Álvaro Sánchez Castrillo- "Por lo general, a las víctimas del franquismo no se les reconocen sus derechos. Pero cuando se hace, terminan convirtiéndose en papel mojado", apunta el abogado memorialista Eduardo Ranz
- Cinco años después de la resolución judicial que abrió la puerta a la exhumación de víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos, los trabajos siguen sin comenzar
- "Si son realmente dignos y nobles, que nos dejen recuperar a los nuestros", dice Mercedes Abril, de 87 años
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Álvaro Sánchez Castrillo
Víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos.
SNLa voz de Miguel Ángel Capapé al otro lado del teléfono denota un profundo hastío. La familia está harta ya de tanto anuncio a bombo y platillo de cara a la galería. De reuniones en Moncloa que "no sirven para nada". De promesas incumplidas. De que se les utilice a nivel político. Lo único que quieren es que se les permita de una vez recuperar a sus seres queridos del Valle de los Caídos para poder darles una sepultura digna. Un derecho que ya les reconoció la justicia hace justo cinco años pero que todavía, a día de hoy, no han podido ejercer. No son los únicos. Decenas de familias tienen ya el visto bueno de Patrimonio Nacional para poder cerrar una herida que está abierta desde hace décadas. Sin embargo, el tiempo pasa y los trabajos continúan sin arrancar en el mausoleo. "Son incapaces de entrar a buscar unas cajas. Todo son problemas, todo son excusas", se lamenta el también presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico).
Tras años de intentos infructuosos, de visitas y negociaciones, Capapé y su mujer, Purificación Lapeña, lograron finalmente abrir la vía de las exhumaciones en los tribunales. El hito se produjo a finales de marzo de 2016, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial emitió un auto en el que sostenía que "el derecho a una sepultura digna" está "indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia de la forma en la que falleció" y ordenaba "la realización de las actuaciones pertinentes" en el Valle de los Caídos para devolver a la familia los restos de sus familiares. Se refería, en concreto, a los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña. Veterinario y herrero de profesión, respectivamente, y vinculados a la CNT de Calatayud –el primero fue su fundador y el segundo miembro del sindicato–, fueron asesinados tras el golpe de Estado de 1936 y arrojados a una fosa común del cementerio de la localidad.
Y allí permanecieron durante más de dos décadas. Luego, según constató el juez, existe una "alta probabilidad" de que fueran llevados a Cuelgamuros. Los indicios de ello, a ojos de la justicia, son bastante sólidos. Por los testimonios y por los documentos. El 31 de octubre de 1958, el entonces ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, remitió una circular a las autoridades locales en la que especificaba cómo debían hacerse los traslados: en cajas de 60 x 30 x 30 centímetros "para restos individuales identificados" o de 120 x 60 x 60 centímetros en el caso de "restos colectivos sin posible individualización". El 8 de abril de 1959, llegaron al mausoleo procedentes de Calatayud y con número de orden 0466 un total de 81 restos en 9 columbarios, todos ellos como desconocidos, tal y como consta en el primer tomo del Libro de Registro de Enterramientos. Las cajas se numeran entre el 2.061 y el 2.069 y se ubican en la cripta derecha, tercera planta, de la Nave de la Basílica.
A esos nueve columbarios se agarran también Silvia Navarro y Mercedes Abril. La primera, que reside actualmente en Madrid, lleva años intentando recuperar a José Antonio Marco. Su tío abuelo era un industrial de Calatayud masón y republicano hasta la médula. "Lo conocían por utilizar la furgoneta de la empresa familiar para llevar a personas a los mítines de [Manuel] Azaña en Madrid", recuerda Navarro, quien cuenta que fue "secuestrado" al grito de "¡Viva Cristo Rey!", asesinado y arrojado a una fosa común del cementario de la localidad en septiembre de 1936. En ese mismo mes y en ese mismo lugar se puso fin también a la vida de Rafael Abril. Ferroviario de profesión, los asesinos dejaron una viuda –Eusebia Alonso– y dos huérfanos: Mercedes y Rafael, que nació pocas horas después de la detención de su padre pero que terminaría falleciendo. "No había hecho mal a nadie. Le mataron solo por ser socialista", dice la hija mayor, que hoy tiene 87 años, al otro lado del hilo telefónico.
Todos ellos están convencidos de que sus seres queridos forman parte de la inmensa lista de 12.410 cuerpos sin identificar que se encuentran inhumados en el mausoleo anclado en plena sierra de Guadarrama. Algo más sencillo lo tiene la asturiana Maribel Luna. Su historia está estrechamente ligada a la de su abuelo Aquilino Baragaña Montes. Minero de Candaneo (Asturias) vinculado a la CNT, el güelín se alistó a las milicias tras el golpe de Estado y emprendió el camino hacia el frente. Tras ser herido en la cabeza en el campo de batalla, fue trasladado a un hospital militar del bando sublevado en Salas, donde falleció. Dos décadas después, el 2 de julio de 1959, sus restos fueron depositados en el Valle de los Caídos sin el permiso de la familia. En su caso, individualizados e identificados. Reposan en el columbario 2.135, ubicado en la tercera planta de la Cripta Derecha, tal y como figura en uno de los documentos del monumento recuperado tras una laboriosa investigación.
El cuento de nunca acabar
El tortuoso periplo de todas estas familias ha estado repleto de subidas y bajadas. Pasaron de décadas de olvido absoluto a ser escuchadas con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. De hecho, durante aquella etapa socialista estuvieron a punto de conseguir su objetivo. Lo rozaron con los dedos. Tienen grabado a fuego el famoso informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que reconocía el "derecho moral" de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos del mausoleo. Sin embargo, se llegó tarde. Para cuando el documento fue entregado al Ministerio de Presidencia ya habían pasado nueve días de la aplastante mayoría absoluta en las elecciones generales de un Mariano Rajoy que en repetidas ocasiones se había comprometido a fulminar todo aquello que tuviera que ver con "recuperar el pasado". Obviamente, dicho documento acabó cogiendo polvo en un cajón del nuevo Ejecutivo conservador.
Comenzaron entonces años de travesía por el desierto. Hasta que, en marzo de 2016, el juez de San Lorenzo de El Escorial abrió con su resolución una ventana de esperanza para todas las familias. Patrimonio Nacional desistió de recurrir la decisión judicial, un alivio para los Lapeña. El problema vino después. La decisión del organismo de solicitar dos informes –al Consejo Médico Forense y al Instituto Torroja del CSIC– sobre la viabilidad de las actuaciones dilató el procedimiento. Los estudios, que recogían la posibilidad técnica de comenzar los trabajos en Cuelgamuros, no llegaron hasta el verano de 2018. Por aquel entonces, Mariano Rajoy ya estaba fuera de la Moncloa. Una moción de censura había llevado a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez, quien situaba la memoria democrática como uno de los ejes fundamentales de su discurso político. Un cambio en el Ejecutivo que los familiares esperaban que pudiera agilizar el proceso de recuperación.
Un año después, pocas horas antes de que el Boletín Oficial del Estado recogiese la convocatoria de elecciones del 10N, Abril recibió una carta en Valladolid con membrete de Presidencia y rubricada por el presidente. "No le quepa duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de los restos de sus seres queridos inhumados en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos", decía la misiva. De nuevo, una inyección de esperanza que aumentó todavía más con el acuerdo del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional que daba luz verde a las actuaciones para llevar a cabo una treintena de exhumaciones en el complejo monumental. Unos trabajos que, a día de hoy, siguen sin empezar. "No sabemos nada", es lo único que repiten con enfado las familias. A preguntas de infoLibre, Patrimonio Nacional tampoco aclara ni qué calendario o fechas se manejan ni a qué se deben los retrasos. Al cierre de esta edición, no ha habido respuesta.
"Es ofensivo que les hayan reconocido ese derecho y que, cinco años después, siga sin haberse materializado", critica el abogado memorialista Eduardo Ranz, que representa a una decena de estas familias. Han enviado cartas. Han interpuesto un recurso aclaratorio exigiendo que se fije una fecha concreta en el calendario. Pero los trabajos no llegan. Nunca llegan. El letrado no entiende las razones del retraso permanente. Al fin y al cabo, dice, Patrimonio Nacional depende de Presidencia, el ministerio que tiene en sus manos todos los asuntos relacionados con la memoria democrática. "En términos administrativos, por lo tanto, debería ser más sencillo gestionarlo", reflexiona Ranz, quien lamenta que este asunto "no haya captado el interés de la vicepresidenta Carmen Calvo" a pesar de que su partido no dudó en utilizar el caso de los hermanos Lapeña "en campaña". "Por lo general, a las víctimas del franquismo no se les reconocen sus derechos. Pero cuando se hace, terminan convirtiéndose en papel mojado", sentencia.
Hartas de "promesas" que no llegan
Las familias están que trinan después de tantos años. "¿Qué impedimentos puede haber cuando a Franco se le sacó en un año y nosotros llevamos cinco con una resolución judicial firme?", critica Capapé. Están hartas de "promesas que no se cumplen". Se sienten utilizadas políticamente. "Lo único que quieren es hacerse la foto", critica Navarro, que asegura que no volverán a reunirse en Moncloa hasta que no se ponga una fecha concreta sobre la mesa. "¿Para qué? Al final salimos de allí como entramos. Te dan una palmadita en la espalda y un vaso de agua", coincide Capapé. Temen que todo termine como hace una década. Que se produzca un cambio de Gobierno y tengan que empezar prácticamente de cero. Otra vez más. "Están abusando de la esperanza de las familias", apunta Luna.
La nieta de Aquilino Baragaña recuerda que ya se va tarde. "Mi madre tiene ahora 87 años y alzheimer. Es algo que no le voy a perdonar nunca al PSOE. Si se hubiera trabajado en 2011, ella sí habría sido consciente de la recuperación de su padre. Ahora, no", apunta. Es exactamente lo mismo que pasa en la familia de Capapé con su suegro. Los años tampoco dejan de correr para Abril, que se agarra con fuerza a la esperanza de poder dar a su papá ese abrazo que no le dio cuando se lo llevaron siendo ella una niña. "Si son realmente dignos y nobles, que nos dejen recuperar a los nuestros. Si no, pensaré que todos son iguales. Es lo que siento, ya desconfío de todos. No tienen vergüenza. ¡Que me demuestren que estoy confundida!", dice con firmeza al otro lado del teléfono. Esa firmeza de quien lleva media vida peleando por rescatar a un padre de Cuelgamuros.
