dissabte, 28 de març de 2009

Yak 42. Trillo.

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Consejo editorial
La insostenible situación de Trillo

RAMÓN COTARELO

Desde el accidente del Yakovlev-42, hace cinco años, Federico Trillo-Figueroa, entonces ministro de Defensa, no ha tenido otro objetivo que zafarse de las consecuencias jurídico-penales y políticas. Hasta la fecha lo ha conseguido, bien es cierto que al muy alto coste del general ludibrio en que lo tiene una opinión pública que exige que los responsables políticos asuman sus responsabilidades y dimitan de sus cargos cuando hay desaguisados de este porte. Como, por asunto de muchísima menos gravedad, hizo hace poco Mariano Fernández Bermejo precisamente a instancia reiterada e indignada de Trillo.

Son dos los desaguisados producidos en el accidente del Yak-42:las condiciones de contratación de la aeronave, rayanas en el fraude, y el desbarajuste en la identificación de los cadáveres que dio lugar a una situación de doble perjuicio para las víctimas y sus familiares. Los dos implicaban la responsabilidad de Federico Trillo, por acción o negligencia. Que haya conseguido soslayarla hasta la fecha demuestra el grado de implicación y complicidad en tareas de encubrimiento que alcanzan las administraciones públicas cuando les interesa y la habilidad de Trillo para aprovechar los entresijos legales y los privilegios e inmunidades que otorga el poder a fin de escurrir el bulto al hacer frente a las consecuencias de su gestión por acción u omisión.

Sin embargo, el inexorable curso de la justicia está haciendo que su situación sea cada vez más insostenible. Es cierto que tanto el juez de instrucción, Grande Marlasca, como el actual presidente del tribunal juzgador, Gómez Bermúdez, han considerado impertinente la personación de Trillo en la causa. Pero el desarrollo de esta –con la permanente aparición de datos e informaciones que apuntan a decisiones emanadas directa y personalmente de Trillo– están abocando al proceso a un callejón sin salida. Empieza a carecer de sentido que se mantenga su incomparecencia, ya que cada vez es más claro que es sobre él sobre quien recae la responsabilidad de la autoría intelectual del presunto delito, por utilizar una terminología que viene siendo familiar de un tiempo a esta parte.

En cuanto a la obvia responsabilidad política de la que Trillo se ha escurrido hasta la fecha, sostiene el ex ministro que quedó sustanciada desde el momento en que su partido, el Partido Popular, perdió las elecciones y él fue reelegido diputado por Alicante. Son dos falacias en una: la responsabilidad política era y es personal, no colectiva, no afectaba al Gobierno en su conjunto y menos al partido; por otro lado, la elección en listas cerradas y bloqueadas no dice nada sobre una eventual (y, por lo demás, imposible) exoneración de responsabilidades políticas.La situación de Federico Trillo es insostenible y la decencia democrática requiere que dimita de todos sus cargos políticos a la espera de que el procedimiento penal exija su comparecencia en él. Entre otras cosas, para evitar la penosa impresión de que ha dejado en la estacada a sus subordinados.

Ramón Cotarelo es Catedrático de Ciencias Políticas
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El fiscal pide que se interrogue al 'número tres' de Trillo por el Yak-42

Bono: "Yo sé muchas cosas. Estoy dispuesto a declarar si me lo piden"

EL PAÍS - Madrid - 28/03/2009

Un cargo político, Javier Jiménez Ugarte, ex secretario general de Política de Defensa y ex número tres del entonces ministro Federico Trillo, podría ser llamado a declarar en el juicio por las identificaciones erróneas de las víctimas del Yak-42. El fiscal de la Audiencia Nacional solicitó ayer al tribunal, en la cuarta sesión del juicio, que admita el testimonio de Jiménez-Ugarte, porque fue el "coordinador con las familias" y considera que su testimonio ayudaría a alcanzar "una visión razonable y admisible" de la verdad.

Federico Trillo

La catástrofe del Yak-42

Los allegados de las víctimas dicen que el ex alto cargo les dio un trato "humillante"

Jiménez-Ugarte, diplomático, sería el primer cargo político en ser interrogado por el caso de las identificaciones erróneas de 30 de los 62 militares españoles que perecieron el 26 de mayo de 2003 en Turquía al estrellarse el avión en el que regresaban a España tras prestar servicio en Afganistán. El ex número tres de Trillo era el encargado de hablar con las familias de las víctimas y maniobró para evitar que las autoridades turcas les recibieran, como prueba una carta que le envío a Trillo el 23 de marzo de 2004, en la que le informaba de sus gestiones para evitarlo. Las familias recuerdan el trato de Jiménez-Ugarte como "humillante".

El fiscal también solicitó al tribunal que admitiera los testimonios del fiscal general de Trebisonda (Turquía), el director del Instituto Forense de Estambul y los cuatro médicos y biólogos turcos que intervinieron en las identificaciones. El tribunal decidirá si admite o no estos nuevos testimonios una vez que termine la fase testifical, previsiblemente el martes.

Por otra parte, el presidente del Congreso y ex ministro de Defensa José Bono aseguró ayer que sabe "muchas cosas" sobre el accidente y que está dispuesto a declarar si el tribunal se lo pide, porque "el primer problema" que tuvo que abordar como ministro de Defensa fue el caso del Yak-42. "Les habían entregado los cadáveres sin permitirles abrir las cajas, los habían entregado mal", recordó Bono en Catalunya Radio. Se decía que la "identificación de los cadáveres era imposible porque no había muestras de ADN", añadió, pero "era mentira, puesto que sí había [muestras] y se acreditó la falsedad, la mala forma en cómo se hizo". "A mí me llegaron a decir que fuese con cuidado con las familias porque lo que querían era dinero", contó.

Por su parte, el secretario general del grupo popular en el Congreso, José Luis Ayllón, negó ayer que la posible declaración de Jiménez-Ugarte signifique que se esté "estrechando el cerco" sobre el actual responsable de justicia de su partido, Federico Trillo. Ayllón recalcó que "hasta el momento no hay ningún miembro" del Gobierno de José María Aznar imputado en el caso, informa Europa Press.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, opinó que los responsables políticos de entonces tienen que dar explicaciones por el accidente del Yak-42.
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"Agresivo y sutilmente amenazante"

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 28/03/2009

"Agresivo y sutilmente amenazante". Así recuerda Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Familias del Yak-42, a su interlocutor en el Ministerio de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, que podría ser el primer cargo político en prestar declaración en la Audiencia por el accidente en el que murió su hermano y otros 61 militares españoles.

"Me hablaba de las familias buenas y de las malas, las que hablaban con la prensa y tenían dudas. 'No hagáis caso de lo que dicen, os quieren manipular por temas políticos, nos decía", recuerda Sencianes, que entonces aún no pertenecía a la asociación. "Mi hermano me había dicho que aquellos aviones no eran seguros y le dije que quería aclararlo con él. Entonces subió el tono, me tiró un informe que tenía sobre la mesa, y me dijo: 'Dime cuál es la queja de tu hermano".

"En otra ocasión", continúa Sencianes, "justo después de que el PP perdieran las elecciones, le comenté que iba a haber una comisión parlamentaria. 'Eso no va a servir para nada. ¿Te crees que van a investigar algo?". Sencianes recuerda que un miembro de su equipo les aseguró que no podían quedarse con los relojes o anillos que llevaban los fallecidos porque las autoridades turcas lo impedían. "Pero cuando fuimos a Turquía le preguntamos a una empleada del Anatómico Forense y nos dijo, ofendida, que no era verdad".

Tampoco guarda buen recuerdo de Jiménez-Ugarte la familia del comandante José Manuel Ripollés. "La primera vez que nos vimos casi nos echa del despacho", recuerda Alfonso Ripollés. "Nos mandaba cartas, ridiculizaba a nuestros abogados, quería meternos miedo. Pero no nos intimidó. Yo recordaba lo que me había dicho mi hermano: me voy a subir a una tartana".
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El fiscal vol que el número 3 de Trillo declari en el judici del Iak

• El general Jiménez va maniobrar per evitar que els forenses turcs rebessin les famílies
• Els afectats diuen que l'exalt càrrec de Defensa els "va amenaçar" i "humiliar"

El setge sobre Federico Trillo s'estreny. El fiscal Fernando Burgos, a la vista del desenvolupament del judici sobre la incorrecta identificació de 30 dels 62 morts en l'accident del Iàkovlev 42 el 2003, va decidir ahir canviar de criteri i sol.licitar que testifiqui el número tres de Trillo quan va passar la tragèdia, el secretari general de Defensa Javier Jiménez Ugarte. Davant les contradiccions entre els testimonis que han comparegut, el fiscal ha demanat al tribunal que accepti la seva citació per arribar a"una visió raonable" que ajudi a conèixer una "veritat històrica" del que va passar.

Si el tribunal considera oportú aquest testimoni, serà el primer polític a declarar en la vista que va començar dimarts. Les acusacions que representen les famílies ja van sol.licitar-ne la citació, però el tribunal ho va rebutjar amb l'argument que el seu testimoni o el del mateix Trillo (també denegat) només seria rellevant si el sol.licitessin les defenses, ja que, si es demostrés que els acusats van obeir ordres, només podria afavorir-los. El tribunal es pronunciarà dimarts que ve.

Jiménez Ugarte va ser designat per l'exministre de Defensa coordinador amb les famílies dels militars morts. Per això es va entrevistar diverses vegades amb ells i els va enviar algunes cartes per intentar frenar que destapessin que els tres militars ara acusats van identificar precipitadament, i fins i tot a l'atzar, les víctimes, al contrari del que sostenia Defensa.

LA VISITA
De fet, Carlos Ripollés, germà d'una de les víctimes mortals, ha declarat que el número tres de Trillo els va tractar de forma "humiliant" i que en les entrevistes "es tornava boig amb amenaces i cridava com un energumen". Però no només els afectats l'han citat en la vista. El cònsol espanyol a Turquia, Ramón Ezquerra, va confirmar que Jiménez Ugarte es va entrevistar amb el director de l'Institut forense d'Istanbul, encara que no va precisar el motiu de la reunió amb l'argument que ell no hi va participar. Segons les famílies, la seva intenció era que Turquia es responsabilitzés de les identificacions.

A més a més, Jiménez Ugarte va enviar una carta a Trillo, segons va publicar El País, en què l'informava de les seves "gestions" per evitar que aquest institut rebés els afectats. Precisament, el fiscal també va sol.licitar que testifiqui el seu director, així com quatre patòlegs i el fiscal turc que van intervenir en l'examen dels cossos i l'entrega a Espanya. Curiosament, el PP, que ha guardat silenci en aquests últims dies, va negar ahir que s'estigui "estrenyent el setge" sobre Trillo, i per tant va rebutjar que hagi de dimitir. L'exministre de Defensa, José Bono, per la seva part, va afirmar que sap "moltes coses" sobre l'accident i que està disposat a declarar.

LES NECRÒPSIESD'altra banda, el tinent coronel Coca va dir que va aconsellar els acusats José Ramírez i Miguel Sáez que datessin els informes de necròpsia fets a Madrid un dia abans i a Turquia perquè creia que "s'havia de posar la data i el lloc on es van agafar les dades".

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PP Vice. 28/03/2009. Garzón imputa unes altres 10 persones a la trama corrupta dell PP. I en van 60!

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Anticorrupción no pedirá la recusación de De la Rúa

El Consell afirma que las acusaciones son "infundadas e infantiles"

C. Alós/R. L., Valencia

La Fiscalía Anticorrupcion no recusará al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, pese a las manifestaciones del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, declarando públicamente su relación de amistad, según informó ayer la Cadena Ser. De la Rúa preside la Sala de lo Civil y Penal que decidirá, en última instancia, si se imputa al presidente de la Generalitat o se archivan las diligencias de investigación por corrupción iniciadas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Según la ley, sólo en caso de "amistad íntima o enemistad manifiesta" entre un juez que interviene en una causa y un implicado en una investigación judicial, el primero deberá abstenerse de actuar en ese asunto. De lo contrario, también podrá ser recusado por alguna de las partes. Y lo que no se ha probado es que exista entre Camps y de la Rúa esa "amistad íntima" que exige la ley.

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, asegura que las acusaciones al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por haber recibido presuntamente regalos de la trama corrupta ligada al Partido Popular son "infundadas en infantiles". Rambla se refirió a la publicación de una información en la que se señalaba que la Fiscalía Anticorrupción acredita regalos de al menos 7.393 euros de la red de Francisco Correa y Álvaro Pérez. El vicepresidente político reiteró lo dicho en anteriores comparecencias ya que "nos encontramos ante una investigación de marcado carácter político y que afecta además al presidente de todos los valenciana.

"Seguiremos colaborando con la Justicia y leyendo en algún medio como "avanza la investigación", aseguró en referencia a la información publicada ayer en El País. Además, el escrito de la fiscalía asegura que "por el momento" los posibles regalos a Camps "no aparecen vinculados con la actividad de ninguna de las empresas de la trama". Rambla cargó contra los socialistas valencianos mientras respondía a la pregunta del caso Gürtel tras el pleno del Consell.

"Lo que sí es verdad -dijo- es que el PSPV aprovecha para estar hablando de los trajes todos los días porque no tienen otras ideas. Lo que sí hemos visto es que el PSPV ya sabe más de trajes que de cómo afrontar la crisis económica en España y en la Comunitat Valenciana. Porque de lo que interesa a la gente en la calle ya hace semanas que no escuchamos a ningún responsable socialista mientras el presidente Camps a lo que se dedica es a gobernar".
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Las risas de Zaplana por los trajes de Camps
Vaivén
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La firma investigada por Garzón que opta a las obras de las Corts hizo el edificio del Consell que se derrumbó

Constructora Hispánica irrumpió a finales de 2001 en la C. Valenciana logrando contratas de la Generalitat y Fomento, y suma 120 millones

Juanjo García Gómez, Valencia

Constructora Hispánica, salpicada por la investigación de Garzón sobre la presunta trama de corrupción del PP, fue la responsable de las obras del Centro de Investigación para la Prevención de la Enfermedad, ubicado en la Avenida Cataluña de Valencia, que sufrió el derrumbe de parte de su estructura en julio de 2005, cuando se encontraba en construcción, al realizar la prueba de carga. Dos técnicos resultaron heridos. La Conselleria de Sanidad, que adjudicó la obra en diciembre de 2002 por casi 26 millones, con Serafín Castellano como conseller, tuvo que rediseñar el edificio. Hispánica opta al concurso para levantar la futura sede de los grupos parlamentarios de las Corts por 10,5 millones.

Garzón no imputa a los responsables de la constructora pero ésta aparece citada en el auto como ejemplo de las firmas para las que Francisco Correa amañaba concursos a cambio de comisiones en Boadilla y Pozuelo. La empresa, que preside Alfonso García-Pozuelo Asins, acabó finalmente el edificio de Sanidad, inaugurado por Camps el 25 de noviembre de 2008.Hispánica irrumpió en 2001 y 2002 en la Comunitat logrando importantes contratos del Consell y del Ministerio de Fomento, para enfado del resto de contratistas, pese a presentar en muchas ocasiones, como en el centro investigador citado, la oferta más cara. La Sindicatura censuró anomalías en algunas contrataciones. En total, ha logrado al menos 120 millones en contratas. Una de ellas, otorgada por Fomento en 2006, con el PSOE en el ministerio, la logró en UTE con Begar, firma del empresario imputado por Garzón José Luis Ulibarri, que tiene el control de 14 TDT de la Comunitat gracias al Consell. A preguntas de este periódico, un portavoz de la Constructora Hispánica constató ayer que la firma "no se montó hace tres días", sino que tiene una trayectoria de "más de cincuenta años". "Trabajamos para Administraciones de todos los colores políticos, autonomías, ayuntamientos, el Gobierno y, fuera de España, varios países, como Venezuela", afirma. Preguntado sobre las acusaciones que aparecen en el auto, el mismo portavoz aseveró: "Somos una empresa absolutamente seria y profesional que nos dedicamos a trabajar, a licitar y a contratar. No podemos dejar de trabajar porque te cite un juez por cualquier circunstancia o se publique una cosa u otra".
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Garzón imputa a otras 10 personas en la trama corrupta que afecta al PP

El juez acuerda la administración judicial de varias empresas implicadas

JOSÉ YOLDI - Madrid - 28/03/2009

El juez Baltasar Garzón ha imputado a otras 10 personas por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, tráfico de influencias y cohecho (sobornos) en el denominado caso Gürtel, sobre una trama de corrupción que afecta a cargos del PP, con lo que el número de implicados supera de largo ya la cincuentena. La decisión del magistrado fue adoptada el pasado día 17, pero no fue conocida públicamente hasta ayer.

La investigación se centra en cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y fraude

En el auto figuran los nombres de 11 personas, pero una de ellas, Tomás Martín Morales -vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) y cargo de confianza del ex alcalde Gómez Panero-, ya había sido imputado en el auto del pasado día 5. Martín Morales incluso ya ha declarado esta misma semana en el juzgado de Garzón.

Los nuevos imputados son: Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrendo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebreros, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colman González, Luis Agramunt, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.

Fuentes de la investigación consideran que no se trata de inculpados relevantes en el proceso, sino de abogados, encargados, secretarias y algún administrador de empresa o decorador de interiores. Son personas cuyo interrogatorio quedó pendiente tras las primeras imputaciones. Alguno, como Tomás Martín Morales, ha declarado ante el juez y las dos fiscales sin que se adoptaran medidas cautelares sobre él. Según las grabaciones que figuran en la causa, este imputado habría participado en la adjudicación directa de contratos a la empresa Downtown Consulting, SL, la actual Easy Concept Comunicación, SL, por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid).

Entre esos contratos figuraría uno por 14 años de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla (OAC). También estaría implicado Martín Morales en la adjudicación directa de una parcela en la citada localidad madrileña a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, tras la intervención del empresario Francisco Correa. Asimismo, estaría involucrado en la intermediación para obtener la adjudicación a la empresa Hispánicas del proyecto de construcción de una ciudad deportiva en ese mismo municipio madrileño.

Para el próximo lunes están convocados a declarar cinco de estos nuevos imputados, aunque, según fuentes de la investigación, no se esperan grandes revelaciones de su testimonio.
Por otro lado, a lo largo de las últimas dos semanas el juez Garzón ha ordenado la administración judicial de las empresas de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama, y de las de otros implicados.

55 encausados
- El juez Garzón imputó ayer a otras 10 personas en relación con la trama corrupta presuntamente vinculada al PP.
- Hasta el momento son 55 los imputados o implicados en la causa.
- Tres acusados se encuentran en prisión: el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y dos de sus lugartenientes: Antoine Sánchez y Pablo Crespo.
- Garzón se inhibió en favor de los Tribunales de Justicia de Madrid y Valencia por la existencia de indicios de delito contra aforados: el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa; y los diputados madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, todos del PP. También han sido imputados los ex alcaldes populares de Boadilla, Pozuelo, Arganda y Majadahonda. El juez mantiene la instrucción de la parte que no afecta a políticos aforados.
- Más de una veintena de empresas están siendo investigadas en relación con el caso Gürtel.

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Ana Mato dice que Sepúlveda cambió mucho de coche porque se lo podía permitir

EL PAÍS - Madrid - 28/03/2009

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Mato, reconoció ayer en declaraciones a Onda Cero que sabía que el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, con el que estuvo casada, tenía un Jaguar -evitó citar esa marca- cuando era regidor, y que no le extrañaba porque "le gustan, o le gustaban, los coches y solía cambiar con frecuencia. Creo que se lo podía permitir".

Ana Mato Adrover
A FONDO

Mato trató de matizar un comentario suyo sobre ese vehículo, supuestamente regalado por el empresario Francisco Correa -Sepúlveda, imputado como Correa en el caso Gürtel, sostiene que intercambiaron sus vehículos y él pagó la diferencia-. "Yo dije que no me constaba que le hubieran regalado un Jaguar. No me consta, y creo que no se lo regalaron. Y él ha dicho que no se lo regalaron. Por tanto, dije que no me consta, y luego añadí: en todo caso, esas explicaciones las tendría que dar Jesús Sepúlveda. Obviamente, yo sabía que había un coche, y ya he dicho que yo nunca he decidido el tipo de coches que adquiría".

"En mi partido saben", añadió, "que siempre, siempre, he separado mi vida personal de mis tareas políticas. Jesús Sepúlveda también ha trabajado en el PP, pero nunca hemos mezclado la vida personal con las tareas profesionales. A las mujeres que trabajan independientemente hay que pedirles responsabilidades por lo que ellas realicen, no por lo que realicen otros".

La vicesecretaria de Organización del PP afirmó que "el Partido Popular está sufriendo una persecución como nunca se había visto en la historia de la democracia. Ha habido un intento de imputar a algunos dirigentes del PP en vísperas electorales y se está tratando de hacer daño al partido".
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Aguirre oculta los bienes de su consejero Granados

Un informe de la Asamblea dice que no existe derecho a conocer sus propiedades.

JUANMA ROMERO - MADRID - 28/03/2009 07:30

Conocer el patrimonio del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, lleva camino de convertirse en misión imposible. Un informe del secretario general de la Asamblea regional, Fabio Pascua, con fecha de 26 de marzo y al que ayer tuvo acceso Público, juzga que “no existe un derecho de los grupos parlamentarios para acceder a las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos” del Ejecutivo autónomico. A los diputados, consigna el letrado mayor, “sólo” les cabe “solicitar de la Mesa de la Asamblea que recabe tales datos y obtener una resolución expresa al efecto”.

Es el penúltimo capítulo de una historia que arrancó el 23 de febrero. Ese día, este diario reveló que una promotora construye en Valdemoro (Madrid) una mansión de lujo al gusto del número tres de Esperanza Aguirre, que no ha pagado nada por la casa. El PSOE retó al consejero a que diera cuenta de todos sus bienes y Granados envió a la oposición dos folios. En ellos resumía sólo su patrimonio inmobiliario.

La decisión se revoca
El 16 de marzo, la Mesa de la Asamblea, presidida por Elvira Rodríguez (PP), acordó permitir al PSOE el acceso a la declaración de bienes y patrimonio de Granados. Una semana más tarde, el conservador Jacobo Beltrán, secretario tercero de la Cámara, interpuso un recurso contra la decisión, que Rodríguez estimó.

El diputado veía “lagunas procedimentales” que debía revisar el secretario general. Y Pascua las ha hallado. Considera que ni el Reglamento de la Cámara, de 1997, ni una resolución de 2001 –aprobada con Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno–, dan a los grupos el “derecho” a este tipo de declaraciones. De hecho, aconseja que se reforme el texto de 2001 para dejar claro que la Mesa, una vez recibida la petición de los grupos, es la que tiene que decidir si la acepta o no. Rodríguez, previsiblemente, se agarrará este lunes al informe de Pascua para frenar la solicitud del PSOE.

“Pediremos que se reconsidere este informe ad hoc”, anuncia la socialista Maru Menéndez. “Es otra muestra de la estrategia de ocultación de Aguirre. Algo esconde Granados. La autonomía de Pascua queda manchada”. Con ella coincide Inés Sabanés (IU). El PP “no se pronunciará” hasta ver el escrito.

QUÉ DICEN LOS TEXTOS

Colisión con lo que autorizó Gallardón
Resolución de 2001 // Gallardón marcó el procedimiento de acceso a las declaraciones de bienes: un grupo lo reclama, la Mesa le indica al portavoz el “carácter secreto” de los datos, el Gobierno envía la información al presidente de la Cámara y este cita al portavoz en su despacho para ver el documento. El diputado no podrá fotocopiarlo, sí “tomar notas” y guardará “el sigilo debido”.
Informe de Fabio Pascua // Pascua pide que se reforme ese texto: que la Mesa pondere si se afecta la “intimidad” del alto cargo y dé su autorización expresa. Pero si el PP no quiere, no se revisará la resolución.

El honor del letrado // Fuentes de la Presidencia de la Asamblea insisten en que Pascua es un letrado “de mucho prestigio, número uno de su promoción". Añaden que ningún grupo puso objeciones a su designación, en julio de 2007. El artículo 86 del Reglamento de la Asamblea consigna que "el secretario general será nombrado por el presidente [de la Cámara], previa libre designación porla Mesa, a propuesta del propio presidente, de entre el personal funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Asamblea de Madrid, de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o de las Cortes Generales". En el Congreso de los Diputados, el presidente también elige al secretario general, pero de entre los letrados de Cortes "con más de cinco años de servicios efectivos". Así reza en el artículo 35 del Reglamento de la Cámara baja.
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Garzón imputa a otras diez personas en el "caso Gürtel"

El magistrado nombrará administradores judiciales en las empresas intervenidas.

EFE / PUBLICO.ES - Madrid - 27/03/2009 19:10

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón vuelve a la carga y ha imputado a otras once personas en el llamado "caso Gürtel", con lo que el número de imputados asciende a casi sesenta personas.

Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Casas Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.

El juez levantó parcialmente el secreto el pasado día 17 para notificar a las partes las nuevas imputaciones, según informaron fuentes jurídicas. Una parte de ellos han declarado durante esta semana ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 por su presunta relación con las actividades que investiga el juez, mientras que el resto está previsto que lo haga en los próximos días.

Administradores judiciales
Además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.

Según las citadas fuentes, el juez, en presencia de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, ha interrogado ya esta semana a seis de estos nuevos imputados y el próximo lunes ha llamado a declarar a los cinco restantes.

También estos últimos días han comparecido ante Garzón las personas que han tenido poderes en doce sociedades que han sido intervenidas a la trama de Correa con el fin de nombrar administradores judiciales.

"Sociedades vivas"
Además, en las últimas horas volvieron a comparecer ante el juez otros dos imputados: el ex vicepresidente de Repsol-YPF, Ramón Blanco Balín; y el que fue director general de Gestión Urbanítica y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Tomás Martín Morales. El juez, según las fuentes consultadas, ha preguntado a los representantes de estas empresas, entre ellos al ex vicepresidente de Repsol YPF e imputado en esta causa Ramón Blanco Balín, si esas sociedades "estaban vivas" y con personas contratadas.

Entre estas empresas se encuentran Special Events (que organizaba actos para el PP hasta 2004), Orange Market (filial valenciana de Special Events), Good & Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept, Pasadena Viajes, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial.

Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia decidan si la asumen, después de que el magistrado se inhibiera en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Hasta el momento, el juez ha enviado a la cárcel a tres de los imputados a prisión: el presunto líder de la red de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.

Todas las empresas de la trama
Según las resoluciones dictadas por el juez, el conglomerado del presunto líder de la trama estaría formado por las siguientes empresas: Parque Logístico Montalbo SL, Intermedia Eja Comunicaciones Intergrales SL, Easy Concept Comunicación SL, FCS Formación Comunicción y Servicios SA --actualmente sin actividad-- Orange Market SL, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Pasadena Viajes, Special Events, Osiris Patrimonial SL, Cresva SL, Caroki SL, Proyectos Financieros Fillmores SL, Inversiones Kintamani SL, Hator Consulting SL, Odisea Servicios 2001 SL, Rialgrenn SL, TCM SL, Forever Travel Group SL, Estudios Vesubio SL, Welldone SL y Castaño Corporate SL. La trama empresarial disponía, además, de una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda.
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Garzón cerca al tesorero del PP por presunta corrupción
Un informe policial revela que Bárcenas recibió pagos de Correa, sin aparente justificación

EL PLURAL.COM

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha insistido ante la Fiscalía Anticorrupción en la presunta implicación de los aforados Luis Bárcenas, tesorero del PP, y Gerardo Galeote, eurodiputado de este partido, tras conocer el contenido de los últimos informes presentados por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), que revelan pagos en metálico, recibidos por los dos militantes populares, de dinero procedente de las empresas de Francisco Correa, el principal implicado en el del caso Gürtel.

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Garzón, según publica El Mundo hoy, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si considera procedente elevar una exposición razonada a la Sala Penal del Tribunal Supremo, a la vista de los últimos informes policiales, para que examine su competencia en el caso Gürtel, ya que considera «fundamentales» los «nuevos datos» contenidos en el voluminoso informe de la UDEF en el que se explican los pagos, sin aparente justificación, por parte de la empresa de Correa a Bárcenas y Galeote, durante la época en la que el presidente del PP era José María Aznar.

Garzón a la espera
El juez Garzón ha dado de plazo a la Fiscalía hasta el próximo lunes para que se pronuncie sobre el tema, y ha planteado la misma cuestión al Ministerio Público al menos otras tres veces, los días 18, 19 y 24 de febrero. El 5 de marzo último remitió las diligencias del caso Gürtel a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, pero ninguna de las dos instituciones judiciales se han pronunciado aún

El criterio de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido hasta el momento el criterio de que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la investigación de todo el caso Gürtel, a excepción de la parte relativa a los supuestos trajes regalados por las empresas de Correa al presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, que estima debe tratarlo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

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Tomas Martín figura en el sumario pero ya estaba imputado en el auto del 5 de marzo
Garzón imputa a otras 10 personas en el caso Gürtel

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divendres, 27 de març de 2009

Yak 42. El genocida de les Açores i el Ministrillo han de ser jutjats.

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Trillo és molt catòlic. De l'Opus, crec. Me l'imagino resant cada nit i demanant a Déu l'absolució mentre durant el dia ha exercit de mentider, cínic i perdonavides. Si el Déu a qui resa Trillo l'absol, permeteu-me que m'hi cagui.
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Juan Carlos Escudier
Por Juan Carlos Escudier

Trillo, el penitente

A Federico Trillo se le ha adelantado la Semana Santa y le han encendido los cirios en la Audiencia Nacional, donde se juzga a varios militares que estuvieron a sus órdenes por las falsas identificaciones de 30 víctimas del accidente del Yak 42. Con viento duro de levante, el valeroso ex ministro se ha quitado de en medio para esconderse bajo las piedras. “Lo que me asombra es que el señor Trillo estará dentro de 15 días de costalero en Murcia en un paso que siempre hace. ¿Qué pasará por su cabeza? ¿Qué pensará de su decencia personal y política?”, se preguntaba ayer Arturo González en La Mirada Crítica de Telecinco.

Dudaba José Cavero en Diario Crítico de que Trillo resistiera en su imagen actual “la recuperación de aquella su vieja experiencia como ministro del Gobierno de Aznar”, pero está comprobado que este hombre lo resiste todo, incluso a los fantasmas. Las culpas, si las hubo, siempre la tuvieron otros. El portavoz de Justicia del PP eludió sus responsabilidades por hacer viajar a los militares en ataúdes con alas y porque se entregaran los muertos a sus familiares como quien reparte los naipes de una baraja, sólo para llegar a tiempo a los funerales de Estado. A cambio de que no se le juzgue ahora, la Historia jamás le absolverá.

“Todos los militares tienen a gala que culpar a los subordinados de las propias responsabilidades trae deshonor y el desprecio de los compañeros. Pero el señor Trillo lo debió de olvidar hace años. En este juicio, desde luego, no están todos los que son. A mí, particularmente, me falta al menos uno”, afirmaba Fernando Reinlein en Nueva Tribuna acerca de la clamorosa ausencia del ex ministro ante el Tribunal, siquiera como testigo.

Trillo no está en la sala de vistas ni se le espera, por mucho que al singular director de El Plural, Enric Sopena, le cueste creer que no haya sido él mismo el que exigiera comparecer. “¿Ha derrotado el miedo a la gallardía de la que tanto hace gala?”, inquiría ignorante de que el miedo siempre guardó la viña.

“Juntacadáveres”
El “juntacadáveres” –en expresión de Manuel Alcántara en La Verdad– es para su compañera y tertuliana de Punto Radio Alicia Sánchez Camacho “un representante de los ciudadanos españoles escogido en democracia por las urnas (…) y ahora no le compete dimitir o no”. Se confirma que la desvergüenza es terriblemente contagiosa.
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El fiscal pide la comparecencia del 'número tres' de Trillo en el juicio del Yak

El Ministerio Público solicita que declaren el ex general de Política de Defensa y los funcionarios turcos que recuperaron los cuerpos para explicar las contradicciones escuchadas en la vista

ELPAÍS.com - Madrid - 27/03/2009

El fiscal encargado del juicio de las identificaciones erróneas de los militares fallecidos en el accidente en 2003 del Yak-42, Fernando Burgos, ha solicitado al tribunal la comparecencia del entonces secretario general de Política de Defensa, Jaime Jiménez Ugarte, número tres del ex ministro Federico Trillo, para tratar de esclarecer las contradicciones que se han producido hasta el momento en la vista oral. El Ministerio Público ha pedido además que acudan los funcionarios turcos encargados de recuperar y entregar los cuerpos a las autoridades españolas. "La impresión indiscutible es que los forenses turcos hicieron todo y no dejaron hacer nada al equipo español, pero en el juicio se ha escuchado lo contrario", ha explicado esta mañana el fiscal. El tribunal, presidido por el Javier Gómez Bermúdez, ha aplazado la deliberación de esta solicitud hasta el próximo martes, cuando termine la fase testifical.

La catástrofe del Yak-42

El fiscal ha incidido en el cargo y "la autoridad" que tenía Jiménez Ugarte cuando se produjeron los hechos, al asumir la función de "coordinar" el contacto con las familias de las victimas, que ayer se refirieron a él "en numerosas ocasiones". Según los testimonios de los familiares, estos empezaron a tener dudas sobre los trabajos de identificación tras entrevistarse con el entonces general de Política de Defensa. La asociación de familiares de las víctimas ha pedido al tribunal que acepte la solicitud del testimonio de Jiménez Ugarte para que "declare la verdad ante la opinión pública"; "nosotros la verdad ya la tenemos", ha indicado la portavoz, Granada Ripollés. "Es una decisión muy importante porque en su día nos trató fatal en las reuniones; en lugar de traernos paz y tranquilidad lo único que hizo fue ponernos en peor estado".

El PP respalda a Trillo
El secretario general del grupo del PP en el Congreso, José Luis Ayllón, ha negado hoy que se pueda estar "estrechando el cerco" sobre Trillo por la celebración de este juicio. El número dos del grupo popular ha señalado que el asunto sigue su curso y que hay que ser "respetuoso" con las decisiones de la Justicia. También el ex ministro y director del programa electoral del PP para las europeas, Miguel Arias Cañete, ha expresado su respaldo al ex ministro. "Mi amigo Federico me ha dicho que está muy tranquilo", ha dicho.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, ha evitado responder directamente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a una pregunta sobre la responsabilidad de Trillo y se ha limitado a decir que las explicaciones políticas las tiene que dar "quienes estaban al frente de Defensa" cuando sucedió el accidente. "Sobre los errores y sus supuestos responsables será la Justicia quien deba determinarlos", ha asegurado De la Vega.

Falsedad documental
La acusación pide cinco años de prisión para el general Vicente Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial. Los tres declararon en la primera sesión celebrada el pasado martes, en la que Navarro acusó a las autoridades turcas de los fallos en las identificaciones.

Esta mañana ha comparecido el teniente coronel Manuel López Veral, quien después del accidente fue comisionado como oficial de enlace para apoyar a las familias en los aspectos administrativos. López Veral ha señalado que los familiares de las víctimas tenían "mucha inquietud" por recuperar los objetos personales de las víctimas, tales como "carteras, relojes o anillos", pero ha asegurado que estas peticiones "no tuvieron nada que ver con las identificaciones".

Tras López Veral ha declarado el teniente coronel Coca, el superior que coordinó la redacción de los informes de necropsia elaborados por dos de los acusados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, y que fueron confeccionados en la base aérea de Torrejón (Madrid) el 28 de mayo de 2003, mientras se llevaba a cabo el funeral de Estado. Coca ha asegurado que no dio indicaciones precisas a Ramírez y Sáez y ha añadido que se limitó a ayudarles y a recordarles que debían hacer estos documentos "lo antes posible".

Entierros ilegales
El teniente coronel que eligió al equipo médico encargado de las tareas de reconocimiento y repatriación desde Turquía de los cadáveres declara hoy ante el tribunal en la cuarta sesión del juicio. La intervención de este testigo se produce después de que ayer el cónsul de España en Estambul, Raimundo Ezquerra, admitiera que no se cumplió con los trámites establecidos sobre política sanitaria mortuoria, por lo que los entierros fueron ilegales.

La jornada de ayer arrojó nuevos datos para la investigación, como la declaración del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz Roldán que aseguró que la cúpula militar propuso al ministerio no entregar los cadáveres porque había evidencias de que no todos los cuerpos habían sido identificados. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, citó para el próximo martes al ex jefe del Ejército Luis Alejandre para que aclarara este extremo, toda vez que Manuel Bretón, el jefe del Gabinete del ex ministro Trillo, lo negara.
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Los entierros del Yak-42 fueron ilegales
El tribunal cita al ex jefe del Ejército para zanjar la discrepancia entre dos generales
Vídeo: El fiscal pide que declare el 'número 3' de Trillo
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Familiar: "Hemos escuchado mentiras de una manera impune y barata"

El presidente de las víctimas, Miguel A. Sencianes, entrevistado en la SER. -El fiscal llama a declarar al entonces 'número 3' de Trillo

Lo llama por las entrevistas que mantuvo con los familiares cuando comenzaron a sospechar que había errores en las identificaciones.- También pide que declaren los cuatro forenses turcos

EFE/CADENA SER 27-03-2009

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, ha pedido al tribunal que celebra el juicio por el accidente del Yak-42, que testifique el 'número tres' del ex ministro de Defensa, Federico Trillo. El fiscal considera que el testimonio de Javier Jiménez Ugarte es fundamental para esclarecer "las contradicciones" en las que han incurrido los acusados y varios testigos, sobre todo en el papel que jugaron los forenses turcos durante las identificaciones. Burgos también ha pedido que declaren seis funcionarios turcos, entre ellos el responsable de los forenses.

La acusación ¿Quién es Javier Jiménez Ugarte?
AUDIOS: Entrevista a Miguel Ángel Sencianes (27/03/2009)
La Audiencia rechaza la comparecencia de Trillo, Aznar y Bono en el juicio del YAK-42
Bermúdez limita el acceso al juicio del Yak 42
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La Audiencia Nacional incia este martes el juicio por los errores en la identificaciones del Yak 42
La cúpula militar propuso al ministerio no entregar los cadáveres mal identificados del Yak
ENCUESTA: ¿Te parece correcto que Trillo siga en primera línea política seis años después del accidente del Yak-42?

Entre esos funcionarios se encuentra el fiscal de Trebisonda, Burham Cobaboglu, y del director del Instituto Forense de Estambul, el doctor Keramettin Kurt. Cobaboglu fue la persona que, supuestamente, comunicó a la delegación española, en concreto al principal acusado, el general Vicente Navarro, que 30 cadáveres estaban sin identificar.

Ante estas peticiones, el presidente del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez, ha indicado que esperará a que se practiquen todas la pruebas testificales antes de decidir si admite estas nuevas declaraciones.

Pocas aportaciones en la jornada de este viernes
La declaración de los dos testigos ante el Tribunal ha dado poco de sí. El primero en comparecer fue el teniente coronel Manuel López Veral, que después del accidente fue comisionado como oficial de enlace para apoyar a las familias en los aspectos administrativos.

López Veral ha señalado que los familiares de la víctima tenían "mucha inquietud" por recuperar los objetos personales de las víctimas, tales como "carteras, relojes o anillos", pero ha asegurado que estas peticiones "no tuvieron nada que ver con las identificaciones". El testigo ha indicado que todas estas sugerencias e inquietudes se las transmitió al Ministerio de Defensa.
Después de López Veral ha declarado ante el tribunal el teniente coronel Coca, el superior que coordinó la redacción de los informes de necropsia elaborados por dos de los acusados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, y que fueron confeccionados en la base áerea de Torrejón (Madrid) el 28 de mayo de 2003, mientras se llevaba a cabo el funeral de Estado.

"Hemos escuchado mentiras de una manera impune y barata"
El presidente de la Asociación de Víctimas del Yak- 42, Miguel Ángel Sencianes ha asegurado en declaraciones a la SER que su conclusión tras las sesiones del juicio esta semana se resume en que es "una aberración escuchar a unos testigos que mienten".

Preguntado por cómo se siente ha señalado lo siguiente: "Al escuchar tanta mentira y además de una manera tan impune y tan barata, pues imaginase usted si era un familiar suyo quien estaba en ese avión y que tuvo que recuperar su cuerpo".

También ha explicado que tras el accidente del Yak 42 se entrevistó con el entonces 'número tres' de Trillo, Javier Jiménez Ugarte, y que fueron "conversaciones amenazantes y muy subidas de tono" sobre todo, en el momento en que intentaba esclarecer o preguntar algo sobre la tragedia.
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Sencianes: "Las conversaciones con Ugarte fueron amenazantes"
¿Quién era su 'número tres'?
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El fiscal solicita la declaración del 'número tres' de Trillo

Pide la declaración de los cuatro forenses turcos que intervinieron en las identificaciones.

Es prácticamente imposible ex ministro de Defensa, Federico Trillo, sea citado en el juicio por la tragedia del Yak-42, pero el fiscal sí ha solicitado la declaración en la vista oral del que fuera "número tres" Trillo, Javier Jiménez Ugarte, así como de los cuatro forenses turcos que intervinieron en las identificaciones de las 62 víctimas españolas del accidente aéreo.

Fernando Burgos, que hizo esta petición en la cuarta jornada del juicio que la Audiencia Nacional está celebrando contra los tres militares acusados de inventarse la identificación de 30 de las 62 víctimas del Yak-42, dijo que la declaración de Jiménez Ugarte es necesaria porque ha sido citado en numerosas ocasiones en la declaración de los acusados y de los testigos y por haber asumido el cargo de coordinador con las familias, función por la que presidió las reuniones que muchos familiares han calificado de "humillantes".

Además, el representante del Ministerio Público solicitó la declaración de Bületn Sam, Ömer Müslümanoglu, Hüseyin Afsin y Fatih Akyüz, los cuatro forenses turcos que intervinieron en las identificaciones de cadáveres que se hizo en Trebisonda -lugar de la catástrofe- en los dos días posteriores al accidente, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003.

Por último, Burgos solicitó la declaración del fiscal de Trebisnda, Burham Cobaboglu, y del director del Instituto Forense de Estambul, el doctor Keramettin Kurt. El presidente del tribunal, el juez Javier Gómez Bermúdez, indicó que esperará a que se practiquen todas la pruebas testificales antes de decidir si admite estas nuevas declaraciones.

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PP Vice 27/03/2009. Garzón imputa a otras 10 personas en el 'caso Gürtel' de corrupción.

Estos son los presuntos máximos responsables de la trama de corrupcción política.-
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Garzón imputa a otras 10 personas en el 'caso Gürtel' de corrupción

Tomas Martín figura en el sumario pero ya estaba imputado en el auto del 5 de marzo.- Los imputados están relacionados con el ex alcalde de Boadilla y el despacho de abogados de la trama.- Se les acusa de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias

EFE / ELPAÍS.com - Madrid - 27/03/2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a otras 10 personas en el caso Gürtel -con lo que el número de imputados asciende ya a casi 70- por blanqueo de dinero, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrendo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebreros, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colman González, Luis Agramunt, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso, informa José Yoldi.

Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España.

En el auto, con fecha del 17 de marzo, figura también como imputado Martín Morales, quien, sin embargo, ya había aparecido como imputado en esta causa en otro auto del 5 de marzo. De hecho, dimitió al día siguiente como director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

Nuevos interrogatorios
Según las citadas fuentes, el juez, en presencia de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, ha interrogado ya esta semana a seis de estos nuevos imputados y el próximo lunes ha llamado a declarar a los cinco restantes. También estos últimos días han comparecido ante Garzón las personas que han tenido poderes en 12 sociedades que han sido intervenidas a la trama de Correa con el fin de nombrar administradores judiciales.

El juez, según las fuentes consultadas, ha preguntado a los representantes de estas empresas, entre ellos al ex vicepresidente de Repsol YPF e imputado en esta causa Ramón Blanco Balín, si esas sociedades "estaban vivas" y con personas contratadas. Entre estas empresas se encuentran Special Events (que organizaba actos para el PP hasta 2004), Orange Market (filial valenciana de Special Events), Good & Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept, Pasadena Viajes, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial.

Además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción vinculada al PP que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.

Acreditados regalos a Camps
Mientras Garzón continúa con la investigación de esta causa, la fiscalía anticorrupción asegura en su escrito de conclusiones sobre el caso Gürtel que la investigación ha destapado la existencia de unos pagos de al menos 7.393 euros en regalos a Francisco Camps, según se desprende del sumario que el juez remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que deberá decidir si admite a trámite la causa.

Garzón se inhibió el pasado 5 de marzo a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia en la causa contra cinco de los implicados en la operación Gürtel, entre ellos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su número dos, Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia.
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Las claves de la trama
Claves y quién es quién en la red de empresas y tráfico de influencias que investiga Baltasar Garzón

ELPAÍS.com - Madrid - 10/02/2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputa el 27 de marzo a otras 10 personas en el caso Gürtel por blanqueo de dinero, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias en un auto con fecha del 17 de marzo. Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrendo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebreros, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colman González, Luis Agramunt, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso. Algunos están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España.

Correa: "Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas
Gallardón destituye a un asesor de un concejal de Madrid por su implicación en la trama
Camps: "Yo me pago mis trajes"
Garzón imputa a dos nuevos alcaldes del PP en la trama de corrupción
La organización corrupta de Correa nació de una "relación directa" con responsables nacionales del PP
El PP suspende de militancia a los implicados por Garzón salvo a Camps y otros cuatro aforados
Estepona aparca la renuncia de Galeote como concejal
Garzón imputa a otras 10 personas en el 'caso Gürtel' de corrupción

Quién es quién en la trama de corrupción del PP
AUDIO - Cadena Ser - 10-02-2009
Nuestro compañero Aimar Bretos nos señala quiénes son los principales implicados en la presunta trama de corrupción que ha llevado a dimitir a tres cargos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid - AIMAR BRETOS

Documento: Auto de Garzón de inhibición en favor del TSJ de Valencia
Documento: Auto por el que Garzón se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Documento: Auto de ampliación por el que Garzón imputa a seis personas más en la causa, entre ellos los alcaldes de Pozuelo y Arganda

Garzón, se inhibió el 5 de marzo en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia al existir aforados autonómicos en la trama de corrupción que afecta al Partido Popular. Para ello, Garzón ha elaborado tres autos, uno para cada TSJ y otro de ampliación, en los que como novedad principal se imputa a los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón: Ginés López Rodríguez y Jesús Sepúlveda.

Cúpula del PP valenciano
En el auto remitido al tribunal de Valencia, Garzón apunta directamente a la cúpula del PP de esa comunidad, incluido Francisco Camps, acusado de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor de unos cuatro millones de euros. También implica al número 2 del PP valenciano, Ricardo Costa.

El auto del magistrado implica imputa en la trama de corrupción que salpica al PP a dos personas: José Víctor Campos Guinot, ex secretario de organización del PP valenciano, y Rafael Betoret, director del Gabinete de la Consejería de Turismo.

Nuevos imputados en Madrid
Entre los aforados autonómicos de la Comunidad de Madrid, Garzón se ha inhibido a favor del TSJ de Madrid en la causa contra el ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo y los diputados regionales Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
Además de los alcaldes Pozuelo y Arganda, ambos del PP, han aparecido otras novedades en los autos de Garzón. Las otras cuatro personas a las que el magistrado ha imputado son Tomás Martín Morales (director general del Ayuntamiento de Boadilla), Clemente aguado (ex viceconsejero de inmigración y ex diputado de la Asamblea) José Galeote Rodríguez (padre del eurodiputado Galeote y ex concejal del PP en Boadilla) y Ricardo Galeote (hermano de Gerarardo Galeote (ex concejal del PP en Estepona).

Dimisiones
Antes habían sido implicados por el juez los alcaldes de otras dos importantes localidades madrileñas. Hasta el momento, han dimitido cuatro miembros del PP de Madrid: el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, López Viejo, el gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y la número dos de la lista del PP en el Ayuntamiento, María Jesús Díaz.

El presunto cabecilla de la trama es el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP. Junto a él fueron detenidos ese día Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP gallego; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda; y dos personas más que aparecen en su amplio entramado de empresas, Felisa Jordán Goncet y Antoine Sánchez.

Enorme malla de empresas:
- Correa está ligado a Special Events, que contrató el PP nacional y cuya filial Orange Markets recibe encargos del PP valenciano. Correa aparece en Ekobaby (comercio de frutas) y Formación Comunicación y Servicios (viajes).
- Rodríguez Quijano figura en Pasadena Viajes, Special Events, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor).
- Crespo está relacionado con la inmobiliaria Welldone 2002 Special Events, Hator Consulting (compraventa mobiliaria), Studios Vesubio (inmobiliaria), Technology Consulting Management (urbanismo), Pasadena Viajes, Rialgreen (publicidad), Osiris Patrimonial (compraventa mobiliaria), Forever Travel Group (viajes), Inversiones Kintamani, Cresva, (publicidad), Proyectos Financieros Fillmore, Caroki, Castano Corporate, Spinaker 2000 (inmobiliarias) y Gestión y Equipamientos Deportivos (servicios deportivos).
- Jordán Goncet figura en Good and Better, e Easy Concept.
- Sánchez está en Catalunya Nord Recor, Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial y Technology Consulting Management.
Mapa de instituciones contaminadas:
- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas el viernes.
- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.
- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.
- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.
- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.


FRANCISCO CORREA
Empresario y supuesto cerebro de la trama, detenido e imputado el 6 de febrero. Permanece detenido en la prisión de Soto del Real. Es amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag, y testigo en su boda con Ana Aznar. Es responsable de la empresa Special Events, que contrató el PP nacional y cuya filial Orange Market recibe encargos del PP valenciano. Habitual organizador de actos del PP, Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003.
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PABLO CRESPO
Ex secretario de Organización del PP gallego y hombre de confianza del ex dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña, número tres de la Xunta de Galicia. Entre 1996 y 1999 Special Events monopolizó todos los actos del PP gallego y muchas de las inversiones de la consejería de Obras Públicas que dirigía Xosé Cuiña. Tras la caía de Cuiña, Crespo se mudó a Madrid como cargo directivo de la sociedad con la que tanto había tratado, Special Events, en Madrid. Siguió organizando actos y campañas del PP en todo el país, a excepción de Galicia, donde se le había cortado el grifo. Fue detenido e imputado el día 6 de febrero y se encuentra en la prisión de Soto del Real .
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ANTOINE SÁNCHEZ
Empresario detenido e imputado el día 6 de febrero, permanece en la prisión de Soto del Real. Administrador de la constructora Catalunya Nord Recor y de Inversiones Kintamani, dos empresas implicadas en la trama de corrupción.

FELISA JORDÁN GONCET
Relacionada con empresas investigadas. Fue detenida el día 6 de feberero y puesta en libertad por la Policía.

MARÍA DEL CÁRMEN RODRÍGUEZ QUIJANO
Esposa de Francisco Correa y ex jefa de Gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda y ex secretaria general del partido en ese municipio. Fue detenida el día 6 de feberero y puesta en libertad por la Policía.

ÁLVARO PÉREZ ALONSO
Conocido en el PP como El Bigotes, por los amplios mostachos que luce, es el responsable en la Comunidad Valenciana de Orange Market, empresa filial de Special Events, que se registró en julio de 2003 y que ha obtenido numerosos encargos del PP valenciano y de otras entidades que están bajo su influencia. Amigo de Alejandro Agag. Fue detenido el lunes 9 de febrero por la noche en la capital del Turia y trasladado a Madrid por orden del juez Baltasar Garzón.
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GUILLERMO ORTEGA
Ex alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Correa. Aprobó contratos con Special Events por más de 125.000 euros. Era gerente, hasta el lunes 10 de febrero, del Mercado Puerta de Toledo (designado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid). Al día siguiente de presentar su dimisión, el juez garzón le imputa en el caso.
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ALBERTO LÓPEZ VIEJO
Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, presentó su dimisión a Esperanza Aguirre el lunes 9 de febrero, después de que su nombre fuera relacionado con la trama. López Viejo ha sido implicado formalmente en la trama por el auto del juez Garzón en el que éste se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. López Viejo fue responsable en 2003 de las escenografías electorales de la presidenta de Madrid, que montaba la compañía Special Events regida por Correa. Adjudicó a las empresas de la trama al menos nuevo contratos por 75.338 euros entre 2004 y 2005.
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ARTURO GONZÁLEZ PANERO
Alcalde popular de Boadilla, presenta su dimisión el martes 10 de febrero, apenas unas horas después de que el juez Garzón le imputara en la causa. El PP consiguió mayoría absoluta en Boadilla en 2003, fue a partir de esa fecha cuando se tiene constancia de la relación de González Panero con Francisco Correa. El 18 de abril de 2002 Panero viajó con Correa a Miami, y volvió a repetir en julio de 2003. El viernes 6 de febrero la policía requirió documentos en el Ayuntamiento sobre la relación de González Panero con las empresas Easy Concept, Pasadera Viajes y Servimadrid Integral, vinculadas a la trama de corrupción.
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BENJAMÍN MARTÍN VASCO
Diputado autonómico del PP, ha sido implicado por el juez Garzón en el auto en el que éste se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fue sido designado presidente de la comisión de investigación sobre la otra trama que afecta a Madrid, la crisis de los espías, hasta que dimitió ante las protestas de PSOE e IU.
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GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ
Conocido, según el auto, como El Gafitas, Ginés López es desde hace seis años el alcalde de Arganda del Rey, municipio madrileño de 50.000 habitantes. También preside el PP de Arganda y es miembro del comité ejecutivo del PP madrileño. Según Garzón, durante su mandato en la alcaldía "se ha producido la entrada de las empresas de Francisco Correa en dicho municipio mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept Comunicación, SL durante los años 2005 a 2007, como así pone de manifiesto Isabel Jordán en su declaración".
Isabel Jordán es una de las empresarias imputadas, y en varias grabaciones se refiere a la actuación de cargos públicos de los municipios en los que operaba la presunta trama corrupta.

JESÚS SEPÚLVEDA RECIO
Alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes) desde 2003, presidente del PP local y miembro del comité ejecutivo del PP regional. Sepúlveda "aparece en la contabilidad B del grupo empresarial investigado", dice el auto de Garzón. A veces son cantidades "entregadas en sobre a JS" pero también hay, por ejemplo, un "ingreso en cuenta en el BBVA, por cuenta de PC" -a quien el juez identifica como Paco Correa- "para cancelar una factura de Pasadena Viajes con cargo a Jesús Sepúlveda". "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", resume Garzón. Y añade: "Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo era una de las personas que organizaban los eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos. Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para ese municipio".

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El fiscal acredita regalos de al menos 7.393 euros de la red corrupta a Camps

Anticorrupción cree que los hechos pueden constituir un delito de cohecho - Hacienda destapa múltiples contratos de la Comunidad de Madrid a Correa

J. FERRANDIS / J. A. HERNÁNDEZ - Valencia / Madrid - 27/03/2009

La fiscalía anticorrupción asegura en su escrito de conclusiones sobre la trama empresarial dirigida por Francisco Correa y vinculada a administraciones del PP que la investigación ha destapado la existencia, a través de diversa documentación, de unos pagos de al menos 7.393 euros en regalos de ropa al presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Francisco Camps, por parte de la red corrupta. Así se desprende del escrito de 18 folios fechado el pasado 18 de febrero y que forma parte del voluminoso sumario remitido por el juez Baltasar Garzón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el que debe decidir si admite a trámite la causa.

Un piso para el alcalde de Majadahonda
Garzón imputa a otras 10 personas en el 'caso Gürtel' de corrupción

Francisco Camps Ortiz

El fiscal se apoya en facturas de la tienda y en la declaración del sastre de Camps
Por el momento no hay vínculos entre los regalos y los contratos a la trama


En el escrito, la fiscalía anticorrupción, que investigaba los hechos desde hace año y medio, señala que la sociedad propietaria del establecimiento donde la red corrupta adquiría ropa para el presidente valenciano ha aportado documentación que acreditaría el pago de al menos 7.393 euros.

La fiscalía añade a esta prueba la declaración prestada por José Tomás García, el responsable de ventas del establecimiento que se relacionaba directamente con Camps para tomarle medidas o mostrarle telas. Tomás, según el escrito de anticorrupción, confesó que Pablo Crespo, uno de los dirigentes de la trama corrupta -y ex alto cargo del PP gallego-, pagó a la tienda más de 2.000 euros por un esmoquin y un chaleco vendidos a Francisco Camps.

La documentación aportada por la tienda incluye otras facturas por 5.393 euros pagadas por Orange Market -empresa de la trama que hacía negocios con la Administración valenciana- donde se menciona expresamente a Francisco Camps. La fiscalía entiende que estos hechos, de acreditarse durante la instrucción judicial, serían constitutivos de un delito de cohecho sancionado en el artículo 426 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".

El escrito de anticorrupción explica asimismo que, "por el momento", los regalos a Camps "no aparecen vinculados con la actividad de ninguna de las empresas de la trama". Garzón, en su escrito de inhibición, relacionó los regalos con los contratos que la trama empresarial consiguió de distintas consejerías de la Comunidad Valenciana.

El mismo documento de la fiscalía anticorrupción, donde se detallan las conductas supuestamente irregulares de tres diputados autonómicos del PP en la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre; Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch), explica que la investigación ha recabado información de la Agencia Tributaria sobre estos implicados que sustentaría la acusación.

Además, el escrito de la Fiscalía remacha la intensa relación del Gobierno de Aguirre con la trama corrupta: "La información remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pone de manifiesto la elevada facturación de empresas del entramado investigado con la Comunidad Autónoma de Madrid y con los Ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla y Arganda del Rey en los años 2003 a 2007".

El PP ha destituido a los alcaldes de estos municipios -en el caso de Majadahonda, el imputado era ex alcalde y Aguirre le había colocado como gerente en una empresa autonómica-, aunque aún no ha tomado medidas contra los tres diputados autonómicos, que siguen ocupando su escaño en la Asamblea de Madrid. La Agencia Tributaria ha acreditado que la Comunidad de Madrid contrataba con hasta cuatro empresas distintas de la trama corrupta: Easy Concept, Good&Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico.

Un piso para el alcalde de Majadahonda
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción señala que Francisco Correa, el presunto jefe de la trama empresarial corrupta que durante los años de mandato en el PP de José María Aznar montó todos los eventos de este partido, "no declaraba por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas desde 1999".

La fiscalía explica que su investigación arrancó de la denuncia presentada por José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, que trabajó durante algunos años para Correa. Y que se fundamenta además en información facilitada por la Agencia Tributaria sobre las distintas empresas y dirigentes del entramado.

La primera denuncia plantea diversas irregularidades de una serie de empresas de la trama en relación con la contratación de la organización de eventos que tenían como "principales clientes a Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana".

Anticorrupción comenzó sus pesquisas, según cuenta en su escrito, con dos escenarios distintos:
- La posible adjudicación irregular de una Oficina de Atención al Ciudadano en Majadahonda a la trama corrupta y la entrega al entonces alcalde de esta localidad, Guillermo Ortega (PP), de un inmueble en pago por permitir un desmontaje de cableado.
- El supuesto pago de tres millones de euros al alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero (PP) dirigido a obtener la adjudicación de una promoción inmobiliaria.
La investigación descubrió que la promoción inmobiliaria fue adjudicada a una empresa de José Luis Ulibarri por tres millones de euros menos que la mejor oferta presentada al concurso.
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Garzón imputa a otras diez personas en el 'caso Gürtel'

El número de imputados asciende ya a casi sesenta

EFE 27-03-2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a otras diez personas en el llamado "caso Gürtel", con lo que el número de imputados asciende ya a casi sesenta, han informado fuentes jurídicas.

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Uno de los encarcelados por Garzón pagaba los trajes de Camps
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Además, el magistrado ha iniciado los trámites para el nombramiento de administradores judiciales en las empresas intervenidas a la trama de corrupción que investiga y que presuntamente lidera Francisco Correa, uno de los tres únicos imputados que se encuentra en prisión.

Según las citadas fuentes, el juez, en presencia de las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, ha interrogado ya esta semana a seis de estos nuevos imputados y el próximo lunes ha llamado a declarar a los cinco restantes.

También estos últimos días han comparecido ante Garzón las personas que han tenido poderes en doce sociedades que han sido intervenidas a la trama de Correa con el fin de nombrar administradores judiciales.

El juez, según las fuentes consultadas, ha preguntado a los representantes de estas empresas, entre ellos al ex vicepresidente de Repsol YPF e imputado en esta causa Ramón Blanco Balín, si esas sociedades "estaban vivas" y con personas contratadas.

Entre estas empresas se encuentran Special Events (que organizaba actos para el PP hasta 2004), Orange Market (filial valenciana de Special Events), Good & Better, Diseño Asimétrico, Easy Concept, Pasadena Viajes, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial.

Garzón prosigue así con la instrucción de esta causa a la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y la Comunitat Valenciana decidan si la asumen, después de que el magistrado se inhibiera en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales como el president de la Generalitat, Francisco Camps.


Lista de los nuevos imputados

Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Casas Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.

El juez levantó parcialmente el secreto el pasado día 17 para notificar a las partes las nuevas imputaciones, según informaron fuentes jurídicas. Una parte de ellos han declarado durante esta semana ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 por su presunta relación con las actividades que investiga el juez, mientras que el resto está previsto que lo haga en los próximos días.
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Garzón imputa a otras diez personas en el "caso Gürtel"

El magistrado nombrará administradores judiciales en las empresas intervenidas.


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El juez Garzón imputa a otras diez personas en el "caso Gürtel"

El magistrado sigue a la espera de que el TSJCV decida si asume la instrucción al haber hallado indicios contra aforados regionales como Camps y Costa

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Rajoy dice que tiene "plena confianza" en Francisco Camps
Ricardo Costa es recibido en Elx con carteles sobre sus trajes
El PSPV pregunta al Consell por los 217.000 euros que una entidad del nuevo asesor de Ripoll no devolvió
Rambla afirma que las acusaciones contra Camps son "infundadas e infantiles"
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Por el momento, no han trascendido sus identidades
Garzón imputa a otras 11 personas en el caso Gürtel
En los primeros años setenta del siglo pasado, un western atípico, llamado El día de los tramposos, cosechó un notable éxito en las pantallas españolas. Grandes actores, como Kirk Douglas y Henry Fonda, avalaban el interés suscitado por la película. Unos doce años antes -hacia 1959-, también fue muy vista por el público de nuestro país, una españolada bajo el título genérico de Los tramposos, con un reparto de estrellas entonces emergentes como Tony Leblanc, Concha Velasco, Laura Valenzuela y Antonio Ozores.

En la actualidad, los tramposos han abandonado el cine –aunque puedan reaparecer en cualquier momento- y se han instalado en la derecha política, de modo que frecuentan la madrileña calle de Génova y otros enclaves conservadores. Muchos de los tramposos se han especializado en la perversa mezcla de política y negocios, lo que no es nuevo ni mucho menos. Baste, por ejemplo, con leer a J. H. Elliot en su libro sobre el conde-duque de Olivares. En los inicios del reinado de Felipe III, en el siglo XVII, “el pueblo veía tan sólo cómo los ministros del rey se comportaban con un afán desmedido de lucro y cómo prosperaban de día a día gracias al cargo que ostentaban”.
El yernísimo
Entre los tramposos, de los comienzos del siglo XXI, cabe incluir a modo de historia -que sería por cierto una película extraordinaria-, presuntamente a Alejandro Agag, el yernísimo, cuya corte de ambiciosos sin límites se movía hace unos años en el ámbito del denominado clan de Becerril, amparados todos los cachorros populares, aquella alegre muchachada, por la poderosa protección del presidente del PP y del Gobierno, José María Aznar López, el hombre que casó a su hija Ana con el citado Agag y que, junto a su maniobrera esposa -obstinada en ser la segunda/primera dama del Reino- impulsaron la celebérrima boda imperial, celebrada en el Monasterio de El Escorial, eregido a instancias de Felipe II, padre del ya mencionado Felipe III.
Noble encargo
Agag era íntimo amigo -en esa época al menos-, de Francisco Correa y de sus conocidos cuatreros/pijos, sin olvidar al denominado El Bigotes, Álvaro Pérez. Hasta el punto de que fueron ellos los organizadores oficiales de la boda, noble encargo que les endosó el presidente, ansioso de satisfacer a sus distinguidísimos invitados, algunos estadistas de primera categoría y alto rango, llegados de Londres y de Roma. Uno fue el organizador. El otro fue además padrino de boda. No pocos figuraban en las lista de invitados.
El mecánico de Agag
Han transcurrido poco más de diez años y Agag ni sabe ni contesta. Preguntado hace un par de días por el periodista Lluis Canut, en TV-3, sobre quién confeccionó la lista de invitados al enlace matrimonial, Agag recurrió a la vía del cinismo: “Debió de ser un mecánico”. Luego no quiso decir nada sobre Correa, uno de sus padrinos: “Me está entrando una especie de amnesia”. Interrogado en torno al regalo de boda que le hizo Correa, Agag manifestó: “La amnesia ahora es total”. Y requerida su opinión acerca de los casos de corrupción vinculados al PP siguió impasible, parapetado en el sarcasmo: “Mire, la amnesia se ha convertido en sordera”.
Rajoy, encogido de hombros
Agag elude hablar de Correa. Esperanza Aguirre cierra la comisión de investigación parlamentaria sobre los espías que redactan o redactaban dossiers comprometedores. Mariano Rajoy, como siempre, se ha lavado las manos y se encoge de hombros. Luís Bárcenas, senador tesorero del PP –cargo desde el que se fraguó el caso Naseiro, hace unos 20 años-, asegura que “lo de mi sueldo es una barbaridad”, pero no dice cuánto cobra ni cómo se ha multiplicado su fortuna en estos últimos años. Sáenz de Santamaría y De Cospedal continúan insistiendo que todo es un montaje y sugieren, sin pestañear, que el PP está más limpio que una patena el día del Corpus.
El estadista valenciano
El estadista valenciano, de nombre Francisco Camps, es incapaz de encontrar las facturas de sus elegantes trajes y, mientras, toma el pelo al personal proclamando que él paga sus vestidos. Trillo -que ignora el sentido del vocablo dimisión ni conoció la dignidad como ministro de Defensa- justifica a Camps y advierte que no acostumbra a pagar sus compras con tarjeta de crédito. Por cierto, esto de pagar a tocateja lo frecuentan no pocos supuestos tramposos. Como le sucede el vicepresidente de la lideresa, el impoluto González, experto en sacar tajada a las aguas de Isabel II, la reina que transformó Madrid en la corte de los milagros y las corrupciones de todo orden.
El perito pícaro de Corcubión
Los tramposos jamás se cortan un pelo. A Carmen Veiras, la jueza de Corcubión (A Coruña), uno de los peritos judiciales se la ha metido doblada. Santiago Martín Criado, profesor de Ingeniería Naval, es el pícaro de esta otra historia que nos lleva al asunto Prestige. Asesoró entonces, en 2002, al Ministerio de Fomento y, por tanto, al Gobierno Aznar y respaldó la actuación gubernamental en la catástrofe. Pero hurtó ante el Juzgado su relación con Fomento, circunstancia incompatible por aquello tan elemental de que no se puede ser a la vez juez y parte. Andaban muy fatuos en el PP por el auto de la juez exculpando a Fomento. La exculpación la han conseguido mediante una trampa flagrante. Carecen de escrúpulos y se pasan, los tramposos, por salve sea la parte su vergüenza, si es que aún les queda.
El de la copistería
¿Se acuerdan del mago de los negocios inmobiliarios y urbanísticos, Ricardo Romero de Tejada, a la sazón presidente del PP de Madrid, cuando argumentaba tras el tamayazo que sus ingresos le llegaban en buena parte como empleado de una copistería? Pues ahí está, de consejero casi perpetuo en Cajamadrid, que es otro ejemplo de ausencia de probidad popular. De trampa en trampa, de chollo en chollo, de oca a oca, y tiro porque me toca. Los tramposos, hay que reconocerlo, son linces. Se parecen a ese episcopal lince ibérico, que no es ibérico, transformado en reclamos publicitarios contra el aborto. Sin embargo, tranquilos todos. Seguimos en la corte de los milagros. Y en la de los tramposos.
Enric Sopena es director de El Plural
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“No me extrañó porque a Sepúlveda le gustaban mucho”
Ana Mato: del “no me consta” al “obviamente sabía que había un coche”

El yernísimo atribuye la lista de invitados a su boda a ¡un mecánico!
Agag alega "amnesia" y "sordera" para no hablar de su relación con Correa

Y la Agencia Tributaria destapa "la elevada facturación de empresas del entramado con la Comunidad de Madrid"
Anticorrupción acredita que Camps recibió más de 7.000 euros en regalos de la trama corrupta

Rajoy avala la inocencia de Camps y Bárcenas pero siembra dudas con el espionaje en Madrid
"Ya me gustaría a mí saber si hubo espionaje y quién lo hizo"
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El Gobierno regional suministra trabajo y contratos al entorno del PP
Comunidad de Madrid, la suma de todos (los familiares de Aguirre y altos cargos)
ELPLURAL.COM

El Gobierno regional de la popular Esperanza Aguirre se ha convertido en una maquinaria para dar empleo tanto a los familiares de la presidenta como a otros altos cargos de la Comunidad, especialmente su vicepresidente Ignacio González a través del Canal de Isabel II. Empresas relacionadas con familiares del PP también han conseguido sustanciosos contratos de la CAM. El lema para promocionar al Gobierno madrileño, la suma de todos, parece limitarse más bien a la suma de unos pocos, la de quienes se mueven en el entorno amistoso y familiar del PP. Muchos de estos vínculos se han evidenciado a raíz de la lucha de clanes internos demostrada con el presunto espionaje.

El canal de Isabel II es uno de los principales resortes de colocación del entorno del PP. Su gerente es Ildefonso de Miguel, cuyo sustancioso patrimonio salió a la luz a raíz de la presunta trama de espionaje. El cuñado de De Miguel, Fernando Ruano Puente, ha sido socio y administrador único de varias empresas beneficiadas por decisiones de la Comunidad de Madrid, junto con Pablo González González -hermano de Ignacio González, vicepresidente de la CAM y presidente del Canal de Isabel II- y José Juan Caballero Escudier -cuñado de Ignacio González-, también beneficiados por adjudicaciones de la empresa pública madrileña de gestión del agua.
Martín Marín-González-Aguirre
Ildefonso fue director general de Quiero TV y también es amigo y ex socio en varias aventuras de Pedro Antonio Martín Marín. En uno de los seguimientos a los que presuntamente fue sometido Ignacio González, según han publicado varios medios, se podía ver al vicepresidente acompañado en un viaje por Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de comunicación del PP. La hija de Martín trabaja en la fundación del Canal de Isabel II. El yerno de Martín es Borja Sarasola, número cuatro del PP de Madrid y viceconsejero en la vicepresidencia de González. Francisco Javier Aguirre Pemán es subdirector de márketing del Canal de Isabel II y también primo de Esperanza Aguirre.
Más González
Isabel González González, hermana de Ignacio González. Fue jefa de la Secretaría del Secretario de Estado para el Deporte, por donde también pasó Pedro Antonio Martín Marín. Ahora es, entre otras cosas, diputada de la Asamblea de Madrid.
También Gamón, el organizador de escoltas
La familia de Sergio Gamón, ex jefe de escoltas de Esperanza Aguirre e investigado por la Asamblea de Madrid como jefe de los supuestos espías de la Comunidad, también ha encontrado acomodo en el Gobierno regional. Su mujer fue contratada como secretaria de Manuel Soriano, entonces director general de Telemadrid, después de que la anterior secretaria le denunciase por acoso sexual. Su hija, María del Carmen Gamón, es concejala del PP de Fuenlabrada y también presidenta de Nuevas Generaciones del PP en esta localidad de Madrid.
La familia de Güemes
Por su parte, Juan José Güemes, consejero de Sanidad de Madrid y yerno de Carlos Fabra, puede ver a su hermana, Rocío Güemes Barrios, como directora de Estrategia Empresarial del Instituto Madrileño de Desarrollo.