dissabte, 2 de juliol del 2022

Un paso más hacia una Ley de Memoria Democrática que avanza en derechos y acaba con la impunidad franquista.

 https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=13710


Vamos a seguir trabajando para construir una memoria democrática y para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (PCE)  02/07/2022

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Tras meses de paralización, por fin ha sido aprobado la ponencia de la Ley de Memoria Democrática con los votos a favor de EH-Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, PNV, Más País, PSOE y Unidas Podemos-ECP-GC. El grupo de Unidas Podemos ha estado representado en la ponencia por Enrique Santiago y Martina Velarde. En la negociación previa se ha asegurado un voto favorable en el pleno suficiente para su aprobación. ERC se ha abstenido en el voto de las enmiendas transaccionales acordadas entre los grupos que han negociado el acuerdo.

El resultado del debate es una ley acorde con los objetivos del PCE, aunque, como siempre en toda negociación, no se recogen todas las propuestas que hemos defendido y defendemos. Entre los contenidos destacamos:

1. El repudio y la condena en la ley del golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, la posterior dictadura franquista y la declaración de su ilegalidad, este último extremo añadido en las últimas enmiendas transaccionadas con los grupos parlamentarios. Se reconoce como víctimas a las comunidades, lenguas y culturas que fueron perseguidas por el franquismo.

2. La declaración de ilegalidad y nulidad de pleno derecho de cualquier tipo de condena por causas políticas, ideológicas o de conciencia durante el régimen franquista, con independencia de su naturaleza jurídica (sentencia, sanción administrativa…).

3. El derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, que se concreta en conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido y, en su caso, a la localización e identificación de las personas desaparecidas, a la exhumación y a la sepultura digna sufragada con fondos públicos. Se crea una base de datos de ADN de carácter estatal, se refuerza la figura de un Fiscal de Sala para perseguir los delitos cometidos y se garantiza que no se podrá utilizar la ley de amnistía de 1977 para impedir las investigaciones penales.

4. Tras la insistencia del grupo parlamentario de Unidas Podemos para que se incluyera, se contempla el derecho a reclamar la reparación económica por parte de las víctimas del franquismo y, en especial, las que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa en beneficio de personas jurídicas de carácter privado, así como establecer el derecho al resarcimiento por los bienes incautados por la dictadura. Se ha acordado crear una comisión donde se valoren las carencias de las medidas adoptadas hasta el momento y que concreté las modalidades del resarcimiento.

5. La garantía de acceso a los archivos públicos y privados sostenidos con fondos públicos, así como la recuperación, defensa y conservación del patrimonio documental.

6. La definición de los símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática, con un procedimiento para su retirada o eliminación, así con un completo régimen sancionador que haga efectivas estas previsiones, algo que no contemplaba la ley de 2007 y que provocó en gran medida su fracaso.

7. La retirada de reconocimientos, honores, distinciones, condecoraciones y recompensas que comporten una exaltación de la dictadura o concedidos a personas que hayan formado parte de sus aparatos represivos.

8. La inclusión en los contenidos curriculares educativos de la historia y la memoria democrática española.

9. Establecimiento de una red de lugares de memoria democrática con una detallada protección y dotados para su más amplia difusión. En este sentido se recupera el Valle de los Caídos para su gestión directa por parte de Patrimonio Nacional y su resignificación para convertirse en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo con la nueva denominación de Valle de Cuelgamuros.

10. Se otorga la nacionalidad española a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros y a aquellos a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen por la anterior ley de memoria de 2007, gracias a una iniciativa promovida por UP en el senado y que se acordó incluir en esta ley a iniciativa nuestra. Se reconoce el derecho a la nacionalidad de los descendientes de los brigadistas internacionales.

11. Tras el debate parlamentario, se incluye una medida para prestar atención a las víctimas de los crímenes franquistas durante la transición hasta 1983, cometidos con la connivencia o participación de estructuras residuales de la dictadura, mediante una comisión que propondrá concretará la forma de su resarcimiento.

12. Se acordado crear un centro de memoria democrática que cuente con participación de los movimientos sociales y que sea un referente de los que ya existan o se pudieran crear. En este sentido seguiremos insistiendo en la importancia del que se ha propuesto en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.

Tenemos que reconocer la labor del movimiento memorialista, sin el cual los avances incluidos en esta ley no se hubieran hecho realidad. Tras su aprobación se iniciará un nuevo periodo de lucha para el que contaremos con un mejor marco normativo que requerirá reforzar el tejido social y la voluntad política a todos los niveles. Ahora es el momento de acabar con la impunidad del franquismo. No puede haber instituciones que se sitúen al margen de la aplicación de la ley. Esteremos vigilantes para que los compromisos que se recogen en el acuerdo alcanzado sean ejecutados de la forma más amplia y coherente con el sentido de las enmiendas acordadas.

Nos comprometemos a seguir trabajando para construir una memoria democrática para un nuevo país y hacer realidad los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Claves de la nueva ley de memoria democrática: las lenguas catalana, gallega y vasca, víctimas del franquismo.

 https://elpais.com/espana/2022-07-01/la-alusion-a-la-ley-de-amnistia-y-el-sello-de-cataluna-y-pais-vasco-las-novedades-en-la-futura-ley-de-memoria.html#?prm=copy_link


El texto de la ponencia no deroga la Ley de Amnistía pero remarca que no cubre supuestos de genocidio o tortura.


Exhumación en las inmediaciones del Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), antiguo penal franquista donde las víctimas fueron enterradas con una botella de vídrio, en cuyo interior se introducía su nombre y apellidos.
Exhumación en las inmediaciones del Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), antiguo penal franquista donde las víctimas fueron enterradas con una botella de vídrio, en cuyo interior se introducía su nombre y apellidos.ARANZADI

La ley de memoria democrática llegará pronto al Congreso para su debate y aprobación tras la inclusión de numerosas enmiendas presentadas por los distintos grupos. Estas son las claves de la ponencia:

Ley de Amnistía: el Estado asume la interpretación de Baltasar Garzón. El texto de la ponencia incluye varias referencias a la Ley de Amnistía de 1977, que ERC pedía derogar. La primera es una alabanza: aquella ley, subraya, fue una “reclamación histórica de la oposición antifranquista” que amnistió “todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindical”. Esa ley de amnistía no se deroga, pero a continuación, el texto recuerda “la obligación de los poderes públicos” de interpretarla “conforme al Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles”. Esa fue la premisa de Baltasar Garzón cuando abrió una causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional, investigación que lo llevó a ser juzgado y finalmente absuelto en 2012 del delito de prevaricación en el Tribunal Supremo.

Reconocimiento de violaciones de derechos humanos hasta 1983. No es cierto, como sostiene parte de la derecha, que la nueva ley de memoria incluya expresamente a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala como víctimas del franquismo, o que se vaya a investigar de nuevo a los GAL. El concepto de víctima es el mismo y tampoco ha cambiado el apartado que se refiere a la investigación, a través de la creación de un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura entre 1936 y 1978. Lo que añade el texto tras la negociación con los grupos es lo siguiente: “Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aun después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”. Por ese motivo, una disposición adicional contempla “la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983 para “señalar posibles vías de reconocimiento y reparación”.

El sello de Cataluña, País Vasco y Galicia. El texto añade, en el apartado que enumera a las diferentes víctimas del franquismo con derecho a medidas específicas de reconocimiento y reparación, a “las instituciones de autogobierno catalana y vasca y las corporaciones locales”. Se consideran víctimas también “las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos”, y se subraya que sus hablantes fueron “perseguidos” por el franquismo. Fuentes del Gobierno aclaran que por “culturas vasca, catalana y gallega” se entiende en este caso la cultura realizada en esas tres lenguas, no la hecha en castellano en esos territorios.

Además, a petición del PNV, y a través de una enmienda transacional, se abre un nuevo plazo de reclamaciones para la restitución de documentos a personas naturales o jurídicas, de conformidad a lo dispuesto en la ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de documentos incautados con motivo de la Guerra Civil. El proyecto de ley incluía ya una disposición adicional para restituir bienes incautados a las fuerzas políticas durante la dictadura “cuando lo fueron en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos”, lo que abre una nueva vía para que los nacionalistas vascos puedan reclamar el edificio del Instituto Cervantes en París, sede del Gobierno vasco en la capital francesa desde 1937 a 1940.

Un año para la auditoría de incautaciones. El texto reconoce “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura”, en los términos que se establezcan legalmente en la normativa de desarrollo. La auditoría de bienes incautados que contempla la ley deberá realizarse “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor.

Oficina de víctimas y recogida de testimonios. El departamento competente en materia de memoria democrática contará con una oficina de víctimas para “la recogida de los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como para realizar labores de divulgación y sensibilización”. Además, en el seno del Consejo de la Memoria Democrática se constituirá una comisión de ámbito estatal, de carácter “académico, temporal y no judicial, independiente”, para contribuir al “esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura como forma de favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos”.

Banco de ADN también para los bebés robados. La base de datos de ADN estatal con perfiles de las víctimas del franquismo incluirá a “las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos cuya denuncia haya sido admitida” por los hechos objeto de la ley de memoria. En esa base de datos de ADN también se conservarán las muestras de restos óseos de distintas exhumaciones.

Archivos en manos de la Fundación Franco. La Administración General del Estado se compromete a habilitar dotaciones presupuestarias específicas para la catalogación y el acceso a los archivos. Además, el texto añade: “Los archivos y documentación del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas”, como la Fundación Franco, se incorporarán, una vez superados los trámites legales, al Centro Documental de la Memoria Histórica o al archivo del organismo público que se determine de manera motivada”.

Nuevas infracciones. Se añade como infracción muy grave “la destrucción de documentos públicos o privados” para la recuperación de la memoria histórica así como la “apropiación indebida de documentos de carácter público por parte de personas físicas o instituciones privadas que ejercieron cargos públicos durante la Guerra, la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978″.

Un régimen ilegal… Además de condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, el nuevo texto declara “ilegal el régimen surgido de la contienda militar”.

…que impuso sentencias ilegales. La palabra “ilegal” se añade igualmente a la hora de referirse al carácter “radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones”.

Retirada de 33 títulos nobiliarios. El texto que el Gobierno llevó al Congreso preveía elaborar “un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura” para proceder a su supresión. A petición del PSOE y Unidas Podemos, se incluirán en la ley los 33 que serán directamente eliminados, relativos a Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco, entre otros.

Apoyo a los investigadores. “Se tendrá en cuenta el papel esencial que desempeña el debate histórico para la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática, y la contribución al mismo de las conclusiones que sean resultado de la aplicación en la verificación e interpretación de los hechos de los usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica”, dice la ponencia. “Ello se entenderá sin perjuicio de la incertidumbre consustancial al citado debate que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado sobre los que el investigador puede formular hipótesis o conjeturas al amparo de la libertad de creación científica”.

Nacionalidad española para descendientes de brigadistas. El texto incluye, entre los beneficiarios de la nacionalidad española por carta de naturaleza (sin necesidad de renunciar a su nacionalidad anterior), a los “descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España”.

Prohibidos retratos franquistas en el despacho. La ley prohíbe la exhibición de “retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura” en “lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público”.

Explicar la represión en los libros de texto. Se incluye entre “los fines” del sistema educativo español “el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”. Para ello se desarrollará “en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura” en la educación secundaria obligatoria, formación profesional y bachillerato.

Persecución cultural. El texto añade el compromiso de las administraciones competentes de articular “todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva y profunda de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, así como de sus efectos sobre la realidad sociolingüística del Estado”.

Medallas sin pensión. La anulación y la revocación de las resoluciones por las que se concedieron las recompensas franquistas determinará “la pérdida de los derechos anejos correspondientes, incluso los económicos”.

Nuevos lugares de memoria. El Fuerte de San Cristóbal, penal franquista ubicado en Pamplona (Navarra), será declarado lugar de memoria y recibirá “financiación” para celebrar “actividades acordes con la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática”. Con el mismo fin y en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se promoverá un “convenio de cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia [actualmente pertenece al Ministerio de Política Territorial] al Ayuntamiento de Donostia”. El edificio, ahora sin uso, fue residencia del dictador durante sus estancias veraniegas en San Sebastián. El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros.

SOBRE LA FIRMA

Natalia Junquera

Reportera de la sección de España desde 2006. Los jueves publica una columna en Madrid, Kilómetro cero. Durante la semana comenta las redes sociales en Anatomía de Twitter y realiza entrevistas para la serie Conversaciones a la contra. Especialista en memoria histórica, ha escrito dos libros, Valientes y Vidas Robadas (Aguilar).

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Una unidad de la Legión presume de la "toma de Badajoz", uno de los crímenes más atroces del franquismo

 https://www.publico.es/politica/unidad-legion-presume-toma-badajoz-crimenes-atroces-franquismo.html


El Tercio 'Duque de Alba', con sede en Ceuta, reivindica el papel de sus antecesores en el asalto franquista de la ciudad, que estuvo seguido de miles de asesinatos de republicanos.


Legionario
Un legionario durante el acto del 101 aniversario de la fundación del Tercio de la Legión de Ceuta celebrado el 20 de septiembre de 2021.  Antonio Sempere / EUROPA PRESS

El general Juan Yagüe se ganó por méritos propios el apodo de "carnicero". En agosto de 1936, este militar franquista encabezó una auténtica matanza en Badajoz. El asalto de esa ciudad por parte de las tropas sublevadas a cargo de Yagüe tuvo entre sus protagonistas al Tercio Duque de Alba de La Legión. Sus actuales miembros reivindican hoy aquel hecho "histórico"un crimen colectivo atroz que la dictadura premió con medallas.

La unidad legionaria asentada en Ceuta presume de su pasado pese la Ley de Memoria Histórica hoy vigente. En un apartado dedicado a su historia en la página web oficial del Ejército de Tierra, el Tercio legionario destaca que durante la Guerra Civil "se distinguió en los combates de Mérida y la toma de Badajoz, donde cayó gloriosamente, al completo de sus efectivos, la 16ª Compañía, en la denominada 'Casa de los catalanes', consiguiendo una Laureada de San Fernando y una Medalla Militar colectivas".

La "toma de Badajoz" a la que alude la Legión dio paso a una brutal matanza por parte de las tropas sublevadas. "La masacre que se desarrolló en la ciudad de Badajoz a partir del 14 de agosto de 1936, fue una de las primeras evidencias ante el mundo de la política de exterminio del adversario programada por los militares golpistas", destaca una reseña publicada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX). 

El colectivo memorialista advierte que Badajoz podría ser "la ciudad española en que, en relación con su población, un mayor número de personas fueron asesinadas a consecuencia del golpe militar y de la masacre realizada tras su ocupación en agosto de 1936".

El horror conduce, entre otros escenarios, al cementerio de San Juan. "Allí fueron asesinadas muchas personas que pasaron luego a fosas comunes", apunta ARMHEX.

El historiador Francisco Espinosa abordó esta terrible historia en su libro La columna de la muerte (Editorial Crítica, 2003). En el marco de un exhaustivo trabajo, este investigador logró documentar unos 1.400 asesinatos registrados en los libros del cementerio y del Registro Civil. Espinosa comprobó además que la cifra de víctimas superaría en realidad las 3.800, ya que en un amplio número de casos los franquistas se ocuparon de que no hubiese registros.

Premios franquistas

En el apartado consagrado a su historia, el Tercio Duque de Alba destaca que ese mismo mes de agosto de 1936 "el Ayuntamiento de Ceuta dona la tercera Enseña Nacional, recibiéndola el Teniente Coronel D. Juan Yagüe Blanco", quien se encontraba precisamente a cargo de la masacre de Badajoz. 

La unidad reivindica que este cuerpo legionario "sobresalió también en los combates de la Ciudad Universitaria, por lo que se le concedió otra Laureada y otra Medalla Militar colectivas". El Tercio legionario alude así a una de las principales batallas libradas en Madrid entre las milicias leales a la República y las tropas sublevadas.

Las distinciones otorgadas por la dictadura franquista por aquellas actuaciones antidemocráticas siguen hoy vigentes y, de hecho, forman parte del listado de medallas que ostentan y reivindican los cuerpos legionarios.

Actos por los "caídos"

Lejos de abogar por cualquier modificación en ese ámbito, el Tercio Duque de Alba defiende que "sería conveniente" que se recogiese también las medallas individuales, "ganadas por los jefes, oficiales, suboficiales y tropa", con el objetivo de que "llegara al conocimiento de todos los españoles, la ejemplaridad de estas Fuerzas, su valor, abnegación, sacrificio y constante servicio a la Patria, y el mejor de los cumplimientos del deber y de la verdadera disciplina, de la que La Legión es ejemplo".

No en vano, la unidad legionaria asentada en Ceuta suele realizar homenajes en los que reivindica a sus "caídos".  Así ocurrió, por ejemplo, con motivo de un acto por los 100 años de la Legión celebrado el 20 de septiembre de 1920 en el ceutí Cuartel del Rey, la primera ubicación legionaria de la historia. 

Durante el evento hubo "honores a todos los caídos por España, teniendo un recuerdo especial a todos los que desde las filas de La Legión han ofrecido su vida por la Patria en estos cien años de andadura", indicaba la reseña publicada cuatro días después en un apartado de la página web del Ejército de Tierra.

"Hechos heroicos"

En un acto realizado el 10 de junio de 2017 en el acuartelamiento García Aldave de Ceuta, el coronel jefe del Tercio Duque de Alba, Félix Abad, se refirió a aquellas actuaciones como "hechos heroicos y ejemplarizantes de nuestros predecesores", según consta en un video difundido entonces por El Faro de Ceuta.

El militar sostuvo aquellos episodios "no deben ser olvidados y sí recordados para que nos sirvan de referencia y marquen el rumbo de nuestros cometidos y misiones y que el Tercio siga siendo una excelente y envidiada unidad". Tales declaraciones fueron realizadas frente al teniente general Juan Gómez de Salazar, Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

Sus miembros han estado desplegados en Afganistán, Irak, Líbano o Somalia

El Tercio Duque de Alba tiene entre sus misiones el "combate convencional", así como el "combate en zonas urbanizadas" o también "en bosques" o "en desierto", además de "emboscadas de todo tipo". Sus miembros han estado desplegados en Afganistán, Irak, Líbano o Somalia, en este último caso para la "lucha contra la piratería en el Océano Índico".

Listos para actuar

"El Tercio Duque de Alba, como parte de la gloriosa Infantería española, tiene vocación de vanguardia. Por eso, nos preparamos diariamente para poder combatir en cualquier escenario bélico actual y para servir a España en todas aquellas situaciones en las que se nos requiera en tiempo de paz", afirma el coronel Zacarías Hernández Calvo, actual responsable de esta unidad, en su mensaje de bienvenida a la página web oficial del Tercio.

Desde ese mismo espacio en internet se reivindican los "combates" en los que sus antecesores tomaron parte con un objetivo tan claro como impune: derrocar a la República e instaurar a sangre y fuego una larga dictadura.

Los indigentes "matados" de hambre: un campo de exterminio en la Sevilla de Queipo.

 https://www.publico.es/politica/indigentes-matados-hambre-campo-exterminio-sevilla-queipo.html


La intervención arqueológica en la fosa común de La Algaba (Sevilla) recupera los restos de 59 "mendigos" de los 144 que murieron de octubre de 1941 a agosto del 1942.

Víctimas del franquismo en Las Arenas
Víctimas del franquismo en Las Arenas.  Juan Miguel Baquero / Aranzadi

Los matan de hambre. Y los hacen desaparecer. Hasta hoy, en gran parte. La intervención arqueológica en La Algaba (Sevilla) ha recuperado los restos óseos de 59 personas a los que el franquismo apresó por "mendigos" y encerró en el campo de concentración de Las Arenas. La falta de alimento y enfermedades diversas acabaron con la vida de 144 detenidos entre octubre de 1941 y agosto del año 42 en ese centro de exterminio para indigentes.

Los presos consumidos, como un saco de piel apenas sostenido por un puñado de huesos. Los ojos anclados al terror. Y un hambre canina. La imagen evoca a los campos nazis. Al Holocausto. Pero ocurre en un pueblo sevillano, cuando España es la villa de Franco y la Andalucía de Queipo supera las postreras cifras del terrorismo de Estado en Argentina y Chile, juntas, con al menos 45.566 asesinados y 708 fosas comunes, según los datos oficiales.

En el espacio de muerte que significa Las Arenas pierde la vida casi la mitad de la población reclusa. Pero en la fosa del antiguo cementerio local no están todos los cuerpos: solo 59 de 144. El Ayuntamiento de La Algaba trabaja en la hipótesis de que exista otro enterramiento colectivo. O que haya sido expoliado. Y en el análisis genético como tanteo para poner nombre a los huesos del listado de víctimas que aportan los historiadores María Victoria Fernández Luceño y José María García Márquez.

La exhumación ha sido realizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que también trabaja en la fosa de Pico Reja, donde un pionero análisis químico certifica que allí están los mineros que querían parar el golpe fascista. La actividad ha sido reclamada desde entidades sociales como Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A), Nuestra Memoria y Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir y ejecutada con financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Limpieza" de las calles

"Hay por ahí más cuerpos que no sabemos si alguna vez serán encontrados", lamenta la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de La Algaba, Eva María de la Bastida. El rescate de una parte de las víctimas de Las Arenas deja "una sensación agridulce", sostiene. “Feliz porque todos los cuerpos que están en esa fosa van a descansar donde deben, con la dignidad que merecen, pero hay esa tristeza por no poder encontrarlos a todos", en palabras de la edil.

"Se cierra una etapa" que continúa con la búsqueda "junto a asociaciones, revisando archivos y buscando testimonios orales" con el objetivo de comprobar si existe "otra fosa en el pueblo". Incluso "hablando con personas mayores", dice. Y "a la espera de la Junta de Andalucía realice las pruebas de ADN tanto a los restos como a los familiares", según el Consistorio algabeño.

La "sorpresa mayúscula" enlaza "con la fuerza que da la esperanza manifestada por los familiares", por lo que resulta "ineludible la necesidad de encontrar una segunda fosa común" con las más de 80 personas que faltan, informa el colectivo memorialista de la Vega Media.

El proyecto completaría, de este modo, la "vergonzante lista" de quienes "fueron llevados al citado campo por sus ideas de izquierdas o, simplemente, por ser pobres que ejercían la mendicidad en las calles de Sevilla después de la Guerra Civil, y fueron empleadas como mano de obra esclava en la construcción del Canal del Viar, en otras obras y en faenas agrícolas", mantienen.

Secuestro a "mendigos reincidentes"

En la primera fase de la excavación –mayo de 2021–, el trabajo de campo culmina con 18 exhumaciones y 42 sujetos localizados. La cifra aumenta hasta el total de 59 personas rescatadas por el equipo de Aranzadi, tras la tarea recién finalizada. La fosa común asoma como un espacio ordenado en el que los criminales adaptan los cuerpos a la apertura planificada del terreno.

Entre los huesos hay restos de cal. La muerte, en casos, obedece a enfermedades contagiosas. Hay evidencia de enterramientos en una suerte de cajones de madera que, a modo de infra ataúd, facilitan el transporte de los cuerpos. Alguno de estos contenedores a dos y hasta tres víctimas. No aparecen calzados ni restos de vestimenta. La tierra revela una práctica ausencia de objetos personales: apenas un anillo de latón, un botón de nácar, una prótesis ocular.

Las autoridades sevillanas alientan el secuestro a "mendigos reincidentes". La detención de indigentes, de personas sin hogar, de quienes trasiegan en la más absoluta exclusión social. La orden es clara: retirarlos de las calles como labor de "limpieza". Y sus verdugos completan la tarea dejando morir de hambre y enfermedad a 144 personas.

El campo de concentración de Las Arenas está en el cortijo de Las Torres, en término de Guillena, justo donde en plena guerra civil ya funciona otro centro de reclusión para presos políticos. Tras la reconstrucción, el recinto empieza a funcionar el 7 de octubre del 41 bajo la dirección de Baltasar Pons Ramírez de Verger. Ese mes ya hay ocho muertos, que inauguran la fosa común en el antiguo cementerio de La Algaba.

Campo de exterminio

La represión fascista construye por todo el país una red con más de 300 campos de concentración, como certifica la investigación del periodista Carlos Hernández. Son una fábrica de secuestro, humillación y tortura a presos políticos. Y de mano de obra gratuita, de esclavos del franquismo. Es el uso de los vencidos como botín de guerra.

La provincia de Sevilla suma en torno a 20 de estos centros, muchos dependientes del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Desde Los Merinales y La Corchuela (Dos Hermanas) a El Colector en Heliópolis y Los Remedios en la capital... O para trabajos forzados en el cortijo de Gambogaz (Camas), El Puntal (Isla Mayor), Las Turquillas (Osuna), La Azucarera y Casavacas (La Rinconada) o El Arenoso (Los Palacios), entre otros.

España quedó sembrada con centenares de campos de concentración
España quedó sembrada con centenares de campos de concentración.  Juan Miguel Baquero / Aranzadi

La particularidad de Las Arenas recae en la tarea de barrido social a través de la desaparición de una parte significativa de sus reclusos. El Ayuntamiento de Sevilla proyecta un espacio de "reinserción" convertido pronto en "un verdadero campo de exterminio", relata Fernández Luceño en el libro Miseria y represión en Sevilla (1939-1950).

Todos los presos son varones, con edades entre los 17 y 65 años. La mayoría son de Sevilla, con reos del resto de Andalucía o de Badajoz, Barcelona, Huesca, Las Palmas, Madrid, Pontevedra… e incluso de Argelia y Portugal. Están encerrados en un perímetro de 200 metros de alambrada bajo una fuerte custodia militar. Pero no hay soporte médico o sanitario alguno. Y los cautivos sufren insalubridad, hacinamiento, hambre, frío y malaventura.

Unas condiciones inhumanas que evocan a los campos nazis y propician un alto índice de mortandad. La documentación oficial especifica la causa de las defunciones: desde fallo de las vías respiratorias como neumonía, bronquitis crónica o tuberculosis pulmonar a enfermedades infectocontagiosas de carácter epidémico, como tifus exantemático y paludismo.

O muertes por problemas cardiovasculares, del aparato digestivo, renales… o por septicemia, meningitis, atresia y sífilis. El campo de concentración de Las Arenas queda declarado en 1942 como "zona siniestrada" y los presos vivos quedan reubicados en el albergue de la ciudad de Sevilla, como apunta el informe de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

"Matados" de hambre

Los 144 confinados fueron "matados de hambre y miseria", en palabras de Cecilio Gordillo, de Todos (...) los Nombres_. "No los metieron en una cámara de gas, pero si les dejas de dar de comer y los abandonas, se acaban muriendo igual, por eso podemos llamarle campo de exterminio", explica en el documental Pico Reja.

El listado de los muertos en Las Arenas "parte de los trabajos de investigación de María Victoria Fernández Luceño en los expedientes de la prisión de Ranilla y de José María García Márquez en los Registros Civiles", expone. Los nombres fueron remitidos a los pueblos de procedencia de las víctimas. "Y la inmensa mayoría de los Ayuntamientos de donde eran naturales esos presos no han hecho ni una sola gestión ante los responsables directos de que esto siga existiendo", denuncia.

"La mayoría de las muertes fueron debidas a las condiciones en que estaban los presos, hambre y enfermedades, según las notas del Registro Civil", explica. Toda una geografía del terror, apunta, "en ese campo de exterminio promovido por el gobernador civil de Sevilla con el apoyo, imprescindible, del Ayuntamiento de Sevilla".

En la tierra algabeña solo están 59 víctimas, aunque el depósito estaba cuantificado en 144. Por eso continúan en la búsqueda de otra posible fosa común. E intensificarán el rastreo de descendientes, "hasta el momento se han encontrado unos 25 familiares a los que se ha incluido en una base de datos para cuando se puedan realizar las correspondientes pruebas de ADN", informa la Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática.

Encontrar todos los cuerpos es "una parte del camino", apunta Eva de la Bastida. Y la ocultación de los crímenes del franquismo provoca su ignorancia. "En la población hay poco nivel de conocimiento de la fosa y del campo de exterminio, queremos que La Algaba tenga conciencia de su historia", señala. Y subraya la edil: "No perdemos la esperanza". Más en tiempos, dice, "en que el pensamiento fascista está volviendo a rebrotar y puede ser porque enterramos tanto esa parte de la historia creyendo que iba a herir y lo que ha hecho es pudrir".