dissabte, 26 de novembre del 2022
La negligencia del franquismo que contagió de polio a miles de niños
La Ley de Memoria Democrática en vigor desde octubre obliga a investigar lo sucedido y a proporcionar atención sanitaria y social a los afectados, que exigen premura por el creciente deterioro de su estado a causa del síndrome postpolio.
La oscuridad de la dictadura franquista no sólo ocultó la represión en las celdas de comisarías y prisiones, también tapó decisiones trascendentales para la salud de la población, como la de no vacunar a los niños contra la poliomielitis que en los años cincuenta se convirtió en pandemia, igual que ahora lo ha sido la covid-19.
La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el pasado octubre, reconoce el sufrimiento de las miles de personas que se contagiaron entonces de la polio y obliga a adoptar medidas sociales y sanitarias para atender los efectos de esa enfermedad vírica que puede causar una gran discapacidad.
La polio afecta, sobre todo, a los menores de cinco años y se propaga con gran facilidad de persona a persona para luego multiplicarse en el intestino y, desde allí, invadir el sistema nervioso, causando en muchos casos una parálisis, fundamentalmente en las piernas.
Es una enfermedad que no tiene cura y sólo se puede prevenir mediante la inmunización, con una vacuna, que es lo que ha permitido que hoy en día esté prácticamente erradicada en el mundo, salvo en Afganistán y Pakistán, donde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), siguen registrándose casos, 175 en 2019.
Y el sistema de inmunización fue, precisamente, el que falló de forma estrepitosa en España durante los años en los que el virus se propagaba con más celeridad por Europa, en la década de los cincuenta y principio de los sesenta, cuando nuestro país vivía bajo la dictadura del general Francisco Franco. Su régimen decidía sin discusión qué se hacía y qué no, también en los temas que atañían a la salud de la población.
El profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Salamanca Juan Antonio Rodríguez Sánchez, autor de varios estudios sobre la polio en el franquismo, ha elaborado una cronología de los hechos que condujeron al "desastre" en España desde 1955, cuando quedó demostrada la eficacia de la vacuna desarrollada en EEUU por Jonas Salk para la prevención de la infección con los tres tipos de poliovirus existentes.
De acuerdo con sus investigaciones, entre 1955 y 1957 no se produjo ni se importó a nuestro país la vacuna de Salk, pese a que en esos tres años se produjeron, al menos, 3.260 casos de polio y 426 fallecimientos por esta causa, casos que se dispararon en 1958 y 1959 hasta alcanzar una incidencia de 70 contagios por cada 100.000 habitantes, la mayor tasa registrada nunca en España desde 1948, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Y en el año en que el virus se estaba propagando con más velocidad, el que era presidente de la Comisión Española para el Symposium Europeo sobre Poliemielitis, Juan Bosch Marín, negó públicamente la existencia de la epidemia y minimizó la importancia de los casos, tal como recogió la prensa de la época.
Al contrario de lo que hubiera requerido la situación, el Gobierno franquista no dio publicidad a "supuestas campañas nacionales de vacunación", añade el profesor Rodríguez Sánchez, mientras que quienes tenían acceso a la vacuna debían pagar por ella un precio elevado para las magras economías familiares de entonces, salvo que dependiesen de la beneficencia.
De esta forma, entre 1958 y 1963 no se llegó a vacunar en España ni a la tercera parte de la población menor de cinco años. Y hasta finales de ese último año no se puso en marcha la primera campaña nacional de vacunación masiva, tras una experiencia piloto llevada a cabo en León y Lugo con la vacuna oral desarrollada por Albert Sabin, que provocó al año siguiente un descenso de tal calibre que la tasa bajó de sopetón de 69,10 casos por cada 100.000 habitantes a sólo 6,10. Ese mismo éxito, sin embargo, llevó en años posteriores a relajaciones presupuestarias y, por tanto, a ciertos repuntes de los contagios.
Esas son las cifras, los hechos, y detrás de todo ello está el sufrimiento de las miles de personas que se contagiaron siendo niñas, niños, cuando en el mundo ya había una vacuna que evitaba esa enfermedad y sus graves consecuencias. La lucha tenaz de esas personas por saber las causas de lo que consideran, al menos, una "negligencia" del franquismo, por conseguir un reconocimiento y una atención sanitaria y social para sus cuerpos cada vez más castigados con el síndrome postpolio, es la que ha permitido que una ley, la de Memoria Democrática, recoja al fin en 2022 sus reivindicaciones.
La disposición adicional undécima de esa ley dispone que "en reconocimiento del sufrimiento padecido por las personas que fueron afectadas por el poliovirus durante la pandemia que asoló a España a partir de los años cincuenta del siglo XX, el Gobierno promoverá investigaciones y estudios que esclarezcan la verdad de lo acaecido respecto de la expansión de la pandemia durante la dictadura franquista".
Además, obliga al Ejecutivo a desarrollar medidas de "carácter sanitario y social" a favor de esas personas por los efectos tardíos de la polio y la postpolio, que "posibiliten su calidad de vida".
Lola Corrales: "Te trataban como un trozo de carne"
Lola Corrales es una de esas personas. En 1959, en plena cresta de la ola pandémica, cuando tenía 13 meses de vida, se contagió de polio. Su familia vivía en el barrio de Vallecas de Madrid, en una calle donde había más barro que asfalto, y nadie les había hablado de la vacuna.
"No sabían lo que me pasaba, me daban antibióticos, y mi padre, que había oído algo de la polio, dijo que a lo mejor era eso", recuerda Lola, quien hoy, con 63 años, padece cada vez con más crudeza los dolores de la postpolio en todo su cuerpo.
Su infancia transcurrió entre una sucesión de operaciones quirúrgicas, para limitar los efectos del virus en su organismo, que le hicieron perder varios cursos escolares. "Te trataban como un trozo de carne cuando te iban a operar. Me decían que, gracias a las operaciones, me iban a quitar el aparato ortopédico que llevaba en la pierna, pero nada. Siempre tiraban balones fuera, los problemas eran tuyos, porque no hacías las cosas bien", dice Lola Corrales, que fue testigo a los 8 años de cómo a un hermano suyo le ponían al poco de nacer la vacuna contra la polio que a ella le habían soslayado.
"A mis padres, cuando yo nací, les dijeron que la vacuna que había no valía. Pero lo más grave es que esa vacuna ya estaba entonces en España y que se la pusieron a hijos de familias de altos cargos del franquismo. Pero nosotros éramos pobres. Lo hicieron sabiendo lo que estaban haciendo", asegura Lola.
Pese a todo, esta mujer se abrió camino, tuvo de joven un Seiscientos adaptado para su discapacidad por un hermano -las horas punta del metro eran un infierno para una persona en su estado-, estudió y trabajó hasta que en 1994 se vio obligada a dejar su empleo a causa de un "dolor insoportable" en abdomen y costillas, de un cansancio que la dejaba exhausta, sin fuerza para nada.
Estos eran los primeros síntomas de la postpolio que ahora apenas le permiten salir de casa, la secuela de un virus que ha cercenado su vida por segunda vez. "El pasado, que ya creías superado, vuelve", se lamenta Lola. "Vuelves a vivir la enfermedad con unas consecuencias que pueden ser devastadoras para tu vida familiar, laboral. Hay gente que se ha llegado a suicidar, porque esto es muy duro de aguantar", añade.
Lola Corrales fue una de las primeras integrantes de la Asociación de Afectados de Polio y Síndrome de Postpolio de España, que en 2003 presentó una querella criminal en los juzgados de Madrid contra el Estado español por las lesiones causadas y la ocultación durante el franquismo de la vacuna y de las consecuencias de la enfermedad en miles de niños.
La asociación entendía que, aunque los hechos denunciados podían haber prescrito por el paso del tiempo, no así los efectos que continuaban en el presente, deteriorando sus organismos, rebajando su calidad de vida.
La querella, sin embargo, fue archivada. Y los recursos no prosperaron tampoco en instancias superiores, ni en la Audiencia Provincial ni en el Tribunal Supremo, lo mismo que ocurrió con otras iniciativas judiciales emprendidas con casos individuales por la vía del contencioso administrativo, que fueron igualmente sobreseídas.
La asociación decidió entonces encauzar su lucha por la vía de los derechos humanos y la recuperación de la memoria histórica, que es la que, finalmente, ha fructificado con el reconocimiento de sus reivindicaciones en una ley de rango estatal, que, para este movimiento, supone un gran paso, pero no aún la solución a las grandes dificultades que afrontan diariamente.
La familia que emigró a causa de la polio
En otros casos, la polio obligó a familias enteras, numerosas, a emprender el camino de la emigración, como le ocurrió a la de Joana Rodríguez, con ocho hermanos, que tuvieron que marcharse de un pueblo de Granada en 1957 cuando ella se contagió al cumplir nueve meses.
Tampoco nadie les dijo nada de la vacuna que circulaba por el mundo desde 1955. Sus padres, trabajadores del campo, se fueron con lo puesto a buscar en Catalunya la atención que no encontraban en esa provincia del sur subdesarrollado para una enfermedad que ya había contraído otra hija en 1942.
"Hemos padecido de todo, también a nivel psicológico, no sólo físico y, en nuestro caso, también económico, porque mi madre, mis hermanas se tuvieron que poner a trabajar para sobrevivir cuando llegamos aquí", recuerda Joana, que ha sido durante años la presidenta de la Associats de Polio y Postpolio de Catalunya.
Su asociación ha estado más de dos décadas luchando para que se reconociera como "negligencia del Estado" español, como parte de su memoria democrática, lo que les ocurrió a los niños contagiados de polio durante el franquismo por no haber sido vacunados, y que actualmente, según sus datos, son unos 8.000 valorados en Catalunya y más de 45.000 en toda España. Joana Rodríguez define de manera muy rotunda lo que sucedió con la epidemia de la poliomielitis: "Lo que pasó fue una masacre".
"Se ha demostrado que hubo una negligencia, porque las vacunas estaban aquí, pero no las repartieron hasta que vieron que los niños caían como chinos y que era una pandemia", afirma Joana.
Esta mujer, como Lola Corrales, tuvo que dejar de trabajar a causa de los efectos de la postpolio, en su caso a los 52 años, después de haber estado 35 empleada como administrativa en una empresa multinacional. "Fui cayendo en picado, con pérdida muscular, muchas caídas, hasta tener que moverme en una silla de ruedas. Y hay gente que ya está tomando morfina, porque el dolor puede ser insoportable", asegura.
Las reivindicaciones de su asociación consiguieron que Catalunya cuente ahora con cinco hospitales de referencia en los que se trata la polio y la postpolio con una atención específica, una cobertura sanitaria que no existe en otras comunidades autónomas y que el colectivo de afectados considera esencial para evitar que empeore su estado de salud.
"Antes ibas al médico de cabecera y no tenía ni idea de lo que a ti te pasaba, porque decían que la enfermedad estaba erradicada en España", explica Joana Rodríguez. "Pero aquí estamos los enfermos para demostrar que la enfermedad sigue, y que está en Pakistán y en Afganistán, y que podría expandirse", apunta.
El remedio de las peregrinaciones a Lourdes
En Euskadi también las personas enfermas de polio han mantenido una lucha titánica para defender sus derechos y que se investigue por qué contrajeron la polio cuando ya había medios para evitarla. Mario Feijóo se contagió en 1956 en Ondarroa (Vizcaya). Sus padres conocían la polio por otros casos que se habían dado en el pueblo y "rezaban" para que su primogénito no la contrajera.
Pero, aparte de las oraciones, no contaron con otra ayuda para enfrentarse al virus. Nadie les informó de las vacunas, de lo que ya se había descubierto en otro país para impedir el zarpazo del bicho, nadie puso ninguna prevención médica, inmunológica. Y el virus tuvo el camino franco, expedito, hasta su cerebro.
Los remedios espirituales volvieron a aparecer en la infancia de Mario cuando lo llevaron al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, al otro lado de la frontera, en Francia, en una de aquellas multitudinarias peregrinaciones con personas con discapacidad que fueron tan habituales en la España de aquella época, en la que se creía que un milagro podría obrar lo que no había hecho la ciencia o, como en este caso, no se le había permitido que lo hiciera. "Cuando yo fui, Lourdes no estaba, estaba de vacaciones", comenta con sorna.
Con el paso del tiempo, Mario Feijóo y cientos de personas como él en Euskadi y en otras partes de España empezaron a hacerse preguntas sobre lo que les había pasado en su infancia y sobre los nuevos síntomas que empezaban a aparecer, los dolores, el cansancio, la pérdida muscular, para las que no les daban respuesta en los centros de salud ni en los hospitales a los que acudían, pese a que el síndrome de postpolio ya estaba reconocido como enfermedad desde 2010.
"Yo no podía entender que en la España del siglo XXI pudiese estar ocurriendo eso. Y aún sigo sin entenderlo", dice el ahora presidente de la asociación Euskadiko Polio Elkartea.
También han tenido muchos problemas con la valoración de la discapacidad, dice Mario, quien asegura que al 80% de las personas afectadas se les asigna un grado de reconocimiento que se sitúa por debajo del nivel que da derecho a percibir las prestaciones y beneficios que requieren la atención de las secuelas de su enfermedad, causada, recalca él, por una negligencia del Estado franquista.
Una negación "compulsiva"
Antonio David Sánchez, que ejerce como traumatólogo en el hospital de Utrera, en el área de Valme de Sevilla, es el autor del libro La poliomielitis, una negligencia del franquismo, en el que analiza lo que sucedió con esta enfermedad durante la dictadura. De su investigación, deduce que en España "se perdieron ocho años fundamentales", entre 1955 -cuando se sintetiza la primera vacuna en EEUU- y 1963, cuando se lleva a cabo la campaña de vacunación masiva.
En esos ocho años, a juicio de este traumatólogo, se fueron aplazando las soluciones a una epidemia que se negaba de forma "compulsiva" con argumentos desprovistos de cualquier evidencia científica, hasta que el aumento de los casos llegó a una escala tan brutal que se vieron obligados a tomar medidas para pararla.
"La negación de la epidemia fue una decisión política del régimen, motivada también por razones presupuestarias, de gasto sanitario, mientras que las clases pudientes iban a Gibraltar y a Francia a adquirir la vacuna", explica.
Antonio David Sánchez abrió una botella de champagne Moet Chandon cuando se enteró de que en la Ley de Memoria Democrática se había incluido el reconocimiento del sufrimiento de las personas contagiadas de polio en aquella pandemia, después de muchos años de lucha de los colectivos de afectados, con los que él ha colaborado.
"Ha sido un logro, aunque todavía queda mucho por hacer", subraya. "Estamos viendo que durante los cuarenta años del franquismo se cometieron un montón de tropelías, también en otros ámbitos sanitarios, como el de la salud mental", añade.
Por su parte, el profesor de Historia de la Ciencia Juan Antonio Rodríguez sostiene que el Gobierno franquista abordó la epidemia de la polio con tres premisas fundamentales: ocultar su alcance para negar la existencia de un problema de salud pública y la necesidad de una vacunación; crear dudas sobre la eficacia de la inmunización magnificando episodios como el denominado incidente Cutter en un laboratorio de EEUU -donde se produjo un fallo aislado con la primera vacuna sintetizada- y, por último, no realizar campañas de información para la población.
A esa estrategia contribuyeron los medios de comunicación bajo el estricto régimen de censura de una dictadura. Como ejemplo de ello, este investigador menciona un análisis de los tres periódicos de la provincia de Salamanca, que reveló que en 1962, el año de más intensa morbilidad poliomielítica, tan sólo se publicaron dos noticias sobre la polio.
Y también pusieron su granito de arena, añade, los movimientos antivacuna de la época, auspiciados por médicos naturistas adeptos al régimen que negaban, incluso, que el virus de la polio causase una enfermedad. Sánchez destaca, además, como otro elemento distorsionador las disputas internas dentro del régimen entre los falangistas que controlaban el Seguro Obligatorio de la Enfermedad del Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Sanidad, dominada por militares católicos, que mantuvieron puntos de vistas muy dispares sobre la forma de afrontar la epidemia.
"Lo que se intentó fue dar la imagen de que la polio no era un problema serio en España y que, por tanto, el Estado no se podía permitir gastar dinero en algo que no era importante. Y eso se hizo a base de desinformación, de difundir noticias falsas sobre las causas de la epidemia y sobre la seguridad de la vacuna", concluye el profesor de la universidad salmantina.
"Tienen que darnos soluciones ya. No tenemos tiempo"
El reconocimiento del sufrimiento que causó aquella "negligencia" ya está recogido en una normativa estatal y también la obligación de proporcionar atención social y sanitaria a quienes la sufrieron. Sin embargo, las personas que hoy siguen padeciendo las secuelas de la polio, a sus 60, 70 años, no se conforman con eso y exigen que se concrete cuanto antes en hechos la disposición transitoria de la Ley de Memoria Democrática, porque el deterioro de su salud crece cada día. "Tienen que darnos soluciones ya. Ya no tenemos tiempo", clama Joana Rodríguez.
El tiempo apremia, advierte Lola Corrales: "Exigimos que, de una vez, dediquen dinero a un proyecto de investigación sobre las causas de lo que sucedió, sin paños calientes, y a prestar una atención adecuada a todas las personas afectadas; que no nos vuelvan a torear más".
"La gente que sufre un accidente de tráfico tiene el doble y el triple de protección que nosotros, que tenemos unas prestaciones mínimas y, en todo caso, vinculadas a la pobreza o al grado de discapacidad. Nadie valora lo que cuesta vivir con la polio y el síndrome de postpolio", añade Corrales.
De la misma opinión es Mario Feijóo, quien valora que se haya reconocido su situación en una ley, pero no lo considera suficiente. "No nos responden sobre cómo van a desarrollar la ley y, para nosotros, cada día que pasa es asomarse al abismo", recalca.
A él, además, lo que más miedo le da es que un cambio político en el Gobierno, tras las elecciones generales del próximo año, acabe incluso con lo que ya han conseguido: "Tenemos la amenaza de Feijóo y de Vox, que han dicho que si llegan al Gobierno, derogarán la Ley de Memoria Democrática. Y eso que la polio atacó a todos, también a los que tenían abuelos que habían luchado en el bando de Franco. Pero si derogan la ley, volveremos al olvido y, como somos los últimos, con nosotros desaparecerá el problema", avisa.
Las asociaciones de personas afectadas de polio aseguran que aún no han recibido respuesta a la carta que enviaron hace un mes al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, con una relación de las prestaciones que deben ser aprobadas conforme a lo enunciado en la ley. "No queremos dinero. Lo que queremos es que nos concedan las prestaciones que necesitamos para tener una vejez digna", subraya Joana Rodríguez.
El profesor Rodríguez Sánchez también dice sentirse contento con lo que se ha incluido en la ley, cree que es un "paso muy importante", pero también entiende la premura de las asociaciones de afectados para que se ponga en marcha cuanto antes lo aprobado en ese texto. Y considera, igualmente, que la norma podría "haber sido más contundente" en su enunciado, porque, a su juicio, había elementos suficientemente probados sobre lo que ocurrió durante el franquismo con la epidemia de la polio.
Piden la exhumación de Moscardó y Milans del Bosch y que el Alcázar de Toledo sea centro de interpretación
La Plataforma Unitaria de Castilla la Mancha por la III República se ha dirigido por carta al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López para solicitar la exhumación de los restos de José Moscardó Ituarte y de Jaime Milans del Bosch y Ussía, además de los de los dos hijos de José Moscardó, José y Luis, del Alcázar de Toledo.
SABER MÁS
En la misiva, a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, se pide también que la cripta “sea resignificada y se convierta en un centro de interpretación de Memoria Democrática” y que la Hermandad de Nuestra Señora de Santa María del Alcázar “sea ilegalizada por contener expresamente en sus estatutos como finalidad la exaltación y enaltecimiento de golpistas y otros menesteres antidemocráticos”.
También se reclama que la Virgen del Alcázar recupere su nombre y su culto original, Virgen de la Inmaculada, y que esta imagen religiosa no sirva “nunca más para realizar actos de exaltación fascista como procesiones”.
Otra de las peticiones de Fernando Martínez López apelando a la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobada pasa por que “se retiren todos los honores, condecoraciones, títulos y otras distinciones que se concedieron durante el franquismo” y que no se subvencionen actos antidemocráticos relacionados con el enaltecimiento de la dictadura en el Alcázar de Toledo, ni se permitan peregrinaciones, reuniones, congresos, simposios... en los que se exalte la dictadura franquista o el período bélico.
También sugieren que los hechos acontecidos en Alcázar de Toledo desde el 21 de julio de 1936 al 27 de septiembre del mismo año y los sucesos posteriores, “dejen de formar parte del imaginario colectivo y sean relatados con veracidad”. Para ello creen necesario implicar a instituciones, profesionales de la cultura, historiadores, guías turísticos y libros de texto, entre otros.
En la carta dirigida al Gobierno de España se recuerda que fue el 13 de abril de 1956 cuando se procedió a la inhumación de los restos del general Moscardó en la cripta del alcázar de Toledo, junto con dos de sus hijos, José y Luis.
El ejercicio de los cargos militares de Moscardó comportó una salvaje represión sobre la población civil durante y una vez acabada la guerra
La plataforma explica que José Moscardó Ituarte fue “un militar golpista contra el legítimo gobierno de la II República española emanado de la voluntad popular expresada en las urnas el 16 de febrero de 1936” y que, entre los sublevados en Toledo, “alcanzó celebridad por su traición a la República declarando el estado de guerra y encerrándose en el Alcázar de Toledo durante los primeros meses de la guerra civil española”.
Posteriormente, ostentó el mando del Cuerpo de Ejército de Aragón hasta el final de la contienda. Durante el régimen franquista ocupó puestos relevantes, siendo jefe de la casa militar del Jefe del Estado y capitán general de dos importantes regiones militares. “El ejercicio de estos cargos comportó una salvaje represión sobre la población civil durante y una vez acabada la guerra”.
Explican también que la toma de control de Toledo por las tropas golpistas “dio pie a la sarracina conocida como 'la masacre de Toledo', modus operandi caracterizado por la eliminación física masiva de los partidarios de la democracia republicana, que se extendió a lo largo del periodo bélico y la posguerra, hasta el punto en que entre 1936 y 1947 hay constancia de que fueron asesinadas 1.783 personas, enterradas en el camposanto municipal de la capital regional, 783 de las cuales siguen sin identificar”.
Milans del Bosch, doble golpista y combatiente para Hitler con rango de capitán
Posteriormente, el 26 de julio de 1997, se procedió a la inhumación del teniente general del Ejército de Tierra y capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch y Ussía. Sobre el militar explican que, durante la Guerra Civil, también se sumó al golpe de estado y participó igualmente en el encierro del Alcázar de Toledo.
Una vez finalizada la contienda, se alistó como combatiente voluntario en la División Azul encuadrada dentro del Heer, ejército de la Alemania nazi, y participó en la Segunda Guerra Mundial con rango de capitán en las tropas hitlerianas. “Se da la circunstancia de que Milans del Bosch reúne la condición de ser doblemente golpista, pues en el golpe de Estado del 23-F de 1981, fue el único de los capitanes generales que se sumó sin reservas a la intentona y sacó los tanques y las tropas a las calles de Valencia”.
La Plataforma Unitaria de Castilla la Mancha por la III República pone como ejemplos las recientes exhumaciones de Franco y Queipo de Llano de lugares de acceso público donde se hallaban sus sepulturas y denuncian en el escrito que sigan enterrados en la cripta del Alcázar de Toledo, dependencias propiedad del Ministerio de Defensa.
Critican que se mantenga enterrados a los golpistas en este edificio público porque eso, dicen, “lo convierte en un lugar de peregrinación del fascismo internacional (por ejemplo de los hinchas ultras del Lazio) donde se siguen desarrollando actos de exaltación y conmemoración de violaciones de derechos humanos”, cuestiones que están “explícitamente proscritas por el artículo 38.3 de la Ley de Memoria Democrática”.
Fue el 8 de agosto de 1936, cuando apenas habían pasado veinte días de la efeméride conocida como “asedio al alcázar de Toledo”, se decidió fundar la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar, con la finalidad de cumplir un doble objetivo, según sus promotores: tanto rendir culto a la Virgen Inmaculada, que a partir de ese momento fue llamada la Virgen del Alcázar como servir de instrumento para que la memoria de los “asediados” perdure en el tiempo y que ni se olvide ni se distorsione.
Entre otras cuestiones recuerdan que la Hermandad de Santa María del Alcázar “guarda un lugar especial para el dictador Francisco Franco” que fue nombrado Hermano Mayor de Honor.
Aluden también al artículo 35.5 de la ley que señala que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos” o el artículo 39 que habla de la privación de subvenciones por parte de las administraciones públicas: “No subvencionarán a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática” e incluye establecer una base de datos para el seguimiento y comprobación de los supuestos de aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme.
También se refieren al artículo 42 que incluye la revisión y revocación de condecoraciones y recompensas, incluso a título póstumo, por aquellos actos relacionados con la represión en la dictadura franquista. Y recuerdan que esos actos o conductas podrán resultar de sentencia penal firme, de diligencias judiciales, de la Fiscalía o policiales, de la imposición de sanción disciplinaria firme o de cualquier otro medio de prueba admisible en Derecho. Y finalmente al artículo 50 que recoge la declaración de lugares de memoria democrática que puede incoarse de oficio por la Dirección General competente.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)