Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
– Los exiliados creaban distintas asociaciones marcadas por las diferencias ideológicas, pero mantenían el denominador común de la cultura laica y la esperanza en la caída de la caída de Franco para regresar a España
– Entrevista con Sonia Subirats, hija de exiliados en México, presidenta de la Asociación de Hijos y Nietos del Exilio Republicano y codirectora del documental ‘Desde el silencio. El exilio republicano en el Norte de África’
Sonia Subirats compara los exilios en México y el Norte de África, destacando cómo en ambos los republicanos que se vieron forzados a huir solían crear distintas asociaciones marcadas por las diferencias ideológicas (socialistas, comunistas, anarquistas, etc.), pero manteniendo el denominador común de la cultura laica y la esperanza en la caída de Franco para regresar a España, algo que se diluyó tras comprobar cómo las potencias occidentales decidieron mantener al dictador en el poder al final de la Segunda Guerra Mundial pese a la derrota de sus aliados del Eje, Hitler y Mussolini.
Los exiliados españoles en el Magreb normalizaron su vida allí tras haber sido recluidos en durísimos campos de concentración con trabajos forzados hasta que se produjo la independencia de Marruecos, Argelia y Túnez, una situación que obligó a la inmensa mayoría a abandonar esos países -otro exilio-, pese a que por su ideología progresista habían respaldado los movimientos anticolonialistas.
En otro orden de cosas más reciente, en 1977 un grupo de vecinos de Triana, en su mayoría mujeres, cortaban el tráfico en la calle San Jacinto de Sevilla para reclamar un semáforo. Este hecho da pie a que en la sección La Cultura de la Memoria, Susana Aguilar entreviste a Eloisa Baena, directora del archivo andaluz de CCOO, cuya documentación histórica está siendo digitalizada. La canción que interpreta Rafa Álvarez en directo para finalizar el programa es ‘Si me quieres escribir’.
Emisión.- Viernes, 28 de diciembre de 2018, a las 21 horas en Radio Andalucía Información.
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El Consejo de Ministros emitió una declaración de “reparación” a la memoria del president de la Generalitat Lluis Companys y era la primera vez que el Gobierno de España hacía un reconocimiento de este tipo
Miles de sentencias políticas aplicadas por los tribunales franquistas siguen vigentes, sin embargo, incluida la que condenó a muerte a Companys
El Congreso trabaja en una reforma de la ley de Memoria Histórica que abre la vía a la anulación de la justicia de la dictadura, una tarea ingente que se abre en la guerra civil y llega al tardofranquismo
Dos personas observan una fotografía de Lluis Companys.
El Gobierno de España rechaza la condena a muerte de Lluis Companys. La dictadura de Francisco Franco ejecutó al presidente de la Generalitat en 1940. Pero el Consejo de Guerra que mandó al paredón al político catalán sigue vigente. ¿Cómo se anulan los juicios del franquismo? ¿Y para qué serviría que el Estado asuma esta revisión?
La ley de Memoria Histórica declara la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas. El Congreso de los Diputados fue un poco más allá y en septiembre de 2017 señaló como "radicalmente nulas e injustas" las sentencias dictadas en este marco jurídico.
Queda el gran paso, reclamado por las asociaciones memorialistas como una reivindicación básica: anular la parafernalia judicial franquista. Requiere una modificación del marco legal que está en trámite en el Parlamento gracias a un acuerdo de PSOE y ERC, como aclaran fuentes de Moncloa.
¿Para qué serviría la anulación de la justicia de Franco? Como elemento reparador, y quizás solo simbólico, para las víctimas y sus familiares. Que el propio Estado subraye el carácter ilegítimo de aquellas sentencias declarando, por tanto, que los condenados por la judicatura golpista eran inocentes.
La justicia al revés
Los golpistas de Franco, rebeldes contra el Gobierno de la República, juzgaron por un delito de rebelión a quienes defendían la democracia. Era la justicia al revés. De ahí, el régimen franquista quedó asentado sobre una encarnizada matanza fundacional que nació de la aplicación de los Bandos de Guerra que permitía ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.
Es decir: quienes dan el golpe de Estado matan sin abrir juicio, emitir sentencia, ni otorgar capacidad de defensa para los asesinados. Como sucedió con el Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, por ejemplo, y decenas de miles de personas que siguen tiradas en centenares de fosas comunes y cunetas.
Trabajos arqueológicos en una fosa común en Monturque (Córdoba). | JUAN MIGUEL BAQUERO
Desde febrero del 37 los rebeldes intentan vestir con un halo de legalidad a las ejecuciones por motivos ideológicos, sociales y políticos. Pasan de la represión caliente a celebrar una suerte de juicios farsa: los Consejos de Guerra. Como el que condenó a Companys. Y, de nuevo, a otros miles de republicanos.
Los 'juicios sumarísimos' son una carta común en los cajones de miles de familias en España. Mientras la justicia franquista siga viva, aquellos asesinados, torturados, encarcelados, depurados profesionalmente… seguirán siendo, de manera oficial, delincuentes.
Única vía: reformar la ley
La declaración de "reparación" a Lluis Companys ha dejado encima de la mesa, de nuevo, el asunto. El reconocimiento aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona es el primero de este tipo que realiza un Ejecutivo español.
El Gobierno de Pedro Sánchez proclama "su reconocimiento y la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalitat". Y rechaza y condena el Consejo de Guerra que sentenció a muerte al político catalán, como apuntó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministras que condenó la sentencia a muerte de Companys.
La postura gubernamental casa con la ya adoptada en el Congreso, señaló la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. La nulidad de los juicios franquistas, no obstante, "requiere una previsión normativa y legal" que está contemplada en la propuesta de reforma de la ley de Memoria Histórica que ya tramita el Congreso.
Un retoque a la legislación memorialista que, eventualmente, puede ser aprobada, subrayó. La memoria de las víctimas, y sus familias y las asociaciones de derechos humanos, esperan. Como en el caso de Companys, detenido por los nazis en colaboración con el 'cazados de rojos', el espía de Franco que también rastreó a Manuel Azaña.
Miles de casos en espera
Como espera la memoria de Blas Infante. Y la del poeta Miguel Hernández, del comunista Julián Grimau, el socialista Julián Besteiro o el anarquista Salvador Puig Antich, condenados a muerte, encarcelados, ejecutados... O los presos políticos que acabaron siendo torturados por Billy el Niño, los dirigentes de Comisiones Obreras juzgados en el Proceso 1001… Y tantos otros.
Pero hay más. Miles de víctimas anónimas. Decenas de miles de casos que esperan respuesta. Como aquellos generados en la maraña represora que significó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (de 1940 a 1971). O centenares de cajas con expedientes condenatorios del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas (de 1936 a 1945).
Y la represión continuada en el tardofranquismo, asumiendo lo que la dictadura consideraba "delitos políticos" desde el Tribunal de Orden Público (TOP), creado en 1963 y que en 1977 mutó a Audiencia Nacional. O todos los afectados por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social del año 70 que sustituía a la Ley de Vagos y Maleantes, aplicada contra los "antisociales": mendigos, homosexuales, "vándalos", consumidores de drogas, prostitutas… e inmigrantes ilegales.
La memoria espera una decisión final, anular la justicia franquista, que no es fácil de ejecutar por la magnitud del aparato judicial y represor de la dictadura de Franco. Pero que dejaría a cambio un elemento reparador que, aunque simbólico en muchos casos, sigue siendo un reclamo de las familias de las víctimas y las asociaciones memorialistas. Un camino que muestra el Gobierno con la declaración de "reconocimiento" a Companys y sobre el que se siguen dando pasos en el Congreso con la reforma de la ley de Memoria Histórica.
