Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Comienzo de la excavación de la fosa 100 del Cementerio de PaternaNIUS
En la fosa 100 del cementerio de Paterna se estima que hay enterrados 25 fusilados por el franquismo
La mayoría eran agricultores sin delitos de sangre
De los 2.238 republicanos enterrados en el cementerio de Paterna, solo se han recuperado 850 cuerpos
80 años y 2 días después de su fusilamiento, los familiares de 28 represaliados por el franquismo enterrados en la fosa 100 del cementerio de Paterna (Valencia) van a poder recuperar por fin sus cuerpos. La alegría, la ansiedad y el dolor se mezclan en un momento que llevan décadas esperando. “Ha sido una lucha muy larga y muy dura. Podemos empezar a cerrar una herida muy profunda”, cuenta con los ojos llorosos Teresa Llopis, presidenta de la Asociación de la Fosa 100. Como Teresa la mayoría de los familiares que quedan vivos son nietos de los ejecutados. “En la memoria están nuestros padres, que murieron con la pena y la rabia de no poder sacar a sus padres de esta fosa”.
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Fusilados por su ideología
Al amanecer, el 2 de noviembre de 1939, 28 hombres fueron ejecutados en el conocido como “paredón de España” en Paterna. La mayoría eran agricultores de localidades de Gandía, Oliva, Piles, Xeraco, Xeresa, Pego y Xàtiva. Ninguno tenía delitos de sangre en su historial. Su único crimen, pertenecer a los sindicatos y partidos políticos de izquierda de la época. “El régimen había prometido que las personas que no tuvieran las manos machadas de sangre no iban a ser represaliadas y no tenían que huir de España”, explica Matías Alonso, presidente del grupo para la Memoria Histórica de Valencia. La inocencia y la falta de recursos provocó que la mayoría permanecieran en sus casas. Es el caso de Blas Llopis Sendra, agricultor de Oliva (Valencia) y miembro del sindicato CNT, detenido en mayo de 1939, nada más terminar la Guerra Civil. “Era una persona de bien, progresista, muy comprometida socialmente”, asegura Teresa. Después de seis meses encarcelado y de un juicio sumarísimo ante un Tribunal Militar, en el que no pudo defenderse, fue ejecutado.
La identificación de los cuerpos llevará meses
Esta mañana, los arqueólogos encargados de la exhumación han comenzado los trabajos de excavación para llegar a los cuerpos. Una labor que ha sido financiada por la Diputación de Valencia y que se prolongará durante varios días. Después, las muestras de los restos serán trasladadas a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, para realizar las pruebas de ADN e identificar los cuerpos genéticamente.
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Según los estudios realizados por el historiador valenciano Vicente Gabarda, de los 28 fusilados el 2 noviembre de 1939, 25 fueron inhumados en una saca en la fosa 100 del cementerio de Paterna, mientras que los otros tres hombres ejecutados fueron enterrados en nichos individuales, pendientes también de exhumar. “En estos casos, aunque tenemos abundante documentación no sabemos exactamente el número de personas enterradas hasta que no se abre la fosa”, afirma Matías Alonso. Una documentación en la que ha sido clave Leoncio Badía, el enterrador del cementerio de Paterna, que durante años arriesgo su vida para informar a los familiares de las víctimas dónde habían sido enterrados.
850 cuerpos recuperados en el cementerio de Paterna
2.238 republicanos fueron ejecutados en el “paredón de España” entre 1939 y 1956. En 2005 se realizó la primera exhumación de una de las más de 100 fosas comunes que existen en el cementerio de Paterna. Desde entonces, ya se han recuperado 850 cuerpos, la mayoría en los últimos 3 años, cuando la Diputación de Valencia firmó un convenio con las familias de los represaliados y comenzó a financiar esta costosa labor. “Todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay centenares de personas enterradas en fosas comunes en este cementerio y en muchas otras de España”, asegura Matías Alonso. A la espera de recuperar los cuerpos y la memoria de los suyos, miles de familiares como Teresa Llopis. “Solo queremos limpiar la dignidad de nuestros seres queridos, que se conozca lo que sucedió en España con miles de personas honradas. No tenemos rencor en nuestros corazones”, ha dicho.
España es el segundo país del mundo en desaparecidos durante la dictadura, y el primero en Europa. La derecha intenta confundir mezclando las cifras de "asesinados" por "desaparecidos"
Lo han publicado ya distintos medios haciéndose eco de los distintos informes y estudios realizados por asociaciones y organizaciones de distinta índole: «Solo Camboya tiene más fosas comunes que España».
Durante la campaña electoral estamos escuchando a distintos líderes políticos, como es el caso de Irene Montero (de Unidas Podemos) que está denunciando el macabro «ranking» en el que España ocupa los primeros puestos. Concretamente, el segundo a nivel mundial, donde Camboya está en el primer puesto. Se refiere a las cifras de desaparecidos, lo que se denomina «Desaparición Forzada».
La Desaparición Forzada está considerado como uno de los peores delitos que se pueden cometer contra una persona: «es la conjunción de cuatro crímenes, esto es, una detención ilegal, torturas físicas y psicológicas, asesinato y ocultación del cadáver para multiplicar el sufrimiento de las personas cercanas al desaparecido». El delito de desaparición forzada no consta recogido en el Código Penal español hasta la fecha.
Según informaba Nueva Tribuna, haciéndose a su vez eco de otras piezas publicadas, en España hay 114.226 personas desaparecidas, «lo que convierte al país en el primero en número de desapariciones forzadas de la Unión Europea y en el segundo en el mundo después de Camboya». Estas cifras han sido denunciadas por Rigths International Spain (RIS) con datos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El día 30 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Y desde el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de Naciones Unidas se ha recordado que «los Estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas deben inmediatamente buscar a cualquier persona que haya desaparecido. Deben también adoptar políticas públicas para facilitar las búsquedas consultando con los familiares de la persona desaparecida. La búsqueda debe ser llevada a cabo en líneas con una estrategia integran en la que todas las hipótesis deben ser diligentemente exploradas».
Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que fue quien llevó a cabo la primera exhumación científica en octubre del año 2000, y que denunció los primeros casos ante la ONU en el año 2002, continua reclamando la responsabilidad del Estado español y denunciando la pasividad de los gobiernos en un país donde están falleciendo los descendientes de los desaparecidos sin haber recibido la más mínima atención por parte del Gobierno (de ningún gobierno democrático).
«El Estado español ha ratificado todas las resoluciones y convenciones sobre la desaparición forzada que se han planteado en la Asamblea de la ONU, así como las convenciones dirigidas a la erradicación de los desaparecidos. En la transición existieron comisiones en el Congreso y en el Senado sobre los desaparecidos españoles en Chile y Argentina, pero las víctimas de la dictadura siguen a la espera de un Gobierno que se comprometa sin excepciones con los derechos humanos», afirma la ARMH.
En el año 2012 se hizo público el informe del Relator Especial para Naciones Unidas (Pablo Greiff) sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Un texto de lectura imprescindible para conocer las recomendaciones que desde Naciones Unidas se hacen a estados como el español, para poder resarcir, abordar las atrocidades cometidas durante una parte reciente de su historia.
Pero no ha sido Irene Montero la única en decirlo desde las formaciones políticas que se disputan la presidencia del gobierno en los próximos comicios. Por ejemplo, Carmen Calvo, hace unos días, también lo confirmaba: «Somos el segundo país del mundo con más desaparecidos. Insoportable», afirmaba la ministra.
La manipulación de la derecha para intentar evitar abordar la cuestión
Desde diarios como La Razón, se publican ahora artículos como este, donde se dice de manera rotunda: «Falso: España no es el segundo país con más muertos en cunetas». Y hace un análisis de los muertos en la Guerra Civil. Y sentencia: «Muchos tiranos, muchas atrocidades y muchas fosas comunes superan numéricamente todo lo mencionado: hay tres personajes que se hallan en la cima de los horrores: Hitler, Stalin y Mao.»
En esta entrevista que Alsina le hace a Carmen Calvo, a partir del minuto 1, le pregunta a la ministra de dónde sale el dato concreto de los desaparecidos. En el minuto 2.20 el presentador se pregunta cómo vamos a ser el segundo país del mundo cuando ha habido atrocidades y genocidios en otros países (como la Unión Soviética). La noticia da un titular contundente: «Alsina desmonta el dato de Carmen Calvo sobre que España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos», algo que puede comprobarse que no sucede en la entrevista, sino que el presentador sencillamente se hace una pregunta que Calvo no responde con contundencia: una cosa es hablar de víctimas, de asesinatos, y otra de personas desaparecidas que no aparecen en ningún lugar registradas.
Por su parte, Perez Reverte, más rotundo como suele ser habitual, opta por el insulto: «No somos el segundo país con más fosas comunes, pedazo de idiota», dice el titular del «Diario Patriota». Una vez más, en el artículo, vuelven a mezclarse las cifras de muertes con las de personas desaparecidas, de las que se desconoce cuál fue su destino, dónde están sus restos, que es precisamente lo que se denuncia.
Jueces por la democracia también se ha hecho eco de la denuncia
En la pieza de El País que aquí se enlaza, del año 2013, recordaban que, precisamente la asociación de Jueces por la Democracia también señalaba que «España es el segundo país con más desaparecidos tras Camboya». Precisamente lo recordaban a colación de las críticas que desde la asociación de jueces se vertína contra el Ejecutivo por incumplir la ley de memoria histórica, al dejarla sin fondos para su aplicación. Y recordaban, también, la reclamación de los enviados de Naciones Unidas a España para adoptar medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía.
La propia pieza de el País recoge lo siguiente: «Los jueces recuerdan que España, con más de 114.000 desaparecidos, es «el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados».
En este momento, el gobierno de España se quejaba por la «excesiva atención» de la ONU a los desaparecidos del franquismo. En esta misma pieza podemos comprobar cómo de nuevo, RTVE, confirma que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos en fosas comunes. En el mismo sentido que confirmaba el Huffingtonpost.
En el Informe de Amnistía Internacional que estudia precisamente las víctimas del franquismo se hace un análisis detallado, donde se aportan cifras, casos concretos y comparaciones jurídicas sobre la normativa a nivel internacional. Puede consultar aquí el documento completo.
Puede leerse en el informe «Amnistía Internacional constata que en España, para las víctimas y familiares de la Guerra Civil y el franquismo, no se garantizan ninguno de los derechos humanos que incluye el derecho a la justicia en el caso de graves violaciones de derechos humanos o de graves infracciones de derecho internacional humanitario –obligación de investigar, derecho a saber y derecho a una reparación–, puesto que la pauta de actuación de los jueces y fiscales ha sido la desestimación generalizada de las denuncias presentadas.»
El letrado republicano y socialista Emilio Valldecabres fue ejecutado el 17 de enero de 1940 acusado de haber firmado la sentencia de muerte del líder falangista
La familia, que se negó a que fuera enterrado en el Valle de los Caídos, siempre ha sostenido que el abogado firmó la sentencia por obligación: "Creo que él no veía razón de fusilar a José Antonio", señala su sobrina
"En el sumario únicamente aparece que dio su consentimiento y en varias declaraciones dice que efectivamente así lo hizo porque le correspondía en su función", explica el historiador Pedro Gascón
El fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.
El fusilamiento del fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, tuvo una víctima colateral. El letrado Emilio Valldecabres Malrás, socialista y asesor jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, fue ejecutado el 17 de enero de 1940 acusado de haber avalado la sentencia de muerte del líder falangista.
El abogado valenciano, oriundo de Quart de Poblet, un municipio cercano a Valencia, era descendiente de una saga burguesa de comerciantes y terratenientes locales pero adscrito a la rama liberal y republicana de la familia, según explica a este diario la historiadora Andrea Moreno, asesora técnica de la Comisión Municipal de Memoria Histórica de la localidad.
Tanto Emilio como su hermano Onofre, que estuvo vinculado a los servicios de información republicanos, fueron socialistas y republicanos. Emilio Valldecabres presidió el Tribunal Permanente de la demarcación de Levante y fue asesor jurídico del Ministerio de Defensa Nacional y del Ejército del Centro. Su destino quedaría irremediablemente marcado al final de la guerra al del fundador de la Falange española.
Jose Antonio Primo de Rivera negó durante el proceso que lo juzgó haber participado en la preparación de la sublevación militar contra la II República. "En las circunstancias de la guerra civil española, poca duda cabe de que su participación activa en la coordinación de la contribución falangista al alzamiento justificaba que se le acusara, junto con su hermano Miguel y su cuñada Margot, de conspiración y rebelión militar", escribe el hispanista británico Paul Preston en Las tres Españas del 36 (Debolsillo, 2011).
La madrugada del 18 de noviembre de 1936, los tres magistrados que formaban el tribunal que juzgaba a Primo de Rivera en Alicante accedieron a la petición del fiscal de pena de muerte para el líder falangista, reclusión perpetua para Miguel Primo de Rivera y seis años y un día para la esposa de éste, Margarita Larios. "Antes de que el Consejo de Ministros pudiera pedir un indulto o la conmutación de la pena, el Comité de Orden Público local ordenó que se aplicara la sentencia el día 20 de noviembre por la mañana", explica Preston. A las seis y media de la madrugada, José Antonio Primo de Rivera fue fusilado.
El sumario del fusilamiento del abogado valenciano, localizado por la Comisión Municipal de Memoria Histórica de Quart de Poblet en el Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid, vincula a Valldecabres con el "informe como asesor jurídico pidiendo la pena de muerte de José Antonio Primo de Rivera". Sus descendientes, sin embargo, siempre han asegurado que el abogado fue obligado a firmar, incluso después del fusilamiento del líder falangista, ya que no estaba de acuerdo con la sentencia de pena de muerte. "Lo despertaron a las cuatro de la madrugada en la residencia de Valencia que le había asignado el Gobierno para firmar la sentencia", cuenta su sobrina Annik Valldecabres. "Creo que él no veía razón de fusilar a José Antonio", añade.
El historiador Pedro Gascón fue el encargado por la Comisión Municipal de Memoria Histórica de Quart de Poblet de localizar el sumario del ilustre vecino. Trece personas vinculadas a Quart de Poblet, ora por nacimiento ora por vecindario, fueron fusiladas durante la represión franquista de posguerra, como contó el diario Levante-EMV en 2008. El sumario de Emilio Valldecabres es "relativamente extenso, se le acusaba de haber formado parte de la organización jurídica que condenó a José Antonio", explica Gascón.
Valldecabres era miembro del consejo jurídico asesor del Ministerio y, "como tal, le correspondía, al haberse declarado el estado de guerra, validar o asesorar ese juicio", apostilla el historiador. "En el sumario únicamente aparece que dio su consentimiento y en varias declaraciones dice que efectivamente así lo hizo porque le correspondía en su función", añade Gascón.
Informe del sumario que condenó a muerte al abogado valenciano Emilio Valldecabres. LEVANTE-EMV
A finales de marzo de 1939, las tropas franquistas ocuparon Valencia. Emilio Valldecabres, junto con su hermano Onofre, intentó embarcarse en el Stanbrook que aguardaba en el puerto de Alicante pero no pudo llegar a tiempo. Fue detenido en Alicante el 2 de abril, según las averiguaciones de la historiadora Andrea Moreno, y trasladado al campo de concentración de los Almendros y a diversos lugares de detención hasta acabar en el campo de Albatera. Desde allí fue trasladado a Madrid, y ejecutado el 17 de enero de 1940. "Dado que se condenó a muerte a tantas decenas de miles de personas, tampoco era extraño que sin que fuese firmante o partícipe en el proceso de José Antonio se le hubiera condenado a muerte", matiza Gascón.
Su hermano Onofre pudo partir al exilio y su hija Annik Onofra nació en Argelia en 1945. Los supervivientes de la rama republicana de los Valldecabres se instalaron finalmente en Francia donde años más tarde llegarían también la madre y la hija de Emilio Valldecabres. "Cuando se hizo el Valle de los Caídos el que entonces era embajador en Francia llamó a casa de mis padres para que autorizasen a enterrar a mi tío allí", cuenta por teléfono Annik Valldecabres. La familia se negó.
La naviera eslovaca Slovenská plavda transporta fertilizantes, cemento y carbón. También repara y construye buques. Y sus embarcaciones como el Zilina llevan a pasajeros por el río Danubio. La familia del nieto mayor de Francisco Franco, Francisco Franco Martínez Bordiú, Francis, controló hasta 2016 esta compañía a través de una de sus siete empresas, Tabacmesa SA. La firma vendió entonces su parte por 7,5 millones de euros, según sus cuentas.
El inédito negocio de los barcos es una migaja en el emporio de los siete hijos de Carmen Franco, la hija única del dictador fallecida en 2017 a los 91 años. Los nietos del que fuera jefe de Estado manejan hoy una intrincada telaraña de 21 sociedades que acumula un patrimonio neto de 102,5 millones y 258 propiedades, según una investigación de EL PAÍS.
El pastel inmobiliario incluye un palacio, 22 viviendas, 195 plazas de garaje, 29 fincas, cinco locales comerciales y tres prados.
El ladrillo, las relaciones públicas, las guarderías o los hoteles planean en el conglomerado
Aunque centrada en el ladrillo, la madeja de los descendientes del dictador abarca actividades desconocidas. Las relaciones públicas (Ocnarf SL) las guarderías (Servicios infantiles Dulcinea S. L.) o los hoteles (CM 16 S. L.) planean en el conglomerado.
Dinero público e impagos
El esquema societario se extiende a través de una participación del 17 % a Dulcinea nutrición S. L., una compañía adjudicataria de las cafeterías de La Moncloa que ha cobrado tres millones de euros de organismos públicos entre 2016 y 2019 y acumula huelgas por el impago de salarios a su plantilla. El Estado Mayor de la Defensa, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Ministerio de Trabajo o el Ayuntamiento de Málaga han contratado los servicios de esta firma de Puertollano (Ciudad Real).
¿Dónde radica el origen de este tinglado empresarial? La respuesta conduce a un general que en 1940 cobraba una nómina anual como jefe del Estado de 50.000 pesetas (300 euros).
Para entender este milagro hay que viajar al corazón de Madrid. En el Barrio de Salamanca se levanta un edificio señorial en el número ocho de la calle Hermanos Bécquer. Es la joya de la corona del clan. Tiene siete plantas, 4.800 metros y un valor de 50 millones. El inmueble figuró en la herencia de Carmen Franco y acoge las sedes de las firmas inmobiliarias Fiolasa SLU y Sargo Consulting S. L. Unas empresas controladas hoy por los nietos del dictador que manejó su hija hasta su muerte. La matriarca cobraba en 2009 una nómina mensual de las sociedades familiares de 17.000 euros y gozaba del trato de “excelentísima”, según las actas.
Una firma familiar participa con un 17 % en la empresa que sirve el cáterin en La Moncloa
En Hermanos Bécquer radican cuatro de las siete empresas del más potentado de los nietos, Francis. Su esquema acumula un patrimonio neto de 44,7 millones y 225 propiedades. Incluye 18 viviendas –entre ellas una casa de 349 metros en la céntrica calle Serrano—, una nave de 1.175 metros en Madrid y cinco bajos. Destaca entre ellos uno de 259 metros destinado a oficinas en la calle Ayala, en el Barrio de Salamanca, donde el metro cuadrado oscila entre 8.000 y 10.000 euros. Y dos dúplex en Talavera de la Reina (Toledo) de 80 y 109 metros, respectivamente.
El grueso de su patrimonio reposa en los aparcamientos. El nietísimo tiene 193 plazas de garaje en el corazón de Madrid a través de tres empresas. Una de ellas, Tabacmesa SA, controla un estacionamiento en el número 15 de la calle General Pardiñas. Con una superficie de 3.992 metros, ofrece 170 plazas que se alquilan por 181,50 euros al mes. Otra mercantil, Pristina S. L., posee 22 plazas en la calle Príncipe de Vergara. Y tiene arrendado desde 2015 al BBVA una planta baja de 1.079 metros en el número 203 de la también madrileña calle Alcalá.
Francis se niega a desvelar sus negocios. Solo confirma las indagaciones de este periódico. Y elude en sus tres conversaciones telefónicas con EL PAÍS las cuestiones sobre sus empresas en el extranjero. Lo cierto es que, junto a la naviera eslovaca Slovenská plavda, que le reportó en 2014 unos dividendos de 449.870 euros, el nietísimo comandó a través de su telaraña mercantil las compañías de compraventa de tabaco Frontera Spol y Koslava Spol (República Checa), Andradi com (Rumanía) y Helitrade spol (Eslovaquia), según las cuentas de Tabacmesa. En diciembre de 2016 se desprendió de este conglomerado exterior. Un mini emporio de los cigarrillos para los duty free (tiendas libres de impuestos) que llegó a hacer caja en 2007 con la venta de un centro comercial en la localidad checa de Rozvadov.
Pero esta no fue la única aventura exterior del mayor de los nietos del dictador. Su empresa Montecopel SA, que acumula un patrimonio neto de 12,4 millones, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para regularizar 7,6 millones de “rendimientos en el exterior”, según las cuentas de esta sociedad. Un mecanismo que permitió a particulares y empresas aflorar dinero negro a cambio del pago del 10 %, una tasa muy inferior a los impuestos no abonados en su día.
¿Cuál es el origen de la fortuna de Francis? “En 1980 me fui a Chile donde viví seis años y diez más en Argentina. Allí cimenté mi carrera de empresario. Igual que mi hijo Francisco, que ha residido en Suiza y Estados Unidos la mitad de su vida”, justifica el nietísimo.
María de la O. Martínez Bordiú, Mariola, sucede a Francis en la espiral de éxito. A través de Domarma 3 S. L., maneja un patrimonio neto de cinco millones. Y participa con un 20 % en la cadena de guarderías y ludotecas Servicios infantiles Dulcinea S. L. La firma emplea a 84 trabajadores y se extiende por Guadalajara, Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Puertollano (Ciudad Real).
Con un 17 %, la compañía familiar de Mariola figura en Dulcinea nutrición S. L., una empresa con 230 empleados y 7,4 millones de ventas, según sus últimas cuentas, que comercializa potitos para bebés “100 % naturales” bajo la marca Naturbaby.
La compañía tiene una línea de negocio como adjudicataria de administraciones públicas. Junto al servicio de restauración de La Moncloa, que gestiona desde 2017 tras ganar un contrato por cuatro años de 1,9 millones, Dulcinea nutrición S. L. también sirve el cáterin del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. La concesión ha centrado la atención de la prensa ceutí por las huelgas de su plantilla a concecuencia de retrasos en el pago de las nóminas.
ampliar fotoUn grupo de turistas visita el Pazo de Meirás en Sada (A Coruña) en 2017.ÓSCAR CORRAL
Este periódico ha intentado sin éxito recabar las versiones de Servicios infantiles Dulcinea S. L. y Dulcinea nutrición S. L.
Pero la porción más generosa de la tarta de Mariola tiene nombre y apellidos: CM 16 S. L. Una sociedad donde figura como consejera con sus hijos. Y que, con un patrimonio de 10 millones, destinó en 2010 un total de 2,5 a remozar un céntrico palacio sevillano hoy reconvertido en un hotel de cinco estrellas con 50 habitaciones. CM 16 S. L. levantó en 2008 una promoción de siete viviendas en la madrileña plaza de las Delicias. También, adquirió en 2010 por 1,5 millones el 5 % de un edificio en el corazón del Barrio de Salamanca. Y se hizo con otro en la capital por 1,6 millones en 2012.
Además, la empresa familiar de Maria de la O Martínez Bordiú participa con un 20 % en Breda Capital, que explota un hotel de cinco estrellas que promete “el lujo más hedonista” en 111 habitaciones en la calle Velázquez, en el Barrio de Salamanca. Este periódico ha intentado sin éxito recoger las versiones de Breda Capital y María de la O Martínez Bordiú.
La telaraña mercantil de Mariola alcanza EE. UU., donde CM 16 SL tiene el 9,5 % de una sociedad que explota un inmueble en la ciudad de la costa de Georgia de Savannah y cobra dividendos de la firma Komar Investment, según las actas de esta mercantil.
Salvo María del Carmen Martínez Bordiú, que tiene tres prados en Miera y Ruesga (Cantabria) que suman 9.693 metros cuadrados, el resto de los nietos del dictador concentra sus posesiones en su estructura mercantil. Así, las firmas de María del Mar (con un patrimonio de 4,1 millones), María Aranzazu (3,6), José Cristóbal (2,9) y Jaime Felipe Martínez Bordiú (900.000 euros) atesoran el grueso de la fortuna.
Una riqueza que –según fuentes próximas a la familia— se remonta a un pelotazo urbanístico conectado con la venta de una finca en Arroyomolinos (Madrid) adquirida por el dictador en los años 40 que fue recalificada de terreno rústico a edificable en 2003.
Cuando se pregunta por el origen de la multimillonaria herencia, el albacea del clan, Luis Felipe Utrera-Molina, señala a la mujer del dictador, Carmen Polo. “La familia Polo era muy rica”, zanja este abogado que presenta a Francisco Franco como un hombre íntegro desprovisto del pecado capital de la avaricia.
UNA HERENCIA DE 100 MILLONES Y UNA INSPECCIÓN DE HACIENDA
¿Cuánto vale el pazo de Meirás?, ¿Y el palacete barroco casa Cornide?, ¿Y un edificio señorial de 4.800 metros en el potentado Barrio de Salamanca? Más allá de la legitimidad del sistema para hacerse con los dos primeros, los nietos de Francisco Franco sostienen que la herencia de su madre no rebasa los 100 millones. El pastel inmobiliario ya está repartido y se saldó con una inspección rutinaria de hacienda que obligó a los descendientes de Carmen Franco a abonar una cifra que no superó 3.000 euros, según confirman Francis Franco y el albacea del clan, Luis Felipe-Utrera-Molina. Según este, el precio de mercado del pazo de Meirás –76.792 metros cuadrados que incluyen un jardín, un prado, una casa palacio y distintos pabellones- no supera los cinco millones. El palacio Cornide de A Coruña, de 879 metros, tres. Y la joya de la corona, el edificio de Hermanos Bécquer, cuesta 50 millones. El paquete de la herencia incluye una veintena de terruños en los aledaños del pazo de Meirás que suman 35.771 metros cuadrados. La cuarta parte de estas posesiones no aparece en la demanda civil que el Gobierno presentó contra los Franco el pasado julio para forzar la devolución del pazo, según cálculos de este periódico. “Se trata de propiedades que Francisco Franco fue comprando en los 40, 50 y 80”, justifica Utrera-Molina.
