Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, se ha comprometido hoy con los familiares de las víctimas a retomar los trabajos de exhumación de la fosa común de Bañugues (Gozón) para localizar e identificar los cuerpos de Les Candases, ocho mujeres represaliadas por las tropas franquistas en junio de 1938.
Hasta ahora, únicamente una de ellas, Daría González, ha sido identificada, y su cuerpo, entregado a los familiares, tras unos trabajos desarrollados en 2017, que posteriormente se paralizaron, ha informado el Ejecutivo regional.
Los restos de Daría González Pelayo, exhumados de una fosa común en Bañugues, fueron entregados hoy a sus familiares en un acto en Candás (Carreño) y posteriormente recibieron sepultura en el cementerios parroquial. Daría fue asesinada el 2 de junio de 1938 junto a otras seis mujeres y cinco hombres por el bando franquista durante la Guerra Civil Eloy Alonso | EFE
La viceconsejera ha asegurado que el compromiso de reanudar las labores obedece al convencimiento de la Consejería de Ordenación, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de «comenzar a saldar la deuda histórica de las administraciones públicas con las víctimas del franquismo».
En este sentido, ha destacado que el presupuesto para las políticas de memoria democrática en 2024 asciende a 586.00 euros, «más del doble de lo consignado en el ejercicio anterior».
La viceconsejera ha valorado «el tesón y la voluntad» demostrada por las familias de Les Candases, «que llevan años intentando recuperar no solo los cuerpos de estas mujeres, sino también la memoria de lo que sucedió, en honor a la verdad y la justicia, para la reparación del daño y la garantía de la no repetición».
González ha recordado que el 2 de junio de 1938, cuando la guerra ya había finalizado en Asturias, Áurea, Balbina, Daría, María, Plácida, Rosaura, Rita y Secunda fueron arrojadas al mar Cantábrico desde el cabo Peñes, tras ser torturadas y violadas.
Sus cuerpos fueron hallados días después en la costa de Bañugues y los vecinos de la zona las enterraron en una fosa común del cementerio; informó EFE.
Portbou (España), 30 dic (EFE).- La parte más oriental de Pirineos de la frontera hispano-francesa fue, al acabar la década de los 30 y al comenzar la de los 40 del siglo XX, el cruce macabro de caminos de aquellos que huían del franquismo y quienes lo hacían del nazismo, un trayecto que ahora se pondrá en valor gracias a un proyecto transfronterizo europeo.
La provincia española de Girona y el departamento de Pyrénées-Orientales, ya en Francia, comparten en la actualidad todo un recorrido común formado por diferentes espacios de memoria que recuerdan aquella época; se rinde homenaje a las víctimas y, al comenzar 2024, recibirán un impulso con este proyecto denominado 'Exilios 1936-1946' y dotado con 764.000 euros.
Del lado español, los puntos destacados de ese mapa del exilio tienen que ver con lugares como Portbou, por donde pasaron en 1939 buena parte de los republicanos que acabaron en el campo de concentración francés de Argelès.
Allí fue también donde el filósofo alemán Walter Benjamin se quitó la vida en 1940 antes de que le repatriasen tras atravesar la frontera en sentido opuesto y entrar a España escapando de los nazis.
Las leyes de memoria democrática, con Francia más adelantada en el tiempo sin el peso de una dictadura que se prolongó hasta 1975, han visibilizado estos espacios y han posibilitado un relato compartido entre países que incluye además a Andorra.
Si en Portbou hay un Memorial dedicado a Walter Benjamin, obra del israelí Dani Karavan, o paneles que ilustran el paso de republicanos por el collado de Belitres, un alto desde el que se divisa la vecina población francesa de Cervère, en Argelès se recuerda a los 100.000 españoles a los que se encerró en condiciones infrahumanas en la playa.
La responsable del Memorial Campo de Argelès, Olga Arcos, guía a los visitantes y ensalza la continuidad del relato sobre el exilio a uno y otro lado de la frontera.
Arcos explica que, después de que fuese un tema "silenciado" en Francia por las miserables condiciones en que estuvieron aquellos españoles, se ha recuperado todo aquel pasaje.
"El año que viene hará un cuarto de siglo que el Ayuntamiento de Argelès-sur-Mer decidió investigar sobre esta memoria y transmitirla", detalla, a la vez que recuerda que ese gesto tardó más en producirse en España.
El recorrido por la memoria de Argelès enlaza de manera natural con la denominada Maternidad de Elna, el edificio que Elisabeth Eidenbenz convirtió en lugar seguro para que aquellas republicanas españolas que tuvieron que dar a luz en Francia lo hiciesen en condiciones dignas.
Aquella suiza, llegada a España en 1937 como voluntaria de ayuda humanitaria en plena Guerra Civil, continuó su labor en territorio francés y proporcionó a aquellas madres "un momento de tranquilidad fuera del campo de concentración".
Quien lo explica es la persona al frente de la Maternidad de Elna como espacio visitable, Beatrice Verhille, que señala que allí se muestra "una historia que aporta esperanza y explica que dentro de la guerra hay un poco de luz".
Una de las personas que trabaja con todo este legado es el historiador David González, del Observatorio Europeo de Memorias, quien precisa que todos estos espacios transfronterizos van del exilio republicano a las deportaciones, internamientos y a la Segunda Guerra Mundial.
González cita puntos clave en España como el Museo Memorial del Exilio de La Jonquera, la mina de La Vajol donde se escondieron los cuadros de El Prado camino de la frontera o, ya en Francia, los campos de Argelès, Rivesaltes o la tumba de Machado en Collioure.
De Portbou concluye que destaca "por ser un lugar que transfiere una memoria dual, la de los que huyeron del final de la Guerra Civil española y la de aquellos que, huyendo de la deportación y el holocausto, tomaron el camino contrario desde Francia con el objetivo de entrar a España para escapar a un tercer país, habitualmente de Latinoamérica, Estados Unidos o al antiguo protectorado de Palestina".
Actualmente, se puede rememorar aquel capítulo de la historia de Europa a través de estos escenarios, que vivirán un nuevo impulso con el arranque de ese proyecto transfronterizo a tres años para recuperar la memoria compartida del exilio. EFE
La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, se ha comprometido este viernes con los familiares de las víctimas a retomar los trabajos de exhumación de la fosa común de Bañugues (Gozón) para localizar e identificar los cuerpos de Les Candases, ocho mujeres represaliadas por las tropas franquistas en junio de 1938.
Hasta ahora, únicamente una de ellas, Daría González, ha sido identificada, y su cuerpo, entregado a los familiares, tras unos trabajos desarrollados en 2017, que posteriormente se paralizaron, ha informado el Ejecutivo regional.
La viceconsejera ha asegurado que el compromiso de reanudar las labores obedece al convencimiento de la Consejería de Ordenación, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de “comenzar a saldar la deuda histórica de las administraciones públicas con las víctimas del franquismo”.
Reunión con la viceconsejera, la directora de memoria y el alcalde de Candás.
En este sentido, ha destacado que el presupuesto para las políticas de memoria democrática en 2024 asciende a 586.00 euros, “más del doble de lo consignado en el ejercicio anterior”.
La viceconsejera ha valorado “el tesón y la voluntad” demostrada por las familias de Les Candases, “que llevan años intentando recuperar no solo los cuerpos de estas mujeres, sino también la memoria de lo que sucedió, en honor a la verdad y la justicia, para la reparación del daño y la garantía de la no repetición”.
González ha recordado que el 2 de junio de 1938, cuando la guerra ya había finalizado en Asturies, Áurea, Balbina, Daría, María, Plácida, Rosaura, Rita y Secunda fueron arrojadas al mar Cantábrico desde el cabo Peñes, tras ser torturadas y violadas.
Sus cuerpos fueron hallados días después en la costa de Bañugues y los vecinos de la zona las enterraron en una fosa común del cementerio.
La Casa de Colón está dispuesta a devolver los cuadros a los herederos de Pedro Rico. El Cabildo cree que es de “justicia social”, pero espera por un informe de la Abogacía del Estado y lo que determine el Ministerio de Cultura
Los cinco cuadros de Pedro Rico conservados en el Museo de Colón. Alejandro Ramos
Cuando estalló la Guerra Civil española, la República incautó obras de arte para asegurar su protección, entre ellas, las de Pedro Rico, que fue alcalde republicano de Madrid en dos ocasiones (1931-1934 y 1936). Era poseedor no sólo de una colección de obras de arte, sino de una biblioteca y de un archivo personal. Una Ley de 1933 (que siguió en vigor durante la dictadura hasta la democracia) permitía confiscar temporalmente estos bienes y depositarlos en un museo. Más tarde, una orden ministerial de 1939 estableció que habría que realizar un inventario y publicarlo para que los propietarios reclamaran la devolución de los bienes incautados. Sin embargo, Rico nunca pudo solicitar la recuperación de sus obras porque se encontraba en el exilio, forzado por el régimen franquista, que lo amenazó de muerte.
Es con la última Ley de Memoria Democrática, que reconoce “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, con la que los herederos de Pedro Rico han iniciado un proceso para que les sean devueltas las obras que siguen en distintos museos españoles. De un total de 25 localizadas, cinco de ellas se encuentran en un museo de Gran Canaria, la Casa de Colón, que ha iniciado un procedimiento administrativo para restituir estos bienes. La abogada de la familia, Laura Sánchez Gaona, explica que ese derecho de resarcimiento es clave para obtener una reparación integral de las víctimas de la guerra y la dictadura y así lo recoge la propia Ley.
Sánchez indica que la incautación se hizo en la época republicana de forma legal, pero lo que no es legal es la apropiación que después hizo el régimen franquista o la no devolución de esos bienes, y que “en el caso de los exiliados es todavía más grave porque no podían reclamar”. La vida de Rico corría entonces peligro si regresaba a España, donde existía, entre otras, la Ley de 1939 de Responsabilidades Políticas. Él y su familia son, por tanto, víctimas del franquismo.
'El patio de una posada', uno de los cuadros incautados a Pedro Rico y que La Casa de Colón quiere restituir a su familia. Alejandro Ramos
En marzo de este año, la Casa de Colón recibía formalmente un requerimiento de la abogada de la familia Rico para que cesara la relación de depósito y para la restitución material de cinco obras pictóricas depositadas en el museo. En concreto, en este museo se encuentran los lienzos: Toro desmandado, Una fiesta en la dehesa y Un baile de majos; los tres de Eugenio Lucas Velázquez; El patio de una posada, de Francisco Domingo Marqués y Toro Fogueado, de Roberto Domingo Fallola.
Después de un intercambio de documentación requerida y subsanaciones, el Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria ha emitido un informe en el que se concluye que Francisca Rico y Pedro Rico tienen la condición de “herederos” y, por tanto, tienen la consideración de “víctimas” y de interesados en el procedimiento administrativo. Así mismo, expone que existe la “obligación” de “reparación integral” a través del “resarcimiento de los bienes incautados durante el golpe de Estado, la guerra y la dictadura”, así como la “dignificación de las víctimas”.
Detalle de 'Una fiesta en la Dehesa', uno de los cuadros robados a Pedro Rico. Alejandro Ramos
Un deber moral y de memoria
En el informe del Cabildo se remarca que todo ello es “un deber moral” en la vida política y un “deber de memoria”, signos ambos de calidad democrática. Además, concluye que “los herederos de Pedro Rico nunca llegaron a perder la titularidad de estos cuadros, de forma que la Administración General del Estado y el Cabildo de Gran Canaria han sido meros depositarios de facto de aquellos”. El documento señala que “se cumplen los requisitos formales y materiales” para la restitución material de los cuadros requisados“ y que la competencia del Cabildo de Gran Canaria ”en tanto a que ha sido tenedor de buena fe de los cuadros en el ejercicio interrumpido de sus funciones museísticas de más de ochenta años“ y, de ”conformidad con lo que disponga el informe de la Abogacía del Estado“ para tramitar la devolución de los cuadros.
Con todo ello, se acuerda suspender el plazo máximo para resolver el procedimiento de restitución material de determinadas obras pictóricas ubicadas en la Casa de Colón, hasta que la Abogacía del Estado dicte el correspondiente informe. Así mismo, se concluye notificar al área de Colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales.
La actual consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina (PSOE), explica que con la Ley de Memoria Democrática en mano se inició ese procedimiento después de que los herederos de Pedro Rico se pusieran en contacto con la corporación insular. “Lo que hemos hecho ha sido custodiar esas piezas (que nadie, ni el Ministerio ha reclamado en estos 80 años) y hemos cuidado nosotros de ese patrimonio”, indica. Cree que lo importante es que desde el punto de vista ético y legítimo esas obras pertenecen a la familia.
Señala que el Cabildo ha hecho todo lo que está en su mano y que aún no ha podido ver el informe de la Abogacía del Estado, que no se ha adelantado a los museos hasta que el Ministerio de Cultura emita su propio dictamen. “Si dependiera de nosotros, habríamos devuelto las obras a la familia”, indica la consejera, que agrega que esos cuadros corresponden a los herederos de Rico porque “las circunstancias en las que fueron incautados les da toda la razón”.
'Toro desmandado', uno de los cuadros robados a Pedro Rico. Alejandro Ramos
Medina apunta que “es de justicia social” y que la “memoria democrática está para eso, para que de alguna manera restituyamos el honor y los bienes de esas personas que en su momento fueron amenazadas”. “Nosotros la interpretación que hacemos es que no somos titulares, pero llevamos 80 años cuidando esas obras y hemos iniciado un expediente y nos hemos preocupado y es una pena que tengamos que pararnos aquí”, resume la consejera, que defiende que en el Cabildo se intenta hacer valer la memoria histórica en la línea programática de las diferentes áreas.
A la espera del Ministerio de Cultura
La abogada Laura Sánchez Gaona subraya que el informe de la Abogacía del Estado es facultativo, no vinculante y lamenta que se esté ralentizando tanto este proceso. Sí cree que hay esperanza en que un museo como la Casa de Colón haya iniciado este expediente con esas conclusiones. Cree que aún queda mucho por hacer en España en materia de memoria histórica y en el resarcimiento de bienes incautados.
La abogada ha comunicado al Ministerio de Cultura, además, que en el portal de incautaciones se menciona una orden del período franquista, que recuerda que no debería ser considerada válida a día de hoy. En concreto, en dicho portal se expresa que “en 1940 se publicó una Orden concediendo a los propietarios un plazo máximo de tres meses para la retirada de los objetos de los almacenes del Servicio, al término de los cuales, de no haberse hecho cargo de sus pertenencias, se entendería que renunciaban a su propiedad en beneficio del Estado. A partir de entonces comenzaron las entregas de objetos en depósito a distintos organismos públicos de toda España, así como a la Iglesia”.
En uno de sus últimos escritos al Ministerio también recuerda que Pedro Rico fue exiliado al ser amenazado de muerte y que nunca pudo recuperar sus bienes incautados pues “no llegó a existir un procedimiento de inventariado y devolución” y esas obras siempre permanecieron en un depósito. Así mismo, recuerda que sus clientes tienen una edad, condiciones de salud y económicas que “en cualquier momento pueden perder la oportunidad de verse resarcidos, cuando todo está absolutamente a favor de ellos, en el plano moral y en el legal”.
'Un baile de majos', uno de los cuadros incautados a Pedro Rico, que La Casa de Colón quiere devolver. Alejandro Ramos
Sánchez Gaona subraya que desde un primer momento hubo buena predisposición con el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero el único museo que ha abierto ese expediente de restitución hasta el momento es la Casa de Colón. Así mismo, tanto ella como el informe del Cabildo recuerdan un precedente en España de restitución franquista: el caso de Ramón de La Sota, aunque se contó para ello con un informe favorable de la Abogacía del Estado.
Esta redacción ha preguntado a la Abogacía del Estado y al Ministerio de Cultura sobre esos informes por los que espera la familia de Pedro Rico, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Cabe recordar que este año el Museo del Prado finalizó su investigación (realizada por el especialista Arturo Colorado) y se concluyó que cuenta con 70 obras incautadas, de las que se conoce la propiedad de 14 de ellas. En una reciente entrevista, este especialista explicó que restituir estos bienes depende de la voluntad política.
'Toro fogeado', uno de los cuadros incautados a Pedro Rico, y que permanece en La Casa de Colón. Alejandro Ramos
Una de las 13 familias que han presentado una querella en el juzgado de instrucción número 1 de Aoiz (Navarra) por lo acontecido en el campo de concentración de Igal-Vidangoz-Roncal es la del miliciano socialista portugalujo Andrés Vítores.
En la misma, se solicita que aquellos hechos sean declarados crímenes contra la humanidad.
Los familiares de personas que «padecieron condiciones de esclavitud laboral y humana, represión y castigo» en este centro reclaman la apertura de una investigación en el ámbito penal.
Tras el golpe de estado del 36 y la guerra civil, cientos de miles de personas (excombatientes y disidentes políticos) fueron recluidas en campos de concentración u obligadas a realizar trabajos forzados en batallones de trabajadores.
Era una de las formas que el régimen franquista utilizaba para castigar al bando perdedor; “las condiciones de vida eran de extrema dureza y crueldad: alimentación pésima y deficiente, vestimenta harapienta, condiciones sanitarias deplorables, frío intenso durante el invierno, agresiones por parte del personal militar responsable de su vigilancia, ejecuciones extrajudiciales, muertes por enfermedad…”
Hasta ahora, sólo la jueza Servini en Argentina había investigado los crímenes de la dictadura de Franco.
Se espera que a ésta le sucedan muchas otras querellas en el estado español.
Por ser una familia portugaluja una de las denunciantes, el pleno de la villa; con los votos de todos los grupos políticos a excepción del PP que se ha abstenido; ha aprobado una moción de apoyo a la causa.
Marta García Carbonell y Maria Palau Galdon en la presentación del libro "Indignas hijas de su patria: crónicas del Patronato de Protección de la Mujer en el País Valencià"FRANCISCO CALABUIG
Por brujas. Por desgraciadas, extraviadas, desviadas. Por vivir según unos patrones de comportamiento que escapan del control masculino y el encierro doméstico. Por ser un escándalo para la moral pública, haber perdido el temor a Dios y a la justicia e incitar a los pobres hombres al pecado fuera del matrimonio. Condenadas a la reclusión, encerradas en centros donde debían expiar sus culpas con el trabajo y la oración. Por brujas.
Así comienza “Indignas hijas de su patria: Crónicas del Patronato de Protección de la Mujer en el País Valencià”, una investigación de las periodistas María Palau y Marta García Carbonell que destapa la maquinaria franquista para enclaustrar, castigar, domesticar y silenciar a todas aquellas mujeres que se salieran de la moral y los valores de la época, encarnados en la esposa del dictador, Carmen Polo.
Se trata de la institución franquista más longeva, ya que se creó al acabar la guerra y no se cerró hasta el año 1985. Es heredera del Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, una institución republicana nacida para luchar contra la prostitución, pero que el franquismo reconvirtió en una máquina de represión para su particular policía de la moral. Solo en la Comunitat, la institución contaba con decenas de centros por los que pasaban miles de mujeres cada año.
Pilar Dasí, una de las supervivientes del Patronato de Protección de la Mujer.F.CALABUIG
En la presentación del libro celebrada en la Institució Alfons el Magnánim, Palau aseguró que no es posible saber cuántas mujeres pasaron por estas cárceles de represión franquista, pero una memoria del organismo en 1952 habla de que 41.300 niñas y adolescentes fueron internadas solo ese año. Muchas más lo fueron sin figurar en los registros.
Las prostitutas encarnaron en su mayoría esa “degeneración” que el estado republicano había traído a España. Mientras tanto, las mujeres españolas fueron “recluidas entre las cuatro paredes de sus casas (o del patronato)” con el objetivo de convertirlas en “el ángel del hogar” y condenadas a una minoría de edad permanente a nivel jurídico, por la cual no podían hacer casi nada sin el permiso de sus maridos. Como resumen Palau y Carbonell "las mujeres se convertían en madres y esposas ejemplares o se arriesgaban a ser perseguidas. Eran castas, domésticas, sumisas y católicas o representaban el mal hecho mujer. Eran santas o eran putas”.
Iglesia y estado
La Iglesia católica fue la principal institución que colaboró con el franquismo para llenar las habitaciones del patronato, que desarrolló sus funciones gracias a la colaboración de distintos sectores de la sociedad; incluida la población civil, autoridades y cuerpos de seguridad.
A día de hoy, muchas de las órdenes que ejecutaron esta represión siguen recibiendo premios por su labor con los más necesitados. Una de ellas es la institución Villa Teresita (Godella) que recibió el año pasado el premio Celia Amorós por su lucha contra la prostitución, según contó Carbonell en la presentación del libro.
El patronato, aseguran las autoras, se llenó de “un amplio perfil de mujeres, alejándose del objetivo fundacional de la institución (la prostitución). La manifestación de una ideología contraria a los valores de la dictadura, las amistades peligrosas, una relación sentimental con un hombre casado, una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, un embarazo extramatrimonial, o ser víctima de abusos sexuales se convirtieron en causas justificables de la reclusión”.
Valencia VLC presentación del libro Indignas hijas de su patria de Marta García Carbonell y Maria Palau GaldonF.CALABUIG
La vida tras las puertas del patronato consistía en “no ocio, soledad y mucho rezo”, explican las autoras, que incluyen en su libro entrevistas con varias mujeres que han pasado por la institución. “Disciplina, lavado de cerebro religioso, trabajo sin cobrar, fregar y rezar”, explica una de las afectadas en el libro. El matrimonio con un hombre era la principal vía de escape de ese particular infierno, pero como desvelan las autoras los suicidios y autolesiones se sucedían, y muchos se justificaron como “intentos de fuga o fallecimientos por causas naturales”.
A esta realidad cabe añadirle muchos casos de bebés robados a las mujeres del Patronato. Según cuentan Palau y Carbonell, se llevaba a las mujeres embarazadas a varios puntos de València y las ingresaban con otros nombres para que no quedara constancia de lo que allí ocurría. Uno de esos puntos era "la casa del Pecado Mortal" hoy reconvertida en una instalación de la Universidad Católica de Valencia (UCV).
Verdad, justicia y reparación en vida
Era sábado. Pilar tenía 19 años y estaba trabajando en su despacho cuando tres policías la esposaron y se la llevaron. Ese día empezó su horrible estancia en el patronato. Allí, entre otras cosas, le hicieron abrirse de piernas delante de un hombre para que le realizaran una "prueba de virginidad". "Fue cruel, humillante y peligroso", recuerda emocionada.
Marta García Carbonell y María Palau, autoras de Indignas Hijas de su Patria.F.CALABUIG
Pilar es una de las supervivientes de aquel patronato por el que pasaron tantas mujeres y una de las que rompe el silencio en el libro de Palau y Carbonell. Explica que a casi todas las deslocalizaban. "A una de Barcelona la podían llevar a Segovia, a una de Cádiz a Donosti... Las puertas estaban abiertas, pero ¿Qué ibas a hacer tan lejos de casa?", recuerda.
Las víctimas como Pilar Dasí piden dos cosas; la primera es que se las reconozca como víctimas de la dictadura en la ley de memoria democrática, y la segunda es "verdad, justicia y reparación", que les pidan perdón y reconozcan su sufrimiento. "En la memoria democrática nos encontramos muchas veces que las personas afectadas están muertas, y son sus hijos y sus nietos los que piden esa reparación. Con el patronato no pasa eso, la mayoría están vivas. Es la oportunidad de dar verdad, justicia y reparación en vida", reivindica Palau.
Consuelo García del Cid es otra de las mujeres que sobrevivió al patronato. Durante la presentación, Dasí reveló que la actual directora de la orden religiosa por la que pasó quería reunirse con ella y pedirle perdón en nombre de toda la hermandad. Pero con una condición: que dejara de hablar del patronato en la prensa. "Dijimos que no. No volveremos a estar en silencio", sentenció Dasí.
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