dissabte, 27 de juny del 2020

Los campos de concentración franquistas en Cantabria.


https://www.eldiariocantabria.es/articulo/memoria/campos-concentracion-franquistas-cantabria/20200625195203078076.html



 Prisioneros del campo de concentración instalado en las caballerizas del Palacio de la Magdalena en Santander | Foto: Biblioteca Nacional de España

Según varios autores, Santander fue, durante el Franquismo, “el presidio más grande del mundo”. Tal vez no en extensión, pero sí en concentración de presos. Se calcula que pudo llegar a haber unos 50.000. La capital cántabra tuvo varias ubicaciones que actuaron como campos de concentración, y que hoy en día son conocidos y reconocidos espacios de la ciudad. Pero Santander no fue la única ciudad cántabra que albergó estos campos de concentración. En total, 9 de estos lugares se repartieron por toda la costa de la comunidad, ubicándose también en municipios como Santoña, Laredo o Castro Urdiales.
El periodista Carlos Hernández de Miguel, en su libro ‘Los campos de concentración de Franco’, hace un exhaustivo estudio de las características y al número de presos que por ellos pasaron durante la Guerra Civil y, en algunos casos, durante los meses inmediatamente posteriores a la conclusión del conflicto provocado por el golpe de estado militar.
Sin duda, la mayor concentración de presos tuvo lugar en Santander, donde hubo diferentes campos de concentración a lo largo de los años, algunos de ellos de larga duración y estable. Fue el caso del ubicado en el Seminario de Santa Catalina de Corbán, que actualmente acoge el Seminario Diocesano de Monte y que operó desde 1937 hasta noviembre de 1939, llegando a superar su capacidad máxima de 3.000 prisioneros.
Campos de Sports de El Sardinero en Santander poco antes de que fueran evacuados todos los prisioneros | Foto: Biblioteca Nacional de España Campos de Sports de El Sardinero en Santander poco antes de que fueran evacuados todos los prisioneros | Foto: Biblioteca Nacional de España
Los casos más conocidos son los recintos que se habilitaron a lo largo del conflicto en diferentes puntos de la ciudad. La Plaza de Toros, el campo de fútbol de El Sardinero –en su antigua ubicación- y el Hipódromo de Bellavista llegaron a albergar a 20.000 prisioneros. Pero no fueron los únicos. El periodista Isidro Cicero recordaba en una entrevista en este medio que a estos espacios se sumaron la tabacalera de la calle Castilla -actual Biblioteca Central-, los Salesianos, el Grupo Ramón Pelayo de la calle Alta –que era de mujeres-, las Salesas y las Oblatas.
Las Caballerizas del Palacio de La Magdalena funcionaron como campo de concentración “ejemplar” para el franquismo. Con una capacidad de 600 prisioneros, llegó a tener más de 1.600 y estuvo activo hasta noviembre de 1939. La memoria de este campo de concentración se recuperó en septiembre de 2019 con una performance de 400 personas que recreó una foto tomada en 1938. Actualmente se utiliza como residencia de estudiantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
OTROS CAMPOS
Santander fue, sin duda, el principal enclave utilizado por Franco para instalar los campos de concentración, pero no fue el único. La segunda ciudad más importante de Cantabria, Torrelavega, también acogió un campo estable ubicado en varios edificios de la capital del Besaya, entre ellos un almacén de maderas que ahora mismo no se conserva. Según la investigación de Hernández de Miguel, estuvo activo durante el segundo semestre de 1937.
Los prisioneros abarrotan la plaza de toros de Santander | Foto: Biblioteca Nacional de España Los prisioneros abarrotan la plaza de toros de Santander | Foto: Biblioteca Nacional de España
Más fugaz fue el campo de concentración de Pontejos. El aeródromo fue utilizado de forma provisional entre septiembre y octubre de 1937, y sus prisioneros estuvieron a disposición de la Legión Cóndor alemana.
Santoña contó con dos campos estables y de diferente duración. El Dueso llegó a contar con más de 3.000 prisioneros entre 1937 y 1938, y después de esto comenzó su actividad como prisión. Junto a este espacio, el Fuerte de la Plaza, que actualmente es uno de los recursos turísticos de la ciudad, estuvo activo del 37 al 39.
Laredo y Castro Urdiales también fueron campos estables. Creados ambos por tropas italianas entre agosto y noviembre de 1937, el de Laredo se ubicó en el campo de fútbol y sus alrededores, y a lo largo de la calle Menéndez Pelayo. En Castro se llegaron a habilitar tres espacios diferentes con hasta 10.000 prisioneros.

dijous, 25 de juny del 2020

Hallan los cadáveres de 14 soldados republicanos en seis fosas durante unas obras en Valencia


https://www.elespanol.com/cultura/historia/20200619/hallan-cadaveres-soldados-republicanos-fosas-obras-valencia/498951051_0.html?fbclid=IwAR3TMWR1DNIEYJghYSNtUgqypuDqcRlqnDuh53qjUJ4MwtYZXUT31jWTCwk


Imagen de la fosa descubierta en Valencia.
Imagen de la fosa descubierta en Valencia. Diputación de Valencia

HISTORIA


Las fosas estaban cerca del pueblo de Andilla donde se levantó un hospital que trató de las heridas de guerra a muchos soldados republicanos.

19 junio, 2020 18:20
La Diputación de Valencia ha finalizado la excavación de seis fosas, tres individuales y tres colectivas, con restos de catorce víctimas de la Guerra Civil, concretamente soldados del bando republicano, que fueron halladas durante unas obras en la carretera CV-345 a su paso por el municipio de Andilla.
Las fosas de restos humanos se encontraron mientras se llevaban a cabo obras de mejora y ampliación en un tramo de la citada carretera provincial, concretamente el que une Higueruelas y el Cerro de la Nevera a su paso por el término municipal de Andilla.
Fue a la altura del kilómetro 24 donde se hallaron evidencias de posibles enterramientos en la zona, por lo que las tareas de ampliación, mejoras y repavimentación de la carretera quedaron suspendidas en ese punto, informa este viernes la Diputación.
Tras la preceptiva aprobación del proyecto de intervención arqueológica, los trabajos de excavación se han desarrollado durante el mes de mayo, sacando a la luz un total de seis fosas donde yacían los restos de un total de catorce personas, identificadas como soldados del bando republicano fallecidos durante la Guerra Civil.
Este viernes los diputados provinciales de Memoria Histórica, Ramiro Rivera, y de Carreteras e Infraestructuras, Rafael García, han visitado el lugar en el que han intervenido de manera conjunta ambas áreas, coordinadas con el Ayuntamiento de Andilla.
Rivera ha querido destacar "la colaboración desinteresada de los vecinos, que ha sido fundamental" en este proyecto, cuyo próximo paso será la inhumación de los restos de estas catorce personas en un espacio que el Ayuntamiento de Andilla planea construir en el cementerio de la localidad.
Desde la Diputación se apunta que el lugar del hallazgo figuraba en el Mapa de Fosas de la Comunitat Valenciana como una fosa de lucha armada y estaba muy presente en la memoria de los vecinos de la zona.
Según los trabajos de investigación de la Asociación Científica ArqueoAntro y GRMH (Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica), estas fosas estarían relacionadas con el hospital de clasificación sanitaria conocido como "Corral de Aguavientos", ya desaparecido.
Ese centro fue empleado durante el final de la Guerra Civil como hospital militar para atender a los soldados republicanos evacuados del Frente de Levante, que habrían combatido en el sector próximo a Andilla de la Sierra de El Toro.

dimecres, 24 de juny del 2020

La Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español.


https://www.armharagon.com/bebes-robados/



Bebés robados


El pasado 26 de febrero fue presentado por:
Grupo Parlamentario Plural. Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Grupo Parlamentario Socialista. Grupo Parlamentario Republicano. Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
La propuesta nació de la CEAQUA a instancias de la asociación ‘Todos los niños robados son también mis niños’ , integrante de la coordinadora.
Aquellas “locas”, que no tenían ninguna credibilidad cuando denunciaban que sus hijos no estaban muertos y se los habían robado, han conseguido que se comience a hacer un poco de justicia en este país.
Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy
«En su origen, la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones: los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades. Según el auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en esta etapa.»
Uno de los puntos más importantes es que se reconocen los hechos como crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben.
Acceso a los archivos públicos y privados, derecho a la tutela judicial (el ministerio fiscal ejercerá de oficio), exhumaciones, pruebas de ADN.
Creación de una base de datos de afectados, y de un banco de ADN.
Un tema de justicia para esas “locas“, que debería haber sido aprobado por unanimidad en el congreso.
Pero no ha sido así, parece ser que ese partido que hace gala de patriotismo y de defender a España, no defiende a todas las personas de nuestro país, solamente a las que son afines a su ideología.
Esta “trama” resulta “muy tentadora para la izquierda” para así “imponer su visión de la historia como un dogma de fe”, cuando esa es una labor que corresponde a “los historiadores”.
Curioso que ahora la izquierda tengamos dogmas de fe, cuando siempre nos han acusado de ateos y quema iglesias.
A la par de incluir en su discurso el tema del aborto, y los niños asesinados por ETA, (me recuerdan a los niños cuando dicen y tú más), aunque nada tiene que ver un tema con otro.
Los temas esenciales de esta ley son el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición.
Soledad Luque Presidenta de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños
Con 296 votos a favor, 54 en contra y ninguna abstención, la Cámara Baja ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley de bebés robados, impulsada por la sociedad civil que ya consiguió que el Congreso admitiera a trámite esta propuesta en 2018, pero que decayó por la convocatoria de elecciones.
Los 54 votos en contra fueron de la ultraderecha, según ellos «hay tráfico de menores en todas las épocas en el mundo» y ha negado la existencia de una red en el franquismo.
Aquí me asalta una duda, ¿porque un delito se cometa en todo el mundo, eso lo hace lícito?
Preocupante que más de tres millones y medio de españoles, comulguen con esas premisas.
Ya dijo el dictador, lo dejó atado y bien atado, qué razón tenía tras 45 años todavía no hemos conseguido deshacer el nudo.
Mercedes Sánchez
Entrevista en Aragón Radio, a Sole Luque (Presidenta de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños), Mayte Parejo (Abogada), Ana Mancho (Periodista)


Archivo Audiovisual de la Asociación Bebés Robados de Aragón

Famílies dels combatents del front del Llevant reclamen un banc d’ADN de les víctimes.


https://www.apuntmedia.es/va/noticies/societat/families-dels-combatents-del-front-del-llevant-reclamen-un-banc-d-adn-de-les-victimes?fbclid=IwAR2CKgcy_MU7YFNmsNsbQ49I3m2ol1D9hi1DrY-BhSd_QFRS-Rhm40JQS8A


Notícies Societat | 19/06/2020 14:30
Elena Tamarit Escrivà
 L’equip d’ArqueoAntro realitza proves genètiques aquest mes de juny als familiars dels combatents del Front del Llevant
L’equip d’ArqueoAntro realitza proves genètiques aquest mes de juny als familiars dels combatents del Front del Llevant / Eloy Ariza (ArqueoAntro)

Milers de soldats de la Guerra Civil esperen davall terra en fosses comunes improvisades, abandonats en cementeris o en les mateixes trinxeres on tractaven d’impedir l’avanç de les tropes franquistes. Esperen tornar després de morts amb les famílies i recuperar una cosa tan fonamental “com el nom”, diuen les famílies dels combatents del front del Llevant, les quals s’han unit en una associació per tal de reclamar que es cree el banc d’ADN tantes vegades promés per les institucions públiques. 

“En el camí de fugida de les tropes republicanes, els franquistes s’emportaven els seus caiguts i ordenaven als masovers que enterraren la resta de cossos”, ha explicat en una entrevista telefònica Feli González, néta de José María Martínez González. Ell era un pastor veí de Lorca, que va deixar al poble la dona i dos fills per a incorporar-se com a voluntari de la CNT, sense saber que poc temps després esclataria la guerra i marxaria a Madrid amb la columna d’España Libre. Moriria al front del Llevant el 12 de maig de 1938 i, al contrari que altres famílies que convertiren aquest període fosc en un tema tabú, en casa de Feli sempre es va parlar del seu avi. “Ara volem recuperar el seu cos i enterrar-lo amb la dona, que el va perdre als 25 anys”, recorda Feli.

Ella és una de les desenes de familiars que ha aconseguit posar-se en contacte gràcies a internet i l’equip d’ArqueoAntro, que està des de 2013 exhumant –quasi gratuïtament– els cossos en aquesta línia de defensa del territori valencià. Són, a més de les comarques valencianes, veïns i veïnes de Múrcia, Andalusia, Catalunya, Castella-la Manxa, Madrid, Astúries i Extremadura. “Darrere de cada família hi ha una història”, conta Feli. 

Familiars dels soldats del Front del Llevant amb l’equip d’arqueologia / Eloy Ariza (ArqueoAntro)

“Dins de la meua pròpia família em trobe gent que diu que per què ho faig, però les persones mereixen tindre un nom, tornar amb les famílies i que la història no els oblide”, diu al telèfon, emocionada, Rosana Arques. Ella busca el germà de la seua àvia, Juan Prefasi Sabater, un llaurador de Marxuquera, militant del sindicat UGT i compromés amb la República. “Quan morí la meua àvia em vaig sentir en l’obligació moral de conéixer la història del ‘tio Junanito’”, continua, i explica que així va descobrir que formava part de la quinta de majors a la brigada 107, s’incorporà a la fèrria línia de defensa XYZ i poc després va caure al Toro.

Rosana diu que no ho fa per ella, sinó per complir el desig de l’àvia. “Mai parlàvem de la guerra, però sí de les paves que sobrevolaven Gandia i la por que sentíem”, diu en recordar un passat que per a ella, per l’edat, era remot. “Ho faig per defendre els valors en els quals creia el meu avi, que va poder tornar a Gandia i amagar-se, però va continuar fins al final per tal de no deixar passar els franquistes”, insisteix.

La necessària ajuda de l’administració, millor tard que mai


Fins ara, l’associació científica ArqueoAntro, en col·laboració amb el Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica de València, ha recuperat les restes de 28 soldats del front del Llevant. Ho han fet pràcticament sense fons i amb un suport de l’administració que mai és suficient. Catorze cossos més s’han exhumat a Andilla, a partir d’una obra de carreteres que passava sobre un antic hospital de sang. “Només hem aconseguit practicar dues proves gràcies a unes donacions privades, però necessitem una oficina d’atenció a les víctimes i un banc d’ADN públics”, ha explicat a À Punt el director arqueològic d’ArqueoAntro, Miquel Mezquida. Aquesta associació ha aconseguit en els últims set anys més de 400 mostres genètiques de familiars dels caiguts a les comarques valencianes i altres zones bèl·liques com ara de la zona de l’Ebre, Extremadura i els Pirineus. “Estem desitjant agafar totes les proves de casos que estan per resoldre i cedir-les a la Generalitat. S’ha avançat molt, però encara queda tant per fer”, urgeix. 

Les famílies demanen que no es faça diferència entre les víctimes i lamenten que aquells que lluitaren contra la dictadura i mai regressaren són “els oblidats dels oblidats”. Es remeten a la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual s’estableixen mesures en favor de qui va patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura. Precisament l’article 11 insta les administracions públiques a facilitar als descendents de les víctimes que així ho sol·liciten “les activitats d’indagació, localització i identificació de les persones desaparegudes violentament durant la Guerra Civil o la repressió política posterior i el parador de les quasl s’ignore”. El pla, afegeix el punt dos, ha d’establir subvencions per a sufragar les despeses derivades d’aquest treball de recuperació de la memòria.

Un conveni de Memòria Històrica i Sanitat perquè el banc siga real


El banc d’ADN és un compromís de la Conselleria de Memòria Històrica, però les traves burocràtiques i la pandèmia han dificultat el procés. “Ens hauria agradat tindre’l en marxa des de fa mesos, però encara no ho hem pogut fer per qüestions tècniques”, ha explicat als micròfons d’À Punt la consellera Rosa Pérez Garijo. Poc abans de la pandèmia, el seu departament es va posar a treballar en un conveni conjunt amb Sanitat, però la crisi de la Covid-19 ha afectat el calendari previst i assegura que esperen posar-lo en marxa “al més prompte possible”. “La Conselleria de Sanitat ha tingut altres prioritats per la situació excepcional de la Covid-19 i, evidentment, ens hem vist afectats”, ha asseverat Pérez Garijo, que no s’ha atrevit a donar una data concreta perquè depén dels processos administratius.

dimarts, 23 de juny del 2020

El fin de la impunidad por los bebés robados, un paso más cerca con la ley que tramita el Congreso.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/23/el_fin_impunidad_los_bebes_robados_paso_mas_cerca_con_ley_que_tramita_congreso_108063_1012.html


  • La Cámara Baja estudia este martes la toma en consideración de la iniciativa impulsada por varios colectivos de víctimas, que cuenta con el amplio respaldo de los grupos parlamentarios
  • El texto contempla la creación de una Fiscalía especializada, lo que a ojos de la abogada Maite Parejo permitiría llevar a cabo una investigación “a nivel nacional”
  • A esto se le suma la creación de un banco de ADN a nivel nacional y la apertura de los archivos de la Iglesia: “Tiene en su poder documentación que puede ser importantísima” 

Publicada el 23/06/2020 a las 06:00
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Manifestantes reclamando justicia por

Manifestantes reclamando justicia por el caso de los bebés robados. 

EP

“La sensación de que algo raro había pasado ha permanecido durante décadas en mi familia”. La historia que cuenta con voz pausada Soledad Luque al otro lado del teléfono se remonta a los últimos compases de la dictadura franquista. Comenzó un 25 de enero de 1965 en la Maternidad de O’Donnell. Allí, a escasos metros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, fue donde esta madrileña y su hermano mellizo Francisco respiraron por primera vez. La niña nació sana. El niño, sin embargo, lo hizo con poco peso. En una incubadora permaneció durante un par de semanas. Cada día recibía la visita tanto de su padre como de su hermano mayor. Todo parecía ir bien. El recién nacido iba progresando y la familia ya estaba preparando su llegada a casa. Sin embargo, “de un día para otro” falleció. Luque cuenta que su familia no pudo ver nunca el cuerpo. “Les dijeron que lo habían incinerado”, explica. En aquellos momentos, asumieron el relato. Pero en 2010, con el boom de los bebés robados, empezaron a cuestionarlo. Y desde entonces, tanto ella como su hermana Carmen no han parado de buscar. De momento, sin éxito.

Su caso no es una excepción. En los últimos años, por toda la geografía española se han repetido cientos de denuncias similares. Como la de Ainhoa Arrate, que busca a su madre. O la de Paqui Serrano, que hace lo propio con su hermana. No se sabe a ciencia cierta el número de víctimas. El juez Baltasar Garzón, en uno de los autos emitidos hace más de una década desde la Audiencia Nacional, calculaba que podía haber unos 30.000 casos sólo hasta 1952. Las estimaciones de las asociaciones, por su parte, lo elevan por encima de los 100.000 durante toda la dictadura y los primeros compases de la democracia. Luque es presidenta de una de ellas: Todos los niños robados son también mis niños. A través de su experiencia, lleva años dedicando sus fuerzas a un activismo social y político que parece llenarla. Porque no sólo busca a su mellizo. También ayuda a todas aquellas personas que creen que haber sido víctimas de lo mismo. No es sencillo. Sobre todo, cuando chocan una y otra vez contra el muro de la “impunidad”. “No nos hemos sentido arropadas en absoluto”, explica en conversación con infoLibre.

A pesar de las piedras en el camino con las que se han ido topando, los colectivos siguen en la brecha. Y todavía conservan la esperanza de que después de varias décadas puedan terminar llegando al fondo del asunto. Sobre todo, después de conseguir recabar el respaldo de la inmensa mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Una Cámara Baja que este martes, si no hay sorpresas de última hora, dará el primer paso para la tramitación de la Proposición de Ley de Bebés Robados en el Estado Español. La iniciativa cuenta con la firma de una decena de formaciones políticas –desde el PSOE o Unidas Podemos hasta EH Bildu o las CUP– que, en conjunto, superan la mayoría absoluta en el hemiciclo. Luque, además, explica que los contactos que se han mantenido también con Ciudadanos o el PP en este sentido invitan a pensar que también respaldarán el texto. Con los únicos con los que no se han reunido los colectivos ha sido con los diputados de Vox. Pero la posición de los ultras no importa. Sólo con el visto bueno de los firmantes es suficiente.

Una investigación nacional

La presidenta de la asociación espera entusiasmada la aprobación de una norma que “supone un progreso importante en la defensa de las víctimas del franquismo y, especialmente, de la trama de bebés robados”. Y lo supone porque abre la puerta a que se investiguen a fondo estas denuncias. Si son necesarias exhumaciones, el Ministerio de Justicia se hará cargo de ellas. Y si hay que hacer pruebas de ADN, estas no podrán tener un coste para las víctimas. Todas las instituciones están obligadas a arrimar el hombro. Cada administración censal, si así le requiere la autoridad judicial o policial durante las pesquisas, deberá poder proporcionar de forma informatizada todos los datos de nacimientos o defunciones desde 1936 ocurridos en cada una de las provincias o distritos de los niños comprendidos entre los cero y los cinco años. Esta información, además de las modificaciones de filiación por nacimiento, deberá poder ser facilitada también por la oficina del Registro Civil o, en su caso, el Instituto Nacional de Estadística.

La Fiscalía jugará un papel clave en todo este proceso. Primero, porque deberá ejercer de oficio o a instancia de las víctimas “cuantas acciones judiciales procedan, en cualquier orden jurisdiccional, para la exigencia de las responsabilidades que correspondan”. Y segundo, porque tendrá que hacerlo a través de la Fiscalía Especial sobre Bebés Robados, cuya creación viene contemplada, como la de una unidad de policía judicial especial, en una de las disposiciones adicionales de dicha norma. A ojos de Maite Parejo, abogada socia en Maio Legal, esto permitiría que pudiera llevarse a cabo una investigación “a nivel nacional”. Esto es lo que ya intentó la asociación Anadir en 2011. Sin éxito. La Fiscalía General del Estado acordó a través de un oficio desglosar la denuncia y remitirla a las fiscalías territoriales competentes para su investigación. Lo hizo al entender que no existían indicios para mantener que las supuestas sustracciones puestas sobre la mesa fueron realizadas de forma de forma concertada. Es decir, entendía que no había conexión aparente entre los diferentes casos.

Para Parejo, el hecho de desglosar una causa de estas características a nivel territorial dificulta que se investiguen los hechos como un crimen de lesa humanidad, que a diferencia de la sustracción de menores no prescribe. ¿Por qué? Principalmente, porque este tipo requiere que los actos fueran cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático”, según se marca en el Estatuto de Roma de 1998. “Si no se investiga de forma apropiada, es muy difícil probar todo esto”, explica la abogada de Maio Legal, que lleva años colaborando con los colectivos de bebés robados. Por eso, considera necesaria tanto una unidad de policía judicial como una Fiscalía especializada en la materia que “coordine, tenga una base de datos común, una posición unificada y un conocimiento generalizado que pueda ir aplicando”. Como ya existe Anticorrupción o Antidroga. Es algo que durante los últimos años ha reclamado también el Defensor del Pueblo y que se ha rechazado desde el Ministerio Público.

El bloqueo de la Iglesia

No es el único escollo con el que han chocado las víctimas a la hora de investigar los casos. Los colectivos tampoco se olvidan de la Iglesia. Al fin y al cabo, tal y como señala la antropóloga e investigadora Neus Roig en su libro No llores que vas a ser feliz, el tráfico de estos niños “no hubiera sido posible sin la participación de las órdenes religiosas”. Por eso, otro de los pilares sobre los que se sostiene la norma que comenzará es la apertura de archivos. Las víctimas tendrán derecho a consultar los de las administraciones públicas o sus organismos, cementerios o residencias públicas o internados de madres solteras dependientes del extinto Patronato de Protección de la Mujer –ingresos, partos, prohijamientos o adopciones–. Una labor de transparencia a la que también quedan obligadas las autoridades eclesiásticas. Establecimientos y organizaciones que tendrán que conservar, bajo pena de sanción administrativa, “la integridad de los archivos” donde consten todos aquellos datos que pudieran ser relevantes para las víctimas, desde los bautizos hasta las cremaciones, pasando por los abortos.

“La Iglesia jugaba un papel fundamental durante la dictadura. Y tiene en su poder documentación que puede ser importantísima”, señala Luque. En este sentido, pone como ejemplo todos los libros y documentación de las casas cuna regentadas por religiosas, donde deberían estar los nombres de las madres biológicas y las adopciones que se realizaron durante aquellos años. 

Sin embargo, las autoridades religiosas nunca han sido partidarias de abrir el cerrojo. En su informe de julio de 2014, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Voluntarias de Naciones Unidas hacía mención al “difícil acceso” a estos archivos. “Dado que muchos cementerios están dentro de propiedades de la Iglesia Católica, y que datos de bautismo o de defunciones constan en archivos eclesiásticos, la apertura de los mismos y la facilitación de su acceso a quienes buscan a personas desaparecidas o niños presuntamente robados, resultaría esencial para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas”, recordaban. Algunas asociaciones, incluso, se reunieron el pasado verano con el papa Francisco en el Vaticano para demandar que la institución facilitara el acceso a estos legajos. Sin embargo, Luque considera que no se puede depender “de un deseo o disposición de la jerarquía eclesiástica”. “Hay que hacerlo por ley”, insiste.

La receta con la que las víctimas pretenden que se les garantice su derecho a la verdad, justicia y reparación se completa con la creación de un banco único de ADN al que podrán acudir todos aquellos que hayan formalizado denuncia por un supuesto caso de robo de bebé. Las pruebas deben estar listas a la mayor brevedad posible, sobre todo para aquellas personas de avanzada edad. La base de datos será estatal. Principalmente, porque esto permitiría encontrar coincidencias entre personas que puedan estar viviendo a cientos de kilómetros de distancia. “Nos facilita poder cruzar muchos más datos”, explica Parejo. El organismo está pensado a imagen y semejanza del argentino Banco Nacional de Datos Genéticos, que en sus algo más de tres décadas de historia ya ha conseguido devolver la identidad a 130 bebés sustraídos durante la dictadura argentina gracias a una base de datos con miles de muestras almacenadas. El último, Javier Matías Darroux, hijo de un miembro de la inteligencia naval y un ama de casa argentina desparecidos en diciembre de 1977.

2.136 diligencias de investigación en nueve años

La proposición de ley llega al hemiciclo doce días después del primer pronunciamiento del Supremo sobre un caso de estas características. Fue el de Inés Madrigal, la niña a la que en 1969 separaron de su madre biológica en la Clínica San Carlos de Madrid y que logró sentar en el banquillo de los acusados al doctor Eduardo Vela, ya fallecido. En la sentencia, el Alto Tribunal confirmó los delitos de falsedad documental y simulación de parto. Pero eliminó el de detención ilegal. Y lo hizo por un motivo concreto. Madrigal encontró a su familia biológica a través de un banco de ADN y descubrió que su madre la había entregado en adopción de forma voluntaria. Sin embargo, los magistrados evitaron entrar en el fondo del asunto en lo que realmente interesa al resto de víctimas. La dichosa prescripción. “Esto nos ha vuelto a poner un poco en la casilla de salida”, explica la presidenta de Todos los niños robados son también mis niños. Ahora, el caso de Madrigal se pone permanentemente sobre la mesa por aquellos a los que los relatos de las víctimas generan dudas.

Por el momento, ninguna sentencia ha confirmado la existencia de una trama organizada de robo de bebés. Si bien es cierto que no muchos casos han conseguido prosperar judicialmente. Y los que lo han hecho no han acabado llegando a buen puerto. Un ejemplo es el de María Gómez Valbuena, más conocida como sor María, una instrucción que avanzaba a buen ritmo pero que terminó descarrilando con el fallecimiento de la religiosa. “Las denuncias se archivan en un porcentaje escandaloso”, critican los colectivos de víctimas. Según datos del Ministerio de Justicia facilitados a los colectivos el pasado 30 de abril, entre 2011 y 2019 la Fiscalía incoó 2.136 diligencias de investigación. De ellas, fueron judicializadas alrededor de medio millar. Ahora, las víctimas esperan que este nuevo marco legal pueda suponer un revulsivo para sus casos. Mientras se aprueba, Luque sigue pensando cada día en aquella pregunta que le hizo su hermana y que le cambió el chip hace casi una década: “¿Tú crees que Francisco puede estar vivo?”.

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