Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
María José muestra una foto de niña. Se les dijo que su hermana melliza había muerto, nunca más volvió a saber de ella - Derechos de autorAFP
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La Nueva Ley de Memoria Democrática aprobada en España reconoce por primera vez como víctimas del franquismo a los "niños robados" durante la dictadura. En la Guerra Civil española y el posterior régimen del dictador Francisco Franco, la práctica del robo de niños a familias con ideología de izquierdas fue algo frecuente en algunos hospitales...Las asociaciones estiman que cerca de 300.000 bebes fueron separados de sus familias entre 1936 y 1975.
Soledad Luque es la presidenta de una de estas organizaciones españolas de bebes robados: "En el primer momento, retirando los hijos a mujeres con ideología antifranquista, en la segunda etapa ya el objetivo se amplía a mujeres de sectores muy vulnerables donde se les dice que su hijo ha fallecido, cuando es falso. "
María José Robles es una de las afectadas. Jamás conoció a su hermana melliza a la que dieron por muerta al nacer, pero cuyo cuerpo nunca vieron ni pudieron enterrar, les dijeron que bebía quedarse en una fosa común cercana al hospital. Hoy todavía trata de encontrarla.
"Necesito encontrarla porque vinimos las dos a la vez, entonces, a mí me agobiaba mucho pensar cuando era pequeña que ella estaba aquí y yo estaba bien, y por qué, y me hacía preguntas: por qué ella está ahí en un cementerio y yo estoy aquí. Y cuando se demuestra que no está aquí es un alivio por una parte, porque no está aquí pero no sé dónde está. "
A pesar de que ninguna de las 2.136 denuncias presentadas entre 2011 y 2019 prosperó debido a que los hechos habían prescrito. Algunos, como Mario Vidal, consiguieron encontrar a sus familiares. La madre de Vidal lo tuvo a los 23 años sin contraer matrimonio y el niño fue entregado a otra familia. A pesar de que ella intentó recuperarlo, un documento oficial afirmaba que fue un abandono.
"Mis padres pagaron 125.000 pesetas por mí en el año 66. Si tienes en cuenta que un piso en Denia valía más o menos lo mismo, pues yo valgo lo que valía un piso. Es decir, creo que la vida de una persona no tiene un valor económico. "
Mario consiguió encontrar también a su hermanastro, que falleció tres años después, pero sigue sin saber quién es su padre biológico.
Las exhumaciones en el cementerio civil de la ciudad de Castelló, que han entrado en su tercera semana de trabajos, recuperarán los cuerpos de 59 víctimas del franquismo fusiladas.
Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Castelló, la regidora de Memoria Democrática del consistorio, Verònica Ruiz; y la diputada de Memoria Historia de la Diputación Provincial, Tània Baños, han visitado hoy el cementerio para interesarse por la marcha del trabajos de recuperación e identificación.
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La regidora de Memoria Democrática ha destacado "la voluntad firme de recuperar e identificar a todos los represaliados por el franquismo enterrados en la fosa común del cementerio de Castelló".
"Es imprescindible resolver esta anomalía democrática y hacer justicia con todas estas personas y sus familias, y por eso trabajamos conjuntamente con la Diputación y la Consellería para acelerar al máximo la exhumación de los cuerpos, en un acto de reparación democrática de las víctimas, fusiladas por su ideología en un tiempo de represión", ha señalado Ruiz.
La diputada Tania Baños ha recordado que la Diputación de Castelló colaboró con el Ayuntamiento y el Grup por la Recerca de la Memòria Histórica para "recuperar la memoria de una de las épocas de más oscuridad de nuestra historia y contarla porque no vuelvo a pasar".
"Cuando en 2020 empezó a andar esta nueva Diputación teníamos claro que una de nuestras acciones clave iba a ser preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y así lo hemos hecho", ha añadido Baños.
La diputada provincial ha destacado que esta colaboración de la Diputación de Castelló con una subvención de 50.000 euros "ha servido para mostrar la empatía de la nueva Diputación con la recuperación de la memoria, y con el deseo de hacer justicia y apostar firmemente para poner en valor los derechos humanos".
Bajo la coordinación del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, el equipo de arqueólogos de Arqueoantro trabaja desde el pasado 19 de septiembre en la localización, excavación, exhumación e identificación de los cuerpos de las víctimas de la represión.
Posteriormente, se encargarán del transporte de los restos encontrados, de supervisar el análisis genético, así como de hacer los respectivos informes antropológicos.
El Ayuntamiento de Castelló fue la primera administración local valenciana en asumir con fondos propios las exhumaciones de víctimas de la dictadura franquista, un proceso que inició en el año 2018, con el marco de la Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad.
En esta quinta fase que acaba de iniciarse, los sondeos prevén completar la fila 1 ya excavada y exhumada parcialmente por Arqueoantro en 2018, finalizar también la excavación y extracción de cajas de reducción que por la experiencia y trabajos de campañas pasadas están localizadas en esa misma fila, y continuar las exhumaciones a la fila 5 iniciada también por Arqueoantro en 2020.
En la segunda fase está previsto cubrir el total de las filas 8 y 14, con la excavación y exhumación final de 59 cuerpos. Para esta campaña, el Ayuntamiento ha recibido 8 peticiones de familiar para localizar a sus antepasados.
En las cuatro campañas anteriores, las de 2018, 2019, 2020 y 2021, el Ayuntamiento de Castelló ha exhumado un total de 67 cuerpos, que se suman a los 52 de las campañas 2020 y 2021 de la Diputación de Castelló y a los 36 de la doble campaña de 2020 de la Generalitat Valenciana.
El Senado ha rechazado los vetos de las derechas y las más de 500 enmiendas presentadas, por lo que la norma ya no tendrá que volver al Congreso y enfila su entrada en vigor
Concentración frente al Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2021, en Madrid (España). Isabel Infantes / Europa Press
España tiene ya una nueva Ley de Memoria Democrática. El Senado acaba de aprobar definitivamente por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones la norma impulsada por el Gobierno y enfila así su entrada en vigor. Ninguna de las más de 500 enmiendas presentadas por los grupos han sido respaldadas ni tampoco los vetos de PP, Vox y Ciudadanos han salido adelante tras el largo pleno celebrado este miércoles, por lo que el texto se mantiene, y así se publicará en el Boletín Oficial del Estado, tal cual salió del Congreso a principios de verano.
A punto estuvo entonces la ley de darse por perdida por falta de apoyos, pero un acuerdo con varios de los socios habituales del Gobierno salvó uno de los proyectos más simbólicos de la legislatura. La norma pretende ser una nueva hoja de ruta en materia de memoria histórica y, entre otras cosas, resignifica el Valle de los Caídos, retira los títulos nobiliarios concedidos por Franco, asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado o declara ilegal la dictadura y las sentencias dictadas por los tribunales franquistas.
Más de cinco horas han estado los senadores debatiendo este miércoles sobre esta legislación que viene a sustituir y ampliar la vigente, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero. “Hoy es un día inolvidable para la democracia española porque la hacemos mejor, pasamos definitivamente página de la etapa más negra de nuestra historia y abrazamos lo mejor”, ha dicho al terminar la sesión el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que la calificado de una “ley humanitaria que está con las víctimas” y, por eso, “hubiera merecido un consenso amplísimo, de unanimidad de las cámaras”.
Y es que el Gobierno ha sufrido para sacar adelante la ley, a la que se ha opuesto PP, Vox y Ciudadanos y sobre la que una parte de la izquierda cree que es “mejorable” y ha reclamado más ambición. Es el caso de ERC, que como ya hiciera en el trámite en el Congreso, se ha abstenido. Esta visión crítica es un parecer que comparten también algunas asociaciones memorialistas, que creen que la norma es “insuficiente” y que seguirá dejando impunes en nuestro país los crímenes franquistas, que, de momento, únicamente están siendo investigados en Argentina.
El proyecto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero el texto se da un plazo de hasta un año para que algunos de sus preceptos sean llevados a la práctica: es el caso de la reforma de la ley de asociaciones para incluir como causa de extinción la apología del franquismo o el mandato al Gobierno para que realice una auditoría de bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. También habrá un año de plazo para realizar el estudio que evalúe qué reparaciones económicas a las víctimas se han llevado a cabo hasta ahora, ya que la ley no reconoce explícitamente el derecho a la indemnización.
La oposición de las derechas
Las críticas más duras han venido de la bancada de las derechas, que tildan la ley de “sectaria”. “¿Por qué se empeñan en rechazar una ley que es un acto de justicia elemental?”, les ha preguntado la socialista Eva Granados al PP, Ciudadanos y Vox. “Memoria es lo contrario al olvido y en democracia el olvido no es una opción, memoria es el reconocimiento, la reparación y la dignificación de todas las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura”, ha zanjado la senadora, que ha cerrado la sesión con una ovación de la cámara a los expertos, víctimas y representantes de asociaciones que veían el debate desde la tribuna de invitados.
Que la ley es “un arma arrojadiza” y una “traición a los españoles” que “pretende convertirnos en una democracia militante de izquierdas” son algunas de las opiniones manifestadas por la popular Amelia Salanueva, a la que posteriormente ha complementado su compañera Salomé Pradas para acusar al Gobierno de “reescribir la historia” y “reabrir heridas del pasado”. “Hasta que no se abran las fosas, no se cerrarán las heridas”, le ha respondido en su turno Granados.
Una argumentación similar ha desplegado Vox, que incluso habla de “vulneración de derechos fundamentales” y ha prometido “no parar hasta conseguir su total derogación”, en palabras de José Manuel Marín. Las tres derechas ponen en el foco un precepto de la ley incluido para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos más allá de la muerte del dictador, hasta 1983. Algo con lo que el senador de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha acusado al Ejecutivo de “cuestionar pilares básicos de nuestro sistema democrático” como la Transición a pesar de que la medida no extiende el ámbito de aplicación de la ley, que llega hasta la promulgación de la Constitución.
Para justificar su 'no' a la norma, estos tres partidos también han traído a colación a la banda terrorista ETA, como ya hicieran en el Congreso. La ley “crea una desigualdad inaceptable” entre “víctimas de primera y de segunda”, ha asegurado Sánchez englobando a las personas asesinadas por los etarras en el segundo grupo y a las del franquismo en el primero. Víctimas estas últimas que aún aguardan en muchos casos incluso a recuperar a sus familiares desaparecidos y que tuvieron que esperar más de 30 años para ser mínimamente reconocidas y nombradas por la ley.
Todas las demás formaciones han plantado cara al negacionismo de la memoria histórica de PP, Vox y Ciudadanos. Y de hecho, una de las primeras en responder ha sido el PNV, que en palabras de Estefanía Beltrán de Heredia ha lamentado que “no quieran ninguna ley que reconozca la verdad de lo ocurrido” y que “prefieran un manto de silencio sobre esta etapa de totalitarismo fascista”. “Hoy decimos alto y claro a la derecha y extrema derecha que la memoria democrática es ley porque así lo quiere la ciudadanía”, ha añadido la socialista Granados. “La memoria nos ayuda cada día a saber quiénes fuimos, quiénes somos y qué país queremos ser”, ha resumido la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en un vídeo que ha lanzado en redes sociales para celebrar la aprobación.
Cuestiones pendientes
La sensación generalizada es que la norma supone un avance con respecto a la ley actual, pero aún así, algunos grupos no disimulan el sabor agridulce con el que se quedan. Entre ellos, ERC, EH Bildu, Junts, Geroa Bai o Compromís, que reclaman más ambición. Los republicanos, que han sido claros –“Esta no es la ley de ERC”, ha dicho el senador Josep María Reniu–, se han abstenido en la votación, pero han advertido al Gobierno de que estarán “atentos y vigilantes al cumplimiento” de las disposiciones del proyecto.
Por su parte, EH Bildu ha votado a favor porque considera que “es un paso en la dirección correcta”, en palabras del senador Gorka Elejabarrieta, aunque cree que aún deja algunas lagunas pendientes. “Aquella mal llamada Transición ni fue modélica, ni acabó con la herencia franquista, ni terminó con la vulneración de derechos humanos y políticos, de aquellos barros estos lodos”, ha manifestado.
Si en algo coinciden varios de los partidos críticos es en que creen que la ley debería ser más contundente con la persecución y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, algo que incluso ha manifestado Amnistía Internacional. Consideran que falta en el texto la supresión explícita de los obstáculos que hoy impiden que se juzguen estas vulneraciones de derechos humanos en España y opinan que no valdrá con la creación de una Fiscalía especializada ni con la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos que declara imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
ERC ha lamentado, además, que la mesa haya inadmitido a trámite una de las enmiendas presentadas por el grupo y que reclamaba la “supresión” del título de Rey de España, una propuesta que no se ha debatido porque “requeriría una reforma del artículo 56.2 de la Constitución”, según les comunicó el Senado. “Es incomprensible la disparidad de criterios en el Congreso y Senado, toda vez que allí se tramitó y se votó”, ha denunciado Reniu.
El PP pidió en el Parlamento mantener la máxima condecoración franquista que tenían Mussolini y Hitler
El partido de Alberto Núñez Feijóo registró en el Congreso y llevó hasta el final una enmienda para retirar el artículo de la Ley de Memoria Democrática que suprime los títulos nobiliarios del franquismo y la orden imperial del Yugo y las Flechas
Foto difundida por EFE en 1940 de la entrevista de Franco y Hitler en Hendaya. EFE
El PP ha votado en la tramitación de la Ley de Memoria Democrática a favor de mantener condecoraciones otorgadas durante la dictadura de Francisco Franco, incluida la de mayor rango que reguló el régimen y que fue otorgada a Adolf Hitler, Benito Mussolini o Rudolf Hess, entre otros. Así se desprende de una de las 521 enmiendas que los grupos parlamentarios presentaron al proyecto del Gobierno, que este miércoles quedó aprobada definitivamente en el Senado. Con la enmienda, de supresión, el partido de Alberto Núñez Feijóo pretendía mantener los 33 títulos nobiliarios que el régimen creó entre 1948 y 1978, y que aún siguen vigentes, así como la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Todas quedarán anuladas una vez entre en vigor la norma impulsada por el ministerio que dirige Félix Bolaños.
Franco creó esa distinción civil y militar en plena Guerra Civil como “supremo galardón del Nuevo Estado al mérito nacional”. En las cuatro décadas de dictadura se le concedió la condecoración a los dictadores Hitler y Mussolini, y otros miembros de los regímenes fascistas que ayudaron a los golpistas españoles, como al alemán Rudolf Hess, definido en el propio Boletín Oficial del Estado como “ministro del Reich y lugarteniente del Führer”; Roberto Farinacci, ministro del régimen italiano, o al embajador portugués de la dictadura de Antonio Salazar, Pedro Teotónio.
Durante la guerra, esa distinción le fue otorgada también a generales que participaron en el golpe de Estado, como Gonzalo Queipo de Llano, Andrés Saliquet Zumeta o José Moscardó Ituarte, además de otros cargos que se posicionaron con el bando sublevado.
Placa de Gran Cruz y banda de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Alexeinikolayevichromanov (CC BY-SA 4.0)
A medida que avanzaba la dictadura, la Orden Imperial del Yugo y las Flechas se le entregó a personalidades internacionales colaboracionistas, como Mohamed V de Marruecos o Faysal II de Irak. La última entrega fue a Adolfo Suárez, que fue secretario general del partido único de la dictadura y, posteriormente, el primer presidente de la democracia reinstaurada en 1978. El PP también pretendía conservar los títulos nobiliarios concedidos durante el franquismo y que fueron entregados a ministros, amigos y familiares de la dictadura.
La votación de esa enmienda (la 174) en el Senado se saldó con 107 votos a favor, 148 en contra y cinco abstenciones. El grueso de los síes salió de la bancada del PP, proponente de la enmienda, con un total de 100, incluidos los miembros de la dirección, entre los que se encuentra Feijóo. Dos senadores del PP se posicionaron en contra y dos no estuvieron presentes en la votación. Además, apoyaron la enmienda tres senadores de Vox, y los de UPN y Compromís –se trató de un error, según han explicado desde el partido de la Comunitat Valenciana–, además de varios “independientes” surgidos de las diferentes deserciones en Ciudadanos. Entre las abstenciones, el único representante que le queda a Ciudadanos, además de sendos senadores del PRC, Teruel Existe, el PAR y la Agrupación Socialista de la Gomera.
elDiario.es se ha puesto en contacto con el Grupo Popular en el Senado para recabar la motivación de esa enmienda, ya que en el escrito solo figura como justificación la “mejora técnica” de la norma. Fuentes del grupo popular en la Cámara Alta han asegurado que la enmienda fue una herencia de la tramitación en el Congreso.
Efectivamente, el PP también registró en la Cámara Baja la misma enmienda (la número 395) de supresión del artículo 41 de la Ley de Memoria Democrática, y bajo la misma justificación de “mejora técnica”. La enmienda fue rechazada en la Comisión Constitucional, pero el PP la mantuvo “viva” para su votación en Pleno, donde también recibió un no mayoritario. elDiario.es ha intentado, sin éxito, recabar las motivaciones del Grupo Popular en el Congreso.
Más allá de la especificidad de esa enmienda, el PP, junto a Vox y Ciudadanos, ha votado en contra de la Ley de Memoria Democrática que declara ilegal la dictadura franquista, asume las exhumaciones como responsabilidad de Estado y busca la resignificación del Valle de los Caídos, entre otras medidas. De hecho, Feijóo se ha comprometido a derogar esa norma, que es una reivindicación de los colectivos de víctimas, cuando llegue al poder.
Una vez que la ley esté en vigor, el Gobierno pretende comenzar los trabajos para la exhumación de Primo de Rivera del Valle de los Caídos (para lo que espera contar con el acuerdo de la familia del líder falangista) y de Queipo de Llano de la Macarena de Sevilla.
El autor de la imagen de la placa que ilustra esta información es Alexeinikolayevichromanov y ha sido publicada bajo una licencia CC BY-SA 4.0.
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