Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Rajoy y su gobierno siguen sin atender el clamor de verdad, justicia y reparación que se eleva desde las dos mil fosas comunes que hay en España. No puede haber democracia si no recuperamos a nuestros familiares hechos desaparecer, que están esperando ser encontrados, identificados y enterrados dignamente.
Sobre la memoria histórica se viene hablando cada día más y muchos representantes de asociaciones de familiares de los asesinados por el fascismo-nazi-franquista hemos hecho muchas gestiones para que los dirigentes políticos hagan suyas nuestras demandas.
Hay una película alemana “La conspiración del silencio” que escarba en la memoria colectiva de los alemanes que vivieron años en la negación de las atrocidades cometidas por el nazismo. En ella se cuenta como un joven fiscal descubre que importantes instituciones alemanas y algunos miembros del gobierno están involucrados en una conspiración cuyo fin es encubrir los crímenes de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y busca que salga a la luz todo lo que pasó asumiendo una tarea difícil y llena de obstáculos: contar lo que pasó en el campo de concentración de Auschwitz. Era 1958 y en Alemania todo estaba oculto pero la generación de jóvenes nacidos después de la guerra quiso saber lo que pasó. En esa época los dirigentes políticos de Alemania junto con los yanquis habían hecho un pacto de silencio para taparlo todo.
En España esto nos suena muy conocido con el agravante de que esos mismos, yanquis y alemanes, son los que mantuvieron la dictadura de Franco durante 40 años y el posfranquismo otros 40 con los mismos silencios y complicidades. También la figura del joven fiscal y su quijotesca lucha contra el Estado Alemán se parece a lo que seguimos viviendo y sufriendo en España. La memoria histórica es esencial para un país. Es mejor conocer la historia que estar ciegos ante ella. Conocer la verdad no solo es importante para los países, es algo fundamental para nosotros como seres humanos. Esto ayuda a curar las heridas del pasado y nos ayuda a cambiar la sociedad. Por eso la memoria histórica es esencial para un país. Las desapariciones forzadas que en la dictadura franquista produjeron como mínimo 150.000 víctimas, es el delito más grave que se puede cometer: se detiene ilegalmente a un ser humano, se le tortura, se le asesina y se esconde su cadáver, para extender el sufrimiento de su familia al no saber su paradero.
Según la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, ratificada por España, el delito sólo empieza a prescribir cuando se da con el paradero de la persona desaparecida. Esa misma convención dicta la protección y la atención especial que requieren los familiares de los desaparecidos, algo que sigue siendo vulnerado por nuestros gobernantes.
¿Cómo nos sentimos los andaluces en el centenario de la Asamblea de Ronda cuando el recuperador de la memoria de Andalucía, el creador de nuestra bandera, de nuestro escudo y nuestro himno que son hoy nuestras insignias es uno de esos 150.000 desaparecidos, que fue torturado, fusilado, hecho desaparecer y han pasado 40 años de democracia sin que se haya hecho nada por encontrarlo, hasta ahora?
Francisco Pimentel Asociación Memoria Histórica de Ronda
O la muerte o el ejército golpista. Al extremeño Francisco Rodríguez le plantearon esta tesitura cuando tenía 17 años, durante los primeros meses de la Guerra Civil. Ocurrió en el pueblo pacense de Almendral, Extremadura. De los 3.500 vecinos, 158 fueron asesinados durante la contienda. Sus cuerpos quedaron repartidos por cunetas y fincas del municipio. ¿Quiénes eran? Francisco lo sabía. Conservó durante más de 30 años en su bolsillo una lista cuidadosamente doblada con los nombres y motes mecanografiados de muchos de los fusilados: “Antonio Pérez Perdigón, Felipe Giménez García Colilla, José López Gómez Veneno…”. Francisco sobrevivió. Murió en 2013. Le llamaban El Hombrecino.
“A mi abuelo le pusieron ese apodo porque decían que con 14 años hacía el trabajo de un hombre”, dice Susana Cabañero. “Desde que tengo memoria le recuerdo con ese papel en la cartera. Hasta que empiezas a tener uso de razón y comprendes que no es normal y empiezas a preguntar. Yo nací en el 74 y alucinaba cuando me contaba estas cosas porque a mí no me lo enseñaron en el colegio”. Para contar esta historia, un día Susana decidió grabarle en vídeo junto a su abuela Cecilia, que no era muy partidaria:
— ¡Francisco, no hables! Como hables de eso me pones mala.
-— Susana tiene que enterarse.
— Hemos dicho antes que está prohibido hablar de la guerra.
— ¡No me da la gana! Eso era cuando Franco, pero ese se murió ya. Estas cosas la juventud no las sabe.
A los vídeos — más de tres horas de grabación— le siguió un proyecto fotográfico que ha terminado en un fotolibro con la historia de su abuelo: el hombre que decidió marcharse a Madrid con su mujer en 1963 para darle un futuro a sus tres hijos. Aterrizaron en el Puente de Vallecas, donde también acudieron cientos de emigrantes extremeños. De día, guardia de seguridad en una gasolinera de Campsa; de noche, con su familia en casa de unos primos compartiendo naranjas. Hasta que se compraron una casa. A la que acudía su nieta, que ahora tiene 43 años, para conversar: “Estábamos muy unidos”.
ver fotogaleríaLa lista con todos los nombres de 'El Hombrecino'SUSANA CABAÑERO
Aquí le contó algunos de sus pasajes de la guerra. Que los golpistas entraron a Almendral y a varios pueblos de la zona. Que cientos de vecinos huyeron rápidamente a la sierra de Monsalud. Que entre agosto y diciembre de 1936, de madrugada, bajó de la montaña para buscar algo de comida. Que le capturaron y le dijeron: “Al frente o al paredón”. Y se marchó con los golpistas. Que, con 17 años y sin ninguna afinidad política más allá de la agricultura, combatió en Pamplona, Burgos y Teruel. Que pasó mucho frio. “Nunca le pregunté si llegó a matar a gente. No me sentía preparada”. Que una vez un capitán les dijo: “Los de aquí para acá que se vengan conmigo”. Y a él no lo escogieron. Que, cuando sus compañeros regresaron, observó sus rostros destrozados porque habían tenido que fusilar a 12, 13 o 14. Que, tras apretar el gatillo, los generales miraban los cerrojos de los soldados para cerciorarse. Y que si algunos no lo habían hecho, les disparaban.
Otro día El Hombrecino volvió a sacar de su bolsillo la lista y le contó a su nieta la historia de Rufino el Zapatero: “Lo llevaban a fusilar y el hijo, uno o dos años más joven que yo, iba detrás, llorando. Lo mataron antes de llegar al cementerio. Allí, donde unos olivos”. Otra tarde le dijo que cuando la guerra terminó, regresó a su pueblo y durante un baile conoció a Cecilia González, su esposa, que murió en 2011. Un año después, cuando El Hombrecino tenía 93, la que habló fue su nieta: “Abuelo, ¿y si volvemos al pueblo?”. Su hija — la madre de Susana—, no era muy partidaria por los achaques que padecía y porque ya vivía en una residencia, pero se montaron en el coche y allí que se fueron Francisco, su hija, su nieta y el novio de esta para continuar con el proyecto fotográfico.
ver fotogalería'El Hombrecino' viajó en 2012 a Almendral. Fue recibido con mucha alegría por sus paisanos que hacía más de 20 años que no le veían.SUSANA CABAÑERO
El viaje duró tres días. Hacía más de 20 años que Francisco no pisaba las calles de Almendral. “Mi abuelo rejuveneció 10 de golpe. Fue maravilloso. Fuimos a reencontrarnos con las personas de la lista”. Allí, como atestiguaban sus fotos, se emocionaba continuamente. “Le abrazamos y le recibimos con mucha alegría”, cuenta por teléfono Francisco Cebrián, testigo del encuentro y alcalde del pueblo por el PSOE desde 1991 a 1999. “Cuando mi padre lo vio, le regaló su boina-hoy la conserva su nieta-. Le llevé donde estaban las fosas, al cementerio, le enseñé imágenes de algunos de los nombres que aparecían en su lista y le conté lo que hicimos en 1991”.
Aquel año Francisco Cebrián tenía 23—hoy 61— y ordenó exhumar los cuerpos de sus vecinos. “Pedimos permiso a los dueños de las fincas y sacamos los restos”. No se identificaron los huesos. “Había tres féretros repletos”. Se les hizo una misa y al funeral acudió todo el pueblo.
— ¿Conocía la lista de El Hombrecino?
— Había muchas listas. Yo conservo una. Se repartían a escondidas.
— ¿Quién la hizo?
— Se dice que fue un comisario de guerra, pero no se sabe con certeza.
Al volver a Madrid El Hombrecino regresó a la residencia donde pasó sus últimos días con demencia. Una tarde, como tantas otras, su nieta—que necesita financiación para terminar el fotolibro— se acercó a verle y le preguntó por su lista. “¿Qué lista?”, respondió. No se acordaba. Susana pensó que estaría donde siempre: escondida y doblada en el monedero de su bolsillo. Y allí no había nada. Desapareció.
Por José Babiano, doctor en Historia Contemporánea y director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo.
Cuando el autor, Gutmaro Gómez Bravo, y sus compañeros de mesa acabaron sus intervenciones en la presentación de Geografía humana de la represión franquista. Del Golpe a la Guerra de Ocupación (1936-1941)* el pasado 13 de noviembre en Madrid, tomaron a continuación la palabra familiares de víctimas del franquismo de la guerra y la inmediata postguerra. Estos familiares habían cedido a Gómez Bravo cartas, notas y otros documentos que habían conservado ocultos durante décadas y que habían puesto a disposición del historiador durante la investigación que le ha llevado a publicar el libro que ahora comentamos. Fueron las de los familiares palabras breves y emocionadas. Palabras pronunciadas por quienes no están acostumbrados a hablar en público. Agradecieron el trabajo del autor y reivindicaron la memoria de sus familiares asesinados hace alrededor de ochenta años. Sólo por esos instantes de visibilidad de las víctimas del horror franquista y de sus familias, hubiera merecido la pena el esfuerzo empleado por Gómez Bravo en preparar un libro como Geografía humana de la represión franquista. Porque el conocimiento público de la barbarie franquista, el hecho de que las historias de sus víctimas salgan a la luz, forma parte de su reparación.
Pero, obviamente, el valor del libro va mucho más allá de estos aspectos de orden simbólico. Se trata de un ensayo que significa un gran paso adelante en los estudios, ya numerosos, de la represión franquista. Un estudio que combina a lo largo de sus 300 páginas exactas dos planos diferentes. Por un lado, las tragedias de una serie de víctimas concretas que no son sólo combatientes de distinto rango del Ejército Popular, sino también sus familiares, así como una serie de personas denunciadas por comportamientos contrarios al golpe militar. Tragedias como las que afectaron directamente a familias enteras. A veces la represión no tuvo su origen en actos considerados graves delitos por los rebeldes, sino en la circunstancia de formar parte de un colectivo designado como enemigo, como el caso de un sindicato o sociedad obrera. Que la pertenencia a una serie de colectivos resultase en sí misma punible nos remite, obviamente, a prácticas genocidas. En todo caso, en este nivel de análisis Gómez Bravo nos ilustra convincentemente de la intensidad represiva, de los niveles de daño ocasionados. Lo hace a través de esa serie de vestigios conservados por las familias a los que nos hemos referido. También recurre a numerosos expedientes reunidos en los archivos de la represión franquista que fueron agrupándose desde el mismo momento del comienzo de la guerra y que, por su número, alcanzaron volúmenes de gran escala. Y ello, conecta con el segundo nivel de análisis del libro. Un nivel de tipo macro, por así decir, que no da cuenta de la intensidad sino de la extensión de la acción de los dispositivos represivos puestos en marcha.
En efecto, en Geografía humana de la represión franquista se disecciona cada uno de los pasos que dieron lugar a un aparato militar de represión, previsto antes del golpe del 18 de julio, pero que se ajusta a una nueva estrategia tras el fracaso del mismo golpe y de la fallida toma inicial de Madrid. Una estrategia de ocupación del territorio, una vez que el adversario militar es derrotado, lo que implica la ocupación de la población que pasa a ser inmediatamente depurada tras la toma de cada localidad y la caída de cada frente.
El éxito de esta estrategia de ocupación se basa, en gran parte, en la articulación de un servicio de espionaje que pone de manifiesto dos cuestiones esenciales en la construcción del edificio represivo franquista. Por un lado, la incorporación de colaboradores civiles en un servicio de naturaleza militar, bajo cuya disciplina quedan encuadrados. Civiles, como los falangistas o los carlistas, pero también simples vecinos que ven una ocasión para vengarse de lo que creen que son ofensas pasadas o que piensan, desde una posición de privilegio, que ha llegado la hora de restaurar un orden que ya desde 1931 consideraban trastocado. Una vez que tuvo lugar la desmovilización -lo que sucedió bastante después del final de las operaciones militares-, la mayoría de estos civiles se integrarían sin solución de continuidad en la nueva policía. Una policía de origen estrictamente militar que estará operativa a lo largo de toda la dictadura.
En todo caso, la cooptación de civiles para los servicios de inteligencia de los militares sublevados y para el ejercicio de la represión ofrece pistas sobre como la dictadura, ya desde la guerra, coopta sectores sociales que le permitirán una base más amplia en la sociedad.
Por otro lado, la puesta en marcha del servicio de espionaje y, más en general, de los dispositivos represivos, ponen de manifiesto un gran nivel de coordinación territorial. Coordinación que se efectúa, no se olvide, desde el Ejército. Desde este punto de vista, puede decirse que los golpistas lograron en el ejercicio de la represión una escala de tipo industrial, tanto en lo que concierne a sus dimensiones como a la naturaleza moderna de ese ejercicio. No se olvide que un número de prisioneros como el de la España franquista, recién acabada la guerra civil, tardará mucho en ser superado en la Europa de la Segunda Guerra Mundial.
En suma, Gómez Bravo ha empleado una doble perspectiva a lo largo de su estudio. Una doble perspectiva muy fructífera desde el punto de vista de la ampliación del conocimiento de la represión franquista. Una represión que fue pergeñada antes del golpe militar del 18 de julio de 1936 y perfeccionada a lo largo del conflicto. Una represión de largo alcance, en la medida en que se prolongará durante toda la dictadura. Una represión, al fin, nucleada por el aparato militar del régimen. Por eso es de agradecer que a día de hoy contemos con un libro como esta Geografía humana de la represión franquista.
* Publicado por la Editorial Cátedra. Madrid, 2017.
Es lamentable que una parte de la sociedad española ignore los crímenes del franquismo o le resultan irrelevantes. Hay razones. En la enseñanza de los colegios e institutos, períodos claves de nuestra Historia del siglo XX como la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista reciben un tratamiento escaso. El profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez en el artículo Educando la memoria de las jóvenes generaciones: el olvido escolar de la II República y de la barbarie franquista, nos dice que en el documental Los campos del silencio sobre los presos republicanos, la última parte se grababa en el Instituto de Secundaria de Fabero del Bierzo (León), por lo que preguntó a un grupo de alumnos/as sobre el campo de concentración que había estado ubicado en su pueblo, donde hubo un batallón de unos 250 presos republicanos, de 1939 a 1947, trabajando como esclavos para una empresa privada (Minas Moro) y extrayendo carbón en las minas del Bierzo. La existencia de tal campo la desconocían, y eso que algunos de sus abuelos habían estado ahí presos. Hay muchos responsables de este olvido lamentable. Veremos algunos en estas líneas.
En esa filosofía del olvido, el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, espetó: «Hay que olvidar la Historia», justo el 20-N, cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Franco. ¡Qué obsesión con olvidar nuestra Historia! Lo grave es que ese pensar y sentir están muy extendidos en una parte importante de la sociedad española. Hace unos días lo pude comprobar: un señor aducía encolerizado “Ya está bien de sacar la mierda”, cuando alguien le argumentaba de la necesidad de enterrar dignamente a muchos de los republicanos asesinados y que permanecen en las cunetas. Hoy mismo acabo de leer un artículo excelente y pleno de valores éticos, que me parece muy oportuno, del profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Juan Manuel Aragües, con un título muy explícito España no es Argentina, donde nos señala, no hace falta excesivo comentario para poner de manifiesto la distancia que existe entre España y Argentina. Allí, el dolor de las víctimas es recompensado con justicia reparadora; aquí, al dolor de las víctimas se añade la imposición del silencio.
Es de dominio común, salvo para algunos olvidadizos y desconocedores del auténtico significado de una democracia, que la dictadura de Franco ejerció una represión brutal sobre todos aquellos que lucharon en el bando republicano. Esta represión que supuso exilio, cárcel, torturas y muertes para cientos de miles de españoles, ha sido estudiada en gran parte por algunos historiadores valientes. En Aragón tenemos un buen ejemplo en el libro El pasado oculto: Fascismo en Aragón (1936-1939) publicado en 1992, dirigido por Julián Casanova, con las historiadoras Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda y Mª Pilar Salomón, donde pudimos conocer por primera vez y que supuso un aldabonazo en muchas mentes adormecidas, un listado de muchos aragoneses asesinados por el fascismo. Puedo contar la anécdota de cómo se le arrasaban los ojos a un amigo, cuando le presté este libro, y pudo leer por primera vez escrito el nombre de su padre asesinado por los fascistas.
Ha existido otro tipo de represión económica, prácticamente desconocida para gran parte de la sociedad española. Hoy podemos conocerla en Aragón también gracias al libro Pagar culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945) de 2014 dirigido por Julián Casanova y Ángela Cenarro, y de los jóvenes historiadores Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo.
Sancionar económicamente a los vencidos tuvo cobertura legal y respondía a un plan sistematizado con objetivos concretos. El Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional declara la ilegalidad de todos los partidos políticos que integraban el Frente Popular y se inician las incautaciones de todos sus bienes. Luego, el Decreto de 12 de noviembre de 1936, por el que se deja sin validez y se incautan las pesetas republicanas, el llamado «dinero rojo», dejando a las familias en la más absoluta ruina. Unos meses después el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 puso en marcha la Comisión Central de Bienes Incautados, encargada de confiscar los bienes de fortuna de los republicanos de los territorios conquistados.
Quiero reflejar esta represión económica, impuesta a los republicanos “Rojos” en Híjar, pueblo de la provincia de Teruel. Las grandes síntesis históricas no podrían realizarse sin investigaciones de historia local, comarcal o regional. Para ello me he servido del Libro de Actas Municipales. La conquista del pueblo por las tropas fascistas fue en marzo de 1938, después de haber sometido a la población a unos dramáticos bombardeos por la Legión Cóndor.
Esclavos del franquismo en el Valle de los Caídos
En el Pleno municipal de 24 de abril de 1938 se decidió que debían juntarse en un local los colchones y las máquinas recuperadas en Híjar a los rojos huidos, por ser estos objetos de difícil asignación para su dueño, ser de primera necesidad y muy codiciados por todos. En el Pleno de 8 de mayo de 1938 decidieron recoger todas las máquinas, trillos, arados, atalajes de labranza y demás enseres que estaban abandonados por los rojos en las eras, fincas y torres de este término municipal y depositarlos en un local de la carretera propiedad de un terrateniente. Del mismo modo acordaron colocar en la puerta de los pajares de los huidos rojos de esta localidad un letrero que dijera: "Incautado por el Ayuntamiento y prohibida la entrada a toda persona no autorizada por el mismo”, procediéndose a su cierre. A su vez cualquier vecino que quisiera paja de estos pajares debía pagar 5 pesetas por viaje al Ayuntamiento. En el Pleno de 1 de mayo de 1938 se tomó la decisión de repartir los objetos recuperados, en primer lugar a los familiares de los fusilados (al inicio de la guerra los hubo en la localidad por parte de las columnas anarquistas) y pobres de solemnidad; y después a aquellos individuos que, a juicio del Ayuntamiento, por su conducta política durante el actual movimiento fueran más acreedores de obtener beneficios de dicho reparto, acordando se hiciera relación de los bienes entregados a cada uno y nombrar para ello a un concejal, al alguacil y al secretario. En el Pleno de 15 de mayo de 1938, se leyó por parte del Alcalde el contenido de la Ley inserta en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza nº 108, (durante unos meses estuvo dependiendo Híjar de la administración de Zaragoza) sobre recuperación agrícola de los productos de la tierra de aquellas fincas abandonadas por los rojos de la localidad, por la cual se debía constituir una Comisión, integrada por el Alcalde como Presidente, un Secretario que será el del Ayuntamiento; y, como vocales, un representante de F.E.T. y de las J.O.N.S., un agricultor y un práctico de campo nombrado por el Ayuntamiento. En el Pleno del 11 de septiembre de 1938 se aprobó que se debía pagar, a partir del 1º de octubre próximo, por los actuales inquilinos, el alquiler de la casa que habitasen y que había sido abandonada por individuos rojos de esta villa, cuyo alquiler sería impuesto por una Comisión del Ayuntamiento, que revisaría el estado actual en que se encontrase cada uno de los edificios expresados; debían hacer lo mismo con los pajares de los rojos. En el Pleno de 22 de mayo de 1938 se adjudicó al vecino José Pitarque Pina, tras haberlo solicitado, el borrico del rojo huido Francisco Monzón Gómez.
Los rojos, también pagaron con su trabajo gratuito. El 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió que la limpieza y arreglo de los locales de las escuelas de párvulos del edificio de las hermanas de San Vicente de Paúl de esta villa, se hiciera con cargo al presupuesto municipal, a fin de que pudieran dar clase, y que, a ser posible, se emplease gente roja para proceder a la limpieza de toda la casa de las monjas, sita en la calle Otal, no pagando cantidad alguna a estas gentes. El 23 de octubre de 1938 se decidió que la leña que el Ayuntamiento facilita para la cocina de Auxilio Social de esta villa, la trajeran del Pinar los individuos clasificados como no afectos al Glorioso Movimiento Nacional de esta villa.
El 26 de marzo de 1939 se decidió que la limpieza de los solares particulares de los escombros producidos por la aviación (la franquista) la llevasen a cabo los rojos. El 9 de abril de 1939 para la construcción del Monumento a los Caídos se decidió que debían presentarse a trabajar los rojos durante 15 días, quedando además a elección del Ayuntamiento el poder mandar a dichos individuos mayor número de días en la limpieza de la localidad, si lo estimaba necesario.
Los rojos pagaron a su vez con su dinero. En el Pleno de 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió abrir una cuenta corriente en el Banco de Crédito de esta localidad, a nombre del Ayuntamiento con el nombre de"Retenidos", con todo el dinero incautado a los rojos, como desafectos al Régimen que acaudilla el Generalísimo Franco, y pronto en el Pleno de 11 de diciembre de 1938 decidieron que de ese dinero retenido a los rojos, se arreglase el local de la escuela de párvulos, tres dormitorios y una cocina de las monjas de San Vicente de Paúl. De la misma cuenta en el Pleno de 16 de abril de 1939, se aprobó asignar 1100 pesetas para arreglar la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor.
También los rojos perdieron sus puestos de trabajo. Joaquín Losilla Gómez, Voz Pública; Felipe Castañer García, guardián de la cárcel de partido; Joaquín Turón Turón, enterrador en el cementerio católico municipal; José Muñoz Pérez, encargado de las aguas públicas; y Pascual Monzón Carrillo, caminero de la huerta.
Todo este entramado legislativo citado anteriormente y aplicado en Híjar, convergió en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, promulgada tras la caída del frente catalán y con el inminente triunfo definitivo de la guerra. Todo este castigo económico iba dirigido a reforzar las arcas del franquismo a costa de los considerados culpables de la guerra, y a neutralizar cualquier futura reorganización de los adversarios
Siguiendo el artículo La legalización del expolio: la represión económica franquista de Víctor Peñalver Guirao, todas las personas que se mostraron a favor del sistema republicano o habían participado en él, desde 1934 y especialmente durante el gobierno del Frente Popular, o simplemente aquellas que mostraron pasividad ante la irrupción del «Glorioso Alzamiento Nacional», fueron las víctimas de esta ley represora. La Ley vulnera principios jurídicos básicos. Entre ellos, la retroactividad: una ley promulgada en 1939 condena la actividad política –contraria a los valores de una «nueva España» que aún no existía– desempeñada a partir del 1 de octubre de 1934. La ley consideraba delictivos hechos que en el momento de producirse eran legales, rompiendo el principio de nulle crime nulle poena sine lege. Además la gran mayoría de los acusados por responsabilidades políticas habían sido condenados ya por la jurisdicción militar por los mismos hechos, vulnerando el principio jurídico non bis in ídem. Por último, a este entramado judicial fraudulento le siguen aspectos tales como la extensión de la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, exiliados, ausentes y desaparecidos, o la transmisión «a modo de herencia» de las sanciones económicas a los familiares en el caso de haber fallecido/desaparecido el condenado.
En la página del Rolde de Estudios Aragoneses, que participó en la edición del libro Pagar culpas ya citado, podemos consultar el listado por orden alfabético de las 13.422 víctimas de la represión económica en Aragón. Me referiré a algunas. A Ramón Acín, pintor, escultor y humorista gráfico, cuyo asesinato fue particularmente avieso y cruel, se había ocultado provisionalmente en su propio domicilio, pero un día oyó cómo una patrulla fascista había entrado en el piso y maltrataba a su mujer, Conchita Monrás; Acín salió espontáneamente a defenderla y fue detenido, sacado a empellones de su casa y fusilado al poco en las tapias del cementerio de Huesca. Diecisiete días después le ocurría lo mismo a su mujer, sin otra responsabilidad política que haberlo sido. Ya muerto se le impuso una multa de 20.000 pesetas por sentencia de 20-7-1938. A Odón de Buen y del Cos, naturalista español que destacó como fundador de la oceanografía español y que marchó al exilio, una multa de 10.000 pesetas. A Antonio Plano, alcalde socialista de Uncastillo (Zaragoza), torturado brutalmente antes de morir y fusilado el 5 de octubre de 1936, una multa de 25.000 pesetas por sentencia de 28-10-1937, que al no poder ser pagada por su esposa le fueron confiscados su vivienda y todos sus enseres. A José Ignacio Mantecón nombrado gobernador de Aragón en 1937 por el gobierno de la República, que se exilió a Méjico, una multa de 10 millones de pesetas por sentencia de 26-10-1938. Termino con Bernardo Aladrén, socialista y ugetista, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza durante la II República fue asesinado el 9 de agosto de 1936. Incluso muerto, las autoridades franquistas le sometieron a un juicio en 1941, a través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza para averiguar su comportamiento político con el objetivo de arrebatarle si tenía algún patrimonio. Su viuda rozando la miseria y sobreviviendo haciendo faenas por las casas, fue requerida sin contemplaciones varias veces a declarar ante el tribunal. Su expediente fue sobreseído por insolvencia.
Como señaló Xavier Domenech, que también es historiador, en la Comisión Constitucional del 8 de marzo pasado, el Tribunal de Responsabilidades Políticas provocó la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal en la historia de España. Y mientras en los partidos políticos —y ahí reside el problema— ha habido varias leyes con las que se les ha restituido el patrimonio o se les ha indemnizado, nunca se ha planteado indemnizar también a las familias expoliadas en este periodo.
