y de ejemplaridad que solamente una sociedad suicida puede olvidar o despreciar.
Este copista se alegra con la decisión del pleno del Ayuntamiento de Madrid y espera que sirva para dar a conocer la obra como escritor y periodista de Corpus Barga

MEMORIA / ANDALUCISMO. Francisco Pimentel.



MEMORIA / ANDALUCISMO

(Publicado en Ronda Semanal el Sábado 08.07.2017)

Recuperar la memoria de Blas Infante en las tres dimensiones establecidas por la ONU con el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, debería ser la prioridad para todos los andaluces y especialmente de aquellos que se reclaman “andalucistas”. Pero todos los grupos que se reclaman del andalucismo, al igual que todos los demás grupos políticos que han aceptado por las buenas o a regañadientes las consecuencias de la transición vigilada y del golpe “fallido” del 23F, practican un andalucismo descafeinado para desgracia de Andalucía que sigue siendo tierra conquistada.

Ahora Ronda con la petición de Hijo Adoptivo para Blas Infante está recuperando otra parte de su magna historia que el franquismo ocultó, tergiversó y distorsionó para que sigamos sometidos. El asesinato de Blas Infante es el más grande atentado terrorista cometido contra todos los andaluces. 

Así nos lo cuenta María Serrano, querida amiga y periodista comprometida con Andalucía y la Memoria Histórica: Madrugada del 11 de Agosto de 1936. Blas Infante es conducido al kilómetro cuatro de la carretera de Carmona. Tenía 51 años. Era y es el padre de la Patria Andaluza, por eso gritaría frente al pelotón de fusilamiento en dos ocasiones ¡Viva Andalucía Libre! Su cuerpo se encuentra sepultado bajo una de las ocho fosas comunes del cementerio municipal de San Fernando. Ninguna administración ha querido, hasta el momento, buscar sus restos… Manuel Ruiz, biógrafo del ideólogo andaluz, recuerda como Infante fue arrestado en su casa de “Villa Alegría” el 2 de Agosto por un grupo de falangistas: “Fue llevado al cuartelillo de Falange, situado en la Cámara Agraria de la calle Trajano… La noche del 10 de Agosto fue sacado junto a otras autoridades de la Sevilla republicana”… Frente al pelotón lo acompañaron José González Fernández de La Bandera, que fue alcalde de Sevilla en 1932, Manuel Barrios, diputado socialista, Fermín Zayas, personalidad de la masonería sevillana o Emilio Barbero Núñez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y militante de Unión Republicana. 

Angustias García Parias, mujer de Infante, no olvidó ni un solo día de su vida los sucesos de la cruel detención de su marido. “Empezaron a tomar la plaza cuando llamaron a la puerta principal de mi casa. El Sargento Crespo de Falange y otro fueron a por Blas. Se lo llevaron así como el aparato de radio y el altavoz entre las 11 y 12 de la mañana. Los aparatos volvieron pero él no". 

Manuel Ruiz apunta en su libro Blas Infante Pérez 1885 -1936, como “la insurrección golpista y la posterior guerra vienen a impedir dramáticamente el proyecto autonómico como otros muchos de carácter progresista”. Ni el favor del entonces gobernador civil de Sevilla, Pedro Parias, tío directo de la mujer de Blas Infante, permitió que se salvara de aquel trance final. Estaba todo más que pactado desde arriba por una orden militar y nada se podía hacer por él. A pesar de que Infante, tal y como afirma Manuel Ruiz, fuera considerado como “un pacífico ciudadano, demócrata y un republicano profundamente convencido, un andaluz humilde y comprometido que luchó por una Andalucía libre de todo tipo de injusticias”.

La reconocida lucha por aquel andalucismo permitió que Infante fuera reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía como el verdadero "Padre de la Patria Andaluza”.

Francisco Pimentel 
Facebook: Memoria Histórica de Ronda


Acuerdo para la exhumación de la fosa común del cementerio de Las Palmas. Comienzan las pruebas de ADN

http://www.tercerainformacion.es/articulo/memoria-historica/2017/07/06/acuerdo-para-la-exhumacion-de-la-fosa-comun-del-cementerio-de-las-palmas-comienzan-las-pruebas-de-adn



El Comité Popular por la Exhumación de la Fosa Común del Cementerio de Las Palmas integrado por Familiares Fusilados San Lorenzo, Foro Canario Víctimas del Franquismo, PCPC, CCOO, FSOC, Comité de Empresa de Guaguas Municipales, Asociaciones de Vecinos y otros colectivos sociales.,  ha manifestado su satisfacción con el acuerdo para la exhumación de este lugar de exterminio fascista y que se haya abierto el proceso para el desarrollo de las pruebas de ADN a las familias de las víctimas.
En reunión celebrada en el Cabildo de Gran Canaria el pasado martes 19 de junio en la que participamos el Comité Popular por la exhumación del cementerio de Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el grupo de expertos y expertas del Departamento de Historia de la ULPGC que conformará la comisión que se encargará del nuevo estudio sobre dicha exhumación, se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Dicho estudio tiene la finalidad de abrir la fosa, por lo que se mantendrá informado al Comité de los avances del estudio y de los posibles escollos que se puedan ir encontrando, así como de cualquier otro dato de interés, la coordinación entre ambos será constante.
2. Se pretende llegar al nivel máximo de reparación: localización de fosas, exhumación, identificación, entrega a los familiares.
3. Cabildo y Ayuntamiento se encargarán de los costes que genere dicho estudio y la posterior exhumación, pruebas de ADN, devolución de los restos a las familias, etc.
4. El estudio tendrá tres fases: recogida de datos, tras la cual se hará un primer informe con la valoración del volumen de trabajo (aproximadamente en septiembre u octubre), segunda fase de estudio, tanto de las posibilidades de exhumación de las dos personas reclamadas como del resto de represaliado, y, por último, presentación del estudio final a medidos 2018.
5. Se pedirá al Gobierno de Canarias que incluya en la nueva ley de Memoria Histórica la creación de un banco de ADN. (Mientras esto se produce se alcanzará un acuerdo con el Instituto Anatómico Legal para garantizar la cadena de custodia en las pruebas que son necesarias realizar en estos momentos, dada la avanzada edad de los familiares directos a los que se le hará la prueba cuando antes)
6. Pedir ilegalización de los “juicios sumarísimos”
7. Comienzo de las pruebas de ADN a las familias de las personas asesinadas y enterradas en esta fosa común.
8. Llamamiento a las familias de los asesinados para el desarrollo de dichas pruebas genéticas.
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de julio de 2017

El Parlament abre la puerta para juzgar los crímenes del franquismo en Cataluña

https://www.cuartopoder.es/espana/justicia/2017/07/07/cataluna-abre-camino-al-declarar-ilegales-63-961-juicios-de-la-dictadura/


MEMORIA HISTÓRICA / La Asamblea catalana declara ilegales 63.961 consejos de guerra de la dictadura


LUIS DÍEZ| Publicado:  - Actualizado: 09:05
justicia franquista en Cataluña
Tropas de Franco entran en Barcelona el 6 de enero de 1939.
“Ilegales, nulos de pleno derecho”. Eso fueron los 63.961 consejos de guerra hechos por la justicia franquista en Cataluña y de los que se derivaron miles de condenas a muerte y 3.358 ejecuciones, incluidas 17 mujeres. Así lo ha declarado el Parlamento de Cataluña en una ley sin precedentes, aprobada el jueves, 29 de junio, por unanimidad: 129 votos de los diputados presentes del total de 135. ¿Qué recorrido puede tener la norma en el conjunto del Estado? ¿Será secundada por otros Parlamentos Autonómicos? ¿La recurrirán ante el Tribunal Constitucional? ¿Cómo fueron aquellos juicios, ahora declarados ilegales y con las sentencias nulas por los representantes del soberano?
Vaya por delante que la sesión del Parlamento catalán fue bien emotiva. Allí estaban Josep Companys, sobrino-nieto del presidet Lluis Companys, detenido en Francia por la Gestapo cuando iba a visitar a su hijo enfermo, entregado a Franco, que había una lista de 1.600 intelectuales y políticos a las autoridades fascistas de la Francia ocupada para que los detuvieran, y fusilado el 15 de octubre de 1940 en el foso del castillo de Montjuit. También estaba Raimon Carrasco, hijo de Manuel Carrasco i Formiguera, un fervoroso católico nacionalista catalán de Unió Democrática, encarcelado en Burgos durante ocho meses y finalmente fusilado; Manuel Martínez Arcos, procesado y condenado; Mercè Puig Antinch, hermana de Salvador, el penúltimo ejecutado por la dictadura en Cataluña; María Salvo, María Gadea, y así más de doscientas víctimas y familiares de demócratas criminalizados y asesinados por la dictadura.
También se hallaban en el pleno del Parlament, celebrado veinticuatro horas después de la solemne sesión borbónica del Congreso para conmemorar el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas, el presidente de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes y el director del Memorial Democràtic, Plàcid García-Planas, junto a los miembros y dirigentes de otras entidades ciudadanas y de la memoria democrática. Hacia todos ellos tuvieron la ponente de la ley, Montserrat Palau Vergés, y los demás portavoces, palabras de gratitud y reconocimiento por sus iniciativas. La emoción estalló tras la votación y fue canalizada hacia el canto de El Segadors.
El primer efecto político de la ley catalana ha sido la aceptación por parte del dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, de una Comisión de la Verdad que ponga fin a la ignominia franquista y la impunidad que se derivó de la amnistía de 1976, tramitada como ley un año después. Si la amnistía equiparó a los verdugos con las víctimas, y la Ley de Memoria Histórica de 2007 declaró “ilegítimas” pero no “ilegales” las condenas de los tribunales franquistas a los demócratas, razón por la cual ERC no la respaldó, la ley catalana repone la legalidad que los golpistas del 18 de julio de 1936, encabezados por el general Francisco Franco, conculcaron gravemente, dando lugar a la Guerra Civil, y anula todas las sentencias de los Consejos de Guerra contra los demócratas en Cataluña desde 1936 hasta la aprobación de la Constitución a finales de 1978.
Y algo más hace: ordena que se hagan públicos los cerca de sesenta y cuatro mil expedientes para que la gente pueda conocerlos desde el mismo día en que el Boletín Oficial de la Generalitat publique la ley. Cuentan con la ventaja de poseer un archivo propio, el Arxiu Nacional de Catalunya. El letrado Cruanyes, presidente de la Comisión de la Dignidad, considera “muy acertada y necesaria” esta medida, pues “ha habido casos de personas que creían que sus parientes habían muerto en el frente y se han llevado una sorpresa al descubrir que habían estado presos y fueron ejecutados”.
justicia franquista en Cataluña
Presos del campo de trabajo de Tarragona. Subirats en la fila superior, primero a la derecha (Foto del archivo familiar)
Cruanyes recuerda que se reunió con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño (después ministro de Justicia), para acordar el texto de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se mostró dispuesto a todas las medidas necesarias en favor de las víctimas, “se cerró en banda ante nuestro planteamiento de que se anulasen todas las sentencias del franquismo”. La ley de Zapatero reconoció el carácter injusto e ilegítimo de los tribunales de excepción franquista (así como otros aspectos como la concesión de la nacionalidad a los hijos y nietos de los exiliados y a los brigadistas internacionales, la investigación de las fosas, la supresión de los nombres y símbolos de la dictadura de los lugares públicos, etcétera), pero no anuló las condenas. Sólo ofreció el “reconocimiento moral” (mediante un diploma oficial) a las víctimas. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, una jueza al fin y al cabo, fue permeable a la oposición del PP y prefirió el acuerdo al recurso de inconstitucionalidad de la derecha. Ahora, por primera vez, destaca Cruanyes, una Cámara legislativa proclama que “la justicia franquista fue ilegal”.
Aunque la mayoría de los diputados del PP (11 escaños) votaron a favor, su portavoz, Fernando Sánchez Costa, explica que “lo importante es seguir trabajando por la reconciliación” y aclara que la norma catalana, con independencia de las discusiones jurídicas a las que pueda dar lugar, no tiene por qué ser extrapolada a otras autonomías, “porque la historia es muy compleja y el principio de la reconciliación, que es el que importa, se expresa de forma muy diferente en cada territorio y en cada momento. En Cataluña consideramos que es positivo para la convivencia reconocer y declarar nulos los juicios de la dictadura, y por eso votamos favorablemente”. En el caso de Ciudadanos, su portavoz, Matías Alonso, dice que la ley catalana “complementa” la de Memoria Histórica y echa en falta una referencia a la ley estatal en el texto aprobado.
Aunque el Gobierno ha optado por el silencio y los responsables del Grupo Parlamentario Popular prefieren no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma catalana, las fuentes consultadas estiman que el mayor varapalo se dirige al Tribunal Supremo, cuya Sala Quinta (de lo Militar) ha fallado reiteradamente durante cuarenta años contra la revisión y anulación de las condenas a más de sesenta dirigentes republicanos, entre ellos el que fuera presidente del Congreso, Julián Besteiro, o el propio Companys. Incluso el presidente de la II República, Manuel Azaña, fue condenado (y expropiado y multado con 100.000 pesetas) después de muerto. La incógnita es si los magistrados interpretarán la norma como un brindis al sol, según la opinión de algunos, o la recurrirán al Constitucional.
Para hacerse idea de la cantidad de personas condenadas y ejecutadas por los consejos de guerra en Cataluña, la ponente Palau Vergés, estima que se necesitarían 36 horas para citarlas por sus nombres y apellidos. ¿Cómo eran aquellos tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominados posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 y hasta finales de diciembre de 1978?
De entre los muchos testimonios, el del periodista de Tortosa (Tarragona) Josep Subirats Piñana es significativo porque durante las cinco semanas que estuvo preso en la Punxa (un convento de frailes habilitado como cárcel) no paró de tomar nota de los condenados fusilados hasta entonces (30 de junio de 1939). “El 15 de marzo habían fusilado en Girona al prestigioso periodista Carles Rahola, del diario L’Autonomista. Fue entonces cuando me di cuenta de la tragedia que íbamos a vivir los periodistas de la prensa comarcal”. Las ejecuciones en la Muntanya de l’Oliva de Tarragona fueron diarias durante los meses siguientes al final de la guerra.
Subirats, que en los años ochenta sería senador por el PSC-PSOE, plasmó sus recuerdos en el libro Pilatos 1939-41, con prólogo de Ramón Rubial. “Durante el mes y nueve días que estuve en la Punxa, el ritmo de juzgados y condenados se mantuvo alrededor de 30 a 40 diarios. Vivía la zozobra de los consejos de guerra. Muchos de mis amigos fueron condenados. Basilio Carrasco, un preso tortosino que recibía noticias del exterior a través de su esposa, Cinta Medina, nos dijo el 7 de julio que dos días antes había sido fusilado Sebastià Campos Terrè en el Campo de la Bota de Barcelona. La noticia fue desalentadora. Campos fue director del periódico El Pueblo; su sucesor, Joan Curto Pla estaba condenado a muerte en la prisión de Pilatos y yo, que fui el último director, a punto de ser juzgado”.
Los fusilamientos fueron masivos en abril y mayo. “En la Punxa se comentaba que el rimo de aplicación de la pena capital en España estaba decreciendo. Según mis notas –escribe Subirats–, el 14 de julio fueron fusilados 42 presos en Tarragona, seguidos de 28 el día siguiente, 12 el día 21, 40 el 8 de agosto y tres en fechas distintas durante ese periodo”. Subirats cuenta casos escalofriantes: el del funcionario municipal de Reus Joan Mannesa Valdespinós, fusilado en base a una denuncia contra un militante del POUM con su mismo nombre y apellidos. “Pese a las gestiones de la familia, los represores no se molestaron en aclararlo”. El del doctor tortosino Primitiu Sabatè Barjau, cirujano y director del hospital municipal, muy querido por la gente. Los juzgadores le acusaron de haber sido diputado de la Coalición de Izquierda Catalana. No era cierto. También fusilaron al alcalde de Tortosa, Josep Rodríguez Martínez, de ERC, pese a haber protegido en el hotel París de la localidad al líder provincial de las derechas y miembro de la “junta técnica” (gobierno de Burgos) Joaquín Bau hasta que fue intercambiado por la familia del general José Miaja.
Por fin llegó el día del juicio para Subirats. Los que comparecían ante el Consejo de Guerra sumarísimo y de urgencia de la Auditoría de Tarragona eran condenados o por “auxilio a la rebelión” a penas de 12,15 ó 20 años y un día (penas benignas entonces) o por “rebelión militar” a muerte o cadena perpetua. La acusación de “rebelión” contra los militares sublevados, no por paradójica, dejaba de ser cruel. “Era el 10 de agosto de 1936, yo fui incluido en el segundo grupo de la vista con otros catorce presos. La vista del primer grupo de Tortosa era a las diez de la mañana y del segundo, a las once. Me llevaron esposado a Felip Subirat Roures, que trabajaba en la imprenta donde editábamos El Pueblo y era un dirigente muy estimado de la UGT y de ERC. Presidía el Consejo de Guerra el entonces coronel Lisardo Doval Bravo, quien había destacado por su crueldad, siendo comandante, contra los mineros asturianos en octubre de 1934. Murió siendo general el 21 de octubre de 1975. El consejo duró poco más de media hora. Se desarrolló tan precipitadamente que el relator apenas tuvo tiempo de leer los cargos contra los 15 acusados. El fiscal destacó la gravedad de los hechos relatados y pidió las máximas penas y el defensor de oficio solicitó un grado menos”.
Subirats y la mayoría de sus compañeros fueron trasladados a Pilatos, la última residencia en este mundo antes de ser fusilados. El actual Museo Arqueológico de Tarragona era una de las cárceles más tétricas de España. Muchos compañeros de aquel periodista fueron ejecutados. Él tuvo suerte y pasó varios años sometido a trabajos forzados, pero salvó la vida. Había nacido en 1920 y era menor de edad penal cuando cometió los “delitos” (periodísticos) de “auxilio a la rebelión” por los que le condenaron. ¿Qué podía importar ese detalle a los secuaces del dictador en su misión de limpiar España de demócratas? Ya es sabido que decenas de miles de condenados por sus ideas políticas de libertad y progreso redimieron las duras condenas en campos de concentración y trabajo, en los que un porcentaje superior a diez de cada cien murieron o enfermaron gravemente. Para que su obra sea recordada y honrada, también el Parlamento de Cataluña aprobó en mayo pasado una iniciativa del PSC, con aportaciones de Junts pel Sí, que ordena a Generalitat impulsar un programa por medio del Memorial Democrático para completar la señalización, adecuación, dignificación y conservación de los campos, edificios, obras e infraestructuras realizadas por los prisioneros de guerra y los batallones disciplinarios.

Un artículo básico y claro

La ley catalana de víctimas de la dictadura tiene “un artículo básico y claro”: “Declaramos ilegales los tribunales de los consejos de guerra que actuaron en Catalunya desde 1938 a 1978, y, en consecuencia, la nulidad de pleno derechos de todas las sentencias que dictaron”. Es el resumen de la ponente de la norma, Monserrat Palau Vergès.
La diputada de Junts pel Sí añade que “los motivos se comprenden y son bien claros. Tal como reconoce la legislación internacional, los derechos humanos y las reiteradas peticiones de la ONU, teniendo en cuenta además, la legalidad vigente entonces, aquellos consejos eran totalmente ilegales y no ofrecían ninguna garantía jurídica, por lo que el Parlamento de Cataluña asume su responsabilidad histórica y declara ilegales todos los procesos y causas y nulas sus sentencias y resoluciones.