dissabte, 6 d’abril del 2024

El Gobierno acelera la resignificación de Cuelgamuros como lugar de memoria ante los retrocesos de PP y Vox

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El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluye en sus previsiones anuales para 2024 un decreto para regular el funcionamiento de Cuelgamuros. Pedro Sánchez sitúa el tema en primer plano ante las resistencias de PP y Vox. 


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en la visita al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en la visita al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros.  Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una ofensiva contra la derecha por la memoria democrática y el despliegue de su ley estatal, aprobada en 2022. Desde Moncloa han iniciado una serie de acciones motivadas contra las medidas tomadas por PP y Vox en algunas comunidades autónomas. Pero también como bandera política propia para terminar de apuntalar una ley de la que quedan muchos aspectos a desarrollar. 

La intención del Ejecutivo es acelerar los procesos. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya ha mostrado su voluntad y ha reconocido que el convulso año electoral de 2023 ha frenado algunos de ellos. El Gobierno ha incluido en el Plan Normativo Anual para 2024 dos decretos específicos para ello. 

El primero de ellos tiene que ver con la resignificación completa como lugar de memoria democrática de Cuelgamuros. Para visibilizar las intenciones gubernamentales, el propio Sánchez ha visitado este jueves el laboratorio forense del antiguamente conocido como Valle de los Caídos. Lo ha hecho por sorpresa y en paralelo al anuncio de que recurrirán ante la ONU y la UE las llamadas "leyes de concordia" que están aprobándose por la derecha en lugares como Aragón, Castilla y León o País Valencià. Algo que se suma a los posibles recursos al Tribunal Constitucional (TC) ya previstos. 

El citado Plan Anual, que establece las prioridades del Gobierno para este año, incluye la aprobación del "Real Decreto que regula la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros". El objetivo, según este documento, es "establecer el régimen de funcionamiento y organización del Valle de Cuelgamuros, según lo dispuesto en el artículo 54 y en la disposición transitoria primera" de la ley de memoria democrática aprobada en 2022. 

En dicha ley se contempla el inicio de las exhumaciones de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil que están enterradas en el lugar, a petición de las familias. Los trabajos se iniciaron en junio del pasado año y como anunció el ministro Torres hace unas semanas, se ha procedido a la exhumación de las 12 víctimas asesinadas en 1936 en Aldeaseca y Fuente de Sauz (Ávila). De ellas, 11 personas han sido identificadas genéticamente y se han podido entregar sus restos a las familias.

Aparte del nuevo marco jurídico, que se contempla en el Real Decreto previsto por el Gobierno, la ley establece que Cuelgamuros será un "lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas". También, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

En estos momentos, según confirman fuentes del Gobierno, se está negociando con los monjes benedictinos para su salida de Cuelgamuros. El plazo que se da el Ministerio para culminar todo el proceso, que reconoce complejo, es de un par de años. 

Las actuaciones en Cuelgamuros están incluidas también en el pacto de coalición firmado entre PSOE y Sumar el pasado año. "Desarrollaremos la Ley de Memoria Democrática e impulsaremos las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria", apunta el texto. 

Por el momento, como informó este medio, en mayo del pasado año se inauguró la página web, un embrión de ese futuro centro de interpretación que planea el Gobierno. Se trata de "una nueva mirada al monumento, basada en el análisis de su historia arquitectónica, religiosa, patrimonial, funeraria y política. Para resignificar el monumento es preciso explicarlo", según consta en la web. 

La visita de Sánchez se centró en el laboratorio forense y las criptas o columbarios donde se encuentran los restos. En la labor de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética. 

Por la tarde, en un acto con motivo de la inauguración de la exposición 'Luis Martín-Santos. Tiempo de libertad' en la Biblioteca Nacional, ha marcado posición. El presidente ha acusado a PP y Vox de "embellecer" la dictadura franquista valiéndose de una memoria "mutilada" y "mancillando" la palabra concordia. "Desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la Ley de Memoria Democrática frente al negacionismo de los de siempre", ha afirmado. 

Desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) criticaron al Gobierno por la visita ya que es "algo que se les ha impedido hacer a los familiares que quieren sacar de allí un ser querido con el argumento de que podía ser peligrosos para ellos".

La ARMH ha solicitado, mediante una queja formal, "que nadie sea tratado por encima de las víctimas y que conozcan todo la información de lo que va ocurriendo en el Valle de los Caídos ya que son las promotoras de esas exhumaciones, las más afectadas por lo que allí sucede que las que tienen derechos con respecto a lo que está ocurriendo en sus criptas". 

Consejo de Memoria y registro de entidades 

Otro decreto incluido en las previsiones del Gobierno para 2024 es el "Real Decreto por el que se regula el Consejo de la Memoria Democrática y el registro de entidades de memoria democrática". El objetivo es dar cumplimiento a las previsiones de desarrollo reglamentario que se recogen al respecto en la ley de memoria estatal. 

Esta normativa se inició ya en abril de 2023 y se elevó a período de consulta pública por el Ministerio que entonces dirigía Félix Bolaños. El adelanto electoral provocó que no se pudiera continuar con los trámites. Los artículos 57 y 59 de la ley contemplan tanto el Consejo como el registro de entidades. 

El Consejo de la Memoria Democrática será un órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas españolas. Estará compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las entidades memorialistas y de expertos en este ámbito. Entre sus funciones se encuentra informar el proyecto del Plan de Memoria Democrática así como el plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación y conocer los informes anuales de seguimiento y evaluación de los mismos.

Entre los planes inmediatos del Gobierno destacan también otras medidas, que será aprobadas en Consejo de Ministros del 23 de abril. Se crearán tres comisiones de trabajo: sobre la Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano de España; sobre la elaboración de un estudio de medidas de reparación de carácter económico, dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura y, por último, para analizar posibles casos de vulneración de derechos humanos a personas que lucharon por la consolidación de la democracia, entre los años 1978 y 1983. 

Historiadores rechazan la Ley de Concordia de PP y Vox en Castilla y León por falta de “rigor y criterio científico”

 https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/historiadores-rechazan-ley-concordia-pp-vox-castilla-leon-falta-rigor-criterio-cientifico_1_11268425.html

Homenaje en 2022 a las 76 víctimas de la fosa de Villadangos del Páramo durante la colocación de una placa con sus nombres en el cementerio de la localidad, sufragada por sus familias

Antonio Vega

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Bajo el título de 'No hay concordia sin memoria. Declaración de historiadores de Castilla y León', más de un centenar de historiadores y profesores universitarios muestra su rechazo al proyecto de Ley de Concordia que el Gobierno de PP y Vox por considerar que “desvirtúa las políticas de memoria democrática actualmente vigentes y porque se basa en una visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931 a 1978”.

El texto, dado a conocer a través del blog de historia 'Conversando sobre historia', está firmado por más de un centenar de historiadores, profesores universitarios y particulares que denuncian que este nuevo texto legal, que deroga el decreto de memoria histórica de 2018, se hace “sin justificar los motivos para ese cambio legal más allá de la apelación a una «concordia» que, como tal, no aparece ni en la Constitución ni en el Estatuto de Castilla y León”. El Gobierno de España ha anunciado una ofensiva legal para parar el retroceso en materia de memoria y llevará a la ONU y a la UE las normativas de PP y Vox en diferentes autonomías.

Los firmantes señalan que el texto que ahora se debatirá en las Cortes de Castilla y León y que no menciona la dictadura franquista, tiene “un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en las políticas de memoria democrática que, con demasiada lentitud, se han ido abriendo paso en España y, más aún, en Castilla y León”. Recuerda que Castilla y León fue una de las últimas comunidades en legislar sobre la materia con el decreto y que solo en el periodo 2019-2022 la administración ha dado su apoyo a las familias y asociaciones para realizar exhumaciones.

“Como investigadores y estudiosos de la historia contemporánea de España, señalamos nuestras discrepancias con la citada proposición de ley, que apela a un supuesto «rigor histórico» y un «criterio científico» que, en nuestra opinión, brillan por su ausencia”, señalan. Y denuncian que tampoco han existido ni el rigor histórico ni el criterio científico en la reciente declaración de bien de interés cultural de la 'Pirámide de los italianos' de Burgos homenaje a las tropas fascistas italianas que lucharon en la Guerra Civil, “apelando a supuestos valores culturales y sin la más mínima contextualización histórica”.

Reconocen los firmantes que, como dice la proposición de ley, no existe un relato totalmente consensuado entre historiadores sobre la II República, pero señalan que Whay un amplio acuerdo en el ámbito académico al considerar que fue un régimen democrático con alternancia política, elecciones libres y amplio catálogo de libertades y derechos ciudadanos“, interrumpida a raíz del golpe de estado de 1936, ”que originó la Guerra civil, dio lugar a un baño de sangre y propició la implantación de una dictadura opresiva durante casi cuarenta años“. ”Así que integrar los años de la II República en el mismo periodo de la Guerra civil, la Dictadura franquista y la primera transición, sugiriendo una continuidad homogénea en cuanto a conflictos, persecuciones y violencias, resulta altamente distorsionador de la realidad histórica y supone casi tanto como equiparar democracia y dictadura“, denuncian.

Y rechazan idealizar la segunda experiencia republicana en España pero piden “asumir que, con todos sus defectos y errores, fue, como expresaba la ley que declaró el 2006 'año de la memoria histórica' en España, el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podamos contemplar al mirar nuestro pasado”.

Los investigadores e historiadores señalan que en la actual Castilla y León se señalan un mínimo de 16.000 víctimas mortales, fundamentalmente en la represión franquista ya que la guerra tuvo una duración limitada en los territorios. Por ello denuncian que la obligación del texto de equiparar víctimas es una aberración, ya que “no podemos asumir que a día de hoy las instituciones democráticas españolas no otorguen una atención prioritaria a las víctimas del terror franquista y a sus familiares, puesto que durante décadas, incluso en democracia, fueron desatendidas y ni siquiera pudieron tener en muchos casos el duelo y las honras fúnebres debidas en una sociedad civilizada, mientras que las otras, los llamados «caídos por Dios y por España», recibieron ayudas y atención memorial de las instituciones desde el primer momento”.

Creen que la mezcla que hace el texto de víctimas desde 1931 a 1978, “haciendo incluso una innecesaria referencia a las víctimas del terrorismo posterior (innecesaria no porque no deban tener la misma consideración, sino porque ya gozan de ella desde hace años y existe legislación al respecto)”, supone “una muestra de olvido y desprecio intolerable”.

Finalmente consideran un retroceso notable que la nueva normativa que debe ser aprobada ponga en marcha una nueva comisión que excluye a las asociaciones de memoria, como hasta ahora, así como a la universidad, Cortes autonómicas y otros estamentos, por un organismo integrado exclusivamente por altos funcionarios de la Junta de Castilla y León y dos representantes de los municipios. Critican, asimismo, que la propuesta normativa excluya la divulgación de los nombres de las exhumaciones “lo que es tanto como impedir el conocimiento de los hechos históricos, el derecho a la verdad y la libertad de investigación”.

Los firmantes creen que “La concordia se ejerce más que se legisla sobre ella; de lo contrario resulta una expresión vacía de contenido que de una u otra forma conduce al olvido de las víctimas y de los orígenes de la Dictadura”, por lo que piden a PP y Vox que renuncien al proyecto de ley ya que “No tan difícil debería ser consensuar una memoria histórica entre cuantos compartimos los valores democráticos y de convivencia amparados por la Constitución”.

El texto ya firmado por más de un centenar de historiadores entre los que se encuentran Rosa López, decana de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, o el catedrático Joan Maria Thomàs de la Universitat Rovira i Virgili, se encuentra abierto a adhesiones a través de Conversación sobre la Historia.

CAMPO DE CONCENTRACIÓN FRANQUISTA DE ALBENTOSA (LOS MASES) EN TERUEL.

 


La última línea defensiva de la II República en Aragón durante la Guerra Civil, una extensa sucesión de trincheras y fortificaciones que pretendía frenar en Albentosa el avance franquista hacia Valencia.
La cadena de fortificaciones se prolongaba durante 2 kilómetros en torno al núcleo de Los Mases. Según los testimonios orales y los partes de guerra de la época, la línea fortificada de Albentosa fue duramente atacada por el ejército franquista el 16 de Julio de 1938. Un soldado que participó en la defensa contó que su compañía sufrió doscientas bajas y solo salieron por su propio pie cuatro hombres. Tras un primer intento fallido de apagar este foco de resistencia mediante un ataque frontal, las tropas franquistas optaron por sortear el obstáculo y los defensores evacuaron la posición ante el temor de verse rodeados. Había caído la última línea defensiva republicana en territorio aragonés.
En las imágenes se divisa el campo de concentración de Los Mases, pedanía a escasa distancia de Albentosa, ubicado a 700 metros de las trincheras. En esta instalación penitenciaria franquista que sirvió para agrupar, "clasificar" y deportar para su juicio a prisioneros republicanos, fueron presos en infames condiciones más de 4.000 leales republicanos. A algunos de ellos los vemos abajo, vigilados por mercenarios marroquíes. Desde finales de 1938 y hasta 1940, dos años, estuvo el campo en pleno funcionamiento. Dos años de maltratos, torturas, hambre, grandes nevadas, frío terrible, carencia extrema de agua e higiene, ausencia de cuidados médicos, insoportables heladas a 15 o 20 bajo cero sin otra cobertura que unas endebles y no estancas lonas y tiendas de campaña... Los soldados republicanos morían allí de frío como chinches en invierno y se veían obligados a beber sus propios orines en verano. A unos, los vemos hacer cola, quizás a la hora del rancho. En ausencia de capotes, otros se protegen con mantas. Unos pocos parecen agruparse bajo unas lonas. Todos están atrapados tras las alambradas.