La beatificación masiva de religiosos, religiosas y sacerdotes fusilados durante la Guerra Civil en la zona republicana constituye, objetivamente, una nueva humillación a los fusilados por los franquistas, que durante más de 70 años han sido silenciados. Franco los castigó con la condena y la muerte y la Transición los castigó con el olvido. El pretexto era no reabrir heridas. Quienes gestionaron la Transición temieron que poner a la luz pública lo que ocurrió podía poner en cuestión el alzamiento, la guerra, el franquismo y la misma Transición, es decir, los cimientos de la España actual. Porque todo el mundo desea que los “suyos” desempeñen el papel de víctimas y no el de victimarios.
Pero la memoria de los muertos no prescribe, nos seguirá persiguiendo y reaparecerá de manera periódica hasta que se haga justicia con ellos. Desde el más profundo respeto por las vidas y las circunstancias de las muertes de los ahora elevados a los altares, no puede dejarse de lado que la Jerarquía de la Iglesia, al honrar las víctimas de uno sólo de los bandos, reabre las heridas de los hijos y nietos de los olvidados. Precisamente uno de los objetivos del debate actual acerca de la Memoria Histórica es hacer justicia, rehabilitar y dar voz a todas las víctimas sin exclusión. Sobre el olvido o la negación de lo ocurrido no es posible construir la reconciliación.
Claro que nuestra Guerra Civil sigue siendo una fuente inagotable de análisis del que poco a poco va saliendo a la luz pública lo que la propaganda franquista escondió. En concreto, la persecución por motivos ideológicos por ambos lados ha sido ya abundantemente analizada. Después del 18 de julio en ambos lados de “las dos Españas” se desató un desenfreno de sangre y asesinatos impunes, una locura, un salvaje baile de muerte y de barbarie que sólo se puede explicar atendiendo siglos de odios alimentados desde todas las instancias. En una zona se fusilaba a sacerdotes y se quemaban iglesias y en la otra se fusilaba a maestros y se quemaban casas del pueblo.
Asesinatos en la zona republicana
Probablemente no tiene ya tanto interés saber quién o qué bando “puso más muertos”, sino cómo se encaja el futuro. Pero para medir la tragedia en sus dimensiones cuantitativas, es obvia la dificultad de llegar a cifras más o menos aproximadas cuando la exageración de los asesinatos constituía un esencial instrumento de guerra. Serrano Súñer, en un discurso en Bilbao en 1938, dice hablar “en nombre de los 400.000 hermanos nuestros martirizados por los enemigos de Dios”. Yanguas Messía, en noviembre de 1938, para rechazar los intentos de poner fin a la guerra por una mediación, decía al cardenal Paccelli que son “centenares de miles”… Estelrich, que desde París, pagado por Cambó, escribía propaganda franquista, afirmaba que los sacerdotes seculares asesinados eran 16.750. Hoy son comúnmente aceptadas las cifras de Antonio Montero1, que cita por sus nombres a 12 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas, con un total de 6.832 (pg. 762). A estas cifras hay que añadir los seglares que perecieron por la misma causa.
Prevaleció la fuerza frente a la justicia.
Prácticamente la totalidad de los asesinatos se llevaron a cabo hasta diciembre de 1936. Al comienzo las víctimas eran apresadas y liquidadas sin ninguna formalidad procesal. A partir de septiembre se crean los Tribunales Populares, y son generalmente condenadas sólo a penas de prisión A partir de los sucesos de mayo del 37 “es indiscutible que cesó el asesinato de nuestros compañeros de sacerdocio” dice el archivero de la diócesis de Barcelona2.
Fue una violencia desatada, masiva, rápida y generalizada, resultado de odios inveterados. Es cierto que en un primer momento fue alimentada por algunos de los líderes de izquierda, especialmente anarquistas, del POUM y comunistas. Pero de ninguna manera esto supone que hubiera ningún plan previamente organizado como ha supuesto alguna publicación reciente3. De no haber existido el alzamiento no hubiera habido masacre. La tradición beligerante de la Jerarquía durante todo el siglo xx y especialmente contra la República, pero sobre todo las noticias de las masacres ejecutadas en el otro bando ordenadas por los mandos militares y el soporte que esta Jerarquía dio al alzamiento encendieron la venganza. Tanto el gobierno de la Generalitat como el de Madrid se vieron desbordados y sin las fuerzas necesarias para mantener el orden. Los socialistas, comunistas y anarquistas que formaban parte de las bandas de criminales mataban a los miembros de la burguesía y de la iglesia con ánimo místico, dispuestos a aplastar para siempre la opresión del pueblo y convencidos de que formaban parte de una operación militar.
Tanto en Madrid como en Barcelona los dirigentes del gobierno intentaron salvar vidas de los amenazados por su significación religiosa o política. Ventura y Gassol ayudó, entre otros, a Vidal y Barraquer, al obispo de Gerona, a Puig y Cadafalch. “Muchos otros, desde Companys hasta la Pasionaria, se preocuparon y arriesgaron su propia vida y reputación a favor de las víctimas de la terrible ola de violencia” (Hugh Thomas, pg.200). Hasta Queipo de Llano, en una de sus escuchadas y temibles emisiones de radio, reconocía el 24 de agosto que el presidente Companys “ha dejado salir de Barcelona a más de cinco mil hombres de derecha”. Muchas de las autoridades que más se significaron en la defensa y evacuación de personas en peligro tuvieron que huir posteriormente también ellos al extranjero. Así, el citado Ventura y Gassol, el comisario de orden público Federico Escofet, Manuel Carrasco y Formiguera o el dirigente de la CNT Joan Peiró. Muchos de ellos fueron posteriormente asesinados. A partir de 1937, con la llegada a la presidencia del Consejo de Ministros de Largo Caballero, que incorporó a Manuel de Irujo, representante del PNV y católico, el control gubernamental se impuso paulatinamente y los episodios de represión se hicieron más esporádicos y localizados a partir de 1937.
El franquismo presentó a los asesinados como “caídos por Dios y por España”. La mayoría murió efectivamente por pertenecer a una confesión religiosa. Pero habría que ver si la razón de perseguir a los miembros de la Iglesia era por odio a Cristo o porque los perseguidores consideraban, con o sin razón, que la Iglesia, y por tanto sus representantes más significados, habían demostrado ser enemigos políticos. Un sacerdote escapado a Francia gracias a Ventura y Gassol confesaba “los rojos han destruido nuestras iglesias, pero nosotros destruimos primero la Iglesia” (Salvador de Madariaga. España. México).
Asesinatos en la zona nacional
La represión en el bando franquista fue brutal. Con una diferencia fundamental en relación con los asesinatos de la zona republicana: aquí el ejército, policía y guardia civil no se habían desmembrado y apoyaban las masacres. “En la zona republicana las muertes se produjeron a pesar de los esfuerzos de las autoridades (República, Euskadi, Generalitat) por impedirlas, mientras que en la otra zona recae sobre las autoridades la responsabilidad directa y expresa, tanto de los fusilamientos como de los “paseos”4.
Las instrucciones de Mola previas al alzamiento no dejaban lugar a dudas: “La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y está bien organizado: serán encarcelados todos los directivos de los partidos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoseles castigos ejemplares para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Para los compañeros que no son compañeros, el movimiento triunfante será inexorable”. No fue una violencia “incontrolada”, sino que fue impulsada y ordenada por los mandos militares, ejecutada por los falangistas y bendecida por los obispos.
El terror fue un arma fundamental. El 19 de julio en una reunión de alcaldes en Pamplona el mismo Mola repetía: “Es necesario propagar una atmósfera de terror… cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser asesinado”. El alcalde de Villaba manifestó sus dudas. Mola le espetó: “Todo aquél que dude, ampare u oculte a alguien del Frente Popular será también pasado por las armas” (Iturralde, pg. 89).
Como muestra de terror habría que recordar las charlas de Yagüe en Extremadura o de Queipo de Llano en Radio Sevilla. En la primera de sus charlas Queipo decía: “Con harto sentimiento me doy cuenta de la estulticia de algunos obreros del Ayuntamiento y otros sitios que han abandonado el trabajo por coacciones de los directivos. Sepan que vivirán poco tiempo. Ya he dado órdenes que se les detenga inmediatamente y sean fusilados”.
El 23 de julio emite el siguiente bando: “1º En todo gremio en que se produzca una huelga o abandono de servicio… serán pasadas por las armas inmediatamente todas las personas de la directiva y un número igual de individuos de éstos, discrecionalmente escogidos. 2º En vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandamientos he resuelto que todos los que se resistan a las órdenes de la autoridad, serán también fusilados sin formación de causa”.
Fue la suerte que corrieron miles y miles donde ganó la sublevación.
Fosa común en Villamayor de los Montes (Burgos)
Ordena asimismo que donde se cometan actos contra los alzados “las directivas de las organizaciones marxista o comunista serán pasadas por las armas sin formación de causa, y en caso de no darse con tales individuos, serán ejecutados un número igual de
afiliados arbitrariamente elegidos”.
En la misma emisión del 23 de julio decía: “Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: Morón, Utrera, Puente Genil… ¡Id preparando tumbas! Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros”.
Y a continuación, en la misma charla: “Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. Y a la vez, a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”.
Antonio Bahamonde, que fue durante un año jefe de propaganda de Queipo de Llano en Sevilla y que ante el horror de lo que había presenciado terminó escapándose al extranjero, en sus memorias Un año con Queipo estima que a principios de 1938 se habían realizado en la zona de su ex-jefe unas 150.000 ejecuciones.
Después de la ocupación de Euskadi por Mola, entre el 8 y el 27 de octubre de 1936 se fusilan a 16 sacerdotes, 13 diocesanos y 3 religiosos considerados hostiles por el bando sublevado. Hasta entonces el gobierno leal a la República había mantenido el control y no se habían producido en Euskadi episodios masivos de violencia contra las personas o los bienes eclesiásticos como en el resto del territorio republicano5.
Isidro Gomá fue informado de los casos el 26 de octubre y tras reunirse con Franco, envió una nota el 8 de noviembre a la Santa Sede explicando que lo ocurrido se había producido “por abuso de autoridad por parte de un subalterno” y con la promesa de Franco de que “no ocurrirá fusilamiento alguno de sacerdotes sin que se observen juntamente con las leyes militares las disposiciones de la Iglesia”6. En diciembre el lehendakari José Antonio Aguirre denunció además del asesinato, la persecución y destierro de sacerdotes por “ser amantes del pueblo vasco”. Gomá, el 13 de enero de 1937, en su Carta abierta al Sr. Aguirre negaba los motivos expuestos por Aguirre aduciendo que dichos religiosos fueron fusilados “por haberse apeado del plano de santidad en el que tenían que haber permanecido”.
El obispo de Euskadi, Mateo Múgica, hasta entonces defensor del alzamiento, se quejó amargamente de este hecho ante la Santa Sede. Esto le valió el destierro gestionado por Gomá y fue la principal causa de su negativa a firmar la Carta colectiva. En carta dirigida a la Santa Sede en junio de 1937 decía: “Según el episcopado español, en la España de Franco la justicia es bien administrada, y esto no es verdad. Yo tengo nutridísimas listas de cristianos fervorosos y de sacerdotes ejemplares asesinados impunemente sin juicio y sin ninguna formalidad jurídica”.
Otros episodios de violencia en contra de religiosos vascos por el bando sublevado fueron el bombardeo indiscriminado de Durango, el 31 de marzo de 1937, en el que resultaron muertos 14 monjas y dos sacerdotes y el bombardeo de Guernica pocos días después, el 26 de abril. Por su crueldad este hecho tuvo un enorme impacto en la opinión pública católica internacional.
Las protestas en el extranjero de mayor impacto por su procedencia –intelectuales católicos y de derechas– fueron las del filósofo Jacques Maritain (“…si creen que han de matar, que ya es bastante horrible, que lo hagan en nombre del orden social o de la nación, pero que no maten en nombre del Cristo”7), y la de Georges Bernanos, que vivió en Mallorca en el momento del alzamiento. En Les grands cimitères sous la lune, Bernanos, sin dejar de confesarse católico y cercano al Frente Nacional de Maurras, hace una denuncia global del franquismo y de las Jerarquías católicas, escandalizado por las atrocidades innecesarias cometidas en nombre de Dios, del asesinato y tortura de inocentes ante sus propias familias y de la satisfacción con que la Jerarquía las aprobaba. Según él en Mallorca se cometieron 3.000 asesinatos desde julio de 1936 hasta marzo de 1937. Ante el creciente clamor en contra, Franco pidió al cardenal Gomá una declaración pública del episcopado español como aval ideológico frente a la crítica internacional. Fue la Carta Colectiva que saldría finalmente a la luz pública el 1 de julio de 1937.
En cuanto al número de víctimas, también los republicanos exageraron las cifras. Ramón Sender cita la cantidad de 750.000 ejecuciones en la España nacionalista hasta mediados de 1938. El Colegio de Abogados de Madrid informó que en las primeras semanas de la guerra 9.000 obreros habían sido asesinados en Sevilla, número que se elevaba a 20.000 a finales de 1937, 2.000 en Zaragoza, 5.000 en Granada, 7.000 en toda Navarra, etc., etc.
Todavía hoy resulta difícil establecer un cómputo aproximado. Se siguen descubriendo fosas, todavía se abren archivos… Desde la Transición la historiografía ya no acepta la versión franquista de los hechos. Es sintomático que en 1973 Ricardo de la Cierva, franquista y al servicio de Fraga, se vea obligado a escribir: “Ante los primeros datos ciertos que poseemos, parece deducirse que la dura ley que más o menos conscientemente regía la atribución de penas de muerte en los territorios conquistados era la ley del talión; el numero de víctimas del bando nacionalista es equivalente a las causadas por la represión –espontánea y controlada– del bando republicano. (…) Las injusticias y venganzas no escasearon, por desgracia, en un bando que alardeaba de ideales espiritualmente superiores a los del enemigo y que fundaba estos ideales en la fe cristiana (…) Se condenó a muerte en la zona nacional por motivos puramente ideológicos y por represalias de las atrocidades cometidas en el bando enemigo…” (De la Cierva, pg. 254)8.
Hoy se impone la versión que la represión en la zona nacional fue bastante más cuantiosa que en la zona roja. En los estudios publicados en los diez últimos años se coincide que hasta 1945 en la zona franquista hubo unos 100.000 asesinados y unos 55.000 en la zona republicana, sobre todo en otoño-invierno del 36-37, todos registrados. Las asociaciones de la memoria hablan de otros 30.000 fusilados en la zona nacional todavía no registrados, que se encuentran en cunetas o fosas comunes9.
La justificación legal para todas estas ejecuciones sumarísimas se buscó sencillamente en la legitimidad del alzamiento y de la guerra. Se dio por sentado que los que habían dado el golpe de estado eran el poder legítimo y que el legítimo gobierno de la República estaba constituído por rebeldes, de manera que con una inversión súbita de la realidad los que no se rebelaron resultaron ser rebeldes y los rebeldes se consideraron el gobierno legítimo. En los primeros Tribunales creados en la zona de Franco se incluía esta original fórmula para justificar la condena:
“Resultando que en los días 16 y 17 de julio de 1936 las Autoridades militares, por razón suprema de salvar España, tuvieron que asumir y asumieron mediante la declaración del Estado de Guerra los Poderes Públicos, pero contra ella surgió en diversos puntos del territorio Nacional un alzamiento en armas que perdura… manteniendo una tenaz resistencia con las armas en oposición a las legítimas Autoridades del Ejército…”
Requetés y falangistas mataban en nombre de Dios a inocentes acusados de comunistas y muchos de ellos morían besando el crucifijo; se humilló y torturó a las esposas de los ajusticiados rapándolas y paseándolas desnudas por los pueblos, se asesinó a maestros como representantes de una cultura republicana. La censura lo ocultó de la opinión internacional a la que sólo le llegaban los excesos republicanos.
Han debido pasar setenta años para que llegaran a conocerse hechos escalofriantes como los que narra el fraile capuchino Gumersindo de Estella. En Fusilados en Zaragoza 1936-1939, cuenta cómo asistió hasta el momento de la ejecución a más de 300 condenados a muerte en la cárcel de Zaragoza. La publicación de estas memorias ha debido esperar más de cincuenta años. Lo más destacable de ellas es el drama humano de los reos. En muchas de ellas se resalta que fueron acusados por venganzas personales y se destaca su inocencia, llegándose a fusilar a personas que se confesaban de derechas de toda la vida y católicas.
María Antonia Iglesias en Maestros de la República, los otros santos, los otros mártires, relata el sacrificio de los maestros que fueron fusilados simplemente por el hecho de ser maestros. En nueve provincias existen datos de que fueron fusilados 250 maestros. Y curiosamente, la mayor parte de los testimonios citados, además de una arraigada vocación profesional, se confiesan católicos y practicantes.
Recientemente ha conmovido la opinión pública el caso de las llamadas Trece rosas. Fue el nombre colectivo que se dio a un grupo de trece muchachas, siete de ellas menores de edad, fusiladas por la represión franquista en Madrid, poco después de finalizar de la Guerra. Formaban parte de un colectivo de 56 jóvenes acusados de reorganizar las Juventudes Socialistas Unificadas y el PCE
La postura de la Iglesia
El problema religioso había llegado a la República definido, para unos y otros, como un problema político. La República vino como una reacción contra la Dictadura y contra la Monarquía, y la Iglesia había sido el más firme sostén de ambas. Era normal que la Jerarquía se sintiera más cercana a una Monarquía dispuesta a conservar sus privilegios que a una República que anunciaba revisarlos. En las municipales del 31 los miembros de la Iglesia vincularon la doctrina católica con el ideario de los partidos monárquicos, se agitó con profusión la amenaza del comunismo por parte de la Jerarquía y los candidatos republicanos fueron presentados a menudo como “vendidos al oro de Moscú”.
Pero no fue la República la que inventó en España el anticlericalismo. La conciencia anticlerical fue a menudo fatalmente alimentada por la propia Jerarquía, por sus abusos, por su riqueza, por su sistemática oposición al progreso, por su vinculación a la dictadura. No basta con decir que España se fue haciendo anticlerical sin explicar el porqué. Para poder interpretar las causas de la violencia anticlerical es imprescindible analizar las tomas de postura social, política o cultural que la Jerarquía fue tomando a lo largo de los siglos xix y xx. Por sus posturas, la Iglesia llegaba a 1931 con la animadversión de la mayor parte de los grupos que propiciaron el advenimiento de la República: partidos y sindicatos, clase obrera, mundo intelectual y cultural. Y ante esta situación de hostilidad, con una dramática falta de visión de lo ocurrido, la Jerarquía respondió con mayor hostilidad. En mayo del 31 el Primado, el cardenal Segura, publica una pastoral sobre la conducta hostil que los católicos deben seguir ante el nuevo Régimen. El 14 de junio se le acompaña hasta la frontera. Le sustituirá como primado de España y obispo de Toledo el belicoso y franquista cardenal Gomá.
Les sobraban motivos a los republicanos para ser anticlericales, pero les faltó tacto. En los vaivenes del sexenio las relaciones entre República e Iglesia se agriaron por errores y provocaciones de ambos costados. Entre otros, los republicanos cometieron el error político de herir los sentimientos de una población mayoritariamente “católica”, al menos en la zona rural. Es preciso hacer una distinción entre Jerarquía y clero rural, pobre, molesto por su situación penosa. Interesa dejar sentada la diferencia porque sobre todo en los primeros meses, al hablar de incomprensión de la Iglesia estamos aludiendo al episcopado más que al clero bajo.
La Jerarquía de la Iglesia tuvo una posición beligerante y con sus declaraciones apoyó sin matices la sublevación militar confiriéndole el carácter sagrado de Cruzada. El P. Alfonso Álvarez Bolado, en Para ganar la guerra, para ganar la paz, deja lamentable constancia de su beligerancia. Se trata del más completo estudio de las declaraciones y decisiones de los obispos españoles acerca la guerra.
Sin esperar la postura del Vaticano, el 1 septiembre los obispos vascos Múgica y Olaechea publican una Pastoral decididamente a favor del golpe. Paradójicamente poco tiempo después Múgica será desterrado y Olaechea será de los pocos obispos que levanten su voz en contra de las matanzas indiscriminadas en el bando nacional.
A mediados de septiembre Pío XI recibió a 500 españoles presididos por varios obispos diciéndoles que lo de España era una verdadera persecución religiosa. Esto abre las compuertas en cascada a una larga serie de Pastorales, a cual más incendiaria, en contra de la República y a favor de los alzados.
Una de las primeras, del 30 de septiembre, fue la de Pla y Deniel, obispo de Salamanca, con el título “Las dos ciudades”. Es en esta Pastoral donde se utiliza por vez primera y se consagra la expresión “Cruzada Santa” aplicada a la guerra. “Los hijos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los que hacen un culto de la virtud y por ello los asesinan y martirizan”. Por lo cual la guerra contra ellos es justa y la Iglesia no ha de ser recriminada si el ejército “se ha abierta y oficialmente pronunciado a favor del orden y contra la anarquía, a favor de la implantación de un gobierno jerárquico contra el disolvente comunismo, a favor de la defensa de la civilización cristiana y sus fundamentos…”
Pero Franco necesitaba una declaración más solemne, firmada por todos los obispos, que avalara su gestión ante la creciente polémica generada en el seno del catolicismo internacional. Ésta fue la Carta colectiva de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la Guerra de España, firmada el 1 de julio de 1937, por la que se confirmó el apoyo definitivo de la Jerarquía de la Iglesia española al bando franquista. Suscrita por 43 obispos y 5 vicarios capitulares, no contó sin embargo con la firma ni del obispo de Vitoria Mateo Múgica, quien alegó a las circunstancias de su exilio para no rubricarla, ni del arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer. Impresa en francés, italiano e inglés, declaraba a la opinión pública internacional que siendo la Iglesia española “víctima inocente, pacífica, indefensa” de la guerra, apoyaba la causa del bando garante de “los principios fundamentales de las sociedad” antes “de perecer totalmente en manos del comunismo” que había provocado la revolución “antiespañola” y “anticristiana” y que llevaba “asesinados a más de 300.000 seglares”.
Finalmente, el 1 de abril 1939 Pío XII felicita a Franco por la victoria y el 17 de abril publica la encíclica “Con inmenso gozo” sobre la terminación de la guerra.
Probablemente el aspecto más siniestro de la implicación de la Iglesia con el golpe fue la pastoral de cárceles y de los condenados a muerte. En la citada Carta Colectiva (nº 6) los obispos dicen tener el consuelo de poder decir que “al morir sancionados por la Ley, en su inmensa mayoría nuestros comunistas se han reconciliado con el Dios de sus padres. En Mallorca han muerto impenitentes sólo un 2 por ciento, en las regiones del sur no más de un 20 por ciento. Es una prueba del engaño de que ha sido víctima nuestro pueblo”. Nuestros obispos se sentían satisfechos de poder decir: “Sólo un 10 por ciento de estos amados hijos nuestros han rehusado los santos sacramentos antes de ser fusilados por nuestros buenos oficiales”, en palabras del Obispo Miralles de Mallorca.
“El personaje que las circunstancias me obligan a llamar Su Excelencia el Obispo de Mallorca” (Dr. Miralles), dice Bernanos, había delegado en uno de sus sacerdotes que, con los zapatos bañados de sangre, distribuía absoluciones cada dos descargas a los doscientos habitantes de la pequeña ciudad de Manacor considerados sospechosos por los fascistas y llevados en bloques a la tapia del cementerio para ser fusilados”.
En Mallorca se prohibió llevar luto a los familiares. En la conversación que José Mª Pemán tuvo con el General Cabanellas (Pemán pg. 149-154), al final Pemán se queja de la represión exagerada en la zona nacional. “Mi general… logre que le den la lista de los ejecutados del bando nacional, para esa triste pero no dudo que precisa función de ejemplaridad. Confronte usted las dos listas. Puedo asegurarle que usted llegará a la convicción de que la finalidad del escarmiento hubiera sido suficientemente cumplida con sólo un cinco o cuatro por ciento de la lista.
Terminada la guerra, en abril de 1939, Franco recibió la “espada de la Victoria” de manos de Gomá, mientras pronunciaba unas palabras en las que describió a sus adversarios como los “enemigos de la Verdad” religiosa. En toda España se multiplicaron los actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de las víctimas. Los entierros de “mártires” fueron celebrados por todo el país en actos de gran solemnidad y exaltación. Franco recompensó el apoyo y soporte que recibió de la Iglesia Católica concediéndole una situación de privilegio que ha sido denominada como “nacionalcatolicismo”.
La beatificación y la ley de la Memoria Histórica
El régimen franquista promulgó la “Causa General Instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España” por decreto del 26 de abril de 1940 con el fin de instruir «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja». Uno de los epígrafes trataba de la Persecución religiosa: sacerdotes y religiosos asesinados y conventos destruidos o profanados.
La Causa sirvió para legitimar la sublevación contra la República y como instrumento de represión. Es la única versión oficial de los hechos sin que tras la Transición las autoridades democráticas hayan realizado una investigación imparcial ni se haya determinado la responsabilidad de las personas implicadas.
Quería ser asimismo la base documental para la futura beatificación de los que se llamaron desde el comienzo “mártires por Dios y por España”. Pero Pío XII paralizó los procesos de beatificación, y así se han mantenido a pesar de la reiterada insistencia de algunos sectores del episcopado español. Juan Pablo II reabrió los procesos. Para ello tuvo que modificar el Código de Derecho Canónico, reduciendo el plazo para que estos procesos pudieran llevarse a cabo. La primera de estas beatificaciones se produjo en 1987. Desde entonces se han realizado diez ceremonias de beatificación, que incluyen a 471 “mártires”, de los que 4 son obispos, 43 sacerdotes seculares, 379 religiosos, y 45 laicos.
El pasado 27 de abril, la Conferencia Episcopal anunciaba una nueva beatificación masiva, de 498 religiosos asesinados durante la Guerra Civil y en los episodios de Asturias en 1934. Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de los obispos, declaró que este hecho constituye la aportación de la Iglesia a la reconciliación nacional pues “los mártires, que murieron perdonando, son el mejor aliento para que todos fomentemos el espíritu de reconciliación”.
Sin embargo, para poder construir la reconciliación es necesario que haya resarcimiento moral de todas las víctimas. Y hasta ahora esto no ha ocurrido con las víctimas republicanas. Es necesario asimismo que ambas partes reconozcan sus excesos y errores, los errores que les llevaron a la guerra. Y hasta ahora la Iglesia se ha negado a pedir perdón como parte implicada en la ruptura de la paz y sostenedora de un régimen político que se mantuvo por el terror.
Todo colectivo tiene derecho y probablemente obligación de honrar a sus muertos. Pero para que la Iglesia pueda hacerlo en un clima de reconciliación es necesario que se sume a tantas declaraciones de instituciones nacionales e internacionales que reconocen
◾️la legitimidad democrática del gobierno de la República, y en consecuencia
◾️la ilegitimidad del golpe de estado de Franco y de su gobierno durante cuarenta años
◾️que la guerra fue un error.
◾️La Iglesia, además, debe pedir perdón por su participación, como impulsora y en ocasiones agresora…
◾️por su frecuente colaboración en la muerte o asesinato de miles de inocentes, acusando, denunciando, dando listas…
◾️por su responsabilidad en la ocultación del sacrificio de los que entregaron su vida por causa de la justicia y la verdad…
◾️por los beneficios de toda clase que obtuvo del régimen ilegítimo de la dictadura.
Si este reconocimiento se da, la Iglesia podrá en verdad honrar a los suyos sin ofender a los demás. Supondrá que está dispuesta a honrar a todos por igual, a los de todos los bandos, vencedores y vencidos, en tanto que todos fueron víctimas. Evitará la frase “los de un lado a los altares, los del otro, como siempre, a la cuneta como perros”.
Pero si este reconocimiento no se da, honrando sólo a los suyos, la Jerarquía de la Iglesia debe saber que sigue humillando a las víctimas inocentes del otro bando y a sus familiares, que manifiesta su incapacidad de superar las posiciones beligerantes de hace setenta años y su incapacidad de ser factor de paz y reconciliación, que sigue apareciendo como Iglesia de venganza.
En estas condiciones, ante el debate acerca de la recuperación de la Memoria Histórica se coloca en un espacio no sólo de fácil instrumentalización partidista de la institución Iglesia, sino de la instrumentalización partidista de los muertos. Nada peor hubieran podido pensar los ahora beatificados, que setenta años después el sector más recalcitrante de la sociedad española pretenda sacar provecho político de su sacrificio.
La argumentación usada por la Santa Sede para abordar la beatificación únicamente de personas asesinadas en la zona republicana es que la Iglesia no procede a la beatificación de ninguna persona si en su asesinato se mezclan, aparte de lo que consideran motivos exclusivamente religiosos, motivaciones políticas, o existen serias dudas sobre si en la muerte pesaron más otras causas que las estrictamente religiosas.
Pero no nos engañemos. Al margen de los argumentos canónicos que puedan justificar este proceder, se trata de algo mucho más profundo.
Se trata fundamentalmente de la función pacificadora que la Iglesia dice que quiere ejercer. Y la fundamentación teológica de esta función pacificadora es que la Iglesia no debe relacionarse con el mundo en función de ella misma sino en función de la construcción del Reino de Dios en el mundo, en función de la justicia y de la verdad. De lo contrario, alejada y confrontada con el mundo, por mucho que tenga el derecho de reconocer el mérito de los suyos y los suyos de sentirse honrados con la beatificación de los suyos, corre el riesgo de convertirse en secta.
Olvidar a los miles de maestros, obreros, sacerdotes, políticos, sindicalistas, dirigentes, y las causas generosas por las que murieron víctimas del franquismo no sólo es una injusticia sino que hace imposible la reconciliación. María Antonia Iglesias, termina así el prólogo de su estremecedor libro Maestros de la República: “Los maestros republicanos cuya historia aquí se cuenta, y a los que por centenares también fueron asesinados, no les hace maldita falta que les canonice la Jerarquía de la Iglesia católica… porque todos ellos fueron santos de verdad. Tampoco les hace falta que los reconozcan como mártires. Ellos fueron, los otros santos, los otros mártires”.
Texto publicado originalmente en el nº 238 de El Viejo Topo, noviembre 2007
