dissabte, 19 de març de 2016

Los 5.000 represaliados de Laviana.


http://www.lne.es/cuencas/2016/03/16/5000-represaliados-laviana/1897889.html


El historiador Manuel Fernández Trillo recoge en un libro una breve biografía de todos los que murieron o sufrieron persecución durante la represión franquista

16.03.2016 | 03:54
Manuel Fernández Trillo, a la izquierda, junto a familiares de represaliados, en la presentación del libro.
Manuel Fernández Trillo, a la izquierda, junto a familiares de represaliados, en la presentación del libro. 
Alrededor de 5.000 lavianeses sufrieron algún tipo de represión por parte del régimen franquista, sobre todo en la dura posguerra, cuando el régimen dictatorial "se ensañó" con las zonas que se habían posicionado a favor de la República. Este es sólo uno de los datos que ofrece el libro "La represión fascista en Laviana y alto Nalón", una obra de más de mil páginas elaborada por el historiador Manuel Fernández Trillo, y que se presentó en Pola de Laviana.
En la investigación realizada, Fernández Trillo utilizó, principalmente, documentos del archivo municipal de Laviana, que luego fueron contrastados y ampliados con testimonios orales de familiares o incluso de víctimas directas de la represión. Durante varios días recibió a decenas de personas en la Casa del Pueblo de Laviana, en febrero del año pasado, durante la preparación del libro. También consultó "durante muchas horas" el Archivo Militar de El Ferrol, el Archivo Histórico de Asturias y el Archivo General de la Administración. En la obra, se realiza una breve biografía de los alrededor de 5.000 lavianeses "víctimas de la dictadura".
Según las averiguaciones del autor, hubo 998 muertos a consecuencia de la guerra y de la represión en el concejo: 412 en combate, 115 en cárceles, 399 asesinados y 72 fusilados. En 1939, por ejemplo, en la cárcel de Laviana había presas 194 personas, la mayoría de ellas fruto "de las represalias" del régimen. A los muertos hay que añadir "los que sufrieron hostigamiento, perdieron su empleo o les requisaron tierras, vacas o incluso su casa, a los que pegaron, multaron o detuvieron sin motivo". Especialmente alto, en relación a otros lugares, es el número de mujeres represaliadas, "514 en total". En Caso, los muertos en la posguerra fueron 71, y en Sobrescobio, 57.
Según Fernández Trillo, la represión fue "diseñada con premeditación y con el fin de exterminar y amedrentar a quienes habían apoyado al Frente Popular en 1936, y a los que habían protagonizado la Revolución de Asturias en el 34". De estas últimas personas, "prácticamente ninguna se libró", afirma el investigador. En la publicación, además, consta un listado de afiliados a la Falange en Laviana, cerca de 1.800 personas, entre los años 30 y 60. "Se trata de algo muy excepcional, porque encontramos en el archivo el libro de registro de afiliación a Falange", aseguró el autor.
De los represaliados lavianeses, cerca del 80 por ciento estaban relacionados con el PSOE. "Esta es una zona en la que tenía un gran arraigo, como también la vinculación al sindicato minero de Manuel Llaneza", el SOMA. En la presentación estuvieron presentes lavianeses cuyas familias sufrieron en sus carnes la represión.



Admitida la demanda de La Barranca contra el Ayuntamiento por la Memoria Histórica

http://www.larioja.com/logrono/201603/18/admitida-tramite-demanda-barranca-20160318174212.html



Admitida la demanda de La Barranca contra el Ayuntamiento por la Memoria Histórica
/ La Rioja
  • Solicitan en el documento que se obligue a la retirada inmediata de "escudos, insignias, placas, derechos y honores o menciones de la exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura"

El Juzgado Contencioso Administrativo, número 1 de Logroño, ha admitido a trámite la demanda contra el Ayuntamiento de Logroño, presentada por la Asociación de la Preservación de la Memoria Histórica, La Barranca.
Este órgano judicial ha comunicado a los demandantes que tras "examinar de oficio la validez de la demanda, apreciada la juriscidió"n y que es de su competencia procede su admisión.
La Barranca denunció ante este juzgado al Consistorio por incumplir laLey de Memoria Histórica y mantener calles y simbología exaltadora del franquismo y la dictadura. Así constaba en el escrito que presentó el 25 de febrero públicamente culminando la acción simbólica y reivindicativa "para remover conciencias" acometida el 23 de febrero y por el que se renombróCalvo Sotelo y Capitán Cortés como General Zurbano y Beti Jai, respectivamente.
"No queremos venganza, sólo cerrar heridas", explicaron miembros del colectivo memorialista, que recibieron el apoyo tanto desde Podemos como desde Jarcia Riojanista, aquel día.
El Ayuntamiento quitó al día siguiente las pegatinas.
El Ayuntamiento quitó al día siguiente las pegatinas.
La demanda de la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica de La Rioja contra el Ayuntamiento de Logroño llegó después del requerimiento del abogado madrileño especializado en Memoria Histórica y Derechos Humanos Eduardo Ranz a la propia Administración local para el cumplimiento de la ley el pasado junio –y al que aún esperaban respuesta oficial a finales de febreroi, lo que se entendía como silencio administrativo–.
Exigencias al Ayuntamiento
La Barranca como Ranz, letrado que firma la demanda en representación de la asociación, solicitan al juzgado que obligue la retirada inmediata de "escudos, insignias, placas, derechos y honores u otros objetos o menciones conmemorativas de la exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura", lo que en Logroño se traduce en 17 calles y varias inscripciones y placas "franquistas" que aún quedan en la ciudad.
Ahora, se comunicará a la Administración demandada -el Ayuntamiento logroñés- para que "la conteste en el plazo de veinte días". Además se le reclama "la remisión del expediente administrativo", ya que "podría no admitir a trámite dicha contestación, de no ir acompañada por él"

El Parlamento canario redactará una ley de memoria histórica.


http://www.laprovincia.es/canarias/2016/03/18/parlamento-canario-redactara-ley-memoria/803048.html


Los grupos políticos acuerdan constituir una comisión encargada de su redacción

18.03.2016 | 16:26
Los grupos políticos del Parlamento de Canarias han acordado constituir una comisión encargada deredactar una ley de memoria histórica.
Tras una reunión con las asociaciones de memoria histórica de Canarias, los grupos coinciden en consensuar un texto articulado ha informado la presidenta de la cámara, Carolina Darias.
Cada grupo parlamentario nombrará un ponente para intentar redactar una proposición de ley para la consideración del pleno.
En la reunión estuvieron presentes las representantes de las asociaciones de memoria histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz; de La Palma, Aralda Rodríguez Hernández, y de Arucas, María del Pino Sosa Sosa y Balbina Sosa Cabrera.

Sevilla retoma ocho años después la retirada de calles franquistas.


http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/Sevilla-despues-retirar-franquista-calles_0_495901301.html



La junta municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa aprueba que la Avenida Utrera Molina pase a denominarse Avenida Padre José María Javierre y que la calle Tomás Murube se llame ahora Manuel Ramón Alarcón
El objetivo es culminar los cambios aprobados en el nomenclátor de la ciudad en julio de 2008, en virtud de la Ley de Memoria Histórica, cuya tramitación aún no ha terminado
Ordenan la detención de Martín Villa y Utrera Molina por crímenes del franquismo
Imagen de archivo del exministro franquista Utrera Molina, que hace poco advertía en ABC del riesgo de una nueva guerra civil en España ante lo que denominaba "un nuevo frente popular" EFE
Casi ocho años han pasado desde que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla acordara declarar 46 calles de la ciudad afectadas por la Ley de Memoria Histórica, aprobándose que 40 debían cambiar de nombre y otras seis modificar su nominación. En aquel mandato, con la coalición PSOE-IU, se tramitaron una serie de expedientes pero se quedó sin completar aquel listado. El Consistorio ha retomado recientemente los trabajos y, este mismo jueves, la junta del Distrito San Pablo-Santa Justa ha aprobado dos cambios de calles. El objetivo municipal es culminar los cambios en aquellos casos cuya tramitación no había concluido.
Según lo aprobado este jueves en esta junta municipal, la Avenida Utrera Molina pasará a denominarse Avenida Padre José María Javierre, director del diario El Correo de Andalucía durante los últimos años de la dictadura franquista, fallecido en 2009. La calle Tomás Murube pasará a denominarse Manuel Ramón Alarcón, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, fallecido el 26 de mayo de 2015. El exministro franquista José Utrera Molina, que en menos de un mes cumplirá 90 años, advertía hace unas semanas en ABC del riesgo de una nueva guerra civil ante lo que denominaba "un nuevo frente popular", en referencia a los partidos de izquierda. El también suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, fue reclamado por la Justicia argentina por su papel en el franquismo
"Utrera Molina, aunque según parece quería mucho a Sevilla, tenía por docenas a los sevillanos en la Gavidia y en la Prisión Sevilla 1. Fue Gobernador Civil de Sevilla y Secretario General del Movimiento. En su época se produjo, de manera extensiva y amplia, la tortura en la Ciudad, de lo que da fe personalmente el Portavoz en uso de la palabra", recordó el portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos en el pleno del 18 de julio de 2008, cuando se aprobó por unanimidad cambiar el nombre de 46 calles, entre ellas la de Utrera Molina.
Durante 2009, un total de 19 de estas calles cambiaron definitivamente de nombre, según se hizo constar en el Boletín Oficial de la Provincia de 14 de mayo de 2009. Las fuentes municipales consutadas por  eldiario.es Andalucía señalan que "progresivamente" serán cinco o seis calles, cuyo cambio estaba pendiente desde aquel pleno del verano de 2008, las que modificarán su denominación, sin poder precisar si resta alguna más de aquel listado. Los cuatro años de gobierno local del PP pasaron sin que se terminase de ejecutar aquel acuerdo plenario, pese a que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos. "Lo que le mueve al Grupo Popular en su posicionamiento político en este punto es el dar cumplimiento a la Ley", dijo en 2008 el portavoz popular, si bien cuando gobernaron entre 2011 y 2015 no culminaron este proceso.
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, previamente, había aprobado el 18 de abril de 2008 el impulso de la Ley de Memoria Histórica. En prinicipio se quisieron acometer cambios en 64 calles del nomenclátor hispalense con referencias a la etapa franquista. La normativa estatal, que también ha retomado en los últimos tiempos el Ayuntamiento de Madrid, no sin polémica, dice en su segundo punto"ahondar en la aplicación del articulado recogido en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre en especial a lo relativo a la retirada en todo nuestro termino municipal de cualquier tipo de monumento que ensalce el régimen franquista o a sus figuras representativas, o que incluya símbolos de la pasada dictadura"
Los cambios en los nombres en las calles de Sevilla, además del controvertido de Pilar Bardem, luego  renombrada como avenida Nuestra Señora de las Mercedes a comienzos de 2012 bajo el mandato de Juan Ignacio Zoido, también tiene otras peculiaridades, como aquella en la que un juez ordenó en 2011 devolver a una calle el nombre de José María Osborne porque tal denominación no "evoca, recuerda o enaltece la sublevación, la Guerra Civil o la represión franquista" y, según la sentencia, los sevillanos asocian este apellido a "bodegas, vinos o toros".

¿Qué se aprobó el 18 de julio de 2008?

1. Declarar afectadas por la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplia derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura el nombre otorgado a las vías publicas, a continuación reseñadas, incluidas en el nomenclátor de la ciudad de Sevilla:

Algabeño, Belchite, Bermúdez de Castro, Brunete, Cabo Francisco Díaz López, Capitán Pérez de Sevilla, Capitán Tassara Buiza, Capitán Vigueras, Comandante Morales León, Eduardo Rivas, Francisco Díaz Trechuelo, García Morato, General García de la Herranz, General Goded, General Luís Alarcón y de la Lastra, General Martínez Vara del Rey, General Merry, General Ordaz, José Ignacio Benjumea, José María Osborne, Luís Mensaque, Manuel Fal Conde, Manuel Vázquez Sagastizabal, Ramón de Carranza, Sancho  Davila, Sargento Manuel Sánchez Olmo, Soldado Julián Carrión, Somosierra, Sebastián Recasenz, Tomás Murube, Víctor Bejarano Delgado, Carlos Haya, Domingo Tejera, General Chamorro Martínez, Mariano Mota, Pedro Gual Villalbi, Pedro Gutiérrez Calderón, Presidente Carrero Blanco, Utrera Molina, Joaquín Benjumea Burín.
2. Iniciar, de acuerdo con lo prevenido en la Ordenanza Reguladora de la Nominación y Rotulación de las calles y demás vías urbanas y de la identificación de edificios y viviendas del Ayuntamiento de Sevilla, la modificación de la nominación de las siguientes vías:

Calle José María Pemán modificará su nominación por calle Escritor José María Pemán. Calle Marqués Luca de Tena modificará su nominación por Torcuato Luca de Tena. Calle Regimiento de Soria modificará su nominación por  Regimiento de Soria núm 9. Calle Pozoblanco modificará su nominación por Villa de Pozoblanco. Calle Peñarroya modificará su nominación por Villa de Peñarroya. Plaza Ruiz de Alda modificará su nominación por Plaza Aviador Ruiz de Alda.

El fotógrafo Luis Simón Aranda retrata el Belchite Viejo. Inaugura la exposición 'Cuando se apaga la luz'.



http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/2016/03/19/el-fotografo-luis-simon-aranda-retrata-belchite-viejo-827330-1101025.html


Inaugura la exposición 'Cuando se apaga la luz'.

Europa Press. BelchiteActualizada 19/03/2016 a las 11:23





El fotógrafo Luis Simón Aranda retrata el Belchite Viejo.
El fotógrafo Luis Simón Aranda retrata el Belchite Viejo.Luis Simón Aranda


El fotógrafo aragonés Luis Simón Aranda inaugura este sábado a las 19.00 la exposición 'Cuando se apaga la luz', una serie de fotografías nocturnas del Belchite Viejo, en la sala Belia del Ayuntamiento de este municipio zaragozano.

La muestra se podrá visitar hasta el 27 de marzo, los días laborables, en horario de mañanas de 12.00 a 13.00; y los sábados y días festivos, de 18.00 a 20.00. Los lunes permanecerá cerrada.

La exposición exhibe 34 fotografías a color (14 imágenes de 50 por 70 y 20 de 15 por 20) en las que su creador comparte su fascinación por Belchite y más concretamente por su pueblo viejo, municipio del que desciende y lugar en el que ha pasado muchas horas de niño.

Luis Simón Aranda conoce muy bien este lugar y sus parajes, su pasado y su presente y especialmente sus noches. Largas horas de contemplación y ensoñación cuando cae la noche que dan otro punto de vista a las ruinas. "La noche está llena de colores, brillos, figuras y formas. Todo es diferente cuando se apaga la luz", ha asegurado.

En estas fotografías del pueblo viejo de Belchite, sus ruinas se tornan "hermosas y magistrales". El fotógrafo imagina y capta con su cámara la belleza que tuvo, sus callejas estrechas, sus casa solariegas, su cultura, su riqueza, su destrucción.
"El cielo sobre Belchite siempre es el mismo cielo de noche, ese cielo que se ve a un lado y otro de los agujeros que el tiempo ha dejado", ha subrayado Luis Simón Aranda.

Patrimonio subvenciona misas y rezos en el Valle de los Caídos

http://elpais.com/politica/2016/03/18/actualidad/1458319729_285685.html


El organismo pagó en 2013 casi 900.000 euros a tres congregaciones religiosas por celebrar ceremonias y cuidar edificios públicos


Monumento del Valle de los Caídos el pasado enero CLAUDIO ÁLVAREZ
El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional subvenciona todos los años con 340.000 euros a la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos “por levantar las cargas espirituales" y “atender a la finalidad social de la fundación”, según el informe preliminar que ha redactado el Tribunal de Cuentas sobre la gestión en 2013 del citado organismo. El tribunal, además, cuestiona otras dos entregas de dinero en forma de subvención por un total de 543.000 euros que perciben congregaciones religiosas de los Monasterios de Yuste (Cáceres) y delEl Escorial (Madrid). Ambas subvenciones están fundamentadas también en el levantamiento de cargas espirituales (“misas diarias, mensuales y anuales”) y custodia y atención social por parte de los religiosos de bienes propiedad de Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia. Así se indica literalmente como finalidad en los contratos o convenios que existen entre el Estado y estas congregaciones religiosas, y de los que se hace eco en el informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, cuestionándolos, el Tribunal de Cuentas. Uno de los convenios que obligan a Patrimonio a la entrega anual de estos importes (que suman 880.000 euros) fue revisado en 2013, y otro data de 1958.
La subvención de 340.000 euros a la Abadía del Valle de los Caídos (también conocida como Cuelgamuros) “es anual y directa” (sin concurrencia ni publicidad) y su motivo es, señala el Tribunal de Cuentas, “levantar las cargas espirituales impuesta por el fundador y atender a la finalidad social” de la Fundación, denominada La Santa Cruz del Valle de los Caídos. Y que “principalmente”, subraya el informe del órgano fiscalizador, consiste en la actividad de “un centro de estudios sociales, biblioteca, escolanía y hospedería”. Otra condición para recibir el dinero es que la abadía “en todo momento cuente con 20 monjes profesos y el correspondiente noviciado”.
Los auditores y letrados del Tribunal de Cuentas que han elaborado el informe, que ahora está siendo supervisado por sus 12 consejeros (la mayoría nombrados por el PP) y adelantado este jueves por EL PAÍS, se muestran muy críticos con estas subvenciones. Y, especialmente, con la del Valle de los Caídos. "De esta subvención no se ha rendido nunca cuenta justificativa”, exponen. Cuando el tribunal pidió que se justificase la subvención de 2013 (año objeto de la fiscalización, Patrimonio Nacional aportó copias de facturas que fueron “compulsadas posteriormente” por un funcionario de este organismo que se desplazó hasta la Abadía.

ALEGACIONES DE PATRIMONIO

Sobre la subvención de 340.000 euros del Estado a la Abadía del Valle de los Caídos, que “nunca ha rendido cuentas, señala el Tribunal, Patrimonio Nacional ha explicado al órgano fiscalizador, como alegación al informe, que aún no se ha desarrollado la normativa que debe regular la gestión del Valle de los Caídos y que, por ello, entiende que sigue vigente el antiguo convenio que permite tales ayudas entre la Fundación y la Abadía. La Fundación carece de toda actividad desde hace muchos años.
“A día de hoy, Patrimonio Nacional ha venido asumiendo los gastos que genera El Valle de los Caídos. Entre estos gastos se incluye una transferencia anual de 340.000 euros a favor de la abadía benedictina para sufragar la escolanía y mantener a la comunidad benedictina”.
Sobre el pago de 93.000 euros al Obispado de Plasencia, Patrimonio Nacional alude al convenio en el que se estipula que la finalidad es “cubrir los gastos derivados de la residencia permanente de la comunidad religiosa (…) en la zona asignada del Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste, incluidos los derivados de los servicios religiosos en la iglesia del Real Monasterio, y los gastos en que incurra la comunidad religiosa directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el convenio".
“No se aporta memoria justificativa de haberse cumplido las condiciones y los objetivos del convenio suscrito, ni una explicación sobre la vinculación de los gastos justificados con el contenido de dicho convenio”. Se refiere el tribunal a un convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la citada congregación religiosa que data de 1958. “En el expediente [de justificación por parte de Patrimonio] faltan, además, los informes del órgano gestor y de la intervención sobre su conformidad o reparos a la justificación presentada por el beneficiario [de la subvención], así como en su caso, la aprobación por el órgano competente. Este procedimiento, por tanto, no cumple suficientemente los requisitos formales y materiales establecidos para la justificación de subvenciones en la Ley General de Subvenciones y en su reglamento”, dictamina el informe, elaborado por el departamento de la consejera del tribunal Enriqueta Chicano.
La otra subvención que cuestiona el Tribunal de Cuentas es la que se otorga a la comunidad religiosa del Monasterio de El Escorial denominada Provincia Agustiniana Matritense. “De la subvención al Real Patronato del Monasterio de El Escorial por importe de 213.400 euros”, señala el órgano fiscalizador, “la principal partida justificativa corresponde, a su vez, a una subvención del Real Patronato a la Provincia Agustiniana Matritense, por importe de 450.000 euros". Esta subvención obedece "a un contrato firmado en 1984 con la citada comunidad religiosa (…) Y de acuerdo con ello, se ceden por tiempo indefinido [a los citados religiosos] diversos bienes inmuebles del Monasterio de El Escorial: La Real Basílica, convento, noviciado, seminario, biblioteca, el edificio La Compaña, en el que se sitúa el Real Colegio de Estudios Superiores María Cristina, locales estos que integran el Real Colegio de Alfonso XII, huerta, jardines, etcétera, así como bienes muebles (pinturas, alhajas, relicarios, vasos y ornamentos sagrados, ropa de iglesia…)". El citado convenio establece, además, y "a tanto alzado, una subvención anual de 45 millones de pesetas (equivalente a 270.455 euros) cuya cuantía se ha venido revisando hasta llegar a los 450.000 euros abonados en 2013”.
A cambio de este dinero, aclara el tribunal, los religiosos “se comprometen al levantamiento de diversas cargas espirituales que se especifican en el contrato (misa diaria, mensuales y anuales) y a colaborar en fines culturales, científicos y de custodia” aludidos en el convenio “de un modo genérico e indeterminado”. Según el tribunal, “únicamente se detalla de modo específico las obligaciones de custodia y dirección de la biblioteca por parte de tres religiosos (director y auxiliares), y las de dotar de diez becas para hijos de empleados de Patrimonio Nacional”. La única justificación aportada sobre estos gastos “se limita a una memoria de actividades elaborada” por los religiosos “sin aportación de facturas”. Este procedimiento incumple también la ley de subvenciones, zanja el tribunal, que además entiende que la regulación de esta subvención es "laxa" por lo "indeterminado" de sus fines; y señala que muchas veces quienes tienen que justificar en que invierten el dinero se limitan a decir, sin más, que están cumpliendo con lo acordado. Es decir, que las misas se celebran, los bienes se cuidan y las atenciones sociales, en su caso, se han desarrollado.
Y la tercera subvención que ha investigado el Tribunal de Cuentas es la destinada al obispado de Plasencia (Cáceres) y que es fruto de un convenio firmado en 2011 entre este y Patrimonio Nacional, y que establece “la cesión durante 20 años, a título gratuito, para que se instale” la denominada "orden de San Pablo, el primer Eremita de Polonia”, de clausura, en una parte del Monasterio de Yuste. Además de esa cesión, Patrimonio se compromete anualmente a pagar 93.000 euros y se hace cargo de las obras de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las dependencias cedidas, entrega del mobiliario, elementos litúrgicos y ajuar doméstico; y también a cubrir "los gastos de seguridad, suministro de luz, agua y combustible para calefacción y agua caliente en sus dependencias”. Los religiosos se comprometen, a cambio de ese dinero, “a mantener la residencia permanentemente, atender el servicio de culto en la iglesia del monasterio y a colaborar en actividades de ámbito cultural, que no se especifican” en el convenio, subraya el tribunal.
“No consta explicación alguna sobre la necesidad o conveniencia para el interés público de este convenio y de los gastos asumidos (sueldo de los monjes, cotizaciones sociales, alimentación, menaje, libros, etcétera), ni tampoco sobre el cálculo del importe total de la subvención, que no se apoya en presupuesto alguno”. Los justificantes que ha presentado el Obispado de Plasencia son los siguientes: "nóminas de dos sacerdotes (19.684 euros), paga extra de otro sacerdote (703 euros), cotizaciones a la Seguridad Social (4.857,72), mobiliario sacristía (42.915), alojamiento dos meses casa sacerdotal Plasencia (2.244), alimentación y gastos varios (16.579) y libros (6.468 euros)".
La subvención de 340.000 euros anuales es a cambio de custodiar el inmueble y decir misas todos los días
Patrimonio Nacional ha alegado ante el Tribunal, en relación a la subvenciones concedida a los religiosos del Monasterio de El Escorial, que “no existe una subvención a la Comunidad Agustiniana Matritense, la subvención se concede al Real Patronato del Monasterio de El Escorial”. Y que este, a su vez, “tiene un contrato” con los citados religiosos formalizado “por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, actuando en este caso como administrador del citado Real Patronato”. Sobre este asunto, Patrimonio añade: “En cuanto a la justificación de las subvenciones, en este y en otros patronatos, las debilidades apreciadas [por el tribunal] han servido para que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional haya probado en 2015 las [nuevas] normas generales de concesión, distribución y justificación de las subvenciones”.
El tribunal entiende que las subvenciones y convenios firmados con estas tres congregaciones, más que el cuidado de los inmuebles públicos, tienen como finalidad "casi exclusivamente el mantenimiento de las comunidades religiosas", y subraya que "no consta explicación alguna sobre la necesidad o conveniencia para el interés público" de los citados convenios, "ni tampoco los gastos asumidos (sueldos de los monjes, alimentación, menaje, libros, etcétera)". Añade, además, que tampoco "consta el cálculo de los importes de las subvenciones" (es decir, por qué se entrega ese monto de dinero y no otro); ni se "especifican los gastos subvencionables ni su justificación con relación al contenido y finalidad de los convenios". También llama la atención en el hecho de que dos de las citadas congregaciones "no hayan presentado nunca cuentas justificativas hasta que estas fueron solicitadas por el tribunal", en 2013.
Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalan: "Con estas entregas importantes de dinero, sin sacar nada a concurso, se vulnera la igualdad de culto en un estado constitucionalmente aconfesional, y se beneficia a una confesión religiosa a la que se le deja ocupar un edificio público; y, encima, se le pagan todos los gastos internos y de conservación. ¿Qué es eso de pagar por misas diarias o levantar cargas espirituales? Esos convenios deben cambiarse y ajustarse al hecho de que España es un país que no debe primar con dinero de todos a una única religión", entienden las citadas fuentes. Este periódico intentó ayer recabar la opinión de Patrimonio Nacional.
investigacion@elpais.es

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