divendres, 7 de novembre de 2008

Uno de los nuestros: ¡El juez archiva la denuncia del abogado del caso Fabra contra los falsos empresarios!

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El juez archiva la denuncia del abogado del caso Fabra contra los falsos empresarios

Vera denunció a dos personas que contactaron con él asegurando ser empresarios, a los que se les encontró material para grabar y acreditaciones como periodistas de Intereconomía

EUROPA PRESS

El titular del juzgado de instrucción número 14 de Valencia ha archivado la denuncia interpuesta por el abogado José Luis Vera, que trabaja en un despacho que ejerce, entre otros casos, como acusación popular en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra dos personas que simularon ser empresarias. El magistrado adoptó esta decisión al no hallar ningún indicio de delito, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Vera denunció el día 5 de noviembre a dos personas que supuestamente contactaron con él asegurando ser empresarios, lo que llevó a la Policía a montar una operación que se saldó con la intervención de los agentes y la identificación de los dos hombres a los que se les encontró material para grabar y acreditaciones de un grupo de comunicación.

La policía remitió al juzgado encargo del caso el informe que había realizado al respecto, y el magistrado, tras estudiarlo, dictó un auto de sobreseimiento al no hallar ningún ilícito penal. Al día siguiente, el letrado Vera presentó una denuncia en este juzgado, y el juez ha dictado una providencia confirmando el auto de sobreseimiento al considerar que no existe ningún delito penal.
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Uno de los falsos empresarios del montaje contra el letrado que acusa a Fabra fue escolta de Tamayo

José Antonio Expósito usa carné de prensa de Intereconomía, cuyo presidente lo contrató de asesor de seguridad. La emisora colaboró con un partido creado por los tránsfugas que ayudaron al PP en Madrid

Francesc Arabí, Valencia

Tiene un amplio y polémico currículum aunque no precisamente en el ejercicio del periodismo. Se llama José Antonio Expósito y se hizo pasar supuestamente por un fabricante de maquinaría de serigrafía interesado en trasladar las oficinas a Valencia y en contratar como asesor jurídico a José Luis Vera, el abogado de la Unión de Consumidores que ejerce la acusación en el caso Fabra. La policía judicial desbarató un montaje con el que intentaron tenderle una trampa a Vera y que incluía el ofrecimiento de una sortija de diamantes como regalo, según la denuncia. La policía, alertada por el letrado, desbarató el presunto intento de grabar el soborno. En la declaración posterior en comisaría, resultó que la identidad real de uno de los dos industriales era la de Expósito, según fuentes de la investigación. Pese a que llevaba un carné de prensa, no fue fichado por el presidente de este grupo de comunicación, Julio Ariza -ex diputado del PP en Cataluña- por ser reputado reportero, sino por su condición de escolta. Entre sus actuaciones más sonadas está el haber ejercido de guardaespaldas de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, cuando estos dos diputados socialistas tuvieron una crisis de fe y dieron la espantada el 10 de junio de 2003 para no votar la investidura del socialista Rafael Simancas como presidente de la Asamblea de Madrid. En los días de máxima tensión, Tamayo y Sáez y algún colaborador se hospedaron en el hotel Los Vascos y en el AC Cartagena de Madrid. Según varios medios de comunicación -la Ser contó apuntes de un diario personal de Expósito- empresarios de la construcción contactaron con este escolta para recabar sus servicios para los tránsfugas. Sólo dos días después de aquellas elecciones del 25 de mayo, lo llamaron por teléfono para contratar a alguien que estaba muy puesto en labores de seguridad. La revista Interviú contó que entre sus clientes estuvo el Banco de Santander. Trabajó a las órdenes del ejecutivo Rodrigo Echenique, de quien fue hasta conductor personal, según la revista.

Llega al mundo de la comunicación
Al cabo de dos años de uno de los más espectaculares escándalos de la democracia, Expósito pasó a estar en nómina del ultraconservador grupo Intereconomía. La relación de Tamayo y Sáez con la empresa de Ariza no nacieron con ese fichaje. En plena tempestad política y en puertas de una inédita segunda fase electoral, los dos tránsfugas regresaron al mundo de los vivos y formaron un partido para arañar votos al PSOE. Se llamó Nuevo Socialismo y de las cuñas de propaganda y hasta las fotos de los carteles electorales se encargó Intereconomía, contó en su día la Ser. Ariza sostuvo que cobró los servicios. En cualquier caso, la colaboración fue total. Nuevo Socialismo fue una anécdota en el mapa electoral madrileño pero aquel remake del paso por las urnas fue una bendición para Esperanza Aguirre. En aquel episodio político que puso patas arriba la entonces llamada Federación Socialista Madrileña (FSM) -han tenido que rebautizarla como PSM a ver si el lifting mejora la imagen de marca- tuvo enorme protagonismo un ex compañero de Eduardo Zaplana en las juventudes de UCD llamado José Luis Balbás, quien militaba en el ala socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez. Esto es, la izquierda de la UCD, que después pasó a ser la derecha del PSOE. Balbás lideraba, cuando el tamayazo, la corriente de la FSM llamada «Renovadores por la base», toda una declaración de intenciones. Entre los ilustres adscritos a ese grupo, conocido en el partido como los balbases, estaban Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Meses después del escándalo, el entonces secretario de organización del PSOE, José Blanco, expulsó del partido a Balbás. La traición debió de ser, a buen seguro, dolorosa para Blanco, al tener que actuar contra quien era persona de su más estrecha confianza. Hasta el punto de ser el representante de José Luis Rodríguez Zapatero en el apretado recuento de votos que le dio la victoria frente a José Bono en el 35 congreso federal.

Hoy, José Luis Balbás es colaborador de Intereconomía TV en su programa estrella, la tertulia política El gato al agua. Desde allí critica duramente a su ex amigo Zapatero. Casi con tanto fervor como el que manifiesta Intereconomía en su defensa del presidente de la Diputación de Castelló, institución que contrata publirreportajes con revistas del grupo y tiene suscripciones a publicaciones como Época o Trámite parlamentario y municipal, que son enviadas a muchos pueblos de una provincia, que políticamente, es como el condado de Carlos Fabra Carreras. El mismo que está acusado de cohecho, prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y privado, delito fiscal y delito contra la salud pública.

La mano derecha de Aguirre es un yerno de Carlos FabraLa coronación de Aguirre no le vino nada mal a un prometedor diputado del PP por aquel entonces llamado Juan José Güemes. Pasó de portavoz adjunto del grupo a consejero de Empleo y Mujer de primer gobierno de quien se autoconsidera un verso suelto del partido. Hoy, Güemes es consejero de Sanidad. Y además de madrina, tiene padrino político. Se llama Carlos Fabra Carreras y es presidente de la Diputación de Castelló. Para Güemes es, simplemente, su suegro. Porque el consejero está casado con Andrea Fabra Fernández, una de las dos hijas del encausado por varios delitos contra la administración y fraude fiscal. En la investigación judicial que se sigue en el juzgado número 1 de Nules están repasando algunas cuentas a nombre de Andrea Fabra. De la fiscalización de los movimientos bancarios se están ocupando los peritos del Banco de España.
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Costa dice que el código ético del PP sigue vigente pero que no es aplicable a Fabra

El secretario general de los populares reta a Vera a denunciar al dirigente castellonense

Víctor Romero, Valencia

El secretario autonómico del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, aseguró ayer que el código ético que los populares suscribieron en los años noventa como mecanismo de control interno de irregularidades sigue vigente. No obstante, dijo desconocer si está incorporado a los estatutos nacionales del partido y aseguró que la potestad de suspender de militancia "corresponde a la dirección nacional". Costa cerró filas con la figura del presidente provincial del PP de Castelló y presidente de la diputación, Carlos Fabra, y manifestó que los límites éticos que figuran en el código popular no le afectan.

El PP aprobó en los años noventa, cuando los casos de corrupción arreciaban contra dirigentes del PSOE, un código ético en el que entre otras cuestiones se comprometía a crear comisiones de investigación interna y hacer pública sus conclusiones "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito" por parte de unos de sus cargos públicos. Fabra está imputado desde hace tres años por presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la Administración, además de por un supuesto delito de fraude a la Hacienda pública. El mismo código ético establece como motivo de expulsión del partido "la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros". Costa aseguró ayer en rueda de prensa que estas circunstancias no se dan en el caso de Carlos Fabra.

El número dos del PPCV se refirió también a las palabras del abogado de la acusación del caso Fabra quien ha denunciado un montaje de periodistas que se ha hecho pasar por falsos empresarios y ha apuntado la hipótesis de que Fabra esté detrás de la trampa. "Si ese abogado tiene pruebas de que está siendo presionado, chantajeado y coaccionado tiene que ir al juzgado y denunciarlo", dijo Costa. Vera ha presentad una denuncia por coacciones, amenazas y revelación de secretos de su intimidad contra los periodistas que se hicieron pasar por empresarios. La película de James BondSobre la acusación velada de Vela hacia Fabra, Costa volvió a cerrar filas con el dirigente castellonense y en tono retador dijo: "Si una persona quiere acusar al PP de determinadas actuaciones o al señor Fabra, que le lleve a los tribunales": Y añadió que si Fabra "quiere tomar actuaciones legales porque hay una persona que ha manchado su honor, como ha hecho en otras ocasiones, que lo haga, pro que asuman la consecuencias". Sobre la presunta trampa denunciada por Vera, Costa optó por mofarse de la situación al afirmar que lo había leído "de pasada" en un medio de comunicación y que iba a ver por la tarde la nueva película de James Bond.

"Cuando la vea podré contestar porque no entiendo muy bien cuál es la operación del abogado de la UCE o de no quien, con no se qué periodistas para no sé qué historia".
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El despacho de Vera dice que un ex empleado amenaza con ir a Intereconomía a atacarlos


Latorre Iuris denuncia que pretende vender información y sus acciones

F. A./Europa Press, Valencia

Un portavoz del despacho Latorre Iuris, en el que trabajan los abogados que se encargan de la acusación del caso Fabra y del caso IVEX, entre otros, denunció anoche que un ex empleado «que salió hace dos meses del despacho se ha puesto en contacto con Intereconomía con el fin de obtener rédito económico a costa de pasar información a la emisora». El mismo portavoz añadió que el ex letrado del despacho «se llama Julio Martínez Cusí y, aparentemente, le ofrecen un valor muy importante por sus acciones en la sociedad del despacho con la finalidad de obtener información y, al mismo tiempo, introducir un elemento ajeno al bufete a través de la sociedad Latorre Iuris S. L.».

Por otro lado, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró ayer que la Policía «por supuesto» seguirá las indicaciones e instrucciones que reciba de los órganos judiciales tras la denuncia presentada por el abogado Jose Luis Vera, quien trabaja en un despacho que ejerce, entre otros casos, la acusación popular en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. El delegado del Gobierno añadió que además seguirán atentos porque «si en algún momento se viola claramente la legalidad» actuarán «de inmediato». Preguntado por las últimas novedades tras la denuncia del letrado de la UCE José Luis Vera sobre la trampa que unos supuestos periodistas intentaron tenderle haciéndose pasar por empresarios aseguró que la Delegación del Gobierno «sigue muy de cerca esa o cualquier otro tipo de actuación».

Indicó que «estamos viendo a unos supuestos periodistas que pretenden defender a no sabemos a quién y en base a eso están haciendo actuaciones de detectives, haciéndose pasar por empresarios, para no sabemos qué exactamente. Eso habla muy poco de una ética, son actuaciones al margen de una ética y que entiendo que rozan la ilegalidad y la Delegación de Gobierno sigue muy de cerca esa o cualquier otro tipo de actuación».
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El letrado que acusa a Fabra pide amparo al Colegio de Abogados

M. FABRA

José Luis Vera denuncia el acoso al que le somete Intereconomía

José Luis Vera, el letrado que representa a la acusación popular en el caso Fabra ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Valencia, al que pertenece, ante el acoso al que está sometido por parte del grupo mediático Intereconomía. Dos falsos empresarios, que luego fueron identificados como empleados de este grupo, trataron de tenderle una trampa y le ofrecieron un anillo de diamantes mientras le grababan con una cámara oculta. El titular del juzgado de instrucción número 14 de Valencia decidirá hoy si admite la denuncia presentada por Vera por "amenazas y coacciones, chantaje, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia", a la que Vera sumó otro cargo de acoso después de que, al día siguiente del montaje, ambos individuos se presentaran en su domicilio y le siguieran por la calle.

José Luis Vera señaló tras el incidente que "lo fácil es pensar que han sido ellos" y apuntó al propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o a alguien "de su entorno" como inductores del montaje. Pero Ricardo Costa, secretario general del PPCV señaló que "el PP no coacciona a nadie" e incluso se permitió el sarcasmo de decir que opinaría tras ver la película de James Bond, cuyo preestreno tuvo lugar anoche en Valencia: "Porque no entiendo muy bien cuál es la operación del abogado, con no sé qué periodistas, para no sé qué historia".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, calificó lo ocurrido como "algo realmente sospechoso" e indicó que "alguien debería dar una explicación alguna vez de por qué pasan estas cosas en relación con este tema y en relación con una persona determinada".

Mientras, la Unió de Periodistes, en un comunicado, exigió que no se utilice el trabajo periodístico "como excusa para justificar comportamientos que puedan incumplir códigos deontológicos".
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dijous, 6 de novembre de 2008

Uno de los nuestros: Chulería, chulería.

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Per aqueixa boqueta que s'ha de menjar la terra, el Secretari General del PPCV i adalid de Fabra Ricardo -Borja Mari- Costa ha reptat Vera de denunciar el PP. Jo ho faria, Vera, a veure si d'una tacada cau més d'un delinqüent.
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Òrgans constitucionals C9 Català Comunitat Valenciana Corrupció
Dependència Ecologia Economia Educació EpC F1 Fabra Finançament
Metro Negocis PPilotades Sanitat Terra Mítica Transvasament
Urbanisme depredador. Zaplana PPCV

Uno de los nuestros: Fabra subvenciona la emisora ...



Güemes , el yerno de D. Fabricio , el de Castellón , sigue en la cresta de la ola

D. Fabricio y sus empresarios amigos

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El PP reta al abogado a llevar al partido o a Fabra a los tribunales

Ricardo Costa instó hoy al abogado José Luis Vera, quien apuntó ayer que el presidente de la Diputación de Castelló está detrás de la trampa que unos supuestos reporteros intentaron tenderle haciéndose pasar por empresarios, a que le lleve a los tribunales.

EUROPA PRESS

En una rueda de prensa a preguntas de los periodistas, Costa indicó que "si ese abogado tiene pruebas de que está siendo presionado, chantajeado y coaccionado", parafraseó al informador, lo que tiene que hacer es "ir al juzgado y denunciarlo", agregó.

El dirigente popular manifestó que "si una persona quiere acusar al PP de determinadas actuaciones o al señor Fabra, que le lleve a los tribunales" y si Fabra, apostilló, "quiere tomar actuaciones legales porque hay una persona que ha manchado su honor, como ha hecho en otras ocasiones, que lo haga, pero que se asuman las consecuencias", advirtió.

Costa aseguró que se ha enterado de esta cuestión porque ayer lo leyó "de pasada en un medio de comunicación" e ironizó señalando que esta tarde va a acudir al preestreno de la última película del agente 007 James Bond, "y cuando la vea le podría contestar, porque no entiendo muy bien cual es la operación del abogado de la UCE o de no se quien, con no se qué periodistas para no se qué historia". Por ello, señaló que como no la entiende, no la valora.En cualquier caso, si la denuncia planteada por Vera prospera, expresó su "respeto absoluto a las actuaciones judiciales y por lo tanto, colaboración si nos piden algún tipo de colaboración".

En relación a la situación de Fabra, recordó que "hay un caso abierto que está siendo investigando por la justicia y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la cual pido diligencia y rapidez", mostró su respeto absoluto al proceso, ofreció su colaboración y reclamó prudencia respecto a determinadas informaciones, que deben mantenerse "en el ámbito judicial", sin vulnerar el derecho a la información.

Asimismo, aprovechó para criticar que los socialistas pidan "presunción de inocencia en los casos de Denia, Bigastro, San Fulgencio, Zarra y alguna ex parlamentaria" y que, aunque los hayan suspendido de militancia, los "mantenga en el puesto" de alcalde. Por ello, Costa reclamó al PSPV "igualdad de trato", que respete la presunción de inocencia y que no haga juicios paralelos.
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Costa insta al abogado Vera a llevar al PP y a Fabra ante los tribunales

EL DIRIGENTE POPULAR INSINÚA QUE EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PODRÍA EMPRENDER ACCIONES LEGALES POR "MANCHAR SU HONOR"

La polémica suscitada en torno al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el abogado José Luis Vera, dio este jueves un paso más. El secretario general del Partido Popular, Ricardo Costa, instó al abogado, quien apuntó este miércoles la hipótesis de que Fabra, esté detrás de la trampa que unos supuestos reporteros intentaron tenderle haciéndose pasar por empresarios, a que le lleve a los tribunales. Además, insinuó que Fabra podría emprender acciones legales contra el letrado porque "se ha manchado su honor".

PANORAMA-ACTUAL - 06/11/2008 13:59 h.

En una rueda de prensa a preguntas de los periodistas, Costa indicó que "si ese abogado tiene pruebas de que está siendo presionado, chantajeado y coaccionado", parafraseó al informador, lo que tiene que hacer es "ir al juzgado y denunciarlo", agregó.El dirigente popular manifestó que "si una persona quiere acusar al PP de determinadas actuaciones o al señor Fabra, que le lleve a los tribunales" y si Fabra, apostilló, "quiere tomar actuaciones legales porque hay una persona que ha manchado su honor, como ha hecho en otras ocasiones, que lo haga, pero que se asuman las consecuencias", advirtió. Costa aseguró que se ha enterado de esta cuestión porque este miércoles lo leyó "de pasada en un medio de comunicación" e ironizó señalando que esta tarde va a acudir al preestreno de la última película del agente 007 James Bond, "y cuando la vea le podría contestar, porque no entiendo muy bien cual es la operación del abogado de la UCE o de no se quien, con no se qué periodistas para no se qué historia". Por ello, señaló que como no la entiende, no la valora. En cualquier caso, si la denuncia planteada por Vera prospera, expresó su "respeto absoluto a las actuaciones judiciales y por lo tanto, colaboración si nos piden algún tipo de colaboración".

En relación a la situación de Fabra, recordó que "hay un caso abierto que está siendo investigando por la justicia y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la cual pido diligencia y rapidez", mostró su respeto absoluto al proceso, ofreció su colaboración y reclamó prudencia respecto a determinadas informaciones, que deben mantenerse "en el ámbito judicial", sin vulnerar el derecho a la información.

Asimismo, aprovechó para criticar que los socialistas pidan "presunción de inocencia en los casos de Denia, Bigastro, San Fulgencio, Zarra y alguna ex parlamentaria" y que, aunque los hayan suspendido de militancia, los "mantenga en el puesto" de alcalde. Por ello, Costa reclamó al PSPV "igualdad de trato", que respete la presunción de inocencia y que no haga juicios paralelos.
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Reacciones
Iniciativa pide medidas a Gobierno y Consell por el "acoso" a Vera
El PSPV cree que hay "algo realmente sospechoso" en lo ocurrido a Vera
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http://www.lasprovincias.es/ (Diari oficiós del PPCV):

Edició Digital: NO HI HE TROBAT RES. NA DE NA.
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Uno de los nuestros: Fabra subvenciona la emisora que acosa al abogado de la acusación

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Recordem que Prisa no té cap llicència a la CV i que "Levante" va començar el dia 3 les emissions pel canal 23 de TDT.
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Fabra
Uno de los nuestros: Falsos empresarios intentan t...
Uno de los nuestros: De Rosa admite "cierta demora...
Uno de los nuestros: El PP blinda a sus presuntos ...

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Fabra subvenciona la emisora que acosa al abogado de la acusación

La diputación tiene suscripciones y contrata publirreportajes con revistas del grupo ultraconservador.

Jordi Ruiz, Castelló

El grupo Intereconomía ha lanzado una ofensiva contra todo aquél que cuestione al presidente de la diputación, Carlos Fabra, imputado por varios posibles delitos. El último episodio ha sido el intento fallido de dos reporteros que, haciéndose pasar por empresarios, trataron de tender una trampa al abogado de la acusación del caso Fabra, invitándole participar en un negocio millonario y ofreciéndole un anillo de diamantes, como informó ayer Levante de Castelló. Este grupo de comunicación, vinculado al sector más conservador del PP, ha recibido en los últimos años decenas de miles de euros de las arcas de la diputación de Castelló en concepto de suscripciones a sus publicaciones y publirreportajes.

Los diputados provinciales reciben periódica e individualmente la revista Trámite parlamentario y municipal -una de las cuatro publicaciones de Intereconomía-, que sale a la venta cada mes con un precio de nueve euros. Época ha sido otra de las cabeceras habituales en los despachos de la diputación, que también hace llegar a los ayuntamientos. El semanario, dirigido desde hace unos meses por el periodista Carlos Dávila, afín al PP, se dirige a un público "de derechas", según se explica en la web del grupo de comunicación.

Los pagos a Intereconomía se llevan produciendo desde hace varios años e incluso han sido objeto de reparos por parte de los servicios técnicos de Intervención por el modo en que se contrataron las suscripciones. Así ocurrió a finales de 2004, cuando el PP acordó abonar la suscripción con Época por 3.749 euros, además de otra factura por 34.800 euros por la publicación en la misma revista de un publirreportaje sobre los atractivos turísticos de la provincia. A cambio de la inyección de dinero público, Carlos Fabra ha encontrado un aliado en los medios vinculados al grupo Intereconomía. El semanario Época salió en auxilio del líder provincial cuando estalló el caso Fabra. Últimamente ha encontrado el apoyo de Intereconomía TV. El pasado mes de septiembre, el canal digital envió a Castelló a pseudoperiodistas ataviados con gafas de sol y gorras para impedir que la reportera del programa de la Sexta Caiga quien Caiga preguntara a Fabra al finalizar el pleno de la diputación. La última entrega ha sido la trampa de dos reporteros de Intereconomía disfrazados de empresarios contra el abogado de la Unión de Consumidores, José Luis Vera.
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La Generalitat adjudicó cuatro licencias de TDT al grupo presidido por un ex diputado del PP

Víctor Romero, ValenciaEl grupo de comunicación Intereconomía recibió en el año 2005 cuatro licencias de Televisión Digital Terrestre de parte de la Generalitat valenciana. A través de su filial Homo Virtualis el Consell de Francisco Camps concedió al grupo de tendencia ultraconservadora la autorización para poner en marcha emisiones de TDT en las demarcaciones de Alcoi, Elda, Orihuela-Torrevieja y Sagunt. La empresa de comunicación que preside Julio Ariza obtuvo las licencias pese a no contar con presencia previa en el universo de la televisión local en la Comunitat Valenciana. Tres años después de resolverse el concurso, Intereconomía mantiene inactivas las autorizaciones y no ha iniciado el proceso para poner en marcha sus televisiones locales. Sin embargo su canal nacional sí puede sintonizarse en las comarcas valencianas. En febrero de 2008, el grupo de Julio Ariza suscribió un acuerdo de producción para emitir a través de Net TV la televisión digital terrestre que controla el grupo Vocento. ese mismo mes, se conoció un acuerdo por el que se redistribuía la composición accionarial de la Sociedad Gestora de Televisión Net TV. Vocento mantiene el 55% del capital de este operador, mientras que Walt Disney ha accedido al accionariado con el 25% con suministrador de contenidos. Otra filial de Intereconomía Homo Videns es propietaria del 25% del la sociedad y emite por el multiplex de Vocento para el conjunto del territorio español.

Intereconomía también adquirió en 2001 la empresa propietaria de una frecuencia en Sueca Radio Ribera Baixa. Esta sociedad recibió algunos años atrás una licencia con potencia local condicionada a emitir una parrilla que incluyese porcentajes de programación local y en valenciano. Aunque Radio Ribera Baixa, que ocupa la frecuencia 105.5, mantiene instalaciones y una antena en Sueca, su personal y equipos se trasladaron a Valencia. La 105.5 es la frecuencia que Radio Intereconomía emplea para sus emisiones nacionales en cadena en la provincia de Valencia. No ha respetado las condiciones iniciales de programación local y fomento de la lengua autóctona que venían marcadas en la concesión inicial de la licencia. E l registro mercantil recoge como apoderado de Radio Ribera Baixa a José Manuel Díaz Quintanilla, consejero delegado del grupo Intereconomía.

También en el caso de las licencia de TDT concedidas por la Generalitat el pliego de condiciones obliga a emitir un 25% de la programación en valenciano y destinar un 20% a producciones audiovisuales autóctonas.

También en Madrid
El Grupo Intereconomía también se hizo con una licencia de televisión digital terrestre en el reparto de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre. En este caso, no fue de los mas beneficiados, pues la COPE, Libertad Digital o Planeta se llevaron la mayor parte de concesiones locales junto a un nuevo grupo mediático Televisión Digital Madrid, fundada con posterioridad a la convocatoria del concurso por empresarios cercanos al Partido Popular, entre los que destaca Enrique Cerezo.

El presidente de Intereconomía, Julio Ariza, fue diputado con el Partido Popular durante casi una década por Barcelona y hombre de confianza de Alejo Vidal-Quadras. Su grupo edita también dos publicaciones de carácter ultraconservador y ultracatólico, la revista Época y el semanario Alba. Ariza mantiene buenas relaciones con autoridades del Vaticano y es amigo del cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco-Varela.
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La consellera de Justicia compara el caso Fabra con el del "Prestige"

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"Época" también cargó contra Ximo Puig

Levante-EMV

La estrategia que ha emprendido el grupo Intereconomía contra los que se consideran enemigos de Carlos Fabra no es nueva. Tiempo atrás, en febrero de 2005, y en este caso a través de la revista semanal Época, se inició una feroz campaña contra el alcalde de Morella, Joaquim Puig, que por aquel entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de las Corts Valencianes y que antes, siendo portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Castelló, había sido un auténtico azote para la gestión de su presidente.

La campaña llegó hasta el extremo poco menos de responsabilizar a Puig de la tragedia de la Todolella, en la que murieron 18 personas por inhalación de gas, y que según dicha publicación fue por una negligencia del ayuntamiento de Morella en la concesión de las licencias para la celebración de la fiesta que acabó con tan dramático balance. La revista afirmó de forma errónea que la Todolella pertenecía al término de Morella, cuando es un municipio con personalidad jurídica propia. Su ayuntamiento estaba gobernado entonces por el Partido Popular y de él dependían las licencias concedidas al albergue.La autora del reportaje, Eugenia Viñes, obvió estos datos y aprovechó la tragedia para cargar contra el alcalde de Morella. "La Ley del silencio, epitafio de los muertos en Todolella". Así tituló su trabajo. Señaló que de "su consistorio partió el permiso para la fiesta en el albergue sin licencia", y presentó a Ximo Puig como una especie de cacique de la comarca. El canal Intereconomía también se hizo eco de aquellas acusaciones y las multiplicó en sus micrófonos. La misma periodista participó en un programa de este medio y fue más lejos en sus palabras contra el dirigente socialista: "El alcalde de la localidad de Morella decidió abrir el albergue para su amigo el del cumpleaños". El locutor del programa de Intereconomía, Antonio Jiménez, remarcó que esta zona castellonense era "como el País Vasco".

Por estas acusaciones y por responsabilizarle de otorgar las licencias al albergue cuando era cosa del Ayuntamiento de la Todolella, Joaquim Puig presentó una demanda civil contra el grupo de la Revista Época y contra la redactora del reportaje, Eugenia Viñes, en defensa del derecho al honor y a la propia imagen. Solicitó 400.000 euros en indemnizaciones. Para este cometido contrató los servicios del abogado José Luis Vera, el mismo que ahora también ha sido objeto de una campaña de desprestigio que ha destapado Levante-EMV. Finalmente, el caso, en manos del juzgado de Vinaròs, está pendiente de recibir un informe de la EGM (Estudio General de Medios) sobre la tirada y la difusión de los medios. Precisamente el retraso en recibir dicha información ha llevado al juzgado a advertir al EGM de un posible delito de obstrucción a la justicia por no entregar los datos. La defensa da por hecha la condena a Época al solicitar el juzgado esta documentación.Cabe recordar al respecto que Ximo Puig ya hizo público entonces que la indemnización que pudiera corresponderle fuera destinada a las familias de las víctimas del desgraciado accidente y que él se conformaba con ver liberado su honor de tamaños infundios promovidos por estos dos medios.
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"Época" publicó un reportaje que tildaba el caso Fabra de "reguero de insidias" y ""vendetta" de un psicópata"

J.R., Castelló

En diciembre de 2003, estalló el caso Fabra con las denuncias presentadas por Vicente Vilar en los juzgados de Nules. Dos meses después, en febrero de 2004, el semanario ultraconservador Época publicaba un amplio reportaje que trataba de deslegitimar las acusaciones y exculpar a Carlos Fabra. A finales de 2004, la diputación aprobó el pago de dos facturas a la revista que sumaban más de 38.000 euros. El reportaje calificaba de "reguero de insidias" los hechos denunciados por Vilar y aseguraba que respondían a la "vendetta de un psicópata", en alusión al empresario de Artana. Firmaba el texto Xavier Horcajo, quien ejerció de subdirector de Época. Ahora trabaja de director de Intereconomía TV y fue quien envió a reporteros al pleno de la diputación del pasado mes de septiembre para impedir a la periodista de Caiga quien Caiga, Estíbaliz Gabilondo, que preguntara a Carlos Fabra. Desde el diario digital lanacion.es (adscrito al grupo) Horcajo cargó contra la Sexta por "burlarse de un señor (Carlos Fabra) que tiene una minusvalía en un ojo".

Conexión con el PSOEEn el reportaje en cuestión, Xavier Horcajo afirmaba que Vicente Vilar vendía productos fitosanitarios ilegales y los cobraba en negro antes de conocer a Fabra. Incluso recogía declaraciones del presidente de la diputación y del ex ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. La información señala que el caso Fabra ha sido una operación "concertada" por Vilar y el ex diputado del PSOE por la provincia de Castelló Mario Edo.
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Vera ve la mano de Fabra en el montaje de Intereconomía para desacreditarle

J. Antequera, Castelló

José Luis Vera, abogado de la acusación popular del caso Fabra por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, apuntó ayer la hipótesis de que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, esté detrás de la trampa que unos supuestos reporteros de Intereconomía han intentado tenderle haciéndose pasar por empresarios. Además, el letrado y ex magistrado de la Audiencia de Valencia, aseguró que en las últimas horas él y su familia han vuelto a ser hostigados por teléfono.

"La relación fácil es que desde que hablamos de Fabra en el programa "Caiga Quien Caiga", él o alguien de su entorno están preocupados ante la posibilidad de que el caso esté entrando en su recta final y de que se estreche el cerco judicial". Vera aseguró que no tiene nada contra el PP, aunque se siente "atacado por Fabra y otras personas de su partido". "El problema es que Fabra tiene tanto poder dentro del PP que no pueden dejarlo caer por el ruido que puede hacer cuando caiga", añadió.

Cuando el abogado de la UCE se percató de que los dos falsos reporteros querían plantearle una emboscada, se dirigió a ellos para decirles: "Le estáis haciendo un buen trabajo a Carlos Fabra y al PP".

Las presiones que el letrado ha sufrido en los últimos días no se han limitado sólo a la trampa que le tendieron en el Hotel Valencia Palace, sino que han ido más allá: "Un tipo nos llamó a casa hace unos días haciéndose pasar por empleado de Telefónica y nos amenazó con cortarnos la línea. Otro se hizo pasar por médico de un centro de salud de Bunyol y me pidió datos sobre un supuesto expediente médico de mi mujer, cuando mi mujer nunca ha estado en ese centro sanitario", explicó el abogado de la acusación del caso Fabra. Además, ayer mismo un supuesto empleado del Ayuntamiento de Bunyol se presentó en casa de su suegra para recriminarle que esté llevando a cabo unas obras sin licencia, algo que niega el abogado de la UCE. También ayer, dos hombres a los que Vera identificó en un primer momento como los mismos supuestos reporteros de Intereconomía que intentaron proteger a Carlos Fabra de las preguntas de una reportera de Caiga Quien Caiga, se apostaron frente a su casa y le siguieron después con una cámara de video. "Les he dado unos golpecitos con el periódico en la cámara y les he dicho: Vosotros no sois periodistas, sois delincuentes, que es otra cosa muy distinta".

Los dos supuestos periodistas de la cadena privada persiguieron a Vera y estuvieron tomando imágenes suyas hasta que el abogado se refugió en una cafetería. En un primer momento el representante legal de la UCE aseguró que ampliaría la denuncia contra la cadena de televisión para introducir estos nuevos hechos. Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer descartó esta posibilidad y anunció la presentación de un escrito de amparo ante el Colegio de Abogados de Valencia. "Y voy a trabajar para desenmascarar la trama que hay detrás de todo esto".

Miedo y acoso
Vera aseguró a Levante de Castelló que durante todos estos días ha sentido miedo al verse acosado por personas cercanas a la cadena de televisión Intereconomía. "Como argumento de una película de Perry Mason no está mal, pero en realidad es patético todo lo que han montado", dijo.

Lamentó que los reporteros de la cadena de televisión privada tomaran el nombre del jurista asesinado por ETA Francisco Tomás y Valiente para contactar con él. "Cuando me dicen que vienen de parte de un hijo de Tomás y Valiente me quedo perplejo, porque yo no conozco a ninguno de sus hijos, aunque entre su padre y yo nos teníamos un mutuo afecto", aseguró el abogado de la UCE.

El trabajo que Vera viene ejerciendo como acusación popular, en nombre de la UCE, en la causa abierta contra el presidente de la diputación, viene siendo activo e incesante desde el año 2003, cuando estalló el escándalo político.
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La guerra mediática se inició tras los programas de CQC del caso Fabra

J. A., Castelló

Vera, que ejerce la acusación popular en las diligencias abiertas en Nules, fue uno de los invitados a un programa especial sobre el caso Fabra de Caiga Quien Caiga (CQC), en la Sexta, donde hizo algunos comentarios sobre el proceso abierto contra el presidente de la Diputación de Castelló por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. En aquella ocasión la periodista de CQC Estíbaliz Gabilondo le preguntó, entre otras cosas, sobre los delitos en los que figura como imputado el líder provincial del PP castellonense, a lo que Vera contestó haciendo una exhaustiva enumeración que quedó impresa, en grandes rótulos, sobre la pantalla. Además, el abogado bromeó con la lentitud que arrastra la instrucción de la causa.En ese mismo programa intervino Miguel Angel Campos, periodista de Radio Castelló Cadena Ser, quien pocos días después, en medio de una rueda de prensa, sufrió un duro ataque personal de Carlos Fabra, que fue contestado con una nota oficial de enérgica repulsa por parte de las asociaciones de periodistas.

La pugna entre la Sexta e Intereconomía se inició cuando los hombres de las gafas de sol y el traje negro cubrieron un pleno en la diputación después de que Fabra llamara "hijo de puta" al portavoz socialista Francesc Colomer.

En aquel pleno de la corporación provincial supuestos redactores de Intereconomía reventaron el programa de CQC al interponerse entre su periodista, Estíbaliz Gabilondo, y el presidente de la diputación cuando ella trataba de acercarse al político del PP para formularle unas preguntas sobre las causas de Nules.

Desde ese momento la Sexta dedicó amplios espacios al caso Fabra, entre ellos varios de El Intermedio, que dirige El Gran Wyoming, y Sé lo que hicisteis. El caso Fabra estalló a finales del año 2003, cuando un empresario, Vicente Vilar, acusó de cohecho a Fabra y a otros seis ex altos cargos del PP.
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Una radio de Intereconomía como regalo navideño

J.R., Castelló

En las navidades de 2003, el presidente de la diputación, Carlos Fabra, agasajó a los miembros de la corporación provincial con una radio digital. El artilugio en cuestión iba empaquetado en una funda con el logotipo del grupo Intereconomía.Con el mismo detalle fueron obsequiados los periodistas que cubren habitualmente la información de la diputación en la tradicional cena de Navidad. El regalo en cuestión fue objeto de comentario irónico porque esa misma noche la Ser se hacía eco de la denuncia del industrial de Artana Vicente Vilar, quien acusó a Carlos Fabra de haber cobrado cantidades millonarias por unas supuestas gestiones encaminadas a agilizar la concesión de licencias de productos fitosanitarios. Fue el detonante del caso Fabra.Uno de los diputados que por aquel entonces estaba en la oposición recuerda que "nos llamó mucho la atención cuando vimos el expediente porque la compra de las radios no era a una de las empresas habituales sino a Intereconomía". La diputación optó por adquirir a Intereconomía los receptores, pese a que se trata de un grupo de medios de comunicación y no una empresa de venta de electrodomésticos o de aparatos de audio.
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Se hicieron pasar por empresarios para sobornarle y ahora se enfrentan a una denuncia por chantaje, obstrucción a la justicia y amenazas

La policía detiene a dos periodistas de Intereconomía por tender una trampa al abogado que acusa a Fabra

ELPLURAL.COM

El último tiro de Intereconomía le ha salido por la culata. El grupo de comunicación ultraconservador, muy vinculado al PP, envió a dos falsos empresarios –trabajadores suyos- a sobornar al abogado que lleva la acusación contra Carlos Fabra, presidente popular de la Diputación de Castellón imputado por nueve delitos contra la Administración y Hacienda públicas. Los enviados se citaron con el letrado José Luis Vera, y acudieron al encuentro cargados con una grabadora camuflada y un regalo para seducirle. Pero el intento de la cadena de desprestigiar al abogado acabó con la detención de los farsantes y la consiguiente denuncia en su contra. Vera se había olido la trampa y, además de rechazar el anillo con que le obsequiaban, llamó a la policía, que detuvo a los hombres de Intereconomía.

Periodistas de Intereconomía, de guardaespaldas de Fabra
Intereconomía sigue haciendo propaganda a favor de la guerra de Irak
Intereconomía bautiza a Bernat Soria como “Doctor Muerte"
La cuenta personal de Fabra refleja ingresos astronómicos de origen desconocido o injustificado
El PP vuelve a silenciar las acusaciones contra Fabra

El intento de Interecomonía de echar una mano a Fabra ha acabado en una denuncia contra los dos enviados de la cadena. Según informa El País, ayer la policía desmontó una trampa para desacreditar al abogado José Luis Vera, que representa la acusación popular en la causa contra el presidente de la Diputación castellonense. Intereconomía habría enviado a dos farsantes haciéndose pasar por empresarios para sobornar al letrado y grabar la operación. Una encerrona con un único cometido: desprestigiar al abogado Vera.

Vera sospecha…
De este modo, los emisarios del grupo vinculado al PP se hicieron pasar por directivos de una empresa y se citaron con el abogado muy temprano en un hotel. Lo que no sabían cuando se dirigían al lugar de encuentro es que no eran los únicos jugadores de la partida. Vera había sospechado de ellos cuando se dirigieron a él invocando referencias improbables para dos empresarios –entre estos, un redactor de El País decidió buscar la entidad de la que decían venir los improvisados clientes que le solicitaban asesoría financiera. Facsoil Group, la supuesta empresa, no existía ni en el Registro Mercantil ni en ninguna dirección. …

Pero sigue el juego
Lejos de declinar la invitación, Vera alertó a la policía y acudió a la cita. Durante el transcurso de esta, uno de los falsos empresario que se había identificado como Alberto Sánchez Poveda le dibujó un negocio para exportar máquinas a Argelia e Italia a través del puerto de Valencia. Sin venir a cuento, el farsante se definió como socialista, manifestando su temor a que el Ejecutivo valenciano popular –por el que dijo sentir “asco”- le torpedeara. Poco después, preguntó al letrado si tenía contactos en la Aduana.

El “detalle”
Como éste negó poseer tales relaciones, el de Intereconomía echó toda la carne al asador y sacó un obsequio, supuestamente para la mujer de Vera –a la sazón, la ex diputada socialista María Antonia Armengol-. “Un detalle para su esposa”, indicó, enseñando un anillo de oro y diamantes. El abogado, por su parte, rechazó el regalo un par de veces, ante la insistencia de un benefactor que decía querer compensarle por atenderle tan prontamente. Cuando aquel se jactó de que le consideraba un socio, el abogado llamó a la policía.

Grabadora y carnés de Intereconomía
Los empresarios no llevaban DNI: tan sólo una grabadora camuflada en una agenda y carnés de Intereconomía. La trampa acabó con una denuncia de Vera, que les acusa de chantaje, obstrucción a la justicia, amenazas y revelación de secretos. El currículum del grupoNo es la primera vez que Intereconomía se cubre de gloria. El último episodio también tuvo lugar en Castellón, cuando dos periodistas ejercieron de improvisados escoltas de Fabra torpedeando un reportaje de Caiga Quien Caiga. No menos polémicos fueron la propaganda del grupo en favor de la guerra de Irak o las alusiones despectivas al ministro de Sanidad, Bernat Soria, que fue bautizado como "Doctor Muerte".
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dimecres, 5 de novembre de 2008

Uno de los nuestros: Falsos empresarios intentan tender una trampa al abogado que acusa a Fabra.

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Falsos empresarios intentan tender una trampa al abogado que acusa a Fabra

FRANCISCO MERCADO

La policía interviene tras ofrecer los impostores un anillo de diamantes al letrado

La policía desbarató ayer en Valencia un montaje que presuntamente tenía como fin desacreditar al abogado José Luis Vera, que representa a la Unión de Consumidores Valenciana, organización presente como acusación popular en la causa que se sigue por múltiples delitos contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Dos personas que simularon ser directivos de una empresa que no figura en el Registro Mercantil y a los que se intervinieron sendas identificaciones como miembros del grupo de comunicación Intereconomía, próximo al PP, intentaron tender una trampa a Vera. Este diario intentó recabar ayer, sin éxito, la versión de Intereconomía.

Carlos Fabra Carreras
A FONDO

La policía retuvo a los falsos empresarios para su identificación y les requisó una grabadora camuflada en una agenda y una aparente sortija de brillantes, que ofrecieron a Vera como aperitivo de lo que le pagarían después por asesorarles en instalar una planta de serigrafía en Valencia. Los falsos empresarios le ofrecían la sortija como una expresa atención para la esposa del letrado, la ex diputada socialista en el Parlamento valenciano María Antonia Armengol.

La empresa no existe
La cita, que tuvo lugar en la cafetería de un hotel valenciano a las 8.30, fue una farsa por ambas partes. Vera sabía desde la víspera que alguien quería tenderle una trampa porque los supuestos empresarios se dirigieron a él previamente invocando el nombre de dos personas, una de ellas un redactor de EL PAÍS. Alegaban que éstas les habían recomendado contratar los servicios de Vera para una asistencia jurídica de sus negocios en expansión en la región. El letrado sospechó que la cita era una maniobra oscura y puso los hechos en conocimiento de la policía, que montó una vigilancia del encuentro. El letrado, además, había comprobado que la empresa invocada por sus pretendidos contratistas, Facsoil Group, no existía ni cuadraban sus direcciones domiciliarias.

En la mañana de ayer, uno de los supuestos empresarios, que se presentó como Rubén Bret, tras introducirlo en la cafetería aparentando ser un mero secretario, le dejó a solas en una mesa con su pretendido jefe empresarial, que dijo llamarse Alberto Sánchez Poveda. Entretanto, uno de los agentes desplegados permanecía en las proximidades.

Sánchez Poveda explicó a Vera que controlaba numerosas empresas a través de Infraestructuras y Gestión, supuesta matriz de diversas firmas, con una facturación multimillonaria. Alegó que su padre era muy amigo de Francisco Tomás y Valiente, el asesinado ex presidente del Tribunal Constitucional. A grandes rasgos, el negocio que le dibujó consistía en la exportación de máquinas de serigrafía a Argelia y a Italia a través del puerto de Valencia, para lo que pretendía instalar dos naves en Gandía.
El pretendido empresario alardeó ante Vera de que era militante socialista, a lo que el letrado replicó que él no lo era y le preguntó qué importancia podía tener el ser militante o no del PSOE para el negocio que estaban tratando, según la denuncia que interpuso después contra los dos falsos empresarios por chantaje, obstrucción a la justicia, amenazas y revelación de secretos.

El fingido empresario, según el relato del denunciante, le confesó que estaba seguro de que la Administración valenciana, bajo mandato del PP, le pondría muchos problemas. Llegó a decir que el Ejecutivo valenciano le daba "asco" y que por ello había dilatado su implantación en esta región. El falso empresario preguntó a Vera si conocía a alguien en Aduanas con la supuesta intención de pedirle que mediara. El abogado negó tener tal contacto. La guinda de la encerrona se produjo cuando el tal Bret puso sobre la mesa lo que denominó "un detalle para la esposa" de Vera. Y de una bolsa de fieltro blanca extrajo un anillo de oro que llevaba engarzados supuestos diamantes. Vera rechazó el regalo. El falso empresario le insistió en vano que lo cogiese como compensación por haberlos atendido tan rápidamente. Y se jactó de que ya lo consideraba socio suyo. Vera reiteró su negativa a aceptarlo. Y, en ese momento, le avisó la policía por el móvil de que era momento de intervenir. Ambos empresarios alegaron que no llevaban sus DNI; sólo portaban sendos carnés de Intereconomía. La policía descubrió que habían grabado la reunión con una falsa agenda.
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"Ya es hora de meterlo en prisión"


EL PAÍS - Madrid - 05/11/2008

El letrado José Luis Vera presentó ayer una denuncia contra los falsos empresarios que le grabaron mientras intentaban que les aceptara una sortija de supuestos diamantes para su esposa, la ex parlamentaria socialista María Antonia Armengol. Vera les achaca revelación de secretos, coacciones y chantaje, evidenciados en reiterados pasajes de su entrevista con los falsos empresarios.

En un momento dado de la conversación, los supuestos impostores le preguntan a Vera por el caso Fabra, y para tirarle de la lengua, presentan su opinión sobre el asunto: "Ya es hora de que le metamos en la cárcel". El letrado alega que el sigilo profesional le impide hablar, que él sólo ejerce la acusación particular en nombre de la UCE (Unión de Consumidores). No obstante, los empresarios le vuelven a pedir detalles de la marcha de la causa. Vera les reitera que no puede comentar detalles de un asunto sumarial. Pero el falso empresario sabe bien lo qué busca: "¿Cuál es la relación del despacho con los medios de comunicación?". Vera le explica que su despacho tiene como principio no atender a medios, salvo para alguna cuestión de interpretación jurídica. En otro momento de la conversación, el fingido empresario le plantea que las recomendaciones para contratarlo vienen de Francisco Montiel, supuesto abogado del PSOE, y de Francisco Mercado, periodista de EL PAÍS.

Como Vera niega conocer a ambos, el empresario le da todo lujo de detalles. Al segundo lo vincula con labores de "periodismo de investigación". Vera sólo sabe que dicho redactor ha firmado recientes informaciones sobre las cuentas de Fabra, por tanto, sus respuestas no son acordes a lo que busca su interlocutor. Los presuntos extorsionadores han querido forzar, sin ningún éxito, un desliz profesional revelando padrinazgos o amistades que no son o confidencias sumariales.

La policía interviene al final y destapa que han usado una agenda para grabar a Vera. Los falsos empresarios cazados por la policía amenazan a Vera con revelar otras grabaciones que poseen ya que lo siguen desde hace tiempo.
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La 'defensa' del presidente de la Diputación de Castellón

No es la primera vez que los supuestos periodistas de Intereconomía, grupo de comunicación vinculado al PP, irrumpen en un escenario dominado por Carlos Fabra para defender al presidente de la Diputación de Castellón, imputado desde hace años en numerosos delitos.

El 12 de septiembre, cuatro individuos (embozados con gorras y grandes gafas de sol) con cámaras y micrófonos de Intereconomía asistieron a un pleno de la Diputación de Castellón. En ese foro, Carlos Fabra se ha negado reiteradamente a aclarar la procedencia de los ingresos millonarios en sus cuentas. Al finalizar la sesión, Intereconomía trató de boicotear el acceso de otros periodistas a Fabra. Entre empujones y codazos, el presidente del PP de Castellón salió del salón de plenos, sin atender a los medios de comunicación, rodeado por sus propios diputados, ante la imposibilidad de que sus escoltas llegaran al punto en el que se encontraba.

Guardaespaldas
Entre los miembros del equipo enviado por Intereconomía se encontraba José Antonio Expósito, el guardaespaldas que se ocupó de proteger a los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras impedir el acceso del PSOE al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, Expósito fue fichado por Intereconomía.

José Luis Vera, magistrado de la Audiencia de Valencia hasta 2003, forma parte del despacho de abogados que, como letrados, representan a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en el caso Fabra, en el que actúa como acusación popular. Vera ha acudido en varias ocasiones al Juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso por el que se investiga al líder del PP de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y un supuesto fraude fiscal. Además, Vera ha intervenido hablando sobre el asunto en varios reportajes televisivos.

Por otra parte, el PP de Castellón dio a conocer ayer que el único candidato a la presidencia provincial del partido es Carlos Fabra, al que la secretaria popular, Marisol Linares, calificó de "líder indiscutible de toda la provincia".

Ante la próxima celebración del congreso, el 12 de diciembre, Linares habló de Fabra como la "única persona capaz de aglutinar a toda la provincia entorno suyo".
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Costa apoyará la reelección de Fabra como líder del PP
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La policía aborta un montaje para coaccionar al abogado de la acusación a Fabra

Los farsantes se hicieron pasar por empresarios y después se identificaron a los agentes como periodistas de Intereconomía

Francesc Arabí, Valencia

Si el episodio formara parte del guión de un thriller no faltarían críticas a una trama que podría pecar de falta de verosimilitud por exagerada. Pero la realidad, a menudo, supera la ficción. Sucedió ayer en la cafetería del hotel Valencia Palace, antes de las diez de la mañana. Dos agentes del grupo de delitos económicos de la policía judicial procedieron a identificar y detener a dos personas que se habían hecho pasar por empresarios para, supuestamente, tender una trampa al letrado José Luis Vera, cuyo despacho representa a la Unión de Consumidores de España (UCE), que lleva la acusación en el caso Fabra. El abogado, que fue magistrado en la Audiencia Provincial, presentó ayer tarde una denuncia por posibles delitos de «amenazas, coacciones y revelación de secretos de su intimidad» contra los dos falsos industriales, que, al ser identificados por la policía, mostraron un carné de prensa de Intereconomía, grupo mediático ultraconservador.

Los agentes los trasladaron del hotel a la comisaría, donde prestaron declaración. Al no constar en esos momentos denuncia judicial, los dos supuestos empleados de Intereconomía no fueron detenidos ni pasaron a disposición judicial. La policía se incautó de un ordenador portátil, una agenda grabadora, que podría llevar incorporada una cámara oculta, así como un anillo de diamantes. Un regalo º que quien se hizo pasar por gerente de la falsa empresa ofreció al abogado como «detalle» para su mujer y que el letrado rechazó tajantemente, antes de avisar a la policía -que vigilaba la escena- del cariz que estaba tomando el asunto, lo cual motivó la intervención de los agentes, que reventaron el montaje contra el que habían preparado un dispositivo la noche anterior al ser alertados por el propio José Luis Vera. La policía devolvió después el material a los presuntos periodistas, según fuentes de la investigación.

Se da la circunstancia de que el pasado 13 de septiembre cuatro personas adscritas a informativos de Intereconomía TV protagonizaron un escándalo al complicarle la vida, tras un pleno de la Diputación de Castelló, a una reportera del Caiga quien Caiga, de La Sexta, para evitar que preguntase a Carlos Fabra por la causa que tiene abierta desde hace cinco años en el juzgado de Nules por varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. El rocambolesco capítulo de los presuntos periodistas de investigación metidos a empresarios para tender una trampa, según la denuncia, se produce justo cuando la investigación judicial del caso Fabra -ralentizada por el relevo de ocho jueces y cuatro fiscales y la estrategia dilatoria de la causa seguida por la defensa- se ha reactivado con la irrupción en escena de los peritos de Hacienda y de la Fiscalía Anticorrupción para repasar con lupa los ingresos en cuentas del presidente de la Diputación de Castelló y sus familiares. Este último capítulo de los presuntos cazadores cazados empezó a escribirse el lunes 3 de noviembre, cuando, a eso de las 13 horas, acudieron al despacho profesional Latorre Iuris, donde trabaja Vera, dos personas que se identificaron, en conversación con la secretaria, como Alberto S. P. y Raúl B. Al no poder se atendidos, dejaron una tarjeta de visita en la que Alberto S. P. aparecía como gerente de la empresa FG Facsoil Group, ubicada en la Calle Alberto Marjo, nº 36 de Ciudad Real, distrito postal 13.500. S. P. es empleado de Intereconomía, según fuentes de la investigación, que no confirmaron la identidad de Raúl B.

El pretexto de la visita al despacho era contratar a Vera como asesor jurídico de la empresa, que, según dijeron iba a trasladarse a Valencia. Al recibir el recado de la secretaria, Vera llamó a Raúl B. por teléfono y éste le informó del interés que su empresa tenía en contratarle y que acudían a él por «recomendación de Tomás y Valiente». Las dos partes quedaron en verse al día siguiente, ayer, a las 8,30 horas, en la cafetería del Valencia Palace, donde los supuestos empresarios decían alojarse.

Sospechas y dispositivo policial
Pronto sospechó José Luis Vera de las intenciones de los inesperados clientes. Cuando comprobó que la empresa no existía, las identidades no correspondían a ningún administrador y el código postal era de Puertollano. La alusión a Tomás y Valiente, con cuyo padre -asesinado por ETA- Vera tenía una buena relación tampoco le cuadró. Menos que la visita llegara después de que determinados medios publicaran una extraña investigación del fiscal sobre facturas de la construcción de la casa que el letrado y su mujer -la ex diputada y combativa socialista Maria Antonia Armengol- tienen en Siete Aguas. Por eso Vera alertó a la policía judicial la noche del lunes. Y se montó el dispositivo que se saldó con la intervención de los agentes para desbaratar el montaje.

Pese a los reiterados intentos de este diario de recabar la versión de Intereconomía TV sobre lo ocurrido, nadie de la emisora quiso dar una explicación, pese a que se comprometieron a hacerlo.

Intereconomía regresa a la escena
El letrado José Luis Vera ha aparecido en un par de ocasiones en el programa Caiga quien Caiga, que emite La Sexta, y que ha dedicado varios reportajes al caso Fabra, como paradigma de la lentitud de la justicia en España. En ambos casos, Vera se ha limitado a explicar, como letrado de la Unión de Consumidores, los delitos de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castelló y los motivos que han ralentizado el proceso. En un momento de la conversación de ayer, antes de intervenir la policía, quien simulaba ser gerente de Facsoil Group, llegó a preguntar a Vera, como si fuera a título de curiosidad, por su intervención en ese programa.

Lo que no comentó es que Intereconomía TV tuvo un papel estelar cuando cuatro empleados de la emisora se desplazaron a Castelló para evitar que una reportera del CQC interrogara a Fabra al acabar un pleno. Uno de los que iban ataviados con gorra y gafas de sol era José Antonio Expósito, según el diario «Público». Expósito fue guardaespaldas de Tamayo y Sáez, los tránsfugas que impidieron el gobierno socialista en Madrid en 2003.
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El PP cierra filas con Fabra
El PSOE, CQC, Fabra y hasta Vilar
El PSPV pregunta a Sánchez de León por el ´caso Fabra´ y la "trampa" que "se le ha intentado poner" a un abogado
Peralta insta a dirigirse a "otro responsable político" para saber por qué se montó la "turbia operación" contra Vera
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dilluns, 3 de novembre de 2008

Uno de los nuestros: De Rosa admite "cierta demora" del caso Fabra y que se debe agilizar.

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De Rosa admite "cierta demora" del caso Fabra y que se debe agilizar

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha reconocido hoy que la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, lleva "cierta demora" y se debe agilizar.

EFE

De Rosa ha realizado esta afirmación tras reunirse en Valencia con el president de la Generalitat, Francisco Camps, y con su sucesora como titular de la Conselleria de Justicia, Paula Sánchez de León, en un acto en el que también ha estado presente la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.

"De un proceso que lleva más de cinco años en marcha se puede decir que lleva cierta demora", ha admitido el ex conseller, quien sin embargo ha insistido en que desde el CGPJ se va a trabajar por "todos los procedimientos".

Sobre la idoneidad de que el Consell nombre de forma extraordinaria a nuevos funcionarios para los juzgados de Nules -donde se instruye el llamado "Caso Fabra"-, De Rosa ha señalado que debería llevarse a cabo esta incorporación de la misma forma que en otros juzgados donde hacen falta refuerzos.

"Vamos a apoyar cualquier iniciativa de la Generalitat o del Ministerio de Justicia dirigida a agilizar el millón de procedimientos que hay abiertos en esta comunidad", ha subrayado el vicepresidente del CGPJ.
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La fiscalía reprueba a tres magistrados por "imparcialidad objetiva" en el caso del ex alcalde de Orpesa
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El presidente de Castellón cargaba a su empresa facturas astronómicas en marisquerías y otros caprichos

Cuando Fabra descubrió el marisco

MARCOS PARADINAS

La investigación que la Fiscalía Anticorrupción está siguiendo contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, no está siendo en balde. A pesar de que nadie, ni siquiera el propio Fabra, es capaz de explicar de dónde vienen tantos ingresos millonarios, al menos sí se va sabiendo qué clase de persona es el político del PP: Un amante del marisco. Así lo reflejan numerosas facturas en las marisquerías más selectas de Madrid y Castelló, a donde Fabra podía ir tres veces por semana y pagar facturas que rozan los 1.000 euros.

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Todos estos gastos se desprenden de la información que los peritos de Anticorrupción han conseguido del diario contable de Carmacas, una empresa que fundó Fabra en 2000 y que de la que fue administrador único hasta junio de 2004.

Carmacas S.L.
La empresa Carmacas es oficialmente un sociedad que ofrece servicios de consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión de empresas privadas, pero los peritos están investigando si durante sus gestiones, Fabra cobró comisiones millonarias por agilizar licencias de comercialización de la empresa fitosanitaria Naranjax, a través de sus contactos en los ministerios durante el Gobierno de José María Aznar.

Relaciones públicas
Dentro del diario contable de la empresa, bajo el ambiguo epígrafe de “Relaciones Públicas”, se concentran decenas de facturas en restaurantes y marisquerías de alta categoría tanto en Castellón como Madrid. Un ejemplo del tren de vida de Carlos Fabra en aquella época son los ágapes que se daba en 2001, según revela el diario Levante.

Afición por el marisco
El 2 de febrero, Fabra pagó 711 euros en el restaurante Rafael de El Grao de Castelló. Dos días antes se había dejado caer por la catedral del marisco madrileño La Trainera, donde desembolsó casi 1.000 euros en una comida. Y dos días después, el 4 de febrero, Fabra visitaba el exquisito restaurante Rausell de Valencia, para librar tres facturas que en total suman 484 euros. Una cantidad que Fabra cargó a Carmacas.

Alta cocina
El día 26, Fabra siguió con su dieta y se pasó por la marisquería Santa Cruz de Valencia, para gastar una cantidad más reducida, casi 200 euros. Pero el 2 de abril se resarció repitiendo en La Trainera madrileña, donde firmó una factura por 729 euros. Justo una semana después pagó 835 euros en el restaurante Green de Valencia. Ya en octubre, el líder del PP castellonense no dejó pasar una visita a Madrid para pasar por el famosísimo Casa Lucio y gastarse 283 euros.

Cajón de sastre
Las investigaciones de la Agencia Tributaria presentan la empresa de Carmacas como un cajón de sastre que Carlos Fabra utilizaba como un cajón de sastre para sus gastos. Así se explica que el presidente de la Diputación cargara a la empresa 450 euros de compras en Cortefiel Caballeros. O que en los libros aparezca una factura por 3.467 euros a nombre de una agencia de viajes, Mediterraneo Holidays.

Difícil de explicar
Incluso para Fabra tanto movimiento de dinero es difícil de explicar. Hasta 17 veces le han citado para aclarar ingresos que había recibido entre 1999 y 2000. Su único argumento fue que a menudo sacaba grandes cantidades de dinero para tenerlas en su casa e ingresarlas de nuevo en los bancos.

¿Síndrome de Diógenes?
Pero para los inspectores, esta variante inédita del síndrome de Diógenes es insostenible, ya que no tiene sentido que las cuentas de Fabra quedaran al descubierto, generando grandes gastos en intereses, según recoge el informe fiscal de Hacienda. En la última diligencia de actuación, Fabra alegó estar indispuesto y evitó la entrevista con los inspectores.
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Uno de los nuestros: El PP blinda a sus presuntos corruptos.

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Once de las causas contra el ex alcalde de Orihuela llevan dos años paradas

Medina pide «celeridad» para resolver los asuntos abiertos

J. E. M., Alicante

Hace más de tres años, el 15 de septiembre de 2005, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, puso en marcha su investigación contra el ex alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, por una larga serie de supuestas irregularidades contables en el Ayuntamiento y en la relación con promotores urbanísticos. Un año después, el 22 de septiembre de 2006, Medina renunció a repetir como candidato a la alcaldía tras haber protagonizado un sinfín de noticias de alcance nacional en prensa, radio y televisiones sobre esos 15 asuntos judiciales repartidos por los seis juzgados de Orihuela, entre los que llamó especialmente la atención el presunto uso de bienes de lujo -dos coches de alta gama, un Audi A8 y un Rolls Royce, y un chalet en la costa-, que eran propiedad de constructores adjudicatarios del consistorio. Las investigaciones abiertas por Briones tuvieron su origen en las denuncias de la oposición -particularmente del ex portavoz socialista Francisco García Ortuño- y en las declaraciones del ex interventor municipal, José Manuel Espinosa, que se había autoinculpado previamente de apropiarse de 30.000 euros de las arcas del Ayuntamiento.

Hoy, más de dos años después de los escándalos del «alcalde del Rolls» y de las actuaciones judiciales, el balance de las investigaciones se salda con cuatro casos archivados -el último de ellos, el pasado 28 de octubre, sobre las obras de reforma de la Glorieta Gabriel Miró-, ocho causas todavía pendientes de que se practique alguna diligencia, dos paralizadas desde que declaró Medina en agosto de 2006 y enero de 2007 y una más por facturas supuestamente falsas en la que prestó declaración como imputado el ex secretario municipal sin que se haya acusado al ex alcalde. «Yo sólo pido que me juzguen»Medina reclama insistentemente que se resuelvan «con celeridad» los muchos asuntos que tiene pendientes en los tribunales, pero en estado latente, sin que se practiquen pruebas o diligencias. «Yo sólo pido que me juzguen», asegura José Manuel Medina. «No quiero morirme siendo sospechoso».

El ex alcalde atribuye todo su calvario judicial a las denuncias de la oposición -particularmente de García Ortuño y de Izquierda Verde- y del ex interventor municipal. «Son denuncias formuladas por alguien que se ha autoinculpado por llevarse dinero del Ayuntamiento», recalca. También es consciente de que buena parte de los argumentos para la acusación llegaron del «fuego amigo», es decir, de su propio partido (PP) y de su equipo de gobierno, inmerso por entonces en una frontal lucha por el poder interno.

«Tengo la conciencia tranquila porque no he cometido ningún delito ni falta, aunque sí dos mil errores en la gestión municipal, como puede ocurrir en todas partes», sostiene el ex alcalde. «La prueba de ello es que se están archivando las causas conforme los jueces analizan los documentos aportados», añade. «Para mucha gente sigo siendo el alcalde del Rolls, el sinvergüenza», se lamenta. «Y yo no tengo un Rolls. Necesito que el juzgado lo busque y, si lo encuentra, que me suban en el coche y me den la vuelta a España para escarnio público. Como tampoco recibí regalos de chalets, ni cometí delitos contra el territorio; me limité a dar cumplimiento a los trámites municipales y fue la Generalitat quien aprobó los planes urbanísticos».
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Un empresario de Alicante admite que pagó comisiones a un ex alto cargo de Matas

Otro asesor valenciano también fue detenido por este caso en octubre

Felipe Armendáriz/J. F. Mestre, Palma de Mallorca

Sergio Pereletegui, un empresario de Alicante que en la legislatura pasada facturó unos 230.000 euros para el consorcio del Govern balear CDEIB, admitió ayer ante la jueza que investiga el caso Scala, que abonó comisiones de hasta el 40% de sus trabajos a la entonces gerente de dicho organismo público, Antònia Ordinas (alto cargo durante el Gobierno de Jaume Matas). La jueza interrogó a otro proveedor del CDEIB, Mateo Arnaldus Van der Hurk, quien, por contra, rechazó haber abonado sobornos a Ordinas o a Kurt Viaene, el ex director general de Promoción Industrial del Govern.

Pereletegui facturó a título individual al CDEIB entre 2003 y 2007, 169.152 euros y también cobró a través de la sociedad Camino Export, de la que es administrador único, otros 60.249 euros. Camino Export tiene su domicilio social en El Campello (Alicante) y su objeto social es el asesoramiento o servicios de consultoría a entidades públicas o privadas.

Pereletegui declaró que se hizo proveedor del CDEIB a instancias de Kurt Viaene, que le ofreció trabajar de consultor externo. Viaene no le habló del pago de comisiones y, según el empresario, el primer encargo que se le hizo fue abonado sin ningún tipo de contratiempo.

El asesor alicantino, no obstante, añadió que los problemas surgieron con el segundo trabajo para el consorcio de la conselleria de Comercio e Industria, cuando Antònia Ordinas le exigió una mordida del 40 por ciento del contrato, siempre según su versión.

30.000 euros por informes
El asesor imputado añadió que sí hizo los trabajos que le habían encomendado y ayer aportó copias de los mismos. Pereletegui cobró varias partidas de 30.000 euros por informes como Elaboración y definición de los elementos que configuran el marketing exterior

Elaboración de estrategias de acceso a mercados internacionales.
La versión del otro empresario interrogado ayer, Mateo Arnoldus Van den Hurk Mir, fue radicalmente distinta. Arnoldus facturó al CDEIB a través de la empresa de Lloseta Comarca Global Consulting cientos de miles de euros, pero dijo que no aceptó pagar soborno alguno por sus contratos. Su antiguo socio, y también imputado, Felipe Ferré, ha declarado que Arnoldus abonó comisiones a Ordinas. Arnoldus insistió en la calidad y utilidad de sus informes.Cabe recordar que en esta investigación también se ha visto afectado otro empresario valenciano. El pasado 3 de octubre, F. G. C. fue detenido en Valencia por policías de Palma, tras haber facturado a la empresa pública balear casi dos millones en los últimos cuatro años por estudios de mercado. Fue detenido bajo la acusación de haber pagado comisiones. Quedó en libertad tras prestar declaración.
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El PP blinda a sus presuntos corruptos

Los Estatutos nacionales aprobados en junio, que siguen sin ser públicos, fijan que sólo se suspenderá automáticamente de funciones y militancia a quien tenga una "condena firme".

MARÍA JESÚS GÜEMES - Madrid - 02/11/2008 21:04

Saltaron todas las alarmas. Hace unos días se puso el grito en el cielo al estallar la noticia de que el PP de la Comunidad Valenciana había incluido en la reforma de sus Estatutos una cláusula que blindaba al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Pero lo cierto es que ésta medida no era ni más ni menos que una copia literal de la que actualmente figura en el reglamento nacional.

En el Preámbulo de los conservadores valencianos se indicaba que "dentro de su compromiso ético con la sociedad" el partido de Francisco Camps había decidido incorporar a su procedimiento disciplinario "la suspensión automática de funciones y militancia cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso".

Manuel Vilanova, sentenciado por prevaricación, sigue como presidente local
El texto, con exactamente las mismas palabras, aparece recogido en el artículo 16, apartado 6, de la normativa interna que salió aprobada del XVI Congreso del PP, cuando Rajoy fue reelegido presidente. Cuatro meses después del cónclave los Estatutos siguen siendo secretos pero fuentes del partido confirmaron a Público este dato.Durante el desarrollo de la ponencia se mantuvo que se incluía este aspecto para que en casos de "alarma social" se procediera a una "rápida actuación". Pero lo cierto es que la urgencia contrasta con lo aprobado en los nuevos Estatutos: antes de que se dicte una condena firme suelen pasar muchos años entre la instrucción del sumario, las sentencias de primera y segunda instancia y los posibles recursos ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.

En sus Estatutos los conservadores introducen este importante matiz y mantienen, como en etapas pasadas, otras medidas cautelares como "la suspensión provisional de funciones y la de militancia de los afiliados". Para aplicarlas se exige "siempre" el acuerdo de la mayoría absoluta del Comité de Derechos y Garantías.

En el PP niegan que con esta redacción se trate de proteger a todos aquellos dirigentes del partido que se están viendo envueltos en los casos de corrupción que han salpicado a la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares o Castilla y León. Pero lo cierto es que la medida resulta desconcertante frente a un PSOE que procede a expulsar a sus cargos en cuanto resultan imputados o el fiscal pide cárcel.

Los conservadores dicen que su nueva norma asegura una "rápida actuación"
Además, los socialistas no han hecho más que pedirle al PP en repetidas ocasiones un pacto contra la corrupción urbanística. Rajoy siempre lo ha rechazado. Pero no por ello, dicen en desde el Grupo Parlamentario Popular, se despreocupan. Recuerdan que en julio presentaron una proposición no de ley en la que pedían el endurecimiento de las penas por los delitos vinculados a la corrupción urbanística, mayores medios para combatirla y que los bienes decomisados se destinaran a fines de interés general y se traspasaran a las corporaciones locales afectadas.

"Presunción de inocencia"
Miembros del Comité Ejecutivo Nacional defienden que esta norma, no recogida anteriormente, se incluyó precisamente para dar "otra garantía más". Desde la sede del PP no hacen más que insistir en la "presunción de inocencia". Explican que lo que no quieren es culpar a alguien y que luego se demuestre que era inocente.

Pero los conservadores no aplican sus propias directrices. La prueba de ello es que hace tan solo unos días se podía ver al ex alcalde de Vila- real Manuel Vilanova, dando una rueda de prensa junto a Andrea Fabra. Vilanova, que fue condenado por un delito de prevaricación por el Supremo en 2006, abandonó su cargo municipal pero no la presidencia local del PP.

El PP sostiene que no busca proteger a nadie, sino reforzar las garantías
Al pedir explicaciones al PP valenciano, Ricardo Costa afirmaba que no se le pensaba expulsar porque su gestión había sido "ejemplar". La mano derecha de Camps incidía en que las competencias de permanencia en las estructuras del partido no sólo dependían de su partido sino que también eran decisión de la dirección nacional. Mientras él lanzaba la pelota al tejado de Génova, Carlos Fabra le daba a la historia otra vuelta de tuerca al argumentar que no hay sentencia firme hasta que no se pronuncia el Tribunal de Estrasburgo.

El presidente del PP de Castellón insiste en que los cargos del partido "tienen derecho a agotar todas las vías judiciales". Un planteamiento que retrasaría aún más la adopción de medidas disciplinarias.

En el PP también se saltan otro artículo que ya figuraba en sus antiguos Estatutos. En este se establece que al conocerse "la existencia de hechos o conductas de afiliados en el ejercicio de cargo público que pudieran ser éticamente reprobables o comprometieran el honor o imagen del PP" se encargaría tramitar "un expediente informativo". Si alguien pregunta si se ha activado la maquinaria en este sentido, sólo se obtiene por respuesta un incómodo silencio.

Tratamiento "impecable"
Desde la dirección del PP afirman que el trato que su partido le ha dado a la corrupción siempre ha sido "impecable" y que así seguirá siendo en el futuro. Pero para todos sus dirigentes es tema tabú. No lo quieren abordar en público. Y hasta en privado lo sortean.

Atrás ha quedado el Código Ético del PP de abril de 1993. En este documento los conservadores pedían a sus cargos públicos que se comprometieran a "comunicar a la dirección del partido y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito".
No era el único control. También se sostenía que sería motivo de expulsión inmediata "la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros". Los tiempos han cambiado y los Estatutos se imponen por encima de dicho código.

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EXPULSIONES

El PP balear toma cartas en el asunto

Se activa un Comité de Ética, autónomo, con prestigiosos juristas.

MARÍA JESÚS GÜEMES - 02/11/2008 21:08

La situación del PP en Baleares se puede resumir con dos frases. La primera es de la presidenta de la formación, Rosa Estarás, quien no tuvo inconveniente en reconocer que no ponía "la mano en el fuego por nadie" en la trama de cobro de comisiones ilegales en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (Cdeib), en el que se han visto envueltos varios dirigentes de su partido.
La otra es la de Catalina Cirer, la portavoz conservadora en las Islas, quien aseguró que no iba a aceptar que el PSOE o Unió Mallorquina le dieran "lecciones de corrupción".

A falta de saber que ocurre con el ex conseller de Comercio, Josep Cardona, que está imputado pero cuenta con la confianza del partido, y a la espera de ver si algún día Jaume Matas da alguna explicación sobre su gestión al frente del Gobierno balear, el partido ha tratado de hacerse con las riendas de la situación con el fin de que no se dañe más su imagen. Para ello se constituyó en septiembre un Comité de Ética que funciona de forma autónoma y que está compuesto por cuatro prestigiosos juristas, con Román Piña Homs como presidente.

Retirada del carné a la fuerza
Por otro lado, el partido ha decidido expulsar del partido o suspender de militancia a varias personas implicadas en casos diferentes. Así llevan un total de 12 nombres, entre involucrados por temas de gobierno, un concejal del Ayuntamiento de Palma y varios empresarios afiliados al PP. Muchos mandaron ellos mismos la solicitud de baja voluntaria. A otros se les tuvo que exigir el carnet. Es es el caso del ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, a quien consideraron "cabecilla" de la trama del consorcio de Turismo Joven.
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PROTECCIÓN
El método de alabar a los imputados

El PP valenciano considera "ejemplares" a sus imputados.

MARÍA JESÚS GÜEMES - 02/11/2008 21:10

Hace tan sólo unos días, el PP de la Comunidad Valenciana presumía de "su entrega, valores y principios" en las instituciones donde gobierna. "Transparencia, lealtad, profesionalidad, dignidad y decoro, honestidad, fidelidad, dedicación, sentido del deber buena fe y moralidad sellan el compromiso de los cargos públicos con los valencianos", remarcaba en sus nuevos Estatutos.
Mientras se aplican esta ristra de atributos, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se encuentra imputado por nueve delitos, entre los que se encuentra el fraude fiscal, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el cohecho y la falsificación de documento público. Y su caso no es el único de la zona.

Pero el partido de Francisco Camps prefiere lavarse las manos y se limitan a proclamar que todos sus integrantes son ciudadanos "ejemplares". El PP continúa protegiendo a Fabra aunque saben, y sólo lo reconocen en la más estricta confidencialidad, que tienen un problema de difícil solución.

La dirección nacional sólo se remite a la acción de la justicia y no adopta ninguna medida en este territorio. Sólo Esteban González Pons apuntaba hace unos días, en una entrevista en Público, su interés porque el caso abandonara el juzgado de Nules y pasara al de Castellón. De esa manera, a su juicio, se podría resolver de una vez por todas un procedimiento que lleva más de seis años con diligencias abiertas.

Este es el discurso que ha adoptado también Ricardo Costa, secretario general del PPVC, quien ante el monotema de todas sus ruedas de prensa ha dedicido ampararse en que la Justicia "tiene que trabajar con rapidez y diligencia". El PPCV pide que no se hagan "juicios paralelos".
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A LA ESPERA
La técnica de mirar hacia otro lado

En Canarias y en Castilla y León prefieren no investigar

MARÍA JESÚS GÜEMES - 02/11/2008 21:17

En el PP canario cuentan que su presidente, José Manuel Soria, aguarda a que "le llamen para declarar" y están convencidos de que con sus explicaciones "se archivará la causa". "Él está muy interesado en personarse para aclararlo todo", dicen los que le rodean. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le investigue por un presunto delito de cohecho. Pero sus compañeros de partido creen que todo obedece a una venganza orquestada. Explican que el periodista Carlos Sosa, autor de la denuncia, era "el anterior jefe de prensa socialista" y que desde que se puso al frente de un medio digital todo lo que ha escrito "ha sido en contra de Soria". "Tanto que ha sido condenado por injurias y calumnias", remarcan.

Carpetazo a la comisión
En Castilla y León todos los ojos están puestos en los huertos solares. En las Cortes regionales, el partido de Juan Vicente Herrera se ha opuesto a la creación de una comisión de investigación. Se le dio carpetazo porque, según ellos, a "todos los implicados que eran funcionarios de libre designación y no altos cargos, se les instó inmediatamente al cese". Además, argumentan que siempre se ha hablado de "autorizaciones" y no de "concesiones, donde habría trato de favor y perjuicio a terceros". También explican que se pidió un informe a la inspección de servicios sobre el director general de la energía del Gobierno castellano-leonés, Ricardo González Mantero, que concluyó una actuación "transparente".

Tras verse implicada la vicepresidenta del Parlamento autonómico, Carmen Luis Heras, en el PP dicen que no harán nada hasta que se conozca su declaración de actividades.

El día que Arias Navarro quiso declarar la guerra a Portugal.

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Jo sabia que el Carnicerito de Málaga i exalcalde de Madrid no era un gentilhome. Un assassí esdevingut polític i, més concretament, President de Govern d'una dictadura no és sant ni digne d'adoració. Que a l'encarregat de la seguretat -Ministre de Governació- li matin el President de Govern i després l'hi facin a ell -"no hay mal que por bien no venga", diuen que digué el Caudillo de España por la gracieta de Dios- és raríssim. Però que s'ofereixi d'ariet contra el comunisme el 1975 ja és de nota de selectivitat per a entrar per la porta gran al Cotolengo del Padre Alegre.

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El día que Arias Navarro quiso declarar la guerra a Portugal

MARTIN DELFÍN -

El último jefe de Gobierno de Franco se ofreció a EE UU contra el comunismo.- El 'número dos' del Departamento de Estado dio cuenta a Kissinger

El último presidente del Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, dijo en privado a Estados Unidos en 1975 que España estaba dispuesta a ir a la guerra con Portugal si empezaba a extenderse el comunismo como consecuencia de la formación de un Gobierno de izquierdas en Lisboa.

"Portugal es una amenaza contra España", según un alto cargo de EE UU
España pidió a Washington entrar en la OTAN a cambio de las bases


Según varias transcripciones de conversaciones con diplomáticos y legisladores estadounidenses obtenidas por EL PAÍS, Arias "expresaba su profunda preocupación" por los acontecimientos de Portugal y deseaba que Washington le garantizase que apoyaría a Madrid si estallaba una guerra. Era un momento crucial en las relaciones entre los dos países, porque Estados Unidos deseaba renegociar el alquiler de las bases militares y Arias quería que Washington impulsara la entrada de España en la OTAN.

Sin embargo, durante esa misma época, los diplomáticos estadounidenses veían que Arias tenía una relación difícil con el dictador enfermo y otros ministros, sobre todo a propósito de las ejecuciones de miembros de ETA y del FRAP el 27 de septiembre de 1975, a las que se había opuesto. Además, Arias era partidario de ampliar el espectro político, aunque dejando fuera al Partido Comunista de España (PCE), pero, según observaba la embajada de Estados Unidos, la crisis portuguesa le había hecho dudar.

Estas revelaciones se incluyen en una serie de cablegramas diplomáticos entre funcionarios de la Embajada estadounidense en Madrid y el Departamento de Estado, que se han hecho públicos y que EL PAÍS ha obtenido a través de los Archivos Nacionales en Washington. Los documentos reproducen las observaciones de EE UU durante los últimos meses antes de la muerte de Franco.
Durante una reunión celebrada en Jerusalén en marzo de 1975, Arias expuso sus inquietudes al entonces vicesecretario de Estado, Robert Ingersoll, sobre la rápida evolución de los acontecimientos en el vecino Portugal, debido a lo que el presidente del Gobierno llamó "el último acto insensato de Spinola". "Portugal es una seria amenaza contra España, no sólo por el desarrollo que está teniendo la situación, sino por el apoyo exterior que podría obtener y que sería hostil a España", escribió Ingersoll en un cable del 18 de marzo al secretario de Estado, Henry Kissinger.

"España estaría dispuesta a librar el combate anticomunista a solas si es necesario. Es un país fuerte y próspero. No quiere pedir ayuda. Pero confía en que tendrá la cooperación y la comprensión de sus amigos, no sólo en interés de España sino en interés de todos los que piensan igual", informó Ingersoll, que resumió así lo que le había dicho Arias y dijo que le había visto "profundamente inquieto" por Portugal.

El 25 de abril de 1974, un grupo de oficiales portugueses de izquierdas dio un golpe de Estado para derrocar el Gobierno autoritario de Marcelo Caetano, sucesor del dictador António Oliveira Salazar. Los oficiales querían la democracia, y el respaldo popular a su causa fue extendiéndose en multitudinarias manifestaciones. Era lo que se llamó "la revolución de los claveles".

Con la intención de evitar un baño de sangre, Caetano cedió el poder al popular Spinola, que contaba con grandes apoyos entre las fuerzas armadas. The Financial Times lo contó así: Caetano, "sentado en el cuartel del Carmo, rodeado por las fuerzas rebeldes, rogó a Spinola que se hiciera cargo del país [porque era] el único hombre que podía salvarlo. El momento coincidió con la llegada al modesto apartamento de Spinola de unos emisarios del cuartel general de los rebeldes, que le pedían que ocupara la presidencia".

Siete meses después, Spinola renunció al poder, pero el 11 de marzo de 1975, mientras las fuerzas de izquierda ganaban terreno, trató de recuperarlo en un golpe fallido. Arias aseguró a Ingersoll que estaban tomándose las "precauciones apropiadas" para impedir que "los sucesos de Portugal se extiendan al otro lado de la frontera española". "Está convencido de que España debe democratizarse y abrir sus puertas a una mayor participación política popular", observó Ingersoll. "No obstante, la experiencia de Spinola le ha convencido de una cosa: 'no hay que subir ni bajar una colina demasiado deprisa". Y el diplomático añadía: "Parece evidente que los sucesos portugueses han tenido un fuerte efecto negativo en la idea de la liberalización".

El presidente del Gobierno español reiteró su preocupación un mes después, cuando se entrevistó con el senador estadounidense Hugh Scott (republicano de Pensilvania) y cinco colegas más en Madrid, el 7 de abril de 1975. Pero aseguró a los congresistas que en España no se iba a repetir lo sucedido en Portugal porque las circunstancias eran distintas. Entre ellas, decía, "más libertades" en España, más crecimiento económico y mayor distribución de la riqueza. Y las fuerzas armadas españolas no habían "sufrido la tensión de una guerra colonial".

"Arias dice que el Ejército español conoce los peligros del comunismo por la experiencia de la Guerra Civil y está totalmente unido", decía el embajador estadounidense, Wells Stabler, en un cable enviado el 9 de abril. El 28 de mayo, Stabler informaba: "Con su larga frontera con Portugal, a España le resultaría difícil protegerse de una acción subversiva portuguesa".
El 24 de julio, Stabler volvió a reunirse con Arias para hablar de posibles nuevos contratos para las bases estadounidenses en territorio español. Un acuerdo firmado en 1953 había establecido bases aéreas en Torrejón, Zaragoza y Morón de la Frontera y una base naval en Rota. La renovación de los contratos salió a colación durante los últimos meses de Franco. Arias dijo que a España le parecía "inaceptable" contribuir al sistema de defensa de la OTAN sin ser miembro, sobre todo cuando algunos países de la Organización "no sólo vilipendian a España sino que intervienen en sus asuntos internos".

"Arias parece deseoso de demostrar a ciertos países de la OTAN que la situación actual no puede continuar", escribió Stabler. "Pero no está muy seguro de cómo es posible eso sin poner gravemente en peligro la relación con Estados Unidos".

En otro encuentro con el embajador estadounidense, el 8 de octubre, Arias no tuvo reparos en criticar las opiniones europeas sobre España. "En particular mencionó la incongruencia de los países europeos con su actitud hacia la total anarquía que impera en Portugal, que sigue deslizándose hacia el dominio completo de los comunistas, y la que tienen hacia España, que ha sido siempre un bastión contra la expansión comunista".

Algunos países europeos pequeños no contribuían prácticamente en nada a la defensa de Occidente pero eran miembros de la OTAN, explicó Arias. "Mientras que la contribución de España tiene una importancia considerable y, sin embargo, los europeos continúan pensando, irracionalmente, que lo que más les conviene es aislar a España", dijo Arias. Stabler dijo a Arias que no compartía esa opinión y que reconocía su contribución. Pero Washington no quería comprometerse a presionar a sus aliados de la OTAN para que aceptaran a España mientras Franco siguiera con vida. España no entró hasta 1982.

En agosto, surgieron especulaciones de que Franco iba a obligar a dimitir a Arias porque éste seguía adelante con la liberalización política, y los franquistas más duros estaban en contra. La extrema derecha pensaba que Arias era desleal, dijo Stabler cuando Estados Unidos quiso saber qué había de cierto en los rumores.

"Hemos ido a ver a un amigo bien situado en el Gabinete de Arias y le hemos hecho la pregunta directamente", escribió Stabler el 20 de agosto. "Reconoció de inmediato que Arias está pasando apuros, pero dijo que va a permanecer en su puesto. Nos recordó que Arias y sus hombres habían llegado al Gobierno convencidos de que iban a dirigir la transición de Franco a Juan Carlos". El embajador añadía que no creía que Franco se deshiciera de Arias, porque tendría "efectos desestabilizadores a largo plazo".

El mes siguiente, España fue blanco de la indignación internacional cuando Franco ordenó
el 27 de septiembre la ejecución de tres miembros de ETA y dos del FRAP. El encargado de negocios de Estados Unidos, Samuel D. Eaton, escribió a sus superiores en Washington, dos días después de las ejecuciones, que había "insistentes rumores de que, en las deliberaciones preliminares del Gabinete, entre cuatro y ocho ministros de los más liberales se opusieron a las penas de muerte". Entre los mencionados estaban Arias, el ministro de Trabajo, Adolfo Suárez; el de Sindicatos, Alejandro Fernández Sordo; el de la Presidencia, Antonio Carro Martínez; el de Agricultura, Tomás Allende y García Báxter; el de Exteriores, Pedro Cortina, y el de Comercio, José Luis Cerón Ayuso.

"La unanimidad se logró a regañadientes, sólo con el fin de proteger la fachada de unidad del Gobierno en este momento crucial", escribió Eaton.

Por su parte, Francisco Fernández Ordóñez, futuro ministro de Exteriores, contó a los funcionarios de la Embajada estadounidense en noviembre, sólo unas semanas antes de que muriera Franco, que el rey Juan Carlos tenía que echar a Arias cuando asumiera el poder porque el presidente del Gobierno sería un obstáculo para la democracia. Fernández Ordóñez mencionaba, entre los posibles candidatos con "prestigio liberal" para el puesto, a Manuel Fraga y a José María de Areilza, que más tarde fue ministro de Exteriores.
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España usó a EE UU contra Marruecos

Filtró a Argelia la lista del material militar que Washington vendió en 1975 a Rabat
M. D. - Madrid - 03/11/2008

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En 1975, durante las tensas negociaciones entre Madrid y Rabat por el Sáhara Occidental, España filtró en secreto a Argelia una lista de material militar que Washington estaba proporcionando a Marruecos, una acción que pilló desprevenido a Estados Unidos y obligó al secretario de Estado Henry Kissinger a llevar a cabo una operación de lavado de imagen.

El Gobierno pretendía inclinar la negociación sobre el Sáhara en su favor

Los cables enviados en noviembre de 1975 muestran que el Gobierno de Franco colocó a las autoridades estadounidenses en una situación delicada cuando un funcionario argelino presentó al embajador de Estados Unidos, Richard Parker, una lista concreta de 150 millones de dólares en material militar que Washington había vendido al rey Hassan. La lista incluía 25 carros de combate M-48, seis aviones de transporte C-130 y C-47 y aviones de combate F-5. El Gobierno español había obtenido la información secreta de Washington para sus propios fines internos, pero decidió transmitirla a Argelia -rival histórico de Marruecos- para ayudar a inclinar las negociaciones sobre el Sáhara Occidental en su favor, según decían los diplomáticos estadounidenses. El cable llamado Algiers 3294, en el que el embajador Parker pedía consejo sobre cómo manejar la situación, puso en movimiento a los diplomáticos en Argel, Rabat y Washington. Parker se entrevistó con Mohamed Aberkane, el director para Asuntos Europeos y norteamericanos del Ministerio de Exteriores argelino, y le preguntó qué esperaba Argel de Estados Unidos en sus contactos con Hassan. "Dijo que poner fin al suministro de armas", le contó el embajador a Kissinger en el cable del 8 de noviembre de 1975.

Cuando Parker trató de explicar que Estados Unidos estaba enviando "muy poco" a los marroquíes y que éstos, en realidad, estaban obteniendo más ayuda de franceses y soviéticos, Aberkane sacó una carpeta con una lista mecanografiada de varias páginas. En esa lista figuraban numerosas adjudicaciones. "Indiqué que el material estadounidense que tenían los marroquíes y que él había enumerado apenas ascendía a 150 millones de dólares, y que los M-48 y los F-5 eran naderías en comparación con lo que tenía Argelia", dijo Parker. "Que los españoles pasen información de antemano a los argelinos no es precisamente ninguna ayuda. Es difícil convencerles de que los españoles les están engañando, sobre todo porque creo recordar que nosotros dimos a los españoles información sobre el programa en Marruecos como cosa excepcional, y parece que ellos se lo han transmitido a los argelinos", decía Parker en el cable Algiers 3294 que se encuentra en los Archivos Nacionales de Washington.

El diplomático llegaba a la conclusión de que España quizá había empleado la información para convencer a los argelinos de que Estados Unidos podía persuadir a Marruecos para que detuviera la Marcha Verde, y pedía a Kissinger instrucciones sobre cómo explicar a Argelia la cifra de 150 millones de dólares.
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