Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
En el año 2011 el Instituto de Estudios Gienenses (IEG) se embarcó en un proyecto que le había costado mucho tiempo, burocracia y permisos hasta conseguirlo. Se trataba de 'sacar a la luz' a todos los jienenses encausados tras la Guerra Civil Española. Una documentación que desde hace décadas se guarda en el Archivo Intermedio Militar Sur, en Sevilla, y que tiene titularidad estatal, estando gestionado por el Ministerio de Defensa.
La tarea no es sencilla. Los documentalistas y digitalizadores tienen que desplazarse a Sevilla, normalmente lo hacen durante una semana completa, y tienen que acompasar sus ritmos de trabajo «a un archivo que nos cede sus instalaciones», explica el gerente del IEG, Salvador Contreras. Cuando arrancaron con el proyecto, a raíz de cierta apertura tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, estimaban que allí iban a encontrar los expedientes de 5.000 jienenses. Pero se equivocaron. Ocho años de trabajo después sus cálculos son que puede haber datos de 15.000 jienenses, y lo curioso es que las dos terceras partes de ellos estaban «completamente desaparecidos», es decir, hasta la presente no figuraban en ningún archivo.
¿Cómo ha ocurrido esto? Pues, según Contreras, gracias a un «trabajo de hormiguitas». Los documentalistas que están haciendo la labor buscan los expedientes. Normalmente están archivados por el nombre del primer firmante, el primer encausado que sale en el documento, pero «dentro del expediente puede haber varios, puede haber hasta ocho o diez encausados, que no estaban archivados y eran personas que estaban totalmente desaparecidas».
Ocho empleados del IEG trabajan para localizar esos expedientes, y tratarlos (algunos están en unas condiciones muy malas), analizan página por página, lo digitalizan todo y se traen ese trabajo a Jaén, donde continúan con la labor de «indizar y sacar cada término, que luego nos permita la búsqueda», explica el gerente. Una búsqueda que se puede hacer desde el portal de la Diputación Provincial de Jaén (www.dipujaen.es) y que está abierta a cualquier persona.
El IEG cuenta ya con 5.116 expedientes digitalizados de encausados jienenses o personas con causa abierta en la provincia, pero el avance no es solo que, una vez terminado, se habrán documentado muchos más nombres, sino que se está documentando cada caso también por el pueblo del que era originario el encausado, por la profesión que ejercía esa persona, e incluso por los nombres de los jueces y fiscales que participaron en los procesos.
«De todos esos datos se van a poder sacar muchos conocimientos, como cuáles fueron las profesiones más castigadas, que por lo que sabemos hasta el momento, eran sobre todo jornaleros o gente del campo, aunque también hay panaderos, carpinteros... También se podrá saber cuáles fueron los pueblos más dañados de la provincia...», asegura Contreras, que añade que lo que están creando es «una herramienta documental con la que cada investigador hará lo que considere oportuno».
El gerente defiende que el IEG está potenciando así la investigación, además de evitar desplazamientos a Sevilla a los investigadores. «Somos conscientes de que muchos investigadores han explotado esta documentación durante los meses del confinamiento y ya están saliendo amplias investigaciones», asegura.
Familiares
Eso por no hablar de las personas interesadas a título particular: hermanos, hijos, sobrinos, nietos que tras la Guerra Civil no supieron nada de su familiar y que ahora los buscan por los archivos. «La gente más joven se mueve a nivel digital, pero he visto a más de un abuelo venir hasta el IEG y echarse a llorar al encontrar algún documento de su familiar».
El fondo con el que se trabaja comprende el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil, cuando se comenzó a abrir causas sumarísimas a los perdedores del bando que luchaba a favor de la II República, unas veces, miembros destacados de partidos de izquierdas y otras, personas señaladas mediante denuncia de un particular o bien simplemente, por estar afiliado a un determinado partido o sindicato. «Podemos nombrar personas conocidas y representativas de la sociedad jienense, como Zabaleta, Gabriel Arroyo Sevilla o el alcalde socialista José Campos Perabá», explica Contreras.
La mayoría de los expedientes que se han encontrado tienen que ver con encausados por activismo político, «pero sí nos hemos encontrado más de un caso de denuncia por rencillas personales, de ajustes de cuentas, aprovechando las circunstancias que se vivían».
Según el gerente, después de ocho años dedicados a este proyecto, calcula que tienen ya dos terceras partes del material trabajado, con lo que cree que les quedan entre dos y tres años de trabajo para terminar con todos los expedientes.
La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha puesto en marcha el proceso de adjudicación para llevar a cabo las exhumaciones de fosas de 61 víctimas de la Guerra civil y la dictadura franquista en los cementerios de Castelló, Segorbe, Alicante y Orihuela.
Los trabajos de exhumación, que tendrán un presupuesto máximo de cerca de 88.000 euros, buscan recuperar e identificar los cuerpos de las personas que sufrieron la represión franquista y dignificar la memoria y los valores democráticos de quienes lucharon por la democracia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Los estudios hacen referencia a 18 víctimas en el cementerio de Castelló, 15 en el de Segorbe, 11 en el de Alicante y 17 en el de Orihuela.
La contratación permitirá la realización de los trabajos de indagación e investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de las víctimas en una serie de fosas ubicadas en estos cuatro municipios.
El plazo está abierto para la presentación por parte de las empresas que quieran optar al contrato, y estas exhumaciones se sumarán a las ya iniciadas o previstas en Castelló, Monóvar o Benissa.
La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha señalado que se trata de «un paso más para continuar las exhumaciones por parte de la Generalitat en el marco de la Ley de Memoria Democrática».
Pérez Garijo ha recordado que el establecimiento y desarrollo de los mecanismos para realizar las exhumaciones en la Comunitat Valenciana «es uno de los compromisos que nos hemos marcado desde el Consell».
«La Administración autonómica tiene la obligación de cumplir con este deber histórico para exhumar los restos de las víctimas del franquismo que todavía hay por todo el territorio y poder darles así un enterramiento digno», ha concluido.
En el 2017 el Parlamento de Cataluña declaró la nulidad de todos juicios políticos del franquismo. Foto: Flickr
Los juicios políticoscelebrados durante el franquismo vulneraron los derechos humanos de todos los encausados. Solo en Cataluña fueron fusiladas, después de declararles un consejo de guerra, más de 66.629 personas. El Departamento de Justicia catalán permite la obtención de un certificado de nulidad de aquellos crímenes. Este mes se ha alcanzado la cifra de 4.136 solicitudes para obtener un documento que certifica la ilegalidad de aquellas causas políticas, que acabaron con sentencias de muerte, celebradas desde 1938 hasta 1978.
Reparación efectiva
El Gobierno catalán comenzó a expedir estos documentos el 12 de septiembre de 2017, después de que el Parlamento aprobase por unanimidad la ley de reparación jurídica a las víctimas del franquismo. En el certificado figura el nombre y los apellidos de la persona procesada por los tribunales franquistas. “Este documento supone el tener una declaración jurídica que dice que el juicio que sufrió la persona en concreto quedo anulado por el Parlamento. Es una cuestión muy importante porque supone una reparación efectiva y no simbólica”, explica el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Pep Cruanyes.
Nulidad unánime
“En julio de 2017el parlamento hizo una ley que declaró la nulidad de todos estos procesos”, continua Cruanyes, refiriéndose a la ley aprobada en septiembre de 2017 que declaraba ilegales los tribunales franquistas y la consecuente nulidad de las sentencias ejecutadas.“PSC, Ciudadanos y el PP no estaban de acuerdo con aquello, pero cuando incluimos la lista con más de 66.000 personas con sus nombres y apellidos no pudieron negarse”, afirma Cruanyes. Pero a pesar de la nulidad que ya fue declarada hace tres años de todos los crímenes, son muchas las personas que solicitan este documento oficial. Durante los seis primeros meses de este año Justicia ha expedido 475 documentos que permitirán cerrarun episodio doloroso e injusto para los familiares de las víctimas
“LAS SENTENCIAS QUE EL BANDO REPUBLICANO APLICÓ CONTRA LOS FRANQUISTAS FUERON ANULADAS”
Los vencedores sí repararon su memoria
Hay quienes se posicionan en contra de la memoria histórica porque solo repara a las víctimas de un bando, pero desde la Comisión aclaran esta confusión: “En plena guerra el Departamento de Justicia catalán aprobó dos jueces especiales para investigar los crímenes en la retaguardia cometidos por el bando republicano. Se detuvieron a muchas personas y se exhumaron fosas”. Son estas acciones las que recuerdan que en un bando se luchaba por la libertad y en otro por instaurar la represión. Además conviene recordar que después de la contienda el bando vencedor rindió honores a todos sus caídos mientras los vencidos sufrieron el más absoluto olvido. Tal y como explica Cruanyes: “las sentencias que el bando republicano aplicó contra los franquistas fueron anuladas”. Ellos tuvieron oportunidad de rendir homenaje a sus víctimas pero en el bando republicano quedó un recuerdo “borroso” que ahora se materializa, y aclara, con un final que pone las cosas en su sitio.
La investigadora Laura Muñoz-Encinar ha analizado la represión irregular que ejerció el bando golpista durante la Guerra Civil y la dictadura en Extremadura, y ha hallado evidencias de técnicas de degradación "muy concretas sobre las mujeres" en los procesos de ejecución y sepultura.
Que el fascismo siempre ha entendido su estructura político-social como un sistema patriarcal que sitúa a la mujer en un rol secundario, dependiente del hombre, no es ninguna novedad. Sí lo es, o más bien lo fue, que el franquismo crease castigos específicos para los 'desafectos' al régimen en base al género. Durante la Guerra Civil y en los años posteriores, miles de mujeres fueron vejadas, violadas, torturadas y asesinadas, y no sólo por su posición contraria a los golpistas; a diferencia de los hombres, sufrieron además otro tipo de represión de carácter sexista incluso después de la muerte por ser lo que eran: mujeres.
A lo largo de las últimas décadas, testimonios orales y archivos históricos han documentado un sinfín de acciones represivas, de carácter físico y psicológico, asociadas al género: se ejercía una posición dominante contra ellas en base a descalificaciones y amenazas para establecer una superioridad masculina, les rapaban las cabezas –por aquello de asociar el pelo largo con lo femenino–, las obligaban a desfilar semidesnudas o en cueros, a ingerir aceite de ricino, las agredían sexualmente o las maltrataban. Ahora, el trabajo de Muñoz-Encinar, con la exhumación y el análisis de fosas comunes y la compilación de testimonios orales, entre otros métodos, ha logrado evidenciar, además, que esa represión específica contra las mujeres por su condición de género no se daba únicamente en vida; también, durante y después de la muerte.
La arqueóloga, que ha estudiado larepresión irregular (personas asesinadas en aplicación del bando de guerra entre 1936 y 1948) en distintas zonas de Extremadura, escenario de su investigación, ha certificado que en las distintas fosas comunes analizadas "existía un patrón diferencial muy claro" entre hombres y mujeres en los procesos de ejecución y enterramiento: "En las fosas hemos encontrado un patrón distinto sobre cómo acaban los hombres y las mujeres dentro de un mismo depósito. Generalmente, las mujeres fueron las últimas en ser introducidas dentro de las fosas y se solían depositar en la misma área".
Dibujo de la disposición de una de las fosas en Los Arenales | Laura Muñoz-Encinar
Muñoz-Encinar llegó a esta conclusión observando la disposición de los cuerpos: "En Los Arenales o Llerena, las mujeres tienen una orientación completamente diferente a la de los varones. Ellos están orientados hacia el este y ellas hacia el oeste. Esto nos indica que en los grupos de represaliados se dio un procedimiento por el que las mujeres fueron las últimas en ser ejecutadas y por eso se introducían posteriormente en las fosas. Si no, estarían mezcladas al mismo nivel que los varones y tendrían la misma orientación". En estos casos, todas las mujeres asesinadas estaban "acumuladas en la zona sur del depósito".
Humillaciones postmortem
Durante el estudio de las fosas se advirtieron también determinadas 'particularidades' sobre "la violencia específica ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, basada en el fin purificador del franquismo y la política de deshumanizar a las mujeres antifascistas", y no solo relativas a la violencia sexual. Es el caso de Fregenal de la Sierra, en cuyo cementerio exhumaron siete fosas comunes con 43 víctimas, siete de ellas mujeres: "Una de las mujeres estaba en un estado de embarazo avanzado en el momento de la ejecución. En su pelvis se documentaron restos óseos de un feto de entre siete y nueve meses de edad".
No fue la única mujer embarazada que fue asesinada, según los registros. Tampoco allí, en Fregenal de la Sierra, la humillación de las víctimas "finalizaba con la muerte". Muñoz-Encinar destaca en su tesis que, también en estas fosas, todos los cuerpos "habían sido enterrado siguiendo el mismo procedimiento" que en Llerena o Los Arenales: "Colocados en decúbito supino, con orientaciones alternas, con las extremidades inferiores y miembros superiores en paralelo". Además, descubrió que "varias mujeres fueron enterradas desnudas entre dos varones, con un alto componente simbólico".
"En Fregenal de la Sierra documentamos los cuerpos de dos hombres y una mujer enterrados superpuestos, en la posición supina. La mujer fue ubicada entre los cadáveres de los hombres con la cabeza orientada al oeste; los hombres, orientados al este", ha expuesto en su investigación, que centra también la atención en casos similares, como el de Antonia Regalado. Tenía 22 años cuando fue ejecutada, dice la arqueóloga, que recogió el testimonio de un vecino de la zona, José Vázquez López, para señalar que la deshumanización por parte de los fascistas "continuó en la tumba".
La hicieron correr por el cementerio y abusaron de ella. Luego la mataron. Pusieron a un hombre debajo de ella y otro hombre encima"
Vázquez se sirvió de los detalles proporcionados por el sepulturero –según Muñoz-Espinar ya había contado anteriormente "lo que habían hecho con el cuerpo, cómo lo habían colocado una vez ya ejecutada"– para explicar cómo tuvo lugar la ejecución de Regalado y su entierro: "La hicieron correr por el cementerio y abusaron de ella. Luego la mataron. Puso a un hombre debajo de ella, luego puso (el cuerpo de) mi tía encima y (el cuerpo de) otro hombre penetrándola encima; uno abajo y otro arriba […] El sepulturero enterró su cuerpo en esta posición y dijo: 'La hemos enterrado como una puta'".
La investigadora rescató también de esta zona el recuerdo del fatal desenlace que sufrió Matilde Morillo, profesora y activista en defensa de la República que fue "torturada, violada y ejecutada", y cuyo cuerpo "permanece aún desaparecido". Fue su hija Aurora quien relató a Muñoz-Encinar que, al regresar a Fregenal de la Sierra "en un tren de vagones de ganado", su madre fue "identificada" y "violada", y añadió: "También se dice que fue llevada al cementerio y la orgía continuó en el sala de autopsias […] Los asesinos regresaron al pueblo en una camioneta al amanecer. Llevaban el abrigo de mi madre al final de un rifle como si fuera una bandera, como un trofeo".
Aurora Navas muestra las fotos de su madre, Matilde Morillo | Laura Muñoz-Encinar
En el caso de Antonia, de Matilde y de otros tantos cuerpos hallados, Muñoz-Encinar y su equipo se encontraron a menudo uno de los problemas más difíciles de afrontar durante esta clase de investigaciones: la identificación de las víctimas. Puesto que en múltiples ocasiones no hay registro alguno de las personas ejecutadas, así como tampoco del lugar donde fueron enterradas, la posibilidad de reconocer a las víctimas se vuelve remota, más allá de poder inspeccionar, de alguna forma, los objetos personales con los que fueron enterrados.
"Con Matilde, hay una clara intención de ocultar su violento destino en la documentación oficial. Esto es también el caso de muchas otras víctimas de la 'justicia de Franco'", ha apuntado la arqueóloga, que también ha descrito los retos que encierra corroborar "empíricamente", con los datos que ofrecía la exhumación de la fosa, cómo se ejercía esa violencia física contra las mujeres.
"La tortura es muy difícil de analizar a partir de los restos óseos. Generalmente, hay muchos procesos de vejación y tortura perimortem que dejan registros en el tejido blando, pero una vez que el cuerpo se descompone no tenemos accesos a ese tipo de información. Sí que podemos inferir, a partir de ciertos datos que tenemos, evidencias relacionadas con procesos de tortura", ha señalado, matizando que sí encontraron en ocasiones "evidencias directas" de la violencia que sufrieron: "Hay varias mujeres que tienen fracturas en las extremidades superiores, en los brazos, que no están relacionadas directamente con impactos de proyectil, sino con un golpe, con un objeto romo, (provocando) un tipo de traumatismo".
De Extremadura al resto de España
La importancia de esta investigación, según ha explicado Muñoz-Encinar, radica en que, hasta la fecha, se "habían documentado procesos vejatorios de enterramiento postmortem en otros contextos, pero no de mujeres. Por ejemplo, soldados que habían sido enterrados boca abajo como procedimiento de vejación del enemigo tras la muerte. Pero en el caso de las mujeres, es el primero en que es tan sumamente evidente como proceso de degradación postmortem". A este respecto, ha añadido lo que desvela este trabajo: "No era un hecho puntual, sino que se realizaba hacia otras mujeres como un mecanismo mas de degradación de lo que se considera el enemigo una vez muerta la víctima".
Estos actos, en los que existía la "intencionalidad de aplicar una estrategia de ejemplaridad, un mecanismo de implantación del nuevo orden mediante el terror", iban en la línea de pensamiento que promulgaban figuras notables del régimen como el médico Vallejo-Nájera, que justificabael rechazo de la mujer al fascismo en "su característica debilidad del equilibrio mental" o la acusaba de participar en revueltas para "satisfacer sus apetencias sexuales latentes".
Llegar a estas conclusiones ha sido posible habiendo estudiado previamente ciertos puntos de Extremadura como enclaves idóneos para la investigación: "En el caso de Extremadura se dan unas condiciones excepcionales para poder analizar la represión de forma diacrónica. Quiero decir, cómo funcionan y responden ambas provincias, Cáceres y Badajoz, al golpe militar y cómo va a evolucionar posteriormente la guerra y los efectos de la represión en esta zona. Extremadura combina todos los escenarios, desde el golpe militar hasta la dictadura". Precisamente, en los últimos días multitud de personas han acudido al cementerio de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, puesto que allí ha empezado la exhumación de una de las 2.500 fosas cifradas con restos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Los trabajos, con un coste de 88.000 €, se llevarán a cabo en Castelló, Segorbe, Alicante y Orihuela
R. C. V. | València 12.08.2020 | 22:25
El Consell exhumará 61 víctimas del franquismo en cuatro cementerios
La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha iniciado la licitación del contrato que permitirá realizar las exhumaciones de fosas de 61 víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista en los cementerios de Castelló, Segorbe, Alicante y Orihuela.
La contratación permitirá la realización de los trabajos de indagación e investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de las víctimas en una serie de fosas ubicadas en estos cuatro municipios.
Los estudios hacen referencia a 18 víctimas en el cementerio de Castelló, 15 en el de Segorbe, 11 en el de Alicante y 17 en el de Orihuela, que se realizarán con un presupuesto máximo de 87.950,06 euros.
El plazo está abierto para la presentación por parte de las empresas que quieran optar al contrato, y estas exhumaciones se sumarán a las ya iniciadas o previstas en Castelló, Monòver o Benissa.
La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, señaló ayer que se trata de «un paso más para continuar las exhumaciones por parte de la Generalitat en el marco de la Ley de Memoria Democrática».
Pérez Garijo recordó que el establecimiento y desarrollo de los mecanismos para realizar las exhumaciones en nuestro territorio «es uno de los compromisos que nos hemos marcado desde el Consell. La Administración autonómica tiene la obligación de cumplir con este deber histórico para exhumar los restos de las víctimas del franquismo que todavía hay por todo el territorio y poder darles así un enterramiento digno».
Exhumaciones en Monòver
La conselleria inició el pasado lunes los trabajos de exhumación de una fosa común en el cementerio de Monòver, donde se hallan enterrados los restos de 26 personas represaliadas en el franquismo. Se trata de la segunda exhumación que se realiza directamente desde la Generalitat, después de la llevada a cabo durante el último mes en el cementerio de Castelló, y es la primera que se efectúa en la provincia de Alicante.
Los trabajos se centrarán en la recuperación de los restos de al menos 26 personas que, según los estudios previos, fueron fusiladas entre mediados de octubre de 1939 y principios de diciembre de 1939. El 18 de octubre habría tenido lugar una primera tanda de fusilamientos con 11 víctimas. El siguiente fusilamiento sería en el Pinós el 31 de octubre de 1939. La tercera tanda de fusilamientos sería el 16 de noviembre de 1939, con 12 víctimas. Por último, la cuarta tanda de fusilamientos sería el 5 de diciembre de 1939, con dos nuevas muertes.
