dissabte, 7 de març de 2009

PP Vice. 07/03/2009. Camps y el juez que preside el tribunal que lo juzgará son íntimos amigos.

_

Camps y el juez que preside el tribunal que lo juzgará son íntimos amigos

El jefe del Ejecutivo alardea de su relación con el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa.

BELÉN TOLEDO - VALENCIA - 07/03/2009 009:10

El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.
La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.

Las pruebas de la amistad
Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.

Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".
La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.

También De Rosa
Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.

La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.

En el TSJ argumentaron ayer que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.

Crónica
Zaplanistas y campistas marcan distancias
Las implicaciones del caso Gürtel en Valencia han reavivado la guerra entre los partidarios de Eduardo Zaplana y los de su sucesor, Francisco Camps. Ante las informaciones que atribuían el inicio de las supuestas irregularidades en el período en el que Zaplana dirigía los destinos del PP de Valencia, su entorno ha comenzado a marcar distancias. Así, desde ese círculo se aclararó ayer que la relación entre la presunta trama de corrupción y el PP valenciano comenzó después de que Camps asumiera el control de las finanzas del partido. En concreto, recuerdan que el actual presidente valenciano fue nombrado secretario general en julio de 2002, un cargo entre cuyas competencias están las responsabilidades económicas, cuentas bancarias del partido y custodia de los pagos y recibos.

El primer congreso regional del PP en el que Garzón detectó irregularidades se celebró en septiembre de 2002. Zaplana era todavía en aquel momento presidente del PP regional. Pero desde el entorno del ex presidente recuerdan que “Camps, reunido con Olivas, asume directiva y personalmente la preparación del congreso regional”.

Las mismas fuentes recuerdan que no fue hasta julio de 2003 cuando se constituyó Orange Market. Y recalcan que ninguna de las sociedades y empresas que aparecen en el auto de Garzón trabajó para el PP ni la Generalitat antes de septiembre de 2002. Zaplana dirigió el PP hasta 2002.

Camps asumió el cargo en 2003. Desde entonces, el actual presidente se ha esforzado por modelar el partido a su medida y por sustituir a los leales a Zaplana por personas afines a él. Camps ha conseguido su objetivo en la mayor parte del País Valenciano. Sólo el PP de Alicante continúa gobernado por los zaplanistas.
_

Uno de los imputados fue asesor de Michavila
Alarte pide a Rajoy que limpie la cúpula del PP Valenciano
_

Sin ofender, por favor, por Jesús Maraña 06 Mar 2009

No sé a ustedes, pero al arriba firmante se le queda cara de gilipollas (más aún de la que naturalmente porta) cuando lee y escucha las reacciones del Partido Popular y de su coro mediático sobre la trama de corrupción investigada por la justicia. Basta leer los últimos autos de Baltasar Garzón, en los que da traslado de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, para alucinar en mil colores. Conviene explicar que dichos autos son un resumen de los indicios de delitos que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han acumulado desde hace años. Van acompañados de unos cuantos kilos de documentos, grabaciones y testimonios que pertenecen todavía al secreto del sumario. Vamos, que no es que Garzón se despertara una mañana y, entre tiro y tiro en una montería acompañado del inefable Bermejo, sufriera un ataque de ira antipopular. La perplejidad se produce con el simple repaso de algunos hechos no presuntos ni supuestos, sino ya documentados.

Presunción de inocencia
El dúo “trigo limpio”, formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez El bigotes, miembros del círculo íntimo de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, actuó como mínimo entre 1996 y 2004 en connivencia con dirigentes de la sede nacional del PP. Controlaban la organización de eventos del partido y hasta la despedida de soltero del propio Agag, a cuyo bodorrio en El Escorial asistieron puro en mano.

En esa época pasaron por la secretaría general del PP Álvarez Cascos, Javier Arenas y Rajoy. ¿Ni ellos ni el tesorero Álvaro Lapuerta se enteraron del tinglado de “trigo limpio”? Entraban y salían de la sede nacional de la calle Génova con el mismo desparpajo que desplegaban en los ayuntamientos más ricos de Madrid y en las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla y León. Según la contabilidad intervenida, sus empresas recibían adjudicaciones sin las incomodidades de competir en concursos públicos. Luego pagaban a ciertos alcaldes, diputados o consejeros comisiones millonarias.

¿Ni Alberto Ruiz-Gallardón ni Pío García Escudero ni la propia Esperanza Aguirre, responsables de la Comunidad o del PP de Madrid en las sucesivas etapas, se enteraron de nada? La respuesta es no, puesto que hay que aplicar el sagrado principio de la presunción de inocencia, al que viene agarrándose el PP cada diez minutos desde que estalló el escándalo.

Por supuesto, ese principio sólo cabe aplicarlo a quienes le plazca a la dirección del PP. No tiene ese derecho, por ejemplo, el juez. No sólo le han acusado reiteradamente de prevaricador, sino que, ayer mismo, Esperanza Aguirre aseveró lo siguiente en una entrevista con su predicador favorito, Federico Jiménez Losantos, ilustre receptor de licencias de televisión digital en la comunidad madrileña: “De lo que se acusa a Camps es inferior a los regalos que ha recibido Garzón”. ¿Tiene pruebas de eso la lideresa? A lo peor los magistrados reciben dádivas “por convenio”, o sea, por la misma exótica razón que en el Gobierno madrileño se espiaban unos a otros.

Trajes y finanzas
La presunción de inocencia es para el PP flexible como el plexiglás. Ayer fueron expulsados del partido los alcaldes y militantes salpicados por la trama en Madrid, al tiempo que defendía la honorabilidad absoluta de Francisco Camps y de su número dos, Ricardo Costa. Uno de los argumentos de Rajoy, Cospedal y los editorialistas que les inspiran es otra patada a la inteligencia media: “Existen tantos indicios de delito en los trajes de Camps como en las cacerías de Garzón” (con Bermejo). Vale. Pues son las once de la noche del viernes y todavía no han dimitido el señor Camps ni el señor Costa; ni un solo dirigente o tertuliano de los que argumentan tal cosa se lo han exigido, como hicieron (con razón) en el caso de Bermejo. Para estos señores y señoras no tiene importancia que Camps y el vicepresidente del Poder Judicial se reúnan largamente y luego salgan disparando contra Garzón. Ni que Camps y el presidente del Tribunal Superior de Valencia que ahora decidirá si le imputa hayan presumido públicamente de su amistad. Ni que el PP pagara en dinero negro parte de la organización del congreso valenciano de 2002. Ni que el partido recibiera más de 420.000 euros de las empresas del dúo “trigo limpio”. ¿Indicios de financiación ilegal? ¿O de fraude fiscal? No, gilipollas, esto es una conspiración siniestra en la que participan jueces, fiscales, policías y periodistas (pocos).

_

Oda a la Separación de poderes, por Ignacio Escolar Mar 06

Lo suyo es de verdad, lo suyo es más que amistad. Lo suyo es tan intenso, tan íntimo y tan sentido, que se acaban los nombres, los verbos, los adjetivos. “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina esta íntima y sentida colaboración”, decía hace unos meses el acusado almibarado, Francisco Camps, del presidente del tribunal que le juzgará, Juan Luis de la Rúa. “Me siento feliz de esta relación”, le respondía el juez al acusado.

Lo suyo no sabe de Montesquieu, pa qué. Y por eso De la Rúa acompañaba a Camps hasta en los mítines. En Valencia, la separación de poderes funciona así, como el barco de Chanquete: no les moverán. Y con la sentida y leal camaradería como principio rector de su economía, a los jueces los promueve el partido en tan íntima y rentable colaboración que después se pasan la toga por el forro de la política. El camino es de ida y vuelta, como bien ha demostrado otro reconocible jurista, Fernando de Rosa: antes consejero de Justicia de Valencia, ahora vicepresidente del Poder Judicial y siempre tan leal a su señor, el acusado Camps.

El president está tranquilo. Confía en que su íntimo colaborador le corte una sentencia a medida, como sus trajes. Por eso ni dimite ni se inmuta, ni se nota ni traspasa. Lo suyo no tiene nombre, ni horario, ni fecha en el calendario; de la Justicia un sayo. Lo suyo es suyo y de todo lo demás vamos a medias, como diría su amigo el bigotes, como diría su amigo Correa.

_

La inmobiliaria Martinsa se lucró con el suelo que adjudicó Arganda
Los 'espías' dan cuenta del caos en la seguridad en Madrid
Ana Mato: "No aceptaremos lecciones de honradez del PSOE"
_

Enric Sopena
Cabos sueltos
El Estado de Derecho no se está pudriendo en España, señora alcaldesa de Valencia
¿A qué ni Rajoy ni Cospedal ni Sáenz de Santamaría ni el coro mediático del PP levantan la voz ahora para exigir que los casos de presunta corrupción en los que están imputados el presidente de la Generalitat Valenciana, Camps, y el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, no sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV)?

¿A qué quienes han puesto a caer de un burro al juez Garzón, acusándolo de parcial, socialista y perseguidor del PP, entre otras lindezas infames, les parece bien que el presidente del TSJV, José Luís de la Rúa, intervenga -de modo activo o aparentemente pasivo- en el proceso judicial que se avecina, a pesar de los vínculos de estrecha amistad existentes entre él y Camps?

“Íntima y sentida relación”
Camps, en un acto oficial celebrado el mes de septiembre de 2008, se dirigió públicamente a De la Rúa y dijo: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”, según recordaba ayer El País en su edición valenciana. Por su parte, Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se pronunció sobre la operación Gürtel en estos términos: “El Estado de Derecho se está pudriendo en España”.

“Árbitro comprado”
El citado Ricardo Costa –cuya cuñada obtuvo para su empresa el montaje del Congreso de Valencia, cuando Rajoy subió a los altares-, imputado por Garzón, se permitió referirse al fiscal jefe del TSJV, Ricard Cabedo describiéndolo como un “árbitro comprado del Gobierno Zapatero”.

A Cabedo se la tienen jurada
Al fiscal Cabedo los populares valencianos se la tienen jurada. En octubre de 2006 llegaron a promover una “comisión para evaluar la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del TSJV”. Esta especie de peculiar Tribunal del Santo Oficio procuró así deslegitimar las investigaciones de Cabedo en torno al cacique Fabra –uno de los iconos más sospechosos del PP-, los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela, así como Terra Mítica, el parque de atracciones impulsado por la Generalitat presidida por Eduardo Zaplana. La leyenda de Terra Mítica no puede ser –en orden a la transparencia económica- más negra.

Actitud montaraz
La actitud de la derecha respecto a la justicia está siendo peligrosamente predemocrática o, simplemente, montaraz. La frase de Barberá –“el Estado de Derecho se está pudriendo en España”- no es digna de una alcaldesa democrática. En España lo que se está pudriendo, según todos los indicios, señor alcaldesa, es este PP, reo de los escándalos y de los negocios que se gestaron –conforme sostiene Garzón en su auto- en la “calle Génova” de Madrid.

De acuerdo con la tradición
¿Sirvieron tales negocios para financiar al PP, de acuerdo con la tradición avalada por el caso Naseiro, hace cerca de veinte años? ¿Participó en la trama el mismísimo Aznar? ¿Por qué Rajoy asegura que, a partir de 2004, se cortaron los lazos con el clan Correa -también conocido como clan de Becerril o el clan de Agag-, si los presuntos cerebros siguieron actuando en la Comunidad de Valencia y en la de Madrid, como mínimo? Ahí están, por cierto, las imágenes de la boda imperial de El Escorial y las imágenes de mítines de Rajoy -con Correa bien visible- en las elecciones generales del 9-M. De 2002 a 2009.

Enric Sopena es director de El Plural
_

El doble rasero del PP para expulsar a sus 'ovejas negras'

La dirección popular aplica de forma arbitraria su código ético en los casos de corrupción

N. J. - Madrid - 07/03/2009

Todos los partidos políticos tienen un código ético en el que establecen, entre otras cosas, los motivos para expulsar a un miembro de sus filas. Por ejemplo, que un juez le impute un delito. El PP también tiene el suyo, aunque a la vista de los últimos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, y de cómo ha respondido, ese código no es dogma de fe.

El partido sostiene que muchos de los imputados sufren una persecución

El artículo ocho del código ético del PP establece que sus miembros deberán "poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". El artículo nueve dice que el partido asumirá "el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una investigación interna" y el diez, que constituirá "motivo de expulsión inmediata" la utilización "del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o terceros".

La jurisprudencia de los populares en la aplicación de ese código, sin embargo, mantiene que Carlos Fabra, investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal, debe seguir, como sigue, en su doble cargo de presidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia, al igual que el vicepresidente canario y presidente del partido en la comunidad, José Manuel Soria, imputado por un delito de prevaricación. En ningún caso el PP abrió una investigación interna.

Mientras, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, anunció ayer la suspensión de militancia de todos los cargos del PP implicados en la Operación Gürtel por el juez Baltasar Garzón. Todos, excepto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario del partido en Valencia, Ricardo Costa, y los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre señalados en la trama: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP, no obstante, mantiene la querella por prevaricación que ha presentado contra Garzón.

En el Ayuntamiento malagueño de Alhaurín el Grande, sin embargo, la imputación del alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, por cohecho, prevaricación y blanqueo tampoco ha sido motivo de expulsión o investigación interna, sino todo lo contrario: el PP mantiene que son víctimas de una persecución del Gobierno, la fiscalía y la policía. Otros, como el ex teniente de alcalde de Palma de Mallorca Rodrigo de Santos, fueron obligados a renunciar a su cargo después de que el juez le imputara un delito de malversación de fondos.
En Galicia, Alberto Núñez Feijóo no quiso esperar a la justicia y retiró fulminantemente a su cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, cuando supo que podía haber cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Isabel Pedrote y Juan Manuel Pardellas.
Con información de Joaquín Ferrandis, Andreu Manresa,

_

Verdades y mentiras del entramado

Los autos de Garzón desmienten a destacados dirigentes populares

E. G. - Madrid - 07/03/2009

Los autos del juez Garzón han destapado la relación de destacados miembros del PP con la trama de corrupción vinculada al partido. Los documentos han desmentido rotundas afirmaciones de dirigentes y varios imputados.

ESPERANZA AGUIRRE "Sin relación con la actividad de la Comunidad"
"Los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no pueden relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". (...) "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular".

Estas declaraciones de la presidenta Esperanza Aguirre son desmentidas en varios pasajes del auto, que incluso detalla entregas de dinero con el entrecomillado: "Pago Comunidad de Madrid". El juez señala: "El Sr. López Viejo [diputado autonómico, ex consejero de Deportes y ex viceconsejero de Presidencia] estaría vinculado con la organización investigada a la que habría beneficiado desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". Servimadrid Integral, una de las compañías de Correa "trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia, y otras con las que hacían eventos sueltos", explica el auto.

ALBERTO LÓPEZ VIEJO "Rotundamente falso que haya recibido dinero"
"Es rotundamente falso que haya recibido dinero alguno de los investigados", declaró el ex consejero Alberto López Viejo. El juez considera que tres de los aforados implicados en la trama -el propio López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, falsedad y asociación ilícita, al haber cobrado presuntamente 1,2 millones en sobornos. Según la resolución judicial, "en la contabilidad B que se llevaba por el Sr. [José Luis] Izquierdo, siguiendo las instrucciones de Correa y Pablo Crespo [uno de los cabecillas de la trama], aparecen anotaciones que explican movimientos concretados en entregas de dinero como incentivo y pagos en favor de ALV (Alberto López Viejo) y a [Alberto] Bosch". El escrito del juez añade que "Pablo Crespo se habría reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero".

BENJAMÍN MARTÍN VASCO "Ninguna actuación irregular"
"No he tenido conocimiento de ninguna actuación irregular en Arganda. He decidido iniciar acciones judiciales contra Isabel Jordán, persona que, según informaciones periodísticas, me ha acusado de acordar un pacto de silencio ante actividades irregulares", explicó el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco.

El parlamentario cobró presuntamente 437.000 euros por favorecer los intereses de Correa. El auto explica que mientras Martín Vasco estuvo al frente de la empresa pública Fomento y Desarrollo de Arganda "se produjo la entrada de las empresas de Correa mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept". En la cuenta B de la trama figuran, entre otras, anotaciones "por billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches, organización de la boda, viaje de novios, compras en joyería Suárez y tres entregas en efectivo de 30.000, 50.000 y 150.000 euros (230.000 euros), ascendiendo el montante total a 345.166" euros.

FRANCISCO CAMPS "Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje"
El presidente valenciano se presentó como "una víctima" y anunció una querella contra quienes vinculasen a altos cargos de la Generalitat o del partido con la trama. Sobre el presunto cobro de comisiones en especie dijo: "Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje". El secretario general del PP en Valencia dijo: "El PP de la Comunidad Valenciana nada tiene que ver con la investigación".
Garzón considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP en esa comunidad, entre ellos el presidente Camps, que recibieron según el juez, más de 30.000 euros en ropa a cambio de adjudicaciones. El juez señala: "Álvaro Pérez encargó para el Sr. Camps un esmoquin para ir a Nueva York, y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano".

MARIANO RAJOY "Indefensión"
"El juez quiere convertir el sumario en una causa general contra un partido, se filtran un sinfín de informaciones sobre personas a las que se les deja en la indefensión". El PP anunció ayer que suspende de militancia a todos los implicados, salvo a Camps, Costa y los tres diputados madrileños.
_

Rajoy protege a Camps y suelta lastre con los demás implicados en la trama

Todos, menos el líder valenciano y su mano derecha, piden la suspensión de militancia

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 07/03/2009

El PP dejó ayer muy claro que está dispuesto a soltar todo el lastre necesario con tal de proteger al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones más poderosos del partido y el gran apoyo, junto a Javier Arenas y Alberto Núñez Feijóo, con el que contó Mariano Rajoy para ganar el congreso de Valencia hace menos de un año. En una decisión sin precedentes, el partido forzó la suspensión temporal de militancia -presentada como voluntaria- de todos los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, y los dos que eran alcaldes dimitieron fulminantemente.

Mariano Rajoy Brey
Francisco Camps Ortiz

La llegada de la red corrupta a Valencia coincide con el ascenso de Camps

Entre los ediles dimitidos está el de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, un personaje clave en el PP por su amistad personal con José María Aznar. Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, vicesecretaria de Organización y reconocida aznarista, forma parte del corazón del partido y también participó en el montaje de actos de los populares antes de llegar a alcalde, en los años 90. El asunto afecta de lleno al PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, que ya ha visto caer a cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda y Pozuelo de Alarcón) y tiene a seis miembros de su dirección regional implicados.

Hasta los tres diputados autonómicos madrileños que aún no han sido imputados, porque son aforados, ofrecieron esa suspensión de militancia, aunque la dirección del PP de Madrid no se la ha aceptado a la espera de que sean oficialmente imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, de los 15 dirigentes del PP implicados en la red, todos han puesto su carné a disposición del partido menos dos: Francisco Camps y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.

Rajoy no ha dicho aún ni palabra del caso, pero en su nombre habló ayer María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, que dejó muy claras las evidentes diferencias que la dirección establece entre Camps y el resto de los implicados. Cospedal atacó al juez, insistió en la idea de que no hay financiación ilegal del PP y, sobre todo, defendió a Camps por encima de todos los demás implicados. "Queremos reiterar el apoyo de la dirección del PP a Camps. Se han producido gravísimas acusaciones con el fin de menoscabar su imagen", aseguró Cospedal. Cuando se le preguntó si aceptar que un empresario regale trajes a un presidente autonómico no es violar el código ético del PP, la secretaria general volvió a defender al barón valenciano. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá". Para Cospedal, las facturas y las declaraciones del sastre no son prueba suficiente. Los populares confían en que el tribunal autonómico, presidido por un magistrado nombrado cuando el PP controlaba el Poder Judicial y al que Camps considera mucho más que amigo, será magnánimo.

En el PP preocupa especialmente la acusación de financiación ilegal del partido. Cospedal insistió una y otra vez en que no hay nada que lleve a esa idea, y recordó que, al menos de momento, el juez no ha implicado a Luis Bárcenas, tesorero del PP. Pero la secretaria general fue más lejos y aseguró que tampoco hay financiación ilegal en el PP de Valencia. Garzón sí aprecia indicios de supuesta financiación ilegal por un pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 y porque se abonaron con dinero negro parte de los gastos del congreso regional de septiembre de 2002.
Fuentes de la dirección nacional y de la Comunidad Valenciana relacionaron este asunto con Eduardo Zaplana, presidente del PP en esa época. Sin embargo, el escándalo, también aquí, apunta a Camps. En julio de 2002, Zaplana dejó Valencia porque José María Aznar lo nombró ministro. Y Camps fue nombrado secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y candidato para las elecciones de 2003 (Zaplana se quedó de presidente del partido hasta 2004).
Como secretario general, el presidente de Valencia fue el encargado de organizar el congreso regional de septiembre y de firmar todas las facturas. Y fue él quien decidió encargar el trabajo al entramado de Francisco Correa a través de Álvaro Pérez, amigo personal de Camps. Las empresas de Correa habían trabajado en actos del PP valenciano desde mediados de los noventa. En 2003, el actual líder valenciano logró la presidencia de la Generalitat y empezó a ganar peso en el partido, desplazando poco a poco a Zaplana hasta que lo echó en 2004. Entonces, Álvaro Pérez, que residía en Madrid, instaló su vivienda y su empresa, Orange Market, en Valencia. Desde entonces, esta empresa de la trama, que se constituyó formalmente en julio de 2003, empezó a trabajar casi en exclusiva para el PP valenciano tras la pérdida de las elecciones generales de 2004. Pérez, que conservó hasta el último día la amistad con Camps -el presidente había acudido a sus segundas nupcias y estaba invitado al bautizo de su hija- obtenía múltiples adjudicaciones públicas, como el stand de la Generalitat en Fitur.

Un juez muy amigo
- Elogios a un magistrado: "Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta [a la de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", dijo Camps en 2007 al hablar del presidente del Tribunal Superior de Valencia, órgano que deberá decidir si resulta imputado por corrupción.
- La fuerza de un implicado: "Estoy más fuerte, más ilusionado y más convencido que nunca de mi trabajo, lealtad y servicio a los ciudadanos. Continuaré con toda la fuerza del mundo, convencido de que la Justicia hará justicia. Con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas instancias", declaró ayer Camps.
_

PSPV-PSOE pide a De La Rúa que se abstenga de la causa que implica a Camps

Ha hecho esta petición por la amistad que mantienen Juan Luis de la Rúa con el presidente autonómico, Francisco Camps, que es uno de los implicados

EFE 07-03-2009

La portavoz de Justicia del grupo socialista en les Corts, Josefa Andrés, ha manifestado hoy que confía en que "el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, actuará con imparcialidad y se abstendrá por iniciativa propia en todo lo concerniente al caso Correa remitido por la Audiencia Nacional".
_

El PP gallego encargó encuestas electorales a imputados en la trama
Anticorrupción no ve indicios para imputar a aforados nacionales del PP
La trama corrupta de Correa se gestó gracias a su relación con el PP de Aznar
Cospedal anuncia la baja del PP de todos los implicados, excepto Camps y Costa
Todos aplauden a Camps, menos uno
Camps asegura estar "indignado" aunque dice sentirse "más acompañado que nunca"
_

En un comunicado, Andrés ha explicado que, dada la relación de amistad manifiesta que existe entre Camps y De la Rúa, "presupone que la honorabilidad del presidente del TSJCV le llevará a no pronunciarse en todo lo referente a esta causa, una vez que el juez Baltasar Garzón ha remitido el auto al Alto Tribunal".

Según Andrés, "De la Rúa es un magistrado reconocido en el mundo de la judicatura y con gran prestigio profesional, por lo que no debería haber ninguna duda de su abstención y de que actuará con el debido respeto y de forma exquisita a lo largo de todo el proceso".
Acerca de la acreditada amistad manifestada por ambas partes (entre Camps y de la Rúa) en multitud de ocasiones, la diputada en Corts se ha mostrado convencida de que "el magistrado se apartará del caso para no ir en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Andrés ha concluido que "la máxima autoridad judicial de la Comunitat Valenciana deberá ser respetuosa con las leyes y su contrastada relación con el president de la Generalitat afectaría a las decisiones que pudieran adoptarse en el caso".
_

Un cargo de González Panero recibió 660.000 € tras adjudicar una obra

La Cadena SER ha tenido acceso a más información sobre cómo operaba la trama de corrupción de Francisco Correa en los ayuntamientos que controlaba del Partido Popular

Los socialistas también denuncian que tan sólo seis meses después de aquella operación, el cargo de confianza del alcalde consiguió una plaza de funcionario en el consistorio de Boadilla
JAVIER BAÑUELOS / CADENA SER 07-03-2009
La Cadena SER ha tenido acceso a más información sobre como operaba la trama de corrupción de Francisco Correa en los ayuntamientos que controlaba del Partido Popular. En este caso hablamos del Consistorio de Boadilla, donde un cargo de confianza del ex alcalde, hoy imputado, recibió 660.000 euros de la red de Correa, según consta en el auto de Garzón, tan sólo 15 días después de que cerrase una adjudicación para una obra faraónica de casi 30 millones de euros.
_

AUDIOS: Zapatero sobre el caso Correa: "Lo que hay es una defensa general del PP"
AUDIOS: Aguirre: "El alcalde de Arganda ha dimitido para demostrar su inocencia"
Cospedal anuncia la baja del PP de todos los implicados, excepto Camps y Costa
Marqués en libertad sin fianza según su abogado

Estamos hablando de un macroproyecto que el Ayuntamiento de Boadilla diseñó para su municipio, el llamado 'Parque del Deporte y la Salud' que ha costado al consistorio de casi 30 millones de euros.

Nos remontamos al 10 de mayo de 2007, fecha en la que se adjudicó esa obra a la constructora 'Hispánica'. Para ello se realizaron dos informes, uno elaborado por un equipo de técnicos del consistorio, y un segundo realizado por un cargo de confianza del alcalde González Panero.
Pues bien, al final pudo más la opinión de ese cargo de confianza que la opinión de los técnicos, que apostaban por dar la obra a otra empresa mejor valorada.

Pagos a posteriori
De hecho, tan sólo 15 días después de que 'Hispánica' se llevase esa adjudicación, Tomás Martín Morales, también cargo de confianza del ex alcalde de Panero, y también imputado por el juez Garzón, recibió 660.000 euros en tres pagos de la red de Correa, según consta en el auto de la Audiencia Nacional.

Los socialistas también denuncian que tan sólo seis meses después de aquella operación, el cargo de confianza del alcalde, que realizó el informe que primó en la adjudicación, consiguió una plaza de funcionario en el consistorio de Boadilla.
_

El escándalo se cobra ocho ceses del PP en Madrid y críticas a Garzón en Valencia

Cinco conselleries y el partido han adjudicado contratos a dedo a la trama sin que nadie haya asumido responsabilidades

Francesc Arabí/Juanjo García, Valencia

Sin novedad en el frente valenciano de la trama de presunta corrupción montada por Francisco Correa. Un periodista preguntó ayer al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, si desde el pasado 6 de febrero, cuando el juez Baltasar Garzón adelantó la ejecución de la operación Gürtel, en la Generalitat «se han planteado la posibilidad de alguna dimisión». Más aún, tras el auto del juez Garzón avalado por los informes de la unidad policial delitos económicos y fiscales y Anticorrupción. Rambla siguió todo el razonamiento de la pregunta y zanjó de cuajo: «Su plantamiento parte de un presupuesto incorrecto, por lo que el resto de la formulación también lo es». Puede que sin saberlo, el vicepresidente estaba dictando sentencia de muerte a la responsabilidad política. No hay más asunción de culpas que la que se deriva de una sentencia judicial firme. Por eso, a estas horas no ha dimitido ni ha sido destituido un solo responsable de ninguna de las empresas públicas (Vaersa, la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana...) o conselleries que han adjudicado estos años contratos a Orange Market y filiales, la mayoría a dedo, y algunos con escandaloso amaño incluido. Empezando por las adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) a la firma de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano de Fitur desde 2005.

En Valencia hay dos imputados: el ex vicepresidente Víctor Campos, por haber recibido presuntamente regalos en ropa por 4.850 euros, y el ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. En el PP de Madrid, en cambio, el asunto ya se ha cobrado hasta siete dimisiones forzadas, más una en Estepona.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado desde el primer día bastante enérgica en su afán de limpiar la organización para que este asunto no acabe manchando su expediente en la toma de posiciones para en un futuro aspirar a suceder a Mariano Rajoy. Aguirre, según algunos, se ha esforzado en dejar en evidencia a su competidor en esa carrera Francisco Camps, En Valencia, la respuesta ha sido atacar al juez instructor.

«Pondría la mano en el fuego por Camps, pero no por Garzón», soltó Carlos Fabra. Rambla habló de proceso sumarísimo a las «más altas instituciones valencianas» y la diputada Mercedes Alonso remató el argumento hablando de «atentado a los valencianos». La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, calificó el auto de «ridículo, desproporcionado y contradictorio».

Mano dura de Aguirre y GallardónAguirre forzó la renuncia del que era su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, uno de los señalados directamente desde el principio. Según documentos en poder del juez, López Viejo recibió al menos 238.000 euros de empresas de Correa a cambio de adjudicaciones de contratos. En un apunte contable de la caja «B» se incluye una anotación que reza: «Pablo Crespo. Entregado a ALV». Iniciales que se corresponden con las de Alberto López Viejo. Por si no quedaba claro el motivo de la dádiva, se anota: «Veréis como ahora nos da más contratos. Ya le he dado lo que me pedía y se ha quedado contento».

Otro al que pronto le pasaron factura desde Génova y la dirección regional fue el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Aquel que, minutos después de anunciar Rajoy que dejaba el cargo, hizo un conato de resistencia. González Panero viajó a Miami con el mismísimo Correa para, siempre según la investigación judicial, tantear inversiones inmobiliarias en el paraíso en el que el cabecilla era el rey.

El ex alcalde de Majadahonda y ex responsable de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega, siguió el mismo camino que su colega de Boadilla. En otros casos, no tuvieron tiempo de renunciar. Por ejemplo, Javier Nombela, asesor en el grupo municipal del PP de Madrid. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, lo destituyó sin piedad para que nadie pensara que iba medio centímetro por detrás de su eterna rival Aguirre en la depuración de responsabilidades. Nombela fue apoderado de Special Events y de Easy Concept. Esta última firma es la que realmente montaba los pabellones valencianos en Fitur. Lo desveló la que fue contable de Easy Concept, Isabel Jordán. Una de las que, a tenor de las declaraciones que han trascendido, más está colaborando en la investigación. En el PP valenciano sospechan que Álvaro Pérez tampoco ha ofrecido mucha resistencia a contar lo que sabe. Ayer, tras conocerse el auto de Garzón correspondiente a Madrid, cayeron cuatro alcaldes y dirigentes del PP, de los seis nuevos imputados en esa comunidad autónoma. El alcalde de Arganda de Rey, Ginés López (que habría percibido 1,3 millones de euros en sobornos) y el director general de gestión urbanística de Boadilla Tomás Martín, por aceptar 510.000 euros de regalo, dejaron sus cargos.

Dos diputados resistenTambién el ya ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, por 422.992 euros en obsequios y Ricardo Galeote, ex edil de Estepona, que cobró de Correa y Crespo 42.469 euros en efectivo, según la investigación judicial. Otros cuatro imputados se resisten en sus puestos, pero, vistos los precedentes, tienen muchos puntos para ser forzados a renunciar.Es el caso de los diputados de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que habrían percibido de la trama investigada 437.166 euros y 255.562 euros, respectivamente. Otros, como el ex viceconsejero de Inmigración de Madrid Carlos Clemente está acusado de cobrar 16.000 euros. Pero como ya es ex no tiene que dimitir. Lo mismo ocurre con el ex concejal de Boadilla José Galeote, imputado por haber cobrado, según el auto, 612.506 euros en comisiones. Paralelamente a la presión de la dirección del PP de Madrid sobre estos imputados, se les ha suspendido de militancia. En el caso de Valencia, el ex vicepresidente Víctor Campos sigue siendo un afiliado y uno de los vocales de la dirección provincial de Castelló. Rafael Betoret no milita en el partido, según fuentes de la formación popular. Pescar contratos con sobornos y diseño mafioso El cabecilla, Francisco Correa, daba las instrucciones. El número dos, Pablo Crespo «ejecutaba sus órdenes» y la «estrategia de ocultación de fondos». Y los fondos los lograba el conglomerado de empresas de «publicidad, organización de eventos y diseño de campañas». ¿Cómo? Pues «la organización» era una maquinaria de obtener contratos públicos comprando favores a base de sobornos y regalos a funcionarios y políticos. En ese contexto, se refiere el auto de Garzón a la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por parte del ex vicepresidente Víctor Campos y el ex director del gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, que recibieron regalos en especie en forma de trajes por 4.850 y 9.950 euros, respectivamente. En esa misma onda sitúa los pagos, también por parte de Orange Market, del vestuario adquirido por Camps y Costa en Milano y Forever Young. Orange Market y antes Special Events -la piedra sobre la que se edificó la trama- han logrado estos años contratos de cinco conselleries por al menos 6 millones de euros. Entre las adjudicaciones está la que obtuvo la firma de Álvaro Pérez de Vaersa en un paripé resuelto a dedo tras consultar tres firmas de la trama. Se ajusta a las palabras de Garzón cuando dice que se «amañaban concursos». La estructura de todo el conglomerado tenía tintes mafiosos. «La organización ha evolucionado alcanzando un elevado nivel de especialización, basado en el reparto de tareas en cascada de tal forma que sólo el que se encuentra a la cabeza tiene una visión del conjunto». Como la Cosa Nostra.
_

Camps supervisó como número dos del PP los gastos del congreso del presunto dinero negro
Los trajes de Milano investigados por Garzón se encargaron durante la semana de Fitur
"Estamos sin Gobierno"
Juan Costa no tiene dudas de la "honradez" de su hermano
Such no se siente aludida por la causa pese a que Garzón señala a Fitur
De la Rúa podría ser recusado por «amistad manifiesta» con el presidente
Camps niega los hechos pero no ofrece ninguna explicación
Vídeo: Costa niega las acusacionesDOCUMENTO: Auto del juez Garzón Vídeo: Camps se muestra tranquilo
_

“Preferían a un alcalde más flexible”, denuncia a El Plural el regidor de Pozuelo defenestrado por Aznar
“No acepté presiones lanzadas desde la dirección del PP. Ellos sabían que yo no podía aceptar muchas cosas que me insinuaban”

Benjamín Martín Vasco estaba al frente de la empresa municipal que realizó la concesión
Martinsa salpicada con una adjudicación irregular en Arganda
La trama corrupta de Correa pagó la boda y la luna de miel de Martín Vasco

Del clan de Valladolid, a jefe de campaña del Partido Popular
Gracias a Aznar, Jesús Sepúlveda se convirtió en alcalde de Pozuelo

Los comparecientes leen sus declaraciones e intentan no salirse de su guión preestablecido
El presunto reponsable de la trama del espionaje niega casi entre lágrimas haber montado un CNI a la madrileña

Comisión del espionaje: por imposición del PP la semana que viene sólo comparecerá Granados
Aguirre, con el editorial de El Mundo que interpreta que hay contra Camps una causa política, que no penal

Aunque matiza que "sólo" por él
Carlos Herrera pone la "mano en el fuego" por Camps

Curiosas coincidencias: la trama Gürtel consigue acercar al PP de Rajoy y a Losantos
Ambos minimizan la presunta implicación de Camps y cargan las tintas contra Garzón

La lideresa asegura que la actitud socialista "es un estímulo para nuestros votantes"
Aguirre tranquiliza: "El montaje de los espionajes se está desinflando"

Partidos lusos solicitan la comparecencia del yernísimo en una Comisión de Investigación
Agag, requerido por el Parlamento portugués por posible implicación en la quiebra de BPN y en venta de armas
_
_

divendres, 6 de març de 2009

PP Vice (2). 06/03/2009. Garzón vincula la trama corrupta amb la direcció nacional del PP.

_

Garzón vincula la trama corrupta amb la direcció nacional del PP

• Diu que la xarxa es va gestar en l'època d'Aznar i es va traslladar a València amb l'arribada de Rajoy
• Imputa els alcaldes d'Arganda i de Pozuelo per rebre gairebé dos milions d'euros de Correa

MÉS INFORMACIÓ
Correa es va guanyar la confiança dels polítics amb "regals de tot tipus"Implicats Camps i Costa, segon del PP a ValènciaHome de Camps, Rajoy i FabraActe d'inhibició a favor del TSJ de València, en format PDFActe de les imputacions contra càrrecs del PP de MadridActe d'inhibició en favor del TSJ de Madrid, en format PDF

MARGARITA BATALLAS MADRID

Un monopoli.
El jutge Baltasar Garzón afirma que la trama corrupta de Francisco Correa es va gestar en l'època de José María Aznar i que va deixar de treballar per al PP nacional quan Mariano Rajoy va obtenir les regnes del partit el 2004. Per això, el cap d'aquesta xarxa va traslladar els seus negocis a València. El jutge va cedir ahir el cas als Tribunals Superiors de València i Madrid.El magistrat revela que Correa va pagar en vestits gairebé 12.000 euros al president de la Generalitat de València, Francisco Camps, a canvi d'obtenir adjudicacions per quatre milions d'euros del 2006 al 2009. A més, el PP va rebre 420.000 euros de la trama i va realitzar pagaments "fora de control fiscal" a Orange Market per les despeses del congrés regional del PP de València del 2002.

NOUS IMPLICATS
Així mateix, Garzón va imputar ahir en la trama els alcaldes del PP dels municipis madrilenys d'Arganda del Rey i Pozuelo de Alarcón, Ginés López i Jesús Sepúlveda --exsecretari d'acció electoral del PP nacional--, respectivament, i quatre persones més, entre elles el pare i el germà de l'eurodiputat del PP Gerardo Galeote, que també apareix en la trama, encara que el fiscal anticorrupció no ha recolzat, de moment, la seva imputació. Els tentacles de la xarxa també arriben a Castella i Lleó.

El jutge revela que la trama de Correa va començar a operar per "la relació directa" que va establir amb "responsables" del PP "a nivell nacional que tenien el seu lloc de treball a la seu nacional d'aquest partit situada al carrer de Génova de Madrid". Aquestes persones "van convertir" la seva empresa, Special Events, en l'adjudicatària de "la part més gran dels actes de promoció" del PP. El cap d'aquesta trama del 1996 al 2004 --els dos mandats d'Aznar-- va establir "un cercle de persones que o bé li concedien l'organització d'esdeveniments per la seva posició dins del partit" o pels seus càrrecs a les administracions que governaven.

Correa els responia amb "regals" de tot tipus per "crear una relació estable" per "afavorir el negoci de les seves empreses". Per exemple, si un dels responsables polítics arribava a una administració local o autonòmica "començava a introduir persones de la seva confiança en llocs clau per controlar la concessió de contractes públics i el posterior pagament dels serveis".

No obstant, aquesta relació privilegiada es va trencar el 2004 quan Mariano Rajoy va començar a dirigir el partit. Per això, Correa va optar per traslladar-se a València i crear una empresa de la qual es va ocupar Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, "forjat en l'organització d'esdeveniments per al partit a nivell nacional" i que mantenia bones relacions "amb les persones que ocupaven càrrecs de responsabilitat al Govern de la Generalitat" i al PP valencià.

Les acusacions estan recolzades en la comptabilitat de la xarxa. José Luis Izquierdo, empleat d'una de les empreses de Correa, "exercia com a responsable del control dels diners existents". Al seu domicili, la policia hi ha localitzat "un conjunt de fulls" on consta "la recepció de diners i la seva distribució" en caixes de seguretat que es nodreixen per la "caixa B" del conglomerat empresarial. La caixa B "utilitzava diners aliens al sistema financer per afrontar tot tipus de despeses i pagaments a diferents persones que ostenten càrrecs públics". La comptabilitat secreta responia "a les comissions" que percebia la trama i que amagava mitjançant "factures falses".

LES PROVES
Amés, Izquierdo va anotar "els pressupostos d'obra pública amb les empreses adjudicatàries" i va apuntar "els càlculs de percentatges". Correa "decidia la distribució" entre "els partícips en el negoci". La part que corresponia a l'organització es repartia en diferents conceptes. Aquest empleat també va dissenyar un sistema d'arxius personalitzats i un altre de general que li permetia "fer consultes de la situació dels fons de la caixa B". Els apunts comptables consistien en l'obertura per part d'Izquierdo d'"un compte per cada persona física, jurídica o esdeveniment".
_

'OPERACIÓN GÜRTEL'
El PP pone la mano en el fuego por Camps, Costa y sus finanzas

Maria Dolores de Cospedal señala que los afiliados citados en los autos de Garzón —salvo Camps y Costa— han pedido su baja cautelar de militancia.

_

La trama se gestó en Génova 13

_

¿Quién es quién?
Inhibición TSJ Valencia
Inhibición TSJ Madrid
Más imputaciones
Caen los alcaldes de Arganda y Pozuelo
Aguirre acusa a Garzón de "aceptar regalos superiores a los de Camps"
Fabra pone la mano en el fuego por Camps pero no por Garzón
Camps, "indignado con las cosas que se dicen" en su contra
_

Aguirre, con el editorial de El Mundo que interpreta que hay contra Camps una causa política, que no penal
"Hay imputados de dos clases, los del PP que son malos malísimos y los del PSOE que no han hecho nada"

Él, López Viejo y Bosch habrían cobrado un total de 1,2 millones de euros en sobornos
La trama corrupta de Correa pagó la boda y la luna de miel de Martín Vasco

La actitud de la derecha ante la justicia, predemocrática
El Estado de Derecho no se está pudriendo en España, señora alcaldesa de Valencia

Maru Menéndez: "Es evidente que el PP tiene mucho que ocultar"
Comisión del espionaje: por imposición del PP la semana que viene sólo comparecerá Granados

La sombra de la corrupción puede alcanzar a altos dirigentes del PP nacional
Garzón: la red de Correa se gestó "en la calle Génova", en la era Aznar

El tesorero del PP, salvado... "de momento"

¿Financiado con dinero negro el Partido Popular valenciano?
Sospechas de delito sobre Francisco Camps y Ricardo Costa

La lista continúa con López Viejo, Benjamín Martín, Alfonso Bosch, Martín Morales, Clemente Aguado, José y Ricardo Galeote
Los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, imputados

Aguirre cree "absoluta y totalmente" en su inocencia
Dimiten los alcaldes populares de Arganda y Pozuelo tras ser imputados en la trama

No descartan emprender acciones judiciales contra quienes "difaman" el buen nombre del partido
El PP pone "en cuarentena" el auto de Garzón que ve indicios de delito en Camps y Costa

Las amistades del president con altos cargos de la judicatura valenciana
El presidente del TSJV, íntimo amigo de Camps, investigaría su presunta implicación en la Operación Gürtel

Compromís compara sus reuniones con De Rosa con la cacería de Garzón y Bermejo
Camps elude hablar de sus relaciones con los jueces y dice que sus "amigos" son los ciudadanos
_

PP Vice. 06/03/2009. La corrupción sacude al Consell y al PP:

El President del PP i de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps i el diputat i Secretari General del PPCV, Ricardo Costa. Els dos, implicats per Garzón.
_


Auto de ampliación por el que Garzón imputa a seis personas más en la causa, entre ellos los alcaldes de Pozuelo y Arganda

Auto por el que Garzón se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

DOCUMENTOS: Auto de inhibición en favor del Tribunal Superior de Valencia
_

Camps: "Me noto más acompañado que nunca"

El president asegura estar "indignado", aunque asume con "absoluta paz" la situación y garantiza que seguirá trabajando "con más fuerza y más ilusión que nunca"

EFE/LEVANTE-EMV.COM

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha afirmado hoy que asume con "absoluta tranquilidad y paz" la implicación en la supuesta trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional, aunque ha admitido estar "indignado" con algunas informaciones que se están publicando.

Camps ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión del nuevo síndic de Greuges, José Cholbi, al que también ha acudido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, que preside la sala que llevará el caso.

El president, quien se ha reafirmado en la declaración de inocencia que hizo cuando su implicación se hizo pública por primera vez, ha asegurado confiar "plenamente en la Justicia" y tener "la conciencia tranquila", además de asegurar que su esfuerzo se seguirá centrando en su labor al servicio de los ciudadanos."Estoy indignado por las cosas que se dicen y se proponen pero lo asumo con absoluta tranquilidad y paz" ha manifestado, y ha asegurado que hay "circunstancias en la vida que a uno le hacen estar más fuerte, más ilusionado y más convencido que nunca de su trabajo".

Tras asegurar que va a seguir "trabajando todos los minutos de todos los días con más fuerza si cabe como president de la Generalitat", se ha mostrado convencido de que se "hará justicia" porque tiene "la conciencia tranquila, con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas" administraciones e instituciones.

"Como president de la Generalitat voy a continuar trabajando con toda la fuerza y con toda la ilusión, esperando los próximos días con tranquilidad y con paz y esperando que al final todo acabe como yo creo que tiene que acabar", ha explicado y ha incidido en que no hay ninguna cuestión que le cause "preocupación".

Camps, quien ha acudido al acto de toma de posesión del síndic de Greuges acompañado por un amplio número de sus consellers, ha asegurado que hoy se encuentra "más acompañado" de lo que "nunca" se ha podido encontrar "a lo largo de todos estos años", y que sigue recibiendo el "cariño, ilusión, cercanía y compromiso" de muchas personas.

El president de la Generalitat ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para que la Comunitat Valenciana "sea una de las referencias inexcusables de la España moderna, viva, alegre y confiada que mira al futuro con toda la fuerza y el tesón" y que lo hará "con más fuerza y con más ilusión que nunca".
_

Vídeo: Costa niega las acusaciones
Exigen un pleno en les Corts retransmitido en directo por Canal 9.
Barberá: "El auto es ridículo, desproporcionado, contradictorio y curioso".
El PP apoya a Camps y Costa y agradece la dimisión de los alcaldes de Pozuelo y Arganda.
_

Garzón acusa a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por recibir 34.908 euros en ropa que pagó la trama corrupta

La declaración del sastre, apuntes de la caja B de «la organización» y documentos de Forever Young implican a los políticos

Francesc Arabí, Valencia

La rama valenciana de la trama de presunta corrupción montada por el empresario Francisco Correa parece que era el tronco. Eso se desprende del auto dictado ayer por el juez Baltasar Garzón en el que, tras interrogar a 37 imputados y visto el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, decide inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, a quien compete investigar a los aforados. El juez implica a dos diputados autonómicos y no son menores: la cabeza del Consell, Francisco Camps, y la del partido, Ricardo Costa. En el escrito de 37 páginas, Garzón no pone a estos políticos la etiqueta del delito que se corresponde con su presunta actuación: recibir regalos en especie, concretamente trajes a medida y otros artículos de vestir por 12.783 y 7.325 euros, adquiridos en dos tiendas de lujo de Madrid, pero pagados por empresas que, como Orange Market, han sido contratistas del PP y de la Generalitat. Sólo de esta última han recibido al menos 6 millones de euros en adjudicaciones.A los otros dos implicados -el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex director del gabinete de Turismo, Rafael Betoret- el juez sí puede imputarlos directamente. Y lo hace. Les atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental por comportamientos similares a los que relata de Camps y Costa. Esto es, aceptar que los trajes, por 14.800 euros en ese caso, los pagaran firmas de la trama corrupta como la citada o Diseño Asimétrico y Servimadrid, consideradas la espina dorsal del cruce de facturación falsa.

Se facturaban «metros de tela»
Los justicantes de todos los pagos se amañaban al dictado de Pablo Crespo -el que desarrollaba en la trama la «estrategia de ocultación de fondos»- o del propio Álvaro Pérez. Camuflaban en la factura los nombres de los beneficiarios del pedido y en su lugar aparecían empresas de Correa.

¿Por qué concepto se emitían los recibos?
Se incluía como producto vendido «metros de tela, seda natural, seda roja, batista suiza azul, Oxford algodón, etc». Materiales, que, por cierto, no venden las tiendas en cuestión. La presunta implicación de los cuatro políticos valencianos se ha descubierto básicamente por las declaraciones del sastre, José Tomás, por la documentación aportada por una de las tiendas y por apuntes contables en la caja B de «la organización» -que es como Garzón nombra el tinglado de 23 empresas- desvelada por Isabel Jordán, que fue apoderada de Easy Concept y en unas grabaciones aludía a una factura de 30.000 euros en trajes relacionada con Camps.

Las palabras de Tomás, las anotaciones en «hojas de Excell» sobre el dinero negro y un lápiz de memoria incautado al contable acabaron de completar el relato judicial que sostiene la acusación de que el presidente Camps lleva la sospecha encima, pegada a la piel. El relato del auto destroza la palabra de honor que el pasado día 19 de febrero empeñó Camps cuando salió a proclamar con toda solemnidad que desmentía «de plano» cualquier participación en esta maraña de intereses abonados en el lado oscuro de la ley comprando a políticos y funcionarios con «dádivas de todo tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de plasma u otros objetos». El auto sí avala la palabra de Camps cuando dijo que había devuleto un pedido de cuatro trajes, pese a que ya le habrían hecho los arreglos.

Clientes muy fieles
Igual que Álvaro Alonso «se trasladó a Valencia porque allí tenía a su amigo Ricardo Costa», el secretario general del PP y el jefe del Consell iban a Madrid con El Bigotes porque allí estaba el sastre de confianza de éste. Tan de confianza era que cuando Tomás se trasladó de Milano -de donde fue despedido- a Forever Young, los clientes VIP también se mudaron. El presidente acudió a la boutisituada en el número 29 de la comercial Calle Serrano de Madrid de la mano de Álvaro Pérez. A Camps le «tomaron las medidas de patronaje» y se le hizo la «ficha para la empresa confeccionadora». El primer gasto como cliente fue de 4.700 euros en dos facturas: una de 3.300 y otra de 1.400. La segunda la abonó Orange Market mediante cheque bancario. El pago de la primera no se ha podido acreditar de momento en la investigación, según el juez. La ropa se la llevó el 24 y el 26 de enero de 2006. Por aquellas fechas, se celebró el primer Fitur en el que Orange Market debutó como contratista y desde ese día se ha llevado todos las adjudicaciones. Casi todas rozan los 1,1 millones de euros, menos la última que, con la crisis, ha bajado a 915.820.

«Entradas y salidas de milan»
A lo largo de 2008, Camps recibió ropa de Forever Young por 8.083 euros, que fueron abonados, según el auto, por las antes citadas Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, además de la propia Orange mediante cheque o transferencia bancaria. Entre la ropa confeccionada para el presidente el año pasado se incluía un «smoking confeccionado para ir a Nueva York» y un chaleco blanco que lució en una recepción del Papa en el Vaticano. La caja B de Easy Concept, la firma que realmente montaba el pabellón valenciano de Fitur según Isabel Jordán, recogía un apunte de 63.000 euros bajo el epígrafe «entradas y salidas de milan» (sic). En esa cantidad estarían incluidos los 35.000 euros de los trajes para políticos valencianos.La atención era tan personal que, siempre según el escrito judicial, en el caso de Ricardo Costa el modisto le tomó las medidas «en su despacho de la sede del PP», según contó el propio sastre. El mismo 26 de enero de 2006 en el que se hizo el pedido de Camps, se añadió uno de «tres trajes» para Ricardo Costa. Este pago lo hizo Orange Market en una cuenta de Milano en Barclays Bank. En Forever Young, Costa también tendría un pedido a su nombre con fecha del 25 de mayo de 2007, dos días antes de las elecciones en las que el PP revalidó su éxito absoluto.

El pesebre, en Valencia y Madrid
La campaña la organizó, como todas desde 1996, la red de Correa. Primero era Special Events y después fue Orange Market, creada en Algemesí el 24 de julio de 2004. Montar esta firma fue la adaptación de la trama a las nuevas circunstancias de la derrota de Aznar. El pesebre se redujo a Madrid y Valencia. Y se metieron de cabeza. El paquete de prendas para el secretario general fue abonado por las mismas sociedades de la trama que sufragaron supuestamente el fondo de armario de Camps. Y los rastros fueron borrados de las facturas también con el mismo «modus operandi» que en el caso del presidente: fingiendo que se estaban pagando metros de tela de todos los colores y texturas y escondiendo los importes en partidas más amplias. El ex vicepresidente del Consell y ex titular de Justicia, Victor Campos, anunció su retirada de la política en abril de 2007. Un año antes, en enero de 2006, también se vistió con trajes, americanas y pantalones manufacturados por José Tomás. Mucha confianza debían de tenerse, porque el sastre le tomó las medidas «en su despacho de la Generalitat». Como secretario general provincial del PP, Campos impuso tres años antes a Carlos Fabra la elección de Special Events para organizarle el congreso provincial de Peñíscola, como contó este diario cuando saltó el escándalo Gürtel. Campos está hoy en el consejo de Aguas de Valencia, desde el 8 de mayo de 2008, y en el de la constructora Romymar.

Otro cliente con mano en la Administración que acudía a menudo a las tiendas de Madrid es Rafael Betoret, actual responsable de protocolo de la Diputación de Valencia. Concuñado de Carlos Fabra, el dandy Betoret habría adquirido ropa por casi 10.000 euros. Era de los fijos cada año en esa fiesta sin par que es Fitur. Fuentes de la Generalitat indicaron a este diario que como jefe de gabinete de la entonces consellera Milagrosa Martínez, supervisaba el montaje del pabellón valenciano. Allí se encontraba con Isabel Jordán, de Easy Concept. A Betoret le tomaron las medidas en el Mesón 5 Jotas de Valencia. La cocina y la moda son dos maneras distintas de rendir tributo a los sentidos.

El sastre declaró que Camps dijo: «Álvaro es un bocazas»El lunes 9 de febrero, tres días después de que el juez Garzón acelerara la operación Gürtel ante el riesgo de fuga de los cabecillas, el sastre José Tomás acudió a declarar «en sede policial». Durante su testimonio recibió «varias llamadas a su teléfono móvil procedentes del Sr. Camps que no atendió». Según cuenta el auto judicial, en el transcurso del interrogatorio, Tomás explicó que había hablado con el jefe del Consell y que éste le había transmitido que «Álvaro era un bocazas». Las llamadas fueron registradas porque el teléfono de Tomás estaba intervenido por el juez. Por eso es más que posible que se hayan grabado conversaciones del sastre con interlocutores.
_

Garzón sospecha que Correa entregó 420.000 euros al PP valenciano como comisión por contratos
Alarte: "La democracia valenciana vive la peor crisis de su historia"
El Consell y el PP niegan las imputaciones de Garzón y amenazan con acciones judiciales
El conseller García Antón se escuda en que los funcionarios avalan todos sus contratos
Camps se justifica por su confesión de amistad con el juez que preside la sala que llevará el caso
Pérez medió por Camps en EE UU y por Costa
Santamaría defiende a Camps y critica que "por unos trajes" se hable de "trama generalizada de corrupción"
Vídeo: Discurso de Camps al conocer que era investigado
DOCUMENTO: Auto del juez Garzón
_

LA RED CORRUPTA LIGADA AL PP

El PP suspende a los implicados salvo Camps y cuatro aforados más

Génova evita tomar medidas contra el presidente valenciano y su número dos', y contra tres altos cargos madrileños, al quedar su caso en menos de los tribunales superiores de Madrid y Valencia

ELPAÍS.com - Madrid - 06/03/2009

El Partido Popular ha comenzado esta misma mañana a tomar medidas con los dirigentes de esta formación implicados en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos populares durante el mandato de José María Aznar, informa Carlos E. Cué. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta mañana la suspensión de militancia de los implicados, con la excepción el presidente valenciano, Francisco Camps; el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ambos aforados y aún no imputados, pues depende directamente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia aunque el juez Baltasar Garzón ha encontrado suficientes indicios contra ambos.

Así es la gran trama de corrupción política vinculada al PP
El alcalde de Pozuelo también dimite por su relación con la trama corrupta del PP
Aguirre acusa a Garzón de recibir "regalos" de mayor cuantía que los de Camps
Garzón destapa sobornos a Camps y una red de corrupción masiva en Madrid

Durante un tiempo se produjo una confusión similar a la que se vivió cuando Mariano Rajoy anunció la dimisión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y éste se resistió hasta 24 horas después. Cospedal ha asegurado que todos los implicados, menos Camps y Costa, estaban suspendidos de militancia. Eso incluiría a los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre -Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco-, que son aforados y su imputación depende del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cospedal ha hablado de suspensión de militancia para "todas las personas imputadas y además las personas a las que se refiere el auto de remisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Sin embargo, el PP de Madrid ha aclarado poco después que los tres diputados autonómicos no están aún suspendidos de militancia. La diferencia es fundamental, porque no tendría justificación que estas tres personas no aforadas quedaran suspendidas de militancia y no así Camps y Costa. Cospedal se ha detenido especialmente en proteger a Camps, y cuando ha sido preguntada por el posible incumplimiento del Código Ético del PP al aceptar un presidente autonómico que un empresario le regale trajes, ha asegurado que eso no está probado.

Para el PP, las facturas y las declaraciones del sastre ante Garzón no son pruebas suficientes. Cospedal ha rechazado además cualquier posible financión ilegal del PP, no sólo el nacional, también el de la Comunidad Valenciana, tal como apunta el auto de Garzón.

Tres dimisiones más
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona Ricardo Galeote, implicado también en la trama, renunciará a su acta de edil en los próximos días, informa Efe. El presidente local de los populares, Ignacio Mena, ha anunciado hoy que Galeote, que también es secretario local del partido, ha adoptado esta decisión "para no dañar al PP". Según el juez Garzón, el edil habría cobrado 42.469 euros de la trama entre 2001 y 2003, periodo en el que era gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas, que contrató servicios por casi 123.000 euros con sociedades de Correa.

Ricardo Galeote es hermano del eurodiputado popular Gerardo Galeote. Precisamente, el candidato del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado hoy que a su partido "no le debe temblar la mano" ante los casos de presuntas irregularidades, informa Europa Press.

En rueda de prensa desde la sede nacional en Génova, Cospedal ha declarado que los alcaldes madrileños de Araganda del Rey y Pozuelo de Alarcón han dimitido para "evitar daños al partido" y que ambos "han antepuesto el interés" del PP al suyo propio. Respecto al regidor de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, ha dicho que éste "no aparece imputado por su gestión municipal".

Además, Cospedal ha vuelto a descalificar la investigación del juez Baltasar Garzón, quien actúa con "animadversión al PP" y por "las insidiosas afirmaciones en los autos que no se justifican con los hechos". No obstante, la número dos de Rajoy ha manifestado que el PP confía "en la justicia" y que este partido actuará "con contundencia contra los militantes que hayan cometido alguna irregularidad". En este sentido, preguntada por los periodistas, ha agregado que el PP exigirá responsabilidades a los implicados en la trama de corrupción "no sólo cuando haya una sentencia firme, sino cuando la investigación demuestre que han cometido alguna irregularidad".

Por último, ha desgranado los principios que rigen la actuación de los populares en este asunto: "Ejemplaridad, tranquilidad para los militantes y la garantía de que la financiación del partido es regular".

_

El ex delegado del Gobierno en Murcia guardaba en un trastero 43.000 euros en billetes de 500
Dimiten los alcaldes de Arganda y Pozuelo implicados por Garzón
guirre acusa a Garzón de recibir "regalos"
Indicios de financiación ilegal en el PP valenciano
Camps y su 'número dos' reciben 20.000 euros en ropa
CLAVES: Quién es quién en la trama ligada al PP
_

La corrupción sacude al Consell y al PP

Ricardo Costa, imputado en la trama, alega que se trata de acusaciones "infundadas" - Para el líder socialista, Jorge Alarte, "es la peor crisis de la democracia valenciana"

J. FERRANDIS / S. VELER TC. VÁZQUEZ - Valencia - 06/03/2009

El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tuvo ayer un efecto demoledor en el seno del Consell y del Partido Popular. Tras el terremoto generado por la publicación (EL PAÍS del pasado día 19) del informe de la Fiscalía Anticorrupción que implicaba al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la trama corrupta vinculada al PP, el auto remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el juez Garzón sacudió con intensidad inusitada los cimientos institucionales y políticos del Partido Popular.

Francisco Camps Ortiz
Ricardo Costa Climent

La trama corrupta apunta a la financiación ilegal del PP
Rambla: "en los próximos días se aclarará la no relación" de Camps
La sala que preside De la Rúa es de mayoría conservadora


El auto no solo halla indicios de cohecho, tráfico de influencias y falsedad en la actuación del jefe del Consell, Francisco Camps; el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. El auto apunta a la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana a través de la red de empresas corruptas que montaron en Madrid Francisco Correa y Pablo Crespo. Una red que cobró cuerpo en la Comunidad Valenciana a través de Orange Market, tras la pérdida de las elecciones generales de 2004 por parte del PP, y su responsable Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes.

Según el auto del juez Baltasar Garzón, Orange Market disponía de una caja B (de dinero negro) en la que figura, al menos, "un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market" con fecha de 31 de agosto de 2005.

En su escrito, el magistrado relaciona también otros apuntes contables de la red corrupta de empresas, que se remontan, supuestamente, al décimo congreso regional del PP, celebrado en Valencia en 2002, en el que fue reelegido Eduardo Zaplana.

Los socialistas ya apuntaron, antes de conocerse el auto del juez Garzón, a la financiación irregular de los populares valencianos en la sesión de control de las Cortes Valencianas. El portavoz socialista, Ángel Luna, aseguró: "Orange Market está en la financiación del PP. Una empresa con cinco trabajadores es una agencia de contratación para ganar dinero y ese dinero va a parar a sus amigos o al PP".

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se abstuvo de responder a las preguntas de la oposición, e insistió en su honradez y en la de su Administración. Pero a la hora del almuerzo el auto de Garzón ya había hecho saltar por los aires el escenario planteado por el jefe del Consell.
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, afirmó: "Es la peor crisis de la democracia valenciana".

Los populares se reunieron en gabinete de crisis, aunque les costó sobreponerse a la situación, con todo el partido sobrecogido y noqueado por el auto del juez Garzón.

El secretario general del PP, Ricardo Costa, compareció a las puertas de la sede del partido en Valencia al filo de las nueve de la noche, hora de inicio de la mayoría de los informativos nocturnos. Bajó las escaleras a la calle con una sonrisa forzada y trató de no parecer nervioso ante los medios de comunicación.

"El PP pone de manifiesto su absoluta negación de las acusaciones que se vierten contra sus dirigentes", indicó Costa, que aseguró que las acusaciones son "absolutamente infundadas".
"Nos ratificamos en todo lo que hemos venido defendiendo en las últimas semanas", abundó el secretario general del PP, que eludió mencionar siquiera cualquier aspecto sobre la financiación irregular de su partido o los trajes que se hizo confeccionar por el sastre de Álvaro Pérez.
El número dos del PP garantizó la "colaboración" del PP con la Justicia, aunque también pidió la "máxima diligencia y máxima rapidez" en el proceso.

A la misma hora, aproximadamente, el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, emitió un comunicado en el que negó los hechos que se le atribuyen al presidente de la Generalitat en la investigación de la Audiencia Nacional. "Estamos convencidos de que en los próximos días se aclarará la no relación del presidente con los hechos que se están investigando", indicó.El día acabó para el presidente de la Generalitat mucho peor de lo que había comenzado. Y eso que desde hace tres semanas la sesión de control al jefe del Consell en las Cortes Valencianas se ha convertido en un auténtico suplicio. En el hemiciclo los portavoces del PSPV, Ángel Luna, y de Compromís, Mónica Oltra, exigieron respuestas claras al jefe del Consell sobre los escándalos relacionados con Orange Market y las adjudicaciones de contratos de manera irregular por parte de distintos departamentos de la Generalitat.

Camps insistió: "Mi conciencia está tranquilísima". El presidente de la Generalitat buscó la cercanía ("mis amigos son los cinco millones de valencianos") y la legitimidad de las urnas para argumentar que la gestión de su Administración es transparente y conforme a la legalidad. Y nuevamente se escudó en las auditorías de la Sindicatura de Comptes, que revisan contratos aleatoriamente, y en los pocos recursos que se presentan a las adjudicaciones de las contratas públicas.

Argumentos etéreos para la oposición. "Empieza a ser incómodo para su partido", apuntó Luna, que vinculó Orange Market con la financiación irregular del PP y advirtió que ya hay dirigentes populares que "empiezan a hablar".

Mónica Oltra, de Compromís, reclamó por activa y por pasiva (se puso una camiseta pidiendo transparencia y los papeles del Consell) respuestas claras sobre las reuniones de Camps con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa; sobre las llamadas al sastre José Tomás y sobre la implicación del presidente en la trama corrupta de empresas. Tanto Luna como Oltra calificaron las comparecencias de los consejeros para dar explicaciones de los contratos y su relación con Orange Market de "pantomima".

Tras conocerse el auto, la reacción de la oposición fue todavía más contundente. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió al presidente Camps una explicación urgente sobre los "indicios claros" de responsabilidad penal de él mismo y de dirigentes de su partido por el caso Gürtel.

Para la coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos, la implicación de Camps y Costa apunta a la "financiación irregular en el PP". Marcos pidió la destitución de todos los cargos implicados en el caso.

El presidente de la Generalitat, a diferencia del pasado día 19 cuando se informó de su implicación, guardó silencio tras conocerse el contenido del auto del juez Garzón. No hubo declaración institucional. Tan solo el vicepresidente Rambla, a través de un comunicado, y Costa, en la sede del PP, salieron a realizar una primera valoración.

Fuentes de Presidencia insistieron en que los hechos demostrarán la honradez del presidente de la Generalitat, implicado en un auto judicial por su relación con personas en las que erróneamente depositó su confianza.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitió ayer el auto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Una vez sea registrada la causa, y por turno de reparto, se nombrará un instructor de entre cuatro de los cinco magistrados de la sala. Aunque la ley no excluye al presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, por normas internas, no instruye.
José Flors, Carlos Climent, Juan Montero y José Francisco Ceres son los magistrados que componen, junto a De la Rúa, la sala de Lo Civil y Penal, encargada de los casos que afectan a aforados, informa Lydia Garrido.

José Flors pertenece a la asociación Francisco de Vitoria. Fue el encargado de archivar la causa que presentó Eduardo Zaplana contra dos diputados autonómicos socialistas por difundir unas conversaciones grabadas con dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica. Flors está vinculado a la revista jurídica y se le reconoce un buen hacer jurídico.

Carlos Climent proviene del mundo de la universidad. No es un magistrado de carrera. Llegó a la sala en virtud de la potestad que la ley concede al Parlamento autonómico de proponer miembros para la sala. Fue a propuesta socialista. Juan Montero también procede de la Universidad y su nombramiento fue a propuesta del PP. Una de sus últimas rúbricas ha sido el archivo de la causa en la que estaba implicado Díaz Alperi.

José Francisco Ceres es de posición marcadamente conservadora. Su firma está en el archivo de los casos que afectaban al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. Su nombramiento estuvo rodeado de polémica.
_

'El Bigotes' y la campaña de Hábitat

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 06/03/2009

Feria Valencia dio en 2008 a Orange Market, empresa presidida por Álvaro Pérez, una campaña de promoción de unos 800.000 euros para Hábitat, certamen estrella del calendario ferial que reúne cada año a los sectores del mueble, el textil y la iluminación.

El plan de mercadotecnia fue confeccionado al margen de los comités organizadores de Hábitat y presentado a éstos en una reunión celebrada en junio de 2008 por el propio Pérez, conocido por El Bigotes en el PP valenciano e imputado en la trama investigada por Garzón. El presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, y el director, Carlos de Vargas, estaban presentes; de hecho explicaron que la campaña era un refuerzo a las diseñadas por el certamen en cuestión y que no se preocuparan por su coste porque iba a cargo de la institución.

El plan incluía la distribución de monopostes y grandes lonas publicitarias e incluso reproducciones de muebles a gran escala por diferentes puntos de la ciudad. También organizó una exposición itinerante de una falla por ciudades como Madrid o Sevilla. Fuentes presenciales recuerdan que Pérez vendió a los presentes la ventaja que suponía que la campaña coincidiese con el Gran Premio de Fórmula 1, celebrado en agosto en Valencia, pese a que el público de la F-1 y el ferial son diferentes.

Un portavoz de Feria Valencia no quiso ayer confirmar el coste del contrato -"por cada cosa se pagó lo que costaba en cada momento", dijo-, pero sí explicó que Orange Market se incorporó como empresa de cabecera de Feria Valencia en febrero de 2008, sustituyendo a su anterior proveedora, la firma BSB. La eligieron de forma directa, sin que mediase concurso, porque la feria no está obligada a ello.

La empresa que dirige Álvaro Pérez prestaba servicios de tipo "horizontal", según el portavoz, quien no proporcionó cuánto ha facturado Orange Market por servicios a Feria Valencia. Sí detalló que algunos de ellos tuvieron que ver con la web o el diseño de folletos institucionales.
Los miembros de los comités organizadores de los tres sectores aceptaron la campaña porque habían sido ellos mismos los que, debido a la situación de crisis, habían pedido a Feria Valencia un esfuerzo publicitario para atraer a más compradores

El portavoz oficial aseguró que el recinto hizo una rebaja del 20% del precio del suelo a los expositores e invirtió un millón de euros en la captación de compradores. "Todo ello atendiendo a la petición de los organizadores", concluyó.

Feria Valencia, entidad tutelada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, fue escenario del último congreso del PP regional, en octubre del año pasado, y Orange Market se encargó de organizarlo.
_

CASO CORREA
Los alcaldes de Arganda y Pozuelo dimiten tras ser imputados
Defiende al alcalde de Arganda
Camps tiene la conciencia tranquila

Camps, "indignado"

TRAMA DE ESPIONAJE
Marcos Peña asegura que nunca ha hecho seguimientos ni ''dosieres''
_