Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
La diputación saca a la luz un listado de 5.422 valencianos presos del franquismo que fueron sometidos a batallones de trabajos forzados tras la guerra - La abultada base de datos extraída del Archivo Militar evidencia la dimensión de la represión.
Trabajadores forzados del franquismo en las minas de Almadén (Ciudad Real). | LEVANTE-EMV
A Guillermo Berlanga le apodaban «Barbero» y era de Camporrobles. En 1945 desertó de l batallón de Trabajadores Disciplinario de Marruecos para alistarse en la guerrilla antifranquista. En Simat fue herido de gravedad, pero consiguió huir y exiliarse en Francia. El zapatero ontinyentí José Calabuig también huyó de su cautiverio como trabajador forzado en Irrutia después de haber sido apresado por su participación como voluntario en el bando republicano, pero no tuvo tanta suerte: dos días más tarde fue interceptado y acabó falleciendo de una colitis.
Guillermo y José son solo dos nombres en un listado formado por 5.422 valencianos que fueron esclavizados en los batallones de trabajos forzados instaurados por el bando nacional para castigar a «los enemigos de España» desde el inicio de la Guerra Civil. Las identidades de todos y cada uno de ellos, extraídas de entre más de 3.000 cajas de expedientes personales almacenados en el Archivo General Militar de Guadalajara, han sido recopiladas y sacadas a la luz pública por el área de Memoria Histórica de la Diputación de València a través de una base de datos consultable desde el portal web de la corporación provincial.
Lugar de procedencia, batallón asignado, quinta y destino. Esa es toda la fría y burocrática información que -con suerte- recogen los archivos. Detrás de cada número de expediente hay una historia de desesperación y sufrimiento, la mayoría de ellas caídas en el olvido. La documentación sobre los prisioneros de guerra nacidos en los 266 municipios de la provincia de Valencia que el franquismo usó como mano de obra es fruto del trabajo desplegado por un equipo especializado contratado por la diputación bajo la dirección de Josep Màrius Climent.
El historiador de Benicolet, uno de los mayores estudiosos de los batallones de trabajos forzados, documentó los casos de varios represaliados de la Vall d’Albaida como el del zapatero José Calabuig en su libro «El trabajo esclavo durante el franquismo».
Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre el número total de esclavos porque no todos aparecen en las estadísticas, aunque las cifras los sitúan en más de 90.000.
Los datos de los valencianos fueron recogidos de los fondos generados por la Inspección de Campos de Concentración y la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, que se encargaban de supervisar a los prisioneros republicanos desafectos al nuevo régimen.
Es la primera vez que una institución pública los pone a disposición de la ciudadanía. La iniciativa, según el diputado de Memoria Histórica, Ramiro Rivera, pretende acercar una información tan cruda como valiosa sobre todo a historiadores, estudiosos y familiares de represaliados.
No todas las personas sometidas a trabajos forzados eran soldados. También fueron castigadas las esposas de hombres encarcelados o fusilados, obligadas a limpiar calles, a recoger cosechas o a desplegar tares domésticas «en beneficio particular de las élites políticas y económicas», como incide Rivera.
Carreteras y vías férreas
En abril de 1939, la cifra oficial de presos de guerra en España era de 270.000. Franco no solo quiso aislarlos para vigilarlos y controlarlos, sino que los convirtió en un rentable negocio como mano de obra esclava. Cautivos y desarmados, aquellos que en los campos de concentración eran clasificados como «desafectos» al régimen formaron los Batallones de Trabajadores, que se pusieron a construir carreteras y vías férreas, a extraer carbón de las minas o a edificar fortificaciones.
Dormían en barracones, casas abandonadas y cuadras y compartían -según ahonda el diputado- unas lamentables condiciones higiénicas, una escasa alimentación y un deficiente alojamiento. Su memoria está hoy un poco más a salvo.
Colaboración con Fisabio y la UV para la identificación de las víctimas
El Consell aprobó ayer un convenio de colaboración con la Fundación Fisabio y la Universitat de València para desarrollar proyectos de investigación e innovación en la identificación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. La iniciativa contempla la puesta en marcha de nuevas técnicas y metodología en genética, para mejorar los procesos de reconocimiento de los represaliados, aportando desde cada uno de estos ámbitos de conocimiento soluciones a los obstáculos que dificultan la identificación.
Asociaciones de archiveros, de derechos humanos y de memoria han presentado enmiendas al borrador de la ley, en las que sugieren modificaciones para que se facilite el acceso a los archivos sobre la represión franquista. Además plantean la eliminación de la disposición referida a los archivos presidenciales.
Archivos recopilados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ARMH
Hace unas semanas un investigador pidió al presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, que intentara lo que él no había conseguido: acceder en el Archivo Regional de Madrid a datos que pudieran orientar sobre la cifra exacta de personas muertas a causa de las bombas franquistas en la capital española entre 1936 y 1938.
Para ello Silva solicitó datos de los hospitales de aquél entonces, pero la información también le fue denegada, con la excusa de que la Ley de Protección de Datos ampara la privacidad de las personas que aparecen en esos archivos. "Me dijeron que había unos pocos ingresados en los hospitales con problemas de salud mental, y que por tanto había que proteger su derecho a la intimidad", explica a elDiario.es.
Ante la negativa al acceso, Silva escribió a la Agencia de Protección de Datos, pidiendo que se apartara el nombre de esas personas, para poder acceder al resto del listado. "Estamos hablando de personas que en su gran mayoría ya han fallecido, probablemente todas, porque tendrían más de cien años", añade.
Este impedimento para acceder a información valiosa no es aislado. Es habitual que la petición de un documento sea denegada porque en el mismo hay referencias a personas que aún podrían estar vivas, aunque no lo estén. En la práctica muchas veces acceder o no a un archivo depende de la interpretación que un funcionario haga de la norma. Esta ley, junto con la de Secretos Oficiales de 1968, opera a menudo como obstáculo para las familias de víctimas del franquismo, para historiadores, investigadores y organizaciones de derechos humanos. Es decir, dificulta el derecho a la verdad.
Sala de investigadores del Archivo General Militar de Ávila Patrimonio Cultural de Defensa
Evidencias de violaciones de derechos humanos
Miles de documentos continúan siendo inaccesibles, a pesar de que probablemente podrían suministrar evidencias de violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura, claves sobre lo ocurrido, historias de personas, datos sobre las desaparecidas. Es decir, a día de hoy sigue sin haber garantía de acceso a la verdad, un derecho contemplado como tal por Naciones Unidas, clave para la reparación.
Ante esta situación las asociaciones de archiveros han seguido de cerca el desarrollo del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática elaborado por el Gobierno. Su conclusión es que existen algunos puntos que deben ser modificados, si el objetivo de la ley pretende ser facilitar el acceso a información clave. Por eso 48 asociaciones de profesionales de los archivos, de investigadores, de familiares de víctimas, de memoria y de derechos humanos han presentado enmiendas al borrador de la ley, elaboradas por la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública, confiando en que el Gobierno las tenga en cuenta.
Defienden la creación de un censo o catálogo, accesible online, "en el que quede claro qué fondos hay y quién los puede tener", explica Santiago Saborido, director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. "Para ello, se necesitan medios y equipos, hay que invertir tiempo en la búsqueda, catalogación y digitalización", añade.
“Este borrador de ley vuelve a repetir las vaguedades de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que no aportó mayores facilidades para acceder a los archivos
Las 48 asociaciones firmantes de las enmiendas señalan la importancia de garantizar "el acceso a la verdad", es decir, a archivos y documentos sobre la Guerra Civil y la represión franquista, tanto a personas investigadoras como a familiares de víctimas de la represión franquista.
Consideran que el borrador de la ley "vuelve a repetir las vaguedades de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que, lamentablemente, no aportaron ni un mayor uso de los archivos para las víctimas de la represión ni mayores facilidades para consultar los documentos que pueden suministrar evidencias de violaciones de los derechos humanos", y por ello plantean una propuesta alternativa.
El otro asunto que preocupa a los archiveros es el punto del anteproyecto referido a los archivos presidenciales, que "pretende dar carta de naturaleza a una Fundación que se crearía para gestionar los archivos de los presidentes constitucionales, totalmente al margen del Sistema Español de Archivos", algo que consideran "redactado ad hoc para facilitar las cosas a la Fundación Felipe González", encargada de gestionar los archivos del expresidente.
Depósito del Archivo General Militar de Guadalajara Patrimonio Cultural de Defensa
"Que sean accesibles de forma libre"
Las asociaciones firmantes proponen una alternativa al artículo 26 del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, para que los archivos relacionados con la represión "sean accesibles de forma libre, independiente de la Ley de Protección de Datos, y que en ese censo se puedan ir incorporando todos aquellos documentos que el Consejo de Memoria Democrática pueda considerar de interés", señala el presidente de la Asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública, Antonio González Quintana, en conversación con elDiario.es.
"Esta ley no parece atender las tareas urgentes que tienen los archivos por delante, es decir, facilitar un mayor acceso a los archivos y garantizar el acceso a la verdad", indica Sergio Gálvez, archivero e historiador. "Hay una contradicción en el anteproyecto entre el preámbulo y algún artículo. El preámbulo dice que la ley se basará en recomendaciones del Consejo Internacional de Archivos y de la Unesco, lo cual está muy bien porque eso sería un avance en la política de derechos humanos. La sorpresa es cuando vamos a los artículos. Son prácticamente lo mismo que los de la Ley de Memoria de 2007 en lo referido a los archivos", añade.
"Pongamos un ejemplo: En un expediente del año 1952 aparece una dirección postal de un antiguo notario. Eso implica que tienes que, como archivero anonimizar esa dirección, y eso lleva tiempo, porque tienes que digitalizarlo, pasarlo a Adobe, etc. La Ley de Protección de Datos protege unos derechos, pero no hay ninguna disposición que piense en los derechos humanos, contemplados por el Consejo Internacional de Archivos, que señala que hay que garantizar el acceso a cuestiones vinculadas a crímenes de lesa humanidad", prosigue.
Creemos que la situación de la Fundación Felipe González es lo que ha generado este punto final del borrador de la ley, al que nos oponemos.
Necesidad de más recursos
Gálvez subraya que hay que "incluir la política de archivos en primera línea de la agenda política de este país, porque está en juego acceder al pasado y a los derechos de verdad, justicia y reparación. No hablamos de pasado, también de presente y de futuro". Señala además la importancia de garantizar vías específicas de acceso a la información para las víctimas "en los casos en los que se han conculcado los derechos humanos".
"El Estado, si quisiera, podría dotar a los archivos de los recursos precisos para que en un plazo pequeño de tiempo se pueda normalizar una situación que actualmente evidencia el déficit democrático de este país. Es una cuestión de voluntad política", añade.
Otro de los obstáculos que actualmente dificultan el acceso a la información es la falta de capacidad que hay en la red de archivos. Así lo denuncia Henar Alonso, archivera en el Archivo General de Ávila: "No hay capacidad ni material ni humana para gestionar y procesar toda la documentación que tenemos, sobre todo en los archivos judiciales militares".
"Nos preguntan mucho por desaparecidos del bando republicano. De los republicanos no tenemos ni las listas ni los expedientes clasificados como los tenemos de los integrantes del bando sublevado, porque durante el franquismo se sobrevaloró la información referida al bando propio y se escondió la del bando republicano. Por lo tanto es mucho más difícil. Es información que o no tenemos, o no está bien descrita de origen, o ni siquiera hemos abierto las cajas donde puede estar", explica Alonso.
Los archiveros consultados por elDiario.es coinciden en señalar la necesidad de una Ley General de Archivos, que regule todo lo referido a los mismos, y que se derogue la Ley de Secretos Oficiales, aprobada durante el franquismo.
Archivos recopilados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ARMH
Los archivos presidenciales
En las enmiendas presentadas, las 48 asociaciones proponen que se anule el punto del borrador de la Ley de Memoria referido a los archivos presidenciales. "Contiene una falta de criterio archivístico e incluso democrático", denuncia Santiago Saborido.
"No puede ser que los archivos de la mayor autoridad de nuestro sistema democrático, el presidente, no vayan al sistema estatal correspondiente y se queden en manos de terceras personas del partido político de turno, o de los sucesores de éstos", comenta. "Estados Unidos, en ese sentido, es un ejemplo. Tiene un sistema de archivos presidenciales que contempla que se incluya hasta la llamada telefónica más baladí o el último e-mail, y que esté custodiado en archivos públicos", señala.
"La disposición final sobre archivos presidenciales del borrador de la ley parece destinada básicamente a resolver el problema legal de la Fundación Felipe González, que es un problema serio", apunta Sergio Gálvez. "El problema de esa Fundación es cómo se montó: González se llevó los documentos de la Moncloa a diferentes ubicaciones que no conocemos. Es decir, en vez de que el Archivo Central del Ministerio de Presidencia se hiciera cargo de ellos, los tuvo retenidos. Y luego en la Fundación fueron publicándolos poco a poco. Esto vulnera toda la Ley de Patrimonio y la normativa de archivos, y podría hasta incurrir en delitos tipificados en el Código Penal. Es grave. Creemos que la situación de la Fundación Felipe González es lo que ha generado esta disposición final", indica.
"Planteamos eliminar la Disposición final séptima, que articula mediante una Fundación pública un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español. En democracia, la muerte de un presidente no puede ser un criterio sobre la documentación de su cargo público", añade González Quintana.
"Nos oponemos a su inclusión en la ley porque, de aprobarse, vendría a avalar el expolio que pudieran haber cometido los expresidentes que se hubieran apropiado ilegalmente de la documentación producida como consecuencia del ejercicio de su función presidencial, incumpliendo así gravemente lo estipulado en el artículo 54 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español", indican los 48 colectivos firmantes de las enmiendas presentadas.
El 1 de abril de 1939 se consumó la victoria de Francisco Franco. La paz, sin embargo, nunca llegaría. 80 años después ningún responsable de la dictadura ha tenido que responder ante la justicia por sus crímenes.
ALEJANDRO TORRÚS
31 MARZO, 2019
1 de abril de 1939. La radio anuncia que «cautivo y desarmado el Ejército rojo» las «tropas nacionales» han alcanzado sus «últimos objetivos militares». «La guerra ha terminado», decía la voz deFernando Fernández de Córdovaque resonaba en las ondas . Terminaban las batallas, sí, pero no llegaba la paz. El Ejército franquista había alcanzado sus objetivos militares, pero su plan no había concluido. España iniciaba un largo secuestro de manos de unos militares y falangistas que, apoyados por la Iglesia católica, quisieron imponer por la fuerza, el exterminio y el miedo una única manera de entender España: la suya.
El final de la Guerra Civil españolano supuso el final de la represión. Fue, más bien, un nuevo inicio. El general Franco ya había dejado claro que el objetivo de la sublevación no solo era la conquista del poder. «En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio,acompañada por una limpieza necesaria, a un rápida derrota de los ejércitos enemigosque deje al país infectado de adversarios«. No es casualidad, por tanto, queentre el 1 de abril de 1939 y 1942 se produjeran la mitad de las ejecuciones del franquismo.
El concepto era limpiar.Limpiar Españade marxistas. De rojos. De nacionalistas. De anarquistas. De sindicalistas. De feministas. De maestros y maestras comprometidos. De intelectuales. Limpiar España de todos los que no compartían o fueran reticentes a la idea de la España imperial, católica, apostólica, jerárquica y tradicional. Y no faltaron muertes ni asesinatos. «La matanza se extendió también a quienes habían podido recibir la influencias de sus ideas: los miembros de un sindicato, los que no iban a misa, los sospechosos de votar al Frente Popular, las mujeres que habían obtenido el sufragio y el derecho al divorcio…», detalla el historiadorPaul Prestonen su obraEl Holocausto español. Si los golpistas encarnaban los valores y principios de la España eterna, los defensores de la República se convirtieron en laAnti-Españay tenían que ser erradicados.
El jefe de Estado español, Francisco Franco, preside el primer desfile de la victoria después del final de la Guerra Civil Española en Madrid, el 19 de mayo de 1939, mientras que los miembros de la Guardia Civil y la Guardia Morisca están bajo la tribuna. Durante esta ceremonia, Francisco Franco está acompañado por oficiales militares, el Gran Visir del Jalifa de Tetuán, y los Generales Aranda y Saliquet. AFP
A día de hoy todavía es imposible conocer con exactitud la cifra exacta de asesinados y asesinadas por los franquistas. Paul Preston asegura que la cifra «más fidedigna» de muertes a manos de militares rebeldes lejos del campo de batalla asciende a 130.199 aunque afirma que lo más probable es quela cifra real superara los 150.000 muertos. Por su parte, la obraVerdugos impunes(Pasado & Presente) recoge la siguiente aproximación: 160.000 víctimas mortales entre 1936 y 1945; más de 2.000 fosas comunes y por encima de los 100.000 desaparecidos; 600.000 procesados por tribunales militares (sin contar a los ejecutados); alrededor de 20.000 presos políticos allá por 1940; 150.000 exiliados permanentes…
Un reciente informe encargado por el Gobierno de Pedro Sánchez refleja que entre abril de 1939 y enero de 1940 había medio millón de personas en campos de concentración y 90.000 en batallones de trabajadores.La investigación se basó en el trabajo del investigador de la Universidad Pública de NavarraJuan Carlos García-Funes, autor de Espacios de castigo y trabajo forzado del sistemaconcentracionario franquista.
Además, solo entre 1940 y 1957, el total dejornadas trabajadas por presos en ferrocarrilesasciende a 4,7 millones, según los datos que expusoFernando Mendiola Gonzaloen el capítuloNegocio y resistencia: empresas y cautivos en las infraestructuras ferroviarias bajo el franquismo(1937 – 1957)
El dato que sí se conoce es el número de responsables franquistas que, una vez terminada la dictadura, tuvo que dar explicaciones ante la Justicia por los crímenes anteriormente mencionados. Ninguno. Cero. Nadie.Impunidad absoluta. El Congreso de los Diputados aprobó en 1977 la conocidaLey de Amnistíaque, en la práctica, ha funcionado como unaley de punto final. Todos los crímenes quedaban perdonados y las víctimas, condenadas a recordar en silencio. Eran los tiempos de la Transición, en los que el exministro franquistaManuel Fraga, que participó en la represión, fundaba un partido político y, de repente, se convertía en demócrata.
Nadie pudo decir, sin embargo, que el afán asesino de los golpistas del 18 de julio fuera desconocido. Muchos de ellos no lo ocultaron. «Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación… cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado», decía el generalMolaantes del golpe de Estado. Otro de los cabecillas de la sublevación, el generalYagüe, era igualmente contundente: «Al que resista ya sabéis:a la cárcel o al paredón, lo mismo da. Nosotros nos hemos propuesto redimiros y os redimiremos queráis o no queráis».
No obstante, nadie fue tan claro comoGonzalo de Aguilera, oficial de prensa del general Franco: «Tenemos que matar, matar y matar (…) Las masas no son mejores que los animales y no se puede esperar que nos contagien del virus del bolchevismo. Después de todo, las ratas y los piojos son portadores de la peste. ¿Comprende ahora lo que queremos decir al hablar de regeneración de España?Nuestro programa es terminar con un tercio de la población masculina de España«.
Pero la represión franquista no estaba basada únicamente en el exterminio y asesinato. De hecho, este era solo un elemento más. El historiador y catedrático de institutoFrancisco Moreno Gómezcalifica esta primera etapa represora como«la matanza fundacional»y después desarrolla el concepto de «multirrepresión» para que el lector pueda comprender hasta qué punto se extendió el terror en todo el país. «Esta idea viene a insistir en que el franquismo no trató sólo de destruir físicamente a la anti-España, sino sobre todo se trató de la persecución de la mitad de un país después», explica.
Esta multirrepresión incluye campos de concentración, penales de presos, encarcelamientos masivos, señalamientos públicos, paseos,expolio de bienes, robo de bebés, exilio y hambre, mucha hambre. El objetivo era privar a los republicanos de su dignidad humana y reducirlos a simples guiñapos o despojos. «Hablo a la población reclusa:tenéis que saber que un preso es la diezmillonésima parte de una mierda«, decía el director de la cárcel Modelo de Barcelona a los presos en 1941.
«La multirrepresión comprende la eliminación de los derechos generales, las posibilidades de supervivencia, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, la libertad, echarlos a las cárceles, privarlos de la patria y echarlos al exilio, eliminar los derechos de los padres sobre los hijos, cercar por todas partes a los vencidos y matarles la esperanza.La limpieza y el exterminio en España fue esto: exclusión, no sólo física, sino de todo orden, de la mitad de la población, por sus ideas políticas y definición social», señala Gómez.
Una vez más, es imposible conocer con precisión los datos exactos de este tipo de represión. Por contra, como antes, sí que es posible conocer el número de responsables que han sido juzgados por ello: ninguno. La obraLos campos de concentración de Franco, publicada recientemente por el investigador y periodistaCarlos Hernández, recopila hasta296 campos de concentración en la España franquistapor los que pasaron entre 700.000 y un millón de españoles. El principal objetivo de estos campos de concentración era, además de infundir terror, clasificar a la población.
Prisioneros haciendo el saludo fascista en el campo de Concentración de Irún en Guipúzcoa (BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA)
Los responsables de los campos crearon una suerte de tres categorías: «asesinos y forajidos o enemigos de la patria española», que debían ser fusilados o condenados a largas penas; los «bellacos engañados», que podían ser «reeducados mediante el sometimiento, la humillación, el miedo y los trabajos forzados»; y, por último, los «simples hermanos», considerados ‘afectos’ al Movimiento y que eran liberados o incorporados a las filas del Ejército franquista.
«Los cautivos eran sometidos a un proceso de deshumanización. Despojados de sus pertenencias más personales, la mayor parte de las veces eran rapados al cero e incorporados a una masa impersonal que se movía a toque de corneta y a golpe de porra. Las condiciones infrahumanas en el campo les degradaban psicológicamentedesde el primer momento», escribe Carlos Hernández.
Pero el campo de concentración, para muchos de sus presos, era solo una primera estancia. Después vendrían las cárceles, los batallones de trabajadores esclavos, los penales…Penales como el de Bustarviejo, una pequeña localidad del norte de Madrid, o como los otros nueve destacamentos penales que el franquismo instaló en el tramo comprendido entre las localidades madrileñas de Chamartín y Garganta de los Montes para la construcción de una línea ferroviaria entre Madrid y Burgos.
Penal de Bustarviejo
La fundamentación teórica de este sistema de redención de penas por trabajo estaba basado en losconceptos católicos de pecado, expiación de laculpa y perdón, que sustituían los conceptos de delito, pena y amnistía. «A través de la redención el prisionero salía del estatus de rojo antiespañol y se acercaba a la salida del espacio físico de la cárcel recobrando el espíritu nacional perdido», explicó aPúblicoel investigador y arqueólogo ArqueólogoÁlvaro Falquina, que señalaba que la propia arquitectura de los espacios penales, como el de Bustarviejo, tenía la función de eliminar la «identidad política republicana» y«crear una nueva conciencia de sujetos validos para el régimen franquista».
El de Bustarviejo fue un penal más en un país repleto. Tampoco se conoce con exactitud el número de penales que hubo por todo el país con presos políticos trabajando en ellos. No todos los presos republicanos fueron enviados a estos lugares. Otros muchos continuaron en prisión muriéndose, literalmente, de hambre y de enfermedades.Como Miguel Hernández.Un hambre y unas condiciones que buscabandeshumanizar a las víctimas. A ellas, y a sus familias, que fuera luchaban por la supervivencia con su nombre incluido en listas negras que les prohibían el trabajo.
Y es que la represión franquista no puede entenderse sin su parte económica. Si los familiares de las víctimas del lado franquista gozaban de puestos reservados en la Administración y diferentes prevendas para adquirir un buen status socioeconómico, las víctimas republicanas veían cómo lo poco que habían conseguido acumular durante años de trabajo desaparecía de un plumazo. Tras la derrota republicana, quedaron anulados nada más y nada menos que13.251 millones de pesetas de dinero republicano, más otros 10.365 millones en depósitos bancarios.
La pobreza represiva consistía en algo mucho mayor que la eliminación del dinero republicano. Comenzaba con la usurpación total de bienes, bien a través del expolio directo, de expedientes de incautación de bienes o de laLey de responsabilidades políticas, y continuaba con la exclusión laboral absoluta, que expulsaba a los vencidos del trabajo público, de las oposiciones o de cualquier tipo de concesión. Asimismo, continuaron vigentes durante años una especie de listas negras por las que se negaba el trabajo al jornalero local que consideraban que no había acatado los principios del nacionalcatolicismo.
La represión de género
La represión franquista y el secuestro de todo un país no puede entenderse sin la represión que ejerció contra las mujeres.Muchas fueron rapadas al ceropara censurar su ‘libertinaje’ ypurgadas con aceite de ricinopara depurar su “alma tóxica”, otras miles de mujeres fueron exhibidas por las calles y plazas del país durante los años de guerra civil y posguerra. Nadie ha tenido que declarar por ello ante la Justicia.
Mujeres rapadas durante la posguerra
El castigo del franquismo sobre las mujeres fue doble.Por “rojas” y por “liberadas”. La dictadura exigió a las mujeres un exceso de virtud que encarnara un modelo de decencia y castidad que limpiara la degradación moral republicana. Sobre ellas recayó la responsabilidad de“regenerar la patria”. Catalogadas como individuas de dudosa moral, su acceso a la ciudadanía fue castigado ejemplarmente durante la dictadura a través de cárcel, violencia, exilio, silencio o uniformidad.
“La forma de castigar al hombre era el exterminio. Se fusilaba a gran parte de los hombres de una población. Con la mujer se buscaron castigos más ejemplares. En lugar de ir a por todas, se castigaban a unas pocas de manera pública. La exposición pública del rapado o del ricino marcaba a las mujeres por vida.Un método devastador y efectivo”, explicó a PúblicoRaquel Osborne, doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
A esta represión se sumó elrobo de bebés en las cárceles franquistasdesde el inicio de la Guerra Civil, un robo de bebés que se mantuvo como política de Estado hasta finales de la década de los 40. Mujeres que no eran dignas para criar a sus hijos, que eran entregados a familias de bien. El cuerpo y la mente de la mujer se convirtió, de hecho, en una política de Estado. «La mujer debía ser una especie ‘superwoman’ capaz de hacerlo todo: cuidar a los hijos, atender al marido, llevar la casa, ser buena cristiana y conocer la doctrina franquista”, analiza la investigadoraMaría Rosón.
Para crear esta mujer “dócil y casta” al servicio del varón y de la patria, laSección Femenina de Falange, dirigida porPilar Primo de Riverahasta su fin en 1977, recibió el encargo oficial de formar a las mujeres españolas en todos los campos de actuación convirtiéndose en la única organización institucional dedicada a las mujeres durante la dictadura.
A partir de 1948
El estado de guerra continuó vigente hasta 1948. La represión descendió,pero la paz tampoco llegó. El sistema represivo mutó. España se vistió como «democracia orgánica», el capitalismo entró con elPlan de Estabilizacióny hasta un presidente de Estados Unidos visitó el país. Pero el secuestro continuaba. España no era libre. España era lo que los franquistas querían que fuera. «Hay muchos estudios que analizan la represión de los primeros años de la dictadura. Nosotros lo que hacemos en la obra es realizar un análisis conjunto del franquismo para demostrar que la dictadura desarrolló unaviolencia organizada y sistemática desde el Estado contra la oposición, que debe entenderse como todos aquellos que lucharon por los derechos y libertades frente a la dictadura, que duró todo el tiempo que duró la dictadura», explica aPúblicoJosé Babiano, coautor de la obraVerdugos impunes.
Así, los historiadores José Babiano, Gutmaro Gómez, Antonio Míguez y Javier Tébar muestran enVerdugos impunescómo la dictadura mutó sus métodos represivos, pero no dejó de perseguir al opositor y violar los derechos humanos de la población. Por ejemplo, entre 1940 y 1963 funcionó elTribunal especial contra la masonería y el comunismoy a partir de ese año, 1963, estuvo operativo elTribunal de Orden Público, que juzgó a más de 50.000 personas, de las que un 70% eran trabajadores.
Además, desde 1948 hasta 1975 las autoridades franquistas declararon hasta en11 ocasiones el estado de excepciónpara hacer frente a las movilizaciones obreras y estudiantiles. Algunos de los datos son escalofriantes. Solamente en 1974, un año antes de la muerte del dictador, 25.000 trabajadores habían sido suspendidos de empleo y sueldo por sus ideas políticas, mientras que un número aún desconocido había sido despedido.
Un hombre muestra una foto de una víctima del franquismo. EFE/Paco Campos
Pero hay más. Hubo mucho más. Lastorturas y malos tratosen comisarías contra estudiantes y activistas detenidos eran sistemáticas. Los luchadores por la democracia recibían el mismo trato en las comisarías de Sevilla, Barcelona o Madrid. No eran policías aislados que torturaban, era un sistema torturador dentro de un régimen dictatorial que también hizouso de la pena de muertehasta en los últimos meses de vida del dictador. También hubo muertos de esas que calificaron como ‘accidentales’. Las fuerzas del Orden Público mataron a huelguistas y manifestantes en, por ejemplo, Erandio en 1969, Granada en 1970, Madrid en 1971, en Ferrol y Barcelona en 1972.
El colofón a todo ese sistema represivo se instaló a partir de la década de los 60 cuando muchos cargos franquistas entendieron que el futuro no toleraría los crímenes del pasado. Muchos archivos locales de Falange, de ayuntamientos y diputaciones fueron desapareciendo. Otros, permanecen cerrados.La Transición apuntaló el silencio, que no olvido, de una etapa que nadie quería recuperar.
Mientras tanto, víctimas y ayuntamientos del cambio han acudido en los últimos años a la Justicia para interponer querellas por los crímenes de la dictadura. La respuesta de los tribunales ha sido la misma:los delitos están prescritos, no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad y, en cualquier caso, estarían amnistiados por la mencionada Ley de Amnistía de 1977. Así fue en todos los casos menos en alguna excepción.
En las últimas semanas, varios juzgados han admitido a trámitela querella del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadridpor crímenes del franquismo contra vecinos de la localidad;otra querella contra el torturadorAntonio González Pacheco; y, otra más,contra varios policías de la Brigada Político y Social en València. Esta estrategia de interponer querellas ante los juzgados españoles fue iniciada años atrás por el abogadoCarlos Slepoy, que también consiguió justicia para las víctimas de las dictaduras argentina y chilena. Slepoy falleció en 2017, pero queda para el recuerdo una de sus frases de optimismo:«No os preocupéis. Las batallas por los derechos humanos siempre se ganan».
Paqui Maqueda posa sosteniendo una foto que muestra a su bisabuelo Juan Rodríguez Tirado (L) asesinado a tiros por un pelotón de fusilamiento de la época de Franco durante la guerra civil española. AFP
