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Publicado: 21 de noviembre 2014 07:48 AM PST
Juez Buenos Aires María Servini de Cubría invoca 'jurisdicción universal' para tratar de abusos contra los derechos graves cometidos por el régimen.
Un juez argentino ha abierto viejas heridas de la dictadura de España al ordenar algunos de los ex ministros del general Franco para enfrentar a la justicia por presuntos asesinatos. Grupos que luchan por la justicia para las personas torturadas y asesinadas bajo Francisco Franco aplaudieron la medida "histórica" para exigir la extradición de 20 funcionarios españoles entre ellos varios ex ministros.
También han acogido mueve a investigar las denuncias de que cientos de miles de bebés fueron robados de izquierdas y no casadas madres durante la dictadura.
Juez de Buenos Aires, María Servini de Cubría, dictó la detención y extradición invocando órdenes de "jurisdicción universal", una doctrina legal que autoriza a los jueces a tratar los abusos de derechos graves cometidos en otros países.
Uno de los abogados de los demandantes, Carlos Slepoy , dijo que era la primera vez que los ex ministros del régimen fueron blanco de jurisdicción universal.
"Es histórico", dijo María Arcenegui Siemens, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que apoya a las víctimas de la guerra civil de 1936-1939 España y la consiguiente 36 años de dictadura. "Es un gran día."
Las dos personas más importantes dirigidos por Servini son Rodolfo Martín Villa, de 79 años, quien era un alto funcionario en el régimen de Franco y más tarde ministro del Interior justo después de la muerte del dictador, y José Utrera Molina, de 86 años, quien fue ministro de la vivienda durante el franquismo.
Villa está acusado de ordenar una redada policial en los trabajadores que protestaban se refugian en una iglesia que dejó cinco muertos en 1976.
Utrera está acusado de ser uno de los funcionarios que en 1974 firmaron la orden de ejecución de Salvador Puig Antich, un anarquista catalán acusado de matar a un policía.
Utrera es el padre-en-ley del ex ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz Gallardón, quien renunció en septiembre sobre un asunto no relacionado. Gallardón ha dicho varias veces que él admira Utrera, que aún elogia el régimen de Franco .
Servini emitió una solicitud para transfronteriza agencia policial Interpol para exigir autoridades españolas llevan a cabo la "detención preventiva con fines de extradición" de los sospechosos.
Dos años después de la muerte de Franco en 1975, los líderes españoles firmaron un acuerdo de amnistía visto como esencial para evitar una espiral de ajustes de cuentas, ya que trató de unir al país y conducirlo a la democracia.
"La democracia regresó durante la noche ... pero nada fue purgado", dijo Arcenegui.
Autoridades españolas todavía invocan la ley de amnistía, al negarse a investigar las supuestas atrocidades de la época de Franco, a pesar de las demandas de las Naciones Unidas que ser desechado.
Servini año pasado emitió órdenes de dos ex policías acusados de torturas, pero los tribunales españoles se negó a extraditarlos.
Fue sin embargo significativo que se hicieron a los dos hombres a comparecer ante el tribunal para una audiencia de extradición, dijo Arcenegui.
Los warrants son parte de una investigación iniciada por Servini en 2010 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio.
También tocan en otro de los abusos de la era de Franco - los "bebés robados" .Entre los demás destinatarios de la última orden de Servini es un médico acusado de recibir un bebé recién nacido de su madre en 1967 y de decirle a la mujer que el niño había sido nacido muerto.
Grupos de la campaña dicen que cientos de miles de bebés de los opositores al régimen o parejas de hecho se los llevaron al nacer y se les da a las familias adoptivas. Un puñado se han reunido con sus padres biológicos en los últimos años.
Más de 2.000 casos se han registrado en los tribunales españoles, aunque muchos se han topado con obstáculos burocráticos, con los hospitales diciendo que cesen en los registros.
Los activistas también quieren tribunales para investigar la desaparición de decenas de miles de personas durante la guerra civil y la dictadura.
El reconocido juez Baltasar Garzón fue juzgado en 2012 por tratar de investigar esas desapariciones.
El Tribunal Supremo lo absolvió de los cargos de abuso de autoridad, pero juzgó que su intento de investigar fue "un error" y no fue autorizada por la ley española.
Último movimiento de Servini "pone el problema de la impunidad de los franquistas volver a la intemperie", uno de los demandantes en el caso de ser investigados por Servini, José Galante, dijo a la televisión española. "Este día ofrece la esperanza de que esos criminales serán juzgados en Argentina e incluso en nuestro país."
Slepoy añadió: "Estamos convencidos, al igual que muchos jueces y fiscales en España, que estos asuntos deben ser investigados. "
Dijo que ahora corresponde al Gobierno español para transmitir la orden de detención a los tribunales para que se notifiquen a los sospechosos. "Si el gobierno impide que, será muy obvio que están protegiendo a ciertas personas", dijo.
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dissabte, 22 de novembre del 2014
Violadores de los derechos humanos en la era de Franco España podrían ser juzgados en Argentina
Comienza excavación arqueológica manual en la zona donde podría yacer Lorca
http://www.publico.es/politica/557792/comienza-excavacion-arqueologica-manual-en-la-zona-donde-podria-yacer-lorca
El proyecto parte de las investigaciones científicas y documentales de Miguel Caballero, quien también se basa en testimonios del periodista y escritor granadino Eduardo Molina Fajardo. La iniciativa ha sido promovida de oficio por la administración autonómica.
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Una decena de especialistas, coordinados por el arqueólogoJavier Navarro, ha comenzado este sábado en el entorno del Peñón del Colorado, en el término municipal de Alfacar (Granada), la excavación manual de los terrenos donde el investigador Miguel Caballero sitúa la posible fosa de Federico García Lorca.
Desde primera hora de esta mañana los arqueólogos han iniciado los trabajos manuales en este paraje situado cerca de la carretera que une Víznar y Alfacar, a unos 500 metros de la zona en la que la Junta de Andalucía ya intervino en 2009 sin éxito.
La intervención se enmarca en las labores de localización y delimitación de fosas de víctimas de la Guerra Civil impulsadas por la dirección general de Memoria Democrática de la administración autonómica.
El inicio de las excavaciones a mano ha podido comenzar este sábado después de que la víspera concluyera su tarea la pala excavadora, perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que desde el martes retiraba tierra.
Esa tarea con maquinaria permitió localizar una zona de "tierra oscura y húmeda" que coincidiría con las señales detectadas previamente por el georradar, según Navarro.
Esa anomalía en el terreno podría corresponderse con el pozo que los investigadores tratan de localizar como posible enterramiento común, si bien será el trabajo manual el que determine los resultados definitivos.
Navarro ha explicado hoy que, hasta el mediodía, no habían llegado a la zona señalada por el georradar y que al menos inicialmente las tareas se han complicado ante el endurecimiento que presenta la superficie.
El equipo de especialistas prevé continuar con sus tareas manuales al menos hasta mañana y no descarta que el próximo lunes tenga que volver la pala excavadora para rebajar aun más el terreno.
El proyecto parte de las investigaciones científicas y documentales de Miguel Caballero, quien también se basa en testimonios del periodista y escritor granadino Eduardo Molina Fajardo (1914-1979) para situar en ese entorno el posible enterramiento de García Lorca, junto a al menos otras tres personas.
Aunque desde la dirección general de Memoria Democrática han aclarado que la iniciativa, promovida de oficio por la administración autonómica, no está centrada en Federico García Lorca, han reconocido que en el proyecto inicial Caballero sí hace referencia expresa al poeta de Fuente Vaqueros.
En cualquier caso, si en los sondeos arqueológicos se encontraran finalmente restos óseos, esos hallazgos serán denunciados ante los tribunales de justicia para que puedan decidir al respecto. divendres, 21 de novembre del 2014
La impunidad que no cesa. Jacinto Lara - Ana Messuti - Carlos Slepoy Abogados de la querella argentina contra los crímenes del franquismo
http://www.publico.es/557489/la-impunidad-que-no-cesa
Jacinto Lara - Ana Messuti - Carlos Slepoy
Abogados de la querella argentina contra los crímenes del franquismo
El ministro de Justicia Rafael Catalá y el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz faltan a la verdad, incumplen la ley y protegen a los responsables franquistas acusados de crímenes de lesa humanidad. Anteayer, miércoles 19 de noviembre, el diputado del PNV Emilio Olabarría preguntó en el Congreso de los Diputados al Ministro de Justicia Rafael Catalá sobre las razones de la negativa del gobierno a dar curso a la solicitud de detención preventiva de las 19 personas acusadas por su responsabilidad en crímenes contra la humanidad durante el franquismo, formulada por la justicia argentina en el marco de un proceso de extradición.
Abogados de la querella argentina contra los crímenes del franquismo
El ministro de Justicia Rafael Catalá y el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz faltan a la verdad, incumplen la ley y protegen a los responsables franquistas acusados de crímenes de lesa humanidad. Anteayer, miércoles 19 de noviembre, el diputado del PNV Emilio Olabarría preguntó en el Congreso de los Diputados al Ministro de Justicia Rafael Catalá sobre las razones de la negativa del gobierno a dar curso a la solicitud de detención preventiva de las 19 personas acusadas por su responsabilidad en crímenes contra la humanidad durante el franquismo, formulada por la justicia argentina en el marco de un proceso de extradición.
Desviando el sentido de la pregunta, y faltando conscientemente a la verdad, el Ministro afirmó que la Secretaría General de Interpol había tomado la decisión de rechazar las órdenes de detención libradas por el Juzgado argentino. Agregó, además, que dicha Secretaría General había opinado que los pedidos de detención eran de índole política.
En una sola contestación muchas omisiones deliberadas y mentiras explícitas.
En primer lugar, la pregunta del Sr. Olabarría no se refería a las órdenes internacionales de detención, sino a las que Interpol Argentina comunicó a Interpol España a efectos de que los imputados sean detenidos en España. Es decir, nada tenía que resolver la Secretaría General de Interpol acerca de un pedido formulado directamente a las autoridades españolas para ser ejecutado aquí.
Con tal subterfugio el Ministro de Justicia omitió responder sobre cuál fue la razón por la que los requeridos no fueron detenidos en el término de 24 horas desde que fue notificada la solicitud, y puestos a disposición del Juez Central de Instrucción en funciones de guardia, como disponen clara y taxativamente la Ley española de Extradición Pasiva y el Tratado de Extradición entre Argentina y España.
Sobre este asunto también se pronunció el Ministro del Interior hace unos días, pero diciendo que las órdenes de detención no existían y que la justicia argentina solamente había solicitado datos de filiación de los requeridos. Dijo esto sin rubor alguno y a pesar de que distintos periódicos publicaron un facsímil de la nota de Interpol Argentina en la que claramente se pide a Interpol España que se proceda a la detención de los imputados.
Para mayor asombro y desconcierto afirmó luego que se había dado traslado de los pedidos de detención a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que carece de competencia en este trámite. Es decir, y en un mismo acto: falsedad, contradicción e incumplimiento flagrante de la ley.
Es claro por consiguiente que fue el Ministro del Interior español quien dispuso que los requeridos no fueran detenidos y no la Secretaría General de Interpol, que no tiene competencia alguna al respecto.
Por otro lado. En el año 2010, la Asamblea General de Interpol dictó una Resolución - infausta por cierto y cuya motivación no es difícil imaginar, pero esto es materia de otro artículo - por la que dispuso que en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no cursaría las órdenes internacionales de detención libradas por los tribunales de justicia de un Estado miembro de Interpol, si se referían a un nacional de otro Estado miembro y este Estado, en el plazo de 30 días desde la notificación de la orden, protestaba contra el pedido de detención de su nacional.
Si el gobierno español se amparó en esta resolución como parece deprenderse de los dichos del Ministro de Justicia, es que pretende proteger, también internacionalmente, a los funcionarios franquistas requeridos por la justicia argentina.
Pretensión vana de impunidad planetaria. Desde luego, una orden internacional de detención emitida por Interpol facilitaría la actuación de la justicia ya que permitiría la aprehensión de los imputados en cualquier parte del mundo en cuanto traspasaran las fronteras españolas. Pero ello no obsta para que, a petición directa del juzgado argentino, puedan ser detenidos en el lugar en que se encuentren si su presencia es detectada y denunciada. Así ocurrió con Pinochet.
Surgen inevitables las preguntas ante tanto desafuero, tanta arbitrariedad y tanta injusticia:
¿Es éste el mismo país que fue admirado internacionalmente hasta hace poco tiempo porque su administración de justicia fue pionera en la persecución de responsables de crímenes contra la humanidad?
¿Sería imaginable por ejemplo que las autoridades alemanas protegieran a criminales nazis, se negaran a detenerlos, dijeran que son razones políticas y no jurídicas las que determinan su imputación y persecución judicial?
¿Se merecen este trato la sociedad española en general y las víctimas del franquismo en particular?
¿Finalizará algún día la impunidad que, respecto a los citados crímenes, practica y promueve el Estado español?
Utrera Molina usa la Fundación Franco para amenazar con denuncias a las víctimas del franquismo
http://www.eldiario.es/sociedad/Utrera-Molina-Fundacion-Franco-franquismo_0_325818089.html
El exministro franquista y suegro de Alberto Ruiz Gallardón lanza un comunicado en el que dice que nunca cometió "delito alguno" y que su "imputación" por crímenes de lesa humanidad supone "un atentado" contra su honor
Para José Utrera Molina, la Querella Argentina es "una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal"
Los querellantes, por su parte, subrayan la "significativa plataforma" que usa el expolítico e insisten en la detención y extradición de los 20 imputados por la justicia argentina
MÁS INFO
El exministro franquista José Utrera Molina amenaza con denunciar a las víctimas de la dictadura. En una nota de prensa, emitida por el suegro del también exministro Alberto Ruiz Gallardón a través de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Utrera Molina dice que nunca cometió "delito alguno" y que la "imputación de supuestos crímenes" en el marco de la Querella Argentina suponen "una calumnia y un atentado" contra su honor.
"En relación con las noticias publicadas relativas a mis responsabilidades como ministro durante el Régimen anterior, y en defensa de mi honor", arranca el comunicado. En tres puntos, Utrera Molina enumera cómo su "condición de ministro y el ejercicio de las responsabilidades propias de dicho cargo" no constituyen "ni en España, en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno".
Utrera Molina ha sido imputado por la jueza argentina María Servini de Cubría porque fue el encargado de firmar la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich. Se le imputa un delito de asesinato, con el agravante de haber sido premeditado y ejecutado entre varias personas, lo que le podría acarrear una pena de prisión perpetua.
"La supuesta acción judicial instada desde la judicatura argentina contra mí y otros miembros del gobierno de la nación, no puede ser considerada como tal", continúa. Así, el exministro entiende las denuncias por crímenes de lesa humanidad "una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal, por carecer de fundamento legal alguno".
El texto difundido desde la fundación que, según sus estatutos, tiene como "objetivo prioritario la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco", finaliza con la amenaza de denuncias a las víctimas del franquismo que le acusan. "La imputación de supuestos crímenes o delitos derivados del cumplimiento de mis responsabilidades políticas es una calumnia y un atentado contra mi honor, y no descarto ejercer las acciones judiciales pertinentes en mi defensa", reza la nota que firma José Utrera Molina.
Las víctimas insisten: detención y extradición
Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) subrayan "la muy significativa plataforma desde la cual el exministro franquista imputado" lanza el comunicado: la Fundación Franco. Una actitud, la de Utrera Molina, que difiere de la adoptada por Rodolfo Martín Villa, otra de las 20 personas para las que la sección argentina de Interpol solicita a las autoridades españolas su detención preventiva con fines de extradición.
Martín Villa, político y ministro durante la dictadura, negó también cualquier implicación en crímenes del franquismo y aseguró, tras la negativa del Gobierno de entregar a los acusados, que no piensa "esconderse". Pedirá declarar ante la magistrada argentina que cursa la investigación desde el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría, sostuvo, y "si hay cauce" ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este asunto.
Las víctimas de crímenes durante la dictadura, sin embargo, insisten en la petición extraditoria cursada en la Querella Argentina. "El Gobierno español no sólo ha mentido y facilitado informaciones confusas sino que además tampoco ha adoptado las medidas requeridas por las autoridades judiciales y policiales argentinas", según CeAQUA.
Por ejemplo, en el caso de la "errónea información emitida" por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que refería solo entrega de datos filiatorios, o delministro de Justicia, Rafael Catalá, que señaló que España denegará la entrega a Argentina de los últimos 20 imputados al ampararse en la Ley de Amnistía de 1977 y en la prescripción de los delitos.
Los querellantes alertan que Interpol Argentina cursó "comunicación muy urgente a Interpol Madrid" el pasado 4 de noviembre en el marco de la causa penal 4591/2010 "seguida por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo". Esto supone "que los imputados y requeridos deben ser inmediatamente detenidos" para recibir "declaración indagatoria" ante la justicia argentina. Hasta el momento, las autoridades españolas no han atendido este pedido ni el de facilitar los datos de identificación personal conocidos de los
Instituto-Memorial de Víctimas y de la Democracia
http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Instituto-Memorial-Victimas-Democracia_6_325877418.html
Empezaré por el final: quizás el Gobierno Vasco –su flamante Secretaría General para la Paz y la Convivencia- cuente ya sin saberlo con un documento adecuado para desarrollar políticas públicas en la delicada cuestión del terrorismo y de sus víctimas. Le basta con fotocopiar el que presentó hace unas pocas semanas bajo el título de 'Programa base de prioridades 2015-1016 en materia de memoria histórica' y sustituir franquismo por terrorismo, y víctimas del franquismo por víctimas del terrorismo. Si lo hace así, tendrá dos buenos documentos para encarar sendos asuntos. No en vano, siempre he sostenido que el tema de la guerra civil y el franquismo y sus víctimas, y el del terrorismo y las suyas, deberían acabar teniendo al final exactamente el mismo tratamiento, y que solo la diferencia de tiempo –el terrorismo es aún “memoria viva”; más si cabe que el franquismo- los distinguen hoy en cuanto a terapias. Pero, al final, todo viene a ser una misma cosa, todo viene a tener una similar historia.
Y lo cuenta bien el documento gubernamental. El franquismo –insisto, cámbiese en esta paralela versión por terrorismo- surgió de la voluntad de unos alzados que eligieron la violencia para imponer su proyecto político totalitario a toda la sociedad. Esta fue víctima doble de los resultados del provisional éxito de los victimarios: generaron víctimas de todo tipo por aplicación de su violencia y anularon importantes parcelas de libertad ciudadana. Asimismo, por diferentes medios minoraron –en algunos casos hasta anularlo o demorarlo largamente en el tiempo- el reconocimiento y recuerdo social de las víctimas que produjeron. La restitución de esos perjuicios producidos pasaría de nuevo también por ese reconocimiento a posteriori que se impidió antes, por la visibilización social de las víctimas y por su protagonismo en labores de pedagogía democrática que hagan hincapié, precisamente, en aquello que los violentos arrebataron en todo o en parte: la vida y la libertad.
En esa línea, la Administración está para acompañar y estimular las iniciativas sociales ciudadanas, evitando un abstencionismo que en los dos casos presentes resultaría cómplice de la injusticia. La memoria, en ese sentido, resulta esencial porque sin memoria no hay víctimas y, sin víctimas, ¿de qué estamos hablando? La historia, quizás –un término que no aparece ni una sola vez en un documento de 34 páginas; sí, por supuesto, el acertijo “memoria histórica”-, es lo único que se echa en falta, pues son los historiadores los llamados a proporcionar conocimiento verificado o plausible, conforme lo permitan las fuentes, de lo ocurrido en ese tiempo pasado. No se cita la disciplina ni tampoco a sus practicantes, pero se habla de investigación y de archivos y de una comisión para redactar un informe de lo ocurrido años atrás, y quizás algo tengan que ver profesionales como ellos que no se dedican a otra cosa que a esa; o mejor, que son los únicos que mediante el desempeño de su profesión pueden llegar al conocimiento de los arcanos que el documento señala. Hay que pensar, sin duda, que se trata de un olvido. Seguro.
Interesan los principios que guían el documento: éticos, políticos y democráticos. En este caso, otra vez, han acertado de lleno. Se acabó aquello de quedarse en las consideraciones de orden moral: teniendo su importancia extraordinaria (por primarias, básicas, indiscutibles), las razones éticas obligan inmediatamente a abordar la cuestión desde el prisma de la reparación de las bases políticas y democráticas que la violencia de intenciones políticas quebró. Y el compromiso de la Administración que se afirma en este punto, a favor de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y finalmente la convivencia resulta esperanzador: aplicado también al terrorismo y sus víctimas, igual que al franquismo y las suyas, es un camino reconocible y acertado.
Se lía el documento un tanto en lo referido a la misión, algo esencial. Dice que el objeto es “impulsar y reforzar la conciliación de la convivencia”, algo que resulta semánticamente cacofónico, por reiterado. Pero interesa más otra cuestión: aplicado al terrorismo, como propongo, no tiene falla porque la reconciliación social y una plaza pública en la que quepamos todos, en tanto que espacio democrático y tolerante, resultan objetivos estimulantes. Y es así porque ha habido dos sociedades (o dos trozos de sociedad: una, minoritaria, que lo alentó, y otra que lo sufrió).
El problema lo tiene el documento en la versión original referida solo a la guerra civil, el franquismo y sus víctimas, toda vez que al haber obviado en 34 páginas que hubo una sociedad vasca que alentó desde lo civil el golpe militar de julio de 1936, que contribuyó a ella con miles de voluntarios y que luego sostuvo con su participación inequívoca cuarenta años de dictadura, desde las alturas de los ministerios hasta las alcaldías de aldea, no se sabe muy bien con quién tiene que “conciliar la convivencia” la ciudadanía vasca que nunca se movió de los criterios de democracia y de respeto al poder legítimo, el de la República Española. Esa parte se tiene que enmendar en el documento inicial, que vamos a llamar Documento 1 (para la guerra civil, el franquismo y sus víctimas).
Y al final, los objetivos: las víctimas y la memoria. Perfecto. Y las prioridades: el derecho a que se conozca la verdad de lo ocurrido en todos los episodios de violencia que se han sufrido aquí desde el 18 de julio de 1936 hasta el 20 de octubre de 2011; el derecho a la justicia que tienen las víctimas (y la sociedad, indirectamente), y ante el que no parará en mientes la Administración; la reparación, mediante dinámicas políticas públicas de memoria; y, finalmente, muy importante, la garantía de no repetición, mediante una política de conocimiento, de reconocimiento de los valores democráticos que representaban las víctimas cuando la violencia las convirtió en tales y de defensa del Estado de derecho como principal garantía de que lo ocurrido no vuelva a pasar. Y de cómo la pedagogía y el desarrollo de una memoria crítica y democrática son los mejores instrumentos para que la ciudadanía impida con su acción una hipotética y futura repetición del mal. Lo dice así… por fin.
El Gobierno Vasco –su flamante Secretaría General para la Paz y la Convivencia- ha encontrado la mejor definición de objetivos y de hoja de ruta para desarrollar en el Memorial de Víctimas del Terrorismo. No debería ser egoísta y quedarse con el documento solo para su aplicación en el Instituto de la Memoria y la Convivencia. Cuando uno ha encontrado la piedra filosofal, ha de ser generoso
Teodora, Modesta, Josefa, Amadora, Felipa, Mariana, Dominica, Bernabela…
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/teodora-modesta-josefa-amadora-felipa-dominica-mariana-bernabela/
Amadora Domínguez, una de las '17 rosas de Zufre'.
Entre las diez y las doce de la mañana del 4 de noviembre de 1937, las hoy conocidas como 17 rosas del pueblo onubense de Zufre murieron fusiladas en las tapias del cementerio de su pueblo vecino, Higuera de la Sierra. Nadie imaginó que aquella salida de la cárcel hacia la comandancia de la Guardia de Aracena les podía a costar tan cruelmente la vida.
La fosa de las mujeres de Zufre no ha sido aún localizada ni sus cuerpos exhumados, aunque muchos lugareños la sitúan en unos jardines con una cruz a la entrada del cementerio de Higuera de la Sierra. Tampoco los que aún quedan con memoria olvidan las historias de aquellas vecinas inocentes que encontraron la muerte al subirse a un camión. Diego A Velázquez, periodista y autor del blog ‘Matanza en Higuera’, ha descrito con detalle todo lo acontecido en aquella trágica mañana. “Algunos de los que estaban allí confesaron que, cada vez que el guardia cogía aire para leer el siguiente nombre en la lista, podían escucharse los latidos del corazón en el espesísimo silencio. El trance duró lo que tardó el guardia en leer la lista y añadir: “!Vienen ustedes a declarar a Aracena!” destaca en una de las entradas.
LA COLUMNA MORTAL
En una columna de tristeza y desconcierto aquellas mujeres desfilaron lentamente sin querer pensar cuál sería su desenlace, cómo transcurrirían aquellos últimos momentos. A las siete de la tarde, paró un camión cargado de mujeres en el llano situado frente al bar”, cuenta Rosario, vecina de Higuera de la Sierra que presenció el episodio.
Santiago González, concejal de cultura del Ayuntamiento de Zufre, señala que “muchas bajaron a golpe de fusil muertas de miedo” y al llegar al estrecho camino que lo separaba de la cancela del cementerio, comenzó la más absoluta humillación. “En la entrada les cortaron el pelo, las purgaron con aceite de ricino, las desnudaron a la mayoría de ellas y es probable que violaran a dos según relatan los testimonios. Más tarden las fusilaron”. La crueldad de aquellos hechos llevó incluso a la “Junta Rectora franquista que mandaba en Zufre a una llamada de atención a los guardias que habían perpetrado aquellos hechos”, apunta González.
El concejal de Zufre señala que las causas del encarcelamiento de “estas mujeres no estaban relacionadas en ningún caso con un delito grave”, ya que la “sola pertenencia al sindicato de UGT o su parentesco con algún republicano las llevó a ser recluidas en prisión”, sin imaginar que aquel trance podía tener tan fatal desenlace.
TODOS LOS NOMBRES
Francisco Espinosa conoce al detalle los nombres y edades de todas ellas tras la investigación realizada en el Libro ‘La represión en la provincia de Huelva’. Teodora Garzón Núñez, 46 años, casada; Remedios Gil Cortés, 58 años; Modesta Huerta Santos, 30 años y militante de UGT, viuda; Josefa Labrador Arroyo, 40 años, casada; Elena Ramos Navarro, 55 años y militante de UGT; Bernabela Rodríguez Ruiz, 39 años, casada; Dominica Rodríguez Ruiz, 39 años, viuda; Felipa Rufo Alcaide, 40 años, casada; Amadora Sánchez González, 53, casada; Mariana Sánchez Vázquez, 51 años, militante de UGT y ávida lectora, casada; Antonia Padilla Blanco, 51 años; Encarnación Méndez Díaz, (UGT) 56 años, de 48 aós, Faustina Ventura Sánchez de 62 años; Amadora Domínguez Labrador, militante de UGT; Carlota Garzón Muñoz de 47 años; y Alejandra Garzón Acemel, de 62 años.
Del aquel total, solo siete de ellas, según destaca Espinosa, “fueron inscritas en el Registro Civil en 1937 y de las otras no se informó hasta los años 80”. En ninguno de sus expedientes se explicita que les estuviera aplicando el bando de guerra, ya que murieron antes de pasar a prestar declaración en la Comandancia de Aracena y ninguna de sus defunciones fue registrada dentro del plazo legal.
En los expedientes encontrados por Espinosa las profesiones de las mujeres, eran en todos los casos el de ama de casa, especificando en el informe “sus labores”. Además se especifica como causa de muerte“anemia aguda” aunque en los informes de los 80 ya pone “aplicación del Bando de Guerra”.
González apunta que desde el ayuntamiento de Zufre hay un “episodio pendiente con estas mujeres y harán todo lo posible por conocer su verdad para rendirles el homenaje que se merecen”.
Una víctima de Franco recurre a la vía civil para recuperar a sus familiares del Valle de los Caídos
http://www.publico.es/politica/557254/una-victima-de-franco-recurre-a-la-via-civil-para-recuperar-a-sus-familiares-del-valle-de-los-caidos
El auto que resolvió las dudas planteadas por Garzón en el caso de las fosas del franquismo podría ser una de las claves que permitan exhumar en la fosa más grande de España
Purificación Lapeña acumula dos años de fracasos judiciales. En el caso por el que trata de recuperar del Valle de los Caídoslos restos de su abuelo, Manuel Lapeña Altabás, y de su tío abuelo, Antonio Ramiro, —trasladados allí en 1959 sin consentimiento familiar— ha visto cómo se le cerraban las puertas del juzgado de instrucción, de la Audiencia Provincial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Pero no desiste, y el siguiente paso que alega su defensa es el de reclamar por la vía civil laexhumación de sus familiares en el recinto de Cuelgamuros.
Se trata de la primera vez que una víctima del franquismo argumenta este cauce para presentar una demanda de esta tipología. Y una de las claves para hacer efectivo el recurso que Lapeña, junto con su abogado Eduardo Ranz, presenta este jueves, 20 de noviembre, en el juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial la aporta el auto del Tribunal Supremo que resolvió la cuestión de competencia respecto al caso de las fosas del franquismo abierto por Baltasar Garzón. Dicho auto fue publicado en marzo de 2012, justo después de la inhabilitación del juez de la Audiencia por el caso de las escuchas de la trama Gürtel —por la causa del franquismo quedó absuelto—.
El texto resolvió que la competencia para investigar y abrir diligencias en el caso de las fosas de Franco correspondía a los juzgados territoriales a los que perteneciera cada enterramiento, cerrando la vía a la investigación penal relacionada con estos crímenes. Asimismo, el auto del Supremo menciona la vía contencioso - administrativa y la vía civil e hizo referencia a los casos de la fosa del poeta Federico García Lorca en Granada y al Valle de los Caídos.
"El cauce penal lo hemos agotado completamente: el caso de Purificación nació jurídicamente en el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial, fue desestimado y recurrido después ante la Audiencia Provincial, que lo archivó", enumera Ranz sobre un periplo judicial que continuó en el Constitucional, con una inadmisión por "cuestiones formales" y en contra del informe positivo del fiscal Miranda, y en el TEDH Estrasburgo,donde fue inadmitido por tres motivos falsos.
"La vía contencioso-administrativa tiene el problema de abonar tasa judicial, así como un riesgo importante de condena de las costas del abogado del Estado que represente a España", puntualiza el letrado de Lapeña. "Y la vía Civil es la que vamos a arrancar este jueves en San Lorenzo de El Escorial", concluye Ranz sobre el cauce escogido.
‘Perpetua memoria' y Pacto Internacional de Derechos Civiles
Otra de las claves de esta nueva demanda en el caso Lapeña se contempla en las tesis de la información a perpetua memoria, recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para casos de "reconocida importancia" e incluida también en la doctrina del Supremo de marzo de 2012. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en abril de 1977, sustenta otro de los argumentos jurídicos, en este caso "a efectos de garantizar el proceso y el derecho a ser oído ante un Tribunal que determine los derechos de carácter civil", aclara Ranz.
Es la primera vez que una víctima del franquismo utiliza este cauce para estas demandas
Asimismo, la defensa invoca la declaración sobre principios fundamentales de justicia para víctimas de delitos y de abuso de poder, establecida por Naciones Unidas en 1985. Dicho criterio defiende la restitución a las víctimas y a sus allegados, "compensando el daño sufrido, no necesariamente un daño económico, sino moral, que las víctimas arrastran desde hace décadas", según el texto de la demanda al que ha tenido acceso Público. "En el caso que nos ocupa, es innegable que los familiares de Manuel y Ramiro no han tenido la oportunidad de ser compensados por el daño sufrido".
Con estos alegatos, la demandante busca lograr una orden de entrega de los restos de su abuelo y de su tío y la "debida inscripción ante el Registro Civil". Para las labores de exhumación, la demanda solicita que se realicen con el auxilio del Instituto nacional de Toxicología, clínicas forenses o personal técnico de los cuerpos de seguridad o universidades que puedan aportar "informes periciales".
Manuel Lapeña fue detenido a las afueras de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) el 27 de julio de 1936 y trasladado al barranco de La Bartolina, donde fue fusilado. Su hermano Antonio Ramiro, "tras recibir el aviso de que la Guardia Civil venía a detenerle, se echó al monte, y en octubre se entregó a la autoridad, procediendo ésta a su ejecución el día 20. Sus restos fueron arrojados a la fosa común del cementerio de Calatayud", según se detalla en la demanda. Manuel era inspector veterinario de Villarroya y pueblos aledaños y Ramiro ejercía de herrero. Los restos de ambos hermanos llegaron al Valle de los Caídos el 8 de abril de 1959, según consta en el registro de inhumaciones de la abadía Benedictina que rige el recinto.
Presentación de la demanda: el 20-N
La fecha escogida para interponer la demanda en el juzgado de El Escorial no ha sido casualidad, ya que el 20 de noviembre, además del simbolismo del aniversario de la muerte del dictador, enterrado en el mismo recinto con sus víctimas, "se cumplen dos años del camino iniciado también en San Lorenzo de El Escorial, pero por la vía penal", aclara Ranz sobre un cauce ya cerrado para las víctimas del franquismo.
dijous, 20 de novembre del 2014
Presentación del libro «En la silla del criminal». Paqui Maqueda. Asamblea 15M San Pablo-Santa Justa-Nervión (Sevilla)
Este Viernes,
28 de noviembre a las 20:00 hs., en el C. S. La Soleá, tendrá
lugar la presentación del libro
«En la silla del criminal» escrito por Paqui Maqueda y prologado
por Isaac Rosa, sobre su último viaje a Argentina para conocer la causa penal
de los crímenes franquistas.
Como es de dominio público, este juicio lo está llevando a cabo
una jueza argentina y en él están imputados por delitos de lesa humanidad
varios dirigentes del régimen franquista.
Servirá también como acto de clausura de la Exposición Todos
(...) los Nombres que venimos celebrando desde el 14 de noviembre y que
oficialmente finaliza el sábado 29 de diciembre,
Te esperamos!!!
Asamblea 15M San Pablo-Santa Justa-Nervión
Pza.
Tomás Pavón s/n, Políg. San Pablo 41007 – Sevilla
Tfnos. 668 861 365 y 668
863 365
Twitter: @15msanpablo
Asociación
Memoria Histórica y Justicia de Andalucía
Avda. Blas Infante 4, 8ª planta
41010 Sevilla
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41010 Sevilla
www.todoslosnombres.org
Tfnos: 647356571 / 619047369
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