Nadie sabe en Gandia qué va a ocurrir con la fosa del cementerio municipal en la que, tras varios intentos, el invierno pasado se hallaron los cuerpos de las víctimas del franquismo fusiladas tras la guerra civil. Y nadie lo sabe porque una acción tan sensible, tan reparadora para las familias que durante años han buscado a sus seres queridos, ha quedado pendiente de un cambio político en el Consell de la Generalitat. Ese cambio se traduce en unos nuevos gestores, del PP y Vox, que en muchos lugares han rechazado financiar esa labor por considerar que «reabría heridas».

La fosa de Gandia, en la que ya han aparecido los cuerpos de 27 hombres fusilados entre 1939 y 1940, debe ocultar muchos más porque se sabe que puede haber 56. El problema es que el dinero que aportó la Conselleria de Calidad Democrática se agotó, de manera que el ayuntamiento, promotor del rescate de los restos, anunció que solicitaría una nueva ayuda que deberá resolver el nuevo conseller o consellera, del PP o de Vox, que asuma esa competencia en la Generalitat.

Núria Martín, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de Gandia, reconoce que hay incertidumbre y añade, en conversación con este periódico, que ellos seguirán exigiendo que la excavación concluya y que los cuerpos que lleguen a identificarse puedan ser entregados a sus familiares. Esa es, obviamente, la pretensión última de estos procesos que han logrado arrojar dignidad sobre miles de víctimas del franquismo en toda España.

Javier Iglesias y Arantxa Jansen, de la Asociación Arqueoantro, que ha llevado a cabo las excavaciones y halló los restos, señalan que, en el caso de Gandia, se produce una circunstancia que encarece las labores futuras. La fosa, que desde hace semanas ha quedado tapada con una lona, sigue bajo un bloque de nichos que se levantó décadas después de la guerra, lo que obliga a estudiar si conviene perforar garantizando la estructura o si no hay más opción que iniciar un proceso para retirar temporalmente los cuerpos de los difuntos y demoler los nichos para acceder al resto de la fosa.

«Hay que tomar una decisión», señalan en ese sentido Javier Iglesias y Arantxa Jansen, quienes explican que, de las 63 personas fusiladas en este cementerio, siete cuerpos fueron exhumados por sus familias, de manera que deberían quedar 56. El trabajo por lo tanto, está en la mitad.

En el caso de que el nuevo Consell de la Generalitat haga como ya se ha anunciado en otras comunidades autonómas que han pasado a manos de PP y Vox y anulen las ayudas para la recuperación de cuerpos de represaliados del franquismo, la responsabilidad quedará en manos del ayuntamiento, que sí tiene interés en concluir el trabajo, cumplir con la Ley de Memoria Histórica y devolver esa parte del cementerio a su estado. 

En ese objetivo podría contar con el respaldo de la Diputació de València, que ya ha financiado parte de las excavaciones en el cementerio gandiense.

El único caso «judicializado» de España espera una resolución

El hallazgo de los restos de las personas fusiladas entre 1939 y 1940 en el cementerio municipal de Gandia reúne una particularidad sustancial. Actualmente es el único caso en España que está judicializado. Es decir, un magistrado abrió un procedimiento para aclarar las circunstancias de aquellas muertes sin duda violentas. Aunque todo apunta a que esta causa se archivará en breve, dado que no está vivo ninguno de los responsables de aquellos fusilamientos, el juez está esperando el informe del Instituto de Medicina Legal, adonde fueron llevados los restos de siete personas, que determinará las causas de las muertes, aunque sobre eso nadie tiene dudas.

Potries recibe hoy a su alcalde fusilado y Bellreguard el día 9 a su «mestre»

Las labores de investigación, exhumación e identificación realizadas en los últimos meses van a permitir que dos localidades de la Safor reciban los restos de personas que fueron fusiladas por Franco tras la guerra civil. Las dos, además, desempeñaron en vida cargos de relevancia.

En primer lugar, hoy sábado el Ayuntamiento de Potries acogerá con honores a quien fue alcalde de esa localidad, José Serquera Antolí, elegido democráticamente el 25 de febrero de 1936 y que permaneció en el cargo hasta el final de la guerra. Tras uno de esos juicios-farsa fue condenado a muerte, entre otros cargos por no sumarse a la rebelión de los militares fascistas, y fusilado en Paterna el 24 de julio de 1940. Allí mismo fue arrojado a la Fosa 127. 

En el acto de recepción de los restos, que será a las 20 horas en el ayuntamiento, estarán no solo sus familiares, sino también el actual alcalde de la localidad, Sergi Vidal, lo que supone un reconocimiento institucional a quien ejerció la autoridad democrática en su tiempo. Después será inhumado junto a su esposa en el cementerio municipal.

Una semana después, el domingo 9, Bellreguard recibirá a Francisco Gregori Chulià, el «mestre don Paco», que también fue fusilado tras la guerra civil y arrojado a la Fosa 126 de Paterna. La entrega de los restos será en esta localidad de l’Horta y después la familia los trasladará a Bellreguard para que descansen junto a quien fue su esposa, como era su deseo.