Ángel Viñas por Fran Pulido (cc)
Escribe| Ángel Viñas
Catedrático emérito de la UCM. Exdirector de relaciones exteriores y exembajador ante Naciones Unidas de la Comisión Europea. Exasesor ejecutivo del ministro de Asuntos Exteriores. Técnico Comercial y Economista del Estado con el número uno de la promoción. Licenciado y doctor en Ciencias Económicas con sendos premios extraordinarios. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, entre otras condecoraciones españolas y extranjeras. Amplia producción historiográfica. Vive en Bruselas.
La historia es el análisis de la actuación humana en el pasado. En la actualidad ya no se prejuzga, en general, uno u otro enfoque de forma más o menos exclusiva. Ha pasado la época de la creencia en inmutables leyes o regularidades históricas. El enfoque a seguir depende del objeto de investigación; es decir, éste determina lo que debe considerarse como evidencia primaria relevante de época (EPRE). Resulta obvio que tal evidencia varía según el momento del pasado. No es lo mismo abordar aspectos de la Edad Media que de los años contemporáneos. En estos, por ejemplo, el abanico de fuentes es muchísimo más amplio: documentos públicos y privados, testimonios, fotografías, grabaciones sonoras, etc. Los historiadores suelen librar entre sí grandes batallas académicas a favor de unas fuentes con preferencia a otras. Tales discordias se complican, además, por la pugna a la hora de establecer los enfoques heurísticos adecuados. Esto suele hacerse para situarse a un nivel más o menos elevado en un imaginario pedestal de ‹‹cientificidad››. Para complicar las cosas, todo historiador tiene, bien sea implícita o explícitamente, una cierta teoría (lo que antaño solía denominarse ‹‹filosofía de la historia››) y escribe desde un retículo axiológico. Se une a ello, finalmente, la presencia más o menos intensa de lo que los franceses han denominado ‹‹usos sociales de la historia››. En las circunstancias presentes es difícil que un historiador se aburra.
Si del plano general descendemos a otro mucho más concreto, el de la contemporaneidad española, las pugnas no solo no disminuyen, sino que se acrecientan. De una u otra manera están relacionadas con dos fenómenos: la guerra civil y la subsiguiente dictadura.
Cómo abordar ambos ha dado origen a innumerables controversias. Hay quien favorece un enfoque de historia política, otros prefieren la historia social. Más recientemente se han añadido los que centran su atención en el género, las mentalidades o los ‹‹estudios culturales››.
La guerra civil destaca por la riqueza de perspectivas desde las cuales los historiadores han trabajado. Su caracterización como, ante todo, un fenómeno militar tiene hoy relativamente pocos seguidores. Es injusto, pues la guerra es, en sí, un choque de sociedades pero por medios esencialmente militares. Es más, para algunos autores parece irrelevante que la historia militar moderna tenga ya muy poco que ver con la descripción de campañas, batallas e incluso meros encontronazos (small arms single actions).
Con todo, subsisten en este período numerosas lagunas por rellenar y aspectos polémicos que desentrañar. El avance es, en mi opinión, función de dos vectores: el descubrimiento, en lo posible, de nueva EPRE y la aplicación a la ya existente de los enfoques analíticos más adecuados. Del primero puede afirmarse, sin dudarlo, que en el futuro será posible realizar nuevos avances: entre los archivos públicos españoles quedan muchos por explorar, bien porque todavía no se hayan investigado del todo, bien porque permanezcan inaccesibles. En los extranjeros, no se conoce aún muchísima documentación soviética e incluso británica. En ambos casos quedan por abordar los archivos privados o, mejor dicho, los que se mantienen en manos privadas. Baste con señalar los casos señeros de Franco y de Serrano Suñer.
La combinación de la historia con las ciencias sociales ha progresado en el campo de la guerra civil, incluido el ámbito militar, pero no lo suficiente. Las aplicaciones hasta ahora efectuadas desde la sociología, la sicología, la economía, la antropología, la ciencia política, la arqueología, entre otras, y los estudios culturales y forenses, han revelado facetas nuevas y hasta hace un par de decenios casi impensables.
Mi experiencia profesional me ha llevado a privilegiar el enfoque basado en procesos decisionales y combinarlo con un método particular. Ni uno ni otro son los más importantes ni los únicos, pero en un ámbito tan trillado como es la guerra civil siempre he creído que podrían abrir nuevas perspectivas. El método es el inductivo. Su justificación es simple: las decisiones quedan reflejadas, de una u otra manera, en documentos. Para descubrir nuevos aspectos hay que abordar la EPRE. Cuando son pocos, o ninguno, quienes la hayan manejado antes, es verosímil que, por inducción, pueda llegarse a nuevos conocimientos sobre un pasado que, por definición, es incognoscible e inabarcable en su totalidad.
Los documentos, naturalmente, no reflejan todo ese pasado. En el mejor de los casos iluminan una parte, con frecuencia, minúscula. Pero permiten abrir puertas a otras perspectivas.
Trataré de explicar lo que antecede con un ejemplo, uno de esos núcleos en torno al cual la discrepancia entre los historiadores españoles y extranjeros, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, es la más pronunciada: por qué estalló la guerra civil y, en consecuencia, sobre quiénes recae la responsabilidad de la misma. Son cuestiones esenciales de la historia contemporánea de España. Han dado origen a ríos de tinta. Las discusiones son incesantes. Continúan en la más rabiosa actualidad.
Desde mi primer trabajo histórico (La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid, Alianza, 1974) he tratado de encontrar alguna respuesta documentable siguiendo una metodología inductiva a partir de la EPRE relevante.
Fue esta EPRE la que me hizo descartar que en los preparativos de la sublevación pudiese figurar la Alemania nazi (algo que para la historiografía de corte comunista era entonces de creencia casi obligada). Fue nueva EPRE, obtenida en el cruce de documentos españoles (franquistas y republicanos), británicos, franceses, alemanes y rusos, muchos de ellos no publicados ni conocidos, la que me llevó a postular la gran importancia de los factores internacionales desde aquel momento fundacional del 17/18 de julio.
Fue novísima EPRE la que me permitió ligar la participación, con un perfil singular, del general Franco en la conspiración dirigida por Mola pero conectado en los momentos determinantes con las actuaciones de la trama civil. Entre ellas destaca la actuación intoxicadora de la embajada británica en Madrid con el fin de inducir, llegado el caso, la abstención del Reino Unido con respecto a una eventual intervención en los asuntos de España.
Como es sabido, la discusión entre historiadores ha revivido tras la reaparición de una corriente que imputa a los ‹‹desmanes›› (huelgas, movimientos sociales, proliferación de retóricas encendidas, atentados e incluso asesinatos) acaecidos en la primavera de 1936 la extensión a las derechas de un sentimiento de inseguridad y de renovada exclusión tan pronto como tuvieron lugar las elecciones de febrero, que dieron el triunfo a la coalición electoral del Frente Popular.
Aceptando a efectos meramente dialécticos que la experiencia republicana hasta entonces no tenía porqué desembocar en una guerra civil, la utilización de fuentes conocidas desde hacía muchos años me llevó a indagar acerca de si no existiría otra forma de abordar el tema, con EPRE relevante, aparte de la utilizada por Francisco Sánchez Pérez, Eduardo González Calleja, José Luis Ledesma, Julio Aróstegui y Francisco Espinosa entre muchos otros.
Podría no haberla encontrado. Pero la encontré. Su tenor incluso me sorprendió, pues superó con creces mis mayores expectativas. El 1º de julio de 1936 Pedro Sainz Rodríguez, monárquico convencido, alfonsino, diputado por el Bloque Nacional, calvosotelista de pro, firmó en Roma varios contratos con una empresa italiana ligada al Ministerio de Aeronaútica para obtener el compromiso de suministro de un gran número de aviones de tipo avanzado (cazas, bombarderos, hidroaviones) con su complemento de bombas, municiones, pertrechos y tripulaciones. Todos ellos se destinaban a España.
Esta nueva evidencia, de origen impecable e incontrovertible, permite sustentar una argumentación que se opone a las tesis que ponen el énfasis en la responsabilidad de las izquierdas por la guerra civil. Dado que los contratos son de un detalle extremado, y que Sainz Rodríguez, catedrático de bibliología de la Universidad Central, no era precisamente un experto ni en armamento ni en aviación, cabe establecer dos hipótesis: o bien aceptó lo que los italianos le pusieron por delante y se fió de su savoir faire o los contratos fueron el resultado de negociaciones entre la parte italiana y militares españoles por cuenta de los conspiradores. Personalmente tiendo más bien a favor de esta segunda hipótesis. ¿Cómo dejar a extranjeros una decisión clave para el futuro de la conspiración?
Ahora bien, desde el punto de vista de un mero golpe militar, estrictu senso, orientado hacia la sublevación de las guarniciones en ciertas ciudades y en la convergencia de las tropas victoriosas hacia Madrid, en el marco de una estrategia diseñada por Mola, es obvio que no se necesitaban cazas Fiat modernos o potentes bombarderos Savoia Marchetti. Por no hablar de hidroaviones. Sí se necesitaban, en cambio, para asegurar el éxito en una guerra que se presumía corta.
Es decir, los ‹‹contratos romanos›› nos obligan a desplazar la atención de las inculpaciones efectuadas tradicionalmente por los sostenedores de una derecha encrespada contra los supuestos proyectos revolucionarios del Frente Popular, más o menos inspirados por Moscú, hacia el sector sobre el cual recae la mayor responsabilidad por lo que iba a suceder: aparte de los militares levantiscos, sus apoyos políticos y sociales en Renovación Española o el Bloque Nacional, con José Calvo Sotelo (el ‹‹proto-mártir››) al frente. Fue bajo la responsabilidad de estos últimos, en efecto, que se negociaron los contratos. Que fuesen conocidos por el exrey Alfonso XIII no es descartable. Sí podemos pensar que él no intervendría directamente en la negociación.
La noción, además, de que en marzo de 1936 el banquero mallorquín Juan March otorgara a los conspiradores un crédito de medio millón de libras esterlinas a través de un banco londinense para adquirir a los italianos el material, permite pensar que ‹‹alguien›› debió poner en marcha los contactos para iniciar las negociaciones en Roma, bien en aquella fecha o incluso un poco antes. Podemos descartar que March lo hiciera a impulso propio.
Ese ‹‹alguien›› no está identificado, pero los candidatos no son demasiados: debería de figurar entre los generales Franco, Goded o Fanjul. De estos, los dos últimos ya estaban a favor de una sublevación en diciembre de 1935, cuando Gil Robles no alcanzó la presidencia del Gobierno ante la oposición del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. Habría que incluir también el asesoramiento del general Kindelán, exjefe de la aviación española, monárquico de pro y frecuente visitante de Roma. ¿Cómo no iban a consultarle en cuanto a la ideoneidad de los aparatos? En el círculo conocedor de esta veta de la conspiración figuraría posiblemente el general Orgaz (amigo de Sainz Rodríguez). Un papel todavía no conocido correspondería al ‹‹técnico››, teniente coronel Galarza, que enlazaba en Madrid todos los hilos de la conjura que impulsaba Mola.
Autor: Fran Pulido (cc)
Nada de lo que antecede está documentado todavía, pero por inducción, es verosímil que todos los nombrados, o su mayor parte, tuvieran algo que ver. La compenetración en la cúpula de la conspiración militar y de la trama civil hubo de ser intensa.
Los detalles todavía no conocidos importan obviamente, pero la nueva imagen que aparece a partir de esta EPRE es bastante clara:
- Si, tras la sustancial ayuda de March, las negociaciones no tardaron mucho en dar comienzo, es lógico que en los meses siguientes, de marzo a junio, los conspiradores concluyeran que era preciso crear la sensación de que España atravesaba un estado de necesidad. De aquí las proclamas sobre la inminencia de la revolución con el fin de ‹‹calentar›› a las fuerzas armadas y los catastróficos discursos en Cortes a los que se dedicaron Calvo Sotelo y Gil Robles.
- También explica la estimulación del pistolerismo, hasta el punto de que los monárquicos pronto se quedaron sin fondos para pagar a los ‹‹hombres de acción››, por lo que a mitad de junio Goiecoechea, número dos de Calvo Sotelo, se dirigió a Ciano en demanda de fondos. Esta evidencia la descubrió hace ya años Ismael Saz, pero pocos son quienes la han tenido en cuenta.
- Convenía exagerar en la prensa los indudables desórdenes urbanos y el número de víctimas mortales, como si ello fuese el resultado de un estado de anarquía. Eduardo González Calleja ha determinado que las víctimas fueron mayores en las filas de la izquierda. No se trató de una casualidad. Ni el gobierno ni las fuerzas de orden público se quedaron de brazos cruzados.
En paralelo, y en la sombra, continuó la intoxicación de los diplomáticos británicos, en Madrid y Londres, mientras Sanjurjo y Beigbeder intentaban vanamente conseguir armas en el Tercer Reich y los carlistas multiplicaban sus misiones en el extranjero, sin llegar a resultados tan contundentes como los monárquicos. En resumen, esta novísima EPRE y la aplicación del método inductivo permiten dar una respuesta coherente con la documentación hoy existente.
La anterior exposición, muy sumaria, no sería completa si, para el caso en cuestión, no se delimitara con precisión el juego de las condiciones necesarias y de las condiciones suficientes, algo que conviene delimitar con la mayor precisión posible.
Como cualquier estudioso de lógica sabe, las primeras son aquéllas que deben darse para que pueda tener lugar un fenómeno determinado. En el caso de los fenómenos sociales, tales condiciones son complejas y muy diversas. Así, por ejemplo, la sed de reformas económicas, sociales, políticas y culturales que España venía arrastrando desde la Restauración y que se agudizó durante la dictadura de Primo de Rivera, fue una condición necesaria para que desde las posiciones de poder económico, político y social tradicionales emanara una fuerte oposición a las mismas. Esta oposición, desarticulada en un principio con el imprevisto advenimiento de la República y que atravesó fases muy conocidas, terminó alimentando la sublevación de 1932, durante el período en el cual la conjunción republicano-socialista asumió con fuerza la responsabilidad de atender a reformas ineludibles. Tal oposición, mucho más estructurada y organizada, volvió a la carga después de las elecciones del Frente Popular.
La importancia de tales condiciones, que también suelen denominarse factores estructurales, ha sido muy enfatizada desde los primeros estudiosos que, sin seguir el canon que ya empezó a acuñarse en los albores de la dictadura franquista, trataron de explicar lo que no dejaban de ver como una anomalía. ¿Por qué hubo una guerra civil en España? Pionero entre ellos fue, naturalmente, Gerald Brenan.
Curiosamente, también los balbuceos oficiales de la explicación de la génesis de la guerra civil, los que hicieron los oficiales y jefes del Servicio Histórico Militar en los años cuarenta, se remontaron hasta el siglo XIX (a veces hasta el XVIII) para explicar la irrupción de la malhadada república como el último jalón de una evolución secular de decadencia promovida por la ‹‹anti-España››.
En mi opinión, tales factores no tenían por qué conducir necesariamente al estallido de 1936. Hoy se admite por lo general que si no se hubieran producido ciertos hechos en el período que va hasta las elecciones del Frente Popular, la evolución ulterior hubiese podido ser diferente.
Sin ánimo exhaustivo alguno cabe mencionar la arbitraria destitución de Manuel Azaña como Presidente del Gobierno en 1933, que abrió la puerta a nuevas elecciones que no ganaron los republicanos burgueses y socialistas al concurrir desunidos a los comicios; o el no nombramiento de Gil Robles como Presidente del Gobierno en diciembre de 1935; o si el presidente que convocó las elecciones de febrero de 1936, Portela Valladares, hubiese aceptado la declaración del estado de guerra que le pidieron los militares (entre ellos Franco) y anulado el resultado. Es difícil pensar que la izquierda hubiese tenido en aquellos momentos la capacidad de montar una oposición efectiva. The road not taken, como gustan de caracterizar tales alternativas los autores anglosajones, indujo por el contrario la evolución que realmente tuvo lugar.
Ahora bien, lo que determinó la sublevación de julio de 1936 fueron ciertas condiciones suficientes, es decir, aquel tipo de condiciones que cuando se producen conducen a un cierto resultado y no a otro. En la primavera de 1936 sobresalen dos: la ineficacia del gobierno en cortar la conspiración, algo sobradamente conocido pero no siempre bien explicado, y la consecución por parte de los conspiradores de abundante material bélico moderno, inexistente en España, y apto para una guerra corta.
El juego de condiciones necesarias y suficientes llevó a la sublevación casi irremisiblemente. ¿Cómo hubiese podido el gobierno cortar la comprometida ayuda italiana de la que no tenía la menor noticia?
El 17/18 de julio no dio paso de por sí a la guerra civil propiamente dicha. Abrió la puerta a una serie de campañas rápidas y exitosas de los sublevados (apoyados por la intervención fascista, predeterminada, y por la nazi, decidida por Hitler autónomamente el 25 de julio). Se vieron respaldadas, además, por la escisión/hundimiento de las fuerzas armadas y de seguridad, y por la imposición de la no-intervención contra el gobierno.
Como agudamente vio Azaña en septiembre, para entonces la República tenía perdida la partida. Y probablemente así hubiese ocurrido si en octubre de 1936 no hubiera empezado a llegar abundante ayuda material y personal soviética. Los aviadores rusos aportaron, en particular, una contribución inestimable, porque la aviación republicana, puramente española, había dejado prácticamente de existir. El apoyo político, diplomático, personal y material de la URSS creó una nueva situación. La guéguerre de los primeros meses se convirtió en cruenta guerra civil.
Esto no es lo que tradicionalmente se ha dicho y repetido, sobre todo por quienes mantuvieron casi cuarenta años los archivos cerrados y una censura de guerra durante más de la mitad y acuñaron un canon lógico y cerrado en sí mismo, pero incontrastable.
Naturalmente puedo estar equivocado, pero esto es lo que he desprendido de una EPRE que no se basa en epifenómenos, en discursos políticos o en factores culturales. Todos ellos desempeñarían, ¡qué duda cabe!, un papel más o menos importante a lo largo de la contienda. No sirven para dilucidar del todo la cuestión de las responsabilidades por la mayor catástrofe acaecida en la historia contemporánea de España.
Por lo demás, y aun aceptando de nuevo a efectos dialécticos que la primavera de 1936 hubiese sido tan desastrosa como se ha descrito y se describe en la literatura pro o parafranquista, ¿justifica el comienzo de la conspiración en febrero/marzo de 1936 y la voluntad de ir a una guerra que, por pequeña que hubiese sido, habría producido más víctimas que varias primaveras de aquel presunto porte juntas? Por no hablar de las que efectivamente se produjeron. Un bache demográfico como no había ocurrido hasta entonces en España.
Esta es la cuestión que convenía, y conviene, oscurecer, porque arroja negros nubarrones sobre la ‹‹legitimidad›› de origen del orgulloso ‹‹régimen del 18 de julio››, que no dudó en presentar argumentos espurios para justificar la sublevación y que ignora todavía un amplio sector de la literatura. Quizá porque es algo que un sector de la derecha española es incapaz, todavía hoy, de aceptar.
