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Buzón de Voz Blog de Jesús Maraña
¿Y por qué no se inhibe De Rosa?
20 Feb 2009
El ilustrísimo Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, confirmó ayer sus nulas cualidades para ocupar ese alto cargo que entre todos los ciudadanos pagamos. En lugar de defender la independencia del juez que investiga las tramas de corrupción en el PP, De Rosa marcó públicamente a Baltasar Garzón lo que tiene y no tiene que hacer. En cuanto se restablezca de su crisis de ansiedad, Garzón debe levantar el secreto de sumario e inhibirse del caso, porque si no lo hace “podría pasar la línea roja de la prevaricación”.
Según De Rosa, ex consejero de Justicia del gobierno valenciano de Francisco Camps y número dos del Poder Judicial a propuesta (obviamente) del PP, hasta el momento lo único que hay en este proceso son “elucubraciones y juicios paralelos”. Eso le da pie para apuntarse al juicio paralelo, al sostener que su ex jefe Francisco Camps es una persona “absolutamente honrada”. Le importa un rábano si los fiscales consideran que hay que investigar quién paga los trajesdel señor Camps.
Efectivamente, Garzón tiene que inhibirse de esta investigación, como le ha solicitado la fiscalía, puesto que existen indicios contra individuos aforados. Y Fernando de Rosa, por un mínimo decoro y dignidad, debería inhibirse de opinar sobre sumarios que desconoce y sobre el dirigente político que le aupó hasta el alto cargo que hoy ocupa.
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EDITORIAL: 'Els escàndols erosionen el PP'
MÉS INFORMACIÓ
Rajoy, el gran perjudicat pels casos de corrupció
El previsible perjudici infligit al Partit Popular i als seus dirigents pel cas d'espionatge descobert a Madrid i la trama de corrupció investigada pel jutge Baltasar Garzón queda perfectament reflectit en l'enquesta que avui publica EL PERIÓDICO. Llevat de l'alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que sembla bastant immune al cost polític dels escàndols --supera la nota de 5--, els noms de referència --Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Francisco Camps-- en surten molt malparats i les expectatives electorals dels populars es ressenten sense que, pel que fa a la resta, es pugui parlar d'un ascens dels socialistes, amb una intenció de vot del 41%, només dos punts i mig per sobre dels seus adversaris. És a dir, fa més mal al PP la sospita de corrupció i de guerra fratricida que al PSOE la crisi econòmica.
Tot i així, els enquestats suspenen per primera vegada la gestió del president del Govern (4,9) i, en canvi, donen un 5 a Rosa Díez, la líder d'Unió, Progrés i Democràcia, que situa aquest nou partit per sobre de qualsevol altre cap de cartell, millora les seves perspectives electorals i contribueix al retrocés popular. Un descens que danya la popularitat de Rajoy --ocupa el quart lloc entre els líders polítics, per darrere de Duran Lleida-- tant dins com fora del partit.
De tot plegat és fàcil deduir que li ha donat un pèssim resultat al PP el seu propòsit de desviar l'atenció i presentar la situació com a fruit d'una conspiració. En aquest sentit, el sondeig és molt eloqüent: solament el 14% dels enquestats afirmen que els populars són víctimes d'una maniobra de descrèdit. Que l'opinió més estesa sigui que els casos d'espionatge obeeixen a una venjança i que el PP és responsable dels episodis de corrupció hauria de portar el partit a reflexionar, perquè són molt pocs els que pensen que el Govern està darrere de les indagacions de Garzón, com s'entossudeixen a repetir els portaveus populars.
¿Aquest panorama provoca entre els ciutadans més desafecció de la política?
Potser l'única nota positiva de la confusió regnant és que la resposta és no: el 61,3% dels enquestats asseguren que estan interessats per la política, nou punts més que al novembre. Cosa que confirma, de passada, que en situacions d'incertesa com l'actual es registra una politització més gran dels ciutadans, encara que els polítics no estiguin precisament a l'altura de les circumstàncies.
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La derecha en general miente más que habla
Garzón contribuyó decisivamente a la victoria de Aznar, pero entonces era imparcial para el PP y ahora, no
El fondo sur político y mediático del PP se desgañita estos días increpando a Baltasar Garzón por su afinidad con el PSOE, lo que según la alegre muchachada conservadora le impide ser imparcial. Hace un par de días, el ex juez Gómez de Liaño, precisamente condenado por el Tribunal Supremo como consecuencia de haber cometido un delito de prevaricación en el caso Sogecable, sostenía en El Mundo que “Garzón se ha caracterizado por su pasión de fidelidad a las siglas del partido que actualmente gobierna”.
Acostumbrados como estamos, desde hace muchos años, a que la derecha en general mienta más que hable, constatamos de nuevo que la imputación que ahora se le hace a Garzón se basa en la falsedad. La supuesta “fidelidad [de Garzón] a las siglas del partido” no le impidió a este magistrado de la Audiencia Nacional hacer cuanto estuvo en su mano para que Felipe González perdiera las elecciones de marzo de 1996 y, por ende, para que José María Aznar llegara a la Moncloa.
Turba de farsantes
Repite en la actualidad la turba de farsantes populares que Garzón ocupó el puesto número 2 de la candidatura por Madrid del PSOE, el año 1993. Esa lista la encabezaba González. Y eso es exactamente verdad. Pero también es verdad –y lo ocultan- que, habiendo roto unilateralmente su vínculo con González, Garzón volvió a su juzgado en la Audiencia, reabrió el caso GAL, entró en contacto con Pedro J. Ramírez –quien lo denominaba El Príncipe- e instruyó un sumario que fue, en buena parte, la puntilla que necesitaba Aznar para acabar con el líder socialista. En Marbella Ramírez y sus compañeros periodistas y escritores, adscritos al Sindicato del Crimen, que fue fundado en Marbella actuando de anfitrión Jesús Gil y Gil, aquel corrupto alcalde ejemplar, canonizaron a Garzón en vida y lo convirtieron en campeón de la justicia justiciera. Las filtraciones del sumario de los GAL llenaban de alborozo cada dos por tres a Ramírez, a los dirigentes del PP, al líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, instalado en la pinza, y a cuantos ciudadanos soñaban con la caída de González. Los secretos del sumario Los secretos del sumario circulaban por Madrid, a veces impresos en el diario de Ramírez, y a veces transformados en leyendas urbanas.
¿Era imparcial en aquel entonces el juez Garzón?
¿No formaba parte tan polémico magistrado del conglomerado de intereses políticos, objetivamente contrarios a los del PSOE? No sólo formaba parte, sino que su intervención judicial acabó siendo determinante para que la balanza, al final, se inclinara a favor de la derecha, aunque la diferencia de votos entre González y Aznar fuera mínima.
¿Ministro de Justicia?
¿Si González lo hubiera nombrado ministro de Justicia, como él ansiaba, se habría desvelado la trama de los GAL? ¿Habría Aznar sustituido a González? Estas son preguntas de ciencia ficción, porque los hechos fueron lo que fueron y lo demás son especulaciones y punto. Pero lo que queda inequívocamente diáfano es que Garzón, durante algunos años, pasaba por ser un héroe para el PP y, por supuesto, un villano para el PSOE.
Esencial cooperación
Tras la formación del Gobierno Aznar, Garzón continuó ubicado en el flanco judicial cercano a la derecha, muy agradecida por su esencial cooperación en la causa pepera. Transcurridos unos meses, Aznar se quitó la careta centrista y desencadenó un bombardeo por tierra, mar y aire contra el Grupo Prisa. La plana mayor del PP –con Francisco Álvarez Cascos y Miguel Ángel Rodríguez de arietes- intentó por todos los medios el asalto a El País y la SER. Había que amordazar a los medios progresistas y había que construir un holding periodístico orientado hacia posiciones derechistas. Garzón se negó en la práctica a secundar semejante operación, dio media vuelta y rompió con sus nuevas amistades. El asunto Pinochet acentuó más y más la ruptura de Garzón con Aznar.
¿Estaba contaminado?
Como se ve, la biografía de Garzón es bastante más compleja de lo que los papanatas, los hooligans y los cínicos proclaman a raíz de la presunta corrupción que parece cernirse sobre el Partido Popular. Podrá ser tildado de oportunista o, si se prefiere, de despeñado, resentido o vengativo. Pero afirmar que siempre se ha alineado con el PSOE es mentira. Aznar se benefició extraordinariamente del brusco viraje de Garzón, quien era consciente de que reabrir los GAL podría suponer el triunfo de la derecha.
Insisto.
¿Fue imparcial Garzón a la hora de instruir el más importante sumario de su biografía como juez? ¿No estaba contaminado por sus pésimas relaciones con el equipo de Interior? Pedro Jota y compañía lo exaltaban entonces emocionados. Hoy lo consideran un juez prevaricador.
Enric Sopena es director de El Plural
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Crisis de ansiedad por las tramas de corrupción en el PP
ÁNGELES VÁZQUEZ
Trillo anuncia que su partido se querellará contra el magistrado si no abandona el caso Gürtel antes del lunes.
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Garzón, hospitalizado tras sufrir una crisis de ansiedad
El PP da un ultimátum a Garzón: o se inhibe el lunes o le denuncia
El número dos del CGPJ ataca al juez y alaba a Camps
De la Vega: "La estrategia miope del PP le pasará factura"
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Gallardón ahora corta cabezas
MANUEL RICO
El alcalde destituye a un asesor municipal imputado en la ‘operación Gürtel’. Dimite además un director general de la Empresa de Vivienda y Suelo que sólo ha estado tres semanas en su cargo.
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El PSOE rectifica la información sobre un concejal de Gallardón
La conservadora Rosa Posada presidirá la Comisión del espionaje
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Las últimas actuaciones de Garzón apuntan a dos nuevos aforados del PP
González Pons y Bárcenas, en el punto de mira
El magistrado de la Audiencia Nacional sufre una crisis de ansiedad
Garzón, ingresado de urgencia poco después de ser asaltado a preguntas por Intereconomía
Alfredo Dagnino preside la Asociación Católica de Propaganda y es consejero de la COPE
Un abogado que trabajó para el Ayuntamiento de Boadilla comparó al Gobierno con los nazis
Curso de autodefensa para delitos populares
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Garzón recibe el alta y sugiere más imputados en el PP por corrupción
El juez ingresó este viernes en una clínica madrileña por una crisis de ansiedad
El PP se querellará contra Garzón si no se inhibe de la 'Operación Gürtel'
Gallardón echa a un asesor que está imputado en la trama de corrupción
Claves para entender la trama FORO Conspiraciones en el PP
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dissabte, 21 de febrer del 2009
PP Vice. 21/02/2009. El juez Garzón sugiere más aforados en la trama corrupta.
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De Rosa ha estat promocionat per Molt Honorable des del càrrec de Conseller de Justícia al de Vicepresident del CGPJ. I De Rosa es marca un panegíric al seu mentor a la tele del seu mentor sense deixar de disparar al cap de Garzón. La portaveu del CGPJ -òrgan que du en funcions més d'un any i mig pel boicot del PP a la renovació- l'ha desautoritzat. Hom pot recusar De Rosa, número dos del màxim òrgan de jutges i fiscals, per haver donat una opinió fora de temps, context i dret. Dijous es reuniran per decidir-ho.
Una altra cosa. Si resulta que el PP i la premsa dela Caverna critica Garzón per les seves amistats, què podem dir si el cas de corrupció passa al TSJCV, el President del qual, Sr. De la Rua, és amic del Molt Honorable?
I més si recordem el que digué el Tal sobre el tema dels desapareguts del franquisme, actuat per Garzón, i que encara està en vies d'anar als jutjats territorials. El Tal, prèviament a cap procediment o actuació processal, va opinar negativament sobre el procediment de Garzón (.http://www.antifeixistes.org/arxiu/Mema3199.pdf) Quan arribarà al TSJCV, no se'l pot recusar? Ens podem fiar de tota aquesta tropa?
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El juez Garzón sugiere más aforados en la trama corrupta
El magistrado apunta a la implicación de otros cargos públicos antes de inhibirse a favor de otros tribunales
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 21/02/2009
El presidente valenciano, Francisco Camps; el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, pueden no ser los únicos cargos públicos implicados en la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones gobernadas por el PP que han aparecido en la investigación que dirige Baltasar Garzón. El juez ha pedido nuevos informes a la Fiscalía Anticorrupción sobre aforados, cuya identidad no fue anoche revelada debido al secreto del sumario. Alguno de ellos debe responder ante un tercer órgano que no es ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -donde se investigará a los aforados madrileños- ni el de la Comunidad Valenciana, el que correspondería a Camps.
Subida de tensión
El PP da un ultimátum al juez para que se inhiba antes del lunes o se querellará
La Fiscalía Anticorrupción, "descolocada" por la nueva resolución
El juez preguntó al fiscal si podía seguir investigando tras abstenerse
Justo antes de abandonar la Audiencia Nacional para ingresar en un hospital madrileño por una fuerte subida de tensión, el juez redactó una providencia que sugiere la implicación en la causa de nuevos parlamentarios, nacionales o autonómicos, o miembros de gobiernos regionales, cuyos delitos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben ser investigados por el Tribunal Supremo (diputados, senadores y miembros del Gobierno central) o los Tribunales Superiores de cada comunidad (parlamentarios autonómicos y miembros de gobiernos autónomos).
La fiscalía remitió el pasado miércoles al juez un escrito en el que le informaba de que la totalidad de la causa debía pasar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que debe investigar los presuntos delitos de López Viejo, Martín Vasco y Bosch-, salvo una parte desgajable que correspondería al de la Comunidad Valenciana, que instruiría todo lo relacionado con Camps.
Sin embargo, en la providencia de ayer, Garzón anuncia que ha solicitado a Anticorrupción otros dos informes "en relación con las personas aforadas" antes de inhibirse a favor de otros tribunales, lo que indicaría que existen nuevos parlamentarios o gobernantes regionales implicados en la causa.
Alguna de los cargos públicos aforados, según se desprende de la providencia, tendría que responder ante un tercer tribunal, que podría ser el Tribunal Supremo u otro tribunal superior de justicia de un comunidad autónoma -que no es ni el de Madrid ni el de la Comunidad Valenciana-. Lo indica el hecho de que, en su resolución de ayer, el juez reclame "con carácter urgente" al servicio de reprografía de la Audiencia "tres juegos de copias de las actuaciones" sobre la trama corrupta. Dos de ellas irán previsiblemente a los tribunales superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana, respectivamente, para que estos decidan si son competentes para investigar a los aforados de esas comunidades. La tercera debería remitirse a otro tribunal, según fuentes jurídicas.
En las grabaciones que dieron lugar a la Operación Gürtel aparece mencionado Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, cuyas eventuales responsabilidades deberían ser exigidas ante el Tribunal Supremo. El supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, dijo en una de sus conversaciones a su interlocutor: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene". Otro de los posibles aforados que aparecen en las grabaciones es Esteban González Pons, diputado y vicesecretario de comunicación del PP.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron ayer que se habían quedado "sorprendidos" y "descolocados" con la última resolución de Garzón. Esas fuentes aseguraron que uno de los aspectos sobre los que el juez ha solicitado informe es sobre si puede seguir instruyendo una vez que se haya inhibido. El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el instructor que acuerde la inhibición a favor de otro "seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo".
El juez pretendía inhibirse el próximo lunes, según fuentes jurídicas, aunque la resolución podría dilatarse debido a los problemas de salud por los que ayer fue hospitalizado. Una vez tomada su decisión enviará las copias del sumario a los tribunales que competentes para investigar aforados, para que decidan si lo son y respecto a qué personas. Mientras, seguirá investigando.
Subida de tensión
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ingresó sobre las dos y media de la tarde de ayer de urgencia en un hospital madrileño aquejado de un fuerte dolor de pecho. El magistrado abandonó apresuradamente su puesto quejándose de opresión en el pecho y con el rostro visiblemente enrojecido. Los médicos aseguraron que se encontraba fuera de peligro y que su estado no revestía gravedad.
El dolor en el tórax se debía, según esas mismas fuentes, a una fuerte subida de tensión acompañada de un ataque de ansiedad. El juez permaneció toda la tarde en la unidad coronaria del centro sanitario después de que los médicos le suministraran fármacos para rebajarle la hipertensión.
El juez seguirá hospitalizado en observación previsiblemente hasta hoy, cuando el personal sanitario planea hacerle un examen completo para certificar que su estado no es grave, según fuentes de la Audiencia, que añaden que en los próximos días se reincorporará a su juzgado.
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El PP da un ultimátum al juez para que se inhiba antes del lunes
F. GAREA - Madrid - 21/02/2009
El PP dio ayer una nueva vuelta de tuerca en su acoso al juez Baltasar Garzón, por instruir un sumario sobre corrupción en administraciones gobernadas por este partido. Y, además, anunció que la próxima semana redoblará sus esfuerzos contra el magistrado.
Dirigentes del PP se lanzaron ayer contra Garzón, y el portavoz popular de justicia, Federico Trillo, lanzó un ultimátum en nombre de la dirección del partido: o abandona el caso antes del lunes o presentarán una querella contra él por prevaricación ante el Tribunal Supremo.
La tesis oficial del PP es que la investigación forma parte de "una trama contra el partido, urdida y puesta en marcha por el juez Garzón, el ministro de Justicia y el jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración especial del fiscal general del Estado". La investigación, no obstante, ya ha hecho caer a un consejero de la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo), a un alto cargo de esa comunidad (Guillermo Ortega), un alcalde (Arturo González) y un asesor de un concejal de Madrid (Javier Nombela). Todos ellos son del PP.
El propio Rajoy encabezó ayer la oleada de declaraciones de los dirigentes del PP contra el juez. "El sumario se está filtrando todos los días y nadie sabe de qué se le acusa exactamente". El líder el PP considera que, de este modo, Garzón "está generando indefensión a mucha gente, que se ve todos los días en los medios de comunicación y nadie, ni un juez ni un fiscal, les ha dicho nada".
La ofensiva tiene continuidad en el Congreso, donde el PP intenta forzar un Pleno con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y ha pedido la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Esta última fue tramitada en la Mesa del Congreso, pero el PSOE la frenará en la Comisión de Justicia hasta que vaya a presentar la memoria fiscal, o sea, en octubre.
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Zapatero planea relevar a Bermejo en su remodelación del Gobierno
Blog de Juan Cruz: 'Bermejo'
La comisión sobre los espías estrena presidenta pero sigue bloqueada
Quién es quién en la trama
La SER explica así el entramado
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Set anys al jutjat i set dies al TSJCV. No apesta a prevaricació, Sr. De Rosa?
El TSJ resuelve en una semana 7 años del 'caso Mercalicante'
El alto tribunal exculpa al ex alcalde Díaz Alperi del presunto desfalco
SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 21/02/2009
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valencina ha acordado exculpar a Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico del PP, de la causa abierta sobre el desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante. El agujero se descubrió en 2002, con Díaz Alperi al frente del consejo de administración de la entidad.
Luis Díaz Alperi
Juan Montero, magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, dictó el auto de sobreseimiento parcial de Alperi de la causa el jueves, justo una semana después de que el alto tribunal se declarara competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado del ex alcalde.
El magistrado sólo ha necesitado de ese lapso de tiempo (siete días) para pronunciarse sobre un sumario que, según recoge su propio auto, cuenta con "10.866 folios, en las diligencias previas y con seis [no cuatro] cajas de documentación y una maleta".
La celeridad del magistrado del TSJ contrasta, en cambio, con el cansino ritmo de la instrucción de las diligencias que dirigió la titular del juzgado número de 1 de Alicante, Cristina Costa. La juez instruyó el sumario desde septiembre de 2002, cuando se arrestó al principal acusado, el ex gerente de Mercalicante, José Emilio Clavero, hasta noviembre de 2008, cuando remitió la causa al TSJ por el aforamiento de Alperi.
La juez y el fiscal, el titular de Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, coincidieron en imputar a Alperi por los delitos societarios y de malversación de caudales. El TSJ, por el contrario, no haya "indicios" de esos delitos en la actuación del ex alcalde.En al auto de sobreseimiento de Díaz Alperi del desfalco de Mercalicante, el magistrado Montero, aparte de señalar los argumentos jurídicos de la exculpación, analiza el proceso de la instrucción para concluir que se ha "producido una dilación indebida", que imputa a la juez y las acusaciones, especialmente al fiscal anticorrupción.
El magistrado descarta el delito de malversación de fondos "porque no hay una verdadera imputación". Y respecto al delito societario, Montero señala que "Díaz Alperi sólo podrá ser cooperador necesario si actúa también dolosamente, no si actuaba imprudentemente". Para el magistrado, esa condición de dolo no se produjo: "No existe ni siquiera un elemento desde el que poder llegar a la conclusión de que todos los integrantes de la comisión ejecutiva (pero ninguno del consejo de administración) estaban conjurados para poder realizar conjunta y dolosamente actos que puedan incluirse en la noción de cooperación necesaria en el delito societario", recoge el auto.
El razonamiento de Montero contrasta con la exposición razonada del auto de la juez mediante el que trasladó el caso al TSJ. En ese escrito la magistrada señalaba que Alperi estaba al tanto del uso indebido de fondos (préstamos por 1,2 millones de euros) de la empresa. "Ese destino de los fondos para fines distintos de los de Mercalicante, y amparados en la supuesta necesidad de obtener los préstamos para financiar las obras y demás proyectos expansivos, no pudieron ser desconocidos por quienes autorizaron la suscripción, ya fuera por el actual aforado o el vicepresidente segundo [el edil del PP Juan Zaragoza] que estampó su firma en los préstamos y que derivaron en pérdidas".
Mientras, el fiscal Felipe Briones, en su informe de competencia, aseguraba que la comisión ejecutiva de Mercalicante, también presidida por Alperi, "se convirtió en el instrumento que generó gran parte de las irregularidades y propició un ambiente de descontrol". Para Briones, la comisión acabó convirtiéndose en una "administración paralela que realizó una actuación opaca frente al consejo".
El magistrado aprovecha la primera parte del apartado de razonamientos jurídicos para analizar el desarrollo de las diligencias en el juzgado. Montero concluye que durante ese proceso se ha vulnerado el derecho de los imputados a "proceso sin dilaciones indebidas". "La vulneración aumentaría, sin duda y además de modo inútil, si se actuara como se pretende por las acusaciones populares y, especialmente por el ministerio fiscal, para los cuales estamos todavía ante una instrucción inacabada que necesita ser completada", expone Montero. El magistrado apela la coherencia de las partes y suelta un nuevo aldabonazo a Briones: "La instrucción ha estado paralizada, sin realizar acto alguno de investigación durante meses, bien porque el titular del juzgado no las ha acordado, bien porque las partes acusadoras, incluido el fiscal, no las ha pedido. Especialmente el fiscal, que ha permanecido durante meses y meses inactivo".
La Fiscalía de Alicante rechazó responder al auto. "Lo estudiaremos, antes de decidir si lo recurrimos", dijo lacónicamente Juan Carlos López Coig, teniente fiscal.
Quienes sí se han pronunciado ya sobre el auto han sido las acusaciones populares que ejercen el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante y José Luis Valdés, dirigente del movimiento vecinal que presentó la primera denuncia en los juzgados tras conocerse el desfalco. Ambas partes han anunciado que recurrirán la exculpación de Alperi.
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El TSJ archiva la querella contra Díaz Alperi por Mercalicante
El PSPV recurrirá y critica que 30.000 folios se resuelvan en unos días
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Garzón se recupera en el hospital tras sufrir una crisis de ansiedad
Poco antes de que el juez Garzón tuviera que ser ingresado, ha dictado una resolución en torno al 'caso Gürtel'. -Anuncia que se inhibirá del caso de forma inminente
Aguirre: "No debe estar muy mal porque ya ha hablado por la SER"
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Gallardón destituye a un asesor que controlaba las cuentas de la empresa que hizo el "stand" de Fitur
Garzón investiga a Javier Nombela por la trama de facturas falsas de Easy Concept y otras sociedades. El juez se inhibirá en breve y no se descarta que la causa pueda implicar a parlamentarios nacionales
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Garzón, ingresado en el hospital por ansiedad
El Consell tiene 206.000 euros pendientes de pagar a Orange Market por la fiesta de la Volvo
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El bufete de Michavila asesoró en el PAI del golf de Xilxes en el que participa Ulibarri
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El Poder Judicial desautoriza a De Rosa por decir que Garzón prevaricaría si no se inhibe
R. Laguna/E. Press, Valencia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desautorizó ayer a su vicepresidente, Fernando de Rosa, tras declarar en un programa de Canal 9 que el juez Baltasar Garzón podría haber incurrido en prevaricación tras revelarse el nombre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como posible imputado en la Operación Gürtel que investiga la Audiencia Nacional. El vicepresidente del Consejo y ex conseller de Justicia en el Gobierno Valenciano explicó que el juez Garzón debería inhibirse en el Tribunal Superior de Justicia si está investigando a una persona aforada, ya que no es de su competencia. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, convocó ayer tarde a los medios para manifestar en representación del Poder Judicial que "las declaraciones del vicepresidente Fernando de Rosa han sido realizadas a título particular y no representan la opinión del Consejo". Bravo no quiso entrar en el contenido de las declaraciones realizadas ayer por la mañana en el programa La Tertulia, de Canal 9. Preguntado por si el CGPJ puede intervenir para solucionar esta situación, De Rosa subrayó que en el ámbito jurídico, el juez es "independiente y tiene el apoyo de la Constitución para instruir", aunque "una vez sepamos el trabajo realizado por el juez, veremos si hay errores y hay mecanismos sancionadores". Ante una posible actuación del Consejo apuntada por De Rosa, la portavoz insistió en que la finalidad de su comparecencia "es aclarar que es el vicepresidente quien habla y no el Consejo". Durante la entrevista, Fernando de Rosa aseguró que, si en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón dentro de la Operación Gürtel existe alguna persona aforada y el magistrado no se inhibe a favor de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes, "podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación".
Críticas y valoración
Preguntada sobre si cabría una reprobación a Fernando de Rosa o a los representantes de las instituciones del PP que están emitiendo críticas a la labor de Garzón, la portavoz reiteró que "se adoptará una valoración por los órganos del Consejo. Y añadió que, "respecto a si ésta u otras declaraciones pueden alterar la independencia de Garzón, se adoptará una decisión".
Ante estas palabras, Gabriela Bravo indicó que "el CGPJ, como órgano institucional, va a velar siempre por la independencia de los jueces". En este sentido, realizó "un llamamiento genérico a todos para que se respete siempre".En Canal 9, De Rosa explicó que "al presidente de la Generalitat solamente lo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana".
Hay que recordar que fue precisamente el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien nombró conseller de Justicia y Administraciones Públicas a Fernando de Rosa y, anteriormente, secretario autonómico en la misma conselleria.
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Facturas falsas, trajes y un presidente
Barberá: «Quieren matar políticamente a Camps»
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De Rosa ha estat promocionat per Molt Honorable des del càrrec de Conseller de Justícia al de Vicepresident del CGPJ. I De Rosa es marca un panegíric al seu mentor a la tele del seu mentor sense deixar de disparar al cap de Garzón. La portaveu del CGPJ -òrgan que du en funcions més d'un any i mig pel boicot del PP a la renovació- l'ha desautoritzat. Hom pot recusar De Rosa, número dos del màxim òrgan de jutges i fiscals, per haver donat una opinió fora de temps, context i dret. Dijous es reuniran per decidir-ho.
Una altra cosa. Si resulta que el PP i la premsa dela Caverna critica Garzón per les seves amistats, què podem dir si el cas de corrupció passa al TSJCV, el President del qual, Sr. De la Rua, és amic del Molt Honorable?
I més si recordem el que digué el Tal sobre el tema dels desapareguts del franquisme, actuat per Garzón, i que encara està en vies d'anar als jutjats territorials. El Tal, prèviament a cap procediment o actuació processal, va opinar negativament sobre el procediment de Garzón (.http://www.antifeixistes.org/arxiu/Mema3199.pdf) Quan arribarà al TSJCV, no se'l pot recusar? Ens podem fiar de tota aquesta tropa?
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El juez Garzón sugiere más aforados en la trama corrupta
El magistrado apunta a la implicación de otros cargos públicos antes de inhibirse a favor de otros tribunales
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 21/02/2009
El presidente valenciano, Francisco Camps; el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, pueden no ser los únicos cargos públicos implicados en la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones gobernadas por el PP que han aparecido en la investigación que dirige Baltasar Garzón. El juez ha pedido nuevos informes a la Fiscalía Anticorrupción sobre aforados, cuya identidad no fue anoche revelada debido al secreto del sumario. Alguno de ellos debe responder ante un tercer órgano que no es ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -donde se investigará a los aforados madrileños- ni el de la Comunidad Valenciana, el que correspondería a Camps.
Subida de tensión
El PP da un ultimátum al juez para que se inhiba antes del lunes o se querellará
La Fiscalía Anticorrupción, "descolocada" por la nueva resolución
El juez preguntó al fiscal si podía seguir investigando tras abstenerse
Justo antes de abandonar la Audiencia Nacional para ingresar en un hospital madrileño por una fuerte subida de tensión, el juez redactó una providencia que sugiere la implicación en la causa de nuevos parlamentarios, nacionales o autonómicos, o miembros de gobiernos regionales, cuyos delitos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben ser investigados por el Tribunal Supremo (diputados, senadores y miembros del Gobierno central) o los Tribunales Superiores de cada comunidad (parlamentarios autonómicos y miembros de gobiernos autónomos).
La fiscalía remitió el pasado miércoles al juez un escrito en el que le informaba de que la totalidad de la causa debía pasar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que debe investigar los presuntos delitos de López Viejo, Martín Vasco y Bosch-, salvo una parte desgajable que correspondería al de la Comunidad Valenciana, que instruiría todo lo relacionado con Camps.
Sin embargo, en la providencia de ayer, Garzón anuncia que ha solicitado a Anticorrupción otros dos informes "en relación con las personas aforadas" antes de inhibirse a favor de otros tribunales, lo que indicaría que existen nuevos parlamentarios o gobernantes regionales implicados en la causa.
Alguna de los cargos públicos aforados, según se desprende de la providencia, tendría que responder ante un tercer tribunal, que podría ser el Tribunal Supremo u otro tribunal superior de justicia de un comunidad autónoma -que no es ni el de Madrid ni el de la Comunidad Valenciana-. Lo indica el hecho de que, en su resolución de ayer, el juez reclame "con carácter urgente" al servicio de reprografía de la Audiencia "tres juegos de copias de las actuaciones" sobre la trama corrupta. Dos de ellas irán previsiblemente a los tribunales superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana, respectivamente, para que estos decidan si son competentes para investigar a los aforados de esas comunidades. La tercera debería remitirse a otro tribunal, según fuentes jurídicas.
En las grabaciones que dieron lugar a la Operación Gürtel aparece mencionado Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, cuyas eventuales responsabilidades deberían ser exigidas ante el Tribunal Supremo. El supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, dijo en una de sus conversaciones a su interlocutor: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene". Otro de los posibles aforados que aparecen en las grabaciones es Esteban González Pons, diputado y vicesecretario de comunicación del PP.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron ayer que se habían quedado "sorprendidos" y "descolocados" con la última resolución de Garzón. Esas fuentes aseguraron que uno de los aspectos sobre los que el juez ha solicitado informe es sobre si puede seguir instruyendo una vez que se haya inhibido. El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el instructor que acuerde la inhibición a favor de otro "seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo".
El juez pretendía inhibirse el próximo lunes, según fuentes jurídicas, aunque la resolución podría dilatarse debido a los problemas de salud por los que ayer fue hospitalizado. Una vez tomada su decisión enviará las copias del sumario a los tribunales que competentes para investigar aforados, para que decidan si lo son y respecto a qué personas. Mientras, seguirá investigando.
Subida de tensión
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ingresó sobre las dos y media de la tarde de ayer de urgencia en un hospital madrileño aquejado de un fuerte dolor de pecho. El magistrado abandonó apresuradamente su puesto quejándose de opresión en el pecho y con el rostro visiblemente enrojecido. Los médicos aseguraron que se encontraba fuera de peligro y que su estado no revestía gravedad.
El dolor en el tórax se debía, según esas mismas fuentes, a una fuerte subida de tensión acompañada de un ataque de ansiedad. El juez permaneció toda la tarde en la unidad coronaria del centro sanitario después de que los médicos le suministraran fármacos para rebajarle la hipertensión.
El juez seguirá hospitalizado en observación previsiblemente hasta hoy, cuando el personal sanitario planea hacerle un examen completo para certificar que su estado no es grave, según fuentes de la Audiencia, que añaden que en los próximos días se reincorporará a su juzgado.
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El PP da un ultimátum al juez para que se inhiba antes del lunes
F. GAREA - Madrid - 21/02/2009
El PP dio ayer una nueva vuelta de tuerca en su acoso al juez Baltasar Garzón, por instruir un sumario sobre corrupción en administraciones gobernadas por este partido. Y, además, anunció que la próxima semana redoblará sus esfuerzos contra el magistrado.
Dirigentes del PP se lanzaron ayer contra Garzón, y el portavoz popular de justicia, Federico Trillo, lanzó un ultimátum en nombre de la dirección del partido: o abandona el caso antes del lunes o presentarán una querella contra él por prevaricación ante el Tribunal Supremo.
La tesis oficial del PP es que la investigación forma parte de "una trama contra el partido, urdida y puesta en marcha por el juez Garzón, el ministro de Justicia y el jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración especial del fiscal general del Estado". La investigación, no obstante, ya ha hecho caer a un consejero de la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo), a un alto cargo de esa comunidad (Guillermo Ortega), un alcalde (Arturo González) y un asesor de un concejal de Madrid (Javier Nombela). Todos ellos son del PP.
El propio Rajoy encabezó ayer la oleada de declaraciones de los dirigentes del PP contra el juez. "El sumario se está filtrando todos los días y nadie sabe de qué se le acusa exactamente". El líder el PP considera que, de este modo, Garzón "está generando indefensión a mucha gente, que se ve todos los días en los medios de comunicación y nadie, ni un juez ni un fiscal, les ha dicho nada".
La ofensiva tiene continuidad en el Congreso, donde el PP intenta forzar un Pleno con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y ha pedido la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Esta última fue tramitada en la Mesa del Congreso, pero el PSOE la frenará en la Comisión de Justicia hasta que vaya a presentar la memoria fiscal, o sea, en octubre.
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Set anys al jutjat i set dies al TSJCV. No apesta a prevaricació, Sr. De Rosa?
El TSJ resuelve en una semana 7 años del 'caso Mercalicante'
El alto tribunal exculpa al ex alcalde Díaz Alperi del presunto desfalco
SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 21/02/2009
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valencina ha acordado exculpar a Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico del PP, de la causa abierta sobre el desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante. El agujero se descubrió en 2002, con Díaz Alperi al frente del consejo de administración de la entidad.
Luis Díaz Alperi
Juan Montero, magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, dictó el auto de sobreseimiento parcial de Alperi de la causa el jueves, justo una semana después de que el alto tribunal se declarara competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado del ex alcalde.
El magistrado sólo ha necesitado de ese lapso de tiempo (siete días) para pronunciarse sobre un sumario que, según recoge su propio auto, cuenta con "10.866 folios, en las diligencias previas y con seis [no cuatro] cajas de documentación y una maleta".
La celeridad del magistrado del TSJ contrasta, en cambio, con el cansino ritmo de la instrucción de las diligencias que dirigió la titular del juzgado número de 1 de Alicante, Cristina Costa. La juez instruyó el sumario desde septiembre de 2002, cuando se arrestó al principal acusado, el ex gerente de Mercalicante, José Emilio Clavero, hasta noviembre de 2008, cuando remitió la causa al TSJ por el aforamiento de Alperi.
La juez y el fiscal, el titular de Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, coincidieron en imputar a Alperi por los delitos societarios y de malversación de caudales. El TSJ, por el contrario, no haya "indicios" de esos delitos en la actuación del ex alcalde.En al auto de sobreseimiento de Díaz Alperi del desfalco de Mercalicante, el magistrado Montero, aparte de señalar los argumentos jurídicos de la exculpación, analiza el proceso de la instrucción para concluir que se ha "producido una dilación indebida", que imputa a la juez y las acusaciones, especialmente al fiscal anticorrupción.
El magistrado descarta el delito de malversación de fondos "porque no hay una verdadera imputación". Y respecto al delito societario, Montero señala que "Díaz Alperi sólo podrá ser cooperador necesario si actúa también dolosamente, no si actuaba imprudentemente". Para el magistrado, esa condición de dolo no se produjo: "No existe ni siquiera un elemento desde el que poder llegar a la conclusión de que todos los integrantes de la comisión ejecutiva (pero ninguno del consejo de administración) estaban conjurados para poder realizar conjunta y dolosamente actos que puedan incluirse en la noción de cooperación necesaria en el delito societario", recoge el auto.
El razonamiento de Montero contrasta con la exposición razonada del auto de la juez mediante el que trasladó el caso al TSJ. En ese escrito la magistrada señalaba que Alperi estaba al tanto del uso indebido de fondos (préstamos por 1,2 millones de euros) de la empresa. "Ese destino de los fondos para fines distintos de los de Mercalicante, y amparados en la supuesta necesidad de obtener los préstamos para financiar las obras y demás proyectos expansivos, no pudieron ser desconocidos por quienes autorizaron la suscripción, ya fuera por el actual aforado o el vicepresidente segundo [el edil del PP Juan Zaragoza] que estampó su firma en los préstamos y que derivaron en pérdidas".
Mientras, el fiscal Felipe Briones, en su informe de competencia, aseguraba que la comisión ejecutiva de Mercalicante, también presidida por Alperi, "se convirtió en el instrumento que generó gran parte de las irregularidades y propició un ambiente de descontrol". Para Briones, la comisión acabó convirtiéndose en una "administración paralela que realizó una actuación opaca frente al consejo".
El magistrado aprovecha la primera parte del apartado de razonamientos jurídicos para analizar el desarrollo de las diligencias en el juzgado. Montero concluye que durante ese proceso se ha vulnerado el derecho de los imputados a "proceso sin dilaciones indebidas". "La vulneración aumentaría, sin duda y además de modo inútil, si se actuara como se pretende por las acusaciones populares y, especialmente por el ministerio fiscal, para los cuales estamos todavía ante una instrucción inacabada que necesita ser completada", expone Montero. El magistrado apela la coherencia de las partes y suelta un nuevo aldabonazo a Briones: "La instrucción ha estado paralizada, sin realizar acto alguno de investigación durante meses, bien porque el titular del juzgado no las ha acordado, bien porque las partes acusadoras, incluido el fiscal, no las ha pedido. Especialmente el fiscal, que ha permanecido durante meses y meses inactivo".
La Fiscalía de Alicante rechazó responder al auto. "Lo estudiaremos, antes de decidir si lo recurrimos", dijo lacónicamente Juan Carlos López Coig, teniente fiscal.
Quienes sí se han pronunciado ya sobre el auto han sido las acusaciones populares que ejercen el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante y José Luis Valdés, dirigente del movimiento vecinal que presentó la primera denuncia en los juzgados tras conocerse el desfalco. Ambas partes han anunciado que recurrirán la exculpación de Alperi.
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El Poder Judicial desautoriza a De Rosa por decir que Garzón prevaricaría si no se inhibe
R. Laguna/E. Press, Valencia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desautorizó ayer a su vicepresidente, Fernando de Rosa, tras declarar en un programa de Canal 9 que el juez Baltasar Garzón podría haber incurrido en prevaricación tras revelarse el nombre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como posible imputado en la Operación Gürtel que investiga la Audiencia Nacional. El vicepresidente del Consejo y ex conseller de Justicia en el Gobierno Valenciano explicó que el juez Garzón debería inhibirse en el Tribunal Superior de Justicia si está investigando a una persona aforada, ya que no es de su competencia. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, convocó ayer tarde a los medios para manifestar en representación del Poder Judicial que "las declaraciones del vicepresidente Fernando de Rosa han sido realizadas a título particular y no representan la opinión del Consejo". Bravo no quiso entrar en el contenido de las declaraciones realizadas ayer por la mañana en el programa La Tertulia, de Canal 9. Preguntado por si el CGPJ puede intervenir para solucionar esta situación, De Rosa subrayó que en el ámbito jurídico, el juez es "independiente y tiene el apoyo de la Constitución para instruir", aunque "una vez sepamos el trabajo realizado por el juez, veremos si hay errores y hay mecanismos sancionadores". Ante una posible actuación del Consejo apuntada por De Rosa, la portavoz insistió en que la finalidad de su comparecencia "es aclarar que es el vicepresidente quien habla y no el Consejo". Durante la entrevista, Fernando de Rosa aseguró que, si en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón dentro de la Operación Gürtel existe alguna persona aforada y el magistrado no se inhibe a favor de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes, "podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación".
Críticas y valoración
Preguntada sobre si cabría una reprobación a Fernando de Rosa o a los representantes de las instituciones del PP que están emitiendo críticas a la labor de Garzón, la portavoz reiteró que "se adoptará una valoración por los órganos del Consejo. Y añadió que, "respecto a si ésta u otras declaraciones pueden alterar la independencia de Garzón, se adoptará una decisión".
Ante estas palabras, Gabriela Bravo indicó que "el CGPJ, como órgano institucional, va a velar siempre por la independencia de los jueces". En este sentido, realizó "un llamamiento genérico a todos para que se respete siempre".En Canal 9, De Rosa explicó que "al presidente de la Generalitat solamente lo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana".
Hay que recordar que fue precisamente el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien nombró conseller de Justicia y Administraciones Públicas a Fernando de Rosa y, anteriormente, secretario autonómico en la misma conselleria.
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Facturas falsas, trajes y un presidente
Barberá: «Quieren matar políticamente a Camps»
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divendres, 20 de febrer del 2009
PP Vice (3). 20/02/2009. Garzón pone en marcha su inhibición y encarga tres copias del sumario.
Dos imágenes del mismo momento, cuando Francisco Camps era aplaudido por la junta regional del PP, excepto por José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante. La primera imagen incluye a Ripoll, pero la fotografía publicada en la página web del PP de Valencia, está recortada- (Gentileza del DIARIO LEVANTE) _
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La fiscalía Anticorrupción envía las actuaciones a los tribunales superiores de Valencia y Madrid, ante la presencia de aforados.- Se desconoce el destino de la tercera copia, que podría incluir a más implicados
ELPAÍS.com - Madrid - 20/02/2009
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha iniciado el proceso que derivará en su inhibición de la causa abierta por la operación Gürtel y que investiga una red de corrupción que ha salpicado ya a varios cargos del Partido Popular (PP). El magistrado ha solicitado en providencia y "con carácter urgente" que se efectúen tres copias de las actuaciones "para resolver lo oportuno sobre la inhibición". Garzón, antes de ingresar en una clínica de Madrid por una subida de tensión, ha levantado parcialmente el secreto de sumario para la notificación de la providencia.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado en un escrito enviado al juez esta semana que traspasase la "totalidad" de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a la presencia de aforados en la investigación, salvo en los casos en que esos imputados guardasen relación con el Gobierno o Parlamento valenciano en cuyo caso será el tribunal superior de esta Comunidad Autónoma el encargado de juzgar. Por tanto de la providencia firmada hoy por Garzón se deduce que una de las copias del sumario irá para Madrid, la otra a Valencia, pero se desconoce el destino de la tercera.
El escrito de la Fiscalía implicó al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que según la declaración al juez de una imputada habría recibido 30.000 euros en trajes. Además, tres diputados madrileños del PP están imputados en la trama: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
Son aforados, en esta causa, los diputados regionales o cargos autonómicos de Madrid y Valencia implicados en la investigación. Por tanto, la tercera copia del sumario no cierra la puerta a que haya indicios de delito que vinculen a otros aforados con la causa. Con carácter general, son aforados, además de los anteriormente citados, senadores, diputados nacionales y cargos de Gobierno.
No obstante, el juez Garzón ha proseguido con los interrogatorios durante esta semana. De hecho podría seguir haciéndolo tras inhibirse debido a que el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así se lo permite mientras los tribunales superiores se hagan con la competencia de la causa.
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Audio: 'La Ventana' habla del percance sufrido por Garzón
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¿Quién es el dirigente de la junta regional del PP que mantiene las manos cruzadas? La foto está cortada en la WEB del PP
La imagen está publicada en el diario Levante y en la página WEB del PP de Valencia. Allí, mientras todos aclaman a Francisco Camps, la foto muestra a un dirigente de manos cruzadas.
CadenaSER.com 20-02-2009
Francisco Camps reunió a la junta regional del PP para cosechar apoyos tras la publicación hecha por EL PAIS. La junta regional lo aplaudió de pie, excepto José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante
Dos imágenes del mismo momento, cuando Francisco Camps era aplaudido por la junta regional del PP, excepto por José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante. La primera imagen incluye a Ripoll, pero la fotografía publicada en la página web del PP de Valencia, está recortada- (Gentileza del DIARIO LEVANTE)
CadenaSER.com 20-02-2009
Francisco Camps reunió a la junta regional del PP para cosechar apoyos tras la publicación hecha por EL PAIS. La junta regional lo aplaudió de pie, excepto José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante
Dos imágenes del mismo momento, cuando Francisco Camps era aplaudido por la junta regional del PP, excepto por José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante. La primera imagen incluye a Ripoll, pero la fotografía publicada en la página web del PP de Valencia, está recortada- (Gentileza del DIARIO LEVANTE)
AUDIOS: Miguel Ángel Aguilar: Telegrama a Francisco Camps
Quién es quién en los escándalos de corrupción que afectan al PP
El gobierno de Camps adjudicó contratos a una empresa vinculada a Cascos
La fotografía ha sido publicada por el diario Levante en su página 8. Allí puede verse a Francisco Camps sonriendo mientras la junta regional del PP lo aplaude. Todos lo hacen, excepto uno: José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante.
Tras la publicación de una noticia en el diario El País, que aseguraba que la Fiscalía estudiaba la posible imputación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps habló ante los periodistas, en las Corts y ante la junta regional del PP.
En el encuentro con sus compañeros de partido, Camps recibió el apoyo y afecto de todos, y sus palabras fueron fervorosamenteaplaudidas.
El diario Levante ha publicado la fotografía completa cedida por el Partido Popular. La misma imagen ha sido publicada en la página WEB del PP de Valencia, pero en esta se recorta la imagen en la que José Joaquín Ripoll está de manos cruzadas. En el PP, la portada de Internet muestra la imagen modificada.
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El juez investiga si el asesor destituido falseó las cuentas de Correa en las empresas de la trama
La otra destitución que el ayuntamiento desvincula de la "trama"
Entre otras acciones, defendió la venta de suelo municipal al constructor José Luis Ulibarri y pactó las condiciones de un contrato con Easy Concept, empresa vinculada a Correa
CADENA SER 20-02-2009
CADENA SER 20-02-2009
Juan Siguero, elegido nuevo alcalde de Boadilla, apoyó las adjudicaciones municipales de algunos empresarios imputados en la Audiencia Nacional. Por ejemplo, defendió la venta de suelo municipal al constructor José Luis Ulibarri, o pactó las condiciones con las que Easy Concept, empresa vinculada a Correa, se quedó con el contrato de gestión de la oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla.
AUDIOS: 'Quién es quién' en los escándalos de corrupción que afectan al PP
Garzón investiga si el asesor destituido por Gallardón ayudó a Correa a falsear sus cuentas
Si algo se puede afirmar es que el actual alcalde de Boadilla no es, ni mucho menos, ajeno a la gestión de Arturo González, ya ex alcalde e imputado en la trama de la Operación Correa.
Juán Siguero ha sido durante los últimos cuatro años concejal delegado de hacienda, patrimonio y economía. En concreto desde Marzo de 2005. Desde entonces ha tenido que autorizar con su firma algunas de las principales adjudicaciones de suelo público que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional.
Por referirnos sólo a las principales: en Octubre de 2005 el pleno del ayuntamiento de Boadilla adjudica por 35 millones de euros una parcela a la empresa de José Luis Ulibarri, el principal constructor implicado en la trama imputado por el juez Garzón. En el acta de sesiones de ese pleno consta una intervención del hoy alcalde calificando el pliego de condiciones de la adjudicación como "intachable". Según se lee textualmente en su intervención recogida en aquel pleno de octubre de 2005, Siguero aseguró; "- El informe técnico se ha hecho siguiendo paso a paso lo recogido en el pliego de condiciones, aprobado por este pleno" y, "en su opinión, está realizado impecablemente". No podía ser menos. El mismo había dado su visto bueno a las condiciones de esa venta como concejal de patrimonio. Hoy, esta adjudicación, está en el punto de mira de la investigación.
También adjudicó suelo público a las compañías de otros nombres que los investigadores tienen subrayados por su importancia: entre ellos el ex vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín. O pactó las condiciones con las que se dio la contrata de la oficina de atención al ciudadano de Boadilla a Easy Concept, otra de las empresas de la trama vinculada a Francisco Correa.
El perfil de Juan Siguero es muy similar al del que se ha ido por su imputación en la trama, Arturo González Panero, por cierto su íntimo amigo desde la época de Nuevas Generaciones. Con cuarenta años su curriculum cabría en pocas líneas porque sólo se le conocen dos ocupaciones relevantes: concejal de ayuntamiento desde el año 93 y ahora alcalde.
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Garzón, hospitalizado en Madrid tras sufrir una crisis de ansiedad
El magistrado abandonó la Audiencia Nacional a las 14.40 horas al sentirse indispuesto, con un fuerte dolor en el pecho y tras sufrir un altercado con un medio de comunicación. Está fuera de peligro.
El PP le da un ultimátum: o se inhibe el lunes o le denuncia
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De la Vega cree que los conservadores intentan "atacar a todos para salvar a unos pocos" en referencia a la trama de corrupción.
El PSOE rectifica la información sobre los familiares de un concejal de Gallardón
Ha enviado una nota a los medios de comunicación reconociendo que el suegro de Sigfrido Herráez no formaba parte de Uicesa cuando el Ayuntamiento concedió a la empresa varias promociones.
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...Y cesa al asesor del PP en la Junta de Moncloa
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N.T.
Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte forzado a dimitir por su presunta vinculación con la trama corrupta investigada por el juez Baltasar Garzón, ha contratado en varias ocasiones al despacho EIUS Abogados en el que trabaja el ex ministro de Justicia José María Michavila. Además, el director de este bufete, Alberto Dorrego – que fue subordinado de Michavila en el Ministerio-, tendría negocios con otro de los imputados: nada más ni nada menos que con José Luis Ulibarri, el polémico empresario supuestamente beneficiado por González Panero y por la Generalitat valenciana. Visto lo visto, en este PP todo queda en familia.
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37 políticos y empresarios, imputados por Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP
Una de la imputadas dice haber pagado una factura de 30.000 euros en trajes para Camps
Tal como cuenta El Periódico, hace un par de semanas el sindicato Manos Limpias entregó a Anticorrupción un listado de “amigos” de González Panero que podrían estar “implicados” en sus negocios. En la lista figuraría el ex ministro, que ha negado tener vínculos empresariales con el ex regidor. EIUS y Boadilla Lo cierto es que, a la espera de que se confirme si Michavila ha tenido o no negocios con González Panero, este rotativo ha confirmado que su despacho sí que tiene relación con el: los letrados Alfredo Dagnino –también presidente de la Asociación Católica de Propagandistas que ha comparado al Gobierno socialista con los nazis- y el mencionado Dorrego han representado a ese Ayuntamiento en varias ocasiones. El currículum de Dorrego Dorrego fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia a las órdenes del entonces ministro Michavila, que llegó a concederle la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. En 2004, cuando el PP perdió las generales, decidió fundar un bufete y contratar al que fuera su jefe.
“Práctica frecuentísima”
El director de EIUS ha aclarado que para Panero sólo han llevado casos de orden contencioso administrativo, y ha restado importancia al hecho de que el ayuntamiento de Boadilla tuviese un letrado en nómina señalando que un solo abogado era poco para enfrentarse al trabajo “ingente” que podía salir de un consistorio. “Ciertos pelitos de singular complejidad se encomiendan a abogados en ejercicios. Es una práctica frecuentísima”, ha indicado. Todo queda en familia Dorrego también ha contado que el suyo no es el único despacho que ha colaborado con el ex alcalde: también otros como Galán y Asociados se habrían beneficiado de contratos del consistorio. Precisamente, Gustavo Galán, defiende a Felisa Isabel Jordán, otra de las imputadas en la Operación Gürtel.
¡Y Ulibarri también!
Y como la presunta trama de corrupción no deja de deslumbrarnos con casualidades, curiosamente, el director de EIUS compagina este cargo con una secretaría de Mediamed Comunicación, empresa de José Luis Ulibarri que obtuvo 13 sospechosas licencias de TDT de la Generalitat valenciana. Además, Dorrego es secretario en Cabanyal 2010 –empresa pública valenciana- y vicesecretario de Comunitat Valenciana d’Inversions.
Dorrego, pluriempleado
¿Cómo puede con tanto trabajo? Dorrego explica sus labores restando importancia a sus cometidos. “Levanto las actas de los consejos y las llevo al registro mercantil”. De paso, habría que mencionar que su presencia en instituciones valencianas la rentabiliza EIUS. Por ejemplo, Cabanyal 2010 ha contratado este despacho para que elabore informes de “temas menores”.
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PP Vice (2). 20/02/2009. El presidente valenciano confunde en su defensa la democracia española con la Alemania nazi.
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Camps, avalado por Fabra, cofundador de la Polvera y núcleo duro del Clan de Becerril
El presidente valenciano confunde en su defensa la democracia española con la Alemania nazi
Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, no tuvo ayer escrúpulo alguno -a la hora de defenderse de una acción judicial que, evidentemente, le perjudica- en proyectar la sombra de la sospecha sobre la democracia española. Este petimetre de la política, que llegó a presidente de la Comunidad Valenciana con el aval de Carlos Fabra –¡dime con quién vas y te diré quién eres!-, confundió deliberadamente su legítima defensa con un alegato contra el Estado de Derecho.
Estuvo durante su intervención ante los medios de comunicación pertrechado por todos los consejeros de su Gobierno y por la ínclita alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Fue luego al Parlamento autonómico y los diputados populares, puestos en pie, lo ovacionaron como si fuera un héroe. Entre sus consejeros –o consellers- figura el de Gobernación, Serafín Castellano, que ha repartido, a lo largo de una década, jugosos contratos a sus amigos y allegados, y que también figura en la lista del juez Garzón. Por lo visto, en la Valencia de Camps el nepotismo no sólo no se erradica, sino que se favorece. Y es que la familia que roba [presuntamente, claro] unida permanece unida.
Discurso tremendista
Pues bien, el presidente valenciano leyó un discurso tremendista que parecía el de los cristianos en las catacumbas, poco antes de ser enviados a los leones, o la de los judíos en la Alemania nazi, a punto de ser trasportados a las cámaras de gas. “Hoy recuerdo a todos mis compañeros perseguidos, acosados y con causas sobreseídas que han sufrido daños irreparables. Hoy recuerdo detenciones televisadas de compañeros de partido que han quedado en libertad sin cargos. Hoy recuerdo alcaldes, que ya no lo son, por falsas imputaciones, que hoy han quedado en nada”, decía Camps.
¿Régimen totalitario?
Después del numerito de la persecución a los populares, Camps creyó oportuno adornar la faena citando a Bertold Brecht, en clave de mensaje inequívoco a todos los militantes y simpatizantes de la derecha. Emuló a Brecht para sugerir subliminalmente que la España de Zapatero se aproxima cada vez más a un régimen totalitario, dedicado sobre todo al ejercicio de amordazar a la oposición. No leyó completo el poema de Brecht -“Primero se llevaron a los negros,/pero a mí no me importó/porque yo no lo era…etc. etc”-, sino que se limitó a decir: “Como Bertold Brecht, ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana el presidente de una Comunidad Autónoma”.
Al albor de la mañana
De Brecht saltó –aun sin mencionarlo por su nombre- a Wiston Churchill. Manifestó Camps: “Recuerdo cuando al principio de la democracia, se me dijo que a diferencia de la dictadura al albor de la mañana quien llamaba era el lechero y no una falsa imputación”. La cita estaba manipulada. Churchill no habló de “falsa imputación”. “La democracia –proclamó quien fuera primer ministro británico y quien plantó cara a los bombardeos de Hitler- es el sistema político en el cual, cuando alguien llama a la puerta a las seis de la mañana, se sabe que es el lechero”. Nadie llamó a la puerta de Camps. Alguien, a esa hora, le llamó por teléfono para darle la noticia publicada en El País.
Falta de garantías procesales
Acumuló otro argumento para atacar al Estado de Derecho. Subrayó la, según él, “falta de garantías procesales”. Y advirtió –sin duda rememorando el caso Naseiro del que salió de rositas la plana mayor del PP- que “una hipotética investigación a persona aforada (…) podría anular todo el procedimiento”.
Gómez de Liaño
En eso está, naturalmente, Camps. Como está la dirección del PP. Se ha sumado también El Mundo a través de un artículo del ex juez Gómez de Liaño, condenado en su día por el Tribunal Supremo a causa de la ofensiva de Aznar, Álvarez Cascos y Miguel Ángel Rodríguez para liquidar, o debilitar al máximo al Grupo Prisa. Gómez de Liaño apunta la posibilidad de que la instrucción llevada a cabo por Garzón termine con “la nulidad” de las actuaciones. María Dolores de Cospedal ha cargado de nuevo contra Garzón. Sueñan ciertamente con un final feliz estilo Naseiro.
Responsabilidades políticas
En el territorio valenciano ha sido donde más ha actuado la trama de los amigos de Francisco Correa. Lo han hecho hasta hace bien poco, si es que no siguen. Esto ha sucedido con Camps en la presidencia de la Generalitat. ¿Dónde esconde las responsabilidades políticas que le corresponden, Sr. Camps? ¿Le suena, Sr. Camps, que Vd. fue “uno de los fundadores de la Polvera y núcleo duro del clan de Becerril?”
Enric Sopena es director de El Plural
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Feb 19
Bermejo le da más munición al PP
Tag: PSOE — Ignacio Escolar @ 9:59 pm
Uno apunta, el otro dispara. Soraya Sáenz de Santamaría exigió ayer una comisión de investigación sobre la cacería de Mariano Bermejo. No fue idea suya. La portavoz popular se limitó a repetir lo mismo que había pedido unas horas antes, desde su videoblog, el líder de la oposición: Pedro J. Ramírez. Conocida es la capacidad del director de El Mundo para convertir –como si fuese MacGyver– un desodorante para pies en un explosivo. O una cacería organizada por un dirigente del PP en una conspiración de Garzón y Bermejo contra el PP. Pero también es verdad que el ministro de Justicia le pone las portadas a Pedro J. como los ciervos a Fernando VII.
Desde el punto de vista administrativo, el nuevo tiro del ministro en su propia rodilla es una falta grave; cazar sin licencia se castiga con una multa de entre 600 y 4.000 euros. Desde el punto de vista político es mucho peor. Un ministro de Justicia no puede alegar enajenación geográfica transitoria para tomarse la ley por montería. Como él bien sabe, el desconocimiento de las fronteras autonómicas no exime de su cumplimiento.
¿Debe dimitir por esta falta, como pide el PP? Creo que no: por el mismo rasero, tendría que dimitir cada cargo público con una multa de tráfico. De hecho, hay argumentos más serios para pedir la dimisión del ministro: por la histórica huelga de los jueces, o incluso por lo mal que gestionó la pasada huelga de los funcionarios de Justicia. Pero si el ministro tiene algún detalle más que aclarar sobre ese inoportuno hecho cinegético –que tan contentos tiene al PSOE y a sus compañeros de Gobierno– debería hacerlo público lo antes posible, antes de que nos enteremos por la prensa. ¿Es la primera vez que caza en Andalucía sin licencia? ¿Ha respetado las vedas? Y, lo más importante: ¿dónde estaba el día que mataron a la madre de Bambi?
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EDITORIAL: 'El PP recorre a la cortina de fum'
La compareixença d'ahir del president de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, va augmentar la densitat de la cortina de fum amb què el PP vol amagar el fons de l'assumpte que impregna les portades dels diaris: la trama de corrupció descoberta al voltant del partit i que investiga el jutge Baltasar Garzón. A més, la declaració del líder autonòmic va perjudicar la imatge institucional de la qual fa gala. Al cap i a la fi, més enllà de les debilitats evidents en la instrucció del cas, de la jornada de caça que enterboleix la separació de poders i de les prerrogatives legals previstes per als aforats, que s'han d'aplicar al peu de la lletra, la veritat és que els indicis que hi ha en poder del jutge tenen base suficient perquè els aforats declarin. Però les explicacions de Camps van insistir en la teoria de la conspiració contra el PP, en lloc d'exigir la veritat dels fets per separar el gra de la palla i salvar l'honorabilitat del partit.
Per si la posada en escena de Camps deixés algun dubte pel que fa als objectius que la van animar, l'opacitat de la televisió valenciana, que va recollir la declaració del president autonòmic però que no va informar dels antecedents que la van motivar, va subratllar la disposició del PP a desplegar una maniobra de distracció. Es tracta d'una opció arriscada, perquè els esdeveniments se succeeixen a una velocitat vertiginosa, i poques hores després que Camps donés la seva opinió, es va saber que el despatx de l'exministre de Justícia José María Michavila manté relacions amb dues empreses de la trama sotmesa a investigació. És a dir, la taca d'oli es va fer més gran o, el que és el mateix, es van multiplicar les dificultats per presentar les indagacions en curs com un cas de persecució cega contra els populars.
Per descomptat, optar per aquesta tàctica no afecta el principi de presumpció d'innocència que protegeix els imputats, però no hi ha dubte que reuneix tots els ingredients per empitjorar la imatge del partit. Contràriament, seria més saludable per al PP que, sense deixar d'exercir el seu dret a defensar-se, optés per la transparència i la depuració interna de responsabilitats sense traves. D'aquesta manera, els seus militants i votants se sentirien més confortats i el paper reservat al primer partit de l'oposició en sortiria reforçat, encara que pel camí quedessin despenjats alguns noms que van fer d'una organització política el pitjor ús imaginable.
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Gallardón intenta evitar que le salpique la trama de corrupción que afecta al PP
El Ayuntamiento de Madrid ha dado adjudicaciones por 400.000 euros a Special Events, sociedad clave en la trama de corrupción.
MANUEL RICO - Madrid - 19/02/2009 23:30
El alcalde de Madrid aparece hasta el momento como el gran beneficiado político de las tramas de corrupción y espionaje que tienen a los principales dirigentes del PP contra las cuerdas. Pero Alberto Ruiz-Gallardón no es un mero espectador. El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna desde junio de 2003, le ha adjudicado contratos por un importe total de 399.206 euros a Special Events , sociedad clave en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón.
Gallardón admitió ayer la existencia de esas adjudicaciones –junto a otras tres realizadas por el Ayuntamiento madrileño cuando el alcalde era José María Álvarez del Manzano– y también reconoció que una de las concesiones se realizó después de que alguien "manipulase" un informe técnico municipal para mejorar la puntuación de Special Events.
Además, el alcalde madrileño intentó montar un cortafuegos para evitar que la oposición le reclame responsabilidades políticas. Según aseguró Gallardón, “todos” los miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) que decidieron la adjudicación a Special Events, en mayo de 2004, actuaron “de acuerdo al informe técnico que les fue presentado”. Ese “todos” incluye a Sigfrido Herráez, que era entonces presidente de EMV y concejal de Vivienda del equipo de Gallardón.
Los funcionarios culpables
El alcalde denunció el miércoles los hechos ante el juzgado de guardia y El País –el diario más cercano a Gallardón– informó de que el Ayuntamiento había “expedientado” a un funcionario. Al igual que ocurrió con la operación Guateque, donde se investiga el pago de sobornos para agilizar licencias municipales, el Gobierno del PP señala así como culpables a funcionarios.
El PSOE denuncia que Gallardón le "ha ocultado datos" de un expediente
El asunto del concurso manipulado se agrava con una segunda denuncia realizada ayer por el PSOE: que el Gobierno de Gallardón le “ha ocultado datos” del expediente esta misma semana. Pedro Sánchez, concejal socialista y consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), solicitó el 10 de febrero todos los contratos suscritos por dicha empresa municipal con las sociedades de la trama corrupta. El lunes 16, los responsables de EMVS le entregaron el expediente con el concurso adjudicado a Special Events, pero faltaba un documento clave.
Así lo explica Sánchez a Público: “Me fijé en el informe de la comisión técnica y observé que no tenía ni membrete, ni fecha ni firma de funcionarios. Llamé a Isabel Pinilla, directora general de la EMVS, para decirle que era surrealista y que exigía el informe oficial, pero me respondió que el expediente entregado era el oficial”. Y Sánchez no volvió a tener más noticias.
El PP contesta que "no tenía localizado" el informe pedido por la oposición
El concejal socialista se declara “escandalizado” por la forma en que el alcalde presenta el tema de sus adjudicaciones a la trama corrupta: “Cuando se manipuló el concurso, el responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda era Sigfrido Herráez, un concejal nombrado por Gallardón. Y cuando ahora el alcalde asegura que ha presentado una denuncia en el juzgado, estamos presenciando cómo Gallardón denuncia a Gallardón. ¿O quién es si no el responsable de los contratos del Ayuntamiento con Special Events?”
“Toda la dureza del mundo”
Un portavoz del Gobierno municipal negó ayer que se hubiese manipulado el informe entregado a Pedro Sánchez: “El documento que faltaba lo encontramos el martes 17, un día después de darle el expediente al concejal socialista”. ¿Y por qué no avisaron de forma inmediata a Sánchez? Según el portavoz, porque entendieron que era prioritario “poner los hechos en conocimiento del juzgado”.
Por lo demás, en el Ayuntamiento se remiten a la promesa realizada ayer por Gallardón: “Actuaré con toda la dureza del mundo contra los responsables de aquella actuación”, es decir, de la manipulación del concurso.
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Rajoy: "Camps es un dirigente ejemplar"
Asegura que es "un político honrado" que "está pasando ahora por un momento de indefensión".
AGENCIAS / PÚBLICO.ES - A Coruña - 19/02/2009 19:00
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es "un dirigente ejemplar que cuenta con el pleno apoyo del PP". En un acto con medios de comunicación en A Coruña, en donde ha estado hoy con motivo de la campaña electoral gallega, ha destacado que Camps, tras la publicación en el diario "El País" de una información que implica al presidente valenciano en la supuesta trama empresarial vinculada con los populares, no está imputado, pero sí "indefenso", pues no se sabe de qué se le acusa.
Rajoy, que ha recibido el apoyo incondicional de Camps en diversas ocasiones, especialmente durante su puja con Aguirre, no ha escatimado elogios hacia el político valenciano y ha dicho de él que es "un extraordinario dirigente" y "un político honrado", el líder del PP ha remarcado, en referencia al presidente de la Generalitat valenciana, que "está pasando ahora por un momento de indefensión porque no se sabe si se le acusa de algo".
Acompañado por el candidato del PPdeG por A Coruña, Carlos Negreira, el presidente popular ha asegurado respecto de la presunta implicación de Camps en esa trama empresarial que lideraba Francisco Correa, y que supuestamente se aprovechaba de sus vínculos con el Gobierno valenciano, que ni siquiera a fecha de hoy ni la Fiscalía ni el juzgado establecen "si está o no acusado, ni de qué". "Ese es el concepto de la democracia que tienen algunos represetantes de la Fiscalía", ha apostillado.
"Indefensión"
El presidente del PP ha alabado a Canos, pues tiene todo el apoyo, ya no sólo el suyo propio, sino también "de todo el partido", y ha destacado que ahora, tras las informaciones publicadas, vive en la "indefensión", la "peor situación en la que puede estar una persona" ante acusaciones como las conocidas.
Tras aparecer la información sobre su hipotética implicación en el "caso Correa ", el propio Camps negó tal extremo, mientras que el PP, tal y como anunciara el responsable de Comunicación, Esteban González Pons, ha remitido al fiscal general del Estado una denuncia por considerar que la citada información vulnera el secreto sumarial.
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NOUS DOCUMENTS SOBRE LA TRAMA RELACIONADA AMB EL PP
El despatx de Michavila té llaços amb dos imputats per corrupció
• El cap del bufet ha treballat per a l'exalcalde de Boadilla i per al constructor que va beneficiar
• Alberto Dorrego, antic subordinat de l'exministre, participa en dues empreses públiques valencianes
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GEMMA ROBLES / PILAR SANTOSMADRID
El municipi madrileny de Boadilla del Monte, un dels més rics de la Comunitat, té un ajuntament amb una activitat gairebé frenètica als tribunals. Deu ser per això que Arturo González Panero, l'exalcalde imputat en la trama de corrupció que investiga Baltasar Garzón, va donar el vistiplau perquè es contractés el despatx EIUS Abogados, on presta els seus serveis l'exministre de Justícia José María Michavila, ara diputat del PP al Congrés. El director del bufet, antic subordinat de Michavila al ministeri, Alberto Dorrego, també col.labora en negocis d'un altre imputat, l'empresari José Luis Ulibarri, beneficiat per González Panero amb una adjudicació que ara investiga el jutge.
Segons els documents obtinguts per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, EIUS ha defensat el consistori de Boadilla unes quantes vegades. Els lletrats van ser Alfredo Dagnino i Dorrego, que va ser director general per a la Modernització de l'Administració de Justícia en l'etapa de Michavila com a ministre. El 2004, quan el PP va perdre les eleccions, Dorrego va fundar el bufet i va contractar qui havia estat el seu superior jeràrquic. Setmanes enrere, el sindicat Manos Limpias va entregar a la Fiscalia Anticorrupció una llista de suposats "amics" de González Panero "implicats" en els seus negocis, en què s'incloïa Michavila. Aquest va negar tenir negocis amb el llavors alcalde de Boadilla.
"PRÀCTICA FREQÜENT"
Potser no en té directament, però sí el despatx per al qual treballa. Això és el que va confirmar ahir a aquest diari el mateix Dorrego. "Certs plets de singular complexitat s'encarreguen a advocats en exercici. És una pràctica freqüentíssima", va emfatitzar.Dorrego va aclarir que els casos que han portat per a Panero són d'ordre contenciós administratiu, i va minimitzar el fet que el consistori tingui un lletrat en nòmina. Segons el seu parer, un sol advocat no pot atendre el nombre "ingent" de litigis de diferents especialitats judicials. Alhora va ressaltar que el seu no és l'únic despatx que ha col.laborat amb Panero. Altres, com Galán y Asociados, que també s'ha beneficiat de diversos contractes del consistori. Casualitat o no, Gustavo Galán defensa una altra imputada en la trama de corrupció, Felisa Isabel Jordán.
DORREGO, PLURIEMPLEAT
El cas és que Dorrego compagina la direcció d'EIUS amb altres atribucions que el vinculen laboralment amb l'empresari Ulibarri, un altre imputat en el cas: és secretari a Mediamed Comunicación Digital, propietat d'Ulibarri i partícip de les adjudicatàries de llicències de la TDT atorgades per la Generalitat Valenciana. Idèntic càrrec ostenta Dorrego a Cabanyal 2010, empresa pública valenciana igual que Comunitat Valenciana d'Inversions, de la qual és vicesecretari.
¿Què implica ser secretari en aquestes firmes? "Aixeco les actes dels consells i les porto al registre mercantil", va explicar Dorrego, traient importància a les seves atribucions. Però una de les firmes, Cabanyal 2010, ha sol.licitat alguns informes al bufet que dirigeix en relació amb processos d'"expropiació". "Temes menors", va puntualitzar l'al.ludit. El director d'EIUS encarna, així, el segon punt de connexió entre dos dels imputats: Gonzá- lez Panero i Ulibarri. El primer figura en el sumari que instrueix el jutge Garzón: l'alcalde va adjudicar al constructor una parcel.la a Boadilla per a la construcció de 139 vivendes lliures a un preu quatre milions d'euros inferior al que oferia un dels competidors.
LLIGAT A MICHAVILA
Dorrego és ara el cap de Michavila a EIUS, però abans va estar a les seves ordres. La carrera de tots dos ha anat en paral.lel: Dorrego va entrar a formar part del cos de lletrats de les Corts Generals des del 1991 i va arribar a ser secretari general adjunt del Congrés. Del 1996 al 2000, Michavila va ser el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, etapa en què podria haver començat a relacionar-se amb ell.
L'any 2002, Michavila va ser nomenat secretari d'Estat de Justícia, amb Ángel Acebes com a ministre. Mesos després, Michavila el va substituir al passar Acebes a Interior. En aquella etapa, el ministre va confiar a Dorrego un dels plans estrella del seu departament: la modernització de la justícia, que, per la recent vaga de jutges, va quedar inacabada. El ministeri va acabar concedint a Dorrego la Creu d'Honor de Sant Raimon de Penyafort.
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Estuvo durante su intervención ante los medios de comunicación pertrechado por todos los consejeros de su Gobierno y por la ínclita alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Fue luego al Parlamento autonómico y los diputados populares, puestos en pie, lo ovacionaron como si fuera un héroe. Entre sus consejeros –o consellers- figura el de Gobernación, Serafín Castellano, que ha repartido, a lo largo de una década, jugosos contratos a sus amigos y allegados, y que también figura en la lista del juez Garzón. Por lo visto, en la Valencia de Camps el nepotismo no sólo no se erradica, sino que se favorece. Y es que la familia que roba [presuntamente, claro] unida permanece unida.
Discurso tremendista
Pues bien, el presidente valenciano leyó un discurso tremendista que parecía el de los cristianos en las catacumbas, poco antes de ser enviados a los leones, o la de los judíos en la Alemania nazi, a punto de ser trasportados a las cámaras de gas. “Hoy recuerdo a todos mis compañeros perseguidos, acosados y con causas sobreseídas que han sufrido daños irreparables. Hoy recuerdo detenciones televisadas de compañeros de partido que han quedado en libertad sin cargos. Hoy recuerdo alcaldes, que ya no lo son, por falsas imputaciones, que hoy han quedado en nada”, decía Camps.
¿Régimen totalitario?
Después del numerito de la persecución a los populares, Camps creyó oportuno adornar la faena citando a Bertold Brecht, en clave de mensaje inequívoco a todos los militantes y simpatizantes de la derecha. Emuló a Brecht para sugerir subliminalmente que la España de Zapatero se aproxima cada vez más a un régimen totalitario, dedicado sobre todo al ejercicio de amordazar a la oposición. No leyó completo el poema de Brecht -“Primero se llevaron a los negros,/pero a mí no me importó/porque yo no lo era…etc. etc”-, sino que se limitó a decir: “Como Bertold Brecht, ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana el presidente de una Comunidad Autónoma”.
Al albor de la mañana
De Brecht saltó –aun sin mencionarlo por su nombre- a Wiston Churchill. Manifestó Camps: “Recuerdo cuando al principio de la democracia, se me dijo que a diferencia de la dictadura al albor de la mañana quien llamaba era el lechero y no una falsa imputación”. La cita estaba manipulada. Churchill no habló de “falsa imputación”. “La democracia –proclamó quien fuera primer ministro británico y quien plantó cara a los bombardeos de Hitler- es el sistema político en el cual, cuando alguien llama a la puerta a las seis de la mañana, se sabe que es el lechero”. Nadie llamó a la puerta de Camps. Alguien, a esa hora, le llamó por teléfono para darle la noticia publicada en El País.
Falta de garantías procesales
Acumuló otro argumento para atacar al Estado de Derecho. Subrayó la, según él, “falta de garantías procesales”. Y advirtió –sin duda rememorando el caso Naseiro del que salió de rositas la plana mayor del PP- que “una hipotética investigación a persona aforada (…) podría anular todo el procedimiento”.
Gómez de Liaño
En eso está, naturalmente, Camps. Como está la dirección del PP. Se ha sumado también El Mundo a través de un artículo del ex juez Gómez de Liaño, condenado en su día por el Tribunal Supremo a causa de la ofensiva de Aznar, Álvarez Cascos y Miguel Ángel Rodríguez para liquidar, o debilitar al máximo al Grupo Prisa. Gómez de Liaño apunta la posibilidad de que la instrucción llevada a cabo por Garzón termine con “la nulidad” de las actuaciones. María Dolores de Cospedal ha cargado de nuevo contra Garzón. Sueñan ciertamente con un final feliz estilo Naseiro.
Responsabilidades políticas
En el territorio valenciano ha sido donde más ha actuado la trama de los amigos de Francisco Correa. Lo han hecho hasta hace bien poco, si es que no siguen. Esto ha sucedido con Camps en la presidencia de la Generalitat. ¿Dónde esconde las responsabilidades políticas que le corresponden, Sr. Camps? ¿Le suena, Sr. Camps, que Vd. fue “uno de los fundadores de la Polvera y núcleo duro del clan de Becerril?”
Enric Sopena es director de El Plural
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Uno apunta, el otro dispara. Soraya Sáenz de Santamaría exigió ayer una comisión de investigación sobre la cacería de Mariano Bermejo. No fue idea suya. La portavoz popular se limitó a repetir lo mismo que había pedido unas horas antes, desde su videoblog, el líder de la oposición: Pedro J. Ramírez. Conocida es la capacidad del director de El Mundo para convertir –como si fuese MacGyver– un desodorante para pies en un explosivo. O una cacería organizada por un dirigente del PP en una conspiración de Garzón y Bermejo contra el PP. Pero también es verdad que el ministro de Justicia le pone las portadas a Pedro J. como los ciervos a Fernando VII.
Desde el punto de vista administrativo, el nuevo tiro del ministro en su propia rodilla es una falta grave; cazar sin licencia se castiga con una multa de entre 600 y 4.000 euros. Desde el punto de vista político es mucho peor. Un ministro de Justicia no puede alegar enajenación geográfica transitoria para tomarse la ley por montería. Como él bien sabe, el desconocimiento de las fronteras autonómicas no exime de su cumplimiento.
¿Debe dimitir por esta falta, como pide el PP? Creo que no: por el mismo rasero, tendría que dimitir cada cargo público con una multa de tráfico. De hecho, hay argumentos más serios para pedir la dimisión del ministro: por la histórica huelga de los jueces, o incluso por lo mal que gestionó la pasada huelga de los funcionarios de Justicia. Pero si el ministro tiene algún detalle más que aclarar sobre ese inoportuno hecho cinegético –que tan contentos tiene al PSOE y a sus compañeros de Gobierno– debería hacerlo público lo antes posible, antes de que nos enteremos por la prensa. ¿Es la primera vez que caza en Andalucía sin licencia? ¿Ha respetado las vedas? Y, lo más importante: ¿dónde estaba el día que mataron a la madre de Bambi?
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La compareixença d'ahir del president de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, va augmentar la densitat de la cortina de fum amb què el PP vol amagar el fons de l'assumpte que impregna les portades dels diaris: la trama de corrupció descoberta al voltant del partit i que investiga el jutge Baltasar Garzón. A més, la declaració del líder autonòmic va perjudicar la imatge institucional de la qual fa gala. Al cap i a la fi, més enllà de les debilitats evidents en la instrucció del cas, de la jornada de caça que enterboleix la separació de poders i de les prerrogatives legals previstes per als aforats, que s'han d'aplicar al peu de la lletra, la veritat és que els indicis que hi ha en poder del jutge tenen base suficient perquè els aforats declarin. Però les explicacions de Camps van insistir en la teoria de la conspiració contra el PP, en lloc d'exigir la veritat dels fets per separar el gra de la palla i salvar l'honorabilitat del partit.
Per si la posada en escena de Camps deixés algun dubte pel que fa als objectius que la van animar, l'opacitat de la televisió valenciana, que va recollir la declaració del president autonòmic però que no va informar dels antecedents que la van motivar, va subratllar la disposició del PP a desplegar una maniobra de distracció. Es tracta d'una opció arriscada, perquè els esdeveniments se succeeixen a una velocitat vertiginosa, i poques hores després que Camps donés la seva opinió, es va saber que el despatx de l'exministre de Justícia José María Michavila manté relacions amb dues empreses de la trama sotmesa a investigació. És a dir, la taca d'oli es va fer més gran o, el que és el mateix, es van multiplicar les dificultats per presentar les indagacions en curs com un cas de persecució cega contra els populars.
Per descomptat, optar per aquesta tàctica no afecta el principi de presumpció d'innocència que protegeix els imputats, però no hi ha dubte que reuneix tots els ingredients per empitjorar la imatge del partit. Contràriament, seria més saludable per al PP que, sense deixar d'exercir el seu dret a defensar-se, optés per la transparència i la depuració interna de responsabilitats sense traves. D'aquesta manera, els seus militants i votants se sentirien més confortats i el paper reservat al primer partit de l'oposició en sortiria reforçat, encara que pel camí quedessin despenjats alguns noms que van fer d'una organització política el pitjor ús imaginable.
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El presidente de Castellón recuerda que él lleva “cinco años y dos meses” sin juicio
Fabra, experto en imputaciones, se moja: “Yo sí pongo la mano en el fuego por Francisco Camps”
Nombela trabajó para las emrpesas investigadas Special Events y Easy Concept
Gallardón cesa al asesor de un concejal por su imputación en la trama de corrupción
Tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia han anulado concursos ganados por el Grupo Begar
Adjudicaciones ilícitas y concesiones vinculan al alcalde popular de Ponferrada con el imputado Ulibarri
Bronca y suspensión en el pleno de la Asamblea de Madrid
Aguirre dispara contra “el ministro furtivo y el juez socialista” y les acusa de filtrar a los “medios de su secta”
Panero ha contratado al bufete del ex ministro en varias ocasiones
El despacho de Michavila, ¿a las órdenes del ex alcalde de Boadilla?
Juan Siguero sustituye a González Panero tras su dimisión por el Caso Gürtel
Boadilla estrena alcalde tras un tenso pleno
González Pons justifica pagos y Rajoy revisa hasta cuando contaron con el empresario
El PP prolongó su trato con Correa por ofrecer “el mejor precio”
El líder del PP, firme defensor de los suyos, calificó a Camps de "dirigente ejemplar"
Mariano Rajoy: "Camps es un político honrado"
Decepción por parte de la oposición: "Cambio de responsable, misma estrategia"
La Mesa de la Comisión de Investigación del espionaje aprueba a Rosa Posada como nueva presidenta
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Gallardón intenta evitar que le salpique la trama de corrupción que afecta al PP
El Ayuntamiento de Madrid ha dado adjudicaciones por 400.000 euros a Special Events, sociedad clave en la trama de corrupción.
MANUEL RICO - Madrid - 19/02/2009 23:30
El alcalde de Madrid aparece hasta el momento como el gran beneficiado político de las tramas de corrupción y espionaje que tienen a los principales dirigentes del PP contra las cuerdas. Pero Alberto Ruiz-Gallardón no es un mero espectador. El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna desde junio de 2003, le ha adjudicado contratos por un importe total de 399.206 euros a Special Events , sociedad clave en la trama de corrupción que investiga el juez Garzón.
Gallardón admitió ayer la existencia de esas adjudicaciones –junto a otras tres realizadas por el Ayuntamiento madrileño cuando el alcalde era José María Álvarez del Manzano– y también reconoció que una de las concesiones se realizó después de que alguien "manipulase" un informe técnico municipal para mejorar la puntuación de Special Events.
Además, el alcalde madrileño intentó montar un cortafuegos para evitar que la oposición le reclame responsabilidades políticas. Según aseguró Gallardón, “todos” los miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) que decidieron la adjudicación a Special Events, en mayo de 2004, actuaron “de acuerdo al informe técnico que les fue presentado”. Ese “todos” incluye a Sigfrido Herráez, que era entonces presidente de EMV y concejal de Vivienda del equipo de Gallardón.
Los funcionarios culpables
El alcalde denunció el miércoles los hechos ante el juzgado de guardia y El País –el diario más cercano a Gallardón– informó de que el Ayuntamiento había “expedientado” a un funcionario. Al igual que ocurrió con la operación Guateque, donde se investiga el pago de sobornos para agilizar licencias municipales, el Gobierno del PP señala así como culpables a funcionarios.
El PSOE denuncia que Gallardón le "ha ocultado datos" de un expediente
El asunto del concurso manipulado se agrava con una segunda denuncia realizada ayer por el PSOE: que el Gobierno de Gallardón le “ha ocultado datos” del expediente esta misma semana. Pedro Sánchez, concejal socialista y consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), solicitó el 10 de febrero todos los contratos suscritos por dicha empresa municipal con las sociedades de la trama corrupta. El lunes 16, los responsables de EMVS le entregaron el expediente con el concurso adjudicado a Special Events, pero faltaba un documento clave.
Así lo explica Sánchez a Público: “Me fijé en el informe de la comisión técnica y observé que no tenía ni membrete, ni fecha ni firma de funcionarios. Llamé a Isabel Pinilla, directora general de la EMVS, para decirle que era surrealista y que exigía el informe oficial, pero me respondió que el expediente entregado era el oficial”. Y Sánchez no volvió a tener más noticias.
El PP contesta que "no tenía localizado" el informe pedido por la oposición
El concejal socialista se declara “escandalizado” por la forma en que el alcalde presenta el tema de sus adjudicaciones a la trama corrupta: “Cuando se manipuló el concurso, el responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda era Sigfrido Herráez, un concejal nombrado por Gallardón. Y cuando ahora el alcalde asegura que ha presentado una denuncia en el juzgado, estamos presenciando cómo Gallardón denuncia a Gallardón. ¿O quién es si no el responsable de los contratos del Ayuntamiento con Special Events?”
“Toda la dureza del mundo”
Un portavoz del Gobierno municipal negó ayer que se hubiese manipulado el informe entregado a Pedro Sánchez: “El documento que faltaba lo encontramos el martes 17, un día después de darle el expediente al concejal socialista”. ¿Y por qué no avisaron de forma inmediata a Sánchez? Según el portavoz, porque entendieron que era prioritario “poner los hechos en conocimiento del juzgado”.
Por lo demás, en el Ayuntamiento se remiten a la promesa realizada ayer por Gallardón: “Actuaré con toda la dureza del mundo contra los responsables de aquella actuación”, es decir, de la manipulación del concurso.
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Aguirre dice que el PP no juzga a los socialistas imputados
El Ayuntamiento de Madrid adjudicó siete contratos a Special Events
Gallardón cesa al asesor del PP en la Junta de Moncloa
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Rajoy: "Camps es un dirigente ejemplar"
Asegura que es "un político honrado" que "está pasando ahora por un momento de indefensión".
AGENCIAS / PÚBLICO.ES - A Coruña - 19/02/2009 19:00
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, es "un dirigente ejemplar que cuenta con el pleno apoyo del PP". En un acto con medios de comunicación en A Coruña, en donde ha estado hoy con motivo de la campaña electoral gallega, ha destacado que Camps, tras la publicación en el diario "El País" de una información que implica al presidente valenciano en la supuesta trama empresarial vinculada con los populares, no está imputado, pero sí "indefenso", pues no se sabe de qué se le acusa.
Rajoy, que ha recibido el apoyo incondicional de Camps en diversas ocasiones, especialmente durante su puja con Aguirre, no ha escatimado elogios hacia el político valenciano y ha dicho de él que es "un extraordinario dirigente" y "un político honrado", el líder del PP ha remarcado, en referencia al presidente de la Generalitat valenciana, que "está pasando ahora por un momento de indefensión porque no se sabe si se le acusa de algo".
Acompañado por el candidato del PPdeG por A Coruña, Carlos Negreira, el presidente popular ha asegurado respecto de la presunta implicación de Camps en esa trama empresarial que lideraba Francisco Correa, y que supuestamente se aprovechaba de sus vínculos con el Gobierno valenciano, que ni siquiera a fecha de hoy ni la Fiscalía ni el juzgado establecen "si está o no acusado, ni de qué". "Ese es el concepto de la democracia que tienen algunos represetantes de la Fiscalía", ha apostillado.
"Indefensión"
El presidente del PP ha alabado a Canos, pues tiene todo el apoyo, ya no sólo el suyo propio, sino también "de todo el partido", y ha destacado que ahora, tras las informaciones publicadas, vive en la "indefensión", la "peor situación en la que puede estar una persona" ante acusaciones como las conocidas.
Tras aparecer la información sobre su hipotética implicación en el "caso Correa ", el propio Camps negó tal extremo, mientras que el PP, tal y como anunciara el responsable de Comunicación, Esteban González Pons, ha remitido al fiscal general del Estado una denuncia por considerar que la citada información vulnera el secreto sumarial.
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La fiscalía tiene indicios que relacionan a Camps y a la trama
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NOUS DOCUMENTS SOBRE LA TRAMA RELACIONADA AMB EL PP
El despatx de Michavila té llaços amb dos imputats per corrupció
• El cap del bufet ha treballat per a l'exalcalde de Boadilla i per al constructor que va beneficiar
• Alberto Dorrego, antic subordinat de l'exministre, participa en dues empreses públiques valencianes
MÉS INFORMACIÓ
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Camps es declara innocent i denuncia una persecució
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Chaves expedienta Bermejo per caçar sense llicència a Jaén
GEMMA ROBLES / PILAR SANTOSMADRID
El municipi madrileny de Boadilla del Monte, un dels més rics de la Comunitat, té un ajuntament amb una activitat gairebé frenètica als tribunals. Deu ser per això que Arturo González Panero, l'exalcalde imputat en la trama de corrupció que investiga Baltasar Garzón, va donar el vistiplau perquè es contractés el despatx EIUS Abogados, on presta els seus serveis l'exministre de Justícia José María Michavila, ara diputat del PP al Congrés. El director del bufet, antic subordinat de Michavila al ministeri, Alberto Dorrego, també col.labora en negocis d'un altre imputat, l'empresari José Luis Ulibarri, beneficiat per González Panero amb una adjudicació que ara investiga el jutge.
Segons els documents obtinguts per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, EIUS ha defensat el consistori de Boadilla unes quantes vegades. Els lletrats van ser Alfredo Dagnino i Dorrego, que va ser director general per a la Modernització de l'Administració de Justícia en l'etapa de Michavila com a ministre. El 2004, quan el PP va perdre les eleccions, Dorrego va fundar el bufet i va contractar qui havia estat el seu superior jeràrquic. Setmanes enrere, el sindicat Manos Limpias va entregar a la Fiscalia Anticorrupció una llista de suposats "amics" de González Panero "implicats" en els seus negocis, en què s'incloïa Michavila. Aquest va negar tenir negocis amb el llavors alcalde de Boadilla.
"PRÀCTICA FREQÜENT"
Potser no en té directament, però sí el despatx per al qual treballa. Això és el que va confirmar ahir a aquest diari el mateix Dorrego. "Certs plets de singular complexitat s'encarreguen a advocats en exercici. És una pràctica freqüentíssima", va emfatitzar.Dorrego va aclarir que els casos que han portat per a Panero són d'ordre contenciós administratiu, i va minimitzar el fet que el consistori tingui un lletrat en nòmina. Segons el seu parer, un sol advocat no pot atendre el nombre "ingent" de litigis de diferents especialitats judicials. Alhora va ressaltar que el seu no és l'únic despatx que ha col.laborat amb Panero. Altres, com Galán y Asociados, que també s'ha beneficiat de diversos contractes del consistori. Casualitat o no, Gustavo Galán defensa una altra imputada en la trama de corrupció, Felisa Isabel Jordán.
DORREGO, PLURIEMPLEAT
El cas és que Dorrego compagina la direcció d'EIUS amb altres atribucions que el vinculen laboralment amb l'empresari Ulibarri, un altre imputat en el cas: és secretari a Mediamed Comunicación Digital, propietat d'Ulibarri i partícip de les adjudicatàries de llicències de la TDT atorgades per la Generalitat Valenciana. Idèntic càrrec ostenta Dorrego a Cabanyal 2010, empresa pública valenciana igual que Comunitat Valenciana d'Inversions, de la qual és vicesecretari.
¿Què implica ser secretari en aquestes firmes? "Aixeco les actes dels consells i les porto al registre mercantil", va explicar Dorrego, traient importància a les seves atribucions. Però una de les firmes, Cabanyal 2010, ha sol.licitat alguns informes al bufet que dirigeix en relació amb processos d'"expropiació". "Temes menors", va puntualitzar l'al.ludit. El director d'EIUS encarna, així, el segon punt de connexió entre dos dels imputats: Gonzá- lez Panero i Ulibarri. El primer figura en el sumari que instrueix el jutge Garzón: l'alcalde va adjudicar al constructor una parcel.la a Boadilla per a la construcció de 139 vivendes lliures a un preu quatre milions d'euros inferior al que oferia un dels competidors.
LLIGAT A MICHAVILA
Dorrego és ara el cap de Michavila a EIUS, però abans va estar a les seves ordres. La carrera de tots dos ha anat en paral.lel: Dorrego va entrar a formar part del cos de lletrats de les Corts Generals des del 1991 i va arribar a ser secretari general adjunt del Congrés. Del 1996 al 2000, Michavila va ser el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, etapa en què podria haver començat a relacionar-se amb ell.
L'any 2002, Michavila va ser nomenat secretari d'Estat de Justícia, amb Ángel Acebes com a ministre. Mesos després, Michavila el va substituir al passar Acebes a Interior. En aquella etapa, el ministre va confiar a Dorrego un dels plans estrella del seu departament: la modernització de la justícia, que, per la recent vaga de jutges, va quedar inacabada. El ministeri va acabar concedint a Dorrego la Creu d'Honor de Sant Raimon de Penyafort.
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Gallardón echa a un asesor que está imputado en la trama de corrupción
Madrid 'regaló' un contrato a Correa Aguirre: "La trama del ministro furtivo"
Mariano Rajoy defiende a Camps de las acusaciones: "Es un político ejemplar"
Claves para entender la trama FORO Conspiraciones en el PP Denuncian al fiscal
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PP Vice. 20/02/2009. El PP arremete contra la fiscalía para intentar blindar a Camps.
El ciutadà exemplar Fabra aplaudit pel Molt Honorable Francisco Camps._
Eren les sis del matí i no era el lleter. Sí, en una democràcia, si hom truca a casa a les sis del matí no cal que tinguem por. Bé, jo sí que la tindria, perquè si em truca ningú a la porta a les sis del matí, després del corresponent ensurt, si és lleter o algú de semblant, em cagaria en la puta que el va parir. Potser als EUA és més normal aquesta classe de trucs.
I no, no era el lleter però tampoc un delinqüent ni un colpista: eren "El País" i "El Pariódico" qui havia publicat la informació que la Fiscalia Anticorrupció implicava Camps en la trama. Era una implicada qui l'anomenava per haver "cobrat en espècie" (30.000 euros en vestit).
En un Estat de Dret hom no és culpable fins que no és condemnat. Però la possible culpa no és del Fiscal sinó del presumpte delinqüent. Defensar-se atacant el Tercer Poder de l'Estat simplement no és un comportament democràtic digne d'un polític responsable. Però la defensa que ha triat el PP és atacar la Fiscalia i el Ministre i fer soroll, molt de soroll perquè no sentim el sumari dels fets i de les acusacions. Fins on i qui pot arribar a esquitxar la trama? Quan Garzón s'inhibeixi en favor del TSJM i del TSJCV, què pensen fer perquè no els mirem?
I una altra cosa. A l'Asamblea de Madrid el PP està construint un Comissió de desinvestigació a mayor gloria dels diversos entramats. Si jo fos del PSM o d'IU esperaria a anar-me'n a la vespra de l'inici del seus "treballs". I faria una sonada roda de premsa. L'esquerra madrilenya ja participà a la farsa de la comissió del tamayazo. Una altra els deixaria per tanoques.
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"La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el juez Garzón se inhiba en el caso de la trama de corrupción que afecta al Partido Popular de Madrid y Valencia, por alcanzar a aforados de ambas comunidades. Entre ellos está el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps. En los próximos días, el sumario pasará desde la Audiencia Nacional a los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Con este nuevo paso judicial, la dirección de los populares no puede seguir alegando la existencia de un proceso general contra su partido, puesto que las imputaciones y los hechos están delimitados. También dejan de tener sentido las acusaciones de parcialidad contra el juez Garzón y las insinuaciones contra otros partidos. A falta de respuestas políticas menos vistosas pero sí más consecuentes, la escenificación del cierre de filas en la insólita fotografía de la semana pasada ha empezado a volverse contra el Partido Popular.
El PP arremete contra la fiscalía para intentar blindar a Camps
Francisco Camps Ortiz
La reacción de Camps a su presunta implicación en la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa ha oscilado entre la amenaza de emprender acciones judiciales y la exhibición de sus victorias electorales como exculpación. Finge ignorar el presidente valenciano que sus posibles conexiones con la trama no son fruto de una información periodística, sino que están recogidas en un documento de la fiscalía y forman parte de un proceso por corrupción en el que tal vez tenga que acabar compareciendo. También parece olvidar que las victorias electorales no dicen nada sobre la culpabilidad o la inocencia de personas que pudieran estar implicadas en delitos. Camps gobierna en Valencia porque ganó las elecciones, pero es absurdo pretender que eso le exima de responder ante los jueces y, también, de ofrecer explicaciones a los ciudadanos.
Su caso, con todo, no es el único que salpica al Partido Popular en la Comunidad Valenciana. El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, adjudicó directamente contratos a una empresa constructora propiedad de una empleada del Grupo Popular de las Cortes Valencianas a la que él mismo ofreció el puesto. Aunque el procedimiento seguido por el consejero era legal en cuanto a la cuantía de los contratos, caben dudas acerca de si no habría actuado en fraude de ley fraccionando artificialmente las obras adjudicadas a la empresa. Como también resulta difícil de explicar que el consejero no se inhibiera en el proceso de adjudicación, dadas las relaciones que le unen a la propietaria de la empresa beneficiaria.
La dirección nacional del Partido Popular no puede seguir eludiendo las decisiones para atajar un entramado de corrupción en el que varios altos cargos están ya imputados por la justicia, y otros podrían acabar estándolo. La estrategia de salvar la unidad del partido a costa de negar la trascendencia de las iniciativas judiciales en curso no sólo está condenada al fracaso, sino que resulta incompatible con la responsabilidad que corresponde al principal partido de la oposición.
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Gallardón destituye a un asesor de un concejal de Madrid por su implicación en la trama
Nombela trabajó en dos de las empresas investigadas y colabora con el edil Ballarín, próximo a Aguirre
Nombela trabajó en dos de las empresas investigadas y colabora con el edil Ballarín, próximo a Aguirre
ELPAÍS
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha destituido a José Javier Nombela por su presunta implicación en la trama corrupta dirigida por Francisco Correa vinculada al PP. Nombela trabajó hasta 2006 en dos de las empresas investigadas y desde 2007 es asesor del concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP).
Alberto Ruiz-Gallardón
La destitución se ha producido por la "pérdida de confianza" tras aparecer imputado en el sumario, según han informado fuentes municipales. Gallardón ya anunció ayer en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que fue el propio Nombela quien había presentado su dimisión a Ballarín pero que desconocía si se había formalizado en ese momento.
Una decisión "perfecta"
Nombela ha estado vinculado siempre al PP y empezó en Nuevas Generaciones, hasta alcanzar la presidencia de las juventudes del partido entre 1996 y 2000. Además fue vocal-vecino del distrito Moncloa-Aravaca entre 1996 y 2007. Ballarín ha indicado que anoche se le comunicó la destitución a su asesor, una decisión que ha calificado de "perfecta". "Yo le iba a cesar el lunes, cuando declarase ante el juez por su imputación y conociéramos los motivos de la imputación y si se confirmara la misma", ha confirmado Ballarín.
Tras conocerse el pasado 10 de febrero que Nombela estaba en la lista de 37 imputados en la trama corrupta, Ballarín sin embargo aseguró que tenía plena confianza en él. "Si hay alguna irregularidad, tendrá que dimitir. Pero en este momento mantengo su presunción de inocencia", afirmo entonces el concejal. Ballarín es edil en las listas de Gallardón, pero más afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Después su imputación, Nombela explicó a Ballarín que entre enero y junio de 2003 trabajó en Special Events -la empresa matriz de la trama- y entre junio de 2003 y octubre de 2006 lo hizo Easy Concept. Según fuentes del PP, era público que Nombela trabajó allí.
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Garzón deja libre al 'número dos' de Orange Market
El juez pide al fiscal que informe si la Comunidad de Madrid puede ser parte
Garzón deja libre al 'número dos' de Orange Market
El juez pide al fiscal que informe si la Comunidad de Madrid puede ser parte
M. A. - Madrid - 20/02/2009
Dos más que quedan en libertad. Y van nueve de los 12 que hasta el momento han sido interrogados. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no impuso ninguna medida cautelar a ninguno de los dos imputados que acudieron a declarar a su juzgado en la trama de supuestos cohechos, tráfico de influencia, blanqueo de capitales y defraudación fiscal que investiga y que afecta a varias instituciones que gobierna el PP. Andrés Bernabé, el chófer del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, acudió detenido pero salió en libertad con la única cautela de fijar un domicilio. También salió libre Cándido Herrero, el consejero delegado de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, la empresa de Correa. Ambos permanecen imputados por cohecho, según fuentes jurídicas.
Herrero es el número dos de Orange Market, la empresa que preside Álvaro Pérez, El Bigotes, puesto en libertad por Garzón el pasado viernes con la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio. La empresa tenía una estrecha vinculación con el PP ya que se encargaba de organizar la mayoría de sus actos políticos. La empresa que preside se contaba entre las habituales en la adjudicación de eventos en la Comunidad Valenciana. Organizó durante cinco años el pabellón de esa comunidad en Fitur y la salida de la vuelta al mundo a vela Volvo Ocean Race. En las grabaciones entregadas por los denunciantes se le cita como organizador de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.
El hecho de que sólo tres de los 12 imputados que hasta el momento han pasado por el despacho de Garzón estén encarcelados se debe, según fuentes de la investigación, a que ya no existe riesgo de que puedan destruir pruebas. Además, todos los que han salido en libertad tienen domicilio conocido, por lo que se estima que el riesgo de fuga no es alto.
La Comunidad de Madrid solicitó el pasado viernes su personación en la causa como acusación particular después de que Garzón se lo sugiriera en el auto en el que denegó esa misma petición al PP. El magistrado ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que le informe sobre esa posibilidad antes de tomar su decisión.
El juez espera ahora la llegada de nuevos informes periciales para, acto seguido, inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que debe investigar la parte de la trama que afecta al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo; al ex presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje, Benjamín Martín Vasco, y al diputado regional Alfonso Bosch- y del de la Comunidad Valenciana, que investigará los hechos relativos al presidente Francisco Camps. La inhibición que declare el juez en su resolución podría ser total, como pide el fiscal, o afectar únicamente a estas personas, según fuentes jurídicas.
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El PP cierra filas para blindar a Camps
Rajoy sale en apoyo del presidente valenciano con más firmeza que con Aguirre - Los populares denuncian a la fiscalía y amenazan a Garzón con una querella
Rajoy sale en apoyo del presidente valenciano con más firmeza que con Aguirre - Los populares denuncian a la fiscalía y amenazan a Garzón con una querella
J. FERRANDIS / C. E CUÉ - Valencia / A Coruña - 20/02/2009
No fue una noche tranquila en el PP. Desde que se conoció, de madrugada, que EL PAÍS de ayer contaba que el fiscal implica en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón a Francisco Camps, gran barón valenciano, uno de los hombres más poderosos del PP y aspirante -hasta ahora- a la sucesión de Mariano Rajoy, los teléfonos se desataron. Camps consultó con Rajoy y marcó desde primera hora de la mañana la estrategia: cierre de filas total y escenificación de su poderío, sin fisuras, en el PP.
No fue una noche tranquila en el PP. Desde que se conoció, de madrugada, que EL PAÍS de ayer contaba que el fiscal implica en la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón a Francisco Camps, gran barón valenciano, uno de los hombres más poderosos del PP y aspirante -hasta ahora- a la sucesión de Mariano Rajoy, los teléfonos se desataron. Camps consultó con Rajoy y marcó desde primera hora de la mañana la estrategia: cierre de filas total y escenificación de su poderío, sin fisuras, en el PP.
Día de conmoción
Fabra sí pone "la mano en el fuego"
El PP encarga informes sobre la actuación de la fiscalía contra sus cargos
Rajoy traslada a Camps el "pleno apoyo" del PP
VIDEO - AGENCIA ATLAS - 19-02-2009
Afirma que el presidente de la Generalitat Valenciana se encuentra en una situación de "indefensión" - AGENCIA ATLAS
Francisco Camps se solidarizó con "los perseguidos y acusados"
Todo el partido en Valencia arropó al presidente en varios actos durante el día
Todo estuvo diseñado al milímetro. Hasta el aplauso que recogieron las cámaras de televisión, lo más importante para los políticos, cuando entró el presidente en el Parlamento autónomo, estaba lejos de ser improvisado. Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, había reunido a sus diputados poco antes. "Vienen días y semanas muy duras, pero esto va a fortalecer al partido", les dijo. Puso la mano en el fuego por Camps, pidió a los suyos que vayan "con la cabeza alta" porque no hay nada, y terminó con una idea. Cada uno, explicó, que haga lo que quiera cuando entre el president en el hemiciclo. Pero sentenció: "Yo tengo muy claro lo que creo que hay que hacer".
Tampoco es que los diputados necesitaran muchas instrucciones para entender que ayer era un día de cierre de filas. Por si fuera poco, Camps convocó por la tarde de forma urgente la Junta Directiva del PP de la comunidad. Los convocados, muchos de ellos diputados nacionales que estaban lejos de Valencia, fueron advertidos de la "presencia inexcusable" a la foto para blindar a Camps.
Era de manual, como sucedió hace una semana cuando Rajoy compareció con todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP para criticar al juez Garzón y pedir su recusación. Aunque esta vez el líder del PP, que habló ya por la tarde, fue más lejos de lo esperado. El líder, que el primer día que aparecieron escándalos sobre Esperanza Aguirre se mostró muy cauto, y se limitó a decir "yo la creo" cuando ella lo negaba todo, demostró ayer que Camps es de los suyos, uno de los que más le apoyó en el congreso de Valencia. "Es un político honrado, un dirigente ejemplar, se encuentra en estado de indefensión. No sabemos si le acusa y de qué. Tiene mi pleno apoyo", zanjó en A Coruña.
El primer paso de la estrategia de defensa de Camps consistió en comparecer ante la prensa. Con su estilo habitual, esquivo con los periodistas, no aceptó preguntas y leyó una declaración. Camps controla de manera férrea una televisión autonómica, Canal 9, que pese a las evidentes implicaciones valencianas, ocultó cualquier noticia de la trama durante días, y ni siquiera contó una rueda de prensa de Rajoy sobre el asunto.
Camps, sin entrar en el fondo de la cuestión -la ramificación valenciana de la trama corrupta- desmintió sin dato alguno y sin conocerlo el contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción y se solidarizó con sus compañeros de partido "perseguidos, acusados y con causas sobreseídas". En tono dramático, Camps llegó a recordar a Bertolt Brecht y lo intentó parafrasear: "Ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una comunidad autónoma".
Sin respuestas
En el Parlamento autónomo, Camps se negó a responder a las preguntas de la oposición sobre la corrupción y tan sólo anunció que sus consejeros comparecerán para dar explicaciones en las comisiones parlamentarias.
La estrategia de contrataque del PP no se quedó ahí. Génova, la sede central, también se puso manos a la obra después de que Camps hablara con Rajoy. Primero presentaron una denuncia a la fiscalía por la supuesta filtración a EL PAÍS y después amenazaron a Garzón con una querella por prevaricación si no deja ya el caso a los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia. Todos los dirigentes nacionales del PP que hablaron centraron de nuevo el tiro en el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para tratar de sacar balones fuera, y hablaron de nuevo de una conspiración contra el PP en la que está el Gobierno, la fiscalía, el juez, la policía y los medios.
El intento de contrataque llegó al extremo de que Esteban González Pons, portavoz del partido, dio una inusual rueda de prensa para denunciar un caso de presunta corrupción en la Junta andaluza con una empresa, Decoestudio, que montó el stand de Andalucía en Fitur. Lo hizo por un precio, según el PP, cinco veces superior al que le pagó la Generalitat valenciana a empresas de la trama corrupta, informa Pablo X. de Sandoval. Pons exigió que el sumario se haga ya público. El PP pretende mitigar el goteo de noticias que afectan a cargos populares durante la campaña.
Día de conmoción
- 6.00. Francisco Camps es alertado en su casa de que EL PAÍS publica el informe de la fiscalía que lo implica en la trama corrupta.
- 8.55. En Presidencia de la Generalitat valenciana, Camps comparece para leer una declaración institucional. Igual que hizo Mariano Rajoy días atrás, el presidente valenciano sale arropado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y todo su Gabinete, excepto el consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, que no llega a tiempo.
- 9.45. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Costa, pide a los diputados que muestren su solidaridad con Camps.
- 10.10. Sesión de control en las Cortes Valencianas. Los aplausos de una bancada popular conmocionada reciben a Camps, que defiende su honradez pero no responde a la oposición. Camps anuncia que todos los consejeros comparecerán.
- 17.00. Con todo el Partido Popular valenciano movilizado para recabar apoyos y muestras de solidaridad con Camps, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, comparece en Cortes para explicar el contrato con Orange Market para la regata Volvo Ocean Race.
- 19.00. Camps habla ante el Comité Ejecutivo Regional del PP convocado de urgencia para apelar a la unidad del partido.
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El PP encarga informes sobre la actuación de la fiscalía contra sus cargos
Vídeo: Rajoy traslada a Camps el "pleno apoyo" del PP
Así es la gran trama de corrupción política vinculada al PP
Boadilla nombra a su nuevo alcalde en una sesión tensa
La alcaldía de Boadilla vuelve a enfrentar al PP
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Canal 9 esconde el fondo de la implicación
LYDIA GARRIDO - Valencia - 20/02/2009
Francisco Camps usó ayer de nuevo Canal 9 para quejarse de una supuesta operación contra el PP-un "proceso" al partido, lo denominó- y no sobre su implicación por el fiscal en una trama de corrupción que encabeza el empresario Francisco Correa, próximo al PP desde la etapa de José María Aznar. Notícies 9, a las 14.30, se refirió ayer a la comparecencia matinal de Camps para responder a las informaciones que le vinculan con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción como "el caso Gürtel que investiga el juez Garzón". Ni palabra del fondo de la cuestión. Nada de uno de los principales implicados, como Álvaro Pérez, director general de Orange Market, cuyas oficinas están en la calle de Colón de Valencia y conocido de la Generalitat. Durante casi ocho minutos, la televisión pública valenciana permitió al presidente de la Generalitat defender su inocencia y reiterar lo que el PP considera todo un proceso contra el partido. Ni una réplica.
Canal 9 esconde el fondo de la implicación
LYDIA GARRIDO - Valencia - 20/02/2009
Francisco Camps usó ayer de nuevo Canal 9 para quejarse de una supuesta operación contra el PP-un "proceso" al partido, lo denominó- y no sobre su implicación por el fiscal en una trama de corrupción que encabeza el empresario Francisco Correa, próximo al PP desde la etapa de José María Aznar. Notícies 9, a las 14.30, se refirió ayer a la comparecencia matinal de Camps para responder a las informaciones que le vinculan con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción como "el caso Gürtel que investiga el juez Garzón". Ni palabra del fondo de la cuestión. Nada de uno de los principales implicados, como Álvaro Pérez, director general de Orange Market, cuyas oficinas están en la calle de Colón de Valencia y conocido de la Generalitat. Durante casi ocho minutos, la televisión pública valenciana permitió al presidente de la Generalitat defender su inocencia y reiterar lo que el PP considera todo un proceso contra el partido. Ni una réplica.
Los informativos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) no dieron oportunidad a la oposición política de aparecer en relación con la investigación del juez Garzón, excepción hecha de dos comentarios en la sesión de control al Consell en las Cortes Valencianas. Cada uno de ellos sirvió para que Canal 9 repitiera una vez tras otra el mensaje del presidente e ignorar el fondo de la trama judicial por la que ya tres imputados están en prisión provisional. El formato se repitió en el informativo de las 21.00.
La sección sindical de UGT denunció ayer la situación. "Los valencianos que han seguido las noticias de Canal 9 no se han enterado absolutamente de nada en relación con la investigación de Garzón sobre supuestos casos de corrupción en los que estarían implicados cargos públicos del PP en la Comunidad Valenciana y Madrid", explicaron desde el sindicato. Parecida afirmación fue la de los miembros del consejo de administración a propuesta socialista o de Esquerra Unida.
Ya la pasada semana la Unió de Periodistes Valencians manifestó su rechazo por el tratamiento informativo que RTVV ha estado aplicado a la trama que investiga Garzón. Durante días, el silencio sobre el asunto fue total. Y después, la información se administró de forma parcial sin relacionar el caso con la corrupción en el PP.
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PP MADRID PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN
Garzón investiga si el asesor destituido por Gallardón falseó las cuentas de Correa en las empresas de la trama
MARIELA RUBIO/ CADENA SER
Javier Nombela ha sido destituido por el alcalde. Mientras, el responsable de la empresa municipal de la Vivienda dimite por razones aún no explicadas
Rosa Posada, nueva presidenta de la Comisión de Investigación de espionaje
Como ya ocurriera el pasado 6 de febrero, cuando se constituyó la comisión, los socialistas han propuesto para el cargo a la portavoz de IU, Inés Sabanés
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Camps niega su implicación en la trama de corrupción y denuncia una campaña contra el PP
Rajoy apoya al presidente, el PP denuncia a la Fiscalía y Cospedal amenaza con una querella a Garzón. El presidente comparece rodeado de su Gobierno y anuncia «acciones legales»
Rajoy apoya al presidente, el PP denuncia a la Fiscalía y Cospedal amenaza con una querella a Garzón. El presidente comparece rodeado de su Gobierno y anuncia «acciones legales»
Víctor Romero, Valencia
Eran las seis de la mañana y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, recibía una llamada en su teléfono móvil. Dos diarios, uno editado en Madrid y otro en Cataluña, informaban de que su nombre aparecía en el informe de la Fiscalía Anticorrupción como posible implicado en la presunta trama de corrupción dirigida por el empresario Francisco Correa, que salpica a cargos del Partido Popular. La cúpula del Consell no tardó en montar un gabinete de crisis con, al menos, los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino. En apenas hora y media movilizaron a todo el Consell convocándolo en el Palau de la plaza de Manises y las 8 de la mañana citaron a a los medios de comunicación para las 9 horas.
La Generalitat podría haber optado por desmentir las informaciones aparecidas y dejar correr el asunto. Pero, ante el riesgo de que el contenido del informe de la Fiscalía derive en un auto del magistrado Baltasar Garzón inhibiéndose en favor del TSJ valenciano solicitando la imputación del jefe del Consell (aforado), Camps optó por organizar una ofensiva institucional. En uno de los patios del Palau, ante los numerosos medios de comunicación presentes, fueron apareciendo primero los consellers -a excepción del Medio Ambiente José Ramón García Antón- y minutos después (a las 9.15 horas) el presidente de la Generalitat acompañado de Rambla y Cotino.
También de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quien se atribuye la iniciativa de ofrecer una imagen de cierre de filas, al igual que hizo la semana pasada con Mariano Rajoy cuando comenzaba a tomar forma el escándalo judicial.Contundente, pero con claros síntomas de cierto nerviosismo y los ojos vidriosos, Camps leyó un comunicado y no aceptó preguntas de la prensa.
«Desmiento de plano la información aparecida hoy en un medio de comunicación», dijo en referencia a su posible implicación en el caso de corrupción a partir de unas grabaciones en las que una de las imputadas Isabel Jordán alude a un factura de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Las informaciones, publicadas por El País yEl Periódico de Cataluña, aluden a que Garzón ha investigado tres facturas sobre ese asunto. El diario del grupo Zeta añade que los incidicios contra Camps podrían ser insuficientes para su imputación. No obstante en medios judiciales se apunta a un segundo cargo valenciano implicado en la trama.
«Hoy recuerdo a todos mis compañeros perseguidos, acosados y con causas sobreseídas que han sufrido daños irreparables», dijo Camps. «Hoy recuerdo detenciones televisadas de compañeros de partido que han quedado en libertad sin cargos. Hoy recuerdo alcaldes, que ya no lo son, por falsas imputaciones, que hoy han quedado en nada». Parafraseó un poema sobre las persecuciones nazis que atribuyó a Beltolt Brecht, aunque en realidad su autor es el pastor luterano alemán Martin Niemöller: «Ayer un concejal, hoy un alcalde. Mañana el presidente de una comunidad autónoma». «Recuerdo cuando al principio de la democracia se me dijo que a diferencia de la dictadura al albor de la mañana quien llamaba era el lechero y no una falsa imputación», añadió. A continuación denunció una campaña contra el Partido Popular y dijo sobre la investigación abierta por Garzón que más que una causa «parece un proceso contra un partido político». «Desde el primer momento se ha buscado el ataque directo al partido, la incertidumbre y el ataque entre nosotros», añadió.
«No lo han conseguido»
Camps insinuó que si Garzón sigue adelante pedirá la comparecencia de altos cargos, funcionarios, personas que han trabajado con él en su trayectoria política y presidente de empresas «para que digan si alguna vez insinué algún tipo de contraprestación». Y anunció que pondrá en marcha acciones legales «en defensa de mi honor, del honor del Partido Popular y de la dignidad y honradez del cargo que tengo encomendado por el pueblo valenciano».
Distancia con Correa
Camps ya avanzó en su discurso parte de lo que a lo largo del día formó parte del argumentario extendido en las filas de PP: Que se están produciendo filtraciones interesadas de poco peso judicial con el objetivo de dañar al partido y que se está produciendo un proceso mediático paralelo sobre un sumario que sigue siendo secreto. En la defensa de sí mismo llegó a afirmar que la filtración de un sumario secreto de la que se desprende la investigación a un cargo aforado «podría anular todo el procedimiento y cuando lo que se busca es la persecución de un delito, un error de esas características tendría nefastas consecuencias judiciales». Así desvinculaba también su persona del grueso de los imputados, con el empresarios Francisco Correa a la cabeza o el presidente de Orange Market, de los que ahora reniega el PP.El PP nacional se movilizó en defensa de Camps.
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó que Camps, es «un dirigente ejemplar». En un acto con medios de comunicación en A Coruña, Rajoy recordó que Camps no está imputado, pero sí «indefenso», pues no se sabe de qué se le acusa. Tras señalar que Camps es «un extraordinario dirigente» y «un político honrado». Sobre las filtraciones, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, anunció la presentación de una denuncia por violación del secreto de sumario. Pons apuntó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, al afirmar que el Gobierno tiene en esas dos instituciones «presumiblemente al menos dos fuentes de acceso al sumario».
Desde Presidencia dijeron que esperarán el auto de Garzón elaborado a partir del informe de la Fiscalía para decidir si emprenden acciones legales contra el propio magistrado o el proceso de instrucción. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que si Garzón no se inhibe lo denunciarán por prevaricación.
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DOCUMENTO: Discurso del president de la Generalitat Vídeo: Camps comparece en Las Corts Vídeo: Rajoy respalda a Camps
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