dissabte, 14 de febrer de 2009

PP Vice. 14/02/2009.

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El Partido Popular contrató en Estepona a una empresa de Francisco Correa
ÁNGEL MUNÁRRIZ
Una sociedad municipal encargó servicios de viaje entre 2000 y 2003.

Garzón niega al PP personarse en la causa por la red de corrupción El CGPJ estudiará si Garzón incurrió en desatención por ir de caza El Gobierno de Aguirre solicita personarse al sentirse "perjudicado"

El juez ve "serios indicios" contra altos cargos del PP
ANGELES VÁZQUEZ
El juez hace esta observación en el auto en el que rechaza la personación del PP como acusación en esta causa.

El PP quiere saber quiénes son los implicados

Blanco pide a Rajoy que corte "por lo sano con tanta basura"
"Que investigue dentro de su partido y que deje de criticar a los demás".
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Carlos Negreira, un candidato "de primera" para Mariano Rajoy
Este viernes la SER adelantó que Negreira, el cabeza de lista del PP por A Coruña, está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas

Audio: Rajoy: "Negreira es un candidato de primera división"
Garzón rechaza la personación del PP en el caso de corrupción
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Rajoy: "Nadie va a amedrentar al Partido Popular"
CARLOS E. CUÉ -
El líder del PP asiste a un mitín ante más de 10.000 personas en Pontevedra dónde también han intervenido Manuel Fraga y Gerardo Fernández Albor

El videoblog, principal herramienta de campaña en Galicia
Basagoiti promete 100.000 nuevos puestos de trabajo
Zapatero vuelve a rechazar un abaratamiento del despido "como quiere la derecha"

LOS ESCÁNDALOS QUE AFECTAN AL PP
Correa usó empresas tapadera para sus negocios en Madrid
FRANCISCO MERCADO -
El Gobierno de Aguirre tiene múltiples deudas con su red- El jefe de la trama facturaba con sociedades ajenas a petición del ex consejero López Viejo


Garzón implica a un consejero de Aguirre en la trama
El PP recurre una "barbaridad inaceptable"


Los escándalos que afectan al PP
Rambla no suelta los papeles
J. FERRANDIS / C. VÁZQUEZ
La Generalitat estudia personarse en la causa de Garzón como ha hecho Madrid - Ulibarri construye otro PAI en Rocafort

El director de RTVV apadrinó a la hija de Álvaro Pérez en lugar de Correa
MIQUEL ALBEROLA

Orange Market, empresa sumergida
EL PAÍS
La firma implicada en la trama de corrupción retira los carteles de su sede
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investigación judicial
Garzón ve «serios indicios» de que hay aforados del PP en la trama de corrupción
El magistrado implica en la trama a un consejero de Aguirre y un alto cargo del gobierno de Camps, y deja en libertad con cargos a un octavo acusado, detenido el martes, que es empleado de Correa

"Ulibarri me dijo antes del concurso que el Consell le iba a adjudicar 13 licencias de TDT"
Cuando a Garzón le agasajaba el PP
El Consell estudia personarse en el caso Correa pese a que Garzón se lo veta al PP
González Pons asegura que la adjudicación del concurso de TDT fue "estrictamente legal"
Vídeo: Álvaro Pérez queda libreAuto emitido hoy por el juezAuto emitido ayer en el que decreta prisión para Correa, Sánchez y Crespo

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"El magnate ya sabía que se las iban adjudicar porque me lo dijo a mí"
¿Facilitó González Pons que el imputado Ulibarri se llevara 13 licencias TDT de la Comunidad valenciana?

Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Luis Bárcenas siguen en la cuerda floja
Garzón implica en la trama a López Viejo, ex consejero de Aguirre, y a un alto cargo de Camps, dos aforados del PP

MQM manipulaba los presupuestos, presuntamente teledirigida desde el Gobierno de Aguirre
La Comunidad de Madrid mantiene deudas con empresas tapadera de Correa

Maru Menéndez: “Puso la mano en el fuego por todos sus consejeros y apenas una semana después se ha quemado”
“Aguirre llegó a la Comunidad bajo sospecha y nunca se pudo investigar. Por eso hay quienes asocian un asunto al otro”

Su esposa, también detenida por Garzón, fue jefa de prensa del ayuntamiento
El PP de Estepona contrató con Correa, supuesto cabecilla de la trama

Dos semanas antes del estallido de la trama confió al ex alcalde "el primer barrio ecológico" de Madrid
El imputado González Panero, ¿un protegido de la lideresa Aguirre?

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divendres, 13 de febrer de 2009

PP Vice (2). 13/02/2009.

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Garzón halla "indicios" contra parlamentarios o cargos del PP
57 comentarios
La Comunidad de Madrid anuncia que se personará en la causa abierta por Garzón tras rechazar el magistrado de la Audiencia la presencia del PP
Garzón investiga sobornos a tres cargos del PP de Madrid
'Busca desesperada de oposición', por F. VALLESPÍN

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Garzón niega al PP personarse en la causa por la red de corrupción
Comentarios: 161
El juez adopta esta decisión en un auto, contra el que no cabe recurso.El PP ya ha anunciado que recurrirá por ser "jurídicamente impresentable".
Auto de rechazo de Garzón Auto de personación del PP Recusación
El CGPJ estudiará si Garzón incurrió en desatención por ir de caza
El Gobierno de Aguirre solicita personarse al sentirse "perjudicado"
El juez ve "serios indicios" contra altos cargos del PP
Comentarios: 35 ANGELES VÁZQUEZ
El juez hace esta observación en el auto en el que rechaza la personación del PP como acusación en esta causa.
El PP quiere saber quiénes son los implicados
Blanco pide a Rajoy que corte "por lo sano con tanta basura"
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"Que investigue dentro de su partido y que deje de criticar a los demás".
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ESCÁNDALO EN EL PARTIDO POPULAR
El Gobierno de Aguirre pide personarse en la trama
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El juez ha anunciado que hay aforados del PP que pueden estar implicados en la trama de corrupciónEl despacho de Blanco Balín, imputado por Garzón, ya fue registrado por blanqueo de capitales
El candidato del PP en A Coruña benefició a una empresa implicada ahora en la trama de espías
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El Tribunal de Cuentas investiga a Negreira por posible irregularidad en adjudicaciones a la empresa Segurisa
Saavedra señala que el ministro de Justicia debería dimitir por su cacería con Garzón
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¿Quiénes caerán en la segunda etapa de la investigación?
Garzón avisa: altos cargos del PP podrían estar implicados

Primero, el 1 por Ourense; ahora, el 1 por A Coruña
Menudo ojo clínico tiene Feijoo, al que le crecen los corruptos (presuntos)

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Así fue la polémica cacería
Primeras imágenes de la montería a la que fueron invitados Garzón y Bermejo.
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Garzón ve "serios indicios" de implicación de cargos del PP
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Las claves de la trama de corrupción
Francisco Correa estuvo a punto de huir a Panamá
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Y la Comunidad de Madrid quiere ser acusación
Comentarios (78)
'El bigotes', en libertad
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Enric Sopena
Cabos sueltos
Usted, señor González Pons, lo sabe
González Pons enseñó ayer su patita facha, aunque pretenda proyectar una imagen de conservador dialogante y civilizado.
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PP Vice. 13/02/2009.



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Los escándalos que afectan al PP

El juez Garzón investiga sobornos a tres cargos del PP de Madrid

Los pagos, hechos entre 2006 y 2007, salpican a áreas municipales y regionales

FRANCISCO MERCADO - Madrid - 13/02/2009

El auto del juez Garzón confirma que la trama de corrupción vinculada al PP que dirigía Francisco Correa utilizó "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se están investigando". De entrada, están bajo el foco de Garzón tres cargos del PP de Madrid (dos autonómicos y uno municipal) que presuntamente percibieron sobornos entre 2006 y 2007. De ello, hay indicios sonoros -"Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de Aguirre, que niega tales pagos] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio", se oye en una grabación- y escritos internos redactados por jefes de esta trama.
"El monto total de tales cohechos reseñados ronda los 400.000 euros"

Garzón dispone de un documento interno de Easy Concept, firma de la red, donde aparecen los sobornos a tres cargos madrileños, dos autonómicos y uno municipal. El monto total de los cohechos ronda los 400.000 euros. El dinero para tales pagos salía de una caja llamada "madre". Isabel Jordán, imputada, que fue administradora de Easy Concept hasta que fue destituida por denunciar irregularidades contables en octubre de 2007, ha sido interrogada sobre el documento por Garzón.

Por otro lado, Garzón es ya conocedor de la mecánica empleada para distraer y blanquear fondos de la caja "madre". Se emitían facturas falsas que se cobraban en metálico por miembros de la red, que retornaban el dinero a dicha caja. De ese modo, el dinero había sido blanqueado. Oficialmente, había sido pagado a una empresa por un servicio inexistente y eso cuadraba las salidas de fondos de la empresa. La propia Jordán solicitó una auditoría para esclarecer esa fuga de fondos por servicios que ignoraba que su empresa hubiese recibido. Tal petición forzó su cese. Pero el borrador de la auditoría le dio la razón. De entrada, los e-mails demostraron quién era el amo de Easy Concept y Good and Better. Pese a administrarlas Jordán, la voz cantante la llevaba Pablo Crespo, en prisión. La inspección le atribuía una "gestión paralela". La auditoría avaló otro extremo de las denuncias de Jordán: la profusión de pagos en metálico.

Una firma, Femasa, recibió en 2005 de ambas empresas pagos en metálico: 60.459 euros; 34.002 euros; 20.706 euros y 25.694 euros. "Esta práctica [pagos en metálico], por ser estos importes significativos, además de no ser un uso habitual en los negocios, supone un riesgo sobre la propia seguridad jurídica de las transacciones". Igualmente, se citaban pagos de otra firma del grupo en metálico, Servimadrid, que abonó a Femasa y a otros más de 350.000 euros en efectivo.
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Un 'pinchazo' a Correa confirma que el ex regidor estaba en la red

R. T. - Madrid - 13/02/2009

José Luis Ulibarri es un hombre bien relacionado, sobre todo con gobernantes de comunidades autónomas regidas por el PP. Preside 23 empresas y ostenta diferentes cargos en otras 24. La mayoría tienen su sede en Castilla y León, donde está al frente de un holding (Grupo Begar) que también ha echado sus redes en la Comunidad Valenciana, donde tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra pública.

Trabaja para administraciones de distinto signo, como el Ministerio de Fomento, para el que construye varios tramos del AVE a Barcelona o parte de la Ronda Sur de Granada. Pero se ha hecho fuerte en tierras castellano-leonesas, donde gobierna el PP. Su empresa Begar Construcciones y Contratas, SA, ha recibido adjudicaciones para edificar viviendas, colegios públicos y mejorar algunas carreteras de la región. En Ponferrada y en Valladolid, con cuyo alcalde mantiene una buena relación, participa en numerosas obras, la mayoría relacionadas con los servicios de limpieza.

Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones.
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"Dádivas y sobornos a autoridades"

Correa montó un complejo entramado que se extendía a paraísos fiscales - El juez indaga a cargos públicos y funcionarios que recibieron "regalos o dinero"

J. YOLDI / M. ALTOZANO - Madrid - 13/02/2009

El juez Baltasar Garzón ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigación. En el auto por el que la pasada madrugada envió a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos públicos, pero Garzón especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas dádivas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes.

Auto de prisión de Garzón
DOCUMENTO (PDF - 1017,68Kb) - 12-02-2009
Consulta el auto del juez de la Audiencia por el que envía a la cárcel a los tres cabecillas de la trama de corrupción


El juez dejó libre a Álvaro Pérez, que deberá ir al juzgado cada semana
El grupo tenía un piso de seguridad donde guardaba papeles sensibles

Según el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".

Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudación fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en paraísos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "técnicas de ingeniería financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panamá, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados.

Además, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dudó en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales.

El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alemán, Gürtel, da nombre a la operación policial-, montó una estructura de empresas en España a la que superponía otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en paraísos fiscales. Precisamente, los fondos procedían de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades españolas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital.

Se trata de un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por españoles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.

Correa, según el auto del juez, utilizó testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jurídicos en su estrategia de ocultación, mientras realizaba operaciones en países tan dispares como China, Azerbaiyán, Colombia, Panamá o Estados Unidos.

Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio".
El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panamá y tenía previsto abandonar en breve España, por lo que la policía aconsejó al juez que precipitase las detenciones.

También dio instrucciones a su primo Antoine Sánchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal.

El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo".

Asimismo, Garzón le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo".
Uno de los aspectos que denotan el carácter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen".

La organización, según se describe en la resolución judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Martínez Campos, 32, 7º, puerta sexta, de Madrid] donde, además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4º izquierda, de Madrid".

El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Además, Crespo dio órdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los móviles porque los teléfonos estaban intervenidos.

El juez afirma también que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendiéndose a todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número". Es decir, la operación sigue abierta y va para largo.

Por otro lado, ayer declaró ante el juez, en calidad de imputado, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, que fue detenido el lunes pasado por su presunta vinculación con la trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell no solicitaron prisión ni fianza para él, según explicó su abogada, Ángela Coquillat. El juez, por tanto, le dejó en libertad, aunque con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.
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Camps lo ve todo "correcto"
Aguirre: "Garzón y Bermejo deberían estar avergonzados"
El juez Garzón investiga sobornos a tres cargos del PP de Madrid
UNA IMAGEN DE OTROS
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El PP mAudiencia para intentar apartar a Garzón del caso aniobra en la

Los populares pretenden que el Poder Judicial abra diligencias al juez
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 13/02/2009

Quieren ser parte en el proceso que investiga la trama corrupta, pero no para acusar a sus presuntos cabecillas, sino para echar al juez. Los dirigentes del PP Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría acudieron ayer a la Audiencia para solicitar a Baltasar Garzón que admita a su partido como acusación particular en la investigación sobre la red de sociedades que presuntamente se lucraban con dinero de instituciones gobernadas por esa formación. Junto a esa petición, el responsable de Justicia del partido y su portavoz parlamentaria presentaron otra en el que exigen a Garzón que deje el caso.

Documento: Escrito de recusación de Garzón del PP

Además, el PP logró con sus quejas abrir otra vía: el Consejo del General Poder Judicial ha derivado a sus servicios de inspección una denuncia de los populares contra el juez para que se analice si actuó correctamente al ordenar la detención de los implicados y, según el PP, dejarlos en el calabozo durante el fin de semana que estuvo de caza en Jaén, donde coincidió con el ministro Fernández Bermejo, informa J. A. Hernández.

El juez Garzón tendrá que decidir en primer lugar si admite al PP como perjudicado, condición para que la Sala Penal estudie su recusación. En el escrito con el que piden ser parte, los letrados del partido aseguran que los principales imputados, según "las grabaciones filtradas en los medios de comunicación", "simulan inciertas e inexistentes vinculaciones con miembros", del PP.
El PP no explica en su documento a quién piensa acusar en caso de que el juez lo acepte como perjudicado. Solicita "personarse en las actuaciones en concepto de acusación particular sin necesidad de formular querella". Los hechos revelados en la investigación representan "un claro perjuicio" a sus "derechos fundamentales al honor y a la propia imagen y a la tutela judicial efectiva" y le han producido "una absoluta situación de indefensión y desamparo", según el escrito.

El escrito es un auténtico alegato político contra Garzón, del que, sin embargo, Mariano Rajoy decía en 1998, cuando se juzgaban los GAL: "Los jueces actúan en el Gobierno de Felipe González, pues Garzón instruyó el sumario gobernando González, y siguen actuando en el Gobierno del PP con la misma independencia".

Sin embargo, el texto señala: "No es la única ocasión en la que el Magistrado al que recusamos exhibe su estrecha vinculación con el PSOE y sus distintos gobiernos de la nación, y su permanente animosidad contra el PP. Fue público y notorio que, tras una reunión también campestre, en esta ocasión en la Finca de Quintos de Mora, y oficiando como intermediario el entonces presidente de Castilla-La Mancha, hoy presidente del Congreso, el socialista José Bono, el Magistrado Baltasar Garzón acordó con Felipe González su inclusión como número dos en la candidatura del PSOE por Madrid".

Pero los precedentes no son muy favorables. El PSOE también intentó personarse en el caso Filesa sobre la presunta financiación irregular, pero la Audiencia lo rechazó porque entre los investigados había miembros de ese partido. El mismo resultado obtuvo el Gobierno de Felipe González cuando intentó convertirse en acusación particular del caso Amedo, en plena investigación sobre la guerra sucia contra ETA. Se impidió porque los policías José Amedo y Michel Domínguez eran funcionarios y el Estado podría resultar responsable.

De su lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó ayer de "exageración tan evidente que no se compadece con las reglas habituales de la democracia", la reacción del PP ante la noticia de que el ministro de Justicia y el juez Garzón habían asistido juntos a una cacería. Aunque Zapatero no entró a valorar esta coincidencia, pidió "mesura y tranquilidad" a los dirigentes del PP. "Los problemas propios hay que resolverlos y no se consigue nada atacando a los otros", les aconsejó.
Correa montó un complejo entramado que se extendía a paraísos fiscales - El juez indaga a cargos públicos y funcionarios que recibieron "regalos o dinero"

J. YOLDI / M. ALTOZANO - Madrid - 13/02/2009

El juez Baltasar Garzón ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigación. En el auto por el que la pasada madrugada envió a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos públicos, pero Garzón especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas dádivas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes.

Consulta el auto del juez de la Audiencia por el que envía a la cárcel a los tres cabecillas de la trama de corrupción

El juez dejó libre a Álvaro Pérez, que deberá ir al juzgado cada semana
El grupo tenía un piso de seguridad donde guardaba papeles sensibles

Según el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".

Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudación fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en paraísos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "técnicas de ingeniería financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panamá, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados.

Además, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dudó en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales.

El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alemán, Gürtel, da nombre a la operación policial-, montó una estructura de empresas en España a la que superponía otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en paraísos fiscales. Precisamente, los fondos procedían de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades españolas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital.

Se trata de un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por españoles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.

Correa, según el auto del juez, utilizó testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jurídicos en su estrategia de ocultación, mientras realizaba operaciones en países tan dispares como China, Azerbaiyán, Colombia, Panamá o Estados Unidos.

Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio".
El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panamá y tenía previsto abandonar en breve España, por lo que la policía aconsejó al juez que precipitase las detenciones.
También dio instrucciones a su primo Antoine Sánchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal.

El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo".

Asimismo, Garzón le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo".
Uno de los aspectos que denotan el carácter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen".

La organización, según se describe en la resolución judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Martínez Campos, 32, 7º, puerta sexta, de Madrid] donde, además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4º izquierda, de Madrid".

El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Además, Crespo dio órdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los móviles porque los teléfonos estaban intervenidos.

El juez afirma también que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendiéndose a todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número". Es decir, la operación sigue abierta y va para largo.

Por otro lado, ayer declaró ante el juez, en calidad de imputado, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, que fue detenido el lunes pasado por su presunta vinculación con la trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell no solicitaron prisión ni fianza para él, según explicó su abogada, Ángela Coquillat. El juez, por tanto, le dejó en libertad, aunque con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.
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Camps, ninguna respuesta
J. FERRANDIS / M. OLIVARES
El presidente se niega a informar sobre Orange Market y Ulibarri

Análisis - Los escándalos que afectan al PP
Tinta de calamar
JOSEP TORRENT

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Garzón investiga a cargos públicos y funcionarios valencianos sobornados por la red de Correa

El juez obliga a Álvaro Pérez a comparecer semanalmente tras dejarlo en libertad con cargos

Ramón Ferrando/Víctor Romero, Valencia

El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusa a la trama de sobornar a funcionarios y autoridades públicas valencianas y madrileñas en el auto en el que envió a prisión a Francisco Correa, a su primo Antoine Sánchez y al ex dirigente del PP en Galicia Pablo Crespo. La red, que supuestamente ha conseguido adjudicaciones ligadas al Partido Popular, está formada por un entramado de 23 empresas que dirigía en la sombra Francisco Correa. El objetivo del grupo, según el auto de Garzón, era organizar eventos para captar negocios y dinero sobretodo en la Comunitat Valencia -a través de Orange Market- y Madrid. Pablo Crespo supuestamente es el director de las empresas y Antoine Sánchez figura como hombre de paja de Correa.

El hombre del grupo en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, quedó en libertad tras prestar declaración anoche ante el juez. Pérez Alonso, conocido como "el bigotes", fue detenido en Valencia en la noche de lunes. Su arresto se produjo después de que la policía registrara la sede de Orange Market, donde se obtuvieron numerosos contratos del PP valenciano y de la Comunitat Valenciana, entre ellos los expositores que esta región mostró en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur). La policía también se personó en las dependencias de la Conselleria de Turismo para llevarse el expediente de adjudicación a Orange Market en Fitur. Pérez, junto con su abogada Ángela Coquillat, asistió ayer al desprecintado de las 25 cajas con documentación que le intervinieron.

El auto de Garzón explica que en la causa existen indicios suficientes de que los tres imputados, en unión de otros, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas -en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas- para obtener un beneficio propio". Garzón sostiene en el auto que la red operaba con "dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se están investigando" (para decidir si ordena su detención o imputación). La policía, según publicó ayer La Vanguardia, estaría reuniendo pruebas que podrían implicar algún diputado autonómico del PP en Valencia y Madrid.

El magistrado incide en su resolución en que la red entregó "regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían" con sus intereses y "así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas". El encargado de dar instrucciones para pagar cantidades a autoridades públicas es Pablo Crespo.

El juez ha encontrado indicios de que la red cometió fraude ocultando el dinero que obtenía en paraísos fiscales. Además, la organización alteró y falsificó documentos para disfrazar las contabilidades.

Garzón desgrana en el auto la responsabilidad de los tres principales acusados. El auto precisa que desde hace diez años han organizado eventos para captar fondos y negocios. En la Comunitat lo habrían hecho, sobre todo, a través de Special Events y Orange Market. El entremado empresarial supuestamente tenía como principal objetivo las operaciones inmobiliarias, aunque con la situación del sector habían iniciado inversiones con alta rentabilidad en países como China, Estados Unidos, Azerbaiyán o Colombia. Las nuevas inversiones iban desde operaciones turísticas en Colombia a negocios de fibra óptica en Cuba o al intento de entrar en explotaciones petroleras. El grupo disponía de una estructura internacional con empresas pantalla en Inglaterra y Holanda.
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Campos, una "buena relación" con Pérez Alonso
Orange encargaba el "stand" de Fitur a otra de las empresas de la trama lid
Correa planeaba salir de España tras el bautizo de Barcelona
Camps se defiende exhibiendouna foto de Zapatero con Ulibarri
El PP recusa a Garzón por enemistad con el partido y su interés en la causa
DOCUMENTO: Auto íntegro del juez Garzón Vídeo: El PP recusa al juez Garzón
Correa planeaba salir de España tras el bautizo de Barcelona.
El PP recusa a Garzón por enemistad con el partido y su interés en la causa.
Orange encargaba el "stand" de Fitur a otra de las empresas de la trama liderada por Correa.
Camps mantendrá los contratos con Ulibarri pese a la imputación.
Canal 9 contrató con Orange Market el alquiler de material para el telemaratón.
Entre Canal 9 y Teatres.
Olivas tiene plena confianza en el director de Bancaja en Miami que está imputado .
Falta de sintonía entre el PP de Castelló y la dirección regional .
Campos, una "buena relación" con Pérez Alonso.
El TSJ anuló una permuta de suelo público en la Nucia que duplicó su valor en un año.

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Francisco Correa llegó al PP de la mano de Álvarez Cascos

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El PP quiere saber "cuanto antes" qué altos cargos hay implicados
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insiste en que Garzón ya no está capacitado para investigar.
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Todos los miembros de El clan de la boda de El Escorial, bajo sospecha o imputados
JOSÉ MARÍA GARRIDO

“Me parece muy bien el apoyo interno, pero me gustaría que sea a toda la etapa del partido, incluida la del presidente Aznar", afirmó la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y esposa del ex presidente popular, Ana Botella, en el Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebró el pasado miércoles.

Sin duda, las palabras de Ana Botella, que no suele intervenir en este tipo de foros, no eran casuales y tampoco pasaron desapercibidas. El entorno del ex presidente del Gobierno es consciente de que la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón podría llegar a salpicar de forma directa al yerno de Aznar: Alejandro Agag. El clan hace aguas Desde luego, a Ana Botella y a su marido no les faltan motivos ni razones para estar preocupados. Precisamente el clan que organizó la boda entre su hija y Alejandro Agag hace literalmente aguas. Los organizadores Era septiembre de 2002, Álvaro Perez -imputado, detenido y puesto en libertad con cargos-, Alberto López Viejo -cesado de la Consejería de Deportes-, Alfonso Bosch -cuya pista se sigue en documentos investigados por Garzón-, Francisco Correa -considerado el cerebro de la presunta trama, también imputado y detenido- y sus respectivas mujeres acudieron juntos a la ceremonia religiosa que se celebró en El Escorial. Fueron los encargados de organizar el banquete e incluso compartieron mesa y mantel. Siete años después, todos ellos, a los que se suma la mujer de Correa, han sido investigados por el juez Garzón. Amigo y testigo Pero sobre todo, al entorno de Aznar le ha preocupado que el empresario Jacobo Gordon, compañero de carrera en Empresariales de Alejandro Agag y "mano derecha" de este, también esté imputado en la trama.
Tal y como informó El Plural, Gordon fue uno de los testigos, al igual que Francisco Correa, en su boda con Ana Aznar. También ex ministros Pero más allá de las vinculaciones de Alejandro Agag con algunos de los implicados e imputados -que ya son suficientes como para que los más avezados establezcan posibles relaciones de causa-efecto-, periodistas tan próximos a Génova y al nuevo PP como Federico Quevedo (uno de los últimos defensores a ultranza de Rajoy), ya empiezan a sospechar que en la segunda fase de la instrucción, el juez Garzón podría elevar la categoría de los imputados. Incluso, creen que, además del propio Agag, algún ex ministro de Aznar podría acabar declarando ante el prestigioso juez.
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El nuevo ácido bórico: una montería con asistencia masiva y presencia de militantes del PP
Rajoy vuelve a enrocarse en las teorías conspirativas, servidas, cómo no, por El Mundo

El dirigente del PP asistió con la lideresa y Pizarro a un mercado en la precampaña electoral
Otro de los diputados de Aguirre, Alfonso Bosch, mencionado por Correa en relación con la presunta trama

El edil que contrató, hoy presidente del PP granadino, pidió en enero combatir la "tela de araña" del PSOE
El Ayuntamiento de Granada adjudicó su stand de Fitur a una empresa de la presunta trama

Prisión incondicional para Correa, su primo y el ex secretario de Organización del PP de Galicia
Garzón les acusa de sobornar a cargos públicos, especialmente en Valencia y Madrid, para beneficiar a sus empresas

Canal 9, cuyo director está relacionado con empresarios imputados, oculta la trama en sus informativos
Camps, contra las cuerdas: la oposición le reprocha sus contratos con Orange Market y Ulibarri

La COPE desprecia la pataleta judicial de Rajoy
Pedro J. Ramírez atribuye “el golferío” en el PP a ¡la falta “de un proyecto nacional”!

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Las claves de la trama de corrupción que afecta al PP
Claves para entender la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón

A. COBOS. 12.02.2009 - 21:32h

Casi una semana después de que saliera a la luz pública la investigación del juez de Baltasar Garzón sobre una presunta red de corrupción en torno al PP, muchos son los interrogantes que han surgido en un caso que no deja de enredarse según van pasando los días.
Estas son algunas de las claves para entender mejor la 'Operación Gürtel'.

1. ¿Qué se investiga?
Una red de corrupción que supuestamente operaba en varios municipios del oeste de Madrid, así como en Valencia y en localidades de la Costa del Sol, y en la que sus integrantes están imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

2. ¿Qué dice el auto del juez Garzón?
El auto del juez Garzón dice que el "conglomerado de empresas" investigadas se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para" obtener un beneficio propio". Para ello utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios públicos cuya identidad y cargos se están investigando".

Además señala que los miembros de la trama les entregaban (a los cargos públicos) "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no usaban las mismas prácticas".

3. ¿Cuántas personas están imputadas y cuántas en prisión?
En su auto, el magistrado imputa a 37 personas por varios delitos (blanqueo, fraude fiscal...), de las que tres ya están en prisión sin fianza: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.
Además, Garzón dejó en libertad sin ningún tipo de medida cautelar, tras tomarles declaración, a las tres primeras imputadas: Carmen Rodríguez, esposa de Correa, Felisa Jordán y Carmen Luis Cerezo. Este jueves, tras ser interrogado por el juez, Álvaro Pérez también quedó en libertad con prohibición de salir de España.

4. ¿Cuántos cargos del PP se han visto salpicados y quiénes han dimitido?
Hasta el momento cinco, aunque sólo cuatro desempeñaban cargos públicos. Sus nombres son los siguientes: Alberto López Viejo, que presentó su dimisión como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Arturo González Panero, que dimitió como alcalde de Boadilla aunque sigue ejerciendo de concejal; María Jesús Díaz, ex número dos en la Alcaldía de Boadilla; Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda), que cesó de su actual cargo como gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia.

5. ¿Por qué Alberto López Viejo no está imputado?
Se especula que el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid no está imputado porque al ser diputado regional está aforado (protección jurídica especial). Si Garzón le acusa de algún delito, tendría que renunciar a la investigación y pasar el caso inmediatamante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al Tribunal Supremo, dos juzgados que ni cuentan con los medios ni con la experiencia de la Audiencia Nacional para llevar un caso así.

El método más utilizado en estos casos -no es la primera vez que sucede- pasa por imputar a los aforados en el último momento, cuando la investigación ya está prácticamente completa. Y a este caso le queda aún mucho recorrido.

6. ¿Qué empresas están involucradas en la trama?
El entramado de empresas de la red de corrupción estaba compuesto por 23. Entre ellas destacan:

Special Events
Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del PP de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210.000 euros.

Pasadena Viajes S.L.
Una empresa, también propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes. Está siendo también investigada.

Easy Concept
Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso, según el diario Público, más de 70 contratos.
Good and Better, SL

Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562.183 euros.

Orange Market
Es la proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La empresa organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur.

7. ¿Por qué el PP quiere personase como acusación particular?
El PP quiere presentarse como acusación particular con la intención de "aclarar todo" ya, que según fuentes del partido, se trata de unos hechos que les afectan directamente, aunque no han explicado a quién quieren acusar. Además, para ejercer como acusación, Garzón tiene que admitirles en el caso.

8. ¿Por qué los populares han presentado la recusación de Garzón?
El Partido Popular presentó su escrito de recusación contra el juez Garzón (que no sea este el magistrado que lleve el caso), alegando su "enemistad manifiesta" y "animosidad contra el PP", así como su "interés directo o indirecto" en la causa que instruye sobre la presunta trama de corrupción, conocida como 'Operación Gürtel'.

Además, para que la recusación se haga efectiva tienen que cumplirse cinco requisitos: el PP tiene que ser parte de la acusación; es imprescindible que Garzón admita el recurso; para ser recusado un magistrado tienen que opinar todos las partes del caso (defensa, fiscalía, acusación...); si prospera la recusación, después decide la Sala de lo Penal que es la competente para suspender al juez; y si no se cumplen los pasos anteriores, tendrían que ir a una instancia superior para pedir su recusación.

9. ¿Cómo va a continuar el caso?
El juez Garzón va a seguir tomando declaración al resto de los imputados hasta el día 5 de marzo, aunque el plazo podría ampliarse. Con estas declaraciones pretende descubrir cuáles son los cargos públicos supuestamente sobornados por esta red de corrupción.

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dijous, 12 de febrer de 2009

PP Vice. 12/02/2009. Tres detinguts sense fiança i només estem començant.

12 Feb 2009
¡Más madera…!

Garzón acusa al ‘cerebro’ de dirigir “un conglomerado de empresas” que se nutría de fondos de estas comunidades mediante “dádivas a funcionarios y autoridades cuya identidad se está investigando”

ELPAÍS.com - Madrid - 12/02/2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusa a los tres cabecillas de la trama de corrupción que salpica al PP enviados anoche a prisión de "sobornar a funcionarios y autoridades públicas" a través de "regalos" y "cantidades de dinero" para mover su "voluntades" con el objetivo de favorecer a sus empresas. El auto de prisión del juez sitúa a Francisco Correa como cerebro de la red que hasta el momento ha llevado también a la cárcel a su primo Antoine Sánchez y al ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo. A los tres les acusa de establecer un "conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de ayuntamientos y Comunidades Autónomas". Garzón decretó ayer prisión incondicional para los tres.

Garzón encarcela a los tres cabecillas de la trama
El PP intenta personarse en la causa para recusar a Garzón
Camps se niega a facilitar información sobre Orange Market

Auto de prisión de Garzón
DOCUMENTO (PDF - 1017,68Kb) - 12-02-2009
Consulta el auto del juez de la Audiencia por el que envía a la cárcel a los tres cabecillas de la trama de corrupción

El auto del juez afirma que se está investigando la identidad de los cargos públicos objeto de las "dádivas" de los tres encarcelados. Garzón defiende que el "grupo organizado" perseguía la obtención de "contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas y empresas que no utilizaban las mismas prácticas". El juez de la Audiencia Nacional ve además indicios de defraudación fiscal, movimiento de dinero en el extranjero y un entramado para colocarlo en paraísos fiscales.

Garzón describe un entramado en el que sobre una estructura nacional "se superpone una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda (...) Dichas sociedades, ubicadas en el exterior, son a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales o territorios no cooperantes".

Quién es quién
Garzón dedica en su escrito un apartado especial a Correa, del que dice "da instrucciones al resto de integrantes de la organización; lleva a cabo una supervisión directa (...); controla las cuentas que dispone en Suiza; y, ordena la contratación de productos financieros o la obtención de moneda extranjera". De Pablo Crespo, el auto dice que "lleva el control y funcionamiento de las empresas" y gestiona el "patrimonio personal" de Correa. Antoine Sánchez sería, según la investigación de Garzón, "pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas" como "miembro de los órganos de administración", "titular de un porcentaje del capital" de las empresas vinculadas y "titular de las acciones al portador de las sociedades ubicadas en paraísos fiscales". Garzón aclara, no obstante, que Correa sufragaba con todos los gastos de su primo.

El juez dejó ayer libres a la mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, y a Felisa Isabel Jordán, ambas ex administradoras de cuatro de las sociedades investigadas, con la condición de que acudan al juzgado una vez al mes. A Carmen Luis, que también se encontraba en la lista de imputados, ni siquiera le impuso esa cautela.
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El PP intenta personarse en la causa para recusar a Garzón

Presenta el escrito para personarse como parte .- Asegura que no han roto el Pacto de la Justicia
Archivo Descargable: Escrito de recusación de Garzón

ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 12/02/2009

La portavoz parlamentaria del Partido Popular (PP), Soraya Sáenz de Santamaría, y el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del partido, Federico Trillo, han presentado esta mañana dos escritos en la Audiencia Nacional para, en el primero, solicitar personarse en la causa abierta por el juez Baltasar Garzón que investiga la trama de corrupción que afecta a los populares, y, en el segundo, pedir la recusación del juez, informa Manuel Altozano. Trillo, a las puertas de la Audiencia ha manifestado que su partido solicita la recusación de Garzón por la "enemistad manifiesta" hacia el PP y su "constante animosidad".

Los populares rompen el pacto de la justicia y jalean la huelga de jueces
Un miembro del PP organizó la cacería que juntó a Bermejo y Garzón
El Gobierno no responderá a la ofensiva del PP contra la Justicia
Garzón acusa a los tres cabecillas de la red de sobornar a cargos públicos en favor de sus empresas

Escrito de recusación de Garzón del PP
DOCUMENTO (PDF - 855,3Kb) - 12-02-2009
Lee el escrito (pdf) del PP con el que quiere recusar a Garzón

Baltasar Garzón Real
Mariano Fernández Bermejo
María Soraya Sáenz De Santamaría

El escrito de recusación, junto a esa "enemistad" denunciada por el portavoz popular de Justicia, argumenta además que existe en Garzón un "interés directo o indirecto en el pleito" que le privaría de esa "necesaria y exigible imparcialidad", aunque el texto expresa su "respeto" por el magistrado.

El PP se queja en el escrito de que "desde el primer momento que se hicieron públicas las detenciones, el asunto (...) fue planteado como una causa general contra el Partido Popular". La recusación afirma que "no es la primera, ni precisamente la única ocasión en la que el Magistrado" objeto del escrito "exhibe su estrecha relación con el Partido Socialista". El escrito adjunta los artículos de EL PAÍS que han provocado la petición de amparo en el CGPJ por la filtración del secreto de sumario, y cita un artículo de El Mundo en el que se habla de la jornada de cacería en la que coincidieron el juez con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
La recusación sólo puede ser solicitada por una de las partes en la causa abierta por lo que, sólo si el propio juez Garzón acepta en primer lugar que el PP se persone como acusación particular, el escrito para apartarle del caso pasaría a ser estudiado por la Sala de lo Penal de la Audiencia.
La reacción del PP ante la causa de Garzón es la misma que el PSOE tuvo en su día con el juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa, informa José Yoldi. También en aquel caso, los socialistas intentaron personarse como acusación. Sin embargo, la personación no fue admitida porque miembros del PSC y del PSOE estaban siendo investigados y por tanto de su actuación podía derivarse una responsabilidad civil por parte del partido. Así que, aunque el PP presente una querella contra sus propios militantes para conseguir ser parte en el proceso, fuentes de la Audiencia señalaron que, previsiblemente, no será admitida, puesto que no se puede estar en una causa penal como acusador y como defensor al mismo tiempo, y el PP podría acabar como responsable civil de los actos de los imputados.

La "honorabilidad" de Garzón
Saenz de Santamaría, ha dicho previamente en RNE que el hecho de que Bermejo "se vaya de cacería, cene, coma y meriende" con Garzón es "muy grave". "Por supuesto que estamos cuestionando la independencia del juez Garzón", ha añadido la portavoz del PP quien ha exigido al ministro de Justicia que explique de qué habló con Garzón durante la cacería y le ha pedido que dimita "porque su comportamiento no es honorable". Sáenz de Santamaría ha aclarado también que su partido "no ha roto" el Pacto por la Justicia pero sí "suspende la interlocución" sobre el acuerdo mientras ésta dependa del actual ministro del ramo, Mariano Fernández Bermejo. A su juicio, el PSOE se "ha acogido al plan B" basado en "arremeter" y "hacer oposición" contra el PP porque es la "única oportunidad" que tiene para ganar las próximas elecciones. Ayer, el portavoz de Justicia de los populares, Federico Trillo, afirmó que su partido no podía seguir en el pacto mientra Bermejo fuera el titular de Justicia.

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha pedido por su parte hoy que se levante el secreto del sumario sobre el caso de corrupción que instruye Garzón para evitar "filtraciones interesadas" y ha denunciado la "clara connivencia" del juez con el ministro de Justicia. Cospedal se ha referido así a las informaciones publicadas hoy en varios medios de comunicación que afirman que Garzón y Bermejo coincidieron en otra cacería en el pasado 24 de enero en El Casar de Talavera (Toledo), además de la que compartieron el fin de semana pasado en Torres (Jaén).
En este último encuentro entre Bermejo y Garzón habría participado también el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, quien no tomó parte en la cacería pero sí en la cena que tuvo lugar la noche anterior en el pueblo jienense. Tanto De Cospedal como la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, y el vicesecretario de Comunicación de este partido, Esteban González Pons, han considerado -en declaraciones esta mañana- "muy graves" los encuentros entre el titular de Justicia y el juez que ha abierto una "causa general" contra el PP.

"Tiene una clara connivencia, porque eso parece que está completamente demostrado, con el juez que presenta una causa general contra el PP y, además, no se molesta en desmentirlo, sino que contesta con una chulería que, francamente, es muy poco digna de un ministro del Reino de España", ha manifestado De Cospedal. Ha criticado también la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y ha dicho que "en muchísimas ocasiones" ha protagonizado "detenciones muy escandalosas" de personas vinculadas al PP, "con grilletes, delante de sus familias, a veces hasta con policías encapuchados" a los que ha hecho "pasar en el calabozo hasta 48 horas y luego salen en libertad sin cargos".
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El presidente de la Generalitat valenciana no ofrece datos sobre contratos y facturas de la empresa que dirige Álvaro Pérez, detenido por la trama de Correa

JOAQUÍN FERRANDIS / MIQUEL ALBEROLA - Valencia - 12/02/2009

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se negó ayer a facilitar a la oposición los contratos y las facturas que hay en la Administración valenciana relacionados con Orange Market, la empresa que dirige en Valencia Álvaro Pérez, y los expedientes relacionados con las adjudicaciones obtenidas por el empresario José Luis Ulibarri, que tiene en la Comunidad Valenciana 13 licencias de TDT y varios proyectos urbanísticos.

Camps no respondió a ninguna de las preguntas formuladas por el Grupo Socialista y el grupo parlamentario de Compromís. El presidente del Gobierno valenciano se limitó a señalar que nunca pregunta "por expediente alguno" e insistió en que toda la tramitación administrativa de los contratos y los expedientes es correcta.

El portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, retó a Camps a dejar de escudarse en la opacidad y le recordó que su grupo ya advirtió en 2006 sobre las sombras que existían en Orange Market. Luna aseguró que esta empresa, que forma parte de la trama investigada por Garzón, también tiene con contratos con Radio Televisión Valenciana.

La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, acusó a Camps de esconderse de las preguntas y le exigió que comparezca para dar explicaciones y presentar los contratos.

Por otra parte, el presidente del Gurpo Bancaja, José Luis Olivas, ha admitido hoy que el presunto cerebro de la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, Francisco Correa, mantuvo al menos una cuenta abierta en la oficina de Miami. "La última la canceló hace seis o siete meses", ha desvelado.

Ante el posible fin fraudulento de esta cuenta, Olivas ha explicado que las normas que impone la Reserva Federal son muy estrictas y que la entidad no ha advertido a Bancaja de ninguna irregularidad. Respecto al director de la oficina en Miami, Guillermo Martínez Lluch, al que Garzón ha implicado en la trama, el presidente de Bancaja aseguró que el grupo mantiene toda la confianza en él. "Él está tranquilo y nosotros estamos tranquilos", zanjó.
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Ulibarri, imputado en la trama de corrupción, controla medios y otros negocios

S. V. / C. V. / S. N. / R. B. - Valencia / Alicante - 12/02/2009

El empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en la trama de corrupción que afecta al PP, preside desde Castilla-León un holding de empresas (Grupo Begar) que se ha extendido también a la Comunidad Valenciana en los sectores de la construcción, servicios y medios de comunicación. Ulibarri tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra pública. Algunos de los cuales no podrían haberse desarrollado sin el visto bueno de la Generalitat.

Uno de los imputados es el apoderado de Bancaja en Miami
Su negocio más conocido en tierras valencianas está ligado a Mediamed, desde la que se ha hecho con el control, junto a otros socios, de 13 televisiones digitales (TDT) adjudicadas a en un principio a otras firmas (algunas participadas por Mediamed) por el Gobierno de Francisco Camps en un proceso criticado por la oposición y los sindicatos. Ulibarri amplió su control en los medios en junio del año pasado, cuando se hizo con el 80% de las acciones de Administración y Gerencia de Ondas 13, SL, con la que el Ayuntamiento de Valencia había suscrito sólo un año antes el contrato para poner en marcha la Televisión Digital Municipal de Valencia. El consejo de administración que aceptó el traspaso de acciones a otra firma de Ulibarri, presidido por el PP, ha sido recurrido por la oposición socialista porque el empresario ya es dueño mayoritario de otra TDT que emite en la misma demarcación, concretamente Tele 7, a cuya inauguración en 2007 en Valencia acudieron Camps y varios consejeros. El pasado diciembre, la apertura de Tele 7 en Alicante congregó de nuevo a altos cargos populares, como la alcaldesa, Sonia Castedo, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

El Grupo Begar también se ha adjudicado en la ciudad de Valencia -gobernada por la alcaldesa popular Rita Barberá- en unión temporal con otras empresas (UTE) dos aparcamientos -en Eugenia Viñes y Padre Tomás de Montañana-, y parte del colector norte en un concurso de la Generalitat.Ulibarri participa, además, en otra UTE que construye el hospital de Llíria, adjudicado también por el Consell. Del Gobierno central ha recibido el encargo de conectar una potabilizadora en La Pedrera (Alicante), según consta en la memoria de 2006 del grupo, que también indica que tiene los contratos de limpieza de la Agencia Valenciana de Turismo y la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

En el sector inmobiliario, Ulibarri ha trabajado en vivienda protegida adjudicada por el Consell. En el negocio de la construcción y el urbanismo, Ulibarri se asocia con el promotor valenciano Andrés Selma, con el que promueve el programa de actuación integrada (PAI) de Xilxes, con campo de golf y 4.500 viviendas. Ambos son también socios en Mediamed y en uno de los aparcamientos de Valencia. Selma, por su lado, es el agente urbanizador de otro gran PAI, el del Marenyet de Cullera, pendiente de aprobar, y tiene actividad con el IVVSA en vivienda protegida en Alaquàs.

Por otro lado, Álvaro Pérez Alonso, responsable Orange Market y detenido en la operación del juez Garzón, es el sobrino de Manuel Alonso Laborda, concejal del PP de Calp, entre 2003 y 2007, informa Arturo Ruiz. Laborda es uno de los cargos del PP más influyentes en la localidad y empresario inmobiliario. El PSPV solicitará todas las facturas de turismo y protocolo desde 2000 para averiguar si Calp ha contratado a la firma de Pérez.

Fuentes del Partido Popular reconocieron ayer que, tanto desde Presidencia de la Generalitat como desde la dirección regional del partido, se habló favorablemente de Orange Market y de su capacidad para organizar eventos. El responsable de Orange Market esgrimió su relación con la cúpula del PP para intentar obtener contratos. Pérez intentó organizar, sin éxito, los tres congresos provinciales del PP esgrimiendo su estrecha amistad con el secretario general del PP, Ricardo Costa. Fuentes del PP indicaron que distintas consejerías, a través de empresas o fundaciones, sí recabaron los servicios de la empresa que dirige Álvaro Pérez. Y ello a pesar de que el actual secretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, estaba enfrentado con Álvaro Pérez, de quien desconfiaba desde su etapa madrileña durante los gobiernos de Aznar.

Según fuentes del Consell, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, se negó también a contratar con Orange Market, cuyo representante comercial hasta la pasada primavera, Francisco Javier Pérez Alonso -también imputado por el juez Baltasar Garzón- no es hermano de Álvaro Pérez Alonso, como por error publicó ayer este periódico.

La empresa que dirige Álvaro Pérez en Valencia era la principal organizadora de actos de la dirección regional del PP. Fuentes populares reconocieron ayer que Orange era más cara que otras empresas dedicadas a organizar eventos, aunque estaba disponible siempre para solucionar cualquier problema logístico de la dirección regional del PP.

Orange Market no es cliente de Bancaja, aunque en la investigación que instruye el juez Baltasar Garzón figura como imputado Guillermo Martínez Lluch apoderado de la caja de ahorros valenciana en la oficina que ésta tiene en Miami (Estados Unidos) desde 1998. En esta oficina hay dos cuentas bancarias de clientes que están relacionados con alguno de los imputados por el juez de la Audiencia Nacional. Sin embargo, ninguno de los imputados por Garzón es cliente de la oficina de Bancaja en Miami.
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ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN
En su auto, el magistrado afirma que la operación se adelantó por riesgo de fuga de Correa y asegura que la trama "movía voluntades políticas" con dinero
CADENA SER 12-02-2009
En el documento del magistrado -en el que decreta prisión para los tres principales implicados en este caso de corrupción que salpica al PP- se asegura que la operación tuvo que adelantarse por riesgo de fuga al extranjero del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa.

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El juez Garzón dice en el auto de prisión que está investigando la identidad de los cargos públicos, funcionarios y autoridades públicas de la Comunidad de Madrid y de Valencia gobernadas por el Partido Popular que aceptaron " las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas" para que este grupo organizado e ilícito se enriqueciera.

Correa movía las voluntades de quienes tenían responsabilidades en las consejerías en perjuicio de las empresas que no comentían las mismas irregularidades, Pablo Crespo se encargaba del negocio y el primo de Correo, Antoine Sánchez de hacer desaparecer el dinero en paraísos fiscales. Los tres están en prisión. Son un grupo organizado, dice el juez, con un piso franco que se dedicaba a todo tipo de negocios.

El auto desvela que la redada se desata porque Correa ha tenido un chivatazo y pretendía escaparse de España a Panamá el pasado 7 de febrero.

El presidente de Bancaja ratifica al director de Miami
Uno de los imputados en esta operación es el director de la oficina de Bancaja en Miami. El presidente de esta entidad -el ex presidente de la generalitat con el PP Jose Luis Olivas- ha ratificado este jueves su confianza en él y ha asegurado que le mantiene en su puesto.
El supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, tuvo al menos dos cuentas abiertas en Bancaja en Miami, aunque actualmente las dos están canceladas. La última lo fue hace unos seis meses. El director de la sucursal está imputado por Garzón en la 'operación Gürtel', pero el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, asegura que mantiene la confianza en él y no le destituyen porque la Reserva Federal no ha denunciado ninguna irregularidad.

Olivas asistió a la inauguración de esta oficina de Bancaja en Miami en el año 1998 en su condición entonces de consejero de Economía de la Generalitat valenciana. También asistió el entonces presidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, al que Olivas sustituyó años después al frente del gobierno valenciano cuando Zaplana se fue a Madrid a formar parte del equipo de José María Aznar.

La trama podría extenderse a Granada
La presunta trama podría extenderse también a Andalucía. El Ayuntamiento de Granada -gobernado por el PP- contrató a una de las empresas investigadas en el año 2005.

Según ha sabido la Cadena Ser, el Ayuntamiento de Granada adjudicó su 'stand' de Fitur de 2005 a una de las empresas implicadas en la presunta trama de corrupción de Madrid. Se trata de la empresa Downtown Consulting cuya razón social en la actualidad es la de Easy Concept Comunicación, la cual junto con Good and Better están siendo investigadas por el juez Garzón por su presunta implicación en la trama de corrupción que comenzó a investigarse en Boadilla.
El ayuntamiento de Granada, a propuesta de su área de Contratación de la que era responsable el actual presidente del PP, Sebastián Pérez, adjudicó en noviembre de 2004 a Easy Concept el diseño y montaje del 'stand' con la que la ciudad acudió a la edición de 2005 de Fitur.
El importe de la adjudicación fue de 59.400 euros, IVA incluido, lo que suponía una baja de 600 euros sobre el tipo de la licitación.

La empresa adjudicataria del 'stand' granadina en 2005 ha tenido como administradores a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP gallego y a Felisa Isabel Jordán, ambos detenidos el viernes junto a Francisco Correa.


Dos salpicados por el 'caso Correa', con Aznar
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Alfonso Bosch Tejedor es diputado y gerente de la empresa municipal de la Vivienda de Boadilla
CADENA SER 12-02-2009

Otro dirigente del PP de Aguirre, presuntamente relacionado en la trama de corrupción. Las grabaciones que obran en poder de Garzón y a cuyas trascripciones ha tenido acceso la Cadena SER señalan a Alfonso Bosch Tejedor, diputado y dirigente del PP de Madrid y gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte. En esas cintas Correa dice que Bosch adjudicaba los locales municipales de Boadilla en condiciones ventajosas a empresarios afines.

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AUDIOS: Quién es quién en la trama de corrupción del PP
El PP recusa a Garzón por su "enemistad manifiesta" con el partido
Rajoy: "No es una trama del PP sino contra el Partido Popular"
El PP suspende el pacto de Justicia mientras Bermejo sea ministro
Garzón envía a prisión a Correa y a dos de sus colaboradores
Garzón investiga a autoridades del PP de Madrid y Valencia por recibir sobornos de Correa
Dos salpicados por el caso Correa, junto a Aznar
Todo sobre el caso de corrupción en el PP

Según las transcripciones a las que ha tenido acceso la Cadena Ser, a Bosch uno de los imputados por Garzón le define como "uno de ellos y uno de los malos, de los que hacen cosas mandados por ellos". Ese "ellos" se refiere a los cerebros de la trama y especialmente a Francisco Correa.
Alfonso Bosch Tejedor compatibiliza su cargo de gerente de Vivienda y Suelo de Boadilla con el de portavoz en El Escorial, donde antes había sido teniente de alcalde. Bosch es secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre y en la actualidad es además diputado de la asamblea regional.

En las grabaciones enviadas a Garzón, Francisco Correa el presunto cerebro de la trama dice que a través de Bosch se adjudican en condiciones ventajosas locales municipales de Boadilla del Monte a la empresa de Ramón Blanco, otro de los imputados por Garzón y que en época de Aznar y en medio del privatización de Repsol accedió a la cúpula de la empresa petrolera.
Según la documentación en poder de la SER, Correa dice textualmente "Ramón Blanco tiene una empresa, le adjudicamos un local y nos llevamos unas pesetillas".

Hay más operaciones que Correa detalla en esas grabaciones: "Íbamos a adjudicar una cosa grande, una residencia de la tercera edad en Boadilla (...) yo ganaba un pastón". Esa operación nunca llegó a realizarse en Boadilla pero sí en El Escorial, también controlado por Bosch, allí fue teniente de alcalde y concejal de Urbanismo entre 1999 y 2003.
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Investigación judicial
Garzón asegura que Correa sobornó a cargos públicos de la Comunitat
Garzón incide en las diligencias del caso que los imputados se nutrían de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana
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El PSPV denuncia que RTVV mantiene contratos con Orange Market
Camps ha iniciado su réplica en las Corts mostrando desde la tribuna una fotografía de Zapatero saludando al empresario José Luis Ulibarri, imputado por Garzón
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El juez Garzón ve indicios en su auto de que la red de Correa formaba un conglomerado de empresas para lucrarse de fondos públicos.
AGENCIAS - Madrid - 12/02/2009 14:12

El juez Baltasar Garzón asegura que Francisco Correa lideraba un grupo organizado que creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de consistorios y Consejerías de las Comunidades de Madrid y Valencia, cuya identidad ahora investiga.Así lo explica el magistrado en el auto en el que ayer acordó el ingreso en prisión incondicional de Correa -del que dice que trató de huir el día 7 a un país centroamericano- y de dos de sus más estrechos colaboradores en esta trama, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999.El juez anuncia en esta resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho".

Grupo organizado
Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas", principalmente de las comunidades de Madrid y Valencia "para obtener un beneficio propio".

La principal finalidad de este grupo "a lo largo del tiempo" ha sido "captar negocios"

Se trata, según Garzón, de "un grupo organizado de personas y empresas", liderado por Correa del que forma parte "en inmediata relación de jerarquía" Pablo Crespo, Antoine Sánchez y "otros imputados en esta causa".

Por todo ello les imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, "varios delitos" de falsedad, "múltiples delitos" de cohecho y "diversos delitos" de tráfico de influencias.
La principal finalidad de este grupo "a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, ha sido "captar negocios" y "fondos" en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia, a través de ese conglomerado empresarial, expone el juez.

Estructura internacional
Sobre esa estructura nacional -añade- "se superpone una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda que participan en el capital de las sociedades patrimoniales constituidas en España".

Estas sociedades radicadas en el extranjero "son a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales", lo que permite a este conglomerado "incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en España mediante las aportaciones" de las empresas ubicadas en Inglaterra y Holanda.Todo ello lo enmascaraban "como ampliaciones de capital", aunque "en realidad" los fondos procedían de "sociedades matrices" de la Antillas Holandesas, Islas del Canal y otros territorios "offshore".El diseño de esta estrategia de ocultación, según el juez, ha permitido a Correa el control de este entramado societario "sin que él figurara", mediante la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal con relaciones con paraísos fiscales.

Defraudación y movimiento de dinero
Así, para Garzón "consta indiciariamente acreditada la defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero" para colocarlo en paraísos fiscales y cómo "para disfrazar" las dádivas entregadas "no dudaron en alterar y falsificar documentos"·

"Consta indiciariamente acreditada la defraudación fiscal"

Al frente de sus empresas en España, Correa puso a Crespo, aunque él era el que daba "instrucciones al resto de integrantes de la organización".

Por su parte, Antoine Sánchez "es pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas en el despacho de uno de los imputados".El juez relata que "el detonante" que activó el pasado viernes la operación Gürtel fue el riesgo de fuga de Correa, que planeaba salir de España el día 7 tras un acto en Barcelona con ayuda de Crespo.

Nerviosismo de Pablo Crespo
Además, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) había advertido en un informe, el pasado día 3, que "quedaba constatado el nerviosismo de Pablo Crespo "al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras".De hecho, la organización disponía de un piso de seguridad en la calle madrileña de Martínez Campos en el que vivía "una persona de su confianza y trabajador en una de sus empresas" en el que guardaron "documentos sensibles" que sacaron de una sede de una de sus empresas de Serrano.
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El PP recusa al juez Garzón por "enemistad manifiesta"

El coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, acusa al juez de "interés directo o indirecto" en la causa que instruye sobre la presunta trama de corrupción.
AGENCIAS - Madrid - 12/02/2009 13:09

Federico Trillo y Soraya Saénz de Santamaría,ayer. EFE

El juez Garzón debe dejar la la investigación abierta por los presuntos casos de corrupción relacionados con el partido porque ha demostrado "enemistad manifiesta", "interés directo e indirecto en la causa" y "constante animosidad" contra el principal partido de la oposición.
Así lo entiende el coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, que ha presentado esta mañana, junto con la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la recusación contra el juez y un escrito para personarse como acusación.

Trillo advierte de que, en su momento, acusará "a quien resulte pertinente"

Trillo aduce que Garzón "tiene enemistad manifiesta e interés directo e indirecto en la causa" abierta contra personas vinculadas al Partido Popular y se refirió a su "trayectoria inequívoca y su constante amimosidad" contra la formación que lidera Mariano Rajoy.

El dirigente popular explicó que el PP pretende personarse porque actualmente se encuentra en una situación de "absoluta indefesión" y así poder "conocer las diligencias" que se están practicando.

Preguntado sobre a qué personas va a acusar el PP como acusación particular, Trillo alegó que el partido quiere ser parte "para defendernos", y en su momento acusará "a quien resulte pertinente".

Después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuestionase ayer las posibilidades del PP de personarse en la investigación abierta por Garzón, Trillo respondió que "ya veremos quién se cae, qué guión y qué personajes".

Acusó al ministro de Justicia y al juez Garzón de "connivencia" por haberse reunido "para hablar de sus cosas" el fin de semana, durante una cacería organizada en una finca de Jaén, donde ambos coincidieron junto a otras decenas de personas.

El responsable de Libertades Públicas del PP no quiso entrar en los "detalles particulares" de la cacería. Aseguró que "en absoluto" le importa quién organizó la reunión, aunque sí se empeñó en negar que el organizador fuera un ex concejal del partido.

Garzón deberá decidir si permite o no al PP personarse en la causa
A pesar de haber presentado hoy los dos escritos, el de personación y el de recusación, el PP deberá esperar a que se admita su petición para formar parte de la causa con el fin de poder iniciar formalmente los trámite para apartar a Garzón de la investigación sobre la trama de corrupción.

Será el propio Garzón quien, en primera instancia, deberá decidir si permite o no al PP personarse en la causa, aunque resultará casi decisivo el informe que la Fiscalía emita sobre la solicitud de los populares. Si Garzón rechaza la personación, el PP podría recurrir, con lo que sería la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que tendría la última palabra.

En caso de que ni Garzón ni la Sala de lo Penal en última instancia admitan la personación de PP, la recusación del juez quedaría automáticamante descartada.

Sólo una vez personados, los populares podrán cursar formalmente su incidente de recusación. Cuando sea recibida la petición, e incluso antes de que se admita a trámite, Garzón deberá apartarse de la causa.

Esto no significa que la investigación quede paralizada, ya que de la causa se encargaría a partir de ese momento el sustituto natural de Garzón, el juez Santiago Pedraz. Será este mismo juez quien deba abrir una pieza separada para la recusación y elevar el incidente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por lo tanto, será este órgano, presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez, el que, en última instancia, debera decidir si aparta o no a Garzón de la causa.
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El dedo en la llaga
El día a día de Javier Ortiz

El espejismo de la impunidad
12 Feb 2009

Es típico de los amantes clandestinos imprudentes: según repiten y repiten sus infidelidades sin que nadie se entere, van relajando las medidas de disimulo y un mal día, zas, se encuentran con el culoliteralmente al aire.A muchos que detentan el poder (o sea, y en riguroso castellano: que lo usurpan) les pasa igual. Se dedican a hacer de su capa un sayo, se acostumbran al ordeno y mando, se olvidan de que existen fronteras legales entre lo público y lo privado, se creen en el Olimpo de los dioses, tiran del erario cuanto y hacia donde les viene en gana… hasta que llega un momento en el que, de repente, por sorpresa y para su estupor, descubren que las cosas eran más complicadas de lo que aparentaban y que alguien ha hurgado en las cloacas de sus actos, con lo que pueden acabar en una mazmorra con una mano delante y otra detrás.
Estos individuos no son como el común de los mortales. Recuerdo a un ministro de Aznar que fue pillado en diversas operaciones irregulares (no diré quién, porque no tengo grabación magnetofónica de su perorata, que además era privada). El hombre, involuntariamente cómico, se quejaba: “¡Pero todo esto es absurdo! ¡La gente no sabe cómo funciona el mundo empresarial!”. Pensé para mí: “Pues va a ser eso; que, como no somos de tu mundo, no entendemos de qué va y con qué alegría os limpiáis el pompis con la ley.”
Ahora mucha gente del PP y sus aledaños está sumida en un cenagal de ese tipo. Nadie sabe ni dónde ni cómo acabará todo esto, pero los que peor lo llevan son ellos mismos, que no acaban de creérselo. ¿Ayer en el cielo, hoy en infierno?¡Qué malos católicos! No recuerdan que el infierno es el precipicio de los ángeles caídos.
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OPERACIÓN GÜRTEL
Correa señala a otro hombre de Aguirre en la trama del PP
Alfonso Bosch Tejedor es diputado y gerente de la empresa municipal de la Vivienda de Boadilla

El PP recusa a Garzón por su "enemistad manifiesta" con el partido
Los populares también han solicitado personarse como acusación en la investigación abierta contra Francisco Correa
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Una llamada anónima le exigió 50.000 euros para que no le pase "lo que a tu amigo Correa"
El presidente de la comisión del espionaje, Martín Vasco, asegura ser víctima de un chantaje

Escandalosas excusas de González Pons, que ve la investigación de Garzón como un acoso a su partido
“No es decente que al PP se le tenga contra las cuerdas con especulaciones"
¡Pero qué cara hay que tener para proclamar –como hizo Mariano Rajoy ayer- que no se trata de “una trama del PP, sino una trama contra el PP”! Con 37 personas imputadas y unos cuantos responsables peperos ya destituidos, va y no se le ocurre al líder de la derecha más que semejante insensatez o despropósito.

Si no hubiera trama; si todo esto fuera un invento del Gobierno o del juez Garzón o de El País o de El Plural; si la mano negra fuera la de Bermejo, utilizada naturalmente entre cacería y cacería –alguna, por cierto, coincidiendo con la ex ministra del PP Ana Pastor, la marianista mayor del Reino-; a estas horas, en Génova 13, reinaría la alegría.
La euforia sería desbordante. Unidad inexistente Rajoy, en ese supuesto, no habría tenido que comparecer ante la opinión pública, arropado por todos los suyos para que se viera una unidad que toda España sabe que no existe en el partido. Hubiera podido, eso sí, salir al balcón genovés, con la calle llena de militantes entusiasmados, y lanzar de ese modo una arenga de victoria anticipada. Desde la penumbra Porque si los hilos de la trama los hubieran movido Zapatero y sus amigos -con Garzón y Bermejo actuando desde la penumbra-, el tinglado se hubiera venido muy pronto abajo y, desde luego, al Gobierno socialista le quedarían dos o tres telediarios como máximo.
La terca realidad
Sucede que la realidad es terca y termina imponiéndose, a pesar de demagogos como Rajoy, lenguaraces como Esteban González Pons o el alcalde Valladolid, Javier León de la Riva, y no hablemos de las paridas retóricas que tanto agradan a la lideresa, sobre todo si van acompañadas de referencias a Cuba.
Aliado imprescindible
Tras una primera legislatura de Aznar aparentemente contenida –más que nada por la presión de Jordi Pujol, aliado imprescindible del nuevo presidente del Gobierno-, la segunda, de mayoría absoluta, se convirtió en un escenario de autoritarismo in crescendo, que culminó con la barbarie de la guerra de Irak, ovacionada por el jefe de la derecha. Cachorros sin escrúpulos Mientras, unos cuantos cachorros sin escrúpulos del llamado clan de Becerril –cantera del aznarismo, con Alejandro Agag de líder carismático-, pensaron que iban a conseguir ser, de nuevo y por muchos años, los amos de un cortijo llamado España.
Penosa soflama
La penosa soflama del moderado Rajoy –con Alberto Ruiz Gallardón a su lado, de escudero, y tragando como ha hecho siempre, aunque presuma de centrista- proyecta otra vez la imagen del PP subido al monte. Durante el cuatrienio 2004-2008, el PP se constituyó en partido antisistema. En no pocas ocasiones, los dirigentes de la derecha montaron algaradas callejeras con el único objetivo de –bajo la coartada de las víctimas del terrorismo manipuladas convenientemente- organizar literalmente la de Dios es Cristo.
Amigo de ETA
Se buscaba difundir que Zapatero era en el fondo amigo de ETA y que incluso había llegado a la Moncloa gracias a los terroristas del 11-M, que no eran moros afines a Ben Laden, sino etarras o agentes secretos del Gobierno de Marruecos o el de Francia.
Un montaje
Había que lavar la cara al aznarismo, porque se la había ensuciado jugando a soldaditos de verdad que invadían Irak. La teoría de la conspiración fue un montaje, en el que participaron primeras espadas del periodismo amarillo/popular y numerosos políticos del PP. Pobrecito, sacaba pecho Ahora han maquinado la mentira de que no hay trama de corrupción y sí una trama contra el PP, mientras Rajoy, pobrecito, sacaba pecho y cargaba contra el fiscal general, el ministro de Justicia, el magistrado Garzón y el tutti quanti. Y es que han de limpiar de nuevo la cara al aznarismo. ¿O no son hijos o sobrinos del aznarismo algunos de los más descollantes protagonistas de estas historias de piratería urbanística y de enriquecimiento supuestamente ilícito?
En 2004
Lo peor es que, como casi siempre, Rajoy no se enteraba de nada. Manifestó recientemente que él, ya presidente del PP, en 2004, había ordenado erradicar a las empresas sospechosas, no pocas de ellas en manos de los amigos del yernísimo. Y, sin embargo, al menos el mitin de Rajoy en Valencia – con motivo de las generales del 9 de marzo- estuvo organizado por Orange Market, una de esas empresas contaminadas. ¿Hasta dónde pretende tomarnos el pelo, don Mariano?
Enric Sopena es director de El Plural
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