dissabte, 10 de novembre de 2018

Portaceli, de hospital para tuberculosos a campo de prisioneros franquista


https://www.eldiario.es/cv/campo-concentracion-Portaceli_0_833616998.html


En los últimos suspiros de la guerra, apenas a tres días del fin oficial del conflicto civil español, a bordo de un buque británico zarparon 3.000 personas desde el puerto de Alicante en dirección a Orán. En las horas siguientes, conocida ya la orden de Franco de capturar a aquellos que intentaran salir del país, se acumularon miles de personas en el mismo puerto esperando a un segundoStanbrook que nunca llegó. En su lugar, llegaron los divisionarios italianos, que llevaron a buena parte de los que intentaron huir al campo de detención de Los Almendros, al norte de Alicante. Unos días después, los detenidos pasaron a Albatera.
Este último, también en Alicante, fue como un museo de los horrores del franquismo, en el que cabían tanto los distinguidos como los anónimos, quienes habían cometido algún delito como quienes se vieron sorprendidos por los franquistas. Cuenta Rafa Arnal, periodista, que no todos los internos del campo eran anónimos. En su mayoría se trataba de periodistas, sindicalistas, alcaldes, comandantes republicanos, jueces, artistas... Personas conocidas en la sociedad. Unos meses después, el campo fue vaciándose por motivos de insalubridad, y los presos fueron trasladados a otro centro, el de Portaceli, en Serra (Valencia). Se calcula, según distintas investigaciones, que fueron saliendo por partidas hasta 16.000 personas.
La investigación de Rafael Arnal y la catedrática Mirta Núñez se centra en este último campo, uno de los más desconocidos de la guerra. En el documental y libro homónimo El Camp de Concentració de Portaceli (1939-1942), la primera investigación audiovisual sobre este espacio, los autores desvelan algunos secretos de la situación de los internos en el campo de trabajo. En el audiovisual, Arnal y Núñez incluyen información inédita sobre el arresto y ejecución del doctor Juan Peset Aleixandre, que fue rector de la Universitat de València, y elaboran el relato a través de cartas de los presos, fichas de maquis y testimonios desgarradores sobre la situación en el campo valenciano. 
Lo que hoy es un campo de olivos en plena Serra Calderona, hace ocho décadas fue el terreno en el que mandaban formar a los presos. El hospital Doctor Moliner, anterior centro para personas con tuberculosis, propiedad de la Diputación de Valencia, convirtió sus habitaciones en celdas y su patio en zona de reclusión. En los escasos metros cuadrados de las habitaciones se llegaron a acumular 30 personas. Todos los días, cuenta un superviviente, encontraban a alguien que no había sobrevivido a la noche.
Se encuentra el espacio entre las localidades de Náquera y Serra, perdido en la montaña, a pocos metros de la Cartuja de Portaceli. Fue creado por los republicanos en 1937 como espacio de identificación para los franquistas y cambió pronto de manos. Cuando el autodenominado bando nacional llegó a los últimos resquicios de Valencia -el monasterio colindante fue zona fronteriza-, convirtió el centro republicano en su espacio para los presos políticos. El recinto fue lugar de encarcelamiento de miles de detenidos por las autoridades franquistas y se calcula que pasaron entre 15.000 y 20.000 personas, y convivían unas 6.000 a la vez.
Arnal explica que comenzó su actividad en el periodo franquista con unos 1.500 presos, soldados y detenidos por el bando franquista durante los últimos días del conflicto y la primera etapa de la represión. "Franco decidió ampliar el campo y meter a gente de campos de Soneja, reclusos de la plaza de Toros de Valencia, de Bétera... y después a los de Albatera". El centro de Portaceli, que ya tenía problemas para alimentar a un millar de detenidos, se vio completamente desbordado con las llegadas de Albatera. Un lugar ya de por sí truculento se convirtió en una pesadilla.
Los presos dormían en el suelo, sin ventanas y cada tres meses se realizaban ruedas de identificación. En teoría, este era el único propósito del campo: poner nombre y apellidos a los prisioneros para después decidir qué hacer con ellos. Unos se enviaban a la cárcel y otros al paredón, si la desnutrición o alguna infección no había terminado antes con ellos. Los que tenían suerte eran identificados por algún familiar que había conseguido dinero para el aval y, si demostraban que no habían cometido delito, podían volver a casa. Las autoridades tardaron tres años en identificar a los presos y vaciar el espacio.
Pese a la cantidad de vidas que cayeron en aquel rincón de la Calderona, en los municipios que lo envuelven son pocos los vecinos que conocen la historia del campo de prisioneros. Menos aún los que alguna vez hablan de él. El pasado año, con el apoyo de la consellería de Justicia, se organizaron en el hospital las primeras jornadas sobre la escabrosa prisión. Desde hace poco, una placa en la entrada del hospital perdido en la montaña es el único recuerdo a las víctimas.  
Monolito en recuerdo a las víctimas del campo de concentración de Portaceli
Monolito en recuerdo a las víctimas del campo de concentración de Portaceli CEDIDA POR RAFA ARNAL
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Presentación del libro 'Tolosa 1945-1975. Violaciones de derechos humanos y represión hasta la muerte del dictador' el sábado, 10 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Memoria,


https://udala.tolosa.eus/es/noticias/cultura-juventud-fiestas/presentaci%C3%B3n-libro-tolosa-1945-1975-violaciones-derechos-humanos-y




06/11/2018 | Cultura, Juventud, Fiestas
  • El acto principal será a las 12:00, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
  • Previamente se debe recoger la invitación en la Casa de Cultura: de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas o de 16:30 a 19:00 horas. El sábado, a cambio de la invitación, se podrá recoger gratuitamente un ejemplar del libro presentado.
  • La Corporación Municipal, con el objeto de conocer y reconocer las violaciones de derechos humanos y los sucesos violentos ocurridos en Tolosa, dio inicio, en el 2006, al trabajo de recuperación de la memoria, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Este libro es fruto de ese trabajo, continuación del libro 1936-1945 Memoriaren izenak' (1936-1945, los nombres de la Memoria) presentado en el año 2011.
El Ayuntamiento de Tolosa, en estos últimos años, ha realizado diversas declaraciones en torno al Día de la Memoria que han contado con la conformidad de todos los partidos, con el objetivo de recordar y reconocer a todas las víctimas de Tolosa.
En este recorrido por la memoria, subrayando la importancia de conocer la verdad de todo lo sucedido, el conocimiento de esa verdad en toda su extensión es el primer paso para el reconocimiento de lo acontecido. Con esa premisa comenzó el Ayuntamiento en el 2006 el trabajo por la recuperación de la Memoria, para conocerla lo más ampliamente posible y poder documentar la verdad sobre los acontecimientos violentos y violaciones de los derechos humanos sufridos por los/las tolosarras.
El Ayuntamiento cuenta para este trabajo con la colaboración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Fruto de todo ello fue el libro 1936-1945 Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian, editado en euskara en el 2011 y en castellano en el 2013 (1936-1945 La represión y vulneración de los derechos humanos durante la Guerra Civil y el Primer Franquismo).
En este caso, y aprovechando la celebración del Día de la Memoria, la Corporación Municipal dará otro paso más en el camino de la verdad y del reconocimiento con la presentación del libro Tolosa 1945-1975: Violaciones de derechos humanos y represión hasta la muerte del dictador, surgido del trabajo de colaboración antes mencionado. El acto se celebrará este sábado, 10 de noviembre, a las 12:00, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Previamente se debe recoger la invitación en la Casa de Cultura: de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas o de 16:30 a 19:00 horas. Se dará una invitación por persona, y el sábado, a cambio de la invitación, se podrá recoger gratuitamente un ejemplar del libro presentado.
Participarán en la presentación Olatz Peon Ormazabal, alcaldesa de Tolosa, Juantxo Agirre Mauleon, secretario de la Asociación de Ciencias Aranzadi, y Javi Buces, autor del libro e historiadore la Asociación de Ciencias Aranzadi.
'Tolosa 1945-1975: Violaciones de derechos humanos y represión hasta la muerte del dictador'
El libro Tolosa 1945-1975: Violaciones de derechos humanos y represión hasta la muerte del dictador, se estructura a partir de dos periodos históricos diferenciados. El primero de ellos es el referido a lo acontecido entre los años 1945 y 1959, un período donde la oposición al régimen dictatorial apenas existía tras haber sido prácticamente exterminada en los años anteriores. Tras las ejecuciones, los largos años de cárcel o el exilio, a partir de 1945 el ideario nacionalcatólico actuó como principio de coacción tanto en la esfera pública como privada; en las escuelas, en los centros de trabajo, en los hogares, o en las relaciones entre ambos sexos. La represión franquista se basó desde entonces en la estigmatización social de aquellos que se habían opuesto al fascismo y que habían sobrevivido a él, de tal forma que sólo pudieron desprenderse de ella los que llevaron a cabo continuados actos de contrición, los que abjuraron o confesaron sus pecados, hasta ser considerados adeptos. En definitiva, el buen tolosarra fue desde entonces aquel que se ceñía a los postulados franquistas, aquellos que cumplían con sus roles diferenciados de hombre y mujer, el que no leía lo que no debía, el que bailaba sólo cuando le era permitido, o el que no hablaba más que la lengua común a todos los españoles, debiendo abjurar incluso de su lengua materna.
A partir de los años 60, sin embargo, Tolosa será uno de los municipios vascos donde la oposición al régimen adquiera mayor fuerza, principalmente a partir de la movilización de los trabajadores industriales. Una nueva generación que no ha vivido la guerra, reactivó el movimiento obrero, el estudiantil y el político. Tolosa se convirtió en uno de los epicentros del antifranquismo en Gipuzkoa a través del resurgir del sindicalismo, de la reafirmación de la cultura y las libertades vascas, de la lucha por derrocar a la dictadura y recuperar la libertad. Este hecho provocó que el régimen respondiera de forma violenta, reprimiendo cualquier acto contrario a sus principios. En consecuencia, en una especie de nostalgia represiva, aumentaron significativamente las detenciones y encarcelamientos, los casos de torturas, los consejos de guerra y los penados por el TOP. Cientos de tolosarras fueron represaliados, y es en la recuperación de esta memoria, de la memoria de los represaliados, en la que se centra este trabajo de investigación.

LA FAMILIA DE LOS ARAGONESES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS RECLAMA SU EXHUMACIÓN A JUSTICIA



https://aricomemoriaaragonesa.wordpress.com/2018/11/08/la-familia-de-los-aragoneses-del-valle-de-los-caidos-reclama-su-exhumacion-a-justicia/


por MEMORIA ARAGONESA
LA FAMILIA DE LOS ARAGONESES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS RECLAMA SU EXHUMACIÓN A JUSTICIA
MANDA UNA CARTA A LA MINISTRA DOLORES DELGADO PARA SABER DE LAS TUMBAS DE LOS LAPEÑA Y LAS PRUEBAS DE ADN DE 81 RESTOS  
RAMÓN J. CAMPO - ZARAGOZA - ACTUALIZADA 08/11/2018 
La familia de los dos hermanos Manuel y Antonio Lapeña ha enviado una carta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y a Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, para que les informen sobre el estado de la exhumación de sus tumbas en el Valle de los Caídos.
"Hemos solicitado una reunión con la ministra y con Patrimonio Nacional para que se aclare la situación de la actitud del Gobierno al respecto de estas exhumaciones de las que no dicen nada. No sabemos si Patrimonio Nacional lo favorece o lo entorpece", señala Miguel Ángel Capapé, familiar de los Lapeña
Mientras no hacen más que escuchar noticias sobre la exhumación de Francisco Franco, la familia de los hermanos Lapeña Altabás llevan tres meses sin recibir información sobre el devenir de sus tumbas. Patrimonio Nacional les remitió un burofax en el que señaló que habían solicitado un informe al Consejo Médico Forense, como órgano consultivo del Ministerio de Justicia en esta materia, para la localización, identificación y exhumación de sus restos que se encuentran en los columbarios 2061 a 2069.
"En tres meses no se ha podido realizar un informe del Consejo Médico Forense a pesar de que el juez dictó un auto el 30 de junio de 2016", critica Capapé. "Se habla mucho de Franco y que se exhumará en enero, pero de los nuestros no se dice nada", agrega.
El informe del Consejo Médico Forense se solicitó por Patrimonio Nacional después de que el Instituto Torroja del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) determinó dónde se encuentra las tumbas de los bilbilitanos, que están en ocho cajas con 81 restos que se remitieron al Valle de los Caídos desde el Ayuntamiento de Calatayud cuando los reclamaron y sin permiso de sus familias.
La familia de los hermanos Lapeña tiene realizada la prueba de ADN a un hijo y sobrino de los dos fallecidos para comprobarla con los restos que se encuentren en el Valle de los Caídos. "Creo que el Gobierno puede hacer dos cosas a la vez (en referencia a la exhumación de Franco y los bilbilitanos) porque hay muchas personas que están trabajando en ello", concluye Capapé.
Comienza la exhumación de los dos hermanos de Calatayud en el Valle de los CaídosEnrique Cidoncha
MEMORIA ARAGONESA | 08/11/2018 en 23:36 | Categorías: General | URL: https://wp.me/ptgCn-5ej

ARAGÓN TRABAJARÁ PARA EXHUMAR A SUS MUERTOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS



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por MEMORIA ARAGONESA
ARAGÓN TRABAJARÁ PARA EXHUMAR A SUS MUERTOS DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA QUE ESTE JUEVES APRUEBAN LAS CORTES AUTONÓMICAS COMPROMETE A LA COMUNIDAD A "PRESTAR EL APOYO NECESARIO" PARA RECUPERAR LOS RESTOS.
ZARAGOZA - 08/11/2018 - EDUARDO BAYONA -  @e_bayona
Aragón hará todo lo posible por sacar a sus muertos del Valle de los Caídos: la Ley de Memoria Democrática que este jueves aprueban las Cortes autonómicas incluyen una disposición adicional que obliga al Gobierno de la comunidad a prestar "el apoyo necesario en las iniciativas de exhumación de las víctimas aragonesas que fueron inhumadas clandestina e ilegalmente, sin autorización y en muchos casos sin conocimiento de sus familias, en los columbarios, criptas y mausoleo del Valle de los Caídos".
Aragón se convierte de esta manera y con esta herramienta legal en la primera comunidad que se obliga por ley a sacar del Valle de los Caídos los restos de las personas procedentes de su territorio, represaliados por los sublevados en la mayoría de los casos, que fueron trasladados al monumento franquista.
Se desconoce cuántos de los más de 33.000 sepultados en las criptas de Cuelgamuros proceden del territorio de la comunidad o tenían sus raíces en él, una cifra que puede ser elevada dado el elevado número de víctimas que provocaron sangrientas batallas como la de Belchite o la del Ebro, a las que se suma una violenta represión que, según las últimas estimaciones de los historiadores, superó las 12.000 víctimas.
La implicación de la comunidad en el rescate de los aragoneses enterrados del Valle de los Caídos tiene su origen en el tesón de la familia Lapeña por recuperar los restos de Manuel y de Antonio Ramiro, una historia que ha sensibilizado a la opinión pública aragonesa sobre las atrocidades del franquismo: vecinos de Villarroya de la Sierra, fueron fusilados sin juicio en los primeros días de la guerra civil y sus cadáveres fueron trasladados años después, sin que la familia lo supiera, al Valle de los Caídos.
Siguen allí, atrapados en un laberinto burocrático mientras la familia sufre un apagón informativo, pese a la orden de exhumación emitida por un juzgado.
Colaboración con otras comunidades
El proyecto de ley tiene asegurado el apoyo de PSOE, Podemos, Cha e IU, a los que probablemente se sumará Ciudadanos, que ha participado activamente en la tramitación, mientras está en duda la posición de PP y Par, que apoyaron buena parte del articulado en la ponencia y en la comisión aunque han mostrado su rechazo a varios aspectos de la norma.
La ley aragonesa, la cuarta de las de tipo integral de ámbito autonómico, tras las de Navarra (2013), Andalucía (2017) y la Comunitat Valenciana, es la primera que lleva las acciones memorialistas más allá de su territorio.
Así, el artículo 37 regula la colaboración con otras comunidades en "todas aquellas acciones que sirvan para investigar, conocer, conmemorar, dignificar, promover y divulgar la memoria democrática, con especial atención al reconocimiento de quienes, siendo aragoneses, perdieron la vida, padecieron prisión o se vieron obligados a exiliarse fuera de su tierra", algo que incluye "el traslado de restos localizados de aragonesas y aragoneses asesinados y enterrados fuera de Aragónasí como para promover la interconexión de las bases de datos, incluidos los genéticos".
Esa colaboración, de hecho, ya se ha puesto en marcha con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de El Portell de Morella (Castellón) y Tortosa (Tarragona) para la exhumación de cuatro guerrilleros del maquis, un acuerdo pionero entre comunidades que cuenta con el apoyo de las Cortes de Aragón, que en 2016 aprobaron, a propuesta de C’s, una resolución en ese sentido.
Las víctimas consortes
La ley aragonesa de Memoria Democrática incluye novedades como sancionar el enaltecimiento del franquismo y el negacionismo de la violencia que desató, establecer un plazo concreto de 21 meses para la retirada de los símbolos de la dictadura de los espacios públicos, la supresión del callejero de las dedicatorias a quienes colaboraron con la dictadura y la eliminación de las condecoraciones oficiales y, también, cerrar el grifo del dinero público a los ayuntamientos y entidades privadas que desacaten la norma
El texto, basado en los principios de verdad, reparación y justicia, abre a los investigadores y las familias de las víctimas el contenido de los archivos que contengan información sobre la guerra civil y la represión franquista, sean de titularidad pública o privada, incluye la creación de un banco de ADN para identificar a bebés robados y a desaparecidos y, al mismo tiempo que prevé elaborar un mapa de fosas y una recopilación de las víctimas de la guerra y de la dictadura, contempla que las familias puedan ejercer su "derecho al olvido".
La norma incluye entre las víctimas de la sublevación y del franquismo a "las mujeres que padecieron humillaciones, persecución, violaciones, violencia de cualquier tipo o castigos por el hecho de serlo o de haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados", en lo que se conoce como las ‘condenas consortes’, así como a quienes "padecieron represión por sus creencias políticas o religiosas, por su expresión, orientación sexual o identidad de género, o por su origen étnico".
Por último, la Ley de Memoria Democrática aragonesa, que señala al Consejo de Caspe y al frustrado estatuto de de 1936) (entró en las Cortes el 15 de julio de 1936, tres días antes de la sublevación) como los antecedentes de la actual comunidad autónoma, declara el 3 de marzo, aniversario del mortífero bombardeo de Alcañiz por la aviación italiana, como el día de la memoria democrática de la comunidad, en el que las instituciones organizarán “actos de reconocimiento y homenaje en el territorio aragonés con el objeto de mantener el recuerdo de las víctimas desde un planteamiento de salvaguarda de los valores democráticos, de respeto, integración, convivencia y cultura de paz”.
Los ayuntamientos aragoneses dispondrán de 21 meses para retirar del callejero las alusiones a Franco y a quienes colaboraron con su dictadura. / REUTERS

dijous, 8 de novembre de 2018

ALEMANIA BUSCA DESCENDIENTES DE 68 ESPAÑOLES QUE ESTUVIERON EN CAMPOS NAZIS


Me he dirigido al centro de documentación sobre la persecución nazi en Alemania para obtener una información más detallada. El centro se llama
Servicio Internacional de Búsqueda (ITS, por su sigla en inglés, International Tracing Service), en alemán Internationaler Suchdienst.
A continuación la traducción de la respuesta recibida:

“Es un objetivo declarado de nuestra oficina devolver lo antes posible a los afectados o a sus familiares los efectos personales que se encuentran almacenados en ITS desde 1963. Entre los efectos almacenados aquí se encuentran 69 objetos de deportados españoles.
Los datos personales de estos deportados y las fotos de los efectos se pueden ver bajo el siguiente link:

Ya hemos podido devolver algunos de los efectos visibles en el pasado. Se trata de los efectos de
MICHEL ALRADORS
THOMAS ARNANZ
PASCUAL ASCASIBAR
FRANCISCO GALDON
FLORENCIO MEDINA
ALFREDO ROTELLA

Desde la publicación del artículo en la prensa española el 28 de octubre de 2018 hemos recibido numerosas pistas en los últimos días. Las familias de RAIMON ALMANDI, ANTONIO SANCHEZ AMIGO y BRANLIA GANOVAS ya han sido encontradas.
Si encuentra otros miembros de su familia en nuestra lista, le agradeceríamos que nos diera su dirección o les pidiera que se pusieran en contacto con nosotros para que podamos devolverles los efectos de sus familiares lo antes posible.
Le agradecemos de antemano su valioso apoyo y le enviamos nuestros mejores deseos desde Bad Arolsen.”
Si alguien encuentra un nombre conocido o necesita ayuda, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Os puedo ayudar con una traducción, una carta o simplemente dirigirme a este archivo en vuestro nombre.

Si entráis en la página web a través del link, arriba podéis cambiar del idioma alemán al inglés.

Aparece un listado alfabético de los nombres de los expresos y los efectos guardados.

Zorte on eta mesedez, zabaldu mezua,

Andrea Heuschmid

Andrea Heuschmid
0034-653738555
BASKALE –eusko-alemaniar elkartea
Erronda Kalea 25, 48005 Bilbo/Bizkaia

SOS Bebés Robados avanza su intervención en el cementerio de San José, que “confirma que en la provincia de Cádiz se han robado niños”

https://www.diariobahiadecadiz.com/noticias/cadiz/sos-bebes-robados-avanza-su-intervencion-en-el-cementerio-de-san-jose-que-confirma-que-en-cadiz-se-han-robado-ninos/


SOS Bebés Robados Cádiz ha trasladado in situ a representantes de la Diputación y del Ayuntamiento el estado actual de la exhumación que promueve en el cementerio de San José de la capital. Este proceso lo impulsan 46 familias que denunciaron el robo de recién nacidos entre los años 1956 y 1987. De momento se confirma que han aparecido cuatro féretros sin restos óseos y otros cinco niños no están en sus sepulturas.

La portavoz de la asociación SOS Bebés Robados Cádiz, Chary Herrera, se ha reunido este martes en el cementerio de San José, de la capital, con la diputada provincial Elena Amaya y el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, entre otros, para trasladarles el estado actual de la exhumación de sepulturas que promueve este colectivo.
Este proceso lo impulsan 46 familias que denunciaron el robo de recién nacidos entre los años 1956 y 1987; bebés cuyo fallecimiento fue declarado oficialmente pero que, sospechan, fueron entregados a otras familias durante el franquismo y los primeros años de democracia postmuerte del dictador.
Herrera ha confirmado que, de momento, han aparecido “cuatro cajas vacías y otros cinco niños no están en los hoyos donde estaban registrados”. Nueve casos que, a juicio de su asociación, “confirman que en la provincia de Cádiz se han robado niños”.
La Diputación, a raíz de un convenio alcanzado en julio con SOS Bebés Robados, participa en esta iniciativa con una aportación de fondos que permite la contratación de dos profesionales: una psicóloga que atiende a los familias “que lo pasan realmente mal y sufren situaciones muy delicadas”, según ha explicado Chary Herrera, así como un antropólogo que determina las semanas de gestación de los huesos que se están recuperando.
Amaya, en esta visita, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha mostrado la predisposición de la institución provincial a seguir colaborando y “fortalecer una unidad institucional” donde convergen el Ayuntamiento de Cádiz, la empresa supramunicipal Cemabasa (que aporta 50.000 euros para costear las labores), la Junta de Andalucía y la Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz.
Responsables municipales como Martín Vila, o representantes de la Plataforma, como Antonio Chico, participaban en esta visita al clausurado cementerio “personificando dicha unidad”. Junto a la socialista Elena Amaya también comparecía personal técnico del servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación.
Los detalles de la intervención (que se practica en los patios 3, 4 y 5 del camposanto) han sido precisados por el arqueólogo municipal José Gener. Excavaciones que inciden en sepulturas dispersas que hay que reconstruir por estratos. Ya se han resuelto las exhumaciones solicitadas por 31 familias si bien sólo la identificación genética mediante el cotejo de ADN podrá establecer si hay vínculo entre los restos óseos y dichas familias. La intervención comenzó el 20 de octubre de 2017.
La Diputación gaditana, con anterioridad a esta participación, ya visibilizó el trauma de las familias detrás de SOS Bebés Robados con el documental ‘El dolor que no prescribe’, realizado por su servicio de Vídeo con guión de la periodista Tamara García.