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Cuatro asturianos se querellan contra sus verdugos, Pascual Honrado de la Fuente y Fernando Caro Leiva, y otros tres buscan a los culpables de la desaparición de sus abuelos // Cinco avilesinos ultiman otra denuncia por los sucesos de la Quinta Pedregal.
asturias24 / SUSANA D. MACHARGO / 23-04-2014
Clemente Amago era el alcalde de San Tirso de Abres por el Partido Socialista cuando estalló la Guerra Civil. Se echó al monte por miedo a la represión, pero el 1 de septiembre unos vecinos falangistas le apresaron y torturaron. La última vez que su mujer y su hijo pequeño le vieron iba en un camión camino de Lugo, apenas irreconocible por los moratones y la hinchazón del rostro, casi moribundo. Meses después les llegó por correo un reloj del que nunca se separaba. Después de la contienda, tuvieron que afrontar una multa de 200 pesetas, ya que el Gobierno faccioso acusaba a Clemente Amago de haber abandonado su puesto como regidor. La familia convivió durante décadas con los asesinos. Esta semana, 78 años después, su nieto, Manuel Amago, honra su memoria incorporándose a la Querella Argentina, con un nudo en la garganta que no se deshace ni siquiera cuando relata las ironías de la historia.
Junto a Amago, dos descendientes más de desaparecidos y cuatro torturados asturianos durante la dictadura se han sumado a la Querella Argentina, con el objetivo de que los crímenes del franquismo no queden impunes. Los otros nietos de desaparecidos son María José Martínez y Xosé Miguel Soler. Todos quieren seguir los últimos pasos de sus abuelos. De los cuatro torturados, Anita Sirgo y Manuel José García, El Gallego acusan directamente al que fuera capitán de la Guardia Civil, Fernando Caro Leiva; Faustino Sánchez, Fausto y Vicente Gutiérrez Solís, a Pascual Honrado de la Fuente, de las palizas que sufrieron. Sirgo resume de forma contundente sus sentimientos: "No quiero morirme sin ver a mi torturador sentado en el banquillo".
Detrás de los siete querellantes está la Comuna d'Asturies, la delegación en el Principado de la Coordinadora de Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, fundada en abril de 2013 y que ya ha recabado el apoyo de 19 municipios con mociones de sus plenos. El colectivo presta apoyo moral y jurídico a las víctimas y les ayuda a articular su causa. El viernes presentarán en el consulado argentina en Madrid estas siete primeras demandas y ya ultiman más. En concreto, la Comuna trabaja en otras cinco relacionadas con las torturas en la Quinta Pedregal, ocurridas poco después del fin de la Guerra Civil. Su portavoz, Francisco Javier Rodríguez Amorín, explica que entre los posibles demandantes está la exconsejera de IU, Laura González y Nelly Fernández, exsenadora y exdiputada del PSOE. Su pretensión es presentarlas en mayo, en el consulado de argentina en Vigo.
LOS CASOS
Recuerdan con precisión los días, las horas y hasta los minutos, la indumentaria de los torturadores, la sangre en las paredes de los pasillos y las celdas, los compañeros de palizas, hasta la sopa que sus familiares intentaban hacerles llegar. Su relato de los hechos esta tan preciso que parece imposible que hayan pasado décadas y no semanas. Faustino Sánchez, Fausto, dirigente del Partido Comunista, dice que no le "llega la ropa al cuerpo" cuando piensa en el rosario de torturas y detenciones --a las que se refiere como "caídas"-- que sufrió durante décadas. A la Querella Argentina incorpora solo dos, una octubre del 61 y otra en junio del 69. La voz se le quiebra cuando recuerda las patadas y los golpes, los tímpanos reventados sangrando y las costillas rotas, desnudo frente a los torturadores. "No hay ni un solo día en la vida que no lo recuerde", insiste Fausto.
Vicente Gutiérrez Solís prefirió exigir justicia antes que contar su caso. La prioridad de Gutiérrez Solís es "que no queden impunes los crímenes del franquismo tras 39 años de democracia". Este militante del Partido Comunista, con responsabilidades desde 1955, que fue detenido y sufrió un calvario de detenciones, exige la "extradición a Argentina de todos los torturadores que queden vivos" y la reparación para las víctimas y las familias que sufrieron la violación de sus derechos humanos. Precisa que "no se trata de buscar venganza sino justicia".
Manuel José García, El gallego, describe una escalofriante precisión su detención del 7 de agosto de 1963, una de las catorce que sufrió por su implicación política. El gallego aún habla del tolete recubierto de perdigones con el que le golpeaban o de lo difícil que era ponerse de pie, desnudo, tras recibir un golpe. Pero la escena más aterradora la pinta cuando cuenta aquella madrugada que le sacaron a pasear, con otro compañero, por los barrios de Langreo, y cómo sus torturadores les pusieron de espalda y dispararon al aire, para aterrorizarles e intentar que echasen a correr, y así acusarles de un intento de fuga.
Una de las víctimas torturadas en la huelga minera de 1962 fue Anita Sirgo. Su relato tiene muchos puntos en común con sus compañeros y conserva intactos detalles que dejan patente la crueldad de los verdugos. Sirgo recuerda las salpicaduras de sangre en las paredes del pasillo y de las celdas y también en la camiseta blanca del capitán Caro Leiva, que las lucía orgulloso, tras una sesión de tortura, para amedrentar al siguiente. Incluso se paseaba con ellas por la calle y cuando "salía a presumir en una cafetería de la calle Dorado". Su impresión es que estaba ante un hombre que actuaba como si estuviese drogado, que disfrutaba infligiendo sufrimiento. "Ya soy mayor, pero no me quiero morir sin verlo sentado en el banquillo. Necesitamos ayuda para conseguirlo", clamó.
Xosé Miguel Soler ni siquiera sabe dónde está enterrado su abuelo Jesús Fernández, un albañil de Tapia, al que sacaron una noche de la cárcel en la que permanecía encerrado para fusilarlo, pocos meses después del estallido de la guerra. Pretende que quede constancia de su historia, que una instrucción haga justicia, con la memoria del abuelo y de otros muchos que sufrieron su misma suerte. En su denuncia constan otros casos de asesinatos, encarcelamientos y vejaciones cometidos en el occidente. Para él, la recopilación del material ha sido una forma de comprender la trayectoria de su familia.
La última de los siete demandantes es María José Martínez, que se persona en la Querella Argentina en nombre de sus cuatro abuelos. Solo su abuela materna sobrevivió. Al resto no los conoció. Desaparecieron, unos en el año 1937, aún en plena contienda, y otro, dos meses después de la rendición. Martínez cuenta historias de mujeres valientes que dieron a luz en la cárcel, de cuerpos en fosas comunes, de desesperación, palizas y un peregrinar por cárceles. María José precisa que solo uno de sus cuatro abuelos tenía una implicación política real, una conciencia de izquierda clara. Para el resto ni siquiera hay una explicación que lo sustente.
