Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Pozo Polio, noviembre de 1989, Gerardo Iglesias, en primer plano, tras dejar la Secretaría General del PCE y reincorporarse a su trabajo en la mina. / José Luis Cereijido (Efe).
‘Me negué a redimir pena por trabajo’… “Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la DGS“… “Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón”…“Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”… “Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”.
Son algunos de los testimonios con los que la juez argentina María Servini de Cubría ha conmocionado los cimientos del Estado español solicitando a la Interpol la detención de importantes franquistas -entre ellos, algunos de los ministros aún vivos de Franco, como Utrera Molina, el suegro de Ruiz-Gallardón-, o ministros del primer gobierno del rey, como Rodolfo Martín Villa, o policías de infausto recuerdo, como Billy el Niño o Martínez Torres. Los testimonios en los que se ha basado la juez de la causa argentina contra el franquismo son terribles: entre ellos se encuentra el del exsecretario general del PCE, Gerardo Iglesias, que figura como denunciante.
Con ser llamativos estos nombres, no es lo más contundente de la causa; en los 286 folios del Auto de la juez se citan tales testimonios que ponen los pelos de punta a cualquiera. A modo de ejemplo, por las torturas a Gerardo Iglesias, quien ya en democracia fuera diputado y secretario general del PCE en sustitución de Santiago Carrillo, la juez argentina ha pedido a la Interpol la detención del entonces policía Pascual Honrado de la Fuente. La juez da credibilidad en su Auto a la querella de Iglesias, que es especialmente dura:
“A la edad de 17 años, en 1963, fue detenido por la Brigada Político Social de Oviedo, bajo las órdenes de Claudio Ramos Tejedor. Se le acusaba de incitar a la huelga. Permaneció detenido en la comisaría 78 horas, siendo brutalmente torturado (psíquica y físicamente) por varios miembros de la brigada mencionada. Se destacaron en las torturas el policía Pascual Honrado de la Fuente y el propio inspector Claudio Ramos Tejedor. Desde ese momento fue objeto de una implacable persecución: despidos de puestos de trabajo, citaciones constantes a comparecer en comisarías y cuarteles, (a las que no se presentaba para eludir a la tortura), viéndose obligado a pasar a la clandestinidad, con la consiguiente pérdida de trabajo…”.
Sigue el Auto de la juez: “El 26 de enero de 1967 fue detenido nuevamente por la Brigada Político Social y torturado entre otros por Pascual Honrado de la Fuente y Claudio Ramos Tejedor, ya mencionados y un tal “Palacios”. Ingresó en la Prisión Provincial de Oviedo el 30 de enero del mismo año y fue puesto a disposición del Tribunal de Orden Público, que lo condenó a cuatro años de prisión, esta pena la cumplió en su integridad y se negó a redimir pena por trabajo“.
Los ‘otros’, lo que no salían vivos de la DGS
Aunque muy significativa, la declaración de Gerardo Iglesias ante la juez Servini no es la más dura ni la peor. “Si por mí fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad”: eso es, por ejemplo, lo que el policía Ricardo Algar Barrón le reconoció al antifranquista José María Galante Serrano, en su cuarta detención en la DGS:
“Si por mi fuera, tú serías de los que no salen vivos de la Dirección General de Seguridad”
“En mi segunda detención, entre los policías que me torturaron se encuentran Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal; a ambos los cito entre los miembros de la BPS [Brigada Político-Social] que denuncio al final de mi declaración. Además, el primero de ellos participó en malos tratos y vejaciones durante mi tercera detención y, en la cuarta, fue uno de los policías que me tomó declaración, mediante la cual me hizo saber que me tenía un odio particular y que, si por él fuera, yo sería de los que no salen vivos de la DGS…”.
Esa declaración figura en la página 204 de las 286 de las que consta el Auto de la juez María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Criminal y Corrección Federal número 1 de Argentina, por el que ha procesado y pedido a la Interpol la detención internacional de 20 cargos franquistas. Ni que decir tiene que los antiguos policías Ricardo Algar y Celso Galván figuran en la petición de extradición de la juez argentina, pero hay otros más, y he aquí un extracto de los testimonios que la juez también relata en su Auto.
“Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón…”
Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar relatan hechos especialmente inhumanos. Por las torturas que a ambos se les infringieron en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid el 20 de febrero de 1975, la juez argentina ha procesado al policía Jesús González Reglero. He aquí el testimonio de los querellantes, que figura en el Auto de la juez, al que cuartopoder.es ha tenido acceso:
“En ese momento nos agarraron por el pelo (Francisca lo llevaba especialmente largo en esa época), y a mí me llevaron por un pasillo que comunicaba a distintos despachos. Según iban amenazando por el pasillo, los policías que se encontraban ahí me golpearon e insultaban, no puedo recordar el número ya que intentaba, con las limitaciones que da estar esposado, protegerme la cara (…) En una de las mesas se encontraba sentado el Inspector José Ignacio Giralte González y en la otra el Inspector Jesús González Reglero, este último con la cadena con la que fui detenido, sonriendo y haciéndola girar, supongo que intentando amedrentarme. De pie se encontraba Antonio González Pacheco y otros dos miembros de la Brigada que no soy capaz de recordar”.
“Me decían que bajara la cara y cada vez que lo hacía me golpeaban en la misma”
Sigue el testimonio: “El Inspector que daba las órdenes ¿Sainz? [sic], mandó que me quitaran las esposas y que me situara a cierta distancia de la pared (calculo que a unos 60 centímetros) y con las piernas abiertas, los brazos apoyados sobre la misma y la cabeza hacia abajo. Una vez situado en esa posición me golpeó en un costado que me derribó… Me volvieron a levantar y me obligaron a ponerme en la misma posición, a partir de ese momento a cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero) [sic], yme decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna“.
Así de contundente finaliza el Auto de la juez: “Según que me iban golpeando, me decían ‘di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón, etc.’. A medida que la sesión de tortura se prolongaba, iba perdiendo resistencia y me caía al suelo con mayor frecuencia. En una de esas caídas, uno de los policías (ya era incapaz de reconocer cual), se dirigió a ¿Sainz? advirtiéndole del estado en que me encontraba, entonces me levantó del suelo me empujó contra la pared, me golpeó en los riñones y dijo que a partir de entonces me golpearan en la espalda, estómago o en la cabeza. Lo que duró la sesión lo desconozco ya que estuve noqueado durante un tiempo. El siguiente recuerdo que tengo es en la enfermería de la DGS…”.
Estos hechos son similares a los que, supuestamente, el policía Félix Criado Sanz le practicaría a Jon Etxabe Garitacelaya, detenido el 11 de abril de 1969, que pasó 7 días en comisaría y sería “salvajemente torturado” en Zamora con “golpes a mansalva, la rueda, la rana…”. Criado Sanz está procesado por la juez Servini.
Martínez Torres, el ‘policía antiterrorista’ de Felipe González
Es evidente que la democracia ‘reconvirtió’ a los franquistas, les ‘perdonó’ sus faltas y los utilizó para otros fines. Fue el caso del policía Jesús Martínez Torres, que fue Comisario General de Información en el Gobierno socialista de Felipe González, pero a quien la juez Servini de Cubría ha pedido su detención a la Interpol por haber participado, según el Auto, en las torturas supuestamente infringidas muchos años antes a José Aznar Cortijo. He aquí su testimonio:
“Al llegar a comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas”
“En su segunda detención, lo metieron en el coche y en el suelo del mismo se pusieron a patearlo en la espalda y en las piernasmientras que las esposas se le clavaban en la espalda y piernas. Que al llegar a la comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas, los golpeaban por todo el cuerpo; al comenzar la tarde le aplicaban “el quirófano” que consistía en que lo tiraban boca arriba en un escalón con la cabeza hacia afuera y le deban golpes en la cara cuando caía hacia abajo por el cansancio, y los volvían a levantar sujetado del pelo; lo agarraban del pelo y de las piernas y le tiraban de un lado a otro”.
En el auto se lee también que “los interrogatorios en los sucesivos días eran de golpes entre dos o tres y aquí sí recuerdo a uno que luego lo ascendieron, se llamaba Jesús Martínez Torres, joven que lo habían traído a Zaragoza en compañía de otro también joven y rubio que también participaba con saña en los interrogatorios, ayudado por el Legionario”.
“Le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana”
El caso del antiguo policía Atilano del Valle Oter parece especialmente llamativo: está imputado en esta causa por, supuestamente, haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa, tras su detención en un piso de Barcelona el 24 de abril de 1971. He aquí las “Constancias probatorias” que incluye la juez Servini en su Auto:
“El 24 de abril de 1971, con 23 años, es detenido por segunda vez en un piso de Barcelona por los funcionarios de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social, Atilano del Valle Oter y Francisco Rodríguez Álvarez, quienes le disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana. Es trasladado a la Clínica San Jorge, donde recibe los primeros auxilios. En vista de la gravedad de las heridas es evacuado al Hospital Clínico de Barcelona, donde le diagnostican conmoción cerebral con posible fractura de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y heridas varias de pronóstico muy grave. Un consejo de guerra lo condena a 16 años, tras lo cual recorre las cárceles franquistas de Barcelona, Soria, Segovia y Jaén, durante 5 años, 6 meses y 4 días, y sale en libertad en octubre de 1976. Desde hace 20 años está jubilado por incapacidad permanente total con el hígado trasplantado…”.
Puig Antich, Vitoria y los últimos fusilados del franquismo
El exministro franquista y posteriormente del Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa en una imagen reciente. / Efe
La juez argentina también ha pedido la detención de Antonio Carro Martínez, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975: le imputa “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich y la de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975″. Esas últimas ejecuciones se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona y Burgos y los ejecutados fueronJosé Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echeverría. Junto a Carro, la juez imputa a otros exministros de Franco, comoJosé García Hernández, Fernando Suarez González y José María Sánchez-Ventura Pascual. A Martín Villa, como se ha dicho, le imputa los hechos de Vitoria, de marzo de 1976.
Robo de niños: “Le mostraron un cadáver más grande que un recién nacido”
En su largo Auto, la juez María Servini ha imputado también al médico Abelardo García Balaguepor su supuesta participación en la posible sustracción del bebé de Adela Carrasco Martínez, quien ingresó en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el 5 de noviembre de 1967. La juez dice que a la parturienta le aplicaron la técnica sin dolor, “por la que se duerme a la madre en el momento del parto”. El resto lo explica así la juez:
“La matrona del parto fue Marina Martín Manuel. Luego del parto le informaron que el bebé nació muerto, pero como Sara Carrasco Martínez manifestó haberlo escuchado llorar le dijeron que nació con vida y después falleció. La abuela de la denunciante fue a la morgue a ver el bebé -al cual una monja bautizó como Jesús Díaz Carrasco- y le mostraron un cadáver de un bebé más grande que un recién nacido. En el año 2006 la denunciante concurre al cementerio San José de la línea de la Concepción (Cádiz) donde supuestamente se encontraba la tumba y le informaron que el bebé no había sido enterrado allí. Asimismo, afirmó que tenía la sospecha de que ella misma, nacida el 26 de septiembre del año 1962, tenía un hermano o hermana gemela de la cual no habría ningún registro, ya que en la partida de nacimiento donde se indica el sexo del bebé decía H-V pudiendo tratarse de Hembra y Varón, el cual le habría sido sustraído a la madre”.
El informe del Relator Especial de Naciones Unidas advirtió a España de que "sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables".
Familiares de víctimas de Franco protestan con una foto del ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el niño', y una pancarta con fotografías de las víctimas.REUTERS
El nuevo ministro de Justicia Rafael Cataláno tiene dudas. A pesar de "no conocer" la orden cursada desde Argentina contra 19 franquistas (Antonio Barerra ha fallecido) se ha atrevido este miércoles a adelantar que en España hay "una Ley de Amnistía aprobada en Cortes" y que los delitos de los acusados están "prescritos". Pero la valentía del ministro no llegó hasta ahí. Acto seguido comparó el procedimiento anterior cursado contra Billy el Niño y Jesús Muñecas por presuntas torturas con la nueva lista de 19 franquistas, entre los que se encuentran ministros de la Transición como Martín Villa, imputado por la muerte de cinco obreros en una manifestación, y Utrera Molina (el suegro de Gallardón), por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich.
Para "no conocer la orden", el ministro de Justicia se lanzó bien a la piscina. Cabe recordar al ministro que un presunto delito de torturas no es lo mismo que convalidar una sentencia de muerte desde los sillones del Consejo de Ministros y que, por tanto, el procedimiento judicial no puede ser similar. Además, Catalá debería conocer que en el tiempo transcurrido entre las peticiones de extradición de Billy el Niño y Jesús Muñecas y la petición de extradición de 19 franquistas ha habido interesantes e importantes pronunciamientos internacionales sobre la interpretación que la Justicia española hace de la Ley de Amnistía de 1977 y que emplazan a España a cooperar con la llamada querella argentina.
El más importante de estos pronunciamientos fue, sin duda, el debate vivido en el XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que España fue una delas grandes protagonistas. Allí se presentaron dos informes demoledores sobre la impunidad de la que goza el franquismo en España y sobre el obstruccionismo de la Justicia en relación a este tema. Los informes fueron elaboradores por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, por una parte, y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
Este último informe es clarividente. El Relator Especial de la ONU advirtió a España de que tiene "la obligación internacional" de "extraditar o juzgar" a los franquistas reclamados desde Argentina y que "sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables". Asimismo reclamó al Gobierno de Rajoy "asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior".
La recomendación de la ONU fue clara y taxativa. ¿Ha argumentado el ministro Catalá, por tanto, que las extradiciones no pueden producirse porque los implicados ya están siendo o ya han sido juzgados en España, tal y como reclama la ONU? No. El ministro argumenta, como ya hizo la Audiencia Nacional en el anterior procedimiento judicial referente a Jesús Muñecas y Billy el Niño, que los inculpados están protegidos por la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes en octubre de 1977.
Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.
Pero, ¿qué dice la ONU sobre esta Ley de Amnistía y de la actitud del Estado y de la Justicia de utilizarla como justificante para no investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, la Guerra Civil y la transición? El Relator Especial vuelve a ser contundente: España debe "privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo". Dicho de otra manera, la Ley de Amnistía no puede ser jamás una excusa para no investigar violaciones de derechos humanos.
Contradice tratatos internacionales
El Relator Especial de la ONU recalca, además, que la práctica del Estado español de archivar la "totalidad de los casos presentados ante la justicia española por crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (...) contradice las obligaciones internaciones en materia de derecho a la justicia" vulnerando también "el derecho a la verdad". Expresamente, la ley de Amnistía contradice, entre otras compromisos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por España y publicado en el BOE el 30 de abril de 1977. Seis meses antes de que las Cortes aprobaran la Ley de Amnistía en octubre del 77.
Este compromiso internacional señala en su artículo 15 que aquellas personas que cometieron actos delictivos conforme a los" principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional" pueden ser juzgados y condenados aunque no fueran hechos delictivos según el derecho nacional en el momento en el que se cometieron. Es decir, los crímenes del franquismo pudieron ser legales conforme a la ley española del momento pero contradicen los principios del derecho internacional, por lo que pueden ser juzgados y condenados. El Estado español se comprometió a una cosa en el ámbito internacional y estableció una ley que operaba en sentido contrario en apenas seis meses.
Por último, el Relator Especial de la ONU concluye recordando a los profesionales de la Justicia española que en "países que no han derogado leyes de amnistía" (como es el caso de España), "algunos tribunales han encontrado interpretaciones (...) que no han impedido la investigación y el procesamiento de presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos". Una bonita manera de recordar a los jueces españoles su responsabilidad en el hecho de que la Ley de Amnistía continúe siendo usada como parapeto para frenar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de cientos de miles de ciudadanos de todo el Estado.
El Estado español no cumple las obligaciones y tratados internacionales que obligan el arresto y posterior extradición de los imputados por la justicia argentina
Si cruzan la frontera, exministros como José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa y el resto de los imputados serían detenidos por crímenes contra la humanidad
Argentina ordena la detención de 20 franquistas. Se les acusa de crímenes contra la humanidad. A su arresto le seguiría la extradición y procesamiento en la única causa que en el mundo juzga el franquismo, la denominada Querella Argentina. Todo, en aplicación de tratados internacionales que España, al no dar curso a la petición argentina, incumple. ¿Qué ha hecho entonces y qué no, hasta ahora, el Gobierno español?
Como ha señalado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, España denegará la entrega a Argentina de estos últimos 20 acusados por la justicia de este país al ampararse en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos.
Si cruzan la frontera, no obstante, exministros como Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina y el resto de los imputados serían detenidos por violaciones de derechos humanos. En cualquier lugar del mundo. "Son criminales con las manos manchadas de sangre que deben ser puestos a disposición inmediata de la justicia", apuntan desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA). España, según las mismas fuentes, incumple “sus obligaciones internacionales”.
Los pasos que España no da
¿Cuáles son los pasos a dar? Tras el auto de imputación del Juzgado Federal 1 de Buenos Aires a cargo de María Servini, la sección argentina de Interpol notifica a la de Madrid la detención preventiva con fines de extradición. Son trámites ya consumados. A partir de aquí "pasividad", dicen en CeAQUA. Primero, justicia y policía españolas, en el marco de la cooperación internacional, deben facilitar los datos de identificación personal conocidos. Los registros filiatorios que posean para evitar posibles confusiones por razones de homonimia.
Siguen los incumplimientos. Segundo: una vez cursada y recibida orden de arresto, las autoridades competentes deben proceder a la detención de los reclamados. Tercero, según la Ley de Extradición Pasiva española, la veintena de imputados (menos el exministro Antonio Barrera de Irimo, fallecido recientemente, lo que extinguió la acción penal) pasan a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que esté de guardia. En un plazo no superior a 24 horas.
Cuarto. El juzgado decreta prisión provisional para los acusados o bien dispone su libertad con medidas cautelares para evitar su fuga: retirada de pasaporte, vigilancia de domicilio, orden de no ausentarse de un lugar determinado sin autorización judicial o de presentarse periódicamente ante la autoridad designada, y prestación de fianza. Quinto, España comunica a Argentina que puede solicitar la extradición en el plazo que determine. La detención preventiva no puede prolongarse más allá de 40 días.
Argentina quiere sentar en el banquillo a 20 imputados por crímenes del franquismo.
"Los últimos responsables vivos de la represión"
Las disposiciones anteriores coinciden con el Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en materia penal suscrito en Buenos Aires –el 3 de marzo de 1987– entre el Reino de España y la República Argentina. "Hasta la fecha, ninguna de las medidas previstas legalmente ha sido adoptada", señalan fuentes de CeAQUA. Y se trata, continúan, "de los últimos responsables vivos de la represión franquista, algunos con penas previstas de cadena perpetua".
¿Qué ocurrió la vez anterior? La Audiencia Nacional desestimó la extradición. El ex guardia civil Jesús Muñecas y el expolicía y exmiembro de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, llegaron a declarar ante la Sala de lo Penal. Pero salieron libres de culpa. La Audiencia Nacional estimó que los crímenes que se les atribuían prescribieron hacía 35 y 30 años, respectivamente. Según los querellantes, Muñecas y Billy el Niño eran torturadores durante el régimen franquista. Delitos de lesa humanidad, para la jueza Servini.
Solicitud de detención preventiva con fines de extradición por Interpol Argentina.
¿Qué significan estos pasos para la Querella Argentina? El rechazo al pedido de extradición de los represores policiales acarreó un revés para las víctimas. Y encarnó, sin embargo, una muestra palpable de que la impunidad del franquismo sigue vigente. La Audiencia Nacional siquiera se escudó en la Ley de Amnistía, norma objeto de numerosas críticas por organismos internacionales.
La dificultad de juzgar los crímenes del fascismo español tiene un primer reflejo temporal que arranca el 17 de julio de 1936. Casi nueve décadas desde el alzamiento militar, y los represaliados extienden sus reclamos en busca, subrayan, de verdad, justicia y reparación. Un testigo que recoge Argentina y que, hasta ahora, España no acaba de dar.
Víctimas del franquismo denuncian la “artimaña” del Gobierno español
Interpol España alega ante su Secretaría General, con sede en Lyon (Francia), para no detener a las 20 personas reclamadas por la justicia argentina. La reclamación, aceptada, permite no aplicar el distintivo rojo que afecta a la situación de personas buscadas internacionalmente con orden de arresto. Una "artimaña", denuncian víctimas del franquismo.
"Nos parece vergonzoso que de forma tan descarada se proteja a estos criminales", señala el abogado Carlos Slepoy. La actuación de la oficina Interpol España, incorporada en la Dirección General de la Policía, significa la "impunidad" de estos delitos, según el letrado.
Las víctimas no descartan presentar denuncias "masivas" ante juzgados españoles y prevén mantener encuentros con varios grupos parlamentarios. El letrado, uno de los impulsores de la Querella Argentina por crímenes del franquismo, apunta la posibilidad de que la jueza María Servini pida la extradición. Esto obligaría a pronunciarse, a favor o en contra y de manera sucesiva, al Consejo de Ministros, la Audiencia Nacional y al Ejecutivo, que tendría la decisión final.
Ateneo Republicano de Vallecas (Madrid). 14 de Noviembre
