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El fiscal acusa a la vicepresidenta de Castilla y León de prevaricación
RAFAEL MÉNDEZ
Pide su imputación por aprobar una gran urbanización en un pinar refugio de cigüeñas en Las Navas del Marqués
La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y la Diputación de Ávila, del PP, decidieron en 1999 urbanizar un pinar de máxima protección. "Sus responsables consideraron los trámites legales que había que cumplir como obstáculos que había que remover". El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, resume así la aprobación de la Ciudad del Golf -1.600 chalés, dos hoteles y cuatro campos de golf- en un refugio de cigüeñas negras.
Ruiz es el cargo político de mayor rango contra el que actúa la fiscalía
Por eso, ayer pidió al Tribunal Superior de Castilla y León que impute por prevaricación a la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, que firmó la declaración de impacto ambiental. Ruiz se convierte así en el cargo político de mayor rango contra el que actúa el fiscal por un escándalo urbanístico. La vicepresidenta se suma a los 19 imputados en este caso, desde los técnicos que dieron el visto bueno a la obra hasta el alcalde o el ex director de Medio Natural, Mariano Torre.
Para pedir la imputación al tribunal -Ruiz es aforada- el fiscal ha presentado un detallado escrito de 31 folios que reconstruye la génesis de la urbanización desde 1999. Entonces, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta compraron a Unión Resinera 7.600 hectáreas de pinar. Lo hicieron mediante una sociedad pública creada para "proteger el monte" aunque decidió recalificar una parte de pinar para pagar el suelo. La composición de la empresa es "reveladora", ya que estaban como consejeros los altos cargos que luego debían recalificar el terreno.
Pactaron con el promotor, Francisco Gómez, El Paloma, que en 200 hectáreas de pinar maduro protegido por albergar algunas de las pocas cigüeñas negras que quedan en España, construyera una urbanización. Incluso pactaron por escrito con él que si en dos años no estaba recalificado le indemnizarían con 1,5 millones.
Como era previsible, la urbanización salió adelante.
El 10 de febrero de 2004, María Jesús Ruiz, entonces consejera de Medio Ambiente, se reunió con el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, y "se comprometió a resolver la declaración de impacto ambiental inmediatamente". Sólo 10 días después, al límite del plazo, la declaración fue aprobada con la firma de Ruiz. Ayer, sin embargo, Ruiz declaró: "Mi única participación es la firma, yo no participo en ninguna otra fase" y declaró que volvería a rubricar la declaración de impacto ambiental, que permitía al promotor talar 35.000 pinos. La urbanización ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior pero la Junta recurrió al Supremo para proseguir la tala. La obra, por el momento, está parada.
"Sólo la frontal oposición de la Administración a aplicar sus propias normas hizo posible un desaguisado de tal magnitud", señala el fiscal, que pormenoriza una larga serie de procedimientos infringidos. El fiscal explicó ayer a este diario que "Ruiz firmó la declaración en contra de los censos de cigüeña negra en la zona", y en su escrito apunta que todo estuvo orquestado desde la consejería que ella dirigía. Pese a que los cargos que avalaron la urbanización han declarado en el juzgado que no había cigüeña negra o que la tala no afectaría a la especie, un informe interno de 2003 denunciaba que la urbanización suponía "una grave modificación dentro del área crítica que compromete la potencialidad del área" para la cigüeña negra.
El fiscal considera que Ruiz cometió un delito de prevaricación, al igual que otros cinco cargos de su consejería que colaboraron en la aprobación. En su escrito pide separar en cuatro piezas el caso para facilitar la instrucción. Además del de prevaricación contra la vicepresidenta y los suyos, quiere abrir otra por prevaricación contra los ocho miembros de la comisión de urbanismo que dieron luz verde al proyecto pese a carecer de informe ambiental e incumplir "la legislación de urbanismo"; otra contra el alcalde, el secretario municipal y El Paloma por el pacto previo a los trámites en el que se comprometían a recalificar el pinar, y una cuarta pieza contra el promotor y la empresa que comenzó la tala del pinar pese a que el tribunal ya había declarado ilegal la urbanización.
Carlos Bravo, de la asociación ecologista Centaurea, aplaudió la decisión del fiscal: "Demuestra que la consejera actuó en contra de sus informes técnicos".
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dissabte, 18 d’octubre del 2008
Dependència al PV: La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela.
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Dependència
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La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela
El Síndic de Greuges asegura que ya ha recogido 1.600 quejas de personas con discapacidad
Efe/E.P., Orihuela/Valencia
Un vecino de Orihuela, cuya madre padece Alzheimer y presenta una minusvalía del 100 por cien, ha solicitado a Doña Sofía que interceda para que en la Comunidad Valenciana se aplique la Ley de Dependencia, según ha explicado el propio afectado.En respuesta a su petición, la Casa Real le ha informado que Su Majestad "ha dispuesto la remisión" de la carta al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, así como a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, "para estudio y consideración, y de donde recibirá la contestación que proceda al respecto".
Tanto su petición como la respuesta dada por la Casa Real fue mostrada ayer por Manuel García, quien, además de atender a su madre, ayuda a su padre de 86 años y a su hermana, quien recientemente fue operada de los brazos.García ha explicado que solicitó "la intermediación" de la Casa Real con el objeto de lograr "que en el más breve plazo posible de tiempo la Generalitat desbloquee las ayudas que están previstas y que tienen dotación presupuestaria".
En su carta, García relata que su madre lleva veinte años padeciendo la enfermedad, con una minusvalía del cien por cien, por lo que solicitó "hace más de un año" la ayuda que otorga la Ley de Dependencia para poder sufragar la contratación de una persona que le ayude en las labores asistenciales.
Según recoge la carta de respuesta de la Casa Real, el jefe de la Secretaria de Su Majestad la Reina informa que Doña Sofía "lamenta profundamente las circunstancias" descritas por Manuel García y traslada un mensaje para encontrar "una pronta solución".La orden dispuesta por Doña Sofía de remitir la carta al citado Ministerio ya ha recibido respuesta de este último, quien ha comunicado al afectado que corresponde a las comunidades autónomas "la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia".
Asimismo, la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Política Social añade que es competencia de las comunidades autónomas "el reconocimiento del grado y nivel de dependencia , así como la gestión de los servicios y prestaciones del sistema". En este sentido, García ha explicado que la Consellería de Bienestar Social reconoce en un informe que su madre tiene un grado 3 de dependencia y nivel 2, es decir "dependencia permanente", según un dictamen técnico realizado por la Comisión de Valoración.
El Síndic tiene 1.600 quejasPor otra parte, el Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, aseguró ayer, durante su visita al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), que ha recibido 1.600 quejas de personas con discapacidad en situación de dependencia, según fuentes de la entidad. El Síndic ofreció su intermediación ante la administración, así como a actuar como altavoz de las reivindicaciones de las personas con discapacidad ante los responsables de los poderes públicos.
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Dependència
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La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela
El Síndic de Greuges asegura que ya ha recogido 1.600 quejas de personas con discapacidad
Efe/E.P., Orihuela/Valencia
Un vecino de Orihuela, cuya madre padece Alzheimer y presenta una minusvalía del 100 por cien, ha solicitado a Doña Sofía que interceda para que en la Comunidad Valenciana se aplique la Ley de Dependencia, según ha explicado el propio afectado.En respuesta a su petición, la Casa Real le ha informado que Su Majestad "ha dispuesto la remisión" de la carta al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, así como a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, "para estudio y consideración, y de donde recibirá la contestación que proceda al respecto".
Tanto su petición como la respuesta dada por la Casa Real fue mostrada ayer por Manuel García, quien, además de atender a su madre, ayuda a su padre de 86 años y a su hermana, quien recientemente fue operada de los brazos.García ha explicado que solicitó "la intermediación" de la Casa Real con el objeto de lograr "que en el más breve plazo posible de tiempo la Generalitat desbloquee las ayudas que están previstas y que tienen dotación presupuestaria".
En su carta, García relata que su madre lleva veinte años padeciendo la enfermedad, con una minusvalía del cien por cien, por lo que solicitó "hace más de un año" la ayuda que otorga la Ley de Dependencia para poder sufragar la contratación de una persona que le ayude en las labores asistenciales.
Según recoge la carta de respuesta de la Casa Real, el jefe de la Secretaria de Su Majestad la Reina informa que Doña Sofía "lamenta profundamente las circunstancias" descritas por Manuel García y traslada un mensaje para encontrar "una pronta solución".La orden dispuesta por Doña Sofía de remitir la carta al citado Ministerio ya ha recibido respuesta de este último, quien ha comunicado al afectado que corresponde a las comunidades autónomas "la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia".
Asimismo, la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Política Social añade que es competencia de las comunidades autónomas "el reconocimiento del grado y nivel de dependencia , así como la gestión de los servicios y prestaciones del sistema". En este sentido, García ha explicado que la Consellería de Bienestar Social reconoce en un informe que su madre tiene un grado 3 de dependencia y nivel 2, es decir "dependencia permanente", según un dictamen técnico realizado por la Comisión de Valoración.
El Síndic tiene 1.600 quejasPor otra parte, el Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, aseguró ayer, durante su visita al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), que ha recibido 1.600 quejas de personas con discapacidad en situación de dependencia, según fuentes de la entidad. El Síndic ofreció su intermediación ante la administración, así como a actuar como altavoz de las reivindicaciones de las personas con discapacidad ante los responsables de los poderes públicos.
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Ensenyament al País Valencià.
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Educació
EpC
EpC al País Valencià.
EpC: Rebel.lió a les aules. I el Sheriff dóna instruccions de mà dura.
La 'Citizenship' de Camps tropieza con una semana de movilizaciones y paros.
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El PSPV cifra en seis millones el alquiler anual de los barracones
Font de Mora dotará de contenido a la VIU este curso y nombrará rector
Carlos Alós, ValenciaEl alquiler de los barracones en los que estudian unos 30.000 escolares le cuesta al Consell seis millones de euros anuales, a razón de 500.000 al mes y 360 por alumno. Son datos del diputado del PSPV-PSOE Adolf Sanmartín, quien ayer preguntó en el pleno de las Corts al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, por el inicio del curso.Font de Mora no respondió a la cifra de Sanmartín, aunque rebatió con los 1.300 millones invertidos desde que Camps preside la Generalitat. Desde la conselleria de Educación señalaron que el coste anual de los alquileres ronda el millón de euros y que la cifra de escolares en barracones en este curso era de 26.407, el 2,9%, remarcaron. Sanmartín acusó al conseller de falta de previsión y éste respondió con un reto: Que el diputado socialista adivinara el número de escolares inmigrantes que iban a llegar el próximo año.
El conseller aseguró que si el Gobierno no regula la inmigración es "muy difícil" planificar la llegada de alumnos "de fuera". "Hace tres años fueron 5.000, después 9.000 y cuando parecía que iba a bajar han venido 11.000", dijo el conseller. Sanmartín tildó de ocurrencias el decreto de derechos y deberes, los planes Exit e Integra o el uniforme escolar voluntario. Afirmó que el único interés que tiene el Consell en que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés es "darle varapalos", al Gobierno y aseguró que los centros públicos absorben en la actualidad el 85% de los escolares inmigrantes.
Deficiencias estructurales Respecto al inicio del curso, el diputado socialista afirmó que había comenzado con las mismas deficiencias estructurales "de siempre". Criticó que haya plazas docentes sin cubrir y el absentismo o el fracaso escolar. Font de Mora dijo que los datos que manejaba el diputado estaban "anticuados y manipulados" y le reprochó que siempre recurriera a los "mismos tópicos, como Ciegsa o los barracones".
El titular de Educación aplaudió que el PSPV apoye el trilingüismo mientras Sanmartín se removía en su asiento y recordó que la ministra de Educación dijo que le parecía bien que EpC se impartiera en inglés. Antes, Font de Mora había anunciado que "en breve" nombrará al rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y que a lo largo del presente curso "aparecerán los primeros contenidos docentes con carácter experimental"para la nueva universidad.
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Educació
EpC
EpC al País Valencià.
EpC: Rebel.lió a les aules. I el Sheriff dóna instruccions de mà dura.
La 'Citizenship' de Camps tropieza con una semana de movilizaciones y paros.
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El PSPV cifra en seis millones el alquiler anual de los barracones
Font de Mora dotará de contenido a la VIU este curso y nombrará rector
Carlos Alós, ValenciaEl alquiler de los barracones en los que estudian unos 30.000 escolares le cuesta al Consell seis millones de euros anuales, a razón de 500.000 al mes y 360 por alumno. Son datos del diputado del PSPV-PSOE Adolf Sanmartín, quien ayer preguntó en el pleno de las Corts al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, por el inicio del curso.Font de Mora no respondió a la cifra de Sanmartín, aunque rebatió con los 1.300 millones invertidos desde que Camps preside la Generalitat. Desde la conselleria de Educación señalaron que el coste anual de los alquileres ronda el millón de euros y que la cifra de escolares en barracones en este curso era de 26.407, el 2,9%, remarcaron. Sanmartín acusó al conseller de falta de previsión y éste respondió con un reto: Que el diputado socialista adivinara el número de escolares inmigrantes que iban a llegar el próximo año.
El conseller aseguró que si el Gobierno no regula la inmigración es "muy difícil" planificar la llegada de alumnos "de fuera". "Hace tres años fueron 5.000, después 9.000 y cuando parecía que iba a bajar han venido 11.000", dijo el conseller. Sanmartín tildó de ocurrencias el decreto de derechos y deberes, los planes Exit e Integra o el uniforme escolar voluntario. Afirmó que el único interés que tiene el Consell en que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés es "darle varapalos", al Gobierno y aseguró que los centros públicos absorben en la actualidad el 85% de los escolares inmigrantes.
Deficiencias estructurales Respecto al inicio del curso, el diputado socialista afirmó que había comenzado con las mismas deficiencias estructurales "de siempre". Criticó que haya plazas docentes sin cubrir y el absentismo o el fracaso escolar. Font de Mora dijo que los datos que manejaba el diputado estaban "anticuados y manipulados" y le reprochó que siempre recurriera a los "mismos tópicos, como Ciegsa o los barracones".
El titular de Educación aplaudió que el PSPV apoye el trilingüismo mientras Sanmartín se removía en su asiento y recordó que la ministra de Educación dijo que le parecía bien que EpC se impartiera en inglés. Antes, Font de Mora había anunciado que "en breve" nombrará al rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y que a lo largo del presente curso "aparecerán los primeros contenidos docentes con carácter experimental"para la nueva universidad.
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Sanitat al País valencià.
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Comunitat Valenciana Sanitat
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La atención primaria se asfixia
Los especialistas piden un cambio en el sistema y aseguran que el actual "está agotado"
Levante-EMV, ValenciaLos médicos de atención primaria han urgido a la Administración a que cambie el actual sistema de atención primaria, ya que el actual "está agotado" y los pacientes exigen más y demandan atención sobre temas como dopaje o infertilidad que necesitan "formación continúa para esos facultativos".
Así lo expresaron ayer el presidente del XXX Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Julio Zarco; el presidente del comité organizador, Ramón García-Noblejas, y la presidenta del comité científico, María Dolores Aicart, quienes indicaron de que a este congreso asisten más de cinco mil médicos.Zarco manifestó que la Atención Primaria "está en crisis" y que "sufre una parada evolutiva" por lo que ha considerado el congreso como el "foro ideal de encuentro entre profesionales y políticos" para "reflexionar sobre los pasos a dar para cambiar el actual sistema".
García-Noblejas, por su parte, aseguró que el sistema está "enfermo" y que la Atención Primaria "está casi muerta, pese a que es la base del sistema sanitario" y reivindicó la necesidad de que se invierta en atención primaria y no solo en hospitales, "que no son la panacea".
El especialista criticó la "sobrecarga" burocrática que afrontan los médicos de familia y abogó por "adecuar las consultas, mejorar la retribución y la permanencia" de los profesionales de primaria en su trabajo para lograr mayor estabilidad.
"O se produce un cambio en el concepto y la estructura o termina por desaparecer por la falta de profesionales que huyen de la especialidad de Medicina de Familia por el hospitalocentrismo en el que estamos inmersos", declaró.
Los especialistas destacaron que el médico de primaria es "el interlocutor directo con la población" y que su trabajo es promover, "la atención, promoción y educación en la salud". Y en este sentido indicaron que la vacuna contra el virus del papiloma humano, causante del cáncer de cérvix, y la píldora del día después, no deben ser "más que una herramienta dentro de la prevención".
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Comunitat Valenciana Sanitat
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La atención primaria se asfixia
Los especialistas piden un cambio en el sistema y aseguran que el actual "está agotado"
Levante-EMV, ValenciaLos médicos de atención primaria han urgido a la Administración a que cambie el actual sistema de atención primaria, ya que el actual "está agotado" y los pacientes exigen más y demandan atención sobre temas como dopaje o infertilidad que necesitan "formación continúa para esos facultativos".
Así lo expresaron ayer el presidente del XXX Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Julio Zarco; el presidente del comité organizador, Ramón García-Noblejas, y la presidenta del comité científico, María Dolores Aicart, quienes indicaron de que a este congreso asisten más de cinco mil médicos.Zarco manifestó que la Atención Primaria "está en crisis" y que "sufre una parada evolutiva" por lo que ha considerado el congreso como el "foro ideal de encuentro entre profesionales y políticos" para "reflexionar sobre los pasos a dar para cambiar el actual sistema".
García-Noblejas, por su parte, aseguró que el sistema está "enfermo" y que la Atención Primaria "está casi muerta, pese a que es la base del sistema sanitario" y reivindicó la necesidad de que se invierta en atención primaria y no solo en hospitales, "que no son la panacea".
El especialista criticó la "sobrecarga" burocrática que afrontan los médicos de familia y abogó por "adecuar las consultas, mejorar la retribución y la permanencia" de los profesionales de primaria en su trabajo para lograr mayor estabilidad.
"O se produce un cambio en el concepto y la estructura o termina por desaparecer por la falta de profesionales que huyen de la especialidad de Medicina de Familia por el hospitalocentrismo en el que estamos inmersos", declaró.
Los especialistas destacaron que el médico de primaria es "el interlocutor directo con la población" y que su trabajo es promover, "la atención, promoción y educación en la salud". Y en este sentido indicaron que la vacuna contra el virus del papiloma humano, causante del cáncer de cérvix, y la píldora del día después, no deben ser "más que una herramienta dentro de la prevención".
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Varios más de los nuestros.
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Los genoveses
Página no oficial del clan Rato.
Página no oficial Eduardo Zaplana
Página no oficial Esperanza Aguirre
Página no oficial José María Aznar
Terra Mítica
Urbanisme depredador.
Zaplana
Corrupció
Fabra
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Denuncian ante la Fiscalía al director general de la Energía por tráfico de influencias
La Coordinadora de Estudios Eólicos del Comtat ha presentado un escrito ante la Fiscalía con el fin de que ésta determine si Antonio Cejalvo cometió un delito en el proceso de adjudicación del Plan Eólico 14.
EFE
En rueda de prensa, la presidenta de la coordinadora, Ana Climent, ha explicado que la construcción de los parques eólicos de la comarca del Comtat fue adjudicada por la Dirección General de Energía a una empresa, cuyo estudio de impacto ambiental fue elaborado por una sociedad en la que figura una hermana de Cejalvo.
A su juicio, este último debería haberse abstenido en el procedimiento de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la Zona 14, a pesar de darse el caso de que fue una hermana suya quien dirigió el Estudio de Impacto Ambiental de dicha zona eólica, además de ser administradora única de la empresa que lo elaboró.
Además, se ha denunciado que Cejalvo podría haber influido en la agilización del procedimiento administrativo con el posible fin de evitar que el Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto hubiese tenido que ampliarse o repetirse, a pesar de la existencia de una recomendación efectuada por el Síndic de Greuges.
Por ello, la plataforma considera que en este proceso se han podido cometer otros dos delitos: "negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función" y " delito contra las instituciones del Estado".En este último sentido, la Coordinadora considera que Cejalvo podría haber dilatado el envío de documentación y enviar información "falsa e incompleta" al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana.
Climent ha explicado que el origen de la denuncia radica al descubrir que "la persona que firmó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del Plan Eólico en la Zona 14 es hermana del alto cargo responsable de la puesta en marcha del Plan Eólico Valenciano".
Además, ha recordado que Antonio Cejalvo también fue director de la Agencia Valenciana de Energía en 2001 y que las empresas beneficiarias del Plan Eólico de la zona 14 se constituyeron poco antes de la adjudicación del plan.En las fechas de la adjudicación, 2002-2003, según ha afirmado Climent, Cejalvo ocupó la Jefatura del Servicio de Energía de la Consellería de Industria.Más tarde se le nombró director de la Agencia Valenciana de Energia y posteriormente director general de Energía, "cargos que ocupa en la actualidad".
Desde estos puestos directivos, según ha manifestado Climent, Cejalvo ha ejercido y ejerce funciones de dirección y control "sobre todo aquello que esté relacionado con el Plan Eólico y, por tanto, influyó en la adjudicación a la promotora de la zona 14 que presentó un Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa cuya administradora única es su hermana".
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La Generalitat dice que las acusaciones son falsas
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Las conexiones de la trama de corrupción de Baleares llegan hasta Alicante
Felipe Armendáriz/J. F. M, Palma de Mallorca
Los presuntos delitos de alcance millonario investigados en el llamado caso Scala, la presunta trama de corrupción en torno al consorcio público CDEIB en el anterior Govern balear del Partido , podrían haberse cometido en Mallorca, en la Comunitat Valenciana e, incluso, en el extranjero. La principal encausada, Antònia Ordinas, ex directora-gerente del consorcio dependiente de la conselleria de Comercio y defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, tejió una importante red de empresarios-colaboradores-proveedores del Govern radicados en Baleares, Valencia, Alicante, Nueva York, Hong Kong y otras ciudades importantes. En Valencia, como adelantó Levante-EMV, fue arrestado un empresario que realizaba informes para el consorcio balear bajo sospecha.
En principio se baraja la Audiencia Nacional como instancia competente en la investigación, más por la posibilidad de que españoles hayan delinquido en el extranjero que por la pluralidad de comunidades autónomas donde podría haber actuado la trama.
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El empresario valenciano implicado en la trama balear sólo admite su relación comercial con altos cargos de Matas
Francisco G.C. es el administrador único de la empresa NTC Consultores, sociedad relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene
EFE
La jueza instructora del caso por una supuesta trama de corrupción en el Centro para el Desarrollo Económico de las Islas Balears (CDEIB) en el anterior Govern de Jaume Matas, Piedad Marín, ha tomado declaración hoy en calidad de imputado al empresario valenciano Francisco G.C. y a otros dos testigos.
Francisco G.C. fue detenido en Valencia el pasado 3 de octubre por su supuesta implicación en los hechos investigados, ya que es el administrador único de la empresa NTC Consultores, con sede en la capital valenciana, sociedad al parecer relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene.
Viaene permanece en la prisión de Palma junto a la ex gerente del CDEIB Antània Ordinas, y la mujer de ésta, Isabel Rosselló. Los tres están considerados los principales implicados en la trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos de la Conselleria de Industria.
En su declaración, realizada bajo secreto del sumario, el empresario valenciano habría admitido su relación comercial con los ex altos cargos del Ejecutivo de Matas, pero sin entrar en mayores detalles, según explicaron a EFE fuentes de la investigación.
Los otros dos testigos que hoy han comparecido ante la jueza Piedad Marín y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach son funcionarios de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía, quienes explicaron los mecanismos burocráticos que se seguían en ese departamento con los trabajos encargados a diversos empresarios.
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Un colectivo denuncia a un director general con datos que el Consell dice que son falsos
La plataforma acusa de trato de favor a Cejalvo por la intervención de su hermana en un plan eólico
M. Vilaplana, Alcoi
La Coordinadora d'Estudis Eòlics de El Comtat ha presentado ante la Fiscalía de Alicante una denuncia contra el director general de Energía, Antonio Cejalvo Lapeña, por un presunto delito de tráfico de influencias por consanguinidad. La entidad lo acusa de no haberse abstenido en el proceso de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la zona 14, a pesar de que fue una hermana suya quien dirigió el estudio de impacto ambiental como administradora única de la empresa que lo elaboró. El Consell sostiene que todas las acusaciones son falsas, porque Cejalvo no era cargo público cuando se adjudicó y desarrolló el plan .
Responsables de la coordinadora, encabezados por su presidenta Anna Climent, explicaron ayer que en las fechas de adjudicación, entre 2002 y 2003, Antonio Cejalvo ocupó la jefatura del Servicio de Energía de la Conselleria de Industria. En mayo de 2002 se le nombró director de la Agencia Valenciana de la Energía y en julio de 2003, ya después de la adjudicación, se hizo cargo de la dirección general de Energía, cargos ambos que sigue ocupando en la actualidad. En este sentido, señalan que como jefe del Servicio de Energía, "intervino y tuvo un papel decisivo en el procedimiento de adjudicación de la construcción de los tres parques eólicos de la zona 14 a la empresa Guadalaviar, influyendo favorablemente en dicha adjudicación, a pesar de que debería haberse abstenido por consanguinidad al ser su hermana, Dolores Cejalvo Lapeña, responsable del estudio de impacto ambiental de dicho proyecto empresarial y administradora única de Green Planet, empresa que elaboró el informe" tras ser subcontratada.
La coordinadora, asimismo, afirma que Antonio Cejalvo, ya como director general de Energía, sometió a exposición e información pública el estudio de impacto ambiental, "cuando no podía intervenir en el procedimiento por tener parentesco de consanguinidad".
Aparte de tráfico de influencias, la coordinadora también ha denunciado a Antonio Cejalvo por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Asimismo, se le acusa de delitos contra las instituciones del Estado, "por dilatar el envío de documentación y remitir información falsa e incompleta al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana", argumentaron. Estudio ambiental
También señalaron que la hermana de Antonio Cejalvo es secretaria del Colegio Oficial de Biólogos, que sería el encargado de visar el estudio ambiental.Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Eólico, y que también la Unión Europea se ha interesado por la cuestión a raíz de las denuncias de la coordinadora.
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La Generalitat mantiene que "no era cargo público"
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Julio Iglesias no "cantará" en el juzgado
El juez rechaza por ahora que declare por el contrato "b" y las facturas falsas del IVEX
Francesc Arabí, ValenciaLa partitura de la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato "b" de Julio Iglesias con el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) está escrita y ya han pasado unos cuantos por el juzgado a interpretarla. Unos se han lavado las manos (los comparecientes de la parte pagadora) y otros han declarado a coro que el IVEX, pivotando sobre las delegaciones en el exterior y con los presuntos gastos de organización como coartada, pagó cantidades millonarias a Julio Iglesias, a empresas vinculadas a él, como International Concerts, o a no se sabe quién, como Midway International o Gold Peak Trade Service. El dinero voló a cuentas de paraísos fiscales como la WA356115.000 de UBS en Nassau (Bahamas). Desfile de muchos periféricosAnte el juez han desfilado los que pagaron y los que circulaban por los aledaños. Los que cobraron y están identificados -el propio Julio Iglesias- y las citadas sociedades, de momento seguirán ausentes en el caso. El instructor de la causa, Luis Carlos Presencia Rubio, ha decidido que por ahora ni el artista ni su representante, Luis Fernando Esteban, serán imputados en el caso, como ha pedido el PSPV, que ejerce la acusación. Ni siquiera pasarán como testigos. El presunto promotor de los productos valencianos en el exterior no aportará luz sobre los recitales en los que supuestamente se hincharon gastos -lo que denunció el ex delegado en Miami, José Marquina, en este diario y ante el juez- ni sobre otros en los que se inventaron las facturas desde el primer céntimo. Esto último sucedió en México, a tenor de testimonios judiciales y de la multa de 191.000 euros que la Agencia Tributaria impuso al instituto tras expresar sus dudas de que dos firmas que cobraron 1.908.000 euros por dos recitales "hayan realizado los servicios facturados".
"En ningún caso ha sido acreditado", remarcaba Hacienda. Una parte de los pagos se hicieron con facturas por la organización del recital que Julio Iglesias ofreció el 10 de abril de 1999 en el Auditorio Nacional mexicano. Ese evento, el último de los seis de la gira mundial del artista, se convirtió en el epicentro de la causa judicial cuando, a partir de la declaración de Marquina y de las informaciones de este diario, trascendió que la empresa que cobró 1.802.434 dólares por montar ese acto (la citada Midway) no hizo nada. Fue la productora mexicana Rac Producciones la que corrió con todos los gastos de organización a cambio de que el IVEX le cedió los derechos del artista. La Agencia Tributaria, el gerente de Rac Producciones, Carlos Santos, vía aportación de documentos al fiscal; el apoderado del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho, en declaraciones al juez -en comisión rogatoria- y el ex delegado en México, Vicente Sendra, han insistido todos en la línea de indicar que fue Rac la que cargó con los gastos y que desconocían la existencia de la firma irlandesa.
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El empresario valenciano detenido por el caso Scala informa a la juez que realizó cobros raros
El imputado asegura que actuó por encargo de Antònia Ordinas y Kurt Viaene
Felipe Armendáriz/J.F.M., Palma
Francisco G. C., el empresario valenciano experto en mercadotecnia y que en la pasada legislatura facturó cientos de miles de euros al Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), declaró ayer, en calidad de imputado ante la juez palmesana que instruye la operación Scala. El declarante, que fue detenido hace dos semanas en Valencia y puesto en libertad, implicó al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y a la ex directora-gerente de dicho consorcio, Antònia Ordinas, ambos en prisión, en extraños cobros de facturas giradas por un empresario norteamericano.
El empresario explicó que Viaene le enviaba facturas del proveedor norteamericano del CDEIB Sean Kelleher para que él las cobrara en el consorcio. Una vez cobradas estas facturas, el asesor valenciano entregaba el dinero en sobres a la gerente del consorcio Antònia Ordinas. Kelleher aparece vinculado a la sucursal del CDEIB en Los Ángeles y figura como el organizador de varios eventos promocionales en Manhattan (Nueva York) y California.
El consultor fue interrogado durante unas dos horas. Durante su primera declaración ante la policía el 3 de octubre el empresario aseguró que todos los trabajos encargados a sus consultorías por el anterior Gobierno balear del PP presidido por Jaume Matas se habían realizado. El empresario insistió ayer ante la juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en la solidez y minuciosidad de sus informes.El experto en mercadotecnia manifestó tras su puesta en libertad que el actual Gobierno también ha requerido sus servicios de consultor externo para el mismo consorcio dependiente de la conselleria de Comercio.
Sin comentarios
El empresario, que tras su comparecencia de ayer no quiso hacer ningún tipo de declaración, figura como administrador de dos de los principales proveedores del CDEIB: Marketing One Srategy S.L. y NTC Consultores S.L. Esta segunda compañía facturó miles de euros al consorcio.
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La juez imputa al ex conseller Cardona
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Otro peritaje sobre la forma de las facturas
El Supremo no halla indicios para imputar al ex alcalde de Burriana
El perito dice que las facturas del IVEX son "correctas" en la forma sin entrar en si son o no falsas
Alperi renuncia como concejal pero cobrará como consejero de Aguas de Alicante
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Los genoveses
Página no oficial del clan Rato.
Página no oficial Eduardo Zaplana
Página no oficial Esperanza Aguirre
Página no oficial José María Aznar
Terra Mítica
Urbanisme depredador.
Zaplana
Corrupció
Fabra
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Denuncian ante la Fiscalía al director general de la Energía por tráfico de influencias
La Coordinadora de Estudios Eólicos del Comtat ha presentado un escrito ante la Fiscalía con el fin de que ésta determine si Antonio Cejalvo cometió un delito en el proceso de adjudicación del Plan Eólico 14.
EFE
En rueda de prensa, la presidenta de la coordinadora, Ana Climent, ha explicado que la construcción de los parques eólicos de la comarca del Comtat fue adjudicada por la Dirección General de Energía a una empresa, cuyo estudio de impacto ambiental fue elaborado por una sociedad en la que figura una hermana de Cejalvo.
A su juicio, este último debería haberse abstenido en el procedimiento de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la Zona 14, a pesar de darse el caso de que fue una hermana suya quien dirigió el Estudio de Impacto Ambiental de dicha zona eólica, además de ser administradora única de la empresa que lo elaboró.
Además, se ha denunciado que Cejalvo podría haber influido en la agilización del procedimiento administrativo con el posible fin de evitar que el Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto hubiese tenido que ampliarse o repetirse, a pesar de la existencia de una recomendación efectuada por el Síndic de Greuges.
Por ello, la plataforma considera que en este proceso se han podido cometer otros dos delitos: "negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función" y " delito contra las instituciones del Estado".En este último sentido, la Coordinadora considera que Cejalvo podría haber dilatado el envío de documentación y enviar información "falsa e incompleta" al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana.
Climent ha explicado que el origen de la denuncia radica al descubrir que "la persona que firmó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del Plan Eólico en la Zona 14 es hermana del alto cargo responsable de la puesta en marcha del Plan Eólico Valenciano".
Además, ha recordado que Antonio Cejalvo también fue director de la Agencia Valenciana de Energía en 2001 y que las empresas beneficiarias del Plan Eólico de la zona 14 se constituyeron poco antes de la adjudicación del plan.En las fechas de la adjudicación, 2002-2003, según ha afirmado Climent, Cejalvo ocupó la Jefatura del Servicio de Energía de la Consellería de Industria.Más tarde se le nombró director de la Agencia Valenciana de Energia y posteriormente director general de Energía, "cargos que ocupa en la actualidad".
Desde estos puestos directivos, según ha manifestado Climent, Cejalvo ha ejercido y ejerce funciones de dirección y control "sobre todo aquello que esté relacionado con el Plan Eólico y, por tanto, influyó en la adjudicación a la promotora de la zona 14 que presentó un Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa cuya administradora única es su hermana".
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La Generalitat dice que las acusaciones son falsas
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Las conexiones de la trama de corrupción de Baleares llegan hasta Alicante
Felipe Armendáriz/J. F. M, Palma de Mallorca
Los presuntos delitos de alcance millonario investigados en el llamado caso Scala, la presunta trama de corrupción en torno al consorcio público CDEIB en el anterior Govern balear del Partido , podrían haberse cometido en Mallorca, en la Comunitat Valenciana e, incluso, en el extranjero. La principal encausada, Antònia Ordinas, ex directora-gerente del consorcio dependiente de la conselleria de Comercio y defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, tejió una importante red de empresarios-colaboradores-proveedores del Govern radicados en Baleares, Valencia, Alicante, Nueva York, Hong Kong y otras ciudades importantes. En Valencia, como adelantó Levante-EMV, fue arrestado un empresario que realizaba informes para el consorcio balear bajo sospecha.
En principio se baraja la Audiencia Nacional como instancia competente en la investigación, más por la posibilidad de que españoles hayan delinquido en el extranjero que por la pluralidad de comunidades autónomas donde podría haber actuado la trama.
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El empresario valenciano implicado en la trama balear sólo admite su relación comercial con altos cargos de Matas
Francisco G.C. es el administrador único de la empresa NTC Consultores, sociedad relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene
EFE
La jueza instructora del caso por una supuesta trama de corrupción en el Centro para el Desarrollo Económico de las Islas Balears (CDEIB) en el anterior Govern de Jaume Matas, Piedad Marín, ha tomado declaración hoy en calidad de imputado al empresario valenciano Francisco G.C. y a otros dos testigos.
Francisco G.C. fue detenido en Valencia el pasado 3 de octubre por su supuesta implicación en los hechos investigados, ya que es el administrador único de la empresa NTC Consultores, con sede en la capital valenciana, sociedad al parecer relacionada con el ex director general de Promoción Industrial del anterior Govern, Kurt Viaene.
Viaene permanece en la prisión de Palma junto a la ex gerente del CDEIB Antània Ordinas, y la mujer de ésta, Isabel Rosselló. Los tres están considerados los principales implicados en la trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos de la Conselleria de Industria.
En su declaración, realizada bajo secreto del sumario, el empresario valenciano habría admitido su relación comercial con los ex altos cargos del Ejecutivo de Matas, pero sin entrar en mayores detalles, según explicaron a EFE fuentes de la investigación.
Los otros dos testigos que hoy han comparecido ante la jueza Piedad Marín y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach son funcionarios de la Conselleria de Comercio, Industria y Energía, quienes explicaron los mecanismos burocráticos que se seguían en ese departamento con los trabajos encargados a diversos empresarios.
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Un colectivo denuncia a un director general con datos que el Consell dice que son falsos
La plataforma acusa de trato de favor a Cejalvo por la intervención de su hermana en un plan eólico
M. Vilaplana, Alcoi
La Coordinadora d'Estudis Eòlics de El Comtat ha presentado ante la Fiscalía de Alicante una denuncia contra el director general de Energía, Antonio Cejalvo Lapeña, por un presunto delito de tráfico de influencias por consanguinidad. La entidad lo acusa de no haberse abstenido en el proceso de adjudicación y desarrollo del Plan Eólico de la zona 14, a pesar de que fue una hermana suya quien dirigió el estudio de impacto ambiental como administradora única de la empresa que lo elaboró. El Consell sostiene que todas las acusaciones son falsas, porque Cejalvo no era cargo público cuando se adjudicó y desarrolló el plan .
Responsables de la coordinadora, encabezados por su presidenta Anna Climent, explicaron ayer que en las fechas de adjudicación, entre 2002 y 2003, Antonio Cejalvo ocupó la jefatura del Servicio de Energía de la Conselleria de Industria. En mayo de 2002 se le nombró director de la Agencia Valenciana de la Energía y en julio de 2003, ya después de la adjudicación, se hizo cargo de la dirección general de Energía, cargos ambos que sigue ocupando en la actualidad. En este sentido, señalan que como jefe del Servicio de Energía, "intervino y tuvo un papel decisivo en el procedimiento de adjudicación de la construcción de los tres parques eólicos de la zona 14 a la empresa Guadalaviar, influyendo favorablemente en dicha adjudicación, a pesar de que debería haberse abstenido por consanguinidad al ser su hermana, Dolores Cejalvo Lapeña, responsable del estudio de impacto ambiental de dicho proyecto empresarial y administradora única de Green Planet, empresa que elaboró el informe" tras ser subcontratada.
La coordinadora, asimismo, afirma que Antonio Cejalvo, ya como director general de Energía, sometió a exposición e información pública el estudio de impacto ambiental, "cuando no podía intervenir en el procedimiento por tener parentesco de consanguinidad".
Aparte de tráfico de influencias, la coordinadora también ha denunciado a Antonio Cejalvo por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Asimismo, se le acusa de delitos contra las instituciones del Estado, "por dilatar el envío de documentación y remitir información falsa e incompleta al Síndic de Greuges para proteger los intereses económicos de la empresa de su hermana", argumentaron. Estudio ambiental
También señalaron que la hermana de Antonio Cejalvo es secretaria del Colegio Oficial de Biólogos, que sería el encargado de visar el estudio ambiental.Cabe recordar que la Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Eólico, y que también la Unión Europea se ha interesado por la cuestión a raíz de las denuncias de la coordinadora.
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La Generalitat mantiene que "no era cargo público"
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Julio Iglesias no "cantará" en el juzgado
El juez rechaza por ahora que declare por el contrato "b" y las facturas falsas del IVEX
Francesc Arabí, ValenciaLa partitura de la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato "b" de Julio Iglesias con el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) está escrita y ya han pasado unos cuantos por el juzgado a interpretarla. Unos se han lavado las manos (los comparecientes de la parte pagadora) y otros han declarado a coro que el IVEX, pivotando sobre las delegaciones en el exterior y con los presuntos gastos de organización como coartada, pagó cantidades millonarias a Julio Iglesias, a empresas vinculadas a él, como International Concerts, o a no se sabe quién, como Midway International o Gold Peak Trade Service. El dinero voló a cuentas de paraísos fiscales como la WA356115.000 de UBS en Nassau (Bahamas). Desfile de muchos periféricosAnte el juez han desfilado los que pagaron y los que circulaban por los aledaños. Los que cobraron y están identificados -el propio Julio Iglesias- y las citadas sociedades, de momento seguirán ausentes en el caso. El instructor de la causa, Luis Carlos Presencia Rubio, ha decidido que por ahora ni el artista ni su representante, Luis Fernando Esteban, serán imputados en el caso, como ha pedido el PSPV, que ejerce la acusación. Ni siquiera pasarán como testigos. El presunto promotor de los productos valencianos en el exterior no aportará luz sobre los recitales en los que supuestamente se hincharon gastos -lo que denunció el ex delegado en Miami, José Marquina, en este diario y ante el juez- ni sobre otros en los que se inventaron las facturas desde el primer céntimo. Esto último sucedió en México, a tenor de testimonios judiciales y de la multa de 191.000 euros que la Agencia Tributaria impuso al instituto tras expresar sus dudas de que dos firmas que cobraron 1.908.000 euros por dos recitales "hayan realizado los servicios facturados".
"En ningún caso ha sido acreditado", remarcaba Hacienda. Una parte de los pagos se hicieron con facturas por la organización del recital que Julio Iglesias ofreció el 10 de abril de 1999 en el Auditorio Nacional mexicano. Ese evento, el último de los seis de la gira mundial del artista, se convirtió en el epicentro de la causa judicial cuando, a partir de la declaración de Marquina y de las informaciones de este diario, trascendió que la empresa que cobró 1.802.434 dólares por montar ese acto (la citada Midway) no hizo nada. Fue la productora mexicana Rac Producciones la que corrió con todos los gastos de organización a cambio de que el IVEX le cedió los derechos del artista. La Agencia Tributaria, el gerente de Rac Producciones, Carlos Santos, vía aportación de documentos al fiscal; el apoderado del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho, en declaraciones al juez -en comisión rogatoria- y el ex delegado en México, Vicente Sendra, han insistido todos en la línea de indicar que fue Rac la que cargó con los gastos y que desconocían la existencia de la firma irlandesa.
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El empresario valenciano detenido por el caso Scala informa a la juez que realizó cobros raros
El imputado asegura que actuó por encargo de Antònia Ordinas y Kurt Viaene
Felipe Armendáriz/J.F.M., Palma
Francisco G. C., el empresario valenciano experto en mercadotecnia y que en la pasada legislatura facturó cientos de miles de euros al Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), declaró ayer, en calidad de imputado ante la juez palmesana que instruye la operación Scala. El declarante, que fue detenido hace dos semanas en Valencia y puesto en libertad, implicó al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y a la ex directora-gerente de dicho consorcio, Antònia Ordinas, ambos en prisión, en extraños cobros de facturas giradas por un empresario norteamericano.
El empresario explicó que Viaene le enviaba facturas del proveedor norteamericano del CDEIB Sean Kelleher para que él las cobrara en el consorcio. Una vez cobradas estas facturas, el asesor valenciano entregaba el dinero en sobres a la gerente del consorcio Antònia Ordinas. Kelleher aparece vinculado a la sucursal del CDEIB en Los Ángeles y figura como el organizador de varios eventos promocionales en Manhattan (Nueva York) y California.
El consultor fue interrogado durante unas dos horas. Durante su primera declaración ante la policía el 3 de octubre el empresario aseguró que todos los trabajos encargados a sus consultorías por el anterior Gobierno balear del PP presidido por Jaume Matas se habían realizado. El empresario insistió ayer ante la juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en la solidez y minuciosidad de sus informes.El experto en mercadotecnia manifestó tras su puesta en libertad que el actual Gobierno también ha requerido sus servicios de consultor externo para el mismo consorcio dependiente de la conselleria de Comercio.
Sin comentarios
El empresario, que tras su comparecencia de ayer no quiso hacer ningún tipo de declaración, figura como administrador de dos de los principales proveedores del CDEIB: Marketing One Srategy S.L. y NTC Consultores S.L. Esta segunda compañía facturó miles de euros al consorcio.
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La juez imputa al ex conseller Cardona
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Otro peritaje sobre la forma de las facturas
El Supremo no halla indicios para imputar al ex alcalde de Burriana
El perito dice que las facturas del IVEX son "correctas" en la forma sin entrar en si son o no falsas
Alperi renuncia como concejal pero cobrará como consejero de Aguas de Alicante
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Uno de los nuestros. Luis Fernando Cartagena.
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Los genovesesPágina no oficial del clan Rato.Página no oficial Eduardo ZaplanaPágina no oficial Esperanza AguirrePágina no oficial José María AznarTerra MíticaUrbanisme depredador.ZaplanaCorrupcióFabra
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El ex conseller Cartagena no tendrá que volver a prisión para cumplir su condena
Completará la pena con una pulsera de control telemático y estará en su casa 8 horas al día
Mercedes Gallego, AlicanteEn su casa de Valencia. Allí es donde va a cumplir la pena el ex conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad documental al quedarse con ocho millones de las antiguas pesetas de una congregación de monjas. Instituciones Penitenciarias ha concedido al también ex alcalde de Orihuela el tercer grado inicial que le permite completar la condena con control telemático, es decir, portando una pulsera que le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas pero que, por contra, le exime de volver a la prisión de Albacete, en la que lleva desde julio y en donde anoche ingresó, tras un permiso de fin de semana, probablemente por última vez por esta causa. El ex conseller pidió su traslado a esa cárcel desde la de Villena, en la que apenas permaneció unos días tras su ingreso voluntario el 16 de julio.
La decisión del cambio de régimen penitenciario de Cartagena se ha adoptado en Madrid previo informe favorable de toda la junta de tratamiento de la prisión albaceteña, que por unanimidad estimó que debía concedérsele el tercer grado. Un criterio que tampoco fue recurrido por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria. Fuentes del caso explicaron que a favor del ex político ha pesado, fundamentalmente, que haya devuelto el dinero con el que se había quedado zanjando así la responsabilidad civil, aunque también se ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, 16 años, el que se trate de su primer delito, el apoyo familiar y que el interno está «socializado». Las fuentes antes citadas agregaron que las condiciones que reúne Cartagena son «de libro» para concederle este nuevo status penitenciario que mejora sustancialmente el modo en que completará el cumplimiento de la condena. Las mismas fuentes puntualizaron que, con todo, esto no hubiera sido posible de haber superado la condena los cinco años de prisión.La resolución se ha adoptado cuando aún no se han cumplido los tres meses de su ingreso en prisión y después de que el ex conseller estuviera esperando durante años a que se le concediera el indulto que había solicitado, lo que no ocurrió. Cartagena tiene aún otro proceso penan pendiente por el caso de las primas únicas.
Cartagena: «Para cumplir una pena es necesario estar entre rejas»
«Para cumplir una condena no es necesario estar entre rejas. En casa, con el control telemático, también voy a estar cumpliendo la pena. No hay que confundir pena con castigo». Así se expresaba ayer Luis Fernando Cartagena apenas una hora antes de regresar a la prisión de Albacete, tras disfrutar de un permiso de fin de semana, para el que el probablemente será su último ingreso por esta causa. A preguntas de este diario, Cartagena explicó que está a la espera de que se resuelvan unos trámites administrativos para que se haga efectivo el cambio de grado del segundo al tercero inicial y poder regresar así a Valencia, donde seguirá cumpliendo la pena, pero ya con control telemático.
El ex conseller resaltó el hecho que hubiera habido unanimidad en la junta de tratamiento de la cárcel para acceder este cambio, solicitado por su abogado, y que desde que se produjeron los hechos «no haya tenido ni una multa de tráfico». Aseguró que «sigo con mi vocación de vivir tranquilo» y, a la pregunta de si se iba a volver a incorporar a su actividad profesional en una mercantil de telefonía, precisó que «tengo que preparar mi adaptación a la vida profesional pero no reincorporarme porque no me he ido, me han seguido pagando».
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Abren juicio a Cartagena por las primas únicas tras lograr el tercer grado en la condena que cumple
La fiscalía pide tres años para el ex conseller por fraude fiscal
. A. Martínez/D. Pamies, Alicante
El juzgado de Instrucción número cuatro de Orihuela ya ha dado por cerrada la instrucción y ha dictado el auto de apertura de juicio oral por el otro caso Cartagena. El fiscal pide para el ex conseller Luis Fernando Cartagena una pena de tres años de prisión por fraude fiscal en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Instituciones Penitenciarias ha concedido al ex político el tercer grado inicial, en la otra causa judicial y a la que fue condenado en su día a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos y falsedad. Como ya publicó Levante-EMV, una pulsera de control telemático le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas, como condición para no tener que volver a la prisión de Albacete.
Sin embargo, la apertura del juicio oral no va a suponer rapidez en la celebración de la vista. A pesar de que el juzgado de lo Penal tres de Orihuela es de reciente creación, ya se encuentra totalmente colapsado. La nueva sala de lo Penal tiene cerca de 1.500 ejecutorias pendientes, así como una lista de espera de 700 señalamientos. Por ello, ayer todavía se desconocía cuándo será la fecha exacta en la que se celebrará el proceso. La causa principal por el caso de las primas únicas acabó archivada en la Audiencia Nacional para los directivos del Banco de Santander y otros clientes.
La implicación del ex conseller fue desgajada en su día de la causa principal por la juez Maria Teresa Palacios, que hizo una pieza separada en la investigación, al determinar que se trataba de dos casos distintos. Por un lado estaba la supuesta falsedad documental que cometieron los directores del banco; y otra el fraude fiscal presuntamente cometido por los titulares de los productos financieros llamados cesiones de crédito, que ofrecían el reclamo de ser opacos a Hacienda. La Agencia Tributaria dio un plazo entre 1993 y 1996 para que los beneficiarios de las cesiones de crédito pudieran regular su situación con el fisco. Cartagena no se acogió a ese proceso porque no ha reconocido en ningún momento ser el titular del dinero.
El escrito de acusación, sostiene que era Cartagena quien realmente estaba tras las cuentas investigadas, que figuraban con el nombre de un empresario ilicitano ya fallecido. Según el fiscal, Cartagena declaró a Hacienda en 1988 cuatro millones de pesetas de ingresos, pese a que tuvo un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, acusa al ex conseller de un fraude a Hacienda que asciende a medio millón de euros, por el que pide tres años de prisión y una multa de dos millones de euros.
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Marcos: "Hay dos varas de medir, una para el PP y otra para el resto"
Levante-EMV, Valencia
La diputada autonómica y coordinadora de EUPV, Gloria Marcos, señaló ayer que la Justicia tiene "dos varas de medir" una para el "entorno del PP" y otra para el resto, al tiempo que manifestó ayer su "indignación" por que el ex conseller de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de prisión "complete la pena en su casa" y apuntó que "es de vergüenza que Cartagena vaya a estar sólo tres meses en la prisión", señaló Glòria Marcos, que fue la única dirigente política en salir ayer a valorar el nuevo régimen penitenciario del ex alcalde de Orihuela y ex conseller.Asimismo, añadió que "esta decisión no es más que el indulto que él pedía" apuntó Marcos, quien se preguntó "cuál es el mensaje se está lanzando a la sociedad con esta actuación".
"Una justicia, según quien seas"Marcos, que en un comunicado se refirió así al acceso a una situación de tercer grado por parte de Cartagena, opinó que es "lamentable la diferencia que existe en la aplicación de la justicia según quien seas", ya que, a su juicio, al entorno del PP "se le aplica una vara de medir, pero si eres cualquier otro ciudadano se aplica otra vara". "Es vergonzoso que esto esté pasando en un país teóricamente democrático", apostilló Marcos.
La coordinadora de EUPV además añadió que la decisión de que Cartagena cumpla lo que le queda de pena en su casa es "inadmisible, no solo porque es prácticamente toda la pena la que pasará a su domicilio particular, sino porque esta acción es como darle un indulto a los pocos meses de ingresar a prisión, tal y como él pedía", dijo la diputada.
Marcos afirmó que ante este caso, "es vital hacer una reflexión y exigir que el poder judicial sea independiente, capaz de juzgar con imparcialidad, porque sino es así, están atacando los pilares básicos de la democracia". El ex conseller Cartagena ha logrado una situación penitenciaria privilegiada ya que en tres meses ha accedido a la posibilidad de cumplir la condena en su casa.
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Los genovesesPágina no oficial del clan Rato.Página no oficial Eduardo ZaplanaPágina no oficial Esperanza AguirrePágina no oficial José María AznarTerra MíticaUrbanisme depredador.ZaplanaCorrupcióFabra
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El ex conseller Cartagena no tendrá que volver a prisión para cumplir su condena
Completará la pena con una pulsera de control telemático y estará en su casa 8 horas al día
Mercedes Gallego, AlicanteEn su casa de Valencia. Allí es donde va a cumplir la pena el ex conseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad documental al quedarse con ocho millones de las antiguas pesetas de una congregación de monjas. Instituciones Penitenciarias ha concedido al también ex alcalde de Orihuela el tercer grado inicial que le permite completar la condena con control telemático, es decir, portando una pulsera que le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas pero que, por contra, le exime de volver a la prisión de Albacete, en la que lleva desde julio y en donde anoche ingresó, tras un permiso de fin de semana, probablemente por última vez por esta causa. El ex conseller pidió su traslado a esa cárcel desde la de Villena, en la que apenas permaneció unos días tras su ingreso voluntario el 16 de julio.
La decisión del cambio de régimen penitenciario de Cartagena se ha adoptado en Madrid previo informe favorable de toda la junta de tratamiento de la prisión albaceteña, que por unanimidad estimó que debía concedérsele el tercer grado. Un criterio que tampoco fue recurrido por el fiscal de Vigilancia Penitenciaria. Fuentes del caso explicaron que a favor del ex político ha pesado, fundamentalmente, que haya devuelto el dinero con el que se había quedado zanjando así la responsabilidad civil, aunque también se ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, 16 años, el que se trate de su primer delito, el apoyo familiar y que el interno está «socializado». Las fuentes antes citadas agregaron que las condiciones que reúne Cartagena son «de libro» para concederle este nuevo status penitenciario que mejora sustancialmente el modo en que completará el cumplimiento de la condena. Las mismas fuentes puntualizaron que, con todo, esto no hubiera sido posible de haber superado la condena los cinco años de prisión.La resolución se ha adoptado cuando aún no se han cumplido los tres meses de su ingreso en prisión y después de que el ex conseller estuviera esperando durante años a que se le concediera el indulto que había solicitado, lo que no ocurrió. Cartagena tiene aún otro proceso penan pendiente por el caso de las primas únicas.
Cartagena: «Para cumplir una pena es necesario estar entre rejas»
«Para cumplir una condena no es necesario estar entre rejas. En casa, con el control telemático, también voy a estar cumpliendo la pena. No hay que confundir pena con castigo». Así se expresaba ayer Luis Fernando Cartagena apenas una hora antes de regresar a la prisión de Albacete, tras disfrutar de un permiso de fin de semana, para el que el probablemente será su último ingreso por esta causa. A preguntas de este diario, Cartagena explicó que está a la espera de que se resuelvan unos trámites administrativos para que se haga efectivo el cambio de grado del segundo al tercero inicial y poder regresar así a Valencia, donde seguirá cumpliendo la pena, pero ya con control telemático.
El ex conseller resaltó el hecho que hubiera habido unanimidad en la junta de tratamiento de la cárcel para acceder este cambio, solicitado por su abogado, y que desde que se produjeron los hechos «no haya tenido ni una multa de tráfico». Aseguró que «sigo con mi vocación de vivir tranquilo» y, a la pregunta de si se iba a volver a incorporar a su actividad profesional en una mercantil de telefonía, precisó que «tengo que preparar mi adaptación a la vida profesional pero no reincorporarme porque no me he ido, me han seguido pagando».
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Abren juicio a Cartagena por las primas únicas tras lograr el tercer grado en la condena que cumple
La fiscalía pide tres años para el ex conseller por fraude fiscal
. A. Martínez/D. Pamies, Alicante
El juzgado de Instrucción número cuatro de Orihuela ya ha dado por cerrada la instrucción y ha dictado el auto de apertura de juicio oral por el otro caso Cartagena. El fiscal pide para el ex conseller Luis Fernando Cartagena una pena de tres años de prisión por fraude fiscal en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Instituciones Penitenciarias ha concedido al ex político el tercer grado inicial, en la otra causa judicial y a la que fue condenado en su día a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos y falsedad. Como ya publicó Levante-EMV, una pulsera de control telemático le obligará a permanecer en su domicilio un mínimo de ocho horas, como condición para no tener que volver a la prisión de Albacete.
Sin embargo, la apertura del juicio oral no va a suponer rapidez en la celebración de la vista. A pesar de que el juzgado de lo Penal tres de Orihuela es de reciente creación, ya se encuentra totalmente colapsado. La nueva sala de lo Penal tiene cerca de 1.500 ejecutorias pendientes, así como una lista de espera de 700 señalamientos. Por ello, ayer todavía se desconocía cuándo será la fecha exacta en la que se celebrará el proceso. La causa principal por el caso de las primas únicas acabó archivada en la Audiencia Nacional para los directivos del Banco de Santander y otros clientes.
La implicación del ex conseller fue desgajada en su día de la causa principal por la juez Maria Teresa Palacios, que hizo una pieza separada en la investigación, al determinar que se trataba de dos casos distintos. Por un lado estaba la supuesta falsedad documental que cometieron los directores del banco; y otra el fraude fiscal presuntamente cometido por los titulares de los productos financieros llamados cesiones de crédito, que ofrecían el reclamo de ser opacos a Hacienda. La Agencia Tributaria dio un plazo entre 1993 y 1996 para que los beneficiarios de las cesiones de crédito pudieran regular su situación con el fisco. Cartagena no se acogió a ese proceso porque no ha reconocido en ningún momento ser el titular del dinero.
El escrito de acusación, sostiene que era Cartagena quien realmente estaba tras las cuentas investigadas, que figuraban con el nombre de un empresario ilicitano ya fallecido. Según el fiscal, Cartagena declaró a Hacienda en 1988 cuatro millones de pesetas de ingresos, pese a que tuvo un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, acusa al ex conseller de un fraude a Hacienda que asciende a medio millón de euros, por el que pide tres años de prisión y una multa de dos millones de euros.
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Marcos: "Hay dos varas de medir, una para el PP y otra para el resto"
Levante-EMV, Valencia
La diputada autonómica y coordinadora de EUPV, Gloria Marcos, señaló ayer que la Justicia tiene "dos varas de medir" una para el "entorno del PP" y otra para el resto, al tiempo que manifestó ayer su "indignación" por que el ex conseller de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de prisión "complete la pena en su casa" y apuntó que "es de vergüenza que Cartagena vaya a estar sólo tres meses en la prisión", señaló Glòria Marcos, que fue la única dirigente política en salir ayer a valorar el nuevo régimen penitenciario del ex alcalde de Orihuela y ex conseller.Asimismo, añadió que "esta decisión no es más que el indulto que él pedía" apuntó Marcos, quien se preguntó "cuál es el mensaje se está lanzando a la sociedad con esta actuación".
"Una justicia, según quien seas"Marcos, que en un comunicado se refirió así al acceso a una situación de tercer grado por parte de Cartagena, opinó que es "lamentable la diferencia que existe en la aplicación de la justicia según quien seas", ya que, a su juicio, al entorno del PP "se le aplica una vara de medir, pero si eres cualquier otro ciudadano se aplica otra vara". "Es vergonzoso que esto esté pasando en un país teóricamente democrático", apostilló Marcos.
La coordinadora de EUPV además añadió que la decisión de que Cartagena cumpla lo que le queda de pena en su casa es "inadmisible, no solo porque es prácticamente toda la pena la que pasará a su domicilio particular, sino porque esta acción es como darle un indulto a los pocos meses de ingresar a prisión, tal y como él pedía", dijo la diputada.
Marcos afirmó que ante este caso, "es vital hacer una reflexión y exigir que el poder judicial sea independiente, capaz de juzgar con imparcialidad, porque sino es así, están atacando los pilares básicos de la democracia". El ex conseller Cartagena ha logrado una situación penitenciaria privilegiada ya que en tres meses ha accedido a la posibilidad de cumplir la condena en su casa.
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EpC al País Valencià.
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A la república bananera del PV el sàtrapa nostrat no sap com fer per romandre al poder i per ajudar el cap de La Cosa Seua a arribar-hi a l'estatal. El PP -Partit Proletari si jutgem con n'estan de preocupats per l'mpacte de la crisi sobre els treballadors- segueix utilitzar com a contrapoder per fer oposició les autonomies on governa, sobretot València i Madrid, passant per l'angonal les lleis estatals de superior rang i obligat compliment, encara que sigui per la via de segrestar la comunitat educativa de llurs autonomies. Utilitzar la rebel.lia contra l'EpC o en el tema de la sanitat o de la dependència no és sinó la peculiar manera de fer oposició de la nostra dreta.
Ja sabem que, com Jaime Camino fa dir al General Rojo contestant el també General -de Navarra- Mola a "Dragon Rapide": "Todos sabemos dónde tenemos los militares la bandera: en los cojones". Allí i al compte corrent té la nostra dreta la pàtria, la bandera i la parada militar del Dia de les Forces Armades -¡qué coñazo tengo para mañana!-.
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CCOO pide al TSJ que anule las instrucciones sobre Ciudadanía por "incumplir" el auto de suspensión cautelar
El sindicato considera que hay conflicto por la presencia simultánea en el aula de dos docentes y porque el profesor de inglés participa en la evaluación.
EUROPA PRESS
El sindicato CCOO ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la anulación de las instrucciones emitidas por al Conselleria de Educación sobre la impartición de la asignatura Educación para al Ciudadanía por entender que "incumplen" el contenido del auto de suspensión cautelar dictado por ese organismo y que anulaba la opción B --aprobar la materia con un trabajo-- y evaluar los conocimientos de lengua inglesa, informaron hoy fuentes sindicales.
Así, el pasado 2 de octubre, ante la misma Sala que emitió el auto de suspensión cautelar de la Orden de 10 de junio de 2008 por la que se regula la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, se presentó un escrito de Incidente de Ejecución del referido auto por entender que las Instrucciones que se publicaron el 15 de septiembre, firmadas por los directores generales de Personal y de Ordenación "entran en colisión con la parte resolutiva del auto de suspensión cautelar".
En concreto, la federación de enseñanza de CCOO entiende que el conflicto se produce "con los dos puntos nucleares de las citadas Instrucciones: la presencia simultánea en el aula de dos profesores --el de filosofía o geografía e historia y el de inglés-- y que el profesor de inglés participaba en la elaboración de los criterios de evaluación y por consiguiente en la evaluación", explicaron las mismas fuentes.El pasado 6 de octubre el Tribunal Superior de Justicia dio traslado a la Conselleria de Educación del escrito de CCOO de cuyo contenido son conocedores sus responsables políticos desde el viernes de la semana pasada.
"Estos saben perfectamente de la fuerza de nuestro razonamiento y que esas instrucciones serán declaradas contrarias al auto de suspensión cautelar por lo que a la Federación de Enseñanza de CCOO PV", afirmaron fuentes de la entidad, que agregaron que por ello, "no le ha extrañado que la Conselleria haya manifestado hoy en la mesa de portavoces que va a modificar las Instrucciones por lo que hace referencia a la presencia del profesor de inglés en el aula mientras se explica Educación para la Ciudadanía y que este participe en la evaluación de esa materia".
"Después de esto --prosiguieron-- ya sólo queda la Orden en su parte no suspendida que es que se dé en inglés, lo que significa que allí donde esté o haya ido un profesor o una profesora de Filosofía o de Geografía e Historia con competencias en la lengua inglesa se impartirá en esa lengua o en la que ese profesorado considere pedagógicamente oportuno, atendiendo a las capacidades y necesidades de su alumnado o a las peticiones del mismo".
Esta parte como el resto de la Orden, "al haber sido objeto de la impugnación de la Federación de Enseñanza de CCOO PV, será objeto de la sentencia que pronuncie la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2, del TSJCV, pero mientras ese fallo se produce en aquellos centros en los que Educación para la Ciudadanía no haya sido adscrita a un profesor a una profesora de Filosofía o Geografía e Historia con competencias en inglés, esa asignatura se deberá impartirse en una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y respetando escrupulosamente el derecho constitucional de libertad de cátedra".
Desde CCOO PV pusieron de relieve también que desde la Conselleria se les ha manifestado que no se ha abierto expediente disciplinario alguno por esta causa, pues "obviamente, de abrirse alguno, son plenamente consciente de que una vez anuladas las instrucciones los expedientes abiertos como consecuencia del supuesto incumplimiento de las mismas carecerían de motivación y no podrían concluirse con una propuesta de sanción, por lo que estarían obligados a su archivo", argumentaron.
Finalmente, recalcaron que "en ningún caso la FE CCOO PV entrará a negociar instrucción alguna que desarrolle una orden cuya anulación ha sido pedida ante el Tribunal Superior de Justicia".
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Cadena contra Educación
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Educación elaborará nuevas instrucciones para impartir EpC y reitera que habrá expedientes
CCOO, UGT y STEPV abandonan la junta de portavoces y los directores de Secundaria creen que la propuesta "no supone una solución"
EUROPA PRESS
La Conselleria de Educación va a elaborar, ante las "dudas" planteadas por la actual normativa, unas "instrucciones complementarias y aclaratorias" dirigidas al profesorado de los centros de la Comunitat sobre cómo impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con el fin de facilitar que los docentes "puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley". Estas aclaraciones "se refieren exclusivamente a la organización metodológica de la asignatura", apuntaron fuentes de este departamento, que advirtieron de que quien no cumpla la norma podrá ser expedientado.Así lo han comunicado hoy representantes de la Conselleria que dirige Alejandro Font de Mora o a los sindicatos y a los directores de Secundaria, con los que se han mantenido reuniones.
Desde la Conselleria de Educación señalaron a Europa Press que, "ante las dudas planteadas por la aplicación de la actual normativa, los representantes de la Administración se han comprometido a elaborar unas instrucciones complementarias y aclaratorias dirigidas al profesorado sobre cómo impartir la asignatura para facilitar que estos puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley".
Agregaron que el director general de personal docente, David Barelles, ha manifestado a los representantes de la comunidad educativa la voluntad de "cooperar, colaborar y ayudar en todo lo posible al normal funcionamiento de los centros educativos en esta cuestión", al tiempo que reiteró que "aquellos que no cumplan la norma podrán ser expedientados".
Tras este encuentro, los sindicados FE-CCOO, FETE-UGT-PV y STEPV-Iv han abandonado la Junta de Portavoces de la Mesa Sectorial de Educación al "no obtener una respuesta positiva de la Conselleria para resolver el conflicto de EpC", anunciaron estas entidades en un comunicado
Los sindicatos criticaron que la Administración "no se haya comprometido a no iniciar ningún expediente contra el profesorado que imparta la asignatura en valenciano o castellano" y sobre las instrucciones aclaratorias consideraron que, "aun cuando es un reconocimiento explícito de que la Conselleria está haciendo mal las cosas, no resuelve el conflicto creado en el sistema educativo valenciano".
Ante esa propuesta, CCOO, UGT y STEPV han pedido "que no se abra ningún expediente a ningún profesor por EpC; que se deje a los centros impartir EpC de acuerdo con su programa lingüístico y que se elabore un calendario de negociación pactado que aborde los problemas reales que tienen los centros docentes".
Al no darse "ningún avance en la negociación", afirmaron, los tres sindicatos han pedido la convocatoria de una próxima reunión presidida por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, para "reconducir la situación" y abandonaron la reunión a la espera de una nueva convocatoria.
El otro sindicato representado en la Mesa, Anpe, entendió que con las instrucciones aclaratorias "la Conselleria accede a nuestra petición de que la asignatura EpC sea impartida por un solo profesor en el aula". Desde Anpe recordaron que son contrarios a la inclusión en el currículo de esta asignatura aunque recalcaron que acatan su impartición en inglés en la Comunitat, "siempre que los tribunales no se pronuncien en contra".
"ÚNICO AVANCE"
Por su parte, el portavoz de la Asociación de directores de Secundaria, Vicent Bagetto, declaró que estas instrucciones aclaratorias han supuesto el "único avance" tras al reunión que ha mantenido el colectivo con Concha Gómez.
No obstante, Bagetto subrayó a Europa Press que esta propuesta "no significa una solución, ya que va en la misma línea que hasta el momento ha mantenido la Conselleria de Educación". "Se han ratificado en que la línea roja es la impartición de la materia en inglés", agregó el director.
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Los sindicatos aseguran que el 85% de los centros educativos participa en los encierros
Para mañana está prevista una concentración simultánea en Castelló, Alicante y Valencia en las delegaciones de la Generalitat bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión".
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Sí: una conspiració judeomasònica.
El Consell cree que las protestas contra Ciudadanía esconden intereses políticos
Rambla afirmó que "cuando se habla con los profesores, no tienen inconveniente en que se dé en inglés"
EUROPA PRESS
El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, aseguró hoy que no entiende los motivos de las manifestaciones en contra de la orden de la Conselleria para que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y para pedir que se imparta en valenciano o castellano. En este sentido, dijo que estas protestas "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación".
Rambla, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell señaló, tras ser preguntado por la manifestación ayer en contra de la orden autonómica de Educación para la Ciudadanía (EpC), consideró que "no hay ninguna razón" para que no se imparta esta asignatura que además puede hacerse en inglés, señaló.
En este sentido, criticó que se está "utilizando como excusa" la confrontación porque "cuando se habla con ellos --los profesores--, no tienen inconveniente en que se dé en inglés", afirmó.
Así pues, "si no tienen inconveniente en que se dé en inglés y quieren que se dé la asignatura, no entiendo por qué todas estas movilizaciones" que "creo que esconden otra cosa", apostilló.
El portavoz del Consell dijo al respecto que estas movilizaciones "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación". Pero, "frente a eso, cada cuatro años tenemos la oportunidad de manifestarnos todos en las urnas" y, mientras "como Estado de Derecho, intentaremos cumplir la Ley como Gobierno" y hacerla cumplir a "todo el mundo", aseveró.
Por tanto, apuntó que "no hay ningún inconveniente" para que nuestros alumnos hablen valenciano, castellano y puedan también hablar inglés" y "como estamos convencidos de que eso es bueno para nuestra sociedad y futuro, respetando todas las opiniones que pueda tener parte de esa comunidad educativa, por decirlo de alguna forma --dijo en relación a a los manifestantes--, seguimos creyendo que este es un proyecto que es bueno para la enseñanza en la Comunitat y para el futuro de los alumnos".
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Clamor contra la política de Font de Mora
Las concentraciones anti Ciudadanía en inglés reunieron a miles de profesores, padres y alumnos
Maite Ducajú, ValenciaLa escueta pancarta resumía el malestar de los profesores, padres y alumnos que ayer se concentraron en la plaza de Manises de Valencia, ante el Palau de la Generalitat. "Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió" fue el lema que firmaba, sin siglas, la Plataforma per l'Ensenyament Públic.Igual que en Valencia, con unas 3.200 personas concentradas -mil según la policía local-, las movilizaciones se repitieron en Castelló, con un millar, y en Alicante, alrededor de 3.000, según los datos que ofrecieron los sindicatos docentes al concluir la protesta en la que, sólo al final, se llegó a realizar la cadena humana, más por falta de organización que de personas. En total, unos 7.000 manifestantes -hasta 11.000 los eleva el STE- que clamaron contra "el caos" que, en su opinión, ha supuesto la política educativa del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller titular, Alejandro Font de Mora, con el eje de su normativa sobre la impartición de la asignatura de Ciudadanía en inglés, según repitieron uno tras otro los portavoces de las distintas organizaciones. Hacía más de diez años, y fue contra el mapa escolar, que no se daba una movilización tan secundada contra la Generalitat, recordó Luis Trapiello, de CC OO.Junto a los representantes del STE-PV, FE-CC OO, FETE-UGT, estaban los de la FAPA, la Escola Valenciana, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, el Sindicat d'Estudiants, los movimientos de renovación pedagógica, un buen porcentaje de la comunidad escolar y muchos líderes de los grupos políticos de la oposición. Por el PSPV acudieron su secretario general Jorge Alarte y Carmen Alborch; el del Bloc, Enric Morera o los responsables de UGT y CC OO, Rafael Recuenco y Joan Sifre.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia, Gemma Piqué, encargada de leer en valenciano el manifiesto con las reivindicaciones, realizó un simulacro con un profesor de inglés, traduciendo en esta esta lengua, de cómo se da la asignatura de Ciudadanía con dos docentes: "Do you understand?" (¿Entendéis) dijeron."El sistema educativo valenciano es muy malo, con graves problemas estructurales y un funcionamiento ineficiente" afirmó Piqué, quien pidió la retirada de la orden de Ciudadanía en inglés así como "la paralización de cualquier proceso administrativo iniciado contra profesores o directivos". Subrayó, también, que "antes del trilingüismo se debería conseguir el bilingüismo real" del castellano y el valenciano.
Durante la protesta se escucharon o leyeron lemas como "Yo también tengo Fontdemoramanía" o "Con la educación no se juega. Basta de amenazas de represión".Los próximos días 20 y 27 están previstas nuevas concentraciones, además de una asamblea y una movilización estudiantil.
Indignación de los equipos directivosMiembros de los equipos directivos valencianos también se concentraron ayer ante el Palau de la Generalitat reclamando trabajar en condiciones. El presidente de la permanente, Vicent Baggetto, explicó a Levante-EMV que se habían autoconvocado para manifestar "nuestro descontento" ante las dificultades que han tenido este curso para organizarlo por las distintas instrucciones de la Conselleria de Educación o el retraso en recibirlas.
"La situación continua siendo la misma; no hay movimiento ni avance" explicó Baggetto sobre el anuncio de la conselleria de emitir unas normas que "aclaren" sus propias instrucciones sobre Educación para la Ciudadanía en inglés.
"De momento, de aclaración, nada" aseguró."Si el curso ha empezado sin mayores problemas es porque los equipos directivos nos hemos dejado la piel" añadió el director del instituto Joan Fuster, de Sueca, quien recordó que "ésta es la primera vez que pasa una situación como la actual".
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El PP veta EpC en lenguas oficiales porque "muchísimos padres están encantados de que sea en inglés"
Camps dice que el secretario de la Unesco también lo apoyó y el PSPV le advierte que "pasará a la historia como presidente de los esperpentos"
Comunitat Valenciana
J. G. G., Valencia La comunidad educativa está en pie de guerra pero el PP apeló ayer a que "hay muchísimos padres que están encantados con que Educación para la Ciudadanía (EPC) se dé en inglés" para rechazar sendas propuestas del PSPV y de Compromís que reclamaban que la asignatura se imparta en una lengua oficial, castellano o valenciano, pero no en inglés con un profesor de traductor simultáneo. "No sé en qué Comunitat Valenciana vive usted; imagino que estamos en comunidades diferentes", continuó la popular Maira Barrieras al socialista Adolf Sanmartín, para insistir en que los padres demandan Education for the Citizenship para que la Comunitat sea, dijo, "pionera" en potenciar esta lengua.
El debate de la propuesta fue el colofón de una mañana en las Corts -seguida desde el palco de invitados por los sindicatos educativos- que comenzó con la pregunta del portavoz socialista, Ángel Luna, al presidente Francisco Camps. Luna, quien acusó al jefe del Consell de actuar al dictado de la "jerarquía católica", le recriminó el haber generado un "caos organizativo de todo tipo" por "torpeza, porque son unos torpes", o bien "porque quieren utilizar a los niños para una batalla moral que no se tiene que dar aquí". El PP, dijo, "sigue sin aceptar una ética pública, civil, sin estar secularizado". "Son ustedes premodernos", asestó, para ofrecerle un "pacto", "retire la orden y hablaremos en serio del asunto".
El peaje de ser "novedosos y mejorar"
Camps ni lo consideró al entenderlo como una "imposición". El presidente defendió que el modelo de EpC en inglés es "responsable, coherente y correcto", y negó que le mueva "ninguna jerarquía" ("si fuera en latín lo entendería, pero no en inglés", ironizó), sino que el Consell tomó la decisión "en aras de su propia competencia". Además del "apoyo" de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, Camps desveló que el secretario general de la Unesco le dijo en el Palau que la iniciativa era "excepcional", e incluso acusó al PSPV de "boicotear la asignatura". El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, admitió que el "proceso inicial complejo" dará paso "poco a poco a la normalidad", un precio que hay que pagar, vino a decir, si se quiere "mejorar", porque "hay que ser novedosos".
Manuel Bueno (PSPV) avisó a Camps: O rectifica o "pasará a la historia como presidente de los esperpentos".
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El Gobierno apela a un "diálogo responsable"
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A la república bananera del PV el sàtrapa nostrat no sap com fer per romandre al poder i per ajudar el cap de La Cosa Seua a arribar-hi a l'estatal. El PP -Partit Proletari si jutgem con n'estan de preocupats per l'mpacte de la crisi sobre els treballadors- segueix utilitzar com a contrapoder per fer oposició les autonomies on governa, sobretot València i Madrid, passant per l'angonal les lleis estatals de superior rang i obligat compliment, encara que sigui per la via de segrestar la comunitat educativa de llurs autonomies. Utilitzar la rebel.lia contra l'EpC o en el tema de la sanitat o de la dependència no és sinó la peculiar manera de fer oposició de la nostra dreta.
Ja sabem que, com Jaime Camino fa dir al General Rojo contestant el també General -de Navarra- Mola a "Dragon Rapide": "Todos sabemos dónde tenemos los militares la bandera: en los cojones". Allí i al compte corrent té la nostra dreta la pàtria, la bandera i la parada militar del Dia de les Forces Armades -¡qué coñazo tengo para mañana!-.
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CCOO pide al TSJ que anule las instrucciones sobre Ciudadanía por "incumplir" el auto de suspensión cautelar
El sindicato considera que hay conflicto por la presencia simultánea en el aula de dos docentes y porque el profesor de inglés participa en la evaluación.
EUROPA PRESS
El sindicato CCOO ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la anulación de las instrucciones emitidas por al Conselleria de Educación sobre la impartición de la asignatura Educación para al Ciudadanía por entender que "incumplen" el contenido del auto de suspensión cautelar dictado por ese organismo y que anulaba la opción B --aprobar la materia con un trabajo-- y evaluar los conocimientos de lengua inglesa, informaron hoy fuentes sindicales.
Así, el pasado 2 de octubre, ante la misma Sala que emitió el auto de suspensión cautelar de la Orden de 10 de junio de 2008 por la que se regula la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, se presentó un escrito de Incidente de Ejecución del referido auto por entender que las Instrucciones que se publicaron el 15 de septiembre, firmadas por los directores generales de Personal y de Ordenación "entran en colisión con la parte resolutiva del auto de suspensión cautelar".
En concreto, la federación de enseñanza de CCOO entiende que el conflicto se produce "con los dos puntos nucleares de las citadas Instrucciones: la presencia simultánea en el aula de dos profesores --el de filosofía o geografía e historia y el de inglés-- y que el profesor de inglés participaba en la elaboración de los criterios de evaluación y por consiguiente en la evaluación", explicaron las mismas fuentes.El pasado 6 de octubre el Tribunal Superior de Justicia dio traslado a la Conselleria de Educación del escrito de CCOO de cuyo contenido son conocedores sus responsables políticos desde el viernes de la semana pasada.
"Estos saben perfectamente de la fuerza de nuestro razonamiento y que esas instrucciones serán declaradas contrarias al auto de suspensión cautelar por lo que a la Federación de Enseñanza de CCOO PV", afirmaron fuentes de la entidad, que agregaron que por ello, "no le ha extrañado que la Conselleria haya manifestado hoy en la mesa de portavoces que va a modificar las Instrucciones por lo que hace referencia a la presencia del profesor de inglés en el aula mientras se explica Educación para la Ciudadanía y que este participe en la evaluación de esa materia".
"Después de esto --prosiguieron-- ya sólo queda la Orden en su parte no suspendida que es que se dé en inglés, lo que significa que allí donde esté o haya ido un profesor o una profesora de Filosofía o de Geografía e Historia con competencias en la lengua inglesa se impartirá en esa lengua o en la que ese profesorado considere pedagógicamente oportuno, atendiendo a las capacidades y necesidades de su alumnado o a las peticiones del mismo".
Esta parte como el resto de la Orden, "al haber sido objeto de la impugnación de la Federación de Enseñanza de CCOO PV, será objeto de la sentencia que pronuncie la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2, del TSJCV, pero mientras ese fallo se produce en aquellos centros en los que Educación para la Ciudadanía no haya sido adscrita a un profesor a una profesora de Filosofía o Geografía e Historia con competencias en inglés, esa asignatura se deberá impartirse en una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y respetando escrupulosamente el derecho constitucional de libertad de cátedra".
Desde CCOO PV pusieron de relieve también que desde la Conselleria se les ha manifestado que no se ha abierto expediente disciplinario alguno por esta causa, pues "obviamente, de abrirse alguno, son plenamente consciente de que una vez anuladas las instrucciones los expedientes abiertos como consecuencia del supuesto incumplimiento de las mismas carecerían de motivación y no podrían concluirse con una propuesta de sanción, por lo que estarían obligados a su archivo", argumentaron.
Finalmente, recalcaron que "en ningún caso la FE CCOO PV entrará a negociar instrucción alguna que desarrolle una orden cuya anulación ha sido pedida ante el Tribunal Superior de Justicia".
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Cadena contra Educación
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Educación elaborará nuevas instrucciones para impartir EpC y reitera que habrá expedientes
CCOO, UGT y STEPV abandonan la junta de portavoces y los directores de Secundaria creen que la propuesta "no supone una solución"
EUROPA PRESS
La Conselleria de Educación va a elaborar, ante las "dudas" planteadas por la actual normativa, unas "instrucciones complementarias y aclaratorias" dirigidas al profesorado de los centros de la Comunitat sobre cómo impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con el fin de facilitar que los docentes "puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley". Estas aclaraciones "se refieren exclusivamente a la organización metodológica de la asignatura", apuntaron fuentes de este departamento, que advirtieron de que quien no cumpla la norma podrá ser expedientado.Así lo han comunicado hoy representantes de la Conselleria que dirige Alejandro Font de Mora o a los sindicatos y a los directores de Secundaria, con los que se han mantenido reuniones.
Desde la Conselleria de Educación señalaron a Europa Press que, "ante las dudas planteadas por la aplicación de la actual normativa, los representantes de la Administración se han comprometido a elaborar unas instrucciones complementarias y aclaratorias dirigidas al profesorado sobre cómo impartir la asignatura para facilitar que estos puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley".
Agregaron que el director general de personal docente, David Barelles, ha manifestado a los representantes de la comunidad educativa la voluntad de "cooperar, colaborar y ayudar en todo lo posible al normal funcionamiento de los centros educativos en esta cuestión", al tiempo que reiteró que "aquellos que no cumplan la norma podrán ser expedientados".
Tras este encuentro, los sindicados FE-CCOO, FETE-UGT-PV y STEPV-Iv han abandonado la Junta de Portavoces de la Mesa Sectorial de Educación al "no obtener una respuesta positiva de la Conselleria para resolver el conflicto de EpC", anunciaron estas entidades en un comunicado
Los sindicatos criticaron que la Administración "no se haya comprometido a no iniciar ningún expediente contra el profesorado que imparta la asignatura en valenciano o castellano" y sobre las instrucciones aclaratorias consideraron que, "aun cuando es un reconocimiento explícito de que la Conselleria está haciendo mal las cosas, no resuelve el conflicto creado en el sistema educativo valenciano".
Ante esa propuesta, CCOO, UGT y STEPV han pedido "que no se abra ningún expediente a ningún profesor por EpC; que se deje a los centros impartir EpC de acuerdo con su programa lingüístico y que se elabore un calendario de negociación pactado que aborde los problemas reales que tienen los centros docentes".
Al no darse "ningún avance en la negociación", afirmaron, los tres sindicatos han pedido la convocatoria de una próxima reunión presidida por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, para "reconducir la situación" y abandonaron la reunión a la espera de una nueva convocatoria.
El otro sindicato representado en la Mesa, Anpe, entendió que con las instrucciones aclaratorias "la Conselleria accede a nuestra petición de que la asignatura EpC sea impartida por un solo profesor en el aula". Desde Anpe recordaron que son contrarios a la inclusión en el currículo de esta asignatura aunque recalcaron que acatan su impartición en inglés en la Comunitat, "siempre que los tribunales no se pronuncien en contra".
"ÚNICO AVANCE"
Por su parte, el portavoz de la Asociación de directores de Secundaria, Vicent Bagetto, declaró que estas instrucciones aclaratorias han supuesto el "único avance" tras al reunión que ha mantenido el colectivo con Concha Gómez.
No obstante, Bagetto subrayó a Europa Press que esta propuesta "no significa una solución, ya que va en la misma línea que hasta el momento ha mantenido la Conselleria de Educación". "Se han ratificado en que la línea roja es la impartición de la materia en inglés", agregó el director.
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Los sindicatos aseguran que el 85% de los centros educativos participa en los encierros
Para mañana está prevista una concentración simultánea en Castelló, Alicante y Valencia en las delegaciones de la Generalitat bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión".
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Sí: una conspiració judeomasònica.
El Consell cree que las protestas contra Ciudadanía esconden intereses políticos
Rambla afirmó que "cuando se habla con los profesores, no tienen inconveniente en que se dé en inglés"
EUROPA PRESS
El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, aseguró hoy que no entiende los motivos de las manifestaciones en contra de la orden de la Conselleria para que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y para pedir que se imparta en valenciano o castellano. En este sentido, dijo que estas protestas "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación".
Rambla, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell señaló, tras ser preguntado por la manifestación ayer en contra de la orden autonómica de Educación para la Ciudadanía (EpC), consideró que "no hay ninguna razón" para que no se imparta esta asignatura que además puede hacerse en inglés, señaló.
En este sentido, criticó que se está "utilizando como excusa" la confrontación porque "cuando se habla con ellos --los profesores--, no tienen inconveniente en que se dé en inglés", afirmó.
Así pues, "si no tienen inconveniente en que se dé en inglés y quieren que se dé la asignatura, no entiendo por qué todas estas movilizaciones" que "creo que esconden otra cosa", apostilló.
El portavoz del Consell dijo al respecto que estas movilizaciones "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación". Pero, "frente a eso, cada cuatro años tenemos la oportunidad de manifestarnos todos en las urnas" y, mientras "como Estado de Derecho, intentaremos cumplir la Ley como Gobierno" y hacerla cumplir a "todo el mundo", aseveró.
Por tanto, apuntó que "no hay ningún inconveniente" para que nuestros alumnos hablen valenciano, castellano y puedan también hablar inglés" y "como estamos convencidos de que eso es bueno para nuestra sociedad y futuro, respetando todas las opiniones que pueda tener parte de esa comunidad educativa, por decirlo de alguna forma --dijo en relación a a los manifestantes--, seguimos creyendo que este es un proyecto que es bueno para la enseñanza en la Comunitat y para el futuro de los alumnos".
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Clamor contra la política de Font de Mora
Las concentraciones anti Ciudadanía en inglés reunieron a miles de profesores, padres y alumnos
Maite Ducajú, ValenciaLa escueta pancarta resumía el malestar de los profesores, padres y alumnos que ayer se concentraron en la plaza de Manises de Valencia, ante el Palau de la Generalitat. "Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió" fue el lema que firmaba, sin siglas, la Plataforma per l'Ensenyament Públic.Igual que en Valencia, con unas 3.200 personas concentradas -mil según la policía local-, las movilizaciones se repitieron en Castelló, con un millar, y en Alicante, alrededor de 3.000, según los datos que ofrecieron los sindicatos docentes al concluir la protesta en la que, sólo al final, se llegó a realizar la cadena humana, más por falta de organización que de personas. En total, unos 7.000 manifestantes -hasta 11.000 los eleva el STE- que clamaron contra "el caos" que, en su opinión, ha supuesto la política educativa del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller titular, Alejandro Font de Mora, con el eje de su normativa sobre la impartición de la asignatura de Ciudadanía en inglés, según repitieron uno tras otro los portavoces de las distintas organizaciones. Hacía más de diez años, y fue contra el mapa escolar, que no se daba una movilización tan secundada contra la Generalitat, recordó Luis Trapiello, de CC OO.Junto a los representantes del STE-PV, FE-CC OO, FETE-UGT, estaban los de la FAPA, la Escola Valenciana, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, el Sindicat d'Estudiants, los movimientos de renovación pedagógica, un buen porcentaje de la comunidad escolar y muchos líderes de los grupos políticos de la oposición. Por el PSPV acudieron su secretario general Jorge Alarte y Carmen Alborch; el del Bloc, Enric Morera o los responsables de UGT y CC OO, Rafael Recuenco y Joan Sifre.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia, Gemma Piqué, encargada de leer en valenciano el manifiesto con las reivindicaciones, realizó un simulacro con un profesor de inglés, traduciendo en esta esta lengua, de cómo se da la asignatura de Ciudadanía con dos docentes: "Do you understand?" (¿Entendéis) dijeron."El sistema educativo valenciano es muy malo, con graves problemas estructurales y un funcionamiento ineficiente" afirmó Piqué, quien pidió la retirada de la orden de Ciudadanía en inglés así como "la paralización de cualquier proceso administrativo iniciado contra profesores o directivos". Subrayó, también, que "antes del trilingüismo se debería conseguir el bilingüismo real" del castellano y el valenciano.
Durante la protesta se escucharon o leyeron lemas como "Yo también tengo Fontdemoramanía" o "Con la educación no se juega. Basta de amenazas de represión".Los próximos días 20 y 27 están previstas nuevas concentraciones, además de una asamblea y una movilización estudiantil.
Indignación de los equipos directivosMiembros de los equipos directivos valencianos también se concentraron ayer ante el Palau de la Generalitat reclamando trabajar en condiciones. El presidente de la permanente, Vicent Baggetto, explicó a Levante-EMV que se habían autoconvocado para manifestar "nuestro descontento" ante las dificultades que han tenido este curso para organizarlo por las distintas instrucciones de la Conselleria de Educación o el retraso en recibirlas.
"La situación continua siendo la misma; no hay movimiento ni avance" explicó Baggetto sobre el anuncio de la conselleria de emitir unas normas que "aclaren" sus propias instrucciones sobre Educación para la Ciudadanía en inglés.
"De momento, de aclaración, nada" aseguró."Si el curso ha empezado sin mayores problemas es porque los equipos directivos nos hemos dejado la piel" añadió el director del instituto Joan Fuster, de Sueca, quien recordó que "ésta es la primera vez que pasa una situación como la actual".
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El PP veta EpC en lenguas oficiales porque "muchísimos padres están encantados de que sea en inglés"
Camps dice que el secretario de la Unesco también lo apoyó y el PSPV le advierte que "pasará a la historia como presidente de los esperpentos"
Comunitat Valenciana
J. G. G., Valencia La comunidad educativa está en pie de guerra pero el PP apeló ayer a que "hay muchísimos padres que están encantados con que Educación para la Ciudadanía (EPC) se dé en inglés" para rechazar sendas propuestas del PSPV y de Compromís que reclamaban que la asignatura se imparta en una lengua oficial, castellano o valenciano, pero no en inglés con un profesor de traductor simultáneo. "No sé en qué Comunitat Valenciana vive usted; imagino que estamos en comunidades diferentes", continuó la popular Maira Barrieras al socialista Adolf Sanmartín, para insistir en que los padres demandan Education for the Citizenship para que la Comunitat sea, dijo, "pionera" en potenciar esta lengua.
El debate de la propuesta fue el colofón de una mañana en las Corts -seguida desde el palco de invitados por los sindicatos educativos- que comenzó con la pregunta del portavoz socialista, Ángel Luna, al presidente Francisco Camps. Luna, quien acusó al jefe del Consell de actuar al dictado de la "jerarquía católica", le recriminó el haber generado un "caos organizativo de todo tipo" por "torpeza, porque son unos torpes", o bien "porque quieren utilizar a los niños para una batalla moral que no se tiene que dar aquí". El PP, dijo, "sigue sin aceptar una ética pública, civil, sin estar secularizado". "Son ustedes premodernos", asestó, para ofrecerle un "pacto", "retire la orden y hablaremos en serio del asunto".
El peaje de ser "novedosos y mejorar"
Camps ni lo consideró al entenderlo como una "imposición". El presidente defendió que el modelo de EpC en inglés es "responsable, coherente y correcto", y negó que le mueva "ninguna jerarquía" ("si fuera en latín lo entendería, pero no en inglés", ironizó), sino que el Consell tomó la decisión "en aras de su propia competencia". Además del "apoyo" de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, Camps desveló que el secretario general de la Unesco le dijo en el Palau que la iniciativa era "excepcional", e incluso acusó al PSPV de "boicotear la asignatura". El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, admitió que el "proceso inicial complejo" dará paso "poco a poco a la normalidad", un precio que hay que pagar, vino a decir, si se quiere "mejorar", porque "hay que ser novedosos".
Manuel Bueno (PSPV) avisó a Camps: O rectifica o "pasará a la historia como presidente de los esperpentos".
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El Gobierno apela a un "diálogo responsable"
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Uno de los nuestros: El PP blinda a Fabra y no le suspenderá sin una condena en firme.
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La banda que governa el País Valencià i que "fa oposició" a Espanya ha decidit posar sempre la mateixa escusa: allò del qual no els interessa parlar diuen que no interessa a la ciutadania. Vale para un barrido y para un fregado. Fabra no interessa, la Memòria Històrica no interessa, l'avortament ben ordenat jurídicament no interessa, ... El PP diu què interessa i què no als espanyols, que és el que interessa al PP per a fer l'oposició colpista de està fent des de fa quatre anys i mig.
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El PP blinda a Fabra y no le suspenderá sin una condena en firme
JOAQUÍN FERRANDIS -
La dirección regional sitúa a la hija del imputado en la mesa del XII Congreso.- Los populares valencianos reelegirán hoy a Francisco Camps como presidente regional sin ninguna oposición
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que preside Francisco Camps, ha decidido blindar la presencia en el partido del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública y supuesto delito fiscal. Le blinda a él y al resto de cargos imputados, y no le investigará ni le abrirá expediente hasta que no haya una "condena firme en un procedimiento penal" por delitos que perjudiquen a terceros.
CONDECORADO
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Carlos Fabra Carreras
A FONDO
La ponencia de Estatutos que aprobarán los populares valencianos en su XII congreso regional, que se celebra hoy en la Feria de Valencia, asegura que sólo se procederá a "la suspensión automática de funciones y militancia cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso".
Un requisito que garantiza la plenitud de derechos en el PP a Carlos Fabra -a quien la investigación judicial pide que explique la procedencia de ingresos que superan los seis millones de euros sin justificar-, pero también a otros altos cargos imputados. Entre ellos, al alcalde de Torrevieja y diputado autonómico, Pedro Hernández Mateo, imputado por un pelotazo urbanístico; al ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, que tiene todavía viva una causa por un supuesto desfalco en Mercalicante; al senador y ex alcalde de Burriana Alfonso Ferrada, investigado por malversación de fondos públicos y contra la ordenación del territorio; o al diputado provincial de Calpe Juan Roselló, por sobrecostes en la red municipal de agua.
El congreso de los populares valencianos, que reelegirá a Camps como presidente regional sin ninguna oposición, aprobará también un "compromiso ético". En él se señala que, "en consonancia con lo acordado el XVI congreso nacional del PP", se amplía la potestad sancionadora de los órganos de dirección regional para "velar por la correcta actuación" de todos sus militantes. La paradoja estriba en que cuatro meses después de la celebración del XVI congreso, los Estatutos nacionales del PP siguen todavía sin publicarse.
Los nuevos Estatutos del PP en la Comunidad Valenciana, que saldrán adelante hoy, aseguran que la transparencia, la dignidad, el decoro, la buena fe y la moralidad adornan el compromiso de los cargos públicos populares con la sociedad.
En ese contexto, la diputada e hija de Carlos Fabra, Andrea, cuyas cuentas y patrimonio están siendo investigados a raíz de las imputaciones contra el presidente de la Diputación de Castellón, será nombrada hoy vicepresidenta primera de la mesa del XII congreso del PP de la Comunidad Valenciana.
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Fabra, de hombre ejemplar a ignorado
MIGUEL OLIVARES
Carlos Fabra, ese "hombre ejemplar", en opinión de Mariano Rajoy no hace mucho tiempo, fue ignorado ayer por el presidente de la Generalitat en la sesión de control de las Cortes Valencianas. Francisco Camps no quiso entrar al trapo que le tendió la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, a cuenta de la falta de medios en los juzgados y de los acuerdos adoptados por el Consell para paliar las carencias materiales y humanas en las dependencias judiciales.
El presidente replicó que la dotación de los juzgados valencianos, que es competencia de la Generalitat, es "modélica".
Oltra dibujó otro panorama: "Faltan funcionarios. Los juzgados están colapsados. Tenemos una justicia de dos velocidades, una de videoconferencias en la Ciudad de la Justicia frente a los juzgados de pueblos donde falta lo más elemental". Y aprovechó su último minuto para ir al meollo de la cuestión. La portavoz de Compromís esgrimió la foto de Carlos Fabra a toda página que abría un reciente reportaje de EL PAÍS y recordó con ironía al presidente las dilaciones en el juicio que se sigue en Nules contra "un hombre ejemplar". "El Consejo General del Poder Judicial envía dos jueces de refuerzo a Nules y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le pide funcionarios", siguió Oltra. "¿Dónde están? ¿Está usted en connivencia con la defensa del señor Fabra?", preguntó.
Camps evitó cualquier comentario. El presidente subrayó su "esfuerzo", su "ilusión" y aseguró no entender por qué desde los escaños de la izquierda parece que "todo va mal". Ni una alusión a Fabra.
La inmediata intervención de Paula Sánchez de León, consejera de Justicia, en respuesta al diputado de Compromís Enric Morera, subrayó el silencio del presidente. Morera preguntó a la consejera por qué no ha enviado todavía a los juzgados de Nules los funcionarios que requiere el TSJCV.
La consejera de Justicia, en su estreno ante el pleno de las Cortes, replicó: "Señor Morera, si lo que usted busca es mejorar la administración de Justicia, siempre me tendrá a favor. Pero a usted solo le interesa un caso concreto, un caso muy mediático con nombre y apellidos para airearlo con fines políticos. Y ahí, me tendrá en contra".
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Camps estrena la Orden de Jaume I con Fabra y sin Zaplana
Presidencia quiso situar a los cardenales y Olivas junto a Camps a costa de Rita y Lerma
J. G. G., Valencia
El presidente Francisco Camps ofició ayer el bautismo formal de la Orden de Jaume I el Conqueridor, creada con motivo del 800 aniversario del nacimiento del fundador del Reino de Valencia, con la entrega de las condecoraciones a las personalidades e instituciones que desde 1986 han recibido la Alta Distinción de la Generalitat, a las que se han añadido otros galardonados, entre ellos, los tres cardenales valencianos. La distinción, subrayó, es un «reconocimiento» a la labor de todos los condecorados pero también supone «un nuevo compromiso» de éstos para «seguir haciendo grande la Comunitat», enfatizó Camps. Unas palabras que no escuchó el ex presidente autonómico y delegado de Telefónica en Europa, Eduardo Zaplana, el gran ausente ayer en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat de entre los 37 galardonados y del que se apuntó que estaba en el extranjero. Tampoco pudo asistir al acto el cardenal Antonio Cañizares, en Roma en un sínodo. Al no enviar a nadie a recoger el galardón no fueron nombrados durante el acto.
Zaplana sí asistió el 9 de octubre al acto del Día de la Comunitat en el Palau de la Generalitat pero se marchó apresuradamente. De haber asistido ayer, habría habido foto de encuentro con Camps, en el momento de la entrega de la Gran Cruz. La ausencia al acto, la víspera del congreso regional de los populares que ensalzará a Camps como líder indiscutible sin rastro de oposición zaplanista, no pareció casual, máxime cuando las invitaciones se cursaron, según fuentes de Presidencia, hace quince días. El ex titular del Consell sí estará el lunes en Valencia para pronunciar una conferencia.
Saludo frío al líder de Castelló
En contraposición, el acto contó con la presencia del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, en el ojo del huracán por su imputación en un caso de supuesta corrupción, para recoger el galardón a la corporación. El saludo de Camps a Fabra al hacerle entrega de la placa fue frío, formal. Tras el acto, los miembros de la Orden de Jaume I se hicieron la foto con Camps en el Patio Gótico. Según pudo saber Levante-EMV, Presidencia intentó colocar en primer fila al lado del presidente a los dos cardenales, a su derecha, y al ex presidente de la Generalitat del PP y titular de Bancaja, José Luis Olivas, a su izquierda. Esa disposición chocaba con las normas de Protocolo, ya que iba en detrimento de los alcaldes de las capitales de provincia (Rita Barberá, a la derecha de Camps, seguida de Sonia Castedo y José Alberto Fabra) y del ex presidente socialista de la Generalitat, Joan Lerma. Finalmente, la foto fue como dispuso Protocolo, los alcaldes por delante de los cardenales y Lerma, de José Luis Olivas. Mención especial al ReyAl inicio del acto, el vicepresidente Rambla hizo mención especial al Rey Juan Carlos I, a quien Camps le entregó la Gran Cruz en un acto privado antes del verano. En su discurso, Camps aseguró que la idea de la orden supone «poder reconocer la existencia de unos vínculos de esfuerzo colectivo y reconocer a aquellas personas e instituciones que representan ese esfuerzo colectivo, pero también comprometerles» para «seguir haciendo grande nuestra tierra y sociedad». La existencia de la orden recalcó, busca asimismo tener en cuenta que el valenciano es «un pueblo gracias a la visión impresionante e histórica de Jaume I» en la fundación del Reino de Valencia, «hoy Comunitat Valenciana».
Más ayudas a las víctimas del terrorismo
La Generalitat incrementará entre un 10% y un 30% las ayudas que conceda a las víctimas del terrorismo si como consecuencia del atentado se encuentran en una situación de las reguladas por la ley de la Dependencia, según avanzó ayer el vicepresidente del Consell Vicente Rambla en la rueda de prensa tras el pleno del Ejecutivo. El Gobierno valenciano aprobó el anteproyecto de ley de modificación de la ley valenciana de ayudas a las víctimas del terrorismo, que incluye un nuevo concepto indemnizatorio, la de la situación de dependencia.Además, se facilitará el acceso a pisos y, así, en el Plan de Vivienda, las víctimas tendrán consideración de colectivo preferente de especial protección. También tendrán beneficios fiscales y prioridad en las ayudas en educación. Por otro lado, el Consell aprobó la concesión de indemnizaciones a trece familiares de víctimas por 375.328,69 euros.
En el pleno, la nueva consellera Sánchez de León vio aprobado el primer cambio en Justicia y Administraciones Públicas. Luis Garrido, subsecretario de Justicia, cesa a petición propia al jubilarse y le sustituye Carmen Jofre, actual jefa de servicio de Función Pública. También se autorizó la contratación de nuevos equipamientos para 22 unidades de Metrovalencia, por importe de 22 millones. Asimismo, se acordó suspender parcialmente la vigencia del PGOU de Sant Joan d´Alacant a petición del ayuntamiento.
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Camps rehúsa hablar de Fabra
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha defendido hoy las inversiones efectuadas por el Consell en materia de Justicia dentro del ámbito de sus competencias, y no ha respondido a las acusaciones de Compromís de que el Consell está "en connivencia con la defensa" de Carlos Fabra.
EFE
Camps ha contestado así en el pleno de Les Corts a una pregunta de la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, sobre las medidas adoptadas por la Generalitat para dotar de medios a los juzgados, en la que ha denunciado la situación "vergonzante" del Juzgado de Nules, donde se siguen las causas contra el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra.Oltra ha mostrado a los diputados una foto de Fabra, al que se ha referido irónicamente como "hombre ejemplar", y ha explicado que el Consejo General del Poder Judicial asignó el pasado 11 de septiembre los jueces y secretarios de refuerzo.
Sin embargo, se ha preguntado "dónde están los funcionarios para acelerar el caso Fabra" que corresponde enviar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.La diputada ha destacado que el propio Camps ha reconocido que tiene una "íntima amistad" con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Oltra ha indicado que entiende que la defensa de Fabra quiera "dilatar" la imputación fiscal y la imputación de delitos contra la Administración pública que tiene el presidente provincial del PP cde Castellón, pero no puede entender que el Consell "esté en connivencia con la defensa del señor Fabra".
La portavoz de Compromís ha señalado que el Consell debería estar "defendiendo los intereses generales, que son dotar de funcionarios esos juzgados para que el juez y secretario de refuerzo puedan actuar", y ha espetado a Camps: "Fabra no es un hombre ejemplar, y su política de Justicia tampoco lo es".En el turno de réplica, Camps se ha centrado en reivindicar la "excepcional" inversión en materia de Justicia que el Consell ha llevado a cabo en los últimos tiempos, algo que "posiblemente le duele" a la portavoz de Compromís, y ha insistido en que esta comunidad es "modélica" en aplicar las competencias de Justicia.
El president ha lamentado que a los diputados de la izquierda no les guste "que las cosas funcionen bien" en la Comunitat, adonde vienen del resto de autonomías a ver las inversiones hechas y "copian" el modelo de ciudades de la justicia, y ha reivindicado el "enorme esfuerzo" hecho en estas inversiones.
Camps ha invitado a Oltra, si quiere mejorar la prestación de los servicios públicos y que la justicia valenciana cuente con un mayor esfuerzo económico, a sumarse a la defensa de un modelo de financiación que reconozca la realidad demográfica de la Comunitat.
Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís Enric Morera ha propuesto un acuerdo que sólo supondría 3.200 euros, y que consistiría en que hoy mismo el director general de Justicia firmara una orden para que el TSJCV dotara a los juzgados 1 y 2 de Nules de funcionarios para poder instruir correctamente los casos que "un alto representante de la política valenciana" tiene allí.
Le ha respondido la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, quien le ha acusado de no querer un debate "sereno" sobre los medios de la Justicia, sino emitir juicios de valor y sentencias sobre un caso concreto por parte de alguien a quien no le corresponde.Morera ha insistido en que firmar esa propuesta lanzaría el mensaje de que, por encima de ideologías, se dota a un juzgado y no se intenta dilatar el proceso, y ha considerado que Camps "ha ligado su futuro político al futuro político de Fabra".
La consellera ha respondido que no va a entrar en el juego de Compromís, al que podría contestar que se ha creado un cuarto juzgado en Nules, se ha puesto la prolongación de jornada para todos los funcionarios de tres juzgados de allí, y se van a planificar los planes de refuerzos que sean necesarios, como en todos los juzgados.Sin embargo, ha considerado que a la oposición no le interesa esto, sino sólo "buscar un espacio político y mediático sobre un caso concreto que les interesa a ustedes y no a los ciudadanos de la Comunitat".
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Comentari o amenaça?
Fabra recuerda a Camps que el PP de Castelló ha sido generoso con él
Confía en mantener el peso en la dirección
J. R., Castelló
El presidente provincial del Partido Popular y de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, confía en mantener el actual peso en la futura dirección que surja del congreso regional del PP el próximo fin de semana. Fabra aseguró que el presidente Camps "siempre ha sido generoso con esta provincia porque esta provincia ha sido generosa siempre con el partido y especialmente con él y yo creo que él lo tiene muy claro", dijo.
El líder popular en Castelló aludió así al apoyo que ofreció a Francisco Camps el PP de Castelló en su pugna con los zaplanistas por el control del partido en el pasado congreso regional. "Yo creo que estaremos todos satisfechos", aventuró el mandatario popular. Además, Fabra aseguró que no tiene que aclarar nada sobre su patrimonio "a nadie que no sean los tribunales". Fabra respondió a las declaraciones del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, quien criticó que el mandatario popular no dé explicaciones de "dónde viene" su "importante patrimonio". "No asume la responsabilidad"
Según Carlos Fabra, el delegado tiene que asumir "la responsabilidad que no asume, y yo no tengo que aclarar nada ni a Peralta ni a nadie que no sean los tribunales de Justicia". Además, el delegado debería de ser "mucho más consecuente con la responsabilidad que debe asumir y no dejar que en este país las instituciones funcionen separadamente, y no como un guirigay que les interesa políticamente". Fabra hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación de las enmiendas elaboradas por Nuevas Generaciones a las ponencias del XII Congreso Regional, que se celebra en Valencia el próximo fin de semana en el que apela a a la "generosidad" de Camps para mantener el actual peso.
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Camps, con Fabra y sin Zaplana
Camps elude defender a Fabra y el Consell dice que el caso no interesa a los ciudadanos
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La banda que governa el País Valencià i que "fa oposició" a Espanya ha decidit posar sempre la mateixa escusa: allò del qual no els interessa parlar diuen que no interessa a la ciutadania. Vale para un barrido y para un fregado. Fabra no interessa, la Memòria Històrica no interessa, l'avortament ben ordenat jurídicament no interessa, ... El PP diu què interessa i què no als espanyols, que és el que interessa al PP per a fer l'oposició colpista de està fent des de fa quatre anys i mig.
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El PP blinda a Fabra y no le suspenderá sin una condena en firme
JOAQUÍN FERRANDIS -
La dirección regional sitúa a la hija del imputado en la mesa del XII Congreso.- Los populares valencianos reelegirán hoy a Francisco Camps como presidente regional sin ninguna oposición
El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que preside Francisco Camps, ha decidido blindar la presencia en el partido del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública y supuesto delito fiscal. Le blinda a él y al resto de cargos imputados, y no le investigará ni le abrirá expediente hasta que no haya una "condena firme en un procedimiento penal" por delitos que perjudiquen a terceros.
CONDECORADO
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Carlos Fabra Carreras
A FONDO
La ponencia de Estatutos que aprobarán los populares valencianos en su XII congreso regional, que se celebra hoy en la Feria de Valencia, asegura que sólo se procederá a "la suspensión automática de funciones y militancia cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso".
Un requisito que garantiza la plenitud de derechos en el PP a Carlos Fabra -a quien la investigación judicial pide que explique la procedencia de ingresos que superan los seis millones de euros sin justificar-, pero también a otros altos cargos imputados. Entre ellos, al alcalde de Torrevieja y diputado autonómico, Pedro Hernández Mateo, imputado por un pelotazo urbanístico; al ex alcalde de Alicante y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, que tiene todavía viva una causa por un supuesto desfalco en Mercalicante; al senador y ex alcalde de Burriana Alfonso Ferrada, investigado por malversación de fondos públicos y contra la ordenación del territorio; o al diputado provincial de Calpe Juan Roselló, por sobrecostes en la red municipal de agua.
El congreso de los populares valencianos, que reelegirá a Camps como presidente regional sin ninguna oposición, aprobará también un "compromiso ético". En él se señala que, "en consonancia con lo acordado el XVI congreso nacional del PP", se amplía la potestad sancionadora de los órganos de dirección regional para "velar por la correcta actuación" de todos sus militantes. La paradoja estriba en que cuatro meses después de la celebración del XVI congreso, los Estatutos nacionales del PP siguen todavía sin publicarse.
Los nuevos Estatutos del PP en la Comunidad Valenciana, que saldrán adelante hoy, aseguran que la transparencia, la dignidad, el decoro, la buena fe y la moralidad adornan el compromiso de los cargos públicos populares con la sociedad.
En ese contexto, la diputada e hija de Carlos Fabra, Andrea, cuyas cuentas y patrimonio están siendo investigados a raíz de las imputaciones contra el presidente de la Diputación de Castellón, será nombrada hoy vicepresidenta primera de la mesa del XII congreso del PP de la Comunidad Valenciana.
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Fabra, de hombre ejemplar a ignorado
MIGUEL OLIVARES
Carlos Fabra, ese "hombre ejemplar", en opinión de Mariano Rajoy no hace mucho tiempo, fue ignorado ayer por el presidente de la Generalitat en la sesión de control de las Cortes Valencianas. Francisco Camps no quiso entrar al trapo que le tendió la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, a cuenta de la falta de medios en los juzgados y de los acuerdos adoptados por el Consell para paliar las carencias materiales y humanas en las dependencias judiciales.
El presidente replicó que la dotación de los juzgados valencianos, que es competencia de la Generalitat, es "modélica".
Oltra dibujó otro panorama: "Faltan funcionarios. Los juzgados están colapsados. Tenemos una justicia de dos velocidades, una de videoconferencias en la Ciudad de la Justicia frente a los juzgados de pueblos donde falta lo más elemental". Y aprovechó su último minuto para ir al meollo de la cuestión. La portavoz de Compromís esgrimió la foto de Carlos Fabra a toda página que abría un reciente reportaje de EL PAÍS y recordó con ironía al presidente las dilaciones en el juicio que se sigue en Nules contra "un hombre ejemplar". "El Consejo General del Poder Judicial envía dos jueces de refuerzo a Nules y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le pide funcionarios", siguió Oltra. "¿Dónde están? ¿Está usted en connivencia con la defensa del señor Fabra?", preguntó.
Camps evitó cualquier comentario. El presidente subrayó su "esfuerzo", su "ilusión" y aseguró no entender por qué desde los escaños de la izquierda parece que "todo va mal". Ni una alusión a Fabra.
La inmediata intervención de Paula Sánchez de León, consejera de Justicia, en respuesta al diputado de Compromís Enric Morera, subrayó el silencio del presidente. Morera preguntó a la consejera por qué no ha enviado todavía a los juzgados de Nules los funcionarios que requiere el TSJCV.
La consejera de Justicia, en su estreno ante el pleno de las Cortes, replicó: "Señor Morera, si lo que usted busca es mejorar la administración de Justicia, siempre me tendrá a favor. Pero a usted solo le interesa un caso concreto, un caso muy mediático con nombre y apellidos para airearlo con fines políticos. Y ahí, me tendrá en contra".
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Camps estrena la Orden de Jaume I con Fabra y sin Zaplana
Presidencia quiso situar a los cardenales y Olivas junto a Camps a costa de Rita y Lerma
J. G. G., Valencia
El presidente Francisco Camps ofició ayer el bautismo formal de la Orden de Jaume I el Conqueridor, creada con motivo del 800 aniversario del nacimiento del fundador del Reino de Valencia, con la entrega de las condecoraciones a las personalidades e instituciones que desde 1986 han recibido la Alta Distinción de la Generalitat, a las que se han añadido otros galardonados, entre ellos, los tres cardenales valencianos. La distinción, subrayó, es un «reconocimiento» a la labor de todos los condecorados pero también supone «un nuevo compromiso» de éstos para «seguir haciendo grande la Comunitat», enfatizó Camps. Unas palabras que no escuchó el ex presidente autonómico y delegado de Telefónica en Europa, Eduardo Zaplana, el gran ausente ayer en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat de entre los 37 galardonados y del que se apuntó que estaba en el extranjero. Tampoco pudo asistir al acto el cardenal Antonio Cañizares, en Roma en un sínodo. Al no enviar a nadie a recoger el galardón no fueron nombrados durante el acto.
Zaplana sí asistió el 9 de octubre al acto del Día de la Comunitat en el Palau de la Generalitat pero se marchó apresuradamente. De haber asistido ayer, habría habido foto de encuentro con Camps, en el momento de la entrega de la Gran Cruz. La ausencia al acto, la víspera del congreso regional de los populares que ensalzará a Camps como líder indiscutible sin rastro de oposición zaplanista, no pareció casual, máxime cuando las invitaciones se cursaron, según fuentes de Presidencia, hace quince días. El ex titular del Consell sí estará el lunes en Valencia para pronunciar una conferencia.
Saludo frío al líder de Castelló
En contraposición, el acto contó con la presencia del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, en el ojo del huracán por su imputación en un caso de supuesta corrupción, para recoger el galardón a la corporación. El saludo de Camps a Fabra al hacerle entrega de la placa fue frío, formal. Tras el acto, los miembros de la Orden de Jaume I se hicieron la foto con Camps en el Patio Gótico. Según pudo saber Levante-EMV, Presidencia intentó colocar en primer fila al lado del presidente a los dos cardenales, a su derecha, y al ex presidente de la Generalitat del PP y titular de Bancaja, José Luis Olivas, a su izquierda. Esa disposición chocaba con las normas de Protocolo, ya que iba en detrimento de los alcaldes de las capitales de provincia (Rita Barberá, a la derecha de Camps, seguida de Sonia Castedo y José Alberto Fabra) y del ex presidente socialista de la Generalitat, Joan Lerma. Finalmente, la foto fue como dispuso Protocolo, los alcaldes por delante de los cardenales y Lerma, de José Luis Olivas. Mención especial al ReyAl inicio del acto, el vicepresidente Rambla hizo mención especial al Rey Juan Carlos I, a quien Camps le entregó la Gran Cruz en un acto privado antes del verano. En su discurso, Camps aseguró que la idea de la orden supone «poder reconocer la existencia de unos vínculos de esfuerzo colectivo y reconocer a aquellas personas e instituciones que representan ese esfuerzo colectivo, pero también comprometerles» para «seguir haciendo grande nuestra tierra y sociedad». La existencia de la orden recalcó, busca asimismo tener en cuenta que el valenciano es «un pueblo gracias a la visión impresionante e histórica de Jaume I» en la fundación del Reino de Valencia, «hoy Comunitat Valenciana».
Más ayudas a las víctimas del terrorismo
La Generalitat incrementará entre un 10% y un 30% las ayudas que conceda a las víctimas del terrorismo si como consecuencia del atentado se encuentran en una situación de las reguladas por la ley de la Dependencia, según avanzó ayer el vicepresidente del Consell Vicente Rambla en la rueda de prensa tras el pleno del Ejecutivo. El Gobierno valenciano aprobó el anteproyecto de ley de modificación de la ley valenciana de ayudas a las víctimas del terrorismo, que incluye un nuevo concepto indemnizatorio, la de la situación de dependencia.Además, se facilitará el acceso a pisos y, así, en el Plan de Vivienda, las víctimas tendrán consideración de colectivo preferente de especial protección. También tendrán beneficios fiscales y prioridad en las ayudas en educación. Por otro lado, el Consell aprobó la concesión de indemnizaciones a trece familiares de víctimas por 375.328,69 euros.
En el pleno, la nueva consellera Sánchez de León vio aprobado el primer cambio en Justicia y Administraciones Públicas. Luis Garrido, subsecretario de Justicia, cesa a petición propia al jubilarse y le sustituye Carmen Jofre, actual jefa de servicio de Función Pública. También se autorizó la contratación de nuevos equipamientos para 22 unidades de Metrovalencia, por importe de 22 millones. Asimismo, se acordó suspender parcialmente la vigencia del PGOU de Sant Joan d´Alacant a petición del ayuntamiento.
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Camps rehúsa hablar de Fabra
El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha defendido hoy las inversiones efectuadas por el Consell en materia de Justicia dentro del ámbito de sus competencias, y no ha respondido a las acusaciones de Compromís de que el Consell está "en connivencia con la defensa" de Carlos Fabra.
EFE
Camps ha contestado así en el pleno de Les Corts a una pregunta de la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, sobre las medidas adoptadas por la Generalitat para dotar de medios a los juzgados, en la que ha denunciado la situación "vergonzante" del Juzgado de Nules, donde se siguen las causas contra el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra.Oltra ha mostrado a los diputados una foto de Fabra, al que se ha referido irónicamente como "hombre ejemplar", y ha explicado que el Consejo General del Poder Judicial asignó el pasado 11 de septiembre los jueces y secretarios de refuerzo.
Sin embargo, se ha preguntado "dónde están los funcionarios para acelerar el caso Fabra" que corresponde enviar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.La diputada ha destacado que el propio Camps ha reconocido que tiene una "íntima amistad" con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Oltra ha indicado que entiende que la defensa de Fabra quiera "dilatar" la imputación fiscal y la imputación de delitos contra la Administración pública que tiene el presidente provincial del PP cde Castellón, pero no puede entender que el Consell "esté en connivencia con la defensa del señor Fabra".
La portavoz de Compromís ha señalado que el Consell debería estar "defendiendo los intereses generales, que son dotar de funcionarios esos juzgados para que el juez y secretario de refuerzo puedan actuar", y ha espetado a Camps: "Fabra no es un hombre ejemplar, y su política de Justicia tampoco lo es".En el turno de réplica, Camps se ha centrado en reivindicar la "excepcional" inversión en materia de Justicia que el Consell ha llevado a cabo en los últimos tiempos, algo que "posiblemente le duele" a la portavoz de Compromís, y ha insistido en que esta comunidad es "modélica" en aplicar las competencias de Justicia.
El president ha lamentado que a los diputados de la izquierda no les guste "que las cosas funcionen bien" en la Comunitat, adonde vienen del resto de autonomías a ver las inversiones hechas y "copian" el modelo de ciudades de la justicia, y ha reivindicado el "enorme esfuerzo" hecho en estas inversiones.
Camps ha invitado a Oltra, si quiere mejorar la prestación de los servicios públicos y que la justicia valenciana cuente con un mayor esfuerzo económico, a sumarse a la defensa de un modelo de financiación que reconozca la realidad demográfica de la Comunitat.
Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís Enric Morera ha propuesto un acuerdo que sólo supondría 3.200 euros, y que consistiría en que hoy mismo el director general de Justicia firmara una orden para que el TSJCV dotara a los juzgados 1 y 2 de Nules de funcionarios para poder instruir correctamente los casos que "un alto representante de la política valenciana" tiene allí.
Le ha respondido la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, quien le ha acusado de no querer un debate "sereno" sobre los medios de la Justicia, sino emitir juicios de valor y sentencias sobre un caso concreto por parte de alguien a quien no le corresponde.Morera ha insistido en que firmar esa propuesta lanzaría el mensaje de que, por encima de ideologías, se dota a un juzgado y no se intenta dilatar el proceso, y ha considerado que Camps "ha ligado su futuro político al futuro político de Fabra".
La consellera ha respondido que no va a entrar en el juego de Compromís, al que podría contestar que se ha creado un cuarto juzgado en Nules, se ha puesto la prolongación de jornada para todos los funcionarios de tres juzgados de allí, y se van a planificar los planes de refuerzos que sean necesarios, como en todos los juzgados.Sin embargo, ha considerado que a la oposición no le interesa esto, sino sólo "buscar un espacio político y mediático sobre un caso concreto que les interesa a ustedes y no a los ciudadanos de la Comunitat".
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Comentari o amenaça?
Fabra recuerda a Camps que el PP de Castelló ha sido generoso con él
Confía en mantener el peso en la dirección
J. R., Castelló
El presidente provincial del Partido Popular y de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, confía en mantener el actual peso en la futura dirección que surja del congreso regional del PP el próximo fin de semana. Fabra aseguró que el presidente Camps "siempre ha sido generoso con esta provincia porque esta provincia ha sido generosa siempre con el partido y especialmente con él y yo creo que él lo tiene muy claro", dijo.
El líder popular en Castelló aludió así al apoyo que ofreció a Francisco Camps el PP de Castelló en su pugna con los zaplanistas por el control del partido en el pasado congreso regional. "Yo creo que estaremos todos satisfechos", aventuró el mandatario popular. Además, Fabra aseguró que no tiene que aclarar nada sobre su patrimonio "a nadie que no sean los tribunales". Fabra respondió a las declaraciones del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, quien criticó que el mandatario popular no dé explicaciones de "dónde viene" su "importante patrimonio". "No asume la responsabilidad"
Según Carlos Fabra, el delegado tiene que asumir "la responsabilidad que no asume, y yo no tengo que aclarar nada ni a Peralta ni a nadie que no sean los tribunales de Justicia". Además, el delegado debería de ser "mucho más consecuente con la responsabilidad que debe asumir y no dejar que en este país las instituciones funcionen separadamente, y no como un guirigay que les interesa políticamente". Fabra hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa de presentación de las enmiendas elaboradas por Nuevas Generaciones a las ponencias del XII Congreso Regional, que se celebra en Valencia el próximo fin de semana en el que apela a a la "generosidad" de Camps para mantener el actual peso.
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Camps, con Fabra y sin Zaplana
Camps elude defender a Fabra y el Consell dice que el caso no interesa a los ciudadanos
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dijous, 16 d’octubre del 2008
EpC: Rebel.lió a les aules. I el Sheriff dóna instruccions de mà dura.
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"Los directores nunca nos habíamos manifestado contra una Administración autonómica"
NEUS CABALLER Valencia
Cientos de equipos directivos se concentran ante la Generalitat contra la "trampa" de la Citizenship de Camps
"Desde los años 70, nunca los equipos directivos que son parte fundamental de la Administración educativa se había enfrentado contra una Administración autonómica, como es el caso del Gobierno valenciano de Francisco Camps". Esta es la declaración pública hecha el miércoles por los representantes en la Comisión Permanente de Directores de Secundaria de los equipos directivos de los 363 institutos públicos valencianos, después de que el Camps mantuviera en el pleno de las Cortes, celebrado por la mañana, que su posición de dar Educación para la Ciudadanía en inglés es "coherente".
Encierros contra la Ciudadanía en inglés en la mayoría de institutos
Font de Mora: "Ciudadanía se imparte en inglés como cualquier asignatura"
Educación no logra desactivar las movilizaciones contra Ciudadanía
La educación pública pide libertad para decidir cómo dar Ciudadanía
A la caza del profesor disidente
Encierro del claustro de profesores y el AMPA en un instituto valenciano para protestar por la Ciudadanía en inglés y la política educativa de la Generalitat.- SANTIAGO CARREGUI
Algunos llevamos trabajando más de 20 años en la educación pública y nunca desde la Transición española habían asistido a un proceso de involución política
No lo ven así Vicent Baguetto, vicepresidente de la asociación profesional de directores ADIES y director del IES Joan Fuster de Sueca, Ximo Carrión, del IES Juan de Garay de Valencia, Josep Lluis Peris director del IES Ravatxol de Valencia, Laura Oliva del IES Muxamel de Alicante y Vicent Escrivá del IES Vall de la Safor, en entrevista con EL PAÍS, minutos antes de iniciar la concentración de equipos directivos ante el Palau de la Generalitat en protesta por la Citizenship de Francisco Camps.
"Algunos llevamos trabajando más de 20 años en la educación pública y nunca desde la Transición española habían asistido a un proceso de involución política" como la ocurrida en Valencia con la "obstinación" del presidente Camps de mantener a toda costa su singular versión de dar Ciudadanía en inglés bajo "el disfraz de que es un programa plurilingüístico", resumió Josep LLuis Peris. "En una Comunidad como la nuestra, donde en 20 años la Administración no ha sido capaz de garantizar el correcto bilingüismo en todas las etapas del sistema educativo, hablar de trilingüismo es", en opinión de Baguetto, "una trampa".
Problemas en inglés
"Este Gobierno con la imposición del inglés, a través de una orden que desarrolla un decreto que está parcialmente suspendida y recurrida en los tribunales y sin poner los medios humanos y materiales, no puede hablar de trilingüismo", precisó Baguetto. "Es como si yo quisiera mañana dar todas las clases de Matemáticas de 2º curso de la ESO en inglés", añade Ximo Carrión. "No digo que no implante el inglés. Pero si no tengo los medios, ni los profesores, ni sé si los alumnos me entenderán, no puedo dar la clase de Matemáticas en inglés. Es absurdo. No puede utilizar el inglés como una excusa de programa plurilingüe. Estos programas son otra cosa y se planifican de otra manera y desde abajo arriba, desde Primaria, no al revés".
"Los directores somos los más perjudicados en toda esta situación, porque estamos presionados por arriba por la propia Administración educativa y por abajo por los claustros de profesores que no aceptan los cambios de normativa desde que inició el curso y el caos en los horarios". La Consejería de Educación ha hecho desde junio cuatro "instrucciones" diferentes sobre cómo deben de implantar los equipos directivos la Ciudadanía en inglés en todos los centros, pese a que la suspensión cautelar parcial y recientemente otra citación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cuestionan puntos fundamentales de la normativa referente al inglés obligatorio.
"Lo que no se puede hacer es usar a los alumnos para una batalla política y partidista contra el Gobierno central, porque la Administración autonómica no puede secuestrar a los alumnos de esta forma", concluye Peris que añade: "Tenemos serias dificultades los equipos directivos para aplicar Ciudadanía con las normas tan contradictorias de la consejería y sin subsanar los problemas de plantilla que tenemos".
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Sindicatos, estudiantes y padres claman contra Ciudadanía en inglés
La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, integrada por sindicatos, estudiantes y padres de alumnos, han llevado a cabo una concentración ante el Palau de la Generalitat con el lema "Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió".
EUROPA PRESS
Profesores, padres y alumnos de toda la Comunitat Valenciana -unos 7.000 según las entidades convocantes- reclamaron hoy en tres concentraciones simultáneas, celebradas en Valencia, Alicante y Castelló bajo el lema 'Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió', que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pare la "locura" y el "caos" que ha producido la implantación en inglés de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en el sistema educativo valenciano.La Plataforma en defensa de l'ensenyament públic --integrada por los sindicatos FE CCOO PV, FETE UGT PV y STEPV-Iv, la federación de la asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Valencia (Fapa-València), Escola Valenciana, las asociaciones de directores de primaria y secundaria, Movimiento de Renovación Pedagógica y colectivos de estudiantes-- llevó a cabo esta tarde la protesta en la Plaza de Manises Valencia, que se repitió ante las sedes del Consell en Alicante y Castellón. Unas 7.000 personas -3.000 en Valencia, otras tantas en Alicante y un millar en Castelló- participaron en el acto, según la organización.En la concentración de Valencia, los asistentes reclamaron la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y rodearon el Palau de la Generalitat con pancartas en las que se podían leer consignas en contra de la impartición en inglés de la asignatura EpC y lemas como 'Yo también tengo Font de Mora manía'. También se vieron a algunos participantes luciendo caretas del presidente del PP, Mariano Rajoy, y el jefe del Consell, Francisco Camps.
El manifiesto elaborado por la plataforma fue leído por la presidenta de la Fapa València, Gemma Piqué, aunque en primera instancia otro representante de la organización comenzó a leer el texto en inglés. Tras un irónico "Do you understand?" (¿Entendéis?), Piqué arrancó a leer las peticiones de los convocantes en valenciano, "que es lo que toca", aseguró.Entre las reivindicaciones citó la retirada de la orden de la Conselleria de Educación sobre Epc y la "paralización de cualquier proceso administrativo iniciado contra los profesores o juntas directivas" que se nieguen a impartirla en inglés. Asimismo, demandaron la "inmediata" constitución de una red pública de escuelas de 0 a 3 años; la negociación de un nuevo mapa escolar; la catalogación lingüística de los puestos de Secundaria; la adopción de medidas para frenar el fracaso escolar, y la matriculación equilibrada del alumnado inmigrante.
Ya en declaraciones a los medios, Piqué denunció el "caos" que está sufriendo la escuela a raíz de la implantación en inglés de EpC y recalcó que "nuestros hijos no lo deben experimentar". En su opinión, "antes que hacer trilingüismo tendría que haber bilinguismo". "El día que consigamos que en los institutos se pueda dar íntegramente en valenciano cualquier asignatura podremos empezar a hablar de trilinguismo, que ha de ser progresivo desde Infantil y Primaria".
Por su parte, el secretario de la Federació d'Ensenyament de CCOO PV, Manuel Picó, manifestó que la comunidad educativa está esperando la decisión de los tribunales de justicia sobre la orden valenciana de EpC y tras su resolución "hay que parar todo esto para empezar a hablar de educación en el sentido más amplio". En este sentido, abogó por "parar esta locura, tratar de negociar una buena Ley Valenciana de Educación y establecer un pacto por la educación en el País Valenciano". De lo contrario, dijo, las acciones de la comunidad educativa "seguirán adelante".
"DESINFLAR" PROTESTAS
El secretario de Relaciones Institucionales de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE UGT PV), Gerardo Fernández, criticó los "bandazos" que da la Conselleria de Educación en cuanto a EpC y consideró que su último anuncio de elaborar unas instrucciones aclaratorias para impartir la materia responden a un intento de "desinflar las acciones de la comunidad educativa". De igual modo, recalcó que en estos momentos la Conselleria de Educación "no ha dado ninguna garantía de que no se abrirán expedientes a los profesores".
En esta línea, el portavoz del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià Albert Sansano advirtió al consellr de Educación de que "la gente está cada vez más harta en los centros" y le acusó de "querer ocultar con este conflicto otros graves problemas de la educación valenciana". Por su parte, del Sindicato de Estudiantes reclamaron "aprovechar la gran fuerza de resistencia que hay en la calle" para hacer una huelga general en la enseñanza pública.
El acto --al que asistieron, entre otros, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, el del Bloc, Enric Morera, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, y los líderes sindicales de UGT y CCOO, Joan Sifre y Rafael Recuenco-- terminó con una cadena humana que rodeó el Palau de la Generalitat y con los participantes pidiendo la dimisión de Font de Mora.
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Protesta general contra Ciudadanía en inglés
Padres, alumnos, profesores y sindicatos realizaron ayer encierros nocturnos en sus centros de Secundaria ante los problemas de la enseñanza pública
Maite Ducajú, Valencia
Las asambleas de profesores y sopars de germanor de la comunidad escolar se repitieron ayer por la tarde y noche de norte a sur en los institutos valencianos. De forma espontánea, se fueron sumando a la convocatoria y vía correo electrónico comunicaban sus acuerdos en claustros. Un 80 por ciento de los 360 centros -calculó el STE-PV- participaron en los encierros contra la impartición de Ciudadanía en inglés. "La protesta no es sólo porque la asignatura no se de en cualquiera de las lenguas oficiales; nos estamos movilizando porque el sistema educativo valenciano es caótico" matizó el representante de la Federación de Enseñanza de CC OO, Miguel Ángel Vera. Algo que han repetido los directores en sus asambleas."Defendemos la enseñanza pública, el respeto a la profesión docente y el retorno a la sensatez y el sentido de la Conselleria de Educación" señaló el IES Rascanya-Antonio Cañuelo de Valencia. "Nuestra protesta denuncia una normativa absurda que vulnera el derecho del alumnado a cursar una de las asignaturas curriculares en cualquiera de las dos lenguas oficiales (valenciano y castellano), que interfiere en la libertad de cátedra y en nuestra profesionalidad como docentes así como en la autonomía de los centros y que altera gravemente el proyecto educativo" afirmaba la asamblea de profesores del Patacona de Alboraia. Y así, los institutos Carles Salvador de Aldaia, el Cabanyal, el Isabel de Villena, el Ballester Fandos o el Malva-rosa de Valencia, l'Om de Picassent y tantos otros que leyeron el manifiesto acordado por la Plataforma en defensa de la escuela pública.
Ante el estupor del anuncio, este martes pasado, por parte de la Conselleria de Educación de que van a "aclarar" sus propias instrucciones pero insistiendo en que se mantendrá la impartición en inglés, los representantes sindicales insistían ayer en la posibilidad de acabar convocando una huelga en noviembre a la vez que recordaron la concentración de esta tarde, a las 19 horas, con una cadena humana rodeando el Palau de la Generalitat Valenciana.
Mientras, los encierros lúdicos tuvieron de protagonistas a profesores, alumnos y padres. En el IES Isabel de Villena, en la Malva-rosa, una de las profesoras de inglés, Raquel, calificó en declaraciones a Levante-EMV de "esperpéntica" la situación creada pro la norma de la conselleria. "No tiene nada que ver con la persona que ha venido a impartir Ciudadanía en ingles, pero deberían darse cuenta de que se está deteriorando la enseñanza pública y el idioma extranjero. Se están enviando profesores itinerantes con tercero de esta lengua de la Escuela Oficial de Idiomas y los alumnos tienen un nivel muy bajo, entre otras cosas por los déficit de especialistas en Primaria".
La presidenta del AMPA, Angeles, junto con las madres Begoña y Vicenta Camps, comentaban que "igual que los profesores se preocupan de educar a nuestros hijos, nosotros debemos apoyarles. La medida de la conselleria sólo sirve para fomentar la enseñanza privada".
Desde los alumnos, Bárbara apuntó que "está muy bien dar Ciudadanía en inglés, pero para hacer esto se debería dar el idioma desde pequeños y no se hace". Para Adrià "el que se haga en inglés pierde todo el sentido porque es una asignatura para nota y, aunque el nivel es bueno en la pública, no lo es para recibir toda la clase". Wendy añadía "si no nos enteramos en castellano como lo vamos a hacer en inglés".
Pregunta a Camps sobre la asignaturaEl pleno de las Corts tiene previsto para hoy la intervención del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para contestar a una pregunta oral del síndico del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Luna, sobre la asignatura de Ciudadanía.La formulación concentra de la pregunta del diputado socialista es: "¿Cree el Presidente que es útil para los escolares valencianos mantener la decisión adoptada por el Consell de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en inglés".
Asimismo, el grupo socialista presenta una moción en la que se insta al Consell a dar esta asignatura en valenciano o castellano como lengua vehicular y de acuerdo con las líneas establecidas en cada centro.También el grupo Compromís pide que se revoque la orden del 10 de junio de 2008 de la conselleria que establece las formas de organización pedagógica para enseñar esta materia.
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80% de participación, según los sindicatos
El PP rechaza EpC en lenguas oficiales porque "muchos padres quieren en inglés"
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"Los directores nunca nos habíamos manifestado contra una Administración autonómica"
NEUS CABALLER Valencia
Cientos de equipos directivos se concentran ante la Generalitat contra la "trampa" de la Citizenship de Camps
"Desde los años 70, nunca los equipos directivos que son parte fundamental de la Administración educativa se había enfrentado contra una Administración autonómica, como es el caso del Gobierno valenciano de Francisco Camps". Esta es la declaración pública hecha el miércoles por los representantes en la Comisión Permanente de Directores de Secundaria de los equipos directivos de los 363 institutos públicos valencianos, después de que el Camps mantuviera en el pleno de las Cortes, celebrado por la mañana, que su posición de dar Educación para la Ciudadanía en inglés es "coherente".
Encierros contra la Ciudadanía en inglés en la mayoría de institutos
Font de Mora: "Ciudadanía se imparte en inglés como cualquier asignatura"
Educación no logra desactivar las movilizaciones contra Ciudadanía
La educación pública pide libertad para decidir cómo dar Ciudadanía
A la caza del profesor disidente
Encierro del claustro de profesores y el AMPA en un instituto valenciano para protestar por la Ciudadanía en inglés y la política educativa de la Generalitat.- SANTIAGO CARREGUI
Algunos llevamos trabajando más de 20 años en la educación pública y nunca desde la Transición española habían asistido a un proceso de involución política
No lo ven así Vicent Baguetto, vicepresidente de la asociación profesional de directores ADIES y director del IES Joan Fuster de Sueca, Ximo Carrión, del IES Juan de Garay de Valencia, Josep Lluis Peris director del IES Ravatxol de Valencia, Laura Oliva del IES Muxamel de Alicante y Vicent Escrivá del IES Vall de la Safor, en entrevista con EL PAÍS, minutos antes de iniciar la concentración de equipos directivos ante el Palau de la Generalitat en protesta por la Citizenship de Francisco Camps.
"Algunos llevamos trabajando más de 20 años en la educación pública y nunca desde la Transición española habían asistido a un proceso de involución política" como la ocurrida en Valencia con la "obstinación" del presidente Camps de mantener a toda costa su singular versión de dar Ciudadanía en inglés bajo "el disfraz de que es un programa plurilingüístico", resumió Josep LLuis Peris. "En una Comunidad como la nuestra, donde en 20 años la Administración no ha sido capaz de garantizar el correcto bilingüismo en todas las etapas del sistema educativo, hablar de trilingüismo es", en opinión de Baguetto, "una trampa".
Problemas en inglés
"Este Gobierno con la imposición del inglés, a través de una orden que desarrolla un decreto que está parcialmente suspendida y recurrida en los tribunales y sin poner los medios humanos y materiales, no puede hablar de trilingüismo", precisó Baguetto. "Es como si yo quisiera mañana dar todas las clases de Matemáticas de 2º curso de la ESO en inglés", añade Ximo Carrión. "No digo que no implante el inglés. Pero si no tengo los medios, ni los profesores, ni sé si los alumnos me entenderán, no puedo dar la clase de Matemáticas en inglés. Es absurdo. No puede utilizar el inglés como una excusa de programa plurilingüe. Estos programas son otra cosa y se planifican de otra manera y desde abajo arriba, desde Primaria, no al revés".
"Los directores somos los más perjudicados en toda esta situación, porque estamos presionados por arriba por la propia Administración educativa y por abajo por los claustros de profesores que no aceptan los cambios de normativa desde que inició el curso y el caos en los horarios". La Consejería de Educación ha hecho desde junio cuatro "instrucciones" diferentes sobre cómo deben de implantar los equipos directivos la Ciudadanía en inglés en todos los centros, pese a que la suspensión cautelar parcial y recientemente otra citación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cuestionan puntos fundamentales de la normativa referente al inglés obligatorio.
"Lo que no se puede hacer es usar a los alumnos para una batalla política y partidista contra el Gobierno central, porque la Administración autonómica no puede secuestrar a los alumnos de esta forma", concluye Peris que añade: "Tenemos serias dificultades los equipos directivos para aplicar Ciudadanía con las normas tan contradictorias de la consejería y sin subsanar los problemas de plantilla que tenemos".
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Sindicatos, estudiantes y padres claman contra Ciudadanía en inglés
La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, integrada por sindicatos, estudiantes y padres de alumnos, han llevado a cabo una concentración ante el Palau de la Generalitat con el lema "Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió".
EUROPA PRESS
Profesores, padres y alumnos de toda la Comunitat Valenciana -unos 7.000 según las entidades convocantes- reclamaron hoy en tres concentraciones simultáneas, celebradas en Valencia, Alicante y Castelló bajo el lema 'Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió', que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pare la "locura" y el "caos" que ha producido la implantación en inglés de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en el sistema educativo valenciano.La Plataforma en defensa de l'ensenyament públic --integrada por los sindicatos FE CCOO PV, FETE UGT PV y STEPV-Iv, la federación de la asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Valencia (Fapa-València), Escola Valenciana, las asociaciones de directores de primaria y secundaria, Movimiento de Renovación Pedagógica y colectivos de estudiantes-- llevó a cabo esta tarde la protesta en la Plaza de Manises Valencia, que se repitió ante las sedes del Consell en Alicante y Castellón. Unas 7.000 personas -3.000 en Valencia, otras tantas en Alicante y un millar en Castelló- participaron en el acto, según la organización.En la concentración de Valencia, los asistentes reclamaron la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y rodearon el Palau de la Generalitat con pancartas en las que se podían leer consignas en contra de la impartición en inglés de la asignatura EpC y lemas como 'Yo también tengo Font de Mora manía'. También se vieron a algunos participantes luciendo caretas del presidente del PP, Mariano Rajoy, y el jefe del Consell, Francisco Camps.
El manifiesto elaborado por la plataforma fue leído por la presidenta de la Fapa València, Gemma Piqué, aunque en primera instancia otro representante de la organización comenzó a leer el texto en inglés. Tras un irónico "Do you understand?" (¿Entendéis?), Piqué arrancó a leer las peticiones de los convocantes en valenciano, "que es lo que toca", aseguró.Entre las reivindicaciones citó la retirada de la orden de la Conselleria de Educación sobre Epc y la "paralización de cualquier proceso administrativo iniciado contra los profesores o juntas directivas" que se nieguen a impartirla en inglés. Asimismo, demandaron la "inmediata" constitución de una red pública de escuelas de 0 a 3 años; la negociación de un nuevo mapa escolar; la catalogación lingüística de los puestos de Secundaria; la adopción de medidas para frenar el fracaso escolar, y la matriculación equilibrada del alumnado inmigrante.
Ya en declaraciones a los medios, Piqué denunció el "caos" que está sufriendo la escuela a raíz de la implantación en inglés de EpC y recalcó que "nuestros hijos no lo deben experimentar". En su opinión, "antes que hacer trilingüismo tendría que haber bilinguismo". "El día que consigamos que en los institutos se pueda dar íntegramente en valenciano cualquier asignatura podremos empezar a hablar de trilinguismo, que ha de ser progresivo desde Infantil y Primaria".
Por su parte, el secretario de la Federació d'Ensenyament de CCOO PV, Manuel Picó, manifestó que la comunidad educativa está esperando la decisión de los tribunales de justicia sobre la orden valenciana de EpC y tras su resolución "hay que parar todo esto para empezar a hablar de educación en el sentido más amplio". En este sentido, abogó por "parar esta locura, tratar de negociar una buena Ley Valenciana de Educación y establecer un pacto por la educación en el País Valenciano". De lo contrario, dijo, las acciones de la comunidad educativa "seguirán adelante".
"DESINFLAR" PROTESTAS
El secretario de Relaciones Institucionales de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE UGT PV), Gerardo Fernández, criticó los "bandazos" que da la Conselleria de Educación en cuanto a EpC y consideró que su último anuncio de elaborar unas instrucciones aclaratorias para impartir la materia responden a un intento de "desinflar las acciones de la comunidad educativa". De igual modo, recalcó que en estos momentos la Conselleria de Educación "no ha dado ninguna garantía de que no se abrirán expedientes a los profesores".
En esta línea, el portavoz del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià Albert Sansano advirtió al consellr de Educación de que "la gente está cada vez más harta en los centros" y le acusó de "querer ocultar con este conflicto otros graves problemas de la educación valenciana". Por su parte, del Sindicato de Estudiantes reclamaron "aprovechar la gran fuerza de resistencia que hay en la calle" para hacer una huelga general en la enseñanza pública.
El acto --al que asistieron, entre otros, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, el del Bloc, Enric Morera, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, y los líderes sindicales de UGT y CCOO, Joan Sifre y Rafael Recuenco-- terminó con una cadena humana que rodeó el Palau de la Generalitat y con los participantes pidiendo la dimisión de Font de Mora.
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Protesta general contra Ciudadanía en inglés
Padres, alumnos, profesores y sindicatos realizaron ayer encierros nocturnos en sus centros de Secundaria ante los problemas de la enseñanza pública
Maite Ducajú, Valencia
Las asambleas de profesores y sopars de germanor de la comunidad escolar se repitieron ayer por la tarde y noche de norte a sur en los institutos valencianos. De forma espontánea, se fueron sumando a la convocatoria y vía correo electrónico comunicaban sus acuerdos en claustros. Un 80 por ciento de los 360 centros -calculó el STE-PV- participaron en los encierros contra la impartición de Ciudadanía en inglés. "La protesta no es sólo porque la asignatura no se de en cualquiera de las lenguas oficiales; nos estamos movilizando porque el sistema educativo valenciano es caótico" matizó el representante de la Federación de Enseñanza de CC OO, Miguel Ángel Vera. Algo que han repetido los directores en sus asambleas."Defendemos la enseñanza pública, el respeto a la profesión docente y el retorno a la sensatez y el sentido de la Conselleria de Educación" señaló el IES Rascanya-Antonio Cañuelo de Valencia. "Nuestra protesta denuncia una normativa absurda que vulnera el derecho del alumnado a cursar una de las asignaturas curriculares en cualquiera de las dos lenguas oficiales (valenciano y castellano), que interfiere en la libertad de cátedra y en nuestra profesionalidad como docentes así como en la autonomía de los centros y que altera gravemente el proyecto educativo" afirmaba la asamblea de profesores del Patacona de Alboraia. Y así, los institutos Carles Salvador de Aldaia, el Cabanyal, el Isabel de Villena, el Ballester Fandos o el Malva-rosa de Valencia, l'Om de Picassent y tantos otros que leyeron el manifiesto acordado por la Plataforma en defensa de la escuela pública.
Ante el estupor del anuncio, este martes pasado, por parte de la Conselleria de Educación de que van a "aclarar" sus propias instrucciones pero insistiendo en que se mantendrá la impartición en inglés, los representantes sindicales insistían ayer en la posibilidad de acabar convocando una huelga en noviembre a la vez que recordaron la concentración de esta tarde, a las 19 horas, con una cadena humana rodeando el Palau de la Generalitat Valenciana.
Mientras, los encierros lúdicos tuvieron de protagonistas a profesores, alumnos y padres. En el IES Isabel de Villena, en la Malva-rosa, una de las profesoras de inglés, Raquel, calificó en declaraciones a Levante-EMV de "esperpéntica" la situación creada pro la norma de la conselleria. "No tiene nada que ver con la persona que ha venido a impartir Ciudadanía en ingles, pero deberían darse cuenta de que se está deteriorando la enseñanza pública y el idioma extranjero. Se están enviando profesores itinerantes con tercero de esta lengua de la Escuela Oficial de Idiomas y los alumnos tienen un nivel muy bajo, entre otras cosas por los déficit de especialistas en Primaria".
La presidenta del AMPA, Angeles, junto con las madres Begoña y Vicenta Camps, comentaban que "igual que los profesores se preocupan de educar a nuestros hijos, nosotros debemos apoyarles. La medida de la conselleria sólo sirve para fomentar la enseñanza privada".
Desde los alumnos, Bárbara apuntó que "está muy bien dar Ciudadanía en inglés, pero para hacer esto se debería dar el idioma desde pequeños y no se hace". Para Adrià "el que se haga en inglés pierde todo el sentido porque es una asignatura para nota y, aunque el nivel es bueno en la pública, no lo es para recibir toda la clase". Wendy añadía "si no nos enteramos en castellano como lo vamos a hacer en inglés".
Pregunta a Camps sobre la asignaturaEl pleno de las Corts tiene previsto para hoy la intervención del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para contestar a una pregunta oral del síndico del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Luna, sobre la asignatura de Ciudadanía.La formulación concentra de la pregunta del diputado socialista es: "¿Cree el Presidente que es útil para los escolares valencianos mantener la decisión adoptada por el Consell de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en inglés".
Asimismo, el grupo socialista presenta una moción en la que se insta al Consell a dar esta asignatura en valenciano o castellano como lengua vehicular y de acuerdo con las líneas establecidas en cada centro.También el grupo Compromís pide que se revoque la orden del 10 de junio de 2008 de la conselleria que establece las formas de organización pedagógica para enseñar esta materia.
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80% de participación, según los sindicatos
El PP rechaza EpC en lenguas oficiales porque "muchos padres quieren en inglés"
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