BILBAO
LA aprobación el pasado jueves por el Parlamento navarro de la primera ley de ámbito autonómico para la reparación de las víctimas del franquismo pone el foco en las actuaciones que se están realizando en otros lugares de la península. En concreto, son la Comunidad Autónoma Vasca, Catalunya, Andalucía y Asturias los territorios que mejores frutos han dado en la recuperación de la memoria histórica. Especialmente relevante es el trabajo realizado desde Euskadi, cuya administración es la única que actúa como agente activo en los proyectos concretos de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, en concreto en la excavación de fosas, acción que logró una mención en el informe que realizó el pasado septiembre el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas.
La Administración vasca lleva una década empeñada en recuperar la memoria histórica y el derecho a la verdad y justicia, aunque en vez de dar rango legislativo a la materia ha actuado en base a sucesivos decretos, planes y convenios de colaboración, que hacen que en la práctica la CAV lleve tiempo trabajando en objetivo que se propone la recién aprobada ley navarra, como es la recuperación de restos de las personas desaparecidas, la señalización y protección de los lugares de enterramiento o la retirada de las menciones y símbolos franquistas.
En concreto, el año 2002 marcó un antes y un después en el compromiso de Euskadi por sacar a la luz algunos de los peores fantasmas del franquismo. El 10 de diciembre de aquel año, el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, realizó una declaración con motivo de la conmemoración del Día los Derechos Humanos que expresaba el compromiso explícito del Gobierno vasco en materia de memoria histórica. En años anteriores se habían mantenido distintas colaboraciones con asociaciones, pero fue aquella ocasión la que dio pie a un compromiso traducido en iniciativas concretas y en el apoyo real del Ejecutivo en esta materia. Ese mismo año, se aprobó un decreto por el que se compensaba económicamente a las personas que engrosaron las cárceles franquistas por razones políticas, a las que se sumaron a partir de 2006 los que fueron obligados a participar en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores.
PODERES PÚBLICOS Desde el año 2003 el Gobierno vasco investiga la identidad y la ubicación de las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil. Fruto de esta labor, realizada con la intervención de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han elaborado, entre otros, informes técnicos sobre lugares en los que existen fosas comunes, algunas de las cuales han sido exhumadas.
La colaboración, formalizada a través de un convenio anual con Aranzadi desde el año 2005, vuelve a tener presencia en el proyecto de los Presupuestos de 2014. La labor del Gobierno no se limita a este proyecto. Y es que apoya distintas iniciativas a través ayudas directas y convocatorias abiertas, cuantías que en 2013 se elevaron a 196.000 euros.
En opinión del Gobierno vasco, la recuperación de la memoria histórica, y el derecho a la verdad y a la justicia "trasciende al ámbito privado", por lo que considera "necesaria una actuación e implicación de los poderes públicos", afirma a DEIA Monika Hernando, la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco. Este no solo impulsa la realización de un censo de desaparecidos, la exhumación de numerosas fosas y la identificación de las víctimas asesinadas y desaparecidas, proyectos en los que ha marcado el camino al resto de comunidades autónomas, sino que contacta con las familias, a las que envía una carta personalizada con un dossier con toda la información recopilada. Ejemplo de este compromiso es el homenaje celebrado el pasado mes de abril por el Gobierno vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a los doce gudaris exhumados en la localidad alavesa de Zigoitia, acto en el que estuvieron presentes el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y la propia Monika Hernando.
"OBLIGACIÓN DEL ESTADO" La directora de Víctimas añade que esta implicación directa de la Administración vasca fue valorada en el informe preliminar hecho publico el pasado mes de septiembre por el grupo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Dicho grupo destacó la información detallada que había recibido sobre la actualización periódica en materia de exhumaciones y localizaciones de fosas comunes en Euskadi, así como de las leyes y protocolos adoptados por la Administración vasca. En contraposición con estas valoraciones, el grupo de trabajo de la ONU criticó al Estado español por seguir ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia pese a contar con una Ley de Memoria Histórica desde 2007. El informe puso especial énfasis en señalar que la búsqueda de desaparecidos "no puede ser una tarea o iniciativa de los familiares sino una obligación del Estado, [de hecho] parte de una política de Estado".
Para Hernando, en Euskadi se están haciendo las cosas "en la buena dirección" pese a carecer de una ley específica. "Es fantástico que se haya aprobado la ley navarra, pero en la práctica estamos aplicando mucho de lo que contiene esa norma, que por otra parte habrá que desarrollar". Según la directora de Víctimas y Derechos Humanos, el Gobierno vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley similar a la aprobada por el Parlamento de Nafarroa.
SÍMBOLOS FRANQUISTAS Durante el Gobierno socialista de Patxi López también se adoptaron algunas medidas como la elaboración en 2011 del catálogo de vestigios y símbolos franquistas en las diferentes localidades vascas y la aprobación al final de su mandato, en 2012, del dictamen para la retirada de los símbolos franquistas. Esta labor, que debe ser realizada por cada ayuntamiento, no se activó durante el Ejecutivo socialista y es ahora cuando el Gobierno de Iñigo Urkullu está hablando con Eudel para analizar las actuaciones a realizar en cada localidad.
Pero no hay que dormirse en los laureles. Monika Hernando considera que aún quedan muchas cosas por hacer, como seguir con las exhumaciones y la señalización de las fosas, continuar con la recogida de testimonios "porque el tiempo corre en contra", apoyar las investigaciones que se siguen abordando, y asegurar que todas estas informaciones queden debidamente archivadas para su preservación y conocimiento público, posiblemente en el futuro Instituto de la Memoria. Asimismo, el Gobierno vasco estará atento al recorrido que pueda tener la investigación abierta por la justicia argentina contra el régimen franquista.
las claves
· Compromiso activo. Desde 2002 Euskadi ha impulsado iniciativas concretas para la recuperación de la memoria histórica, mediante diversos decretos, planes y convenios. Se trata de la única administración con una implicación activa en estas labores.
· Reconocimiento. El grupo trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas valoró esta implicación. Por el contrario, criticó la inacción del Gobierno español.
· Fosas. Uno de los proyectos más relevantes es el que realiza con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para la excavación de fosas de fusilados y desaparecidos en el franquismo.
Monika Hernando afirma que el Ejecutivo vasco no tiene sobre la mesa la elaboración de una ley específica
