divendres, 19 de març del 2021

Un lustro esperando rescatar a sus seres queridos del Valle de los Caídos: "Están abusando de la esperanza de las familias".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/21/un_lustro_esperando_poder_rescatar_sus_seres_queridos_del_valle_los_caidos_estan_abusando_esperanza_las_familias_118232_1012.html 


  • "Por lo general, a las víctimas del franquismo no se les reconocen sus derechos. Pero cuando se hace, terminan convirtiéndose en papel mojado", apunta el abogado memorialista Eduardo Ranz
  • Cinco años después de la resolución judicial que abrió la puerta a la exhumación de víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos, los trabajos siguen sin comenzar
  • "Si son realmente dignos y nobles, que nos dejen recuperar a los nuestros", dice Mercedes Abril, de 87 años
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Publicada el 20/03/2021 a las 06:00
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Víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos.

Víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos. 

SN

La voz de Miguel Ángel Capapé al otro lado del teléfono denota un profundo hastío. La familia está harta ya de tanto anuncio a bombo y platillo de cara a la galería. De reuniones en Moncloa que "no sirven para nada". De promesas incumplidas. De que se les utilice a nivel político. Lo único que quieren es que se les permita de una vez recuperar a sus seres queridos del Valle de los Caídos para poder darles una sepultura digna. Un derecho que ya les reconoció la justicia hace justo cinco años pero que todavía, a día de hoy, no han podido ejercer. No son los únicos. Decenas de familias tienen ya el visto bueno de Patrimonio Nacional para poder cerrar una herida que está abierta desde hace décadas. Sin embargo, el tiempo pasa y los trabajos continúan sin arrancar en el mausoleo. "Son incapaces de entrar a buscar unas cajas. Todo son problemas, todo son excusas", se lamenta el también presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico).

Tras años de intentos infructuosos, de visitas y negociaciones, Capapé y su mujer, Purificación Lapeña, lograron finalmente abrir la vía de las exhumaciones en los tribunales. El hito se produjo a finales de marzo de 2016, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial emitió un auto en el que sostenía que "el derecho a una sepultura digna" está "indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia de la forma en la que falleció" y ordenaba "la realización de las actuaciones pertinentes" en el Valle de los Caídos para devolver a la familia los restos de sus familiares. Se refería, en concreto, a los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. Veterinario y herrero de profesión, respectivamente, y vinculados a la CNT de Calatayud –el primero fue su fundador y el segundo miembro del sindicato–, fueron asesinados tras el golpe de Estado de 1936 y arrojados a una fosa común del cementerio de la localidad.

Y allí permanecieron durante más de dos décadas. Luego, según constató el juez, existe una "alta probabilidad" de que fueran llevados a Cuelgamuros. Los indicios de ello, a ojos de la justicia, son bastante sólidos. Por los testimonios y por los documentos. El 31 de octubre de 1958, el entonces ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, remitió una circular a las autoridades locales en la que especificaba cómo debían hacerse los traslados: en cajas de 60 x 30 x 30 centímetros "para restos individuales identificados" o de 120 x 60 x 60 centímetros en el caso de "restos colectivos sin posible individualización". El 8 de abril de 1959, llegaron al mausoleo procedentes de Calatayud y con número de orden 0466 un total de 81 restos en 9 columbarios, todos ellos como desconocidos, tal y como consta en el primer tomo del Libro de Registro de Enterramientos. Las cajas se numeran entre el 2.061 y el 2.069 y se ubican en la cripta derecha, tercera planta, de la Nave de la Basílica. 

A esos nueve columbarios se agarran también Silvia Navarro y Mercedes Abril. La primera, que reside actualmente en Madrid, lleva años intentando recuperar a José Antonio Marco. Su tío abuelo era un industrial de Calatayud masón y republicano hasta la médula. "Lo conocían por utilizar la furgoneta de la empresa familiar para llevar a personas a los mítines de [Manuel] Azaña en Madrid", recuerda Navarro, quien cuenta que fue "secuestrado" al grito de "¡Viva Cristo Rey!", asesinado y arrojado a una fosa común del cementario de la localidad en septiembre de 1936. En ese mismo mes y en ese mismo lugar se puso fin también a la vida de Rafael Abril. Ferroviario de profesión, los asesinos dejaron una viuda –Eusebia Alonso– y dos huérfanos: Mercedes y Rafael, que nació pocas horas después de la detención de su padre pero que terminaría falleciendo. "No había hecho mal a nadie. Le mataron solo por ser socialista", dice la hija mayor, que hoy tiene 87 años, al otro lado del hilo telefónico.

Todos ellos están convencidos de que sus seres queridos forman parte de la inmensa lista de 12.410 cuerpos sin identificar que se encuentran inhumados en el mausoleo anclado en plena sierra de Guadarrama. Algo más sencillo lo tiene la asturiana Maribel Luna. Su historia está estrechamente ligada a la de su abuelo Aquilino Baragaña Montes. Minero de Candaneo (Asturias) vinculado a la CNT, el güelín se alistó a las milicias tras el golpe de Estado y emprendió el camino hacia el frente. Tras ser herido en la cabeza en el campo de batalla, fue trasladado a un hospital militar del bando sublevado en Salas, donde falleció. Dos décadas después, el 2 de julio de 1959, sus restos fueron depositados en el Valle de los Caídos sin el permiso de la familia. En su caso, individualizados e identificados. Reposan en el columbario 2.135, ubicado en la tercera planta de la Cripta Derecha, tal y como figura en uno de los documentos del monumento recuperado tras una laboriosa investigación.

El cuento de nunca acabar

El tortuoso periplo de todas estas familias ha estado repleto de subidas y bajadas. Pasaron de décadas de olvido absoluto a ser escuchadas con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. De hecho, durante aquella etapa socialista estuvieron a punto de conseguir su objetivo. Lo rozaron con los dedos. Tienen grabado a fuego el famoso informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que reconocía el "derecho moral" de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos del mausoleo. Sin embargo, se llegó tarde. Para cuando el documento fue entregado al Ministerio de Presidencia ya habían pasado nueve días de la aplastante mayoría absoluta en las elecciones generales de un Mariano Rajoy que en repetidas ocasiones se había comprometido a fulminar todo aquello que tuviera que ver con "recuperar el pasado". Obviamente, dicho documento acabó cogiendo polvo en un cajón del nuevo Ejecutivo conservador. 

Comenzaron entonces años de travesía por el desierto. Hasta que, en marzo de 2016, el juez de San Lorenzo de El Escorial abrió con su resolución una ventana de esperanza para todas las familias. Patrimonio Nacional desistió de recurrir la decisión judicial, un alivio para los Lapeña. El problema vino después. La decisión del organismo de solicitar dos informes –al Consejo Médico Forense y al Instituto Torroja del CSIC– sobre la viabilidad de las actuaciones dilató el procedimiento. Los estudios, que recogían la posibilidad técnica de comenzar los trabajos en Cuelgamuros, no llegaron hasta el verano de 2018. Por aquel entonces, Mariano Rajoy ya estaba fuera de la Moncloa. Una moción de censura había llevado a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, quien situaba la memoria democrática como uno de los ejes fundamentales de su discurso político. Un cambio en el Ejecutivo que los familiares esperaban que pudiera agilizar el proceso de recuperación.

Un año después, pocas horas antes de que el Boletín Oficial del Estado recogiese la convocatoria de elecciones del 10N, Abril recibió una carta en Valladolid con membrete de Presidencia y rubricada por el presidente. "No le quepa duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de los restos de sus seres queridos inhumados en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos", decía la misiva. De nuevo, una inyección de esperanza que aumentó todavía más con el acuerdo del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional que daba luz verde a las actuaciones para llevar a cabo una treintena de exhumaciones en el complejo monumental. Unos trabajos que, a día de hoy, siguen sin empezar. "No sabemos nada", es lo único que repiten con enfado las familias. A preguntas de infoLibre, Patrimonio Nacional tampoco aclara ni qué calendario o fechas se manejan ni a qué se deben los retrasos. Al cierre de esta edición, no ha habido respuesta. 

"Es ofensivo que les hayan reconocido ese derecho y que, cinco años después, siga sin haberse materializado", critica el abogado memorialista Eduardo Ranz, que representa a una decena de estas familias. Han enviado cartas. Han interpuesto un recurso aclaratorio exigiendo que se fije una fecha concreta en el calendario. Pero los trabajos no llegan. Nunca llegan. El letrado no entiende las razones del retraso permanente. Al fin y al cabo, dice, Patrimonio Nacional depende de Presidencia, el ministerio que tiene en sus manos todos los asuntos relacionados con la memoria democrática. "En términos administrativos, por lo tanto, debería ser más sencillo gestionarlo", reflexiona Ranz, quien lamenta que este asunto "no haya captado el interés de la vicepresidenta Carmen Calvo" a pesar de que su partido no dudó en utilizar el caso de los hermanos Lapeña "en campaña". "Por lo general, a las víctimas del franquismo no se les reconocen sus derechos. Pero cuando se hace, terminan convirtiéndose en papel mojado", sentencia.

Hartas de "promesas" que no llegan

Las familias están que trinan después de tantos años. "¿Qué impedimentos puede haber cuando a Franco se le sacó en un año y nosotros llevamos cinco con una resolución judicial firme?", critica Capapé. Están hartas de "promesas que no se cumplen". Se sienten utilizadas políticamente. "Lo único que quieren es hacerse la foto", critica Navarro, que asegura que no volverán a reunirse en Moncloa hasta que no se ponga una fecha concreta sobre la mesa. "¿Para qué? Al final salimos de allí como entramos. Te dan una palmadita en la espalda y un vaso de agua", coincide Capapé. Temen que todo termine como hace una década. Que se produzca un cambio de Gobierno y tengan que empezar prácticamente de cero. Otra vez más. "Están abusando de la esperanza de las familias", apunta Luna.

La nieta de Aquilino Baragaña recuerda que ya se va tarde. "Mi madre tiene ahora 87 años y alzheimer. Es algo que no le voy a perdonar nunca al PSOE. Si se hubiera trabajado en 2011, ella sí habría sido consciente de la recuperación de su padre. Ahora, no", apunta. Es exactamente lo mismo que pasa en la familia de Capapé con su suegro. Los años tampoco dejan de correr para Abril, que se agarra con fuerza a la esperanza de poder dar a su papá ese abrazo que no le dio cuando se lo llevaron siendo ella una niña. "Si son realmente dignos y nobles, que nos dejen recuperar a los nuestros. Si no, pensaré que todos son iguales. Es lo que siento, ya desconfío de todos. No tienen vergüenza. ¡Que me demuestren que estoy confundida!", dice con firmeza al otro lado del teléfono. Esa firmeza de quien lleva media vida peleando por rescatar a un padre de Cuelgamuros.

 

dijous, 18 de març del 2021

El règim franquista proclama haver fet més de 177.000 presoners a Catalunya.

 https://www.elnacional.cat/ca/efemerides/marc-pons-regim-franquista-177000-presoners-catalunya_592499_102.html


Marc Pons

Barcelona. Dimecres, 17 de març de 2021. 00:00


Tal dia com avui de l’any 1939, fa 82 anys, en el context de les setmanes immediatament posteriors a l’ocupació franquista de Catalunya, el general Fidel Dávila Arrondo, ministre de Defensa de la Junta de Burgos (el govern rebel), feia públiques les estadístiques de presoners republicans interns en presidis i camps de concentració de l’anomenat bàndol “nacional”. Segons les xifres facilitades per aquell organisme (i publicades en premsa, a La Vanguardia Española, edició del 18/03/1939),  els franquistes tenien 431.351 presoners, dels quals 177.905 havien estat capturats durant la campanya d’ocupació de Catalunya (juliol, 1938 – febrer, 1939).

Aquella població reclusa estava formada tant per militars capturats al front de guerra com per civils detinguts a la rereguarda. La majoria d’aquells presoners (uns 120.000) van ser reclosos en els quasi 300 camps de concentració dispersos arreu del territori peninsular. No obstant això, durant aquella etapa d’ocupació i repressió, els franquistes van habilitar un mínim de dinou camps de concentració a Catalunya: set a les comarques de Tarragona, sis a les de Lleida, tres a les de Barcelona i tres a les de Girona. El que va adquirir una fama més funesta va ser el Castell de Pilats, a Tarragona, una construcció ruïnosa de l’època romana que va arribar a concentrar més de 2.000 persones.

En aquests camps de concentració es va produir una brutal mortalitat. L’amuntegament, les pèssimes condicions d’habitabilitat i de salubritat, els maltractaments i les tortures, i les malalties van delmar considerablement la població reclusa. La presó Model de Barcelona arribaria a concentrar 18.000 persones (vint-i-dues vegades la seva capacitat), i la Seu Vella de Lleida, llavors un edifici mig ensorrat, més de 2.000. El propòsit d’aquells presidis quedaria perfectament reflectit en la proclama d'Isidro Castrillón López, màxim responsable carcerari del règim franquista a Catalunya: “Teneis que saber que un preso es la diezmillonésima parte de una mierda”.

Las claves de la investigación sobre los ‘bebés robados’ en España de Amnistía Internacional.

 https://www.cuartopoder.es/derechos-sociales/2021/03/17/las-claves-de-la-investigacion-sobre-los-bebes-robados-en-espana-de-amnistia-internacional/



  • AI ha publicado este martes un informe sobre los casos de presunta sustracción de menores en España durante más de 50 años en España
  • El Estado ha pasado de ser responsable en los primeros años a dar una respuesta “desinteresada, inadecuada e insuficiente” a las víctimas, concluye
  • La contextualización basada en la situación de las mujeres durante el franquismo y el papel designado para ellas en la sociedad de entonces es crucial


Otra de las conclusiones principales de esta investigación es que el Estado ha pasado de ser responsable  desde “la autoría o complicidad en los primeros años” a dar una respuesta “desinteresada, inadecuada e insuficiente” a las víctimas. Sin embargo tiene “la responsabilidad de investigar estos crímenes”. Las organizaciones de 'bebés robados', como Todos los niños robados son también mis niños, celebran esta investigación cuyas conclusiones coinciden con las suyas.

Presentamos aquí algunas de las principales claves de la investigación Tiempo de verdad y de justicia'. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de 'bebés robados.


1. Sospechas legítimas

Tras investigar la sustracción de bebés en todo el Estado y entrevistar a 79 personas que buscan a sus familiares, Amnistía Internacional llega a varias conclusiones. Una es que “son muchas las mujeres que albergan sospechas legítimas de que pudieron haber sufrido la sustracción ilegal de sus hijos e hijas tras dar a luz”. A muchas de ellas se les comunicó que sus pequeños habían nacido sin vida o que habían fallecido poco después e nacer, pero negaban la posibilidad de ver sus cuerpos o de estar presentes en el entierro. En muchos casos no se les proporcionó información adecuada sobre las causas de estas muertes.

2. Desaparición forzada

Amnistía Internacional considera también que miles de personas en España pudieron ser objeto de “desaparición forzada”. Según el derecho internacional, este es un delito “de naturaleza continuada,” es decir, que sigue produciéndose hasta que se conozca la verdadera identidad del niño o la niña sustraída. Por lo tanto, no hablamos de crímenes que se refieran al pasado.

"Durante la investigación, hemos documentado casos en los que hay indicios de que se den los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: primero, la sustracción del bebé; segundo, con la participación, o con la tolerancia o aquiescencia del Estado; y, tercero, la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida", explica Daniel Canales, investigador del informe.

3. La perspectiva de género

La contextualización basada en la situación de las mujeres durante el franquismo y el papel designado para ellas en la sociedad de entonces es crucial para entender que se pudieran producir crímenes tan atroces como la sustracción de menores. Amnistía Internacional describe “el contexto represivo de la posguerra”, especialmente a “la mujer republicana”. A ella se la “culpabiliza de la alteración de valores tradicionales”. Posteriormente “únicamente se valoraba a la mujer por su rol de madre” y “un matrimonio sin hijos era un matrimonio fracasado”. Por otro, la ideología franquista consideraba “mujeres caídas” a aquellas sospechosas de caer en la “inmoralidad” y el Estado debía “reeducarlas”.

“La suma de estas circunstancias puso en marcha un sistema para satisfacer la demanda de niños y niñas que aparentemente no tenían familia, o que merecían una familia apta para su crianza. Este sistema se vio favorecido por un marco legal con las suficientes deficiencias y lagunas como para permitir la sustracción de menores y su reasignación a otras familias en lo que hoy se conoce como 'robo de bebés'”, se explica en el informe.

4. El dolor ante la impotencia

Uno de los hallazgos que destaca Amnistía Internacional en su investigación es “el dolor que acompaña al proceso de búsqueda” de madres y familiares, que “se acrecienta con el paso del tiempo y la ausencia de respuestas”. Se trata de angustia, culpa e incertidumbre que recae fundamentalmente en las madres, aunque no solo. Los hijos que buscan su verdadera identidad también atraviesan procesos muy dolorosos. Según destaca la ONG, “diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han reconocido el daño y el sufrimiento que origina esta situación, e incluso lo han calificado en ocasiones como tortura y otros malos tratos”.

El informe tiene testimonios como estos: "Lo que busco es un bebé muerto, como no lo encuentro, lo busco vivo", de Marga Calvo que busca a su hijo nacido en julio de 1975. “Yo entiendo que haya padres que no se animen a denunciar aunque tengan sospechas, porque vivir esto es muy duro y agitador. Te cambia la vida, incluso te afecta a la salud, pero yo lo tengo que hacer porque soy así. No podría no hacerlo”, dice Izaskun Poza, que busca a su hijo gemelo nacido en 1975. “Yo doy por hecho que si no me pueden demostrar que mi hermano ha muerto, pues mi hermano no ha muerto, y está desaparecido. Y tengo todo el derecho del mundo a buscarlo. Y el Estado tiene la obligación de encontrarlo”, dice Flor Díaz.

5. El papel del Estado

En un primer momento, el Estado tuvo una “autoría o complicidad en los primeros años”, según Amnistía Internacional. El informe concluye que “pese a la promulgación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007, así como de diversa normativa a nivel autonómico en años sucesivos, el Estado español ha continuado sin observar plenamente sus obligaciones internacionales, y ha desatendido en su mayoría las recomendaciones formuladas por mecanismos internacionales de derechos humanos en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Primero, el Ejecutivo ha puesto en marcha algunos dispositivos con “un alcance limitado, carentes de competencias y objetivos para establecer los hechos”. Por otro, el poder Legislativo a nivel estatal todavía “no ha promulgado legislación específica que recoja gran parte de las medidas solicitadas por las víctimas”. Sobre las iniciativas aprobadas a nivel autonómico, la organización indica que “no ha podido constatar que su implementación esté suponiendo una ayuda efectiva para las víctimas”. En el ámbito judicial, “se ha aplicado la prescripción de la acción penal, en clara contravención con los estándares internacionales”.

6. Recomendaciones

En opinión de Amnistía Internacional ya “es hora de que las autoridades tomen medidas que den respuesta a las demandas de las víctimas y que puedan garantizar su derecho a la verdad (individual y colectiva), justicia y reparación".

La organización apuesta por que el Estado español adopte un "enfoque global". En el plano legislativo, piden que se promulgue una ley específica destinada a la búsqueda e identificación de personas relacionadas con estos casos y reforme el Código Penal para asegurar que estas desapariciones no prescriban. Al Gobierno central se le recomienda que tome un rol activo en la coordinación y canalización de búsquedas, incluyendo el desarrollo de una base de datos a nivel estatal a la que las víctimas puedan acceder, con muestras de ADN de forma directa y gratuita. También revisar los Concordatos de la Santa Sede para que no supongan un obstáculo a la investigación. A las comunidades autónomas se les pide que garanticen la atención integral de las víctimas. Al poder judicial, reexaminar las causas penales cerradas y al Ministerio Fiscal, actuar de oficio. A la Conferencia Episcopal se le pide facilitar a las víctimas el acceso a los archivos parroquiales y de su competencia.

¿Y si miramos el "robo de bebés" con perspectiva de género?

 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/y-si-miramos-el-robo-de-bebes-con-perspectiva-de-genero/


Por Carmen López (@lacarmenlolo), responsable de Medios en Amnistía Internacional,

El 9 de mayo de 1993, Ruth Puertas tenía 19 años, no estaba casada y daba a luz a su primer hijo en una clínica de Bilbao. Todavía de resaca tras las Olimpiadas de Barcelona, España se presentaba al mundo como un país moderno. Sin embargo, en esos momentos, sobre ella cayeron décadas de ideología franquista sobre lo que se esperaba de las mujeres. Desde el final de la Guerra Civil se construyó un entramado ideológico, legal y científico que sirvió para limitar los derechos de las mujeres, privarlas de autonomía y capacidad de decisión, regular sus vidas, su maternidad, e incluso el porvenir de sus hijos e hijas. Algunas de estas leyes siguieron vigentes a finales de los 90. Un marco que pudo amparar el "robo de bebés" durante más de 50 años.



España, años 70.- Varios recién nacidos en la maternidad de un hospital

España, años 70. Varios recién nacidos en la maternidad de un hospital.© EFE


Mujer y solo madre

Terminada la guerra, el régimen franquista puso toda su maquinaria en marcha para reprimir, controlar y reeducar a la población de la nueva España. El nuevo gobierno obsesionado por el papel político de las mujeres durante la República y sus reivindicaciones feministas borró de un plumazo leyes como la ley del divorcio, el matrimonio civil o el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos que permitieron a las mujeres durante la República avanzar en igualdad. Castigaron a las mujeres republicanas represaliadas. e intentaron reeducar al resto para conseguir madres sumisas, adiestradas y al servicio de la patria. A partir de ese momento su única misión sería ser madres. La Sección Femenina se convirtió en el brazo que controlaría y vigilaría a las mujeres para que no se salieran de la norma, y las enseñaría a ser buenas esposas y madres.

La misión de la mujer en el mundo no es luchar por la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella"

Antonio Vallejo Nágera, psiquiatra franquista

Lo que mata es la ignorancia

Durante décadas, la ideología franquista responsabilizó a las madres de las muertes de sus hijos e hijas. Pero no a todas las madres. Estudios del Programa al Servicio de España y del Niño Español (1939-1963), con informes "científicos" de médicos, pediatras y psicólogos, intentó demostrar, entre otras cosas, cómo la mortalidad infantil es superior en familias sin recursos, en los hijos de madres solteras, en los hijos ilegítimos, en madres trabajadoras o por las características sanitarias de las viviendas. En este programa se utilizan criterios tan rigurosos como el número de moscas que hay en las casas (sin moscas, con pocas, con muchas) y su impacto en la mortalidad infantil. A principios de los 60, se puso en marcha un Plan de Construcción de Residencias Maternales que acabó con los partos en casa y la autonomía de la mujer. A partir de ese momento se hizo imprescindible la presencia del médico, que tomaba las decisiones por las madres. No les preguntaban, no les informaban de lo qué iban a hacer ni de qué estaba pasando.

Les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos, porque no tiene perdón el que se mueran por ignorancia tantos niños que son siervos de dios y futuros soldados de España

Pilar Primo de Rivera, fundadora de la Sección Femenina de la Falange

Una mujer sostiene una tira de papel durante una concentración contra las adopciones ilegales en Madrid el 9 de noviembre de 2011. Cientos de mujeres españolas han denunciado  que sus bebés fueron robados al nacer y entregados en adopciones ilegales durante y después de la dictadura franquista y en la década de 1980. El papel dice: "SOS bebés robados"

Una mujer sostiene una tira de papel durante una concentración contra las sustracciones ilegales de bebés, celebrada en Madrid el 9 de noviembre de 2011. Cientos de mujeres españolas han denunciado que sus bebés fueron robados al nacer y entregados en adopciones ilegales durante y después de la dictadura franquista y en la década de 1980. El papel dice: "SOS bebés robados". © REUTERS/Juan Medina


¿Sobre quién se produce el "robo de bebés"?

Tras la guerra, hubo una primera etapa de "desaparición legalizada" de menores por parte del Estado con pérdida de su identidad al separarlos de sus madres o familias represaliadas. Se aprobaron leyes que permitían separar a los bebés de sus madres encarceladas cuando estos cumplían los tres años. Era una forma más de castigo. Las mujeres eran conscientes de que les arrebataban a sus hijos e hijas.

Se reformó también el Código Civil de 1941 para "reintegrar física y espiritualmente a la patria" a los niños y niñas que regresaban a España tras la guerra, permitiendo la modificación de sus apellidos para terminar en familias de “comportamiento irreprochable”, según la ideología franquista. En la mayoría de los casos, estos niños y niñas pasaban a disposición de Juntas Provinciales de Protección. Más de 42.000 menores hijos de personas encarceladas o exiliadas hasta 1945, según datos oficiales de la época.

Tras esa etapa represiva, la mayoría de las sustracciones se producen en clínicas y maternidades. Las madres no eran conscientes de que las estaban separando de sus bebés. Les dicen que el bebé ha muerto, no lo pueden ver y no les dan opción a despedirse. Este modus operandi se produce también finalizado el franquismo hasta bien entrada la democracia. Se trata mayoritariamente de mujeres de sectores vulnerables: madres de familia numerosa, humildes o muy pobres, también de mujeres solteras, separadas y casi todas con importantes carencias culturales y educativas. Mujeres con pocas posibilidades de enfrentarse a la autoridad médica o religiosa que la atendiera en el parto.


La moralidad, una cosa de mujeres

En la ideología franquista, y a través de sus políticas, se legisla y se ponen en marcha instituciones para controlar la moralidad de las mujeres. En 1942, se crea el Patronato de Protección a la Mujer, que estuvo funcionando hasta 1984, y cuya función era encargarse de la “dignificación moral de la mujer". Por allí pasaron mujeres jóvenes, madres solteras, embarazadas por abusos en el ámbito familiar, pero también, en los últimos años del franquismo, mujeres a las que les gustaba ir a discotecas o tenían afinidades con partidos de izquierdas en la clandestinidad. Cientos de mujeres fueron recluidas en los centros pertenecientes al Patronato sin haber cometido ningún delito. En enero de 1977, solo la Junta Provincial de Madrid, tenía a su cargo a 424 mujeres. En ese mismo año, el total de mujeres encarceladas en España por haber cometido realmente delitos fue de 350.


Madres que no saben lo que quieren

En 1948, se aprueba la "ley de parto anónimo", vigente hasta 1999. Con ella se pretende facilitar a la madre soltera tapar su "deshonra", ocultando su identidad a la hora de registrar a un bebé que podría ser dado en adopción. Todavía en la década de los 80, las madres solteras se enfrentaban al rechazo social, y a la limitación de sus derechos y los de sus hijos e hijas al no contar, por ejemplo, con libro de familia.

La adopción estaba concebida como un negocio jurídico entre particulares, con apenas intervención de la administración. Los trámites quedaban en manos de hospitales, maternidades, centros de beneficencia gestionados mayoritariamente por organizaciones religiosas. Este sistema de adopción tan irregular estuvo vigente hasta que en 1987 se aprobó la Ley de Adopción, que en su exposición de motivos reconoce "la ausencia de control que permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños".


 

El peso del pasado


Ruth Puertas llegaba a la clínica el 9 de mayo de 1993, iba con su pareja y su familia, estaba a punto de dar a luz. Les recibió una enfermera monja, que ante sus quejas de dolor, le espetó: "¿Te duele? Cuando lo hiciste, no te dolió tanto, ¿verdad?". Como la mayoría de las mujeres hasta esa época entró sola al paritorio, le ataron las piernas, le pusieron la epidural. Al salir la cabeza del bebé dijeron: "pero ¿que es esto?, ¡qué horror!" y lo terminaron tapando. Le aseguraron que tenía síndrome de Potter y que iba a morir. Ella pudo verlo, y recuerda un bebé normal. Le pusieron tranquilizantes, y mientras salía del quirófano, Ruth le oía llorar. A partir de ahí, un fundido en negro. Siguiendo un patrón que se repite en la mayoría de los casos, ni ella, ni su familia pudieron ver al bebé. Ruth no pudo salir del hospital hasta que se hubo producido el entierro. Y a su familia, le advirtieron que se podía romper por el dolor y perder la cabeza. Cuando Ruth decía que el bebé no estaba muerto, no la creían. Terminó callando.


Un duelo que no se cierra

Cuando Ruth oyó hablar de los "bebés robados" pensó "¿a cuánta gente le han hecho lo mismo que a mí?". La infantilización de la mujer, la limitación de sus derechos, el no tenerla en cuenta para tomar decisiones incluso durante el parto, tiene una continuidad en el momento que empieza la búsqueda. Cuando empiezan las denuncias, las mujeres que buscan a sus hijos e hijas e enfrentan a no ser creídas a que las consideren locas, se las vincula a una especie de "histeria colectiva", incluso se las acusa de haber dado los bebés en adopción y haberse arrepentido después. Mientras, después de décadas, siguen sin respuestas.

El impacto emocional y en su salud de estas violaciones de derechos humanos las acompañan hasta hoy. Ruth, desde entonces, necesita pastillas para poder dormir. Las preguntas que se hacen son muy parecidas: ¿dónde estará?, ¿cómo será?, ¿creerá que le abandoné?. Ruth, como muchas familias quiere saber qué pasó, que haya investigaciones exhaustivas, "yo quiero verdad, y que se sepa que no estamos locas". Es hora de que el Estado deje de dar la espalda a estas mujeres, reconozca el daño que les ha hecho, y tome medidas reales para encontrar respuestas y que el dolor pueda parar.

Amnistía Internacional acaba de presentar el informe: 'Tiempo de verdad y de justicia'. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de"bebés robados"