Se reanudan las únicas exhumaciones de Madrid en una fosa con 108 fusilados de 9 municipios

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El anterior alcalde socialista del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes dejó aprobada la adjudicación del contrato

JESÚS RICO

28/07/2023 - 18:48

 
 
 
 

Se reanudan las únicas exhumaciones de Madrid en una fosa con 108 fusilados

En Colmenar, yacen más de 100 fusilados de San Sebastián de los Reyes, Colmenar, Soto del Real, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra y El Molar

El verano pasado finalizó la primera fase de exhumación de la fosa franquista del Cementerio viejo de Colmenar Viejo. En este camposanto del norte de Madrid, se documentó el enterramiento de las víctimas de la represión franquista en dos fosas franquistas. Se fusilaron a 108 personas casi en la conclusión de la guerra civil en 1939. Con estos trabajos se lograron localizar a 13 cuerpos, once de ellos se hallaron en ataúdes muy básicos con traumas peri mortem, lesiones en la cabeza o mandíbula provocadas en el momento de la muerte.

Se reanudan los trabajos para las exhumaciones

Esta semana se ha procedido al inicio de la segunda fase de las exhumaciones de las fosas de víctimas de la represión franquista, situadas en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo. Los trabajos, desde su inicio hasta ahora, están siendo posibles gracias a una subvención directa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia.

Víctimas de 9 pueblos de Madrid

Al acabar la guerra, entre abril y noviembre de 1939, 108 personas fueron sentenciadas a muerte por el tribunal militar de la plaza de Colmenar Viejo. Entre las víctimas había 44 vecinos de Colmenar Viejo, 25 de San Sebastián de los Reyes, 16 de Fuencarral, 11 de Hortaleza, 5 de Moralzarzal, 3 de Chozas de la Sierra (Soto del Real), 2 de Manzanares el Real, 1 de Miraflores de la Sierra y 1 de El Molar.

Liderada por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

El proyecto es una iniciativa de la Asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes, apoyado por la agrupación de 7 municipios de la Zona Norte de Madrid con fusilados en Colmenar Viejo, agrupación liderada por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Para no dejar inconcluso los trabajos, el anterior alcalde socialista, Narciso Romero, a través de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en un claro servicio a la memoria y dignidad de las víctimas y de sus familias, aprobó la adjudicación del contrato para desarrollar el proyecto denominado.

Universidad Complutense de Madrid y del País Vasco

El proyecto técnico-científico, elaborado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, consta de tres partes: búsqueda y exhumación de las fosas, estudio antropológico de los restos óseos exhumados y análisis genético para la identificación de las víctimas. Está siendo ejecutado en colaboración con el Equipo A de Arqueología, la Unidad de Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid y el Laboratorio BIOMICs de la Universidad del País Vasco.

Los trabajos han comenzado retomando la excavación en la parte “civil”, excavada parcialmente en el mes de agosto del año pasado. En esta zona no ha habido nuevos hallazgos de interés y en el momento actual no están previstas más actuaciones. Así mismo, ya se han iniciado los trabajos en la zona conocida por los familiares de las víctimas como “el paseo”.

Llamamiento para muestras de ADN de familiares

Las muestras tomadas a los familiares están siendo analizadas en el Laboratorio de Genética (BIOMICs). La Asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes ha hecho un llamamiento a todos los familiares con víctimas en Colmenar Viejo a que donen su muestra y para ello se pueden acercar al cementerio o ponerse en contacto con la Asociación (memoriahistoricasanse@gmail.com).

El sábado 5 de agosto, a las 11 de la mañana, está prevista una ofrenda floral a pie de fosas. Durante ese acto de homenaje, los arqueólogos y antropólogos forenses darán cuenta del estado de las exhumaciones.

Fusilados en las tapias del cementerio

Prosigue así un largo proceso que se espera finalizar dando sepultura digna a los cuerpos sin vida de 107 hombres y una mujer, fusilados en las tapias del cementerio entre el 15 de abril y el 1 de diciembre de 1939 por sus ideas políticas y por defender la legalidad de la II República. Veinticinco de ellos eran vecinos de San Sebastián de los Reyes. Entre ellos se encuentran los restos de Manuel Mateo López, alcalde de la ciudad o el de Facundo Navacerrada Perdiguero, fundador de la UGT local y dirigente de izquierdas, así como otros nombres pertenecientes a la corporación municipal que también fueron asesinados.

El PSOE, vigilante de que no se interrumpa el proceso

Poco antes de finalizar el mandato y por la llegada del PP a la alcaldía, en redes sociales, el entonces alcalde en funciones, Narciso Romero, expresó su satisfacción porque “este asunto, junto a la reciente aprobación de colocación de pedestales y placas conmemorativas en recuerdo de represaliados del franquismo, se lleven a cabo”. Para Romero se trata de “justicia y de dignidad humana”. Además, advertía de que como responsable del mayor grupo de la oposición, esperaba que “no se cayese en la tentación de interrumpir este camino de reconciliación y reparación real, por lo que los socialistas estaremos vigilantes para que ello no suceda”.

La IGP Morcilla de Burgos anuncia el cese de su presidente por sus polémicas palabras sobre las fosas franquistas

 https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/castilla-y-leon/igp-morcilla-burgos-anuncia-cese-presidente-polemicas-palabras-fosas-franquistas/20230728215734076295.html

La IGP "rechaza tajantemente" esas declaraciones que califica "contrarias a nuestros valores"

MARTA CASADO I BURGOS28 DE JULIO DE 2023, 21:58

Las polémicas declaraciones del presidente de la IGP Morcilla de Burgos, Roberto Da Silva, sobre las fosas franquistas y aquellas familias que intentan recuperar los restos de sus familiares represaliados durante la Guerra Civil se han hecho virales y levantando una gran polvareda en las redes sociales a la que se suma el anuncio de la Asociación por la Memoria Histórica de llevar ante la fiscalía las manifestaciones de Da Silva, que llegó a acusar de querer «rescatar huesos para cobrar 400 euritos de pensión», para que sea el ministerio público quien «investigue un delito de injurias». 

La polémica no hizo sino crecer en el día de ayer hasta el punto de que tanto la emisora como la propia IGP han dejado sólo a Da Silva con sus manifestaciones. De hecho, el órgano de gestión de la IGP Morcilla de Burgos, junto a todos sus miembros y productores asociados, «rechazan tajantemente» esas declaraciones que califican como «contrarias a nuestros valores» y anuncian que «se están realizando todas las gestiones necesarias para proceder al cese de Roberto Da Silva González de su cargo como presidente». Los miembros de la IGP burgalesa confían en que tras aclarar su postura no se vaya a ver «distorsionada nuestra imagen ni el esfuerzo y trabajo de todos nuestros productores junto con la grandísima trayectoria que ha demostrado nuestra IGP».

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  La ARMH denunciará al presidente de la IGP Morcilla de Burgos por sus declaraciones sobre las fosas franquistas

La Asociación de la Memoria Histórica va más allá y defiende que el empresario burgalés «ha difamado e injuriado a las familias que buscan a desaparecidos por la represión franquista» al afirmar que «las víctimas de franquismo buscan en las fosas a sus abuelos para cobrar una pensión que no existe». Su presidente, Emilio Silva, asegura que «es algo que supera el derecho a la libertad de expresión porque la intencionalidad de estas afirmaciones es hacer daño a las víctimas del franquismo, injuriarlas al ridiculizar su dolor y reducir la búsqueda de un ser querido a un objetivo económico». 

Emilio Silva, que es nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por prueba genética,  recuerda que «las familias de los desaparecidos por la represión franquista no han recibido compensación alguna como sí lo han hecho víctimas de otras violencias y otros terrorismo». 

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  El presidente de la IGP Morcilla de Burgos sobre las fosas franquistas: "Queremos rescatar huesos para cobrar 400 euritos de pensión"

Por otro lado, el comentario del presidente de la IGP cuando afirmó que «si no han conocido a su padre algunos, a tu madre sí, pero a tu padre no sabes quién era», consideran desde la ARMH que supone «revictimizar a las personas que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detención ilegal, es decir, secuestro; torturas; asesinato; y, finalmente, ocultación del cadáver». 

La ARMH desmiente además las afirmaciones en las que el presidente de la IGP sostiene que hay gente que quiere «rescatar los huesos de los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros pensión» y sostiene que las «familias de los desaparecidos forzados por la represión franquista no han recibido compensación económica alguna como sí lo han hecho víctimas de otras violencias y de otros terrorismos». 

Además, desde la asociación se apoyan en el Artículo 208 del Código Penal para denunciar las declaraciones de Roberto Da Silva: «Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación», El texto añade que «solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves».

En vista de todas estas circunstancias, la asociación ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que «tome las medidas necesarias para sancionar tales hechos y valorar si la emisora tiene alguna responsabilidad al respecto por haberlos publicitado y no haber rectificado». Junto a su escrito han adjuntado el audio de la intervención de Roberto Da Silva en Radio Evolución.  La emisora local emitió ayer un comunicado dirigido a sus oyentes para aclarar que las opiniones ofrecidas por Roberto da Silva «son de carácter personal y no representan la posición de nuestra emisora» y añade que «el video que se ha viralizado «está descontextualizado y no se incluye la reacción del presentador a los comentarios vertidos». La emisora invitará a la ARMH a su programa para que dé «su versión de la polémica».

La ONU insta al Estado a derogar la Ley de Amnistía de 1977.

 https://www.deia.eus/politica/2023/07/28/onu-insta-derogar-ley-amnistia-7101253.html

El Comité contra la Tortura critica que obstaculiza investigar “graves violaciones de derechos humanos”

Carlos C. Borra NTM

28·07·23 | 21:33

Homenaje a las víctimas del 3 de marzo de 1976 tributado este año en Gasteiz. E. P.

La Ley de Memoria Democrática aprobada el año pasado por las Cortes Generales, al igual que sucedió con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de 2007, cuenta con la patata caliente de la Ley de Amnistía de 1977, que sigue en vigor pese a que es el principal instrumento enarbolado por numerosos jueces para evitar investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. El último pronunciamiento al respecto ha llegado por parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que insta al Gobierno español a que estudie la derogación de esa Ley de Amnistía, ya que obstaculiza a su juicio las políticas en favor del reconocimiento y reparación de las víctimas.

El órgano de la ONU, formado por diez expertos y presidido por el mexicano Claude Heller, pone en valor la nueva ley memorialista impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como un avance “en favor del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”. Sin embargo, advierte de que alberga una fisura en su mismo corazón, ya que, “al no haberse derogado la Ley de Amnistía de 1977, no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas, cometidas en España en el pasado”.

Por este motivo, el Comité contra la Tortura, en un pronunciamiento no vinculante, emplaza al Estado a que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los actos de tortura y las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía o prescripción”. También aboga por un cambio en el Código Penal para “excluir cualquier posibilidad de impunidad en relación con la investigación de los actos de tortura y el enjuiciamiento y castigo de sus autores”. 

Peticiones de revisión

La Ley de Amnistía, aprobada el 14 de octubre de 1977, otorgaba el perdón a “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”. Partidos como el PNV han abogado por revisarla y ERC pidió su derogación durante la Comisión constitucional en la que se aprobó el proyecto de Ley de Memoria Democrática, pero el propio PSOE ha puesto pie en pared frente a esta posibilidad.

Naciones Unidas examina de forma periódica la actitud de España con los casos de tortura como firmante de la Convención contra la Tortura, en vigor desde 1987, y los apercibimientos que recibe al respecto son una constante. El informe que se ha conocido hoy es el séptimo al que somete al Estado y cubre el periodo entre 2015 y 2023 tras la visita que una delegación del comité cursó los pasados 20 y 21 de julio.

Derecho internacional

Las asociaciones memorialistas y de derechos humanos también habían tenido oportunidad de trasladar al comité de la ONU sus impresiones respecto al cumplimiento de las últimas recomendaciones dirigidas al Estado español sobre los casos de torturas. Frente al argumentario del Gobierno, que enarbola la aprobación de la Ley de Memoria Democrática como un avance, entidades como Amnistía Internacional, Egiari Zor Fundazioa, La Comuna (de presos y represaliados por la dictadura) y Ceaqua (Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo) expresaron serias reticencias.

Contactado por este medio, el portavoz de la Asociación Víctimas del 3 de Marzo, Andoni Txasko, recuerda que “la normativa internacional en materia de derechos humanos dice que hay que atender el derecho de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición”. Y el Estado “no cumple ninguno de estos preceptos”. 

Califica además de “barbaridad” que no se enjuicien los casos amnistiados en aplicación de la Ley del 77, toda vez que los juristas españoles “aplican el Código Penal interno, asegurando que prevalece sobre el internacional”. Aboga por ello por derogar a Ley de Amnistía, “sobre todo el artículo que deja impunes los delitos cometidos en el franquismo y a sus responsables”, y por modificar el Código Penal para blindar que “la legislación internacional en Derechos Humanos sea aplicada en su totalidad en el Estado”. 

Caso omiso de Moncloa

Sabino Cuadra, miembro de la iniciativa ciudadana Sanfermines 78: Gogoan!, que busca recuperar la memoria histórica sobre los sucesos de ese año en las fiestas de San Fermín, hacía hincapié en que el comité “reitera lo que ya había venido diciendo en ocasiones anteriores, instando a derogar la Ley de Amnistía con la normativa vigente”. De este modo, la ONU “explicita que el Gobierno español no ha hecho caso de sus recomendaciones”.

Destaca a su vez que, “pese a que la aprobación de la Ley de Memoria Democrática era una oportunidad excelente” para sepultar esa normativa de 1977, “se ha dejado pasar y sigue siendo una tarea pendiente esencial en materia de memoria”. Califica la Ley del 77 como “una anomalía democrática” que ha contribuido a “mantener el aparato represivo del Estado”, y recuerda que, a lo largo de los años, “los responsables de la masacre de sanfermines han sido aupados en el cargo”.

Desgaste del Estado

Pese al carácter no vinculante de la resolución de Naciones Unidas, el activista en Derechos Humanos Andrés Krakenberger pone en valor que “es un instrumento para ir a otros sitios donde sí se puede producir una sentencia vinculante”, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese marco ofrecerá “más munición” en favor de resoluciones contra la tortura, insiste. “También puede suponer un desgaste importante de la reputación de España a nivel internacional”, añade.

A preguntas de este medio, Krakenberger recuerda que “leyes similares, como la de Punto Final de Argentina, tuvieron que ser derogadas y hay gente que tuvo que comparecer ante la justicia, tanto del lado de la dictadura como de los Montoneros”. Recuerda por último que “hay muchísima gente afectada” que sigue con vida, por lo que “esta reivindicación sigue teniendo todo el sentido del mundo”.