La Policía franquista disparaba a matar. El resultado no fue otro que el asesinato de manifestantes y la impunidad de los agentes que cometieron tales crímenes. Los primeros nunca fueron reconocidos por el Estado. Los segundos jamás fueron juzgados ni separados de sus cargos, lo que les permitió seguir reprimiendo durante la transición con los mismos métodos y las mismas armas.
El director del archivo de la Fundación 1 de Mayo de CCOO, José Babiano, tiene presente a cada uno de esos muertos. Algunas semanas después de participar en Bilbao en unas jornadas sobre Historia, derechos humanos y violencia política, organizadas por la Cátedra UNESCO de la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, este veterano investigador tiene muy clara una conclusión: los crímenes contra trabajadores por parte del régimen quedaron cubiertos por la más absoluta impunidad.
Babiano se remonta a finales de los sesenta. "El incremento de la protesta antifranquista fue vehiculizada principalmente por el movimiento sindical. Hubo entonces un aumento sustancial de huelgas, y en paralelo llegó la dura respuesta del régimen, con espiral represiva que se intensifica y que alcanza los estados de excepción de 1969 y 1970", describe.
Fue precisamente en julio de 1970 cuando la Policía mató en Granada al marmolista Cristóbal Ibáñez Encinas y los peones de albañil Manuel Sánchez Mesa y Antonio Huertas Remigio, quienes participaban en las movilizaciones por la huelga del sector de la construcción. "No cabe argumentar si pudo emplearse algún medio menos violento para imponer el respeto a la ley", concluyó el Juzgado Militar Permanente de Granada en marzo de 1971, decretando así el cierre del caso y la exculpación de los agentes implicados.
Mientras los jueces-farsa cerraban juicios-farsa, la Policía seguía disparando fuego real sobre manifestantes civiles. Antonio Ruiz Villalba, trabajador de la empresa SEAT, fue asesinado por la Policía el 18 de octubre de 1971 en Barcelona, donde tenía lugar una movilización en solidaridad con varios huelguistas encarcelados.
Un mes antes habían matado en Madrid a Pedro Patiño, afiliado a CCOO y al PCE. Su "delito": repartir panfletos de cara a una huelga en la construcción. Un guardia civil decidió acabar con ese reparto de propaganda a tiros, acabando con la vida de Patiño. El asesino vivió siempre impune.
El terror franquista contra la militancia obrera siguió atravesando el mapa. En marzo de 1972 llegó el turno de Amador Rey y Daniel Niebla, dos trabajadores gallegos asesinados cuando participaban en una manifestación en Ferrol para pedir mejoras en el convenio de los astilleros de Bazán. Un año y un mes después, en abril de 1973, la Policía franquista acabó con la vida del obrero Manuel Fernández Márquez durante una protesta laboral en Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
La masacre de Vitoria
La muerte de Franco no significó ningún alivio para quienes se movilizaban por sus derechos. Así lo comprobaron el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, donde una salvaje represión policial dejó como saldo cinco trabajadores muertos. Los autores de esa masacre comprobaron que el final de la dictadura no implicaba el cese de la impunidad: ningún policía ni ningún responsable de Interior pagó por esos hechos.
Tampoco fueron castigados los responsables del asesinato de Vicente Antón Ferrero durante una manifestación celebrada algunos días después en Basauri para denunciar los crímenes de Vitoria. En ese contexto hubo otro muerto: Juan Gabriel Rodrigo Knafo, de 19 años de edad, murió el 5 de marzo de 1976 cuando intentaba huir de la feroz represión policial en Tarragona.
"La impunidad sigue intacta. Todos los responsables de aquella matanza no han sido juzgados", afirma Andoni Txasko, portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo. En octubre pasado, la jueza argentina María Servini de Cubría procesó al ex ministro Martín Villa como autor penalmente responsable de tres de los cinco crímenes cometidos en la matanza de Vitoria, así como por el asesinato de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978.
"Lesa humanidad"
En ese marco, Babiano destaca que "hubo una violencia generalizada y sistémica contra un grupo de la sociedad civil, los trabajadores en este caso". Se trata de un punto clave: "Cuando hay crímenes en contexto de violencia generalizada contra un grupo de población civil, hay crímenes de lesa humanidad, y esos crímenes de lesa humanidad nunca prescriben", explica el portavoz de la Fundación 1 de Mayo.
Sin embargo, los abogados que pelean en los tribunales españoles para tratar de abrir una vía de justicia suelen chocar con un muro infranqueable. "Hay una respuesta monolítica: los jueces sostienen que esos crímenes, por muy execrables que puedan ser, no pueden ser juzgados porque resultan de aplicación la Ley de Amnistía, el principio de legalidad y la prescripción de delitos", explica el abogado Jacinto Lara, quien trabaja habitualmente en este tipo de casos.
El jurista destaca que "la clave de bóveda es el principio de legalidad". Los jueces alegan que los crímenes de lesa humanidad no se introdujeron en el Código Penal hasta 2004, "por lo que entienden que ese tipo penal no es aplicable a hechos anteriores". Ante esa argumentación, tanto Lara como Babiano ponen el foco en un aspecto de carácter universal: "los crímenes de lesa humanidad –sostienen– son imprescriptibles".
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