dissabte, 18 de febrer del 2023

El Consell impulsa un Plan de Memoria Histórica para promover los derechos de las víctimas

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LA COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA "PONE EN VALOR LA LABOR POLÍTICA"

15/02/2023 - 

VALÈNCIA. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha destacado presidido la reunión de la Comisión Interdepartamental para la Recuperación de la Memoria Democrática, en la que se ha aprobado el Plan Estratégico de Memoria Democrática con la que la Generalitat “promueve el derecho de las víctimas y sus familiares a su reconocimiento, justicia y reparación como garantía de no repetición”.

La reunión se ha celebrado en el Palau dels Catalá de Valeriola y ha contado con la participación de la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, en calidad de vicepresidenta de esta Comisión, quien ha señalado que este documento “pone en valor la labor política en la recuperación de la memoria democrática”.

"En este sentido, -ha apuntado- “se hace efectivo el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió, promoviendo que salga a la luz, dignificando a las víctimas y a sus familiares, visualizando los lugares de la memoria y la recuperación de los restos de las víctimas exhumando todas las fosas de nuestro territorio”.

El Plan Estratégico de Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana, de duración cuatrienal, contiene los objetivos y prioridades, además de establecer medidas específicas relativas a los trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

La estrategia de trabajo para los próximos cuatro años responde a la necesidad de articular y ordenar las múltiples actuaciones que el Gobierno valenciano realiza en materia de memoria de manera coherente, sostenible y evaluable a medio y largo plazo. El plan se estructura en seis ejes que pretenden cubrir el conjunto de políticas públicas encaminadas al cumplimiento de la Ley de memoria democrática y para la convivencia de la Generalitat.

El primero de los ejes se refiere a las exhumaciones e identificación de las víctimas. Está previsto la creación de un mapa de fosas y un banco de datos de ADN en colaboración con Fisabio que permita elaborar un censo de víctimas. También se incluye un plan específico de bebés robados para su identificación.

En segundo lugar se aborda la eliminación total de vestigios contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas en territorio valenciano.

También se desarrolla una política de exhibición del patrimonio relacionado con la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición para dar a conocer a la sociedad valenciana el rico patrimonio existente y dotar de elementos formativos al público para conocer el pasado.

En este sentido, los Lugares e Itinerarios de la Memoria, según Pérez Garijo, "son esenciales para que los valencianos y valencianas conozcan este período", como El Terrer de Paterna, un memorial dedicado a las 2.238 personas que allí fueron asesinadas.

A su vez, se contempla la protección del patrimonio bélico, la construcción de monumentos y memoriales dedicados a las víctimas de la represión franquista y centros de interpretación de la memoria democrática, además de la creación de un fondo documental sobre memoria democrática valenciana.

El tercero de los ejes hace referencia a la puesta en valor de la participación de la sociedad civil en la implementación de las políticas memorialistas. Para impulsar su participación en la elaboración de las políticas de memoria se pondrá a disposición de la ciudadanía las plataformas ya existentes de participación como GVA Participa y la nueva web de Memoria Democrática.

El cuarto eje aborda un elemento esencial de las políticas de memoria democrática como es la reparación y reconocimiento de las víctimas del franquismo. El primer objetivo es la creación de oficinas de atención y ayuda a las víctimas que cubran el territorio valenciano. A su vez, se aborda como propuesta innovadora el impulso de una iniciativa legislativa de modificación del Código Penal para introducir el delito de apología del franquismo, del mismo modo que se recoge el de enaltecimiento del terrorismo en el artículo 578 del Código Penal español.

Esta iniciativa se canalizará a través de la capacidad de iniciativa legislativa de las comunidades autónomas en el Senado. También se pretende eliminar en el territorio valenciano cualquier acto de exaltación del franquismo o de ofensa a las víctimas. En este apartado, se incluye a su vez la creación de una Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación de la Comunitat Valenciana.

El quinto eje se orienta a la enseñanza de la memoria democrática en la educación reglada. En el marco de este plan, se introduce el estudio de la represión franquista en los temarios de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Está prevista la creación de un plan específico de enseñanza de los valores democráticos desde el conocimiento del pasado, elaborado por expertos en la materia y al mismo tiempo en didáctica y pedagogía. En el ámbito universitario se fomenta la creación de cátedras de Memoria Democrática con el fin de convertir las universidades valencianas en referentes en el estudio de este periodo.

El último de los ejes aborda las diferentes actuaciones de colaboración, coordinación y cooperación en la Comunitat Valenciana y también con el Estado y otras comunidades autónomas para compartir las mejores prácticas en memoria democrática.

A su vez, la nueva página web de Memoria Democrática se convierte en una ventana de difusión de las políticas y pedagogía de la memoria, de contenidos y documentos de interés tanto para el público general, como para el especializado y, en definitiva una referencia de la acción del Consell.

Colectivos de Memoria exigen a Almeida que cumpla la ley y recuerde con una placa en Sol a las víctimas del franquismo

 https://www.publico.es/politica/palacio-tortura-franquista-madrid-plena-plaza-sol.html


La actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid albergó la Dirección General de Seguridad, donde se torturó a miles de personas durante la dictadura. El Ayuntamiento de Madrid ignora la ley de memoria y se niega a reconocer lo ocurrido.


Concentración de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo en Madrid a 16 de febrero de 2023
Concentración de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo en Madrid a 16 de febrero de 2023.  Candela Crespi / PUBLICO

Todas las Nocheviejas la Real Casa de Correos se cuela en los televisores españoles para despedir el año. Quien más, quien menos, se tiene una imagen nítida de este emblemático edificio. Pero su historia, ¿es tan conocida? Durante décadas para muchos el reloj que preside la Puerta del Sol no fue sinónimo de júbilo sino de terror. La actual Sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid alojó a la Dirección General de Seguridad (DGS). O lo que es lo mismo, fue el cuartel general de la policía franquista

La Ley de Memoria Democrática obliga a reconocer y señalizar aquellos espacios que históricamente tienen un significado político, especialmente en lo relativo a la Guerra Civil y la dictadura. El objetivo de esta medida es cumplir con el derecho a la memoria de las víctimas y también, con el derecho de la ciudadanía de conocer la historia de los lugares que se habitan. 

Este jueves, los diferentes Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo de Madrid se han concentrado en las puertas de la antigua sede de la DGS para exigir que se reconozca que ese edificio fue espacio de tortura. En sus despachos y pasillos camparon a sus anchas figuras como la del torturador Antonio González Pacheco, más conocido como Billy 'El niño'.

En el acto se han expuesto una decena de testimonios. La mayoría de ellos, pertenecen a personas que en los años 60 y 70 rondarían la veintena. Todos ellos han relatado cómo de una manifestación estudiantil o de una asamblea de trabajadores fueron arrastrados en furgones policiales hasta los calabozos de la DGS. 

En ese momento, llegar a las puertas de la Real Casa de Correos era asumir una pesadilla. Empujones, chantaje emocional o descargas eléctricas son algunas de las formas de tortura que se ejecutaban en su interior. Sin embargo, todos estos crímenes siguen impunes, a nivel tanto judicial como político. 

Los Colectivos de Memoria Histórica exigen reconocer, al igual que han hecho todas las capitales europeas con pasado fascista, los puntos de tortura en favor de una verdadera memoria democrática. 

Ante la negativa del Ayuntamiento de Madrid y de su alcalde José Luis Martínez-Almeida a colocar una placa que recuerde lo ocurrido en la actual Casa de Correos, tras la lectura del manifiesto se ha colocado una pegatina en su puerta. "En recuerdo de todas las personas aquí detenidas, torturadas y asesinadas durante la dictadura franquista. Por defender la libertad, la democracia y la justicia social".

Así se identifican los bebés robados del franquismo: “La secuenciación masiva del ADN discrimina mejor el parentesco”.

 https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/identifican-bebes-robados-franquismo-secuenciacion-masiva-adn-discrimina-mejor-parentesco_1_9955252.html


Trabajos de identificación genética en el laboratorio de la Fundación Fisabio.

Lucas Marco


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La ciencia forense, además de la movilización de las asociaciones ciudadanas y la implicación de la Generalitat Valenciana, es una de las claves que han permitido identificar a cuatro bebés robados durante el franquismo. El banco autonómico de ADN, que analiza la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), utiliza la técnica de la secuenciación masiva tanto en los casos de bebés robados como en el de los restos de las fosas comunes del franquismo.

Secuenciación masiva del ADN: así identificará la Generalitat Valenciana a las víctimas del franquismo en las fosas comunes

Secuenciación masiva del ADN: así identificará la Generalitat Valenciana a las víctimas del franquismo en las fosas comunes

Llúcia Martínez, responsable del servicio de secuenciación de Fisabio, celebra que los resultados hayan permitido identificar a dos parejas de hermanos, además del conocimiento científico que aporta la experiencia. “Después de poder ayudar a la gente que busca a sus familiares en las fosas, el poder identificar a estos bebés robados da una satisfacción personal y de equipo por las cosas bien hechas”, declara a elDiario.es. La investigadora matiza que se trata de resultados provisionales ya que están pendientes nuevos análisis para los informes definitivos.

El hallazgo de las dos parejas de hermanos, anunciada por la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, apunta a que fueron robados durante el franquismo, aunque no han trascendido más datos sobre el origen del hurto, un fenómeno que se prolongó desde la dictadura hasta bien entrada la democracia.

La intención del departamento de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana es aportar el informe definitivo a la Fiscalía: “Estos hechos abren la puerta a que se pueda investigar y no se puede alegar la prescripción de los hechos, entiendo que es un delito continuado”, ha dicho Pérez Garijo, que reclama al Ejecutivo central la creación de un banco estatal de ADN de bebés robados.

De momento, el equipo de Fisabio ha analizado 134 muestras genéticas (aunque cuentan con un total de 231) aportadas por personas que sospechan que fueron bebés robados, a través de las asociaciones que batallan por identificar casos.

ADN “intacto y en buenas condiciones”

A diferencia de los huesos hallados en las fosas comunes de la represión franquista, el análisis genético en el caso de los bebés robados es “más sencillo” porque las muestras “son frescas”, explica Martínez, que agrega: “El principal problema con las fosas es que los huesos están muy degradados”.

Por el contrario, con los bebés robados se trata de un ADN “intacto y en buenas condiciones”. “Todos los marcadores genéticos dan una buena señal para poder ser analizados”.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. Los familiares que buscan los restos de sus seres queridos en las fosas saben a ciencia cierta qué parentesco mantenían pero “aquí tienen sospechas”. El banco de ADN autonómico, promovido por la Generalitat Valenciana, es una suerte de base de datos que han aportado las asociaciones de bebés robados. “Tienes que encontrar relaciones entre todos ellos y eso, a nivel estadístico, es mucho más complicado”, apunta la investigadora. 

Así, las pesquisas se complican con el reto de “encontrar una relación entre un número de personas que no sabes a priori qué relación tienen, sólo sabes que sospechan que han sido robados”. Llúcia Martínez destaca la importancia de incorporar la mayor cantidad de muestras para poder alcanzar más “identificaciones válidas”.

Además, reconoce la investigadora, los bebés robados mantienen “más desconfianza hacia las instituciones” que las asociaciones de familiares de víctimas de las fosas del franquismo. “Realmente creo que han sido más olvidados, a nivel estatal hay un olvido continuado”, dice la responsable del servicio de secuenciación de Fisabio. “Las instituciones les fallaron”, lamenta.

Para la identificación de posibles casos, el equipo de Fisabio utiliza la técnica de la secuenciación masiva del ADN, igual que con los restos óseos de las fosas comunes. Consiste en “secuenciar genomas o partes del genoma”.

“En este caso la diferencia es que las técnicas de genética forense clásicas analizan regiones variables del genoma que se llaman poliformismos y que difieren entre una persona y otra, estas regiones son más parecidas entre tus familiares y tú que en el resto de la población”, explica Martínez. 

El equipo de Fisabio analiza “muchas más de estas regiones” y la potencia de la técnica permite analizar “cuatro veces más regiones”. “Podemos discriminar con más precisión el parentesco entre dos personas”, apostilla.

La investigadora también aclara que, en el caso de los bebés robados, “en aquellas muestras que daban resultado positivo de parentesco o probabilidad alta, hemos analizado el ADN mitocrondial, que se hereda en lineas materna”. “Todas aquellas personas que comparten una linea materna tienen el mismo, entonces es ideal para corroborar un resultado positivo”, concluye la investigadora. 

“Sólo nos quedan las pruebas de ADN”

Sin embargo, antes de que las muestras lleguen al laboratorio de Fisabio, el papel protagonista lo asumen las asociaciones que buscan identificar bebés robados. Lluna García, presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de la Comunitat Valenciana, asegura que en la entidad están “excepcional y tremendamente agradecidos” tras el hallazgo.

“Han hecho mil veces más con este banco de ADN que lo que ha hecho en más de diez años la Fiscalía”, asegura Lluna García. La presidenta de la asociación lamenta la “falta de interés y de colaboración de la justicia y de las instituciones sanitarias” con la que han chocado las víctimas. “No se nos facilita la documentación porque dicen que no estaña, que no la encuentran o cualquier otra excusa suficiente para cerrar los casos”, agrega.

Con la vía judicial descartada, “sólo nos queda recurrir a las pruebas de ADN”, asegura Lluna García.

La represión a los homosexuales en la Asturies franquista: una cuestión de clase.

 https://www.nortes.me/2023/02/16/la-represion-a-los-homosexuales-en-la-asturies-franquista-una-cuestion-de-clase/

Miguel Fernández investiga la arbitrariedad de la persecución y las estrategias de supervivencia del colectivo LGTBI.

Miguel Fernández Turuelo. Foto: Alisa Guerrero

Con los expedientes de peligrosidad social como fuentes primarias, pero también tirando de relatos orales, literatura, diarios y libros de texto franquistas, el historiador Miguel Fernández Turuelo ha desarrollado el proyecto “La represión de las realidades sexuales y de género disidentes durante el Franquismo en Asturias: memoria de las olvidadas para un presente democrático”, dirigido por el profesor de la Universidad de Oviedo/Uviéu Rubén Vega y nacido con una mirada puesta en otros trabajos similares contextualizados en “ciudades más grandes, como Barcelona o Madrid”. Este martes el investigador presentó en la Biblioteca del Fontán de Oviedo/Uviéu una primera aproximación de un proyecto todavía en curso. En el acto estuvo acompañado de Tino Brugos, profesor de secundaria, miembro de SUATEA, y cofundador y ex portavoz de XEGA. El histórico activista gay definió el trabajo de Fernández como “imprescindible” y “esperanzador, aunque sea tarde, porque toca limpiar los libros de mitos y cuestiones que no son defendibles ya” y, además, “recuperar los años perdidos en relación a la memoria histórica LGTBI, que sigue ocupando un espacio marginal”.

La misión de Fernández ha sido encontrar en expedientes y otras fuentes los vestigios de la represión y persecución de gays, lesbianas y trans en la Asturies franquista, además de tratar de dibujar las formas de resistencia y autoapoyo que a pesar de todo pudo desplegar el colectivo ante este hostigamiento del régimen. En un marco general de análisis, Fernández explicó que “antes del 54 en España no se reprimía institucionalmente la homosexualidad como tal porque se tenían otras prioridades como, por ejemplo, el abuso de menores”. Sería una modificación por parte del franquismo de la Ley de vagos y maleantes, nacida en 1933 en el periodo de la II República, la que incluiría la homosexualidad como delito objeto de castigo, exilio, trabajos forzados e internamiento. Posteriormente, en el año 71, entra en vigor una nueva norma, la Ley de Peligrosidad Social, dirigida ya casi en exclusiva hacia los homosexuales. El investigador apunta en todo caso que “no se castigaba únicamente la inversión sexual”, es decir, la orientación sexual no heterosexual, “sino también la inversión de género”, sobre todo el afeminamiento, “que era una auténtica carta de entrada a la cárcel, ya fueras gay o no”. Además, el régimen se encargaba de sancionar “la reincidencia, la ostentación o el despliegue en el espacio público”, en la medida en la que se quería a la “homosexualidad fuera de las calles, porque se consideraba que podía contagiar al resto del cuerpo social”.

Expediente de un homosexual castigado con la Ley de Peligrosidad Social.

De los 131 expedientes asturianos, “solo 11 hacen referencia a la homosexualidad reprimida de facto”, y “a pesar de los números modestos”, Fernández detalló que las conclusiones de la investigación por ahora muestran que “la represión no era sistemática” en Asturies, a diferencia de lo sucedido en las grandes ciudades, sino esencialmente arbitraria. No obstante, para juzgar este hecho, Fernández reparó en que “hay que tener en cuenta el sexilio”, esto es, la emigración sexual a las grandes ciudades, causa directa de la dispersión de los enjuiciamientos y de los expedientes, “pero también los cambios de jueces”, por ejemplo, de un “Mariano Rajoy padre, juez de vagos y maleantes de León”, a Saturnino Gutiérrez, “que condenaba en menor medida a los encausados, notándose considerablemente el descenso del atosigamiento”.

Particularidades asturianas: justicia de clase, invisibilidad, arbitrariedad e inversión de género

Un elemento particular que diferencia su investigación de las referidas a grandes capitales del país es el hallazgo de que “aquí, la justicia franquista contenía un elemento de clase evidente”, como por ejemplo queda demostrado para el historiador en expedientes como el de “un constructor de Oviedo, con dinero, del que se dice que es muy generoso” y por ello pudo acabar evitando su condena, u otro similar de un abogado ovetense adinerado “que fue condenado por homosexualidad pero eludió finalmente cumplir la pena” por esta razón. Afirmó que, por lo general, los gays de clase alta “no fueron declarados peligrosos” y, por otro lado, “tenían la facilidad de crear sus propios espacios de sociabilidad” que les permitían eludir las redadas y rebajar el hostigamiento. Pero no sólo pertenecer a la burguesía suponía una ventaja en este sentido, sino también “tener un trabajo estable, dinero líquido o un dictamen favorable del patrón te podía librar de la cárcel”.

Miguel Fernández Teruelo y Tino Brugos. Foto: Alisa Guerrero.

Otra de las particularidades que revelan los expedientes es la escasa visibilidad de las personas LGTB en los espacios públicos que, en general, permanecían ocultas “en todos los ámbitos sociales”, con la clara excepción del gijonés Rambal, “con una homosexualidad visible” y reconocida. Sin embargo, en su búsqueda, Fernández encontró otras anomalías no tan populares como la del artista de Cimavilla asesinado en 1976 en circunstancias nunca aclaradas. Así, relató el hallazgo de dos mineros del Pozu Santa Bárbara cuyos expedientes especifican que fueron encontrados manteniendo relaciones sexuales en la calle, por la noche, siendo así acusados por la Guardia Civil y procesados a pesar “tener un trabajo” honrado. Para Fernández, “se podría tirar del hilo y conseguir más testimonios” que revelen la existencia de “mineros homosexuales y que rompan con el arquetipo de Rambal”.

Rambal rodeada de vecinas de Cimavilla.

El historiador recalcó que, en Asturies, “la visibilidad en el espacio público” de las personas LGTB “es mucho menor que en grandes ciudades y no hay apenas expedientes que nos dejen ver la ostentación gay en el espacio público”. Así, muchas “detenciones tuvieron más que ver con la expresión de género”. Fernández expuso que “la arbitrariedad de las caracterizaciones de la homosexualidad”, la falta de sistematización, y, por ende, de la persecución y represión estaban relacionadas ver con “el pivotaje en el género para acusar de homosexualidad”. En este caso, el historiador se centró en dos expedientes encontrados por los que se observa que era la expresión de género la que se utilizó para las acusaciones. Es el caso de J.F.A., del que se decía “que hacía las tareas de casa” a diario, como expresaron los vecinos, por lo que su heterosexualidad habría quedado en entredicho, o el caso de un expedientado que fue acusado de peligrosidad social porque “conducía muy rápido con su coche, se decía de él que era demasiado masculino para ocultar su homosexualidad”.

¿Dónde están los expedientes de lesbianas y trans?

“No hemos encontrado lesbianas en los archivos”, determinó Fernández, que explicó este hecho por la invisibilidad estructural de las mujeres no heterosexuales, término acuñado por la investigadora Raquel Osborne y que pasa por comprender que las mujeres históricamente han sido caracterizadas como sujetos sin agencia ni deseo, por lo que sus relaciones lésbicas permanecerían ocultas para la sociedad. Todo ello, advirtió el historiador, a pesar de hechos como el del médico zaragozano Luis Serrano Vicéns, “el Kinsey español”, que demostró en su estudio sobre la sexualidad de las mujeres de los años 30 a los 60 “que las prácticas lesbianas no eran tan invisibles, ni tan minoritarias”, con datos que revelaban que “el 35,8% de las mujeres consultadas afirmaban haber tenido experiencias sexuales con otras mujeres y el 65,5% admitían que desearían tenerlas”.

Manifestación contra la Ley de Peligrosidad Social en la Transición. Foto: Archivo COGAM

Por otro lado, Fernández se lamentó de que la diversidad de género resulte más difícil todavía de rastrear en este tipo de fuentes, debido a que “ni siquiera se concebían, hasta mediados de los 80, las realidades trans y casi todo era englobado en la homosexualidad, lo que implica, además, muchos problemas teóricos y de investigación”. Sin embargo, en su investigación, rescata el caso de la periodista asturiana del régimen Ángeles Villarta, practicante “del periodismo gonzo, que se infiltra en el psiquiátrico de Oviedo” en los años 50 para escribir una publicación y relata el caso de “una niña de rostro angelical” que quería casarse con ella y que, “cada vez que podía, se escapaba al monte y se rapaba el pelo”, dejando así el testimonio de lo que se intuye que es la historia un joven trans internado. Fuera de Asturies, recaló en la historia castellonense de Florencio Pla Meseguer, “La Pastora”, maquis intersexual “que provocó tanto desorden político como de género” y “que nadie supo definir”. Será ya avanzados los años 70 cuando se comiencen a encontrar delimitaciones de las realidades trans, mencionó Fernández, refiriéndose en este punto a Miguel Ángel Zamora, “mujer trans a la que hormonaron en la cárcel, reconociendo” que era trans, “pero que acabó suicidándose”. Para ahondar en esta cuestión, concluyó, más que mirar en los archivos de vagos y peligrosidad, “habrá que investigar los archivos psiquiátricos”.

Redes y resistencia: el sexilio y la anomalía de Rambal

Fernández destacó la “ausencia de resistencias en Asturies” a la represión y la persecución “que preconizarían la movilización de protesta”, ahondando en las grandes dificultades que ha encontrado para rastrearlas. De hecho, Fernández manifestó no haber podido encontrar apenas “redes de solidaridad o de segunda familia o de reconocimiento mutuo que sí hay en ciudades más grandes”, como Madrid y Barcelona, por lo que “las estrategias de resistencia para la represión no pueden ser las mismas”. Los detenidos, continuó, eran capturados “en zonas de cruising y no en espacios de socialización”.  La gran excepción a este hecho para Fernández sería Rambal, “un homosexual, obrero” y que actuaba “en un cabaret al que acudía la clase alta gijonesa”, toda una anomalía en el sentido de reconocimiento y ostentación, porque esto se esperaba que ocurriese en “el barrio chino o en Chueca”, pero no en Cimavilla. Por el testimonio, entre otras fuentes, de La Tarabica, vecina del barrio y coetánea de Rambal, para el investigador se demuestra que este “sí tenía redes de solidaridad, sociabilidad y de reconocimiento” que le pudieron proporcionar protección, apoyo y sostén para su visible disidencia sexual. En este contexto de debilidad de redes para la resistencia, el investigador también subrayó como consecuencia que “las estrategias a la hora de declarar ante las autoridades en Asturies cambian respecto a las de ciudades grandes: “o lo negaban todo o iban cambiando la declaración” o se acude a “la carga de la culpa a factores externos, como, por ejemplo, «me obligaron»” y, finalmente, la opción de la emigración por razones de orientación sexual o de género fue especialmente relevante. Así, describió cómo el “sexilio hizo que muchos de ellos se fueran a trabajar a ciudades más grandes, generalmente en hostelería, prostitución o el mundo artístico”, creando “guetos como el barrio chino de Barcelona o Chueca en Madrid”, que más que espacios de liberación sexual, investigador, fueron “herramientas de represión franquista”.