dissabte, 20 de juliol de 2019

Ni un paso atrás. Soledad Luque.


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Ni un paso atrás
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El Salto/Soledad Luque


Son sorprendentes algunas declaraciones de la prensa que dicen que este hallazgo puede dar un vuelco al relato sobre bebés robados. No debería ser así, ya que si algo se ha demostrado con este reencuentro es que el tráfico de bebés existía.
Inés Madrigal
Inés Madrigal, el segundo día del juicio contra Eduardo Vela. MARÍA JOSÉ ESTESO POVES
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN TODOS LOS NIÑOS ROBADOS SON TAMBIÉN MIS NIÑOS.
INTEGRANTE DE CEAQUA.

El pasado jueves 11 de julio, Inés Madrigal anunciaba en rueda de prensa que había encontrado a su familia biológicadespués de años de búsqueda. Para muchas víctimas y, por supuesto, para nuestra asociación, Todos los niños robados son también mis niños, este reencuentro ha sido motivo de gran alegría.
El derecho de toda persona a conocer sus orígenes es esencial en un Estado de derecho. Sin embargo, en el nuestro, las víctimas de robos de bebés, uno de los crímenes más atroces cometidos durante el franquismo y hasta bien entrada la democracia, han visto cercenado su derecho a la verdad.

En un proceso exitoso de búsqueda de los orígenes, esa verdad puede poner de manifiesto adopciones legales, ilegales, robos o, como en el caso de Inés, una apropiación para regalarla e inscribirla como hija biológica de una mujer que no podía tener hijos. Del mismo modo, para las familias que buscamos hijas, hijos, hermanas y hermanos, cabe la posibilidad de que las investigaciones demuestren la muerte de algunos bebés. En otros casos, se demostrará el robo. Ninguna asociación es ajena a este abanico de posibles resultados. Ello no afecta a la existencia del crimen del robo de bebés, que ha sido una práctica represiva y generalizada en distintos países que han padecido situaciones de conflicto armado o dictaduras y cuyas consecuencias se han alargado en el tiempo. Nuestro país se encuentra entre estos.

Queremos que el crimen cometido durante el régimen dictatorial y parte de la democracia sea investigado de forma rigurosa y exhaustiva por las autoridades estatales competentes. Queremos saber, y tenemos derecho a saber, la verdad: una verdad colectiva y plural que dé respuestas a todas y a cada una de las víctimas.

Para construir un relato colectivo, no solo es necesario que la justicia lleve a cabo con honestidad y compromiso todas las investigaciones solicitadas, sino que todos los reencuentros reciban la misma atención que el de Inés Madrigal. Sin embargo, sabemos que la mayoría de los reencuentros de robos de bebés y niños se lleva a cabo sin luz ni taquígrafos.
Es absolutamente necesario que se hagan públicos todos los reencuentros, pero existen razones por las que se hacen en secreto. Una de ellas es el temor de los hijos a que sus madres y padres adoptantes sean requeridos por la justicia como supuestos implicados en el robo.

No se puede exigir a las víctimas la difusión del resultado de sus búsquedas en general y, en especial, cuando se demuestra que han sido niños robados. Sin embargo, les hacemos un llamamiento para que hablen sin miedo de forma pública y que denuncien sus casos. De igual modo, sería muy beneficioso que las autoridades tranquilizaran públicamente a las víctimas explicando que el hecho de que los padres y madres adoptantes sean llamados a declarar no implica que sean considerados criminales. Desde siempre, hemos defendido el supuesto de que las madres y padres adoptantes, excepto en algún caso muy evidente, no han sido en absoluto conocedores del robo.


“ENTREGA VOLUNTARIA”

En el caso de Inés Madrigal, los medios han dicho que fue dada en adopción de “manera voluntaria”. Hablar de la “voluntad” de una madre soltera a la hora de entregar un bebé en el contexto patriarcal de una dictadura ultracatólica es altamente problemático porque hace caso omiso de la realidad jurídica y sociocultural que marcaba la vida de las mujeres durante el franquismo. En ausencia del testimonio de la madre, es muy difícil saber qué grado de voluntariedad y qué grado de coacción existió en la entrega de Inés.

Tanto en el caso de Inés Madrigal, que fue dada “voluntariamente” para que fuese adoptada, como en el caso de los bebés que sí fueron robados, existe como parte intrínseca de estos delitos un componente de género que tendría que ser tomado en cuenta por la Justicia. 


“EL VUELCO JUDICIAL”

Son sorprendentes algunas declaraciones de la prensa que dicen que este hallazgo puede dar un vuelco al relato sobre bebés robados. No debería ser así, ya que si algo se ha demostrado con este reencuentro es que el tráfico de bebés existía.

Según lo que se ha conocido, Eduardo Vela no hizo ningún trámite para que Inés pudiera ser adoptada, sino que se apropió de la niña y la regaló a un matrimonio. Si hubiera sido adoptada, Inés seguramente habría podido encontrar mucho antes a su madre. Pero la víctima de este delito no ha sido solo Inés, sino también su madre, ya que Eduardo Vela, al proceder como lo hizo, impidió que la madre de Inés pudiera hallarla si así lo hubiera deseado.

Eduardo Vela fue declarado culpable de tres delitos en la sentencia del 8 de octubre de 2018: detención ilegal, suposición de parto y falsificación en documento oficial. Sin embargo, fue absuelto por prescripción de los mismos. Ante esta circunstancia, Inés Madrigal recurrió al Tribunal Supremo. La esperanza era que el Alto Tribunal sentara jurisprudencia para que los delitos del robo de bebés no prescribieran. Todavía en espera de esta resolución, la Fiscalía General del Estado, una vez conocido que Inés no fue robada sino entregada de “forma voluntaria”, ha planteado la modificación de la sentencia para eliminar de ella el delito de detención ilegal.

Inés no fue una bebé robada pero la resolución del Supremo, en cuanto al criterio de prescripción de los delitos mencionados, también afectará a todas las personas que sí son víctimas por el robo de bebés y esto debería ser tenido en consideración por la Justicia a la hora de emitir una resolución al procedimiento todavía abierto en este Tribunal.


LA PRESCRIPCIÓN Y LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

En cualquier caso, y decida lo que decida el Tribunal Supremo, lo que está claro es que la sentencia del 8 de octubre de 2018 sobre el caso de Inés Madrigal no recoge, para los casos del crimen de lesa humanidad del robo de bebés, “los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”, tal y como expresaba el fiscal del Tribunal Supremo, Carlos Castresana, en su artículo del 9 de octubre de 2018 en el diario digital infoLibre, “¿Qué prescripción?”.
Pero, además, tampoco pareció tener en cuenta la sentencia que el objetivo prioritario de cualquier tribunal es “restaurar el orden jurídico perturbado”, tal y como también se indica en el anterior artículo citado de Castresana. Es por ello que el artículo 132 del Código Penal establece que, en los delitos de ejecución permanente, la prescripción no empieza a computarse hasta que se elimina la situación ilícita. “El doctor Vela privó a Inés desde el día en que nació de su identidad, nombre, estado civil y filiación” como podemos leer en el artículo citado. Ahora que ya se ha eliminado esa situación ilícita al encontrar Inés a su familia de origen sería cuando tendría que empezar a computarse la prescripción según nuestro derecho interno. Y no podemos olvidar que la situación ilícita se ha resuelto gracias a la voluntad y persistencia de Inés, no porque las autoridades hayan buscado, como era su obligación, a su familia biológica.

El robo de bebés se califica como delito de lesa humanidad en la causa penal 4591/2010 en la que se investigan los crímenes cometidos durante la dictadura franquista que se tramita, en aplicación del principio de justicia universal, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, Argentina, a cargo de la jueza María Servini de Cubría y cuya principal impulsora es la Coordinadora de apoyo a la Querella argentina-Ceaqua. De igual manera, así se califica este crimen en el Código Penal español, en su artículo 607 bis.

También la Querella interpuesta en México por Amnistía Internacional para investigar los crímenes del franquismo, como delitos contra la humanidad, se abrió por la demanda presentada por Ligia Ceballos, que podía ser una niña robada en España y trasladada a México en 1968. La Procuraduría mexicana investiga el caso como un caso de desaparición forzada.

La comunidad internacional ha instado a las autoridades españolas a investigar de forma eficaz este crimen. Así, en julio de 2014, el relator de la ONU, Pablo de Greiff, afirmó que España está obligada por el derecho internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, y que ratificó en el 2009, a “fortalecer los esfuerzos con mira a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de la apropiación”.

En el mismo sentido lo dice el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, expuesto en septiembre de 2014 en el 27º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en Noviembre de 2017, se aprobó el Informe de la Misión y Recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, elaborado a raíz de la visita de inspección realizada en España del 22 al 23 de mayo de 2017, en el que se establecen 31 recomendaciones al Estado español basadas en el derecho a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas por el robo de bebés.

La falta de investigación de este crimen de lesa humanidad y la negación de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición que padecen las víctimas es algo inaudito para los organismos de derechos humanos que consideran el robo de bebés como un crimen internacional y por tanto imprescriptible.

No podemos obviar que lo sucedido con el caso de Inés refuerza la ya conocida desconfianza de las víctimas en los laboratorios de ADN de España. Sea cual sea la causa de que los laboratorios no consigan realizar cotejos exitosos, mientras que sí lo hacen laboratorios extranjeros, pone en evidencia la ineficacia de los protocolos que utilizan para conseguirlo. Es extremadamente preocupante que dos personas que comparten parentesco y han confiado su información genética a unos laboratorios no reciban información válida y confiable.


LOS LABORATORIOS DE ADN

Los laboratorios privados homologados emplean los mismos marcadores que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), según expuso su director, Antonio Alonso, en la reunión que mantuvo con las asociaciones el pasado 20 de junio. Uno de esos laboratorios privados es donde tenían sus perfiles genéticos Inés y uno de sus hermanos y no se produjo ninguna coincidencia; entendemos, por tanto, que igual habría pasado de haber estado esos perfiles en el INTCF.

En nuestra opinión, esta información pone en entredicho el Informe sobre exhumaciones publicado el 18 de mayo de 2017 por dicho instituto. Este informe, además, fue realizado a partir de unos datos cuya representatividad es imposible evaluar, no solo porque el número de muestras es muy reducido, sino también porque no se facilitan los criterios de selección de esas muestras. Pero en este informe no se han incluido las exhumaciones donde aparecen restos de un bebé que no tiene coincidencia genética con los familiares que buscan, ni aquellas en cuyos ataúdes se encuentran restos de adultos donde tendría que haber restos de niños, ni en las que aparecen las cajas vacías sin restos. No están porque en el INTCF solo tratan las exhumaciones que les llegan por vía judicial, ¿qué ocurre con todas las denuncias que no consiguen prosperar debido al archivo masivo que se produce?, ¿en qué informes constan esos casos?

A pesar de todos estos hechos, el informe concluye que los resultados no demuestran que haya habido en nuestro país un tráfico organizado de niños. Con lo cual es evidente que, mientras no se investiguen en profundidad todos los casos y dejen de cerrarse por parte de Fiscalía o de los juzgados, es muy difícil tener o hacer un estudio riguroso. 


LA LEY DE BEBÉS ROBADOS

Cada vez es más urgente que se promulgue una ley que permita resolver todos los casos de bebés robados. La Coordinadora de apoyo a la querella argentina-Ceaqua, entidad en la que se integra nuestra asociación Todos los niños robados son también mis niños, promueve desde hace año y medio en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de bebés robados en el Estado español, de la que se habló extensamente en el artículo “¿Por qué una ley estatal de bebés robados?”, publicado por El Salto el 25 de octubre de 2018.

Esta ley garantizaría por primera vez el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés, reconoce y asegura los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y reconoce la condición de víctimas para los afectados por este crimen, al que se considera un crimen contra la humanidad. Es un texto que integra a todas las víctimas por el robo de bebés, las de la dictadura y las que se produjeron después, las familias que buscan hijos y hermanos, y las personas que luchan por saber su identidad.

En lo que respecta a los organismos, en la proposición de ley se contempla la creación de una Fiscalía Especial que se encargue de garantizar los derechos de las víctimas, una Unidad de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad. Además, para que hagan el trabajo estos organismos, se les dota de una base de satos que elaborará un censo de todos los casos, y una base de ADN nacional, cuyas pruebas serán gratuitas, con toda la información de todos los desaparecidos y de sus familias. Con esta ley, España empezaría a cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, y especialmente la del relator de Justicia Transicional, así como los Principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos.

Es esta una iniciativa legislativa, que cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, de la Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad (representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España), de The Guernica Centre for Internacional Justice y de 18 asociaciones de víctimas por el robo de bebés en toda España. 

El 20 de noviembre de 2018 fue aprobada por unanimidad su toma en consideración, pasando así a formar parte de la agenda de trabajo del Parlamento estatal. El 13 de diciembre se aprobó también por unanimidad su trámite de urgencia. Sin embargo, el final de la anterior legislatura hizo imposible la continuación del proceso parlamentario para su aprobación final. Es urgente que en esta nueva legislatura eche a andar para que la Ley de bebés robados vea por fin la luz.


Inés ha conseguido encontrar a su familia y compartimos con ella su alegría. Su caso fue el de una entrega cuyo grado de intencionalidad o voluntad nos es imposible valorar con los datos hasta ahora conocidos. Sin embargo, sigue habiendo miles de personas en busca de sus orígenes y miles de madres que no dieron a sus hijos en adopción y a las que les fueron robados con burdas mentiras y, hasta hoy, con total impunidad. Estas ciudadanas y ciudadanos siguen esperando que el Estado y sus instituciones las protejan y busquen a sus bebés robados, y que se hagan efectivos el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Solo reconociendo y ejercitando estos derechos nos aseguraremos de que, en el futuro, este crimen no se repita.

divendres, 19 de juliol de 2019

Documentos falsos y tumbas vacías: la trama de los bebés robados más allá de Inés Madrigal.


https://www.cuartopoder.es/espana/2019/07/18/la-trama-de-los-bebes-robados-mas-alla-de-ines-madrigal/



  • El hecho de que Inés Madrigal, según el testimonio familiar, no haya sido “robada” ha provocado una reacción "negacionista" de la trama de los bebés robados
  • Se han encontrado tumbas vacías donde debería haber restos de bebés en lugares como Cádiz y Alicante. También se han producido una veintena de reencuentros entre víctimas

Inés Madrigal, la primera mujer que consiguió llevar su caso de bebés robados a juicio, fue dada en adopción voluntariamente por su madre, según ella misma comunicó hace unos días. Gracias a un laboratorio americano había encontrado a su familia: cuatro hermanos biológicos con sus respectivos hijos. Sus hermanos le contaron que su madre, ya fallecida, se había quedado embarazada estando soltera y decidió darla en adopción.
El hecho de que Inés Madrigal, según el testimonio familiar, no haya sido “robada” ha provocado una serie de artículos periodísticos y reacciones en las redes sociales que ponen en duda la trama de los bebés robados. Sin embargo, existen cientos de testimonios a lo largo y ancho del Estado que describen un mismo modus operandi en maternidades públicas y privadas. Las madres han repetido la misma historia en puntos alejados de la geografía española: se les comunicaba la muerte repentina del bebé, que aparentaba buena salud y después se realizaba un súbito entierro. En otros casos, las madres recibían todo tipo de presiones o coacciones por religiosas para entregar al bebé en centros donde se ocultaba a las solteras embarazadas que carecían de apoyo familiar.
Según el último informe del Ministerio de Justicia, desde 2011 hasta julio de 2018 se iniciaron 2.104 diligencias de investigación, aunque solo se han judicializado 522. El resto se archivaron por falta de pruebas, muerte de los implicados o prescripción de los delitos. La mayoría de los casos registrados suceden en la Comunidad de Madrid (343), también en Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Catalunya, País Vasco, Galicia y Aragón.
El caso de Madrigal llevó ante la la Audiencia Provincial de Madrid al doctor Eduardo Vela, quien falseó la documentación de su adopción. Para este doctor, director de la clínica madrileña San Ramón, trabajó como asistente social la monja sor María Gómez Valbuena, quien falleció en 2013 días después de declarar ante el juez por la detención ilegal y falsedad documental por el presunto robo de unas gemelas. La Audiencia Provincial de Madrid consideró a Vela culpable de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental, aunque le absolvió por la prescripción del delito en 1969. La sentencia fue recurrida al Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión.
Después de que Madrigal haya comunicado sus averiguaciones sobre su familia, la Fiscalía Provincial de Madrid ha excluido como hecho probado el robo del bebé y con ello “el delito de detención ilegal”, aunque mantiene la suposición de parto y la falsedad documental que pesan sobre el médico. “El doctor Vela no la entregó en adopción, firmó un parte de alumbramiento en el que decía que la madre no era quien la había entregado sino la madre falsa biológica, Inés Pérez (mujer estéril)”, explica el abogado Enrique Vila a cuartopoder.es. “La Fiscalía habla de 'adopción ilegal', pero no ha habido adopción ni regular, ni ilegal, ni delictiva porque simplemente no se siguieron los trámites necesarios”, añade.
En opinión de este abogado especializado en sustracción de menores, aunque el caso de Inés Madrigal fuera una adopción voluntaria, “se ninguneó” tanto el derecho de la madre, que no figura como biológica, como el de la afectada, quien no ha podido hasta ahora averiguar su verdadera identidad. “El hecho de coger a una niña y ocultarla de la autoridad se tendrá que tipificar. El Supremo tendrá que valorar también que este caso no es un caso de bebés robados, pero estos delitos no prescriben según la normativa internacional de Derechos Humanos”, argumenta Sol Luque, la presidenta de Todos los Niños Robados Son También Mis Niños.
La falsedad documental, delito por que Vela es declarado culpable, es una de las claves. ¿Para qué falsear documentación hasta suprimir a la madre biológica cuando había cauces legales para realizar adopciones? Miles de personas en todo el país han encontrado errores administrativos en sus partidas de nacimiento, en el registro, desde el periodo de la dictadura hasta los años 90.
María José Esteso, periodista que destapó decenas de casos de bebés robados en el periódico Diagonal, recuerda uno especialmente significativo. Purificación Betegón tuvo unas gemelas que desaparecieron en la maternidad de Santa Cristina (Madrid) la noche del 23F en 1981. En uno de los documentos de entrada a la maternidad, constaba la anotación “madre soltera” rodeada con un círculo. Y donde debería aparecer el nombre de la madre y el padre se había escrito “sor María”, recuerda Esteso.
Los casos tienen un precedente histórico. Durante la Guerra Civil el jefe de psiquiatría del Ejército, Antonio Vallejo-Nágera ideó la práctica separación de los bebés de las presas republicanas, portadoras de lo que llamó “gen rojo”, para liberar a la sociedad de “la terrible plaga” del marxismo. Esto que ya documentaron historiadores como Ricard Vinyes y Tomasa Cuevas fue corroborado por el juez Baltasar Garzón en 2008, quien definió como víctimas del franquismo a los más de 30.000 niños que fueron tutelados por el régimen franquista entre 1944 y 1954. La trama, que había tenido su origen en la represión política del enemigo, se convirtió con los años en un lucrativo negocio, según los testimonios de los afectados.
Bebés-robados-justicia
Las asociaciones de "bebés robados" frente al Ministerio de Justicia. / S.M

Las tumbas vacías

Quienes niegan la existencia de la trama de bebés robados señalan como clave un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) en 2017 publicado en El País. Se examinaron 120 sepulturas que habían ordenado abrir los jueces porque había indicios de sustracción. En 117 de los 120 enterramientos exhumados se recuperaron restos óseos y en 81 de estos casos (el 90%) los científicos pudieron identificar a los bebés como hijos de los padres que los buscaban. Esto llevó a expertos con prestigio como el forense Francisco Etxebarria a afirmar que había habido “una psicosis colectiva” y que “los neonatólogos en este país habían salvado vidas, no robado bebés”.
El informe y las declaraciones del experto cayeron como una losa sobre las decenas de asociaciones de víctimas de bebés robados en todo el Estado. Entre otras cosas, las víctimas critican que la investigación no ha tenido en cuenta las sepulturas donde no han hallado restos y tampoco aquellos restos cuyo ADN no es coincidente, un 10% según dicha investigación.
Por otro lado, existen varios ejemplos de exhumaciones donde no se han encontrado los restos de los bebés, y precisamente por este motivo, el caso ha sido archivado. Es el caso de Laura Perales, una madre alicantina que buscaba a un bebé nacido el 20 de noviembre de 1980 en el Hospital General de Alicante, y cuya causa se archivó después de que no se encontraran restos coincidentes en una exhumación realizada en 2012.
En el mismo cementerio municipal se produjo meses antes otra exhumación, la primera de este tipo en la Comunidad Valenciana, en búsqueda de la hermana de María José Picó, quien ha mostrado a cuartopoder.es la documentación sobre el caso. Su hermana melliza, que fue dada por muerta 30 horas después de nacer en el Hospital de Alicante, fue enterrada en una fosa común en el año 1962. María José cuenta a este diario las irregularidades administrativas con las que se topó. No había constancia en el centro de que su madre, Francisca Robles, hubiera dado a luz allí y en el registro no constaba el nacimiento de su hermana.
Su padre siempre tuvo sospechas sobre la muerte de la melliza porque nunca vio a la niña “ni viva ni muerta”. Le entregaron una cajita sellada para enterrarla de manera “urgente” en el cementerio de Alicante, aunque la familia era de la localidad Elche. En la exhumación, donde el padre pudo corroborar la ubicación del enterramiento, se encontró la esquina de una caja. Más abajo aparecieron unos restos de bebé. “Al cabo de 11 meses llegó el resultado del ADN y los restos no correspondían”, explica María José. Se realizó una segunda exhumación en un terreno contiguo, pero tampoco hubo resultados. “Se había demostrado que mi hermana no estaba allí”, narra María José. Sin embargo,la causa se archivó porque, según el escrito del juez, no se había podido acreditar la existencia de indicios de la comisión de infracción penal" y, por tanto, no se podía continuar "en la búsqueda de verdad material”.
Hay otros casos similares en otros puntos de la geografía. En Cádiz se han abierto unas 40 sepulturas de bebés que, se sospecha, fueron robados entre los años 70 y 80. Las exhumaciones se vienen haciendo en el Cementerio de San José desde el año 2017 gracias a una orden extrajudicial del Ayuntamiento. “Hemos encontrado cuatro sepulturas donde la caja estaba vacía”, indica a este medio Chari Herrera, de SOS Bebés Robados Cádiz. En su caso aparecieron los restos de un bebé que podría ser su hermana, nacida en 1975. Tanto ella como las demás familias gaditanas esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar el parentesco con los restos humanos que han sido hallados en las exhumaciones. Las conclusiones serán reveladoras para el enigma de los bebés robados.
Asociaciones de afectados por los bebés robados en la tribuna de invitados en el Congreso donde hoy se toma en consideración una proposición de ley del grupo parlamentario socialista y del grupo mixto sobre bebés robados en España.
Asociaciones de afectados por los bebés robados en la tribuna de invitados en el Congreso donde hoy se toma en consideración una proposición de ley del grupo parlamentario socialista y del grupo mixto sobre bebés robados en España./ Kiko Huesca (Efe)

Los reencuentros

También se han producido varios reencuentros entre familias afectadas por los casos de bebés robados. Por ejemplo, el de María Luisa Torres, quien llevaba décadas denunciando que una monja de la maternidad de Santa Cristina de Madrid la había engañado para quitarle a su hija y cuyo caso había sido archivado. 29 años después, esta madre pudo encontrar a su hija Pilar debido a que el padre adoptivo decidió ayudarla a buscar a su madre biológica. “Fuimos a Madrid, A Coruña, Lugo, a Zaragoza... No había niños. Hasta que contactamos con sor María. Ella nos comentó que era muy difícil. Pero una semana después nos llamó porque había una chiquita que quería dejar a su hija en adopción”, narró para El País.
Hay otros casos conocidos como el de Benedicta García, que mediante detectives privados logró encontrar a su hija 46 años después. Madre soltera y sin apoyo familiar, dejó a su bebé al cuidado de las monjas de la casa cuna de Bilbao mientras trabajaba, con la promesa de que podría volver a verla, pero un día le dijeron que se la habían entregado a otra familia. En total, las asociaciones de bebés robados han recopilado una veintena de encuentros de víctimassegún puede consultarse en esta web.
Las víctimas continúan pidiendo al Estado que se tome medidas que favorezcan la investigación y amparen a las familias, quienes se ven obligadas a realizar las búsquedas por otros cauces distintos a los de la Justicia. “El caso de Inés no es un caso de bebés robados. Ella ha encontrado a su familia y esa es una de las posibilidades. Lo que pedimos es que se siga indagando con el resto de miles de denuncias que no se han investigado. Esa es la mejor manera de averiguar si esos bebés murieron o no”, apunta Luque.

dimecres, 17 de juliol de 2019

SOLICITUD DE ENTREVISTA CON LA MINISTRA DE JUSTICIA para plantearle la posibilidad de la colaboración del Ministerio con www.todoslosnombres.org.



Amigos/as, compañeros/as, colaboradores/as de "todos (...) los nombres", 

Hoy 17/07 hemos presentado en el Registro de la Delegación del Gobierno la SOLICITUD DE ENTREVISTA CON LA MINISTRA DE JUSTICIA para plantearle la posibilidad de la colaboración del Ministerio con www.todoslosnombres.org (os mando escrito en PDF), asimismo ponemos en circulación la nota de prensa sobre los 100.000 nombres coincidiendo con una fecha tan "especial" como el 18 de Julio. Recordando así el inicio del genocio, como lo han dado en calificar, cada vez más historiadores.

Por último invitaros a la difusión de la nota entre los conocidos/as e interesados/as, así como a participar en los múltiples actos de reconocimiento de las víctimas del franquismo que se celebran estos días.

Cecilio Gordillo (RMHSA_CGT)
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Nota a los medios de comunicación
Asunto: Memoria histórica
Fecha: 17/07/2019

ÉSTE 18 DE JULIO VÁMOS A DAR UN GOLPE
  • Ese día, el contador de víctimas de la página www.todoslosnombres.org alcanzará los 100.000 registros.
  • La página promovida por las entidades Grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA_CGT.A) y la Asociación “Nuestra Memoria” de Sevilla.
  • Durante 2019 está siendo patrocinada por la sociedad civil solidariamente.
No será con viento de levante, se prevé poniente, como dijo aquel ministro de Defensa de las derechas, el mismo que confundió El Salvador con Honduras, pero el próximo jueves 18 de julio, “Todos (…) los Nombres” dará un golpe, un golpe en la página web y, pensamos, en el conjunto de la sociedad española. Ese día, el contador de víctimas de www.todoslosnombres.org alcanzará los 100.000 nombres de represaliados y represaliadas de Andalucía, Extremadura y norte de África. Trece años, y algunos meses, después de aquellos primeros que la abrieron el 14 de abril de 2006.

Estamos especialmente orgullosos porque lo hacemos en unas circunstancias especiales que ponen de manifiesto tanto la necesidad de la página como que es el compromiso ciudadano el que la mantiene y da sentido. Ante la mezquindad institucional, no olvidaremos nunca los testimonios de apoyo, los ofrecimientos y las colaboraciones económicas que hemos recibido durante este año. Sobre todo, por los que han llegado allende Despeñaperros. Los más.

En el día de hoy se ha presentado en el Registro de la Delegación del Gobierno en Andalucía una solicitud de reunión con la Ministra de Justicia (Adjunto PDF) para plantearles la firma de un Convenio de Colaboración como fórmula de colaboración del gobierno de España.

A punto de llegar al centenar de miles de registros, grosso modo, se puede decir que una gran mayoría son hombres y 6226 mujeres, y que, en muchas ocasiones, están vacíos demasiados campos. Por lo que es necesaria una importante tarea de completar datos.

Hemos pensado que las últimas once personas que entren en la base sean un compendio tanto del espacio geográfico al que llega la página, como de su finalidad de recoger todas las modalidades de la represión franquista. Así que son entradas de hombre y mujeres, asesinados, de las distintas formaciones políticas y sindicales, vejados, encarcelados, sometidos a trabajo esclavo, exiliados, deportados a campos nazis, procesados en consejos de guerra o por el TOP, expulsados de sus puestos de trabajo, robados, etc. 

Estas personas serán:

Almería, Enrique Medina Vega, militar profesional, de 50 años y con 4 hijos. Natural de Islas Chafarinas y vecino de Almería. Miembro de comité, masonería y afiliado al Partido Sindicalista. Comandante durante la guerra, organizó unidades de Infantería y Ametralladoras y el Batallón Floreal de milicianos. Fusilado en el Campo de Tiro de Casillas de Córdoba el 5 de abril de 1940, por sentencia de consejo de guerra celebrado en la misma el 8 de septiembre de 1939.

Cádiz, Francisca Torres Primatesta, natural de Puerto Serrano (Cádiz) y vecina de Zahara de la Sierra (Cádiz). Detenida durante quince días en agosto de 1936 fue rapada y purgada. El 29 de julio de 1943 el Consejo de Guerra de Cádiz la condenó a tres años de cárcel por infracción del artículo 25 de la Ley para la Seguridad del Estado. Cumplió la pena en la prisión provincial de Cádiz.

Córdoba, Catalina Coleto Muñoz, natural y vecina de Villanueva de Córdoba. Mujer del guerrillero José Luna Cartán “Ratón”. Fue asesinada por la Guardia Civil por aplicación de la “Ley de Fugas” el 8 de junio de 1948 junto a otras 5 personas. Tenía 52 años y 7 hijos.

Granada, Emilio Alcázar García, de 23 años, natural de Valle del Zalabí (Granada) y vecino de Baza (Granada). Militar profesional con el grado de capitán. Fue fusilado en Pueblonuevo (Córdoba) el 30 de octubre de 1939 por sentencia de consejo de guerra celebrado en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) el 13 de junio de 1939.

Huelva, Francisco Jara López, trabajador del campo, natural y vecino de Cortegana (Huelva). Tenía 25 años y era afiliado a UGT. Participó en la resistencia en su pueblo. Fue detenido y puesto en libertad. Tiene que servir en el ejército golpista, en Artillería, hasta que se descubrió su pasado cuando estaba destinado en Córdoba. Detenido, ingresó  en prisiones militares y fue  procesado por orden de Cascajo. Condenado a perpetua en Córdoba en consejo de guerra celebrado el 29 de julio de 1939. Conmutada la pena a 15 años. Pasó por la prisión de Santa Isabel de Santiago de Compostela y por la 5ª Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas.

Jaén, Zocueca García García, de 44 años, natural y vecina de Bailén donde era conocida como la “Pasionaria” de Jaén. Afiliada a UGT fue autora de artículos y activa propagandista de sus ideas con intervenciones públicas en el mercado de su pueblo. Fue acusada de ser concejal y miembro del comité del pueblo. Fue condenada a 12 años en un consejo de guerra celebrado en Jaén el 3 de octubre de 1941.

Málaga, José Lara García, campesino, de 40 años, natural y vecino de Antequera. Estaba afiliado al PCE, del que fue presidente y por el que se presentó como candidato a diputado en 1934. Formó parte del Comité de Guerra de su localidad, fue comisario y capitán durante la guerra. Fusilado en Villanueva de Córdoba el 29 de abril de 1940 por sentencia del consejo de guerra celebrado en esa ciudad el 13 de marzo 1940.

Sevilla, Ángeles Góngora Iriarte, natural de Sevilla y vecina de Villanueva del Ariscal. Soltera, dueña de bodegas, de gran desahogo económico fue denunciada, en septiembre de 1936, por no proporcionar ni recursos económicos ni vino, de acuerdo con su posición social y monetaria, a la Comisión Pro-Ejército de la localidad. Acusada de tener ideas extremistas, simpatizar con los sindicalistas y trabajar en pro del Frente Popular. Aunque, finalmente, no fuera procesada, a propuesta de Bohórquez, Queipo le impuso una multa de 5.000 pesetas el 1 de noviembre de 1936.

Badajoz, Casimira Cabanillas Mateos, Ama de casa de 60 años, natural y vecina de Valle de la Serena. Fue condenada a cadena perpetua en el consejo de guerra celebrado en Córdoba el 4 de marzo de 1939. Posteriormente le fue conmutada a 20 años.
Cáceres, Fermina Torrejón Calderón, sus labores, de 60 años, vecina de Logrosán, condenada a 30 años de prisión por adhesión a la rebelión, en consejo celebrado en Cáceres el 22 de junio de 1940.

Norte de África, Rafael Jiménez Cazorla, nacido en Málaga en 1886, era telegrafista, jefe del servicio en la ciudad y presidente del PSOE en Ceuta. Fue quien izó la bandera republicana en el Telégrafos la tarde del 14 de abril de 1931. Partió hacia el exilio la misma noche del 17 de julio de 1936. Estuvo refugiado en Tánger durante toda la guerra, realizando labores de apoyo a los huidos y participando en el proyecto gubernamental de sublevar a las cabilas marroquíes. Finalmente, en noviembre de 1941 partió hacia México. Desembarcó en el puerto de Veracruz. Después se instaló en la Ciudad de México, en la Colonia Tabacalera, y, finalmente, en la Colonia Cuahuetémoc. Trabajó en una fábrica de velas hasta su muerte en 1957, a los 63 años, de un infarto de miocardio. Está enterrado en el Panteón Español.

Gandia y la Generalitat colaborarán para encontrar y exhumar los asesinados por el franquismo en la ciudad.

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AJUNTAMENT DE GANDIA/CAROLA WOODWARD
Gandia y la Generalitat colaborarán para encontrar y exhumar los asesinados por el franquismo en la ciudad
16/07/2019 - 
 
El Ayuntamiento de Gandia y la Generalitat Valenciana colaborarán para localizar las fosas comunes del franquismo que se encuentran en la ciudad, así como a encontrar y a exhumar a los asesinados por la dictadura en el municipio, que se cifran en 62.
La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, acompañada del edil de Memoria y Calidad Democrática, Nahuel González y los portavoces municipales, han recibido este martes a la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, en su primera visita oficial a la ciudad, ha indicado el consistorio en un comunicado.
Pérez, quien ha venido acompañada del Director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Iñaki Pérez Rico, ha firmado al Libro de Honor del Ayuntamiento de Gandia y se ha reunido con la Asociación de Familiares de la Fosa del Cementerio de Gandia, de reciente creación.
La alcaldesa ha asegurado que “hay que reparar por justicia, para dignificar las instituciones que no habían hecho nada al respeto hasta ahora”. “El Gobierno del Botànic I desarrolló la Ley Estatal de Memoria Democrática y creó una valenciana, con la cual ya tenemos herramienta para reparar un capítulo negro de nuestra historia reciente”, ha manifestado.
Morant ha apuntado que en Gandia hay una o varias fosas comunes en el Cementerio municipal sin identificar y se ha iniciado un proceso abierto para localizarlas. Se calcula que pueden tener los restos de 62 personas asesinadas por la dictadura franquista.
“Nuestra intención es encontrarlas y volvérselas a los familiares, para que puedan enterrarlas de forma digna. Las administraciones vamos a darlos respuesta con la voluntad de hacer memoria para hacer justicia”, ha asegurado.
Por su parte, Pérez Garijo ha señalado que “es imprescindible cerrar heridas después de más de 80 años”. “Los familiares, muchos de ellos nietas y nietos, no pueden esperar ni un minuto más, porque tienen derecho a recuperar los cuerpos y por dignidad. No de ellos ni de las víctimas, que no la han perdido nunca, sino por dignidad de un Estado que todavía tiene las cunetas llenas de fosas comunes. Esto no es digno de una democracia plena”, ha aseverado.
La titular de Calidad Democrática ha asegurado que la voluntad del Consell es “continuar desarrollando la Ley de Memoria Democrática hasta exhumar todos los cuerpos de las fosas (alrededor de 750)”. “Codo con codo, ayuntamientos, diputaciones y Generalitat. En este sentido, Gandia ya empezó esa tarea de recuperación histórica durante la última legislatura con la apertura de los refugios de la Guerra Civil como Espacios de Memoria Democrática para su visita y divulgación”, ha manifestado.

“NO TENÍAMOS NI INFORMACIÓN NI RECURSOS”

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familiares de la Fosa del Cementerio de Gandia, Nuria Martín, ha agradecido la colaboración de las administraciones, “puesto que hasta hace muy poco a los familiares nos era muy difícil, porque no teníamos ni información ni recursos”.
Martín ha hecho un llamamiento a todos los familiares de asesinatos durante el franquismo, “aunque no quiera recuperar los cuerpos, pero que tengan información que pueda ser útil para localizar el lugar exacto de la fosa o fosas”.
“El problema es que quedan muchos pocos hijos con vida y las viudas o viudos, por miedo, no contaban nada a sus hijos y nietos sobre el lugar de los entierros. Tenemos que facilitar al máximo el trabajo a historiadores, arqueólogos”, ha explicado.
El 22 de junio pasado, algunos familiares visitaron el Cementerio municipal acompañados por el arqueólogo Miquel Mezquida, responsable de la exhumación de la fundición 128 de Paterna, así como del Mapa de Fosas de las provincias de Valencia, Castelló y Alicante; y de Bernat Martí, historiador y archivero de Gandia, para determinar donde están las fosas.
Los familiares acudieron también en la Casa de la Marquesa para que se les tomaran muestras de ADN y acta de los testigos orales. “Así se iniciaba un trabajo difícil, puesto que el lugar exacto de los fusilamientos y las fosas no es fácil de determinar como otros lugares como en el cementerio de Paterna”, han explicado desde el consistorio.