dissabte, 21 de març de 2009

PP Vice. 21/03/2009. Orange Market aumentó sus ingresos un 78% el año de la campaña de Camps.


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El PP cierra también la comisión interna sobre el espionaje en Madrid
EL PAÍS
Fernández de la Vega acusa al primer partido de la oposicion de encubrir el caso


Abierto el juicio oral contra la 'trama eólica' canaria del PP
JUAN MANUEL PARDELLAS
Un ex director general de Industria está imputado por cohecho
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EL AYUNTAMIENTO DE LA RODA
Contratos para una empresa vinculada con su concejala de Urbanismo
El Consistorio, gobernado por el PP, ha concedido a la empresa SAICO obras por más de 400.000 euros
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La mayoría cree que la Comunidad espió a políticos
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El 71% opina que Aguirre debe dimitir si se prueba la acusación.
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Tengo que ir al médico. A un buen psicólogo. Últimamente, no sé si las cosas más extrañas son normales o las cosas más normales me resultan a mí extrañas. Por ejemplo, voy conduciendo y diviso desde el coche centenares de molinos de viento. No veo gigantes, como le pasaba a Don Quijote. Veo torres de maletines llenos de billetes de 500 euros y alcaldes y concejales atados a las aspas, girando y girando. Y al juez Garzón saliendo de una de las torres rodeado de escoltas, en plan Elliott Ness con gafitas. Atravieso uno de esos páramos sembrados de paneles solares y, en lugar de pensar que tengo que cambiar la calefacción de casa por algún sistema de energía renovable, se me instalan en el coco recibos de la luz manipulados y facturas falsas de kilovatios/hora. Todo esto puede ser por leer muchos periódicos y pocas novelas de caballerías.
Lo peor fue una de estas últimas noches. Daba vueltas en la cama con dos nombres bailándome en el cerebro: Preston, Child; Preston, Child… Habían aparecido aquí, en Público. Preston & Child S.L. Así se llama una empresa del profesor de pádel de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre. Jugar al pádel no es una cosa extraña. Por mucho que culpen del invento a Aznar y a Pedrojota, el pádel es un juego entretenidísimo que ya se practicaba a mediados de los ochenta, importado por unos argentinos guapos y morenos. Algunos con coleta. Eso tampoco es extraño.

Cosas normales
Ignacio González también es moreno y lleva una coletita, pero blanca, canosa. Su profesor de pádel no es argentino, sino de por aquí. Se llama Carlos Martín y tiene muchas cualidades. Además de enseñar a jugar al pádel a los clientes de un hotel de lujo de Madrid, monta empresas inmobiliarias y hace cosas que a mí me parecen extrañas pero que –insisto, ¿eh?– a lo mejor son normales. Por ejemplo, el profesor de pádel entra y sale de la sede de la Comunidad para acudir a reuniones con Ignacio González o con altos cargos de alguna consejería. O queda con Jesús Sepúlveda, amigo de Aznar y por entonces alcalde de Pozuelo, para hablar de la explotación de un megapolideportivo. O envía un correo electrónico en el que reprocha a su jefe: “Si hubieras soltado lo que tenías que soltar…”, al hilo de alguna adjudicación en un concurso público. O, lo que ya es el colmo de la normalidad absoluta, el profesor de pádel consigue que la sociedad Ingesport, para la que trabaja, sea una de las 13 afortunadas entre un total de 500.000 empresas para recibir una inversión de 1,3 millones de euros de la Comunidad de Madrid.

Ingesport se dedica a gestionar instalaciones deportivas y centros de belleza, actividad esta última muy respetable pero que un servidor desconocía que figurase entre las preferencias inversoras del capital público de Madrid. Como uno es calvo y por tanto no tiene canas ni coleta pues no se me había ocurrido que el dinero de todos los contribuyentes se invirtiera en centros de belleza. Pero es que Ingesport “le interesaba al vice”, según dejó escrito Martín.

Total, que venga a darle vueltas a Preston y a Child; a Child y a Preston. Porque Carlos Martín, aparte de jugar al pádel, pasear a su perro boxer, conducir su Porsche Cayenne y conseguir contratos hasta del Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón, también tiene Preston & Child, S.L. Antes, las empresas se bautizaban “Fulanito, viuda e hijos” o “Famaztella” (de Familia Aznar Botella). Ahora hay un registro infinito de marcas que uno puede comprar por muy poco dinero. Martín es más original… Preston & Child.

De repente caí. Me acerqué a esa estantería donde se guardan los libros que no se enseñan a las visitas, para que piensen que uno sólo lee a Paul Auster, a Borges, a Joyce y a Javier Marías. Allí estaban: Douglas Preston y Lincoln Child, coautores de al menos once best-seller de misterio. Allí estaba la novela, con los nombres en blanco sobre fondo negro y una horrible calavera. El libro de los muertos, se titula. Nada menos.

Tengo que dejar las pastillas que tomo para dejar de fumar, porque antes no recordaba los sueños y ahora, incluso despierto, sufro pesadillas. ¿Quién estará detrás de Preston & Child?
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Pasó la noche del fuego, la nit de la cremá, y en las cenizas de las Fallas Mariano Rajoy enterró el pasado. El líder del PP hizo la mili en Valencia. Dos veces. A los veinte años, cuando por primera vez sintió en su pecho el tamborileo trepidante de los petardos de una mascletá. Y la segunda el año pasado, cuando del congreso del PP en Valencia salió como el Cid, vencedor después de muerto.

Las Fallas, como casi todas las fiestas, nacieron como una celebración pagana, la del gremio de los carpinteros, que una vez al año limpiaban a fondo sus talleres y quemaban los despojos en grandes hogueras. A uno de ellos, un visionario, se le ocurrió vestir con ropa a una de las piezas y colgarle un cartel irónico. Y así, de la sátira, del deseo de la hoguera, nació la tradición. Más tarde, algún obispo, algún Borja, cuadró el santoral y pasó la noche de las hogueras a la noche del 19, al día de San José, patrón de los carpinteros.

El ninot indultat es un invento moderno: de 1934. Desde esa fecha, cada año hay un muñeco que se salva de la quema, que sobrevive a la nit de la cremá para pasar a la historia. Es uno, sólo uno, y se libra del fuego por votación popular. El ganador oficial de este año se llama “queridas mascotas” y es una niña vestida de fallera que juega con un perro, su mascota. El ganador extraoficial va vestido de Milano, con ceñidor italiano, y es un presidente autonómico imputado por aceptar sobornos. No ha sido la votación popular sino su mascota, Mariano Rajoy, quien le ha salvado de la quema, aunque su indulto dista mucho de durar para toda la historia.

De todos los argumentos que ha usado la derecha política y mediática para defender a Francisco Camps desde que Garzón enseñó algunas de sus cartas, desde que el famoso sastre explicó su historia, el más tramposo es el del precio. Un presidente autonómico no se vendería por algo tan barato, por sólo 12.783 euros en trajes y chalecos de fantasía, repiten sus defensores. Camps no es tan tonto como para dejarse comprar por tres trapos cuando además los trajes le podrían salir gratis igual como gastos de protocolo, dicen ahora los mismos que en su día criminalizaron a Pilar Miró. ¿A quién vas a creer? ¿A un sastre que ni siquiera es sastre o a todo un presidente autonómico, con su camisita y su canesú?, repiten desesperados.

Busquemos guía y luz en el marxismo, en los hermanos Marx. Preguntaba Groucho en uno de sus diálogos más celebrados: “Señorita, ¿se acostaría usted conmigo por un millón de dólares?. “Por supuesto”, respondía ella. “¿Y por un dolar”, repreguntaba Groucho. “Qué se cree usted que soy”, contestaba la dama ofendida. “Eso ya ha quedado claro con la primera pregunta, ahora estamos negociando el precio”.

“Putos no faltan, lo que faltan son financistas”, decía Ricardo Darín en la genial Nueve Reinas. “No hay santos, lo que hay son tarifas diferentes”, recalcaba en la misma escena Darín haciendo una versión argentina de un dicho universal: todo el mundo tiene un precio. ¿Lo tiene Camps?
De demostrarse las gravísimas acusaciones que se le imputan, que su precio fuese popular, a la medida de todos los corruptos –tarifa Dacia Logan, no Jaguar V8– sería un agravante, no un eximente político: todo el mundo tiene un precio y el de Camps es de sólo 12.783 euros. Todo el mundo tiene un precio y el del presidente de la Generalitat valenciana sería tan barato que a saber qué no haría si la propuesta indecente fuese mayor. Todo el mundo tiene un precio y los había en Valencia que pasaban factura al Ministerio de Trabajo hasta de los chicles Trident. De las facturas de los trajes de Camps, sin embargo, nada se sabe.

El president de la Generalitat, que lleva semanas esquivando las preguntas de los periodistas, no sólo no aclara nada, no explica si pagó o no pagó esos trajes, sino que obliga con ello a la pobre Soraya Sáenz de Santamaría a elucubrar magistrales teorías económicas sobre la vida y la moneda. “Hay cosas que se pagan en metálico, cosas que se pagan con tarjeta, con transferencia… ¡es la vida misma!”, dice la mala Soraya, que no concreta a cuál de los tres subconjuntos de la vida misma pertenecen los 12.783 euros de Camps. Como dice otro presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, “si se probase que esos trajes se los han regalado sería terrible: quién coge poco, coge mucho”.

Mientras la Justicia aclara si Camps tiene una tarifa alta, baja o inexistente, el precio político que ha pagado Rajoy con su indulto resulta evidente. Por parecidas imputaciones, el PP ha suspendido de militancia o ha obligado a dimitir a la mayoría de los acusador por Garzón. A todos menos a dos: a Camps y a su número dos, el hermano de Kennedy, Ricardo Costa. Rajoy cubre así, con lealtad a la medida, las deudas de su segunda mili: el crucial apoyo de Camps cuando la lideresa amagó con asaltar el congreso de Valencia.

El indulto a Camps no le sale barato a Rajoy: no sólo liga su imagen política a la de un maniquí que puede acabar condenado por su buena percha, sino que también le ha obligado a ser igual de magnánimo con otros a los que no deseaba perdonar. De la misma nit de la cremá han salido indultados otros ninots de cara menos amable para el PP de Génova: los muñecos de la corte de Aguirre. Rajoy ha aprovechado el puente madrileño de San José –con festivalidad y alevosía– para dar carpetazo a la investigación interna sobre el espionaje en la villa y corte.

En Génova, más que por los anacletos, se muestran preocupados por las sombras de corrupción que manchan el gobierno de Aguirre: de la mansión de Granados al profesor de pádel de Ignacio González. En Madrid, donde la policía judicial no descansa, inquieta que la Operación Gürtel crezca aún más y el incendio suba a las plantas donde se pisa moqueta. Es lo malo del fuego: una vez encendida, la hoguera es muy difícil de frenar.
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21 Mar 2009

Conforme se incrementan las noticias sobre el caso Camps, nuestra zozobra va en aumento. Teníamos al President de la Generalitat Valenciana por un político insustancial, beato, fachilla, tan estimulante intelectualmente como la merluza hervida. Lo que no nos esperábamos es que fuera un sinvergüenza y, especialmente, que se vendiera presuntamente por medio plato de lentejas. ¡Hombre, Camps, un poquito de por favor!

No le han faltado reflejos, sin embargo, para contraatacar cuando se ha sentido acorralado. Al pobre hombre le acusan de haber aceptado sobornos en especie en forma de trajes, que él se encargó de lucir en todos esos eventos con que ha dilapidado nuestros impuestos: la America’s Cup, la Fórmula 1, la visita del Papa… Una forma sencilla de desmentirlo hubiera sido presentar las correspondientes facturas. En lugar de eso, sin embargo, salió en tromba con todo su gobierno y proclamó, enfundado en un terno que no le tocaba el cuerpo, que quien estaba siendo atacada era “toda la Comunidad Valenciana”. La fórmula debió de gustarle, porque la injertó en uno de sus lacayos, el presidente de la Feria de Valencia, Alberto Catalá. Catalá, que también adjudicó algunos contratillos a Orange Market, repitió el otro día que “quien trata de ofender y dañar a Camps ofende y daña a la Comunidad Valenciana”.

Convendrán conmigo que todo esto, desde el punto de vista zoológico, es muy interesante. En realidad la fórmula original es de Jordi Pujol. Es conocido que, cuando arreciaron sobre el Molt Honorable del norte las acusaciones por el caso Banca Catalana, Pujol se defendió aduciendo que a quien se atacaba en su nombre era a Cataluña. En su lógica, puesto que “Madrid” era la capital de una nación rival a la suya, todo se reducía a un conflicto nacionalista. Pero Camps es más español que el no saber idiomas. No es que no tenga nada que ver con el modelo de derecha tolerante y culta de Convergència i Unió, es que para el hombre de Milano la capital de su única nación es Madrid. Y por eso resulta un poco ridículo clamar ahora que “Madrid” nos ataca.
No, Paquito. Si resultas ser un chorizo, lo serás tú solo, no cinco millones de valencianos. A ver si ahora, además de corrupto, nos vas a salir megalómano.
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El vicepresidente reconoce que dio información "equivocada" a los periodistas y anuncia que la televisión pública abrirá una investigación
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La firma pasó de una cifra de negocios de 1,5 a 2,6 millones en 2007 gracias a los contratos del PP y del Consell

Juanjo García Gómez, Valencia
Casi al mismo ritmo en que se confeccionaban los trajes con destino, según el auto del juez Baltasar Garzón, a responsables políticos valencianos como el presidente, Francisco Camps, o su número dos en el partido y portavoz en las Corts, Ricardo Costa, la cifra de negocios de Orange Market, la marca valenciana de la supuesta trama corrupta vinculada al PP, se incrementó de forma exponencial. Según las cuentas de 2007 presentadas por la firma que preside el imputado Álvaro Pérez, disponibles desde hace unos días en las bases de datos mercantiles, la sociedad elevó ese ejercicio nada menos que un 78% sus ingresos, al pasar de 1.486.856 euros a 2.649.400 euros. Un espectacular aumento en el año de la campaña electoral autonómica de Francisco Camps, en la que Orange Market realizó numerosos servicios, y en el que la firma gozó igualmente de contratos de la Generalitat. Aquel 2007, un año verdaderamente de vino y rosas -culminó con la fiesta sorpresa en Marrakech que Pérez y otros contratistas del Consell dieron en diciembre al director general de RTVV, Pedro García-, tiene hoy su contrapunto en la imputación de todos los gestores de Orange Market y dos ex responsables del Consell -Rafael Betoret y Víctor Campos- mientras el TSJ decidirá si imputa a Camps y a Costa. En 2006 la firma había logrado por segundo año la contrata del montaje del stand de Fitur y otras ferias, un encargo que supuso el 72% de todos sus ingresos de ese ejercicio. En 2007, además del stand por poco más de un millón de euros (contrata que ha mantenido hasta la última de 2009), Álvaro Pérez se ocupó de actos para la campaña electoral de Camps a la Generalitat. El importe no se conoce, pero la Sindicatura de Comptes censura que la empresa no le informara de servicios al PP por 175.000 euros. En la campaña de Camps de 2003 intervino Special Events, la matriz madrileña del jefe de la presunta trama Francisco Correa. Orange Market también participó en la presentación de la candidatura de Luis Díaz Alperi en Alicante en las últimos comicios locales de hace dos años. Los contratos de 2007 conocidos y cuyo importe ha trascendido suman 1,4 millones, el 52% de la facturación de la firma en aquel ejercicio. La empresa, creada en julio de 2003, tuvo ese año ingresos por tan solo 76.170 euros. Nada que ver con los 2,6 millones de 2007. Su facturación se ha multiplicado por 34 en cinco años. O, lo que es lo mismo, se ha incrementado en un 3.378%. Pese al volumen de negocio, la sociedad cerró el año con unos beneficios de sólo 4.971 euros, frente a los 13.374 de 2006. Claro que en 2003 los beneficios fueron 848 euros. La empresa, que cuenta con un capital social de 3.006 euros, aparece en informes comerciales con un endeudamiento considerado importante, de 483.816 euros, el 84% del total de su activo, que alcanza los 574.105 euros. El cuadro (abajo) muestra los ingresos y contratos hasta 2007, con lo que no se incluyen, además de los stands de Fitur de 2008 y 2009, trabajos como la fiesta de la Volvo Ocean (516.000 euros), la telemaratón de Canal 9 (2.500 euros), el congreso regional de 2008, una cena con Rajoy en Castelló, trabajos para la Fórmula 1, la Feria Hábitat (800.000 euros) o la despedida de Villalonga como gestor del Valencia CF, entre otros.
Las cuentas fueron presentadas por Cándido Herrero, consejero delegado e imputado también por Garzón. Los datos señalan la baja como consejero, reflejada con fecha 19 de febrero pasado, trece días después de saltar el escándalo, de Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol que fue imputado por Garzón. Lo ha sustituido Nuria Pérez Alonso.
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Tras el carpetazo al espionaje y a la vista de los escándalos populares
La derecha acostumbra a tener judicialmente la sartén por el mango y “el mango, también”

Ulibarri pierde una de sus emisoras piratas en la Comunidad Valenciana

El concejal dice que es un tema “reiterativo” y que Nombela no tenía ninguna “capacidad ejecutiva” en el distrito de Moncloa-Aravaca
Ballarín bloquea una pregunta de los socialistas sobre su asesor cesado por su implicación en la Operación Gürtel
El sastre del presidente valenciano se defiende de las acusaciones del PP y la derecha mediática
José Tomás insiste en que Camps no pagó los trajes en la tienda
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divendres, 20 de març de 2009

PP Vice. 20/03/2009. Facturas del dueño de Forever Young coinciden con pedidos de Camps y Costa que cita Garzón.

Granados, González y Aguirre en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. DANI POZO
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Facturas del dueño de Forever Young coinciden con pedidos de Camps y Costa que cita Garzón

Existen coincidencias en fechas o importes con encargos pagados por la trama según el juez

J. G. G., Valencia

El presidente de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha aportado al juez una relación de facturas de la contabilidad de su empresa para desmentir al sastre José Tomás y mantener que no figuran compras a nombre del presidente Francisco Camps y del número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, aunque sí del que fue director de gabinete en la Conselleria de Turismo e imputado en la causa, Rafael Betoret, y del director general de RTVV, Pedro García, no imputado pero del que el auto afirma que Pablo Crespo, uno de los jefes de la trama liderada por Francisco Crespo, pagó o autorizó el abono de prendas en Milano y Forever Young. El escrito exculpatorio de Camps y Costa no es óbice para que varias de las facturas mantengan coincidencias en las fechas o los importes con supuestos pedidos del jefe del Consell y del secretario general del PPCV que Garzón cita en su auto y que habrían sido abonados por empresas de la trama corrupta vinculada al Partido Popular.

Cabe destacar que Garzón no relaciona los encargos con los responsables políticos únicamente por el llamado Documento 71 obrante en la causa y "elaborado/ordenado" por el sastre, en palabras del propietario de Forever Young, que acusa a José Tomás de haber falseado estos datos, sino que el magistrado alude también a hojas de pedidos y a patrones de medida de los cargos políticos.

Listado de Encargos de Sastrería
Hinojosa niega que consten compras de Camps y Costa -de haber existido, las pagaron "al contado" en el momento del encargo, "exactamente igual que quien compra en El Corte Inglés", pese a los arreglos posteriores-, pero entre sus facturas aparecen dos, con la referencia "Camps nuevo cliente", por importe de 720 y 2.160 euros, fechadas el 14 de noviembre de 2006. En el auto de Garzón se asegura que el nombre del presidente aparece en la relación de detalle de personas que figura en el Documento 71 "facilitado por la entidad Forever Young". Y añade: "Su nombre también figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en las Hojas con número de pedido 54.416, 54.417 y 54.418 (fecha pedido 14-11-2006, fecha entrega 27-11-2006), y el 54.468 (fecha pedido 04-01-2007, fecha entrega 16-01-2007). En total, dichas hojas de pedido hacen mención a 4 trajes (americana pantalón)".

Como se aprecia, tres de los pedidos coinciden en la fecha, 14 de noviembre de 2006, con dos facturas citadas por Hinojosa. El cuarto pedido, el 54.468, es del 4 de enero de 2007, la misma fecha que dos de las facturas que Hinojosa atribuye al imputado Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, por 1.472 y 347,50 euros. Algunos pedidos, según Garzón, habrían sido abonados o autorizados por Crespo. En otro momento, el juez apunta que la ropa encargada "es a medida, requiriendo por tanto la toma de medidas de patronaje y la elaboración de la subsiguiente ficha para la empresa confeccionadora". En cuanto a Costa, el presidente de la empresa niega que éste encargara nada y entre las facturas de Crespo incluye una de 4.925 euros, del 25 de mayo de 2007. El auto indica que Costa aparece en el Documento 71 con el importe de 4.925 euros, la misma cantidad.

"Constan las medidas" de Costa
Pero además su nombre "figura en varias hojas de Listado de Encargos de Sastrería donde constan las medidas de esta persona, de las cuales se ha hecho entrega, en concreto en la Hoja con número de pedido 54.464, que está asociada a más pedidos de fecha 25-05-2007". La fecha también coincide. En total, fueron un traje, dos pantalones y otras prendas no detalladas.De este modo, el sastre, de ser falsa su declaración, no habría falsificado sólo facturas como le achaca Hinojosa, sino también las hojas de pedido e incluso los patronajes de los políticos. La comprobación de éstos se antoja factible. Por contra, Hinojosa, en su ampliación de la denuncia contra Tomás, afirma de Ricardo Costa que, "del estudio de toda la documentación obrante en la compañía, podemos afirmar que este señor no ha dejado jamás encargo alguno". El propietario, con todo, sólo alude a encargos hasta el 3 de julio de 2007, no hasta la actualidad. En cuanto a los dos imputados, Betoret y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, no hay un detalle que relacione sus supuestos encargos con las facturas citadas por el dueño de Forever Young.
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Los vínculos de Pedro García con los imputados
Los trajes que hicieron caer a Pilar Miró
Camps sigue sin dar explicaciones sobre los trajes
La Fiscalía Anticorrupción seguirá la frente de las actuaciones en Madrid y Valencia
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Rajoy echa el cierre a la comisión interna sobre el espionaje

La 'número dos' del PP afirma que su partido esperará a las "conclusiones de la Justicia".- De la Vega acusa al PP de montar las comisiones "más para encubrir que para descubrir"

ELPAÍS.com - Madrid - 20/03/2009

Ya sólo hay una pelota y está en el tejado de la Justicia. Poco más de una semana después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, echase el cerrojo a la fugaz comisión de la Asamblea que investigaba la trama de espionaje en el Gobierno regional, ahora es la dirección nacional la que cierra la investigación abierta dentro del partido. "Teniendo en cuenta que nosotros no tenemos más medios para seguir adelante porque no podemos practicar ninguna otra averiguación y que hay abierta una investigación judicial, el PP dejará cerrada esta comisión de investigación que estaba abierta dentro del partido y esperaremos a las conclusiones de la Justicia" ha comunicado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en un acto en la localidad albaceteña de La Roda.

"¿Quién nos espió y quién lo ordenó?"
Juez y parte

Trama de espionaje
GRAFICO - El Pais - 05-02-2009
Descubre quién es quién en la trama de seguimientos a altos cargos del PP madrileños - CARLOS GÁMEZ

Manuel Cobo Vega
Alfredo Prada Presa

Aunque era un secreto a voces el poco interés que tenía el PP nacional por reabrir la investigación interna -De Cospedal llegó a decir que no le "disgustaba" cómo se había cerrado la comisión parlamentaria-, aún no había habido cerrojazo oficial. La número dos del partido ha defendido hoy que de las conclusiones aprobadas en la Asamblea madrileña -con mayoría del PP- "no se ha podido demostrar absolutamente nada sobre que existiera o dejara de existir una trama de espionaje".

De la "farsa" a las "pruebas irrefutables"
El pasado día 18, el PP sacó adelante en la Asamblea, gracias a su amplía mayoría, el dictamen exculpatorio de la comisión que tenía como objeto investigar una trama que tanto Aguirre, como su portavoz en la Cámara, David Pérez, tildaron de "mentira" y "farsa". La oposición formada por PSM e IU culparon directamente en sus conclusiones a la presidenta madrileña de la red de "espionaje político" y señalaron como "pruebas irrefutables" las confirmaciones del ex consejero Alfredo Prada, el vicealcalde Manuel Cobo y la diputada regional María del Carmen Rodríguez Flores.

El número dos de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento presentó a principios de marzo una denuncia ante el juzgado de guardia para que se investigase el espionaje del que fue objeto entre abril y mayo de 2008. La semana pasada y tras el cierre de la comisión de la Asamblea, el vicealcalde apostó por que se llegase "hasta las últimas consecuencias" en la investigación judicial. Además, la Fiscalía de Madrid sigue adelante con la práctica de diligencias en torno al caso a instancias delpropio Cobo y del hoy responsable de Exteriores del partido, AlfredoPrada. Por otro lado, el juzgado de instrucción número 47 de Madrid investiga ya los seguimientos realizados al vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, en dos viajes realizados durante 2008 a Cartagena de Indias (Colombia) y Johannesburgo (Sudáfrica).

De la Vega acusa al PP de encubrir
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cree que el PP ha tratado de encubrir y no de descubrir si hubo espionaje o no en la Comunidad de Madrid. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, De la Vega ha confiado hoy en que el PP "esclarezca cuanto antes todos estos asuntos tan turbios y tan poco claros que vienen rodeando a este partido en las últimas semanas".

De la Vega ha dicho tener "la impresión" de que tanto la comisión constituida en el Parlamento madrileño para averiguar si hubo espionaje o no, cerrada esta misma semana, como la investigación interna del PP sobre los hechos, "han sido montadas más para encubrir que para descubrir".
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Estepona aparca la renuncia de Galeote como concejal

El edil del PP está imputado en la operación Gürtel por percibir de la trama más de 42.000 euros

ELPAÍS.com / EFE - Madrid / Málaga - 20/03/2009

El pleno del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha aparacado hoy el escrito de renuncia al acta de concejal de Ricardo Galeote (PP), al que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputa en el caso Gürtel sobre la presunta trama de financiación irregular que salpica a los populares. El PP ha pedido que se deje el asunto sobre la mesa, aunque, de momento, se desconocen las razones. Según fuentes próximas a Galeote, éste pretende así ganar tiempo a la espera de que el juez Garzón dicte un auto en el que le retira la imputación.

Así es la gran trama de corrupción política vinculada al PP

Ricardo Galeote, hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote, declaró el miércoles ante Garzón y le pidió que le retirara la imputación porque argumentaba que no había recibido los 42.469 euros que, según el auto del juez, habría percibido de la trama entre los años 2001 y 2003, cuando era gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas Estepona SL.

El abogado de Ricardo Galeote, Francisco Javier Gómez de Liaño, aseguró tras la declaración de su cliente ante el juez instructor que su implicación era un "error". "Durante la declaración se ha desmontado que no ha recibido nada ajeno al cargo de concejal", afirmó a la prensa Gómez de Liaño.
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El fiscal pedirá investigar a los aforados de Madrid y Valencia

Anticorrupción actuará ante los dos tribunales superiores

JULIO M. LÁZARO - Madrid - 20/03/2009

El ministerio fiscal se pronunciará a favor de la competencia de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia para continuar las investigaciones de la trama que investiga el juez Baltasar Garzón, en cuanto ambos tribunales recaben informe sobre competencia y fondo, según fuentes fiscales. Además, la posición de la fiscalía será la de pedir que se abra procedimiento y se investigue a los aforados de Madrid y Valencia.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha emitido un decreto en el que ordena a la Fiscalía Anticorrupción que siga las actuaciones de la trama corrupta de Francisco Correa, dado que es esta fiscalía especial la que conoce las actuaciones desde el principio. Será por tanto Anticorrupción, y no los fiscales superiores de Madrid y Valencia, la que prosiga las actuaciones si los Tribunales Superiores admiten la causa a trámite, de la que se ha inhibido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Los fiscales superiores de Madrid, Manuel Moix, y de Valencia, Ricard Cabedo, acompañarán el decreto del fiscal general de que el asunto de la trama corrupta lo seguirá llevando la Fiscalía Anticorrupción, en los informes que tienen que presentar ante sus respectivos Tribunales Superiores, en relación con la exposición razonada elevada por Garzón en ambas instancias.

Competencia y fondo
Respecto al informe sobre competencia y fondo, la fiscalía mantendrá que los Tribunales Superiores son competentes para conocer del asunto. Sobre la cuestión de fondo, manifestará que dada la existencia de indicios contra aforados, procede abrir un procedimiento en el que se investiguen los cargos contra ellos.

Garzón elevó al Tribunal Superior de Madrid una "exposición razonada" junto con la totalidad de las actuaciones, recomendando que sea este tribunal el que se haga cargo de toda la causa. Este Tribunal Superior designó ponente de la resolución sobre competencia a su recién nombrado presidente, Francisco Vieira Morante. Éste tendrá que decidir ahora si se queda la totalidad de la causa o sólo la parte que afecta a los aforados. Garzón remitió también a Valencia la totalidad de las actuaciones aunque este tribunal parece que sólo investigaría la parte que afecte al presidente valenciano Francisco Camps y a los demás altos cargos de la Generalitat implicados. La fiscalía sería partidaria de que Valencia investigue sólo a sus aforados.

La inadmisión de la causa a trámite no da lugar a recurso alguno. Es decir, si por ejemplo el Tribunal Superior de Valencia se declarase competente en la causa respecto de sus aforados pero decidiese que no hay motivos suficientes para investigar los indicios, contra esa decisión no cabe recurso alguno.

Una vez se ha inhibido en favor de los Tribunales Superiores, Garzón ya no puede elevar una exposición razonada al Supremo. Si aparecen nuevos indicios contra aforados al alto tribunal, Garzón deberá remitirlos al Tribunal Superior competente para éste, en su caso, sea el que lo eleve al Supremo.
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Segundo carpetazo del PP a la comisión de investigación

La número dos de Rajoy, De Cospedal, argumenta que "no se ha podido demostrar absolutamente nada"

CADENA SER 20-03-2009

Si la pasada semana ya lo insinuó en la SER, la 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal, ha hecho hoy el anuncio formal. Los populares dan carpetazo también a la investigación interna sobre el espionaje en Madrid. La secretaria general del partido ha anunciado que esperarán "a las conclusiones de la Justicia" porque, según ha afirmado, "no se ha podido demostrar absolutamente nada". Es el segundo portazo a esa investigación, después de que el partido en Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre cerrase la comisión parlamentaria en la Asamblea regional.

AUDIOS: Cospedal: "No se ha podido demostrar absolutamente nada"
La Asamblea ratifica que la Comunidad no espió con 50 votos en contra
Alonso termina quinto tras un problema de motor
La oposición planta a Aguirre en la Asamblea
La Fiscalía de Madrid seguirá investigando la trama de espionaje
La Fiscalía encuentra verosímil el contenido de los partes de seguimiento
Blanco: "Rajoy tiene un papelón difícil"
El PP se autoexculpa en el caso del espionaje
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Aguirre le cuelga el teléfono a la SER y Bono responde

La polémica por la recalificación de los terrenos de Yebes protagonizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid y que tuvo su respuesta en Hora 25 por parte de José Bono, ha continuado en varios sitios de noticias

CADENA SER 20-03-2009

Esperanza Aguirre dialogó con la SER y negó la información que se estaba publicando en la radio. La entrevista terminó imprevistamente cuando la presidenta colgó el teléfono. Horas más tarde, José Bono respondía a lo dicho por Aguirre.

AUDIOS: Aguirre señalaba que las tierras de su marido estan a media hora de coche de la estación en el 2003
AUDIOS: Bono: "La estación se puso por decisión del PP y con el voto en contra de Castilla La
AUDIOS: Aguirre puntualiza y cuelga el teléfono

El presidente del Congreso, y ex-presidente de Castilla La Mancha, José Bono, desmintió en Hora 25 a la presidente de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En declaraciones a la SER, Aguirre había responsabilizado a Bono de haber recalificado los terrenos de Yebes en los que se construyó la estación del Ave Madrid - Guadalajara.

La SER les contaba que sólo 15 viajeros al día utilizan la citada estación del AVE, situada en un paraje desierto a 10 kilómetros de Guadalajara.

La decisión sobre la ubicación del AVE la tomó en su día el ministro de Fomento, Arias Salgado, cuando Esperanza Aguirre era ministra de Cultura. Las obras se hicieron en la etapa de Alvarez Cascos y costaron más de 10 millones de euros. La estación y los andenes se instalaron sobre terrenos propiedad de la familia política de Esperanza Aguirre,concretamente de la tía de su marido, Teresa Micaela Valdés.

Esperanza Aguirre declaró ayer a la SER que los terrenos fueron recalificados por el entonces presidente de Castilla la Mancha, José Bono.

Las palabras de Esperanza Aguirre tuvieron una respuesta clara, también en la SER, por parte de José Bono. El ex-presidente de Castilla La Mancha recalcó que el ayuntamiento de Yebes, cuando se recalificaron los terrenos, estaba también gobernado por el Partido Popular.
La presidenta de la comunidad de Madrid llamó a la Cadena SER para negar categóricamente que ella o alguien de su familia tengan terrenos en Yebes. Esperanza Aguirre se negó a responder a la pregunta de si su marido y sus cuñados tienen más de 1600 hectáreas de terreno en Chiloeches, a tiro de piedra de Yebes. La presidenta de Madrid colgó el teléfono cuando se le hizo la pregunta. Pero, los archivos de la SER de 2003 revelan eldato de la existencia de tierras (oir).
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Bono niega las acusaciones de Aguirre de haber recalificado el terreno de Yebes

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a decir que la decisión de poner en Yebes la estación fue de José Bono y no del Gobierno del PP del que ella formaba parte

CADENASER.com 19-03-2009

El ex presidente de Castilla La Mancha José Bono ha negado este jueves en la SER las acusaciones de Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad Madrid ha asegurado que la decisión de poner en Yebes la estación del ave Madrid-Guadalajara fue de Bono y no del gobierno popular.

AUDIOS: Entrevista a José Bono
El AVE entre Madrid y Guadalajara sólo lo utilizan de media al día 15 personas
Aguirre cuelga el teléfono y Bono responde

"La estación del AVE en Yeves se puso cuando gobernaba el PP y se puso por decisión del Partido Popular y con el voto en contra de Castilla La Mancha. En dos actas la comunidad se opone a que la estación se haga en mitad del campo", ha asegurado José Bono.

Bono ha explicado que el Gobierno de Castilla La Mancha intentó entonces por todos los medios que la estación se construyera más cerca de Guadalajara ya que lo lógico era que el tren pasara por la ciudad y no a 12 kilómetros.

El actual presidente del Congreso se muestra sorprendido por las acusaciones de Aguirre. "Cada palo tiene que aguantar su vela", ha indicado.

En este sentido, Bono ha recordado que Yebes estaba gobernado por el PP y no por el PSOE cuando se tomó la decisión de construir la estación. Asimismo, puntualiza: "Lo que no voy a hacer ahora es colgarles el teléfono y echar la culpa a nadie, ni siquiera a Cascos".

La estación de Yebes fue construida por el Gobierno de Aznar tras un desembolso de 2.000 millones de pesetas. Esta jueves por la mañana, Aguirre llamó a la SER para decir que ella no había beneficiado a ningún familair y que fue el ex presidente socialista quien recalificó los terrenos. Aguirre finalizó la llamada colgando el teléfono al locutor.

Sólo lo utilizan de media al día 15 personas
Según los datos de RENFE, en el último año utilizaron el Ave entre Madrid y Guadalajara 5.630 pasajeros, 15 de media al día mientras que la línea de Cercanías es utilizada diariamente por 10.600 personas. El billete del AVE es mucho más caro y además la estación proyectada por el gobierno del PP está a 10 kilómetros de la capital por una carretera infernal que recientemente se ha reformado.

La decisión sobre la ubicación de la estación la tomó en su día el ministro de Fomento, Arias Salgado cuando Esperanza Aguirre era ministra de Cultura. Las obras se hicieron en la etapa de Álvarez Cascos y se invirtieron más de 10 millones de euros. La estación de Yebes se levantó en un paraje desierto aunque los terrenos eran propiedad de una familia muy conocida, la familia del Conde de Murillo, Fernando Ramírez de Haro, el marido de Esperanza Aguirre.

La más beneficiada por la operación fue la tía del marido de Esperanza Aguirre, Teresa Micaela Valdés. La estación y los andenes se instalaron sobre sus tierras y en pleno 'boom urbanístico' y especulativo, se decidió promover una gran urbanización al calor del AVE. El marido de la presidenta madrileña y sus hermanos tienen en esta misma zona, en el municipio de Chiloeches, junto a Yebes, más de 1.600 hectáreas de terreno.
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La polémica por los terrenos (AUDIO).
Esperanza Aguirre y José Bono, tras la información revelada por la CADENA SER
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El PP da carpetazo a la investigación del espionaje

"Esperaremos a las conclusiones de la Justicia", ha dicho María Dolores de Cospedal.
YOLANDA GONZÁLEZ - Madrid - 20/03/2009 14:52

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, confirmó de manera oficial lo que ya era un secreto a voces en su partido. La investigación interna que iniciaron para esclarecer la supuesta trama de espionaje desatada en la Comunidad de Madrid no volverá a ver la luz.
Con su carpetazo, Rajoy pretende que no cunda el pánico. En el partido están convencidos de que abrir una investigación interna mientras el caso Gürtel sigue su curso en los tribunales es dar “demasiada munición” al adversario.

“El PP dejará cerrada esta comisión y esperaremos a las conclusiones de la Justicia”, declaró desde La Roda (Albacete). Además de agarrarse a lo que decidan los tribunales, De Cospedal recordó que la Asamblea de Madrid ya ha aprobado unas conclusiones sobre su propia comisión de investigación. No obstante, evitó mojarse al mantener que con los trabajos de la Asamblea regional “no se ha podido demostrar absolutamente nada sobre que existiera o dejara de existir una trama de espionaje”. Así, ahora es la Justicia la que debe mover ficha. “Nosotros no tenemos más medios para seguir adelante porque no podemos practicar ninguna otra averiguación”, reconoció la secretaria general del PP.

Dictamen parlamentario
El anuncio de la dirección nacional se produce sólo dos días después de que la Asamblea madrileña diera luz verde, gracias a la mayoría del PP en la Cámara, al dictamen sobre la omisión de investigación que concluye que "no hubo espionaje".

Tanto el PSOE como IU han sido muy insistentes en la falta de transparencia y en las trabas que los conservadores madrileños han puesto a la citada comisión. Recuerdan que Aguirre sacó adelante el dictamen, pero con ausencias muy significativas, como las de los diputados autonómicos Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores, dos de los supuestos espiados.

Con el carpetazo del PP a su investigación interna –Cospedal llegó a llamar a varios de los espiados a su despacho para solicitarles información– Rajoy da algo de oxígeno a la presidenta madrileña.

El pasado 22 de enero, cuando la dirección nacional del partido anunció el inicio de sus pesquisas, el enfado en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, fue monumental. No entendían por qué su partido daba pábulo a las informaciones sobre los espías publicadas por El País. Aguirre se puso muy seria advirtiendo a todo aquel que sospechara de su equipo: “Tendrán que probarlo, rectificar o si no, nos veremos las caras en los tribunales”. Este viernes, después de que De Cospedal hablara de dejar “cerrada” esta comisión de investigación, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, reconocía que “no tendría sentido” continuar las pesquisas, ya que supondría “enmendar la plana a lo que ha dicho la Asamblea”, informa Efe. Con ello, se pone de manifiesto que el PP no está ahora por la labor de añadir más leña al fuego.

Fuentes próximas a la presidenta madrileña enmarcaron dentro de la normalidad la decisión de la dirección nacional del PP de dar carpetazo a sus indagaciones. “Se ha demostrado que los partes de seguimiento son falsos por lo que no tendría razón de ser que el partido siguiera investigando”.

Los presuntos espiados prefirieron guardar silencio. No obstante, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ya dejó clara su postura hace una semana: “Las decisiones que tome la dirección nacional del PP las respeto absolutamente. Se ha espiado a varias personas, todas pertenecientes al PP, así que lógicamente mi partido quiere saber qué ha ocurrido. Si tiene medios para esclarecer esta cuestión de manera interna, es una posibilidad. Pero quien sí la tiene de manera más seria es la Administración de Justicia”.

Los casos de Prada y Cobo
La mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido muy insistente en que su agenda coincide con los movimientos de los espías desvelados por El País.

Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con Alfredo Prada, actual responsable del PP en el exterior. Según sus colaboradores en estos días se encuentra en Milán por motivos de trabajo. Recientemente, Rajoy le incluyó en el comité de campaña para próximas elecciones europeas dentro del área electoral y de movilización. Prada, ex consejero de Aguirre, fue destituido de su cargo en la Comunidad tras el XVI Congreso Nacional del PP del pasado junio, cuando Mariano Rajoy le incluyó en su equipo.

Los seguimientos a Ignacio González, número dos de Aguirre, en dos viajes al extranjero, al igual que los de Cobo y Prada, están en manos de la Justicia.
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Es amigo de El Bigotes, cuya esposa se convirtió en estrella de la cadena
El director de Canal 9, otro de los presuntos agraciados con trajes de la trama Correa

Forever Young insiste en que su nombre no consta en sus registros
La sastrería de Camps aporta a Garzón facturas que coinciden con presuntos encargos de la trama Correa para él
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dijous, 19 de març de 2009

PP Vice. 19/03/2009. El juez que investigará a Camps trabaja con el marido de la abogada de Álvaro Pérez.

Mariano Rajoy, Rita Barberá y Francisco Camps- CARLES FRANCESC
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A poc a poc veiem per què el PP volia que el Cas Gürtel passés de l'AN als TSJ. Presidents amics molt més que íntims, jutges instructors que coneixen imputats, marits i mullers en contacte amb l'entramat...
La cacera de Garzón seguirà mentre el jutge instrueixi les parts de la causa que li quedin. Així, podem veure el pintoresc al.legat de Bárcenas: "Señor Juez, no me investigue que soy Senador". O els atacs del deplorable exministrillo al sastre que, també a ell, l'havia vestit.
No hi ha ètica ni principis ni vergonya. Els reietons del PP arramblen amb tot i creuen que tenen dret de pernada, que el seu petit reialme autonòmic els pertany o, més encara, que ells són el reialme.
A mi, com a valencià, els jutges que investiguen possibles corrupcions no m'ofenen, ans al contrari, em fan sentir part de l'Estat de Dret. M'ofenen els qui usen càrrec, institucions, televisions i diners públics per fer carrera dins i fora de la política.
No, Camps, no, Garzón no ataca ni la Generalitat ni els valencians: investiga possibles xoriços. I si tu n'ets un, te'n vas, t'engarjolen i ja està: t'asseguro que la CV seguirà malgrat tu. I si t'absolen, doncs també està. Però amb un judici just.

José Flors es director de la revista jurídica de la editorial del administrador de Tirant lo Blanch

Ramón Ferrando, Valencia

El magistrado José Flors es el encargado de decidir en los próximos días si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente para investigar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El juez lleva años como director de la revista jurídica de la editorial Tirant lo Blanch, creada hace 32 años y que cuenta con una veintena de abogados. Salvador Vives López es el administrador único y director de la empresa. La mujer de Salvador Vives López incluso tiene el correo electrónico profesional vinculado a la cuenta genérica de Tirant lo Blanch, según se puede comprobar en la guía del Colegio de Abogados.

La editorial Tirant lo Blanch suministra los libros jurídicos de consulta de leyes que tienen en los juzgados los magistrados y fiscales de la Comunitat y que costea la Generalitat Valenciana, según confirmaron fuentes judiciales y de la Fiscalía.

Ángela Coquillat, que tiene su despacho en el centro de Valencia, asistió a Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, cuando compareció en calidad de detenido ante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración y salió de la Audiencia Nacional acompañado por Coquillat sin hacer ningún tipo de declaración.

José Flors Matíes, que pertenece a la asociación Francisco de Vitoria, es uno de los magistrados de la sala de lo Civil y de lo Penal que fue designado a instancias del Consejo General del Poder Judicial y que, por tanto, quedó al margen de los nombramientos de las Cortes a propuesta de las fuerzas políticas. La sala de lo Civil y lo Penal se reunió el martes y, en cumplimiento estricto de las normas de reparto, designó a Flors magistrado ponente del auto que establecerá si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente o no para asumir la causa remitida por el juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El turno que se ha aplicado para elegir el ponente, que también será el instructor del procedimiento en el caso de que siga adelante, ha sido el de mayor a menor antigüedad. Después de que el magistrado Juan Montero se encargara del caso Mercalicante, el asunto ha correspondido a Flors por ser el más antiguo en lugar de a Juan Climent, que habría sido asignado de seguir el orden inverso, como inicialmente se había anunciado.

Libros desde 2001
La publicación que dirige Flors, que se llama Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, contiene artículos y análisis de carácter judicial. La editorial Tirant lo Blanch ofrece en su página web libros de la publicación dirigidos por José Flors desde el año 2001.

La ramificación valenciana del caso Gürtel tiene dos aforados: el presidente Francisco Camps y el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa. José Flors accedió a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior en octubre de 1995. Su designación había sido acogida de forma positiva en círculos políticos y jurídicos. José Flors, que es moderadamente conservador, siempre ha estado vinculado a la jurisdicción penal e incluso fue presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia antes de pasar al Tribunal Superior de Justicia.
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Lo que faltaba: el juez que investigará a Camps está vinculado con la abogada de El Bigotes
EL PLURAL.COM

Una vez más se pone en evidencia el entramado de amistades del aparato judicial valenciano con la figura del presidente de la Comunitat, Francisco Camps. Esta vez, se ha sabido que el juez que investigará a Camps está vinculado al marido de la abogada de Alvaro Pérez (El Bigotes), quien supuestamente pagaba los trajes del político popular.

El juez José Flors, que investigará al presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, por su presunta vinculación con el caso Gürtel, trabaja en una empresa del marido de la abogada que representó a Alvaro Pérez (El Bigotes) cuando compareció en calidad de detenido ante el juez Baltasar Garzón, en la Audiencia Nacional, según revela el diario Levante.
Tirant lo Blanch
El Juez Flors es el director de la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, que publica la editorial Tirant lo Blanch, de la que es administrador único Salvador Vives López, marido de la abogada Angela Coquillat, que representó a El Bigotes cuando compareció en calidad de detenido ante el juez Baltasar Garzón, por su supuesta implicación en la trama de corrupción del caso Gürtel. El Bigotes, presidente de Orange Market, quedó en libertad con cargos tras prestar su declaración, y salió de la Audiencia Nacional acompañado por Coquillat sin hacer ningún tipo de comentarios a la prensa.
Instructor del sumario
El magistrado José Flors es el encargado de establecer si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente para asumir la causa remitida por el juez Baltasar Garzón, y juzgar a los presuntamente implicados: el presidente, Francisco Camps, y el número dos del PP regional, Ricardo Costa. En el caso de que sea así, Flors será el instructor del procedimiento.
Conservador moderado
José Flors, catalogado como conservador moderado, accedió a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia en octubre de 1995, después de ser presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de la Comunitat. Su designación fue acogida de forma positiva en círculos políticos y jurídicos.
Estrechas relaciones
Esta revelación del diario Levante pone en evidencia, otra vez, el entramado de amistades del aparato de los jueces valencianos alrededor de la figura de Francisco Camps, que salió a la luz al publicarse las estrechas relaciones personales que mantiene el político popular con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, y con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, quien fuera, además, consejero de Justicia de Camps.
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Bárcenas exige a Garzón que deje de investigarle por la red corrupta

El tesorero del Partido Popular presenta sendas quejas ante la fiscalía y el Consejo del Poder Judicial

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 19/03/2009

Tardó más de un mes, pero al final, Luis Bárcenas, el tesorero del PP, rompió ayer su silencio. No lo hizo atendiendo a los medios en una conferencia de prensa, a pesar de que es un senador, sino mediante varios escritos, dos de ellos dirigidos a la fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial. En ellos, arremete contra el juez Baltasar Garzón, al que también le envió una carta para exigirle que deje de investigarle. En sus quejas, Bárcenas niega cualquier "relación ilícita" con Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción que afecta al PP.

Visita rápida para apoyar a Camps

Todos los dirigentes populares consultados están preocupados porque se trata del tesorero, el corazón de las finanzas del partido, y porque todos conocen la estrecha relación de confianza que mantuvieron Correa y Bárcenas durante años, y que él no niega en sus escritos. Sin embargo, al menos oficialmente, el PP, y ahora también directamente el tesorero, rechaza tajantemente que, como dejó dicho Correa en algunas grabaciones del sumario, le entregara hasta 1.000 millones de pesetas supuestamente para financiación irregular del partido.

En la carta que ha enviado a Garzón, el tesorero, en un tono de indignación, responde a la información publicada ayer por EL PAÍS según la cual la policía ha entregado al juez un escrito de seis folios con nuevas pruebas contra Bárcenas. El magistrado debe decidir ahora qué hace: si ve indicios de delito tendrá que inhibirse a favor del Tribunal Supremo, que podría quedarse con toda la causa. El fiscal, tras estudiar un informe anterior, no apreció la criminalidad del tesorero y le recomendó que, por el momento, lo dejara estar.

"Condición de senador"
Bárcenas, en tono airado, recuerda a Garzón: "Mi condición de senador le impide la realización de acto de investigación alguna sobre mi persona, bien directa, bien indirectamente, debiendo abstenerse de conocer de cualquier supuesto hecho delictivo que se pretenda atribuirme desde el mismo momento en que tenga conocimiento del mismo y remitiendo en tal caso las actuaciones al Tribunal Supremo".

Sin embargo, la reiterada jurisprudencia del Supremo obliga a los jueces a comprobar todos los indicios contra los aforados que investigan -excepto tomarle declaración, registrar su domicilio o intervenir sus cuentas- antes de elevar la exposición razonada al alto tribunal.

El tesorero asegura que viene observando "con perplejidad" cómo, pese al secreto del sumario, aparecen constantemente datos que le incriminan en los medios de comunicación, y acusa a Garzón y a la policía de estar "buscando desesperadamente" datos contra él a pesar de que, según su interpretación, no pueden hacerlo. Por eso decidió ayer ampliar la denuncia contra Garzón y la petición de amparo al Poder Judicial. El senador asegura que ayer leyó "anonadado" la información que apuntaba a los nuevos datos que habría encontrado la policía contra él.

Bárcenas envió una carta a EL PAÍS en la que señala: "Es absolutamente falso que tenga o haya tenido relación ilícita alguna con Francisco Correa y en particular que haya recibido del mismo, bien directa, bien indirectamente, cantidad alguna. Es igualmente falso que haya mediado, intervenido, influido o solicitado favorecimiento alguno de los intereses del Sr. Correa a ningún tipo de funcionario público o autoridad".
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Los diputados del PP espiados se ausentan de la votación que exculpa a Aguirre

Alfredo Prada confía en que sea "la justicia" la que aclare si fue seguido

VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid - 19/03/2009

Ni Alfredo Prada ni María del Carmen Rodríguez Flores, los dos diputados del PP en Madrid que -según han dicho ellos mismos- han sido espiados, tuvieron que escuchar cómo el portavoz del Grupo Popular, David Pérez, les decía a la cara desde la tribuna del Parlamento madrileño que "no existen los espiados porque no ha existido espionaje". Tampoco tuvieron que ver cómo su presidenta, Esperanza Aguirre, jaleaba a Pérez y se reía de los diputados de PSOE e IU que pedían seguir investigando los hechos.

Espionaje político en la Comunidad de Madrid
A FONDO
El PP acusa a PSOE e IU de actuar como "un Torquemada progresista"

No tuvieron que verlo, ni oírlo, porque ayer no acudieron al pleno en el que la Asamblea de Madrid aprobó las conclusiones exculpatorias de la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje. Así que tampoco tuvieron que votar esas conclusiones, que echan tierra sobre los seguimientos que ambos sufrieron en 2008: Prada de forma directa y Rodríguez como víctima colateral -pasaba por allí uno de los días en que seguían a Prada- de una trama que el PP de Madrid califica de "gran patraña". Los dos escaños ayer vacíos de Prada y Rodríguez, su "ausencia clamorosa", son, según la socialista Maru Menéndez, "la mejor prueba de que el espionaje ha existido".

La ausencia clamorosa no alteró los planes del PP ni a la presidenta Aguirre, que ya en el turno previo de preguntas, interpelada por Menéndez, había repetido con orgullo las conclusiones de la comisión redactadas y aprobadas por la mayoría absoluta del PP. "Esta comisión ha sido muy positiva y clarificadora: ha demostrado que nunca ha existido una trama de espionaje político, ni amparada ni auspiciada ni impulsada ni conocida por este Gobierno", dijo.

Mientras la presidenta hablaba, y acusaba a la oposición de insistir "erre que erre" con el tema de los seguimientos ilegales para tapar "los 7.000 parados diarios del Gobierno de Zapatero", algunos diputados populares miraban de reojo a los dos butacones vacíos en los que tendrían que haber estado Alfredo Prada y Carmen Rodríguez. Justo separados por el de Alberto López Viejo, ex consejero dimitido hace un mes por su vinculación con un asunto distinto: la trama de corrupción que investiga Baltasar Garzón.

Después empezó el debate sobre la cuestión: el dictamen de conclusiones de la comisión que durante apenas cuatro sesiones -antes de que el PP decidiera su final- trató de investigar el caso. Un dictamen exculpatorio para el Ejecutivo. Inés Sabanés (IU) volvió a poner el dedo en la llaga: "¿Se ha fijado en que tiene dos sillas vacías?", preguntó a Aguirre, señalando los dos escaños sin dueño de la bancada popular. "Entiendo que a usted, que controla todo en esta Comunidad, le moleste ver que hoy tiene dos disidencias en este pleno", insistió. La presidenta ni se inmutaba: continuó haciendo lo que hizo durante todo el debate: hablar por el móvil y bromear con el vicepresidente, Ignacio González, y el consejero Francisco Granados.

Hasta que subió a la tribuna el portavoz del PP, David Pérez: ahí Aguirre se animó y, aunque Prada y Rodríguez seguían sin aparecer, se puso a dirigir los aplausos. Pérez censuró que los diputados de PSOE e IU, actuando "como un Torquemada progresista", no hayan querido ver "la verdad que se abría paso": que no existió espionaje y que todo es una "mentira", una "farsa" para atacar a la presidenta de la Comunidad.

Se votó, al filo de las siete de la tarde, a mano alzada. En el PP faltaban dos, a pesar de lo cual su holgada mayoría absoluta sacó adelante el dictamen exculpatorio por 65 votos a 50. Una portavoz del Grupo Popular informó a última hora de que Carmen Rodríguez y Alfredo Prada habían llamado para excusarse. Ella no pudo asistir "porque está enferma" -algo que ni ella ni el PP comunicaron hasta entonces-; Prada, por estar en un viaje de trabajo.

Este periódico contactó con Prada (ex vicepresidente de Aguirre además de diputado), que confirmó la razón de su ausencia. A la pregunta de qué hubiera votado de haber ido al pleno, se limitó a contestar por dos veces: "Respeto la decisión que tomó el grupo parlamentario, no voy a decir más. Mi confianza está depositada en la Administración de justicia".

El capítulo final del carpetazo
- Pérez (PP): "Todo era una farsa. ¡Pidan perdón!". "El Gobierno de Madrid no ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos. PSOE e IU están en una huida hacia delante y siguen mintiendo. ¿Quién va a reparar el buen nombre de quienes fueron acusados sin pruebas? ¿Quién va a responder por este montaje? Todo era una farsa. ¡Deberían pedir perdón y se hacen las víctimas!"
- Menéndez (PSOE): "Señora Aguirre, salga de la presidencia". "Esperanza Aguirre es la máxima responsable política del asunto del espionaje político. La ausencia clamorosa de Alfredo Prada y Carmen Rodríguez es la mejor muestra de que el espionaje ha existido. Señora Aguirre, salga de la presidencia o la sacarán los ciudadanos por la puerta de atrás".
- Sabanés (IU): "El principio del fin de la impunidad". "Nosotros pensamos que ha habido espionaje y algunos de los que hoy no están aquí también lo piensan. Esto es el principio del fin de su impunidad. Usted, señora Aguirre, ha elegido el camino de sus hombres de confianza y tendrá que acabar dimitiendo".
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os socialistas exigen a Camps que deje de esconderse

S. V. - Valencia - 19/03/2009

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, exigió ayer al presidente del Consell, Francisco Camps, que "dé respuestas" sobre su supuesta implicación en el caso Gürtel, "depure las responsabilidades que crea oportunas" y se dedique a gobernar. Pajín, quien asistió a la reunión de la ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, aseguró que el gobierno del PP está "a la deriva, atrapado en supuestos casos de corrupción, oculto y sin dar respuestas". Para Pajín, el escándalo de la trama de corrupción pasará factura al PP: "No la de los trajes, que todavía no conocemos, una factura democrática por la falta de transparencia, de rigor y sobre todo por ese manto de sospecha que recorre las consejerías". El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, también pidió que Camps "dé explicaciones inmediatas", deje "de esconderse" y muestre las facturas de los trajes.
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El PP pretende blindar a su tesorero ante Garzón

El partido de Rajoy ha presentado casi 20 quejas y denuncias en Fiscalía, el CGPJ y el Supremo.
ÁNGELES VÁZQUEZ - MADRID - 19/03/2009 08:00

El tesorero del PP, Luis Bárcenas, senador por Cantabria, amplió las denuncias que el pasado 26 de febrero interpuso contra el juez Baltasar Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Se queja de que el juez y la Policía le sigan investigando en el caso Gürtel, pese a que los senadores son aforados cuya investigación y enjuiciamiento sólo corresponde al Tribunal Supremo.

En realidad, la jurisprudencia del Supremo establece que no basta con que un nombre surja en una investigación para elevar una exposición razonada al Alto Tribunal. Es decir, que cuando aparece un aforado en un proceso hay que apuntalar, siquiera mínimamente, los indicios contra él antes de remitir las actuaciones al tribunal competente. Muchas veces este tipo de iniciativas son devueltas por el tribunal superior al juzgado remitente para que siga investigando.

Es decir, que cuando aparece un aforado en un proceso hay que apuntalar, siquiera mínimamente, los indicios contra él antes de remitir las actuaciones al tribunal competente. Muchas veces este tipo de iniciativas son devueltas al juzgado remitente para que amplíe la investigación.

Este tipo de iniciativas suelen ser devueltas al juzgado remitente para que amplíe la investigación.

Pero en vez de esperar a saber si el juez acaba reuniendo indicios suficientes para dirigirse al Supremo como era su intención cuando pidió tres copias del sumario, Bárcenas ha optado por sumarse, a título personal, a una práctica que su partido ha institucionalizado para enfrentarse a su vinculación con la trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa.
Las dos denuncias del tesorero del PP, y sus respectivas ampliaciones, se suman a las tres quejas que el partido ha presentado contra el magistrado en el CGPJ; tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado; y una querella ante el Supremo por prevaricación y delito contra los derechos individuales. El fiscal ya ha informado al Alto Tribunal en contra, pero eso no ha impedido que el PP amplíe su escrito en dos ocasiones, la última el martes.

De la cacería al viaje
Desde la cacería en la que Garzón coincidió con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, hasta su reciente viaje a Guatemala serán revisados por el CGPJ. De momento sólo se archivado la queja por el encuentro cinegético.

Los intentos del PP para personarse como acusación en las diligencias 275/2008, con el objetivo de poder recusar al magistrado, fueron rápidamente atajadas por éste, por no existir perjuicio para el partido. En el auto anunció la futura imputación de algunos de sus dirigentes.
En cualquier caso, prácticamente todas las iniciativas del PP tienen en común dos argumentos: que Garzón no es el juez competente para investigar el caso Gürtel, al haber aforados, y las informaciones que se han dado del proceso, calificadas como "filtraciones".

El ejemplo de Panero
De hecho, los últimos imputados que han comparecido de momento en el Juzgado Central de Instrucción número 5, entre ellos, los dimitidos alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente, se negaron a declarar ante Garzón.

Panero se negó a declarar hasta que se aclare qué tribunal es el competente

Su argumento fue el que utilizó uno de los primeros imputados en la causa, el ex regidor de Boadilla del Monte. Arturo González Panero se negó a declarar hasta que se aclare qué tribunal es el competente para enjuiciar los hechos investigados y se levante el secreto del sumario.
Sólo uno de los cuatro imputados que comparecieron ante Garzón accedió a declarar: el ex concejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, defendido por el ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño.

El abogado consideró "un error" la acusación de su cliente, porque "documentalmente se ha intentado demostrar que no ha percibido nada ajeno a su función de concejal". Por eso, a la vista de que renunció a su acta de concejal, lo que considera de por sí "una medida cautelar", pidió a Garzón que le levantara la imputación, algo improbable en este momento del proceso.
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arzón se queda fuera
Exige saber si Patricia Lázaro dio trato de favor a Carlos Martín y a un intermediario.
YOLANDA GONZÁLEZ - MADRID - 19/03/2009 08:00

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, solicitó que la concejala de Coordinación Institucional, Patricia Lázaro, dé explicaciones sobre el presunto trato de favor que ha dado a Carlos Martín, profesor de pádel e intermediario a quien conoce desde su juventud. Los socialistas creen que la comisión permanente de la Vicealcaldía, que tendrá lugar con casi toda posibilidad el miércoles próximo, es el marco perfecto. Mientras, el Gobierno de la capital no baraja cesar a Lázaro.

El PSOE pretende que la concejala de Ruiz-Gallardón "aclare" las informaciones reveladas ayer por Público, que demuestran que Patricia Lázaro adelantaba información sobre futuros proyectos municipales relacionados con el deporte a Carlos Martín, que también era su monitor de pádel. Además, la empresa pública Club de Campo Villa de Madrid, donde Lázaro es consejera, adjudicó un contrato de consultoría por importe de 22.000 euros a Ingesport, para la que el citado profesor actuaba como intermediario.

Ingesport premiaba el trato de favor que le dispensaba la concejala con un gratis total en el spa del hotel madrileño NH Eurobuilding. "Patricia mientras quiera todo free", puede leerse en uno de los correos publicados por este diario. Lázaro admitió que había disfrutado del pase gratuito.

El papel de Cobo y Botella
Los socialistas tienen ya preparada una batería de preguntas encaminadas a que la concejala aclare si ha existido "trato de favor" a la empresa Ingesport y si el alcalde, el vicealcalde, Manuel Cobo, y la edil de Medio Ambiente, Ana Botella, estaban al tanto de estas operaciones. Cobo es el presidente del Club de Campo Villa de Madrid y Botella figura entre sus consejeros. En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, preguntarán al regidor madrileño por qué no ha tomado cartas en el asunto.

Los socialistas solicitaron todos los contratos de Ingesport con el Ayuntamiento

Paralelamente a esta batería de preguntas, los socialistas solicitaron todos los contratos de Ingesport con el Ayuntamiento, así como "todas las subcontratas" que tienen las empresas del consistorio con la citada empresa o con firmas relacionadas con la misma. "Vamos a pedir los contratos históricos, los que se han producido desde 2003", aclaró Lucas. Confían en recibir la documentación la próxima semana.

Independientemente de las conclusiones que puedan extraerse de las respuestas de Lázaro, Lucas considera que "en momentos de crisis económica, el gratis total en un spa de lujo no es un ejemplo de lo que hay que hacer por los ciudadanos".

El portavoz socialista aseguró que una vez que escuchen las aclaraciones, tomarán las medidas que consideren oportunas. "No descartamos ningún tipo de acción, pero lo primero es escuchar las explicaciones de Patricia Lázaro".

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid no tiene previsto cesar en su cargo a Patricia Lázaro. Fuentes próximas al alcalde aclararon que no existe ningún tipo de intención de destituir a la concejala.

"Era la mejor oferta"
Además, insistieron en que Lázaro había renunciado a su pase gratuito en el mencionado hotel hace una semana, cuando Público contactó con ella por vez primera para contrastar el contenido de los correos electrónicos.

Las mismas fuentes recordaron que la concejala ya había negado "cualquier trato de favor" a Carlos Martín y que la adjudicación a Ingesport se hizo en base a que era "la mejor oferta". "Así rezaba también el correspondiente informe de los técnicos", añaden.

Además, aclararon que para que Patricia Lázaro pueda dar explicaciones la próxima semana los socialistas deben presentar su solicitud de comparecencia en el registro del Ayuntamiento. El entorno próximo a la concejala aseguraba que ayer había pasado el día trabajando en su despacho del consistorio madrileño y que la noticia la había dejado "tocada".
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Luis Bárcenas califica de “absolutamente falsa” la información de El País sobre su persona
El tesorero del PP se declara inocente y amplia su denuncia contra Garzón
ELPLURAL.COM / EFE

El senador por Cantabria y tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha ampliado este miércoles su denuncia contra el juez Baltasar Garzón por su actuación en el caso Gürtel. El político popular, que también ha cargado contra el diario El País, ha asegurado que es "absolutamente falso que tenga o haya tenido relación ilícita alguna con Francisco Correa"-

En concreto, Bárcenas ha remitido sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado en los que amplía su denuncia contra Garzón, y en otra comunicación al director de El País niega rotundamente que haya recibido "directa o indirectamente" de Correa cantidad de dinero alguna, informa la agencia Efe
Enfado por las informaciones
La decisión de Bárcenas de ampliar su denuncia contra Garzón es consecuencia de las informaciones en las que se apunta que sigue siendo investigado por el juez, algo que considera como un comportamiento "gravemente irregular".
“Una burla intolerable”
En concreto, se refiere a una información que este miércoles publicó el diario El País titulada: "Un nuevo informe policial apuntala la implicación del tesorero del PP". Del mismo modo, Bárcenas califica de "burla intolerable" que se sigan filtrando datos a los medios de comunicación de forma interesada "en claro perjuicio" de su persona.
Niega los hechos
El tesorero del PP también ha escrito una misiva al director de El País, Javier Moreno. En este texto, Bárcenas solicita el derecho de rectificación y señala que es "absolutamente falso" que tenga o haya tenido relación ilícita alguna con Francisco Correa y que haya recibido de él directa o indirectamente cantidad alguna.Intereses de Correa"No he mediado, intervenido, influido o solicitado favorecimiento alguno de los intereses de Correa a ningún tipo de funcionario público o autoridad", niega el dirigente del PP.
Recordatorio
Por otro lado, en al documento enviado a Garzón, Bárcenas le recuerda que debe abstenerse de realizar la investigación y remitir las actuaciones a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser una persona aforada. Añade que las actuaciones y el procedimiento están protegidos por la declaración de secreto del sumario y que hoy se ha visto sorprendido por "un nuevo y lamentable" capítulo, en alusión a la información de El País.

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dimecres, 18 de març de 2009

PP Vice. 18/03/2009. Un nuevo informe apuntala la implicación del tesorero del PP.

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Un nuevo informe apuntala la implicación del tesorero del PP en la trama corrupta

La policía entrega a Garzón más detalles de los vínculos de Bárcenas con Correa

PABLO X. DE SANDOVAL - Madrid - 18/03/2009

La investigación sobre la posible implicación de aforados del PP en la trama de corrupción urdida en torno a las empresas de Francisco Correa sigue adelante. La policía ya ha entregado al juez Baltasar Garzón el informe que éste había solicitado sobre la supuesta vinculación de la red con el tesorero del Partido Popular, el senador Luis Bárcenas, cuyo nombre era invocado por la red a fin de conseguir contratos para Correa. El líder de la trama incluso presumía en una de las conversaciones grabadas de haberle entregado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas.

Rubalcaba afirma que la policía que detiene delincuentes es la misma que la que detiene a miembros del PP
VIDEO - AGENCIA ATLAS - 17-03-2009
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegura que la policia que "detiene delincuentes es la misma que detiene a algunos de sus amigos o ex amigos". - AGENCIA ATLAS

El juez pidió más datos sobre la posible relación de la trama con Bárcenas
El PP acusa a Rubalcaba de ser "el cerebro" del acoso al partido


El informe, de seis folios, fue entregado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía a principios de la semana pasada, según fuentes conocedoras de la investigación. Éstas explican que, aunque el primer informe de investigación sobre la trama, de 130 folios, ya tenía "datos contundentes" sobre Bárcenas, Garzón reclamó algunas aclaraciones. La fiscalía no vio indicios relevantes en el primer informe para implicar a Bárcenas.

El juez solicitó a los investigadores que le aportasen más datos para aclarar si las iniciales L. B. que aparecen en documentos, ordenadores y archivos de memoria de la trama se refieren a Bárcenas. También quería precisiones sobre las declaraciones de imputados que habían citado al tesorero.

La vinculación de Bárcenas con la trama permitiría al juez Baltasar Garzón inhibirse ante el Supremo, al ser Bárcenas aforado nacional, así como, la posibilidad de que el Alto Tribunal reclamase la totalidad de la causa, incluida la que ha sido remitida a los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana, tras la implicación de diputados aforados de dichas autonomías.

El PP incrementó ayer sus ataques para desviar la atención sobre la trama corrupta y culpó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de las sospechas de corrupción que recaen sobre los populares. El diputado Ignacio Cosidó (PP) había acusado en su blog a Rubalcaba de ser "el cerebro" que dirige la operación policial y judicial sobre el caso Correa. Rubalcaba, que había acudido ayer al Congreso a presentar los datos de criminalidad, se incendió cuando el portavoz del PP insistió en público en esa tesis.

"Es una infamia absoluta", dijo el ministro con una irritación evidente. "Si ustedes creen que es un juicio político, díganle al señor [Francisco] Camps que presente las facturas [de sus trajes, supuestamente pagados por las empresas de la trama como regalo]. Si las tiene, las presenta y se acabó el problema". En su alegato, Rubalcaba también se fijó en Bárcenas, que aún no está imputado: "Acusan a la policía, al fiscal, a la Audiencia, al ministerio y no le preguntan a Bárcenas. Vayan a él y pregúntenle. Y si dice que no [está implicado], se acabó el problema".
Las fuentes consultadas aseguran que el caso no está ni mucho menos acabado y que aún hay "mucho material por analizar" y "muchos cabos por atar". Garzón citó ayer mismo a Francisco Correa, jefe de la trama, Antoine Sánchez y Pablo Crespo (ex secretario de Organización del PP gallego) para que éstos abrieran en su presencia y leyeran el correo personal que le han enviado a la prisión, ya que los tres están encerrados en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 11 de febrero. También ayer, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid dio dos días de plazo a la fiscalía para que le informe de si debe o no asumir la investigación. El juez Garzón tiene previsto tomar declaración a los ex alcaldes de Pozuelo y Arganda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Ginés López (ambos del PP), respectivamente, informaron fuentes jurídicas. Otras fuentes indicaron la probabilidad de que "una alcaldesa" sea imputada en próximas fechas.

Duelo Cosidó (PP) Rubalcaba (PSOE)
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió ayer con dureza al Partido Popular cuando fue acusado de dirigir la investigación del
caso Correa y filtrar datos a los medios. El portavoz del PP, Ignacio Cosidó, acusó en su blog a Rubalcaba de ser "el cerebro gris y jefe máximo de la trama urdida por el PSOE para criminalizar" al PP.
- Cosidó: "Están dando más prioridad a investigar a la oposición que a perseguir a los criminales".
- Rubalcaba: "No voy a entrar en su artículo, que me parece infame. La policía que detiene delincuentes es la misma que detiene a algunos de sus amigos".
- Cosidó: "Yo le acuso de una instrumentalización política de la policía. Usted establece las prioridades políticas sobre qué casos investigar. Usted filtra información en épocas preelectorales que perjudica a mi partido".
- Rubalcaba: "La policía hace su trabajo, que es perseguir delincuentes, tengan carnet del PP o no, (...) Aparte de ser una infamia, es sencillamente falso. ¿Por qué hacen ustedes esto? ¿Le parece responsable? Díganle al señor Camps que presente las facturas y se acabó el problema. ¿No es más sencillo llamar a Bárcenas al despacho y decirle 'tú estás metido en este lío'? Y si dice que no, se acabó el problema. Pero no ha dicho ni pío".
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Sáenz de Santamaría ve normal pagar trajes en metálico y defiende la inocencia de Camps
Editorial: Protegiendo a Camps
Madrid adjudicó al menos 100 contratos a la trama de Correa
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Los ex alcaldes de Pozuelo y Arganda no declaran ante Garzón

Jesús Sepúlveda (Pozuelo) y Ginés López (Arganda) defienden que no saben quién es el juez competente

ELPAÍS.com - Madrid - 18/03/2009

A la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia asuman la investigación de la trama corrupta de empresas dirigidas por Francisco Correa y vinculadas al PP, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha proseguido hoy con sus interrogatorios y ha citado a seis nuevos imputados, entre ellos los ex alcaldes del PP en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López. Ambos se han acogido al derecho constitucional de no declarar, en una estrategia similar a la empleada por el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien se negó a responder por no conocer aún quien es el juez competente. El ex regidor de Pozuelo ha afirmado a la salida de la Audiencia que mientras la causa sea secreta no va a declarar y ha añadido que no se le ha impuesto ninguna medida cautelar, a diferencia de lo ocurrido con González Panero, al que se le obligó a comparecer cada semana ante el juzgado más cercano a su casa.

El magistrado les acusa de delitos de cohecho, blanqueo, fraude fiscal y tráfico de influencias. En su auto sostiene que los seis hicieron operaciones con la trama corrupta de Correa por un valor total de 3.297.566 euros. Al margen de estas operaciones, Sepúlveda, ex marido de la vicesecretaria de organización del PP Ana Mato, fue supuestamente obsequiado en 1999 por Correa con un Jaguar valorado en 8,6 millones de pesetas, si bien en el auto Garzón no hace referencia a esta regalo, sino a otros como un vehículo todo terreno -un Range Rover Vogue- y una pantalla de plasma.

Pese a que la causa ha sido ya trasladada a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, ante los que Garzón se ha inhibido al hallar indicios contra aforados regionales, el juez continúa instruyendo el caso Gürtel hasta que se confirme si estos tribunales asumen definitivamente la investigación. La policía entregó ayer al juez un nuevo informe en el que apuntala la implicación del tesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre quien ya había datos de su relación con la trama (en unas grabaciones Correa presumía de haberle pagado 1.000 millones de pesetas), aunque la fiscalía no encontró indicios suficientemente relevantes.

José Galeote no acude al juzgado
Otros de los hoy citados son José Galeote -ex concejal de Boadilla- y Ricardo Galeote -ex concejal de Estepona (Málaga)-, padre y hermano, respectivamente, del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. Garzón les atribuye sobornos entre los que la cantidad más alta es la obtenida por José Galeote (612.506 euros), seguido por Ginés López (523.439 euros) y Sepúlveda (422.992 euros). Sin embargo, José Galeote no ha acudido a la cita, porque según ha explicado su hijo Ricardo, ha tenido que ingresar la pasada noche en un hospital. Ricardo Galeote ha anunciado que sí va a declarar, a diferencia de los ex alcaldes de Arganda y Pozuelo.

Garzón interroga hoy también a Tomás Martín Moral -director general de gestión urbanística de Boadilla del Monte (Madrid) y cuyo ex alcalde González Panero aparece entre los 37 primeros imputados en esta causa- y Clemente Aguado, ex diputado de la Comunidad de Madrid y que fue asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila.
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El magistrado Flors, ponente del 'caso Camps' en el TSJ

Los socialistas reclaman que el presidente explique cómo paga sus gastos

LYDIA GARRIDO - Valencia - 18/03/2009

El magistrado José Flors Matíes es el encargado de dirimir si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es competente para investigar el caso Camps. La sala de Lo Civil y Penal, en la que descansan los asuntos que afectan a aforados, decidió ayer, cumpliendo con las normas de reparto, que Flors se haga cargo de la causa. Juez de carrera, adscrito a la asociación Francisco de Vitoria, José Flors fue el instructor que archivó la querella presentada por Eduardo Zaplana contra dos diputados autonómicos socialistas por la difusión de unas conversaciones en relación con el caso Terra Mítica.

José Flors pertenece a la sala de Lo Civil y Penal desde octubre de 1995, responsabilidad a la que accedió desde la presidencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Es director de la Revista Jurídica, que publica la editorial Tirant Lo Blanc, y acumula decenas de libros publicados sobre distintos aspectos jurídicos, desde revisiones de leyes a programas de opositores. Cuenta con un amplio reconocimiento en la carrera judicial.

El magistrado, como ponente, tendrá ahora que evaluar si la causa enviada por el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, en la que implica en una trama de sobornos al presidente Francisco Camps, al secretario de los populares valencianos, Ricardo Costa, al ex consejero de Justicia Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret es competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La causa tiene dos aforados, Camps y Costa. Y por ello, en sentido estricto es el TSJ el tribunal correspondiente. Sin embargo, a tenor de los delitos (cohecho, tráfico de influencias y falsificación) deberá estudiar si correspondiera hacerse cargo del caso al tribunal del lugar en el que se cometieron o al primero que conoció de los hechos. Es decir, el caso podría ser enviado al Tribunal Supremo o devuelto a la Audiencia Nacional. Esas cuestiones técnicas, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, serán las que despejará. Su decisión será presentada a la sala, formada por cuatro magistrados más. Y si la sala considera que, en efecto, es el TSJ el tribunal competente, el siguiente paso será la instrucción, que debería igualmente corresponderle a él, tal y como ha funcionado la sala de Lo Civil y Penal hasta ahora.

La llegada del caso Camps al tribunal valenciano no ha hecho que los implicados desvelen más datos sobre los supuestos regalos que recibieron y los favores que en contraprestación pudieron hacer. La Generalitat mantiene que acudirá a la justicia para defenderse de quienes "ataquen al presidente". Por ello, la oposición insiste en pedir explicaciones.

Josefa Andrés, portavoz socialista de Justicia, exigió ayer al presidente Camps que aclare "si va a utilizar los servicios jurídicos del Consell para fines privados", en relación precisamente a esas acciones legales anunciadas el pasado domingo.

Elena Martín, secretaria de organización del PSPV, reclamó ayer a Camps que explique cómo paga sus gastos y por qué no puede justificar el pago de los trajes que niega haber recibido como dádiva. El diputado socialista Ximo Puig pidió "la comparecencia de Camps en las Corts".

Por su parte, el consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, no quiso ayer hacer declaraciones sobre el asunto y se limitó a decir: "Son milongas, una mentira del principio hasta el final".
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Una concejala de Gallardón benefició al monitor de pádel

Patricia Lázaro le adelantaba información sobre proyectos municipales.

MANUEL RICO - Madrid - 18/03/2009 07:30

Carlos Martín, monitor de pádel del vicepresidente madrileño reconvertido en conseguidor de adjudicaciones públicas, tenía en su nómina de contactos a la concejal de Coordinación Institucional del Ayuntamiento de Madrid, Patricia Lázaro. La firma para la que Martín actuaba como intermediario, Ingesport, consiguió gracias a sus gestiones un contrato de consultoría con la empresa municipal Club de Campo Villa de Madrid, SA. Patricia Lázaro forma parte del consejo de administración de dicha sociedad. El presidente de la compañía es el vicealcalde, Manuel Cobo, y entre sus consejeros figura la edil de Medio Ambiente, Ana Botella.

La consultoría concedida por el Club de Campo a Ingesport tenía una vigencia de un año y el importe del contrato ascendió a 22.000 euros.

Con meses de antelación
Patricia Lázaro informaba además a Martín, con meses de antelación, sobre los planes del Ayuntamiento para sacar a concurso la gestión de polideportivos. Así se deduce de los correos de índole profesional que intercambiaron Carlos Martín y el presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, a los que ha tenido acceso Público.

Ingesport dice que es el único contrato que tiene con el Ayuntamiento
El político más citado en los 49 correos que tiene este diario es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Carlos Martín fue su profesor de pádel y recurrió a González en diversas ocasiones para pedirle ayuda en sus negocios de intermediario. La segunda política más mecionada es Patricia Lázaro, que también dio clases de pádel con Martín, a quien la edil conoció en su juventud.

A cambio del trato de favor concedido a Martín, la concejala de Gallardón entraba gratis total en el lujoso spa Elysium del NH Eurobuilding, que gestionaba Ingesport. “Respecto a las gratuidades en Elysium. No existen. Solo personas contadísimas. Patricia mientras quiera todo free, así lo he comunicado en el Spa”, le explica Sáez a Martín, en un correo que le envió el 21 de noviembre de 2007.

El presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, admitió en declaraciones a este diario la existencia del contrato de consultoría con el Club de Campo. Pero le restó importancia: “Era un trabajo sobre la viabilidad de montar un spa en las instalaciones del Club de Campo”. Sáez insistió en que es “el único contrato” que Ingesport ha recibido del Ayuntamiento de Madrid.

“Celebrar la victoria”
A cambio, la edil disfrutaba gratis total del lujoso ‘spa’ del NH
Los correos electrónicos de Carlos Martín demuestran la relación de confianza que tenía con Patricia Lázaro. El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Martín queda con la concejala para “celebrar la victoria y hablar”. En concreto, Martín le cuenta a Sáez lo siguiente: “Ya han pasado las elecciones y me gustaría visitar del 1 al 15 de junio a los ayuntamientos que tenemos controlados. Hoy he quedado con Patricia para celebrar la victoria y hablar. Para el miércoles he quedado con Cristina para que planifique un poco los que ella tiene controlados”. Este diario preguntó a Gabriel Sáez si la Cristina citada en el mensaje es Cristina Cifuentes, diputada autonómica del PP de Madrid, pero el dueño de Ingesport dijo desconocerlo: “Yo no he visto nunca a esa señora”.

Lázaro conoce desde su juventud al profesor de pádel de González
Varios meses más tarde, el 13 de noviembre de 2007, Martín le cuenta a Sáez otra conversación reveladora que ha tenido con la edil de Gallardón: “Me preguntó Patricia que si todo va bien y le dije que ya se lo diría, me imagino que lo dirá por Club de Campo y por De la Villa. Por cierto, van a hacer un polideportivo bastante grande en el mercado de la Cebada, que por cierto en esa zona no hay nada municipal, quieres que le llame a Miguel o se lo digo a Patricia para empezar desde un principio con el proyecto?”. Miguel de la Villa es el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

El 25 de febrero de 2008, después de regresar de una visita a Pozuelo de Alarcón (Madrid) para hablar con el alcalde sobre el polideportivo del Valle de las Cañas, Martín le pregunta a Sáez si ha “echado una ojeada a las 2 gestiones de polideportivos que me ha comentado Patricia”.

En las siguientes semanas se producen varias discusiones entre Sáez y Martín. El dueño de Ingesport acusa al conseguidor de no cumplir con su trabajo, una acusación que lleva a Martín a contestarle que tendrían más contratos “si hubieras soltado lo que tenías que soltar”, tal y como informó ayer Público. En ese mismo mensaje, Martín vuelve a hablar de su relación con la concejal de Gallardón: “Yo estoy trabajando para que mis contactos estén para cuando Ingesport los necesite, como pasa con Patricia Lázaro”.

"Los correos están manipulados
El letrado Vicente García Elías envió ayer un comunicado a Público asegurando que los dos correos publicados el 16 de marzo “están burdamente manipulados”. García Elías, a quien este diario no había identificado, era el letrado de Gabriel Sáez y de Carlos Martín. En los mensajes, se hacen diferentes menciones al vicepresidente Ignacio González. Este diario comprobó la veracidad de los 49 correos recibidos antes de iniciar su publicación.

Lázaro admite que tenía pase gratuito en el NH
La concejala de Coordinación Institucional, Patricia Lázaro, admitió en declaraciones a este diario que Ingesport recibió un contrato de la empresa Club de Campo Villa de Madrid, pero defendió la legalidad de la adjudicación. Además, negó la existencia de cualquier trato de favor.

Lázaro sostiene que se contrató a Ingesport “porque era la mejor oferta, tal y como consta en el informe redactado por los técnicos”. Ella es consejera del Club de Campo desde el año 2003.
La concejala de Gallardón también admitió que había estado utilizando un pase gratis total para el spa del NH Eurobuilding, que gestiona precisamente Ingesport. Patricia Lázaro añadió que se había dado de baja hace una semana, después de que Público contactase por primera vez con ella para preguntarle sobre su relación con Carlos Martín.

La edil del PP explicó a este diario que conocía al profesor de pádel desde su juventud y señaló que, desde que entró en el Ayuntamiento de Madrid, sus contactos con Martín han sido “esporádicos”. Lázaro confesó que lo había recibido “una vez” en su despacho para hablar sobre proyectos del Ayuntamiento, pero indicó que es un procedimiento absolutamente normal que se realiza con otras muchas empresas. En su opinión, Martín falta a la verdad en sus correos, al “presumir” de una relación fluida con ella “que en realidad nunca ha existido”.
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El PP amplía su querella contra el juez Garzón

Los conservadores consideran que el sastre de Camps no debió comparecer ante el magistrado.

AGENCIAS - Madrid - 17/03/2009 20:40

El Partido Popular ha presentado en el Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra el juez Baltasar Garzón por tomar declaración al sastre José Tomás, imputado en la supuesta trama de corrupción denominada 'operación Gürtel', una vez que ya había dictado el auto por el que se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En su escrito, el PP señala que Garzón decidió tomar nueva declaración al sastre de Francisco Camps el 13 de marzo "preguntándole de nuevo, a tenor de lo reflejado en los medios de comunicación, sobre los hechos en que se asienta la posible implicación de algunos de los aforados", en referencia al presidente de la Generalitat valencana, Francisco Camps.
El primer partido de la oposición señala que José Tomás "concedió al diario El País una entrevista el 15 de marzo en la que revelaba buena parte de sus declaraciones ante el juez instructor y, en consecuencia, ponía de manifiesto cómo el grueso de las preguntas que le formuló Garzón y las respuestas que él dio venían referidas a la compra de trajes por parte de algunos de los aforados".

Con ello, prosiguen los conservadores, se constata "claramente" que "no se respetó la obligación de abstenerse de realizar nuevas diligencias de instrucción respecto de los aforados por parte del juez instructor", sino que siguió "citando a testigos y, al parecer, interrogándolos sobre los hechos remitidos a los Tribunales Superiores de Justicia".

Garzón compromete "la validez de todo lo instruido porque carece de competencias para ello"
Según el PP, con esta actuación Garzón ha comprometido "la validez de todo lo instruido" porque, a su entender, carece "total y absolutamente de competencias para ello". "Eso supone, a juicio de esta parte, una conducta constante y consciente absolutamente contraria a la legalidad establecida, y por lo tanto, que puede incardinarse en los hechos típicos propios del delito de prevaricacón", sostiene.

"Ocultación de información relevante"
El Partido Popular justifica también esta ampliación de la querella en la ocultación de "información relevante". Así, recalca que en los autos dictados por Garzón se pretendía hacer ver que "el elemento determinante para proceder a la inhibición era el informe de la UDEF, al menos en lo que se refiere a la presunta implicación delictiva de los aforados ante el TSJ de Valencia".
Sin embargo, los conservadores subrayan que esa afirmación "no resulta cierta porque ya con anterioridad se había considerado por el propio juez instructor que existían indicios suficientes de delito contra algunos aforados, y así lo habían reconocido en alguna resolución".

En este sentido, cree que "resulta muy interesante destacar" cómo en estos autos de inhibición en los que Garzón hace una cronología detallada de los hechos desde que asumió la competencia "se produce un salto en dicha cronología para ocultad deliberadamente la existencia y contenido del auto de fecha 13 de febrero dictado por el juez instructor con el fin de rechazar la solicitud de personación formulada por el PP".

Por todo ello, el Partido Popular pide al Tribunal Supremo que admita la ampliación de hechos en la querella criminal que presentó el pasado 25 de febrero contra Garzón por un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los ciudadanos, y que fue ampliada más tarde por otro delito de revelación del secreto de sumario.

Sin embargo, la Fiscalía sugirió al Tribunal Supremo hace unos días que archivara la querella del Partido Popular porque considera que las actuaciones del juez Garzón no consistituyen un delito de prevaricación.
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Correa abre su correspondencia

El PP exige al juez que pida perdón el 'lino'

EFE - Madrid - 17/03/2009 16:29

Los tres únicos imputados en el caso "Gürtel" que están encarcelados -el líder de la supuesta trama de corrupción, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- han sido conducidos hoy a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado había ordenado que se abriera su correo y se leyera en su presencia el contenido de las cartas que les envían a la prisión madrileña de Soto del Real, donde ingresaron el pasado 11 de febrero, para comprobar si tienen relación con la investigación.

Si el juez determina que las misivas recibidas pueden tener algún interés en el "caso Gürtel" se acordará su incorporación a la causa y, en caso contrario, se entregarán a los receptores, que se encuentran en prisión preventiva acusados de asociación ilícita, cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Se trata de un trámite que habitualmente se hace en prisión, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) permite al juez ordenar que haga delante de él.

Así, el artículo 579 de la LECrim establece que "podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen", mientras que el 584 dice que "para la apertura y registro de la correspondencia postal será citado el interesado".

Correa, desmejorado
El primero en comparecer ante Garzón ha sido Correa, que entró a las 13.10 horas en el despacho, esposado, con aspecto desmejorado y vistiendo vaqueros y la misma americana azul con coderas marrones que llevaba el día que declaró por primera vez ante el magistrado.
Correa permaneció veinticinco minutos en el despacho y salió sosteniendo en sus manos una carta, mientras que su primo Antoine Sánchez salió diez minutos después de entrar en el juzgado y, al ser preguntado por los periodistas por el motivo de su comparecencia ante Garzón, ha contestado que venía "para saludar al juez".

El juez sigue instruyendo el "caso Gürtel", al menos, hasta que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia contesten si asumen esta causa tras haberse inhibido en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales de ambas comunidades autónomas.
Así, mañana tiene previsto tomar declaración a partir de las 10.00 horas a otros seis nuevos imputados, entre los que destacan los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y de Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente.
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Orange Market y otros contratistas del Consell dieron una fiesta sorpresa al director de RTVV en Marrakech

Pedro García viajó en el avión de Vicente Cotino, copropietario de Sedesa y de la principal adjudicataria de residencias. Álvaro Pérez voló con otros empresarios en aerotaxi a celebrar el 40 aniversario del jefe de Canal 9

Francesc Arabí, Valencia

En circunstancias difíciles se ve quién es amigo de verdad. Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de presunta corrupción investigada por el juez Garzón, lo es del director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Pedro García. Por esa sincera amistad, el imputado contratista de cabecera del PP valenciano y de la Generalitat no dudó en sumarse a la comitiva organizadora de una inolvidable fiesta en honor a García, como para espantar el peligro de la crisis de los cuarenta, una edad difícil. Pérez y otros contratistas del Consell montaron un exótico 40 cumpleaños del jefe de Canal 9 y persona de la máxima confianza del presidente Francisco Camps. Fue una fiesta sorpresa en la mítica Marrakech, el fin de semana del 7, 8 y 9 de diciembre de 2007. El máximo responsable del ente público se desplazó a ciegas hasta la llamada perla del sur en el avión privado de Vicente Cotino, copropietario del Grupo Sedesa y sobrino del vicepresidente del Consell Juan Cotino. García no es hombre de grandes emociones, pero tampoco tiene el corazón de piedra. Cualquiera en su lugar también se habría emocionado cuando, estando en el vestíbulo del Sofitel -un cinco estrellas- vio aparecer como caídos de la torre de la mezquita Koutoubia un grupo de animadores de lujo luciendo una camiseta en la que se leía: "Peter's birthday 40". Como en las despedidas de soltero, pero con más clase. De aquí a Marrakech. Habían llegado en un aerotaxi fletado para la ocasión que voló desde Manises.

Viajaron con las esposas
Los de la comitiva eran como de la familia. Para Pedro García y para los presupuestos de la Generalitat. Álvaro Pérez acudió, como casi todos, con su mujer, la ex mamachicho Noemí Ramal, que ha presentado las dos últimas campanadas de Nochevieja en Canal 9. Estaban los empresarios Miguel Perelló, Nicolás Terol (de Manterol) y Arturo Blanch, del grupo Mediterránea de Medios, entre otros. Fueron 72 horas intensas que nunca olvidará Pedro García. Quizás por ello, porque amor con amor se paga, el director de RTVV no dudó en aceptar ser el padrino en el bautizo de la hija de Álvaro y Noemí. El padrino titular se cayó del cartel por ingreso en prisión. Era Francisco Correa, cabecilla de la trama. En Marrakech hubo cena en una jaima de lujo, con tarta también sorpresa con sus velitas y todo. Música y mucho espectáculo, a la altura de la especialidad de los presentes. Álvaro Pérez animó el sarao contando chistes que llevaba el copyright de su tío político Andrés Pajares, de quien fue representante artístico. No faltó el toque romántico, en forma de paseos en calesa. Y visita a la plaza Jemaa el Fna, en el corazón de Marrakech. Estuvo el productor audiovisual Miguel Perelló, también amigo de Pérez. Tanto que éste le dejó subirse en su Cam-Am, un híbrido entre coche y moto que cuesta más de 20.000 euros. Perelló ha recibido, con sus productoras Intercartel y después Indigomedia, unos 12 millones de euros en subvenciones a proyectos cinematográficos desde Presidencia.También acudió Arturo Blanch, hermano de Ignacio Blanch, apoderado de Orange Market hasta el 22 de diciembre de 2004 y ex delegado de Canal 9 en Madrid. Empresas de Blanch contratan con la Generalitat.

16 millones para Gerocentros
El hotel y las visitas concertadas se contrataron a través de una agencia de viajes y cada cual se pagó su plaza y los gastos, según uno de los empresarios que viajó. También apuntó que fueron varios periodistas y un destacado empresario del motor, pero otra fuente indicó que finalmente no pudieron acudir por razones de trabajo. En la organización del viaje participó muy activamente Vicente Cotino, que hizo de gancho de García. Es el hombre fuerte del grupo Sedesa, que, a través de Sedesa Concesiones, controla el 38,7% de Gerocentros del Mediterráneo, empresa que, con la marca Savia Centros Residenciales, lidera el sector de las residencias para la tercera edad. De las 22 que explota, 20 son concertadas. Tienen garantizadas más de un tercio de su ocupación con plazas subvencionadas. En 2007, Gerocentros recibió 15,9 millones de euros del Consell. El contrato del plan gerontológico diseñado en 2001 por Rafael Blasco cuando era conseller del ramo fue cambiado, en enero de 2008, para mejorar las condiciones de las adjudicatarias, lo que motivó la denuncia del PSPV al acusar a Juan Cotino de favorecer los negocios de su familia.

Otro que no se perdió el evento de Marrakech fue el empresario Nicolás Terol, gerente de Manterol, empresa textil de Ontinyent. Pedro García conoce a Terol desde que ambos estudiaban en los franciscanos de la capital de la Vall d'Albaida. La mujer de García es Lourdes Soriano, hija del también empresario y presidente de Caixa Ontinyent, Rafael Soriano. La amistad entre lo dos matrimonios se ha cultivado durante años de militancia en la comparsa Kábilas. En 2005 les tocó capitanía mora a la filà. Y Terol fue el capitán. El boato estuvo a la altura del bolsillo de los insignes representantes de la burguesía local. Pedro García fue un escolta de lujo.
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