dissabte, 16 de març del 2019

“Este memorial rescata del olvido a las víctimas con nombres y apellidos”

https://www.diariodecadiz.es/elpuerto/memorial-victimas-nombres-apellidos-Penal-Puerto-presos-Memoria-Historica_0_1336666969.html

MONUMENTO A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL FRANQUISMO

  • El monumento a los represaliados se inaugura en el antiguo Penal de El Puerto con un emotivo acto de reparación histórica
  • El director general para la Memoria Histórica adelanta que el Gobierno Central continuará con las exhumaciones en fosas comunes 

Miembros del Foro por la Memoria y el ex alcalde Rafael Gómez Ojeda, con el director de Memoria Histórica, Fernando Martínez, junto a las concejalas Matilde Roselló y Mª Eugenia Lara, junto al monumento.Miembros del  Foro por la Memoria y el ex alcalde Rafael Gómez Ojeda, con el director de Memoria Histórica, Fernando Martínez, junto a las concejalas Matilde Roselló y Mª Eugenia Lara, junto al monumento.
Miembros del Foro por la Memoria y el ex alcalde Rafael Gómez Ojeda, con el director de Memoria Histórica, Fernando Martínez, junto a las concejalas Matilde Roselló y Mª Eugenia Lara, junto al monumento. ANDRÉS MORA
“Este monumento rescata del olvido a las víctimas con nombres y apellidos”. Esta es sin duda la mayor fuerza del memorial a los presos políticos republicanos inaugurado en el Monasterio de la Victoria, el tristemente célebre Penal de El Puerto. Antes, las cientos de personas que fueron víctimas de hambre, enfermedades y ejecuciones en esta antigua Prisión Central, eran tan sólo números, ahora figuran sus nombres, lugar de procedencia y fecha de su muerte, y en adelante se conocerán detalles que completarán sus biografías.
Son 545 nombres que se pueden ver al trasluz entrando en el monumento, del tamaño de una celda, en las que durante la guerra y la posguerra las condiciones de hacinamiento fueron terribles.
Numeroso público asistió al acto de inauguración del memorial a los presos políticos en el antiguo Penal.Numeroso público asistió al acto de inauguración del memorial a los presos políticos en el antiguo Penal.
Numeroso público asistió al acto de inauguración del memorial a los presos políticos en el antiguo Penal. ANDRÉS MORA
El memorial es obra de la arquitecta Marta Acale, a quien el Foro por la Memoria de El Puerto encargó diseñarlo e instalarlo en el jardín de la antigua prisión, donde ya se puede visitar. Durante el acto, celebrado en la mañana de este viernes, se pudieron conocer algunas de las biografías de los desventurados represaliados, desgranadas por sus descendientes a través de testimonios, cartas y documentos, y por dos testigos excepcionales de la represión política de la época: el ex alcalde portuense Rafael Gómez Ojeda, del PCE, que hoy cumplió 85 años y cuyo padre fue fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de El Puerto; y el último preso del franquismo, que salió del antiguo Penal con la Amnistía de 1977, Vladimiro Fernández Tovar.
EL EX ALCALDE COMUNISTA DE EL PUERTO RAFAEL GÓMEZ OJEDA SE CONGRATULÓ POR RECUPERAR DEL OLVIDO LA MEMORIA DE SU PADRE
El ex alcalde Gómez Ojeda (cuyo nieto abrió el acto con la lectura del poema Ausencia, de Borges), expresó con emoción que con la inauguración del memorial culminaba una etapa de su vida, “al recuperar del olvido la memoria de mi padre y de muchos otros compañeros. Los condenaron a la muerte y al olvido –manifestó–, y hoy están aquí, vivos y presentes para siempre. He recuperado del olvido la memoria de mi padre, a pesar de que personas de dudosa conciencia nos digan que olvidemos”, subrayó el que fuera primer edil de El Puerto. Por su parte Vladimiro Fernández describió su estancia en la prisión, las enfermedades y las inhumanas condiciones del cautiverio, donde llegó a haber más de 5.500 presos hacinados. En la entrada del memorial hay un libro que recoge los nombres de la totalidad de los16.000 reclusos que estuvieron en la cárcel portuense entre 1937 y 1977, cuando el último preso político salió del Penal. “Con la inauguración de este monumento, se contribuye a la verdad, la reparación y la justicia”, insistió Vladimiro.
Durante el acto intervinieron estudiantes del centro de enseñanza Antonio de la Torre, que leyeron poemas con el acompañamiento de un violín. Francisco Moyano y la guitarra de Jaime de la Isla interpretaron cantes flamencos relacionados con el Penal.
Rafael Gómez Ojeda, junto a familiares de represaliados, y Vladimiro Fernández Tovar.Rafael Gómez Ojeda, junto a familiares de represaliados, y Vladimiro Fernández Tovar.
Rafael Gómez Ojeda, junto a familiares de represaliados, y Vladimiro Fernández Tovar. ANDRÉS MORA
A continuación, Pilar Peruyera presidenta del Foro por la Memoria, recordó a los fundadores de la entidad ya fallecidos y agradeció a las personas que han apoyado el trabajo de la asociación, aludiendo de manera especial a Javier Giráldez, cesado como director de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía por el nuevo gobierno; y al fallecido Carlos Perales, que trabajó desde Diputación, institución representada en el acto por Elena Maya. El alcalde David de la Encina y las concejalas Matilde Roselló y Mª Eugenia Lara, representaron al Ayuntamiento de El Puerto.
Antes del cierre del evento se dieron desde el público tres vivas a la República, concluyendo la inauguración del memorial con una ofrenda floral y unas palabras del director general para la Memoria Histórica del Gobierno Central, Fernando Martínez López, que destacó que la inauguración era “un acto de reparación, un deber de memoria”. Fernando Martínez manifestó que “no vienen buenos vientos para la memoria en Andalucía”, pese a lo cual el Gobierno, según adelantó, seguirá con las exhumaciones previstas, “abriendo fosas y entregando los cuerpos a sus familiares”. “Actos como este son presente y futuro. Tenemos que ganar esta batalla, porque es cuestión de dignidad nacional democrática”, concluyó el representante del Estado.

Baltasar Garzón: "La Ley de Amnistía nunca estuvo pensada para los crímenes franquistas".

https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2019/03/16/baltasar_garzon_ley_amnistia_nunca_estuvo_pensada_para_los_crimenes_franquistas_92948_1026.html


  • El exjuez de la Audiencia Nacional analiza en su libro No a la impunidad los grandes casos de la justicia universal, de Pinochet a Guantánamo
  • "Las instituciones de los distintos Estados siempre han sido entorpecedoras de la jurisdicción universal", denuncia el jurista

Publicada el 16/03/2019 a las 06:00Actualizada el 15/03/2019 a las 19:54
FacebookWhatsappTelegram
Mas Redes
Envíalo a un amigoImprimirComentarios
El abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. 
EFE
Lo que se narra en las cerca de 800 páginas de No a la impunidad pueden ser un motivo de esperanza o de descreimiento absoluto hacia las bondades del ser humano. En él, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recorre casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra a un lado y otro de la geografía: Argentina, Chile, Guatemala, España, el Sáhara, Guantánamo, Tíbet, Palestina... Pero son también casos en los que ha actuado la justicia universal, en los que distintos países han colaborado para resarcir a las víctimas y condenar a unos criminales que se veían muy, muy lejos de tener que pagar por sus acciones.

Garzón, claro, sabe de lo que habla. Es célebre su participación en la instrucción del caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, o en el juicio en España contra el exmilitar argentino Adolfo Scilingo por desapariciones durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Está presente, como protagonista o testigo en la distancia, en varios de los sucesos históricos, políticos y judiciales que relata, y entonces No a la impunidad podría parecer casi unas memorias. En otros, se limita a dar nociones históricas o lecciones sobre el funcionamiento jurídico. Pero todos sirven de introducción para el último capítulo, donde el jurista enumera los principios de la Fundación Internacional Baltasar Garzón —la relación es obvia—, que trata de impulsar la idea de la jurisdicción universal en un momento, se lamenta el autor, de "retroceso".

Pregunta. Al inicio del libro, hablando del caso argentino, hace mención ya a un Tribunal Supremo “siempre reacio a la aplicación del principio de jurisdicción universal”. ¿Cómo ha evolucionado, en el caso español, la implantación o no de esta idea?

Respuesta. El Tribunal Supremo siempre ha tenido un enfoque muy restrictivo de la aplicación de la jurisdicción universal. Los avances que se han producido no han venido de su mano, sino del Tribunal Constitucional. Ha habido un fenómeno curioso en España: siempre en la máxima instancia judicial y en los tribunales colegiados ha habido una visión restrictiva. Ha tenido que ser desde la base, los jueces de instrucción han sido quienes han tenido que instalar ese principio. Con una excepción fundamental, que fue la decisión unánime de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, a final de octubre de 1998, en los casos Argentina y Chile, cuando dijo que existía una jurisdicción en España [que hacía posible la investigación de los crímenes de las dictaduras]. Digamos que el principio de jurisdicción universal se instaló en ese momento. Esa es la teoría en la que hemos estado hasta 2014, con las restricciones legales de 2009 a la jurisdicción universal, y el año pasado, cuando el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional la ley de 2014. Esta ley establece que esto es una cuestión parlamentaria: es decir, que si el Congreso acuerda que se reduzca o que se amplíe, eso no afecta a derechos constitucionales. No comparto esa idea, pero es ahí donde estamos.

De las primeras interpretaciones a estas hemos conseguido avanzar, pero con el hándicap de que el Tribunal Supremo siempre ha ido en el sentido de restringir, de buscar los elementos que conectaran los casos a España [se exige que la víctima sea española o que los perpetradores estén en España]. Esa visión, que es la que está vigente, muchos no la compartimos, porque desnaturaliza la propia figura de la jurisdicción universal, que es el instrumento que supone la última esperanza de las víctimas. El nuestro es un planteamiento que entroniza el concepto de víctima universal frente a crímenes universales, como son lesa humanidad, genocidio, guerra. La esencia de la jurisdicción universal es la de la ley de 1985. La visión restrictiva actual es más acorde con la política, la diplomacia y los  intereses económicos, porque reduce y molesta menos a quienes se puedan ver objeto de investigación.

P. ¿Cuál es el origen de este modelo que defiende que para que se pueda aplicar la jurisdicción universal la víctima tiene que ser del país en el que se juzga, o tienen que estar ahí los acusados?

R. Realmente es una sucesión de decisiones. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, en el caso Yerodia Ndombasi [exministro y exvicepresidente del Congo], que se cuenta en el libro, establece limitaciones, en este caso de las inmunidades. Empieza a funcionar la Corte Penal Internacional también, se producen fricciones… Pero no había un modelo concreto. El español y el belga eran los más abiertos, con la ley del 85 española y la del 93 belga. La primera que se reduce en su ámbito de aplicación es la belga, en 2003, por clara presión de Estados Unidos. Donald Rumsfeld [secretario de Defensa de George W. Bush] viene a decir: “Ustedes pueden enjuiciar al presidente de los Estados Unidos o al secretario de Defensa, pero nosotros nos podemos llevar la sede de la OTAN de Bruselas”. Ahí, en dos meses se redujo la aplicación de la ley y ahí se estableció por primera vez la necesidad de un primer punto de conexión [para que la justicia belga actuara, la víctima tenía que ser belga o residente de larga duración]. España sigue ese modelo en 2009, en contra de lo que había fijado el Constitucional,que la deciden PSOE y PP. Ahí se establecen dos puntos de conexión [que la víctima sea española y que los presuntos responsables se encuentren en España].

Yo soy partidario de una concepción de la jurisdicción universal abierta. Pero yo no puedo calificar que mi postura sea adecuada; lo importante sería que los países establecieran mecanismos de jurisdicción universal y fueran capaces de ponerse de acuerdo para que no haya focos de impunidad. En esa línea van los nuevos principios de la jurisdicción universal que se citan en el libro y que la fundación nuestra los ha promovido, después de un trabajo con más de 100 juristas a lo largo de varios años.

P. Cuando se ponen en marcha los mecanismos de jurisdicción universal, ¿se pone en evidencia al país donde han ocurrido los crímenes y es ahí donde se crean tensiones?

   R. Absolutamente. Porque se percibe de una forma errónea, de que esto afecta al principio de soberanía, al principio de territorialidad… Sí, pero la jurisdicción universal no es algo inventado, no la hemos creado los jueces, está en tratados internacionales. Hay 14 convenios que reconocen el principio de jurisdicción universal. Si ratificas esos convenios, estás compartiendo soberanía, y estás diciendo que te comprometes a aplicarlos. Lo que no puede ser es que luego cuando llega la realidad digas que no te interesa, y buscas la trampa. No haga la trampa de decir que se encargue de eso la Corte Penal Internacional, cuando sabes que la Corte Penal Internacional, por el principio de complementariedad, no lo va a investigar, o porque afecta a un país que no está dentro de la Corte. Eso es hacer trampa, es generar impunidad y falta de protección a las víctimas. Es un ataque a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. En definitiva: o te crees esto o no te lo crees. Y si no te lo crees, hay que ser lo suficientemente coherente políticamente hablando, y sabremos dónde te ubicas. Pero no te pongas el traje de derechos humanos con artificios interpretativos. Desgraciadamente España, en su cúpula judicial y constitucional ahora, ha optado por esa interpretación hiper restrictiva que para mí va en contra de la consolidación de la jurisdicción universal.

Y tenemos que ir a más. De ahí el planteamiento de los principios de la jurisdicción universal, extensible a crímenes económicos y financieros cuando afectan masivamente a la población, o crímenes medioambientales cuando afectan al futuro de cada uno de nosotros como género humano. Si esto no se ve, es que algo grave nos está pasando. Que sean los chavales los que, con el Viernes Verde [la huelga estudiantil internacionalpara reclamar más y mejores medidas contra el cambio climático], estén diciendo que ya de una vez protejamos la naturaleza demuestra un déficit gravísimo en quienes nos representan y en quienes deciden también judicialmente. Estamos dando pasos atrás por mor de intereses políticos, financieros y diplomáticos, que siempre están ahí, pero siempre para proteger a los victimarios.

P. El libro también describe la colaboración entre la justicia de distintos países, y en algunos casos las trabas para hacerlo. ¿Ha podido sacar conclusiones de la relación con otros sistemas judiciales?

R. He sacado conclusiones muy claras. Las instituciones de los distintos Estados siempre han sido entorpecedoras de la jurisdicción universal. Ha habido avances gracias al impulso de las víctimas, de organismos de derechos humanos y de activistas y abogados, y por otra parte de jueces y fiscales comprometidos en distintos países, que sorteando leyes como las de Obediencia debida y Punto final [que exoneraban e indultaban a victimarios de la dictadura Argentina] han, o hemos, encontrado el camino de cooperación. Al principio tuvimos que ingeniárnoslas para que los testigos vinieran aquí, para buscar apoyo de organismos internacionales. Es lo mismo que hicimos en la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico en esos años, porque no existían mecanismos. Aprovechamos la experiencia de crímenes que eran más asequibles para la ciudadanía, como el narcotráfico —más que aquellos como los de lesa humanidad o genocidio, que prácticamente no se conocían en la sociedad española—, y luego tomamos esos mecanismos y los aplicamos a los que, curiosamente, eran en el fondo aquellos casos para los que fueron creados. Cuando se nos ponía una traba, buscábamos una alternativa. Recuerdo estar con tres o cuatro teléfonos hablando con un juez belga, con uno de Santiago de Chile, con uno de Italia, con uno de Argentina, casi a escondidas, porque si no nos sancionaban. Tuvimos que ir inventando esos espacios. Esa es otra ventaja de la jurisdicción universal: que ha contribuido a agilizar la colaboración entre distintos sistemas judiciales y a generar confianza, cuando los Gobiernos impedían esa cooperación. En el caso Pinochet se vio claramente: hubo voluntad por parte de los británicos, por parte de los españoles, y hubo negativa por parte del Gobierno español, que fuimos sorteando hasta que el juez belga tomó el relevo. Esos avances, esa parte no se conoce, y ha sido invaluable.

P. En el libro figuran casos de éxito, casos más difíciles y algunos en los que hay victorias y derrotas. ¿Hay un claro caso de éxito que marque el camino a seguir?

R. Chile y Argentina, y a otro nivel Guatemala y el caso de Hissène Habré son ejemplos de cómo se puede actuar. El de Habré, un dictador del Chad con más de 20.000 víctimas a sus espaldas, ha puesto de manifiesto la acción conjunta. Primero, de un país como Senegal que intenta hacer y no puede; de Bélgica, que inicia y el país de origen plantea que no puede ser; entra en liza la Corte Internacional de justicia y en 2012 dice que se tiene que juzgar; y luego la Unión Africana toma cartas y propone crear un tribunal específico en Senegal, con jueces internacionales. Finalmente, con participación de las víctimas se convierte en condena a cadena perpetua en 2016. Han sido largos años, pero han producido fruto y han marcado precedente.

El de [el dictador chileno Augusto] Pinochet revolucionó el derecho penal internacional. En todos los sentidos. Olvídate del juez que propició la detención y demás [él mismo]: son experiencias de vida que yo cuento en el libro. La verdad es que fue una puerta que se abrió. Se han escrito miles de artículos, centenares de libros, tesis doctorales. Cambió la historia y abrió la brecha contra la impunidad en Chile. El caso Argentina fue exactamente lo mismo. De haber habido un juicio histórico como el de las Juntas argentinas en 1984, y de ser también histórico en lo negativo con las leyes de Obediencia debida y Punto final, la fuerza de las víctimas, en todos los casos, consiguió esos cambios. Los demás somos actores secundarios, necesarios pero secundarios. Cuando se cierra la posibilidad en España, se promueve allí la abolición de esas leyes, y a día de hoy son más de 700 perpetradores los que están enjuiciados. En Guatemala, exactamente lo mismo. La lucha titánica de las víctimas aquí —cuando Rigoberta Menchú [líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz] viene— determina que jueces y juezas valientes en Guatemala tomen la decisión de combatir la inmunidad. ¿Por qué? Porque están siendo apoyados internacionalmente. Eso es otro de los efectos de la jurisdicción universal, que es balsámico: cuando unos profesionales del derecho están actuando en un país y se ven acosados por los elementos que apoyan la impunidad, que sean apoyados por otro país determina que el ámbito de acción contra los perpetradores se amplía. A mí muchas veces me lo han reclamado: "Venid, solo con los procedimientos abiertos nosotros estamos protegidos". Esto no quieren reconocerlo los Estados.

P. Habla de las leyes de Obediencia debida y Punto final, y es inevitable, leyendo en el libro primero sobre el caso argentino y luego sobre el español, hacerse preguntas. ¿Cómo puede afectar la querella argentina a la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, que reclaman algunos colectivospor la memoria histórica y algunos partidos?

R. Antes o después nos vamos a dar cuenta de que la derogación de la Ley de Amnistía no afecta para nada a los derechos de quienes se beneficiaron de ella. La Ley de Amnistía nunca estuvo pensada para los crímenes franquistas. De hecho, en los debates de la época ni se mencionaron. En el precedente de la Ley de Amnistía, que son los decretos ley de amnistía de un año antes, hay una circular interna del fiscal del reino donde se dirige a todos los fiscales en relación a su aplicación, y donde dice que no se aplicará a los crímenes horrendos. Esto, en la terminología internacional actual, son crímenes de genocidio, de lesa humanidad y guerra. La única interpretación auténtica que hay del sistema judicial de la época excluía esa interpretación. Pero es que además, y lo decía en mi resolución del 16 de octubre de 2008 en la investigación de los crímenes del franquismo, la Ley de Amnistía no puede amparar a crímenes en un contexto de guerra o que por su naturaleza responden a un concepto de lesa humanidad y genocidio. Esos son crímenes permanentes.

En España existe un temor infundado a tocar la Transición y una determinación inamovible de determinados sectores a no hacerlo, como si reinterpretar, modificar o derogar la Ley de Amnistía fuera a atacar la Transición. No, es que jamás en una transición se puede acatar como principio la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Eso no es una transición, eso es una consumación de la impunidad. Si aceptamos que esto es así, aceptamos que el olvido y la impunidad fue lo que reinó. Eso no es mejorar un país, es construirlo desde la impunidad, que es lo que estamos combatiendo muchos. Aquí hubo represión, hubo tortura sistemática, hubo arbitrariedad, y hasta que no reconozcamos esto y dejemos de vestir al franquismo con la vestimenta de la desmemoria no vamos a consolidarnos como una democracia moderna.

P. ¿Cree que la querella argentina [que investiga allí los crímenes franquistas] servirá para algo en este sentido, para avivar el debate?

R. Aquí el debate se invisibiliza, no interesa que esté, se orilla hacia reductos políticos muy concretos o hacia sectores académicos. No se ha abordado el tema de los crímenes franquistas en su totalidad. Se sigue tomando la Ley de Amnistía como escudo ante cualquier intento de investigación, y se opone incluso a una formación de la Comisión de la Verdad. Si no quieren tocar la Ley de Amnistía, que para mí ya digo que podría perfectamente orillarse, que se haga una comisión. Con una investigación, unas conclusiones. Que no sería nada novedoso: en el mundo ha habido cuarenta y tantas, y han producido efectos diversos, algunos muy cauterizantes. ¿Por qué no se quiere hacer? ¿Por qué un sector de la población, que coincide con el sector conservador o de derechas, no quiere que se toque? Como no se ha abordado nunca desde la óptica de la defensa de las víctimas, para el empoderamiento de su derecho a la verdad, hasta que no lo hagamos eso va a seguir generación tras generación. ¿Por qué no se hace, qué se va a quebrantar? ¿Ha quebrantado algo en Argentina? Allí se duda sobre si seguir adelante o no con los procedimientos, pero los lugares de memoria, el hecho en sí de las atrocidades que se cometieron, eso es indiscutible. Eso no se ha conseguido en España, no lo ha habido con la Ley de Memoria Histórica, ahora se intentaba con la reforma de la ley que, desafortunadamente, por esta legislatura corta, ya no se va a hacer.

P. Haciendo un ejercicio de adivinación, ¿qué futuro ve en la querella argentina?

R. Habría que decir qué futuro veo en la querella argentina y en la jurisdicción universal, porque va a la par. En los momentos de crisis legal o de crisis institucional desde las iniciativas que hay en contra de la jurisdicción universal, es cuando más tenemos que pelear a su favor. Este es el sentido del libro, en el que ha dado tiempo a recoger casi hasta el día de hoy cada caso. En el último capítulo apuesto claramente por esa extensión a crímenes económicos y financieros, a crímenes ambientales. Es necesario, es urgente, estamos ciegos, los jóvenes nos están sacando los colores. Va a haber agresiones medioambientales delictivas que hoy día no tienen una reacción internacional. Necesitamos la jurisdicción universal.

En eso se enmarca también el éxito o el fracaso de la querella argentina. Influyen algunos elementos más, como la falta de cooperación de España. Ha habido intención de cooperación, me consta que la titular actual del ministerio de Defensa, Dolores Delgado [cuyo papel como fiscal en el caso argentino alaba], ha propuesto esa apertura, en esa idea en la que ella se instala también de que puede haber una cooperación para aportar elementos de prueba. Que pueden ser de descargo, ojo. Hay personas que están afectadas por la querella que quieren declarar, como Martín Villa [ministro del Interior en los últimos años del franquismo], y no pueden porque no se les da la posibilidad de hacerlo. Creo que es un error que España no se haya prestado. Ya que aquí no se pudo actuar porque el Tribunal Supremo lo impidió, sería necesario establecer mecanismos de cooperación, para que allí se establezcan las conclusiones que se puedan aplicar aquí. Si allí se mantiene la acción, esa cooperación tarde o temprano se tiene que producir.
 

El franquismo tuvo 296 campos de concentración, 5 de ellos en Canarias.


http://eldia.es/nacional/2019-03-16/16-franquismo-tuvo-campos-concentracion-Canarias.htm


Madrid, EFE 
16/mar/19 15:34 PM 
eldia.es

Madrid, EFE En España existieron cerca de 300 campos de concentración franquistas -5 en Canarias- por los que pasaron entre 700.000 y 1 millón de españoles, asegura el periodista Carlos Hernández de Miguel, que ha realizado una investigación durante más de tres años sobre este capítulo que, dice, ha sido "olvidado" por la historia.
Una investigación cuyos resultados ha reunido en el libro "Los campos de concentración de Franco" (Ediciones B) este periodista y escritor, para quien España se convirtió durante la dictadura en un "gigantesco campo de concentración", según asegura en una entrevista con Efe.
Los campos de concentración, señala el autor, fueron "una de las patas de la enorme mesa que fue la represión franquista", una práctica de la que hay poca documentación derivada "de la destrucción masiva de ficheros que se realizó durante la dictadura y los primeros años de la Transición".
Tras la Segunda Guerra Mundial, en España se realizó un borrado general especialmente de la documentación que podía relacionar al régimen franquista con el nazismo, de tal forma que hay un "agujero brutal de los archivos existentes sobre esa etapa".
Porque, a pesar de las diferencias, hubo una analogía y existieron algunos elementos en común entre estos campos de concentración españoles y los implantados por el sistema nazi, sostiene Carlos Hernández, que explica que incluso dirigentes de la Gestapo participaron en el adiestramiento de las fuerzas policiales españolas.
El sistema franquista de estos campos fue diseñado de acuerdo a las necesidades de la dictadura, que eran -recalca el escritor- el "exterminio" de los elementos "más activos" del entorno republicano y la consecución de mano de obra a través de los "batallones de trabajo".
"En los campos de concentración franquistas no hubo cámaras de gas, pero se practicó el exterminio y se explotó a los cautivos como trabajadores esclavos. En España no hubo un genocidio judío o gitano, pero sí hubo un verdadero holocausto ideológico, una solución final contra quienes pensaban de forma diferente", recalca Carlos Hernández de Miguel.
Con su investigación, en la que ha visitado decenas de archivos, el autor ha identificado 296 campos de concentración oficiales, abiertos en otras tantas ciudades y pueblos españoles.
Andalucía, con 52 campos de concentración, encabeza este "ránking del horror" dibujado por Carlos Hernández, en el que le siguen la Comunidad Valenciana con 41, Castilla-La Mancha con 38, Castilla y León con 24 y Aragón con 18.
Extremadura, con 17 de estos campos; Madrid con 16, Cataluña con 14, Asturias con 12, Galicia y Murcia con 11, Cantabria con 10, Euskadi con 9, Baleares con 7, Canarias con 5, Navarra con 4, La Rioja, con 2 y Ceuta, junto a las antiguas colonias españolas en el norte de África, con 5, completan las cifras.
Aunque durante toda la dictadura se fue borrando paulatinamente la documentación sobre estos campos, a mediados de los años 60 hubo otro "momento importante" de destrucción de archivos, recuerda el periodista.
Hernández de Miguel destaca el hecho de que ninguno de estas entre 700.000 y un millón de personas habían sido juzgadas o acusadas oficialmente y considera "muy triste" que no hayan sido reconocidos como víctimas del franquismo.
Y tras los 40 años de dictadura hubo "un pacto de silencio" en la Transición que, aunque pudiera ser entendible en el momento, no justifica el hecho de que a partir de mediados de los años 80 no se decidiera "poner la Historia en el lugar que se merece".
El periodista, autor también del libro "Los últimos españoles de Mauthausen", lamenta que el Estado no haya puesto los medios para que se conozca la existencia de estos campos de concentración y las nuevas generaciones se "vacunen" contra ellos.

divendres, 15 de març del 2019

La cordobesa Aremehisa y la francesa Caminar dan por hecho que han encontrado a Renée Lafont

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190314/461028863145/memoria--la-cordobesa-aremehisa-y-la-francesa-caminar-dan-por-hecho-que-han-encontrado-a-renee-lafont.html



Los presidentes de las asociaciones memorialistas Aremehisa (cordobesa) y Caminar (francesa), Rafael Espino y José García, respectivamente, han anunciado este jueves en el Cementerio de la Salud de Córdoba que, a falta de las pruebas de ADN que lo corroboren, se han hallado en dicho camposanto los restos de la periodista francesa Renée Lafont-Quest, que fue capturada y fusilada en Córdoba por los franquistas en el verano de 1936.


CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)
Los presidentes de las asociaciones memorialistas Aremehisa (cordobesa) y Caminar (francesa), Rafael Espino y José García, respectivamente, han anunciado este jueves en el Cementerio de la Salud de Córdoba que, a falta de las pruebas de ADN que lo corroboren, se han hallado en dicho camposanto los restos de la periodista francesa Renée Lafont-Quest, que fue capturada y fusilada en Córdoba por los franquistas en el verano de 1936.
En rueda de prensa junto a los Muros de la Memoría, que recuerdan a parte de las miles personas que fueron fusiladas y enterradas en fosas comunes en Córdoba durante la Guerra Civil y el franquismo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa), Rafael Espino, ha recordado que su asociación, junto a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Memorialistas de Descendientes y Amigos de Exiliados de la España Republicana (Caminar), llevan años trabajando para localizar, recuperar y repatriar a Francia los restos de Renée Lafont-Quest (1877-1936).
Espino ha detallado que los trabajos que se vienen desarrollando en el Cementerio de la Salud para la exhumación e identificación de los restos de quienes fueron fusilados por los franquistas permitieron el hallazgo, el pasado 7 de febrero, de una mujer, "que presentaba el impacto de un proyectil alojado junto al fémur de su pierna derecha", un detalle éste que coincide con el hecho conocido de que Renée Lafont-Quest "ya estaba herida en una pierna cuando la fusilaron en las tapias de este cementerio".
A ello se suma, "según las investigaciones llevadas a cabo, que la sepultura donde fue encontrada esta mujer coincide temporalmente con el 1 de septiembre de 1936, el día en el que fusilan a Renée Lafont-Quest, con lo que, presuntamente", los restos hallados podrían corresponder a los de la periodista francesa, "a falta de conocer el informe antropológico que se está llevando a cabo, y de una prueba de ADN de un familiar francés".
De encontrar a ese familiar se ha encargado Caminar, coordinadora en la que se integran 17 asociaciones francesas y cuyo presidente, José García, ha señalado que la consecución de los objetivos del denominado 'Proyecto Renée Lafont-Quest' es fruto de un "trabajo colectivo", en el que también se han implicado la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), que presta asesoramiento jurídico y que ha estado representada en este acto por María Real, y la Plataforma por la Comisión de la Verdad, cuya portavoz, Florentina Rodríguez, ha resaltado que la periodista, escritora y traductora francesa (hablaba cinco idiomas), se convirtió en "la primera periodista que matan en zona de guerra".
En cuanto al citado familiar, José García ha explicado que, gracias a un genealogista, han "encontrado a una persona, que también es una periodista, y además muy conocida en Francia, Maïtena Biraben, pues ha trabajado en Canal+ Francia", quien ha manifestado su satisfacción por la noticia de que "casi seguro" se han encontrado los restos de Renée Lafont-Quest.

El franquismo tenía campos de concentración para homosexuales


https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/graffiti/detalle/6267481/juan-sepulveda-marina-cochet-presentan-el-violeta/



GRAFFITI | RADIO EUSKADI
15/03/2019
Los autores de novela gráfica “El Violeta” narran las barbaridades que el franquismo cometía contra el colectivo LGTBI.
  • Portada de la novela gráfica
    Portada de la novela gráfica "El Violeta"
    16:52 min
Mute
Loaded: 0%
Progress: 0%
Remaining Time-16:52
El violeta es una novela gráfica sobre la persecución que sufrieron las personas homosexuales durante el franquismo.
Un relato que saca a la luz los campos de concentración para homosexuales que creó el régimen y que históricamente están siendo olvidados. Hemos charlado con uno de los guionistas, Juan Sepúlveda y con la artista encargada de los dibujos Marina CochetEl Violeta está publicado por Drakul.