Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Así se lo ha indicado la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, en una respuesta escrita a la pregunta del diputado socialista Omar Lamin sobre esta cuestión.
Cabe recordar que en el punto 48 del acuerdo entre PP y Vox se especifica que se derogará la Ley 2/2018 y “se buscará siempre la reconciliación, al evitar la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil”.
Asimismo, ambos partidos rubricaron que se realizarán políticas para “facilitar la recuperación de personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos”. “Igualmente, se evitará la destrucción de monumentos y elementos históricos, para procurar su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico”, agregaron en el citado artículo.
infoLibre publica un extracto del nuevo ensayo de Carlos Barciela, en la editorial Catarata, prologado por Ángel Viñas
El libro deshace, entre otros muchos mitos, el de que Franco creó la Seguridad Social
Portada del libro "Con Franco vivíamos mejor", de Carlos Barciela Europa Press
"Un libro, en definitiva, que debería ser —en mi modesta opinión— de lectura obligada para profesores de secundaria y jóvenes que no deseen seguir comulgando, como muchos de sus antepasados, con ruedas de molino" dice el historiador Ángel Viñas en el prólogo del nuevo título del también historiador Carlos Barciela. Con Franco vivíamos mejor(ya en librerías, editado por Catarata)desmonta, en palabras de su autor, "los supuestos progresos de España que se atribuyen al dictador".
infoLibre adelanta un extracto del capítulo 'Franco no creó la Seguridad Social', sobre la propaganda del régimen y lo lejos que estuvo el Seguro Obligatorio de Enfermedad de la actual Sanidad Pública.
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Todos los tratadistas (del mundo) están de acuerdo en que un requisito insoslayable para poder hablar de estado de bienestar es la existencia de un sistema político plenamente democrático. La cuestión no tiene vuelta de hoja. ¿Cómo se puede hablar de estado de bienestar sin el pleno disfrute de los derechos políticos y civiles? Además de los requisitos políticos democráticos, los expertos —como nos recuerda el profesor Francisco Comín, el mayor conocedor de la historia de la Hacienda en España— también están de acuerdo en otras exigencias: que los gastos sociales superen el 25% del PIB y que estén financiados con impuestos y contribuciones sociales. Obviamente, para alcanzar este nivel de gasto social y financiarlo vía impuestos, es una exigencia ineludible contar con un sistema tributario capaz de alcanzar altos niveles de ingresos. En los países desarrollados todo eso fue posible gracias al abandono del sistema tributario liberal (que no contemplaba como obligación del Estado la atención a ese tipo de servicios y que preconizaba la mínima presión fiscal posible) y la adopción de sistemas tributarios socialmente más avanzados, con impuestos personales generales y progresivos y un impuesto sobre el valor añadido (IVA). A ellos se añadieron otros tributos como los específicos sobre carburantes, tabaco y alcohol.
Pues bien, al acabar el franquismo no se cumplía ninguna de esas condiciones: seguía existiendo una Dictadura que no respetaba los derechos humanos, un sistema tributario basado en los viejos principios liberales y, por lo tanto, la estructura presupuestaria era arcaica y anómala en relación a Europa y, evidentemente, estaba muy lejos de alcanzar ese 25% del PIB en gasto social. En definitiva, la dictadura franquista fue esencialmente incompatible con el estado de bienestar.
Veamos ahora el mito de que Franco creó la seguridad social. Comencemos señalando que, ciertamente, en 1963, se aprobó en nuestro país una Ley de bases de la seguridad social. Pero, ¿qué significaba esa ley de bases? Antes de entrar en materia, hay que señalar que un Gobierno, particularmente si es dictatorial y no tiene que rendir cuentas, puede aprobar leyes, publicarlas en el BOE y no aplicarlas jamás o no dotarlas presupuestariamente y, a cambio, desencadenar intensas campañas propagandísticas que resultan infinitamente más baratas. Los economistas estamos acostumbrados a no impresionarnos por las grandes proclamas, si no van acompañadas por los correspondientes recursos. Como suelo decir a mis alumnos cuando tratamos de estos asuntos: lo que no está en el presupuesto no existe y, si está, hay que comprobar su grado de aplicación.
Casi todos los gobiernos, en todos los tiempos, han utilizado, en mayor o menor medida, la propaganda. Esto es especialmente cierto a partir de la Primera Guerra Mundial, en la que, sobre todo los británicos, lograron desarrollar campañas muy exitosas. Tanto éxito que, incluso los más destacados jefes militares alemanes, entre ellos Hitler, consideraron que había sido un arma decisiva para la derrota de Alemania. Y aprendieron bien la lección. En el ascenso del nazismo y durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Goebbels, particularmente, hicieron de la propaganda la base de su acción de gobierno, llegando incluso a crear todo un ministerio dedicado a ello. También el fascismo italiano y el comunismo soviético fueron maestros en el arte de la manipulación. El franquismo, mucho menos eficaz en la acción de gobierno que los otros totalitarismos, compensó su incompetencia con mayores dosis de propaganda. Todavía en la década de los sesenta, el ministro de Agricultura franquista, Cirilo Cánovas, culpaba a los rojos de los problemas agrarios del país. ¡Veinticinco años después de acabada la guerra!
Es frecuente encontrar —en obras con escasa o nula seriedad— afirmaciones relativas a que Franco se ocupó, inmediatamente después de finalizada la guerra, de los problemas sociales y se recuerda la temprana creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad en 1942. Precisamente, este es un caso que nos sirve perfectamente para ilustrar lo lejos que estaban el BOE y ese seguro de enfermedad de la realidad del país. Reproduciré un texto, algo largo, pero absolutamente esclarecedor, de un médico, nada sospechoso de antifranquista, Juan Antonio Vallejo-Nágera —hijo del célebre psiquiatra franquista, autor de estremecedoras teorías raciales, políticas y atentatorias contra la dignidad de la mujer—. Pues bien, a Vallejo-Nágera (hijo) se le preguntó, en una ocasión: “¿Cómo enjuiciaría la organización sanitaria —seguridad social, hospitales, manicomios, facultades de Medicina, etc.— desarrollada durante la época franquista?”. Contestó de la siguiente manera:
Portada del libro "Con Franco vivíamos mejor", de Carlos Barciela Editorial Catara.
Entré en la Facultad de Medicina de San Carlos, en Madrid, a los dieciséis años, en 1943. Los enfermos venían en su mayoría a morir al hospital. Llegaban con piojos. La primera tarea era intentar limpiarles de ellos, sin mucho éxito pues no existían insecticidas adecuados. Recuerdo el mito macabro del “vaciamiento de la piojera”, una bolsa que ellos creían tener en la nuca, en la que se cobijaban los piojos, y abandonaban al morir el enfermo. En realidad, siendo estos parásitos termosensitivos, al enfriarse el cadáver lo abandonaban todos a la vez, como ratas que huyen de un barco que se hunde, y su peregrinación por la almohada y sábanas en busca de otros cuerpos era un espectáculo que los asustados estudiantes no hemos podido olvidar. Los pacientes llegaban famélicos. Eran habituales los llamados “edemas de hambre”, un engrosamiento acolchado de los tejidos, debido a que por la falta de proteínas se alteraba la capacidad de retención de agua en los vasos, pasando a los tejidos de los pacientes, que aparecían hinchados, estando en realidad esqueléticos. Existía una enfermedad llamada latirismo, que pudo describir la Escuela de Jiménez Díaz por la gran cantidad de casos, con síntomas terribles, como parálisis y que estaba provocada por comer, en su desesperación, alimentos inadecuados, como las “almortas” destinadas al ganado. La carencia de medicamentos era una pesadilla. Las primeras sulfamidas, único remedio entonces eficaz para muchas enfermedades, se vendían de estraperlo, procedentes de Alemania, en algunos bares, y por supuesto resultaban inasequibles a la clientela del hospital, a la que en los casos que curaban, resultaba un sarcasmo la rutinaria recomendación para su convalecencia de que comiesen “pescado y carnes blancas”, que no habían probado en años, quizá en su vida. Todo esto se ha olvidado, pero existió… Desde el final de la guerra se había legislado el derecho a la asistencia médica en el Seguro de Enfermedad. Su estado era tan deficiente que los enfermos preferían venir a estos “hospitales de beneficencia” gratuitos..
Este estremecedor testimonio muestra de manera descarnada la distancia abismal entre lo dispuesto en el BOE —el Seguro de Enfermedad— y la verdadera realidad del país: carencia de hospitales, pésimas condiciones asistenciales, insuficiencia de camas, falta de medicinas y de productos elementales de higiene y limpieza, rechazo por los pacientes de la atención proporcionada por el seguro y preferencia por la beneficencia. ¿Se podía llamar a eso un seguro de enfermedad?
Pero no fue solo el latirismo, otras muchas enfermedades se propagaron con virulencia ante la falta de respuesta de las autoridades, entre ellas la tuberculosis o el tifus exantemático, que popularmente se conoció como la enfermedad del piojo verde.
Lo señalado para el seguro de enfermedad ocurrió con otros derechos sociales proclamados en la posguerra por el franquismo. No es de extrañar. Dado lo barato que había resultado establecer el seguro de enfermedad, Franco debió pensar que, a ese precio, merecía la pena establecer otros muchos derechos sociales.
Veamos estas cuestiones de manera sistemática.
Durante la guerra, en 1938, como ya sabemos, se publicó el Fuero del Trabajo, a imitación de la Carta del Lavoro fascista.Esta ley fundamental era el mensaje de presentación del nuevo Estado ante los españoles. Tenía un evidente contenido social con el que el franquismo pretendía ofrecer una serie de derechos en materia laboral y social que compensara la falta de derechos políticos. Frente al capitalismo liberal y la falsa democracia, el nuevo Estado ofrecía una representación genuina mediante la democracia orgánica y un Estado protector de los trabajadores. El Fuero del Trabajo garantizaba, en primer lugar, el derecho al trabajo. Este derecho se fundamentaba en la necesidad de cumplir con el mandato divino de “ganar el pan con el sudor de la frente”. El argumento no dejaba de ser llamativo.
En el resto del fuero se recogían los siguientes derechos: derecho al descanso y a las vacaciones pagadas; al disfrute de la cultura, la salud y el deporte; a un salario digno y a un subsidio familiar; a la seguridad ante el infortunio, lo que implicaba un abanico de atenciones: vejez, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis, paro forzoso y retiro. Son, al menos, dos las características que deben ser resaltadas. La primera, el planteamiento totalmente novedoso, con el reconocimiento como derechos de un amplio conjunto de prestaciones, de forma que el fuero rompía con la fragmentación e insuficiencias anteriores. Y, en segundo lugar, la vocación de crear un “seguro total”. Por otra parte, llama la atención la referencia explícita a la tuberculosis (no hay ninguna referencia a ninguna otra enfermedad, lo que muestra su extraordinaria gravedad y difusión).
Llama, también, la atención el empleo de la palabra “fuero”, una denominación arcaica, medievalizante, frente a la más moderna y nítida “derecho”. También que su enunciado no sea relativo a las personas, a los trabajadores, sino al trabajo. Los derechos son de las personas, no de una manifestación concreta de su actividad. Tampoco era casualidad. Como tampoco lo fue llamar Cortes al Congreso, y procuradores a los diputados. El lenguaje no es neutro y el franquismo quería dejar claro el modelo al que aspiraba: un modelo pretérito y, por descontado, no democrático.
En 1945, acabada la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista era el único superviviente de los sistemas totalitarios de carácter fascista que quedaba en Europa, junto a Portugal. Como ya sabemos, Franco intentó, ante el cambio de circunstancias, presentar una imagen más aceptable ante el mundo. Una de las maniobras fue la publicación del Fuero de los Españoles, un remedo de constitución y segunda ley fundamental del Régimen. Esta norma volvía a repetir textualmente los derechos de carácter social de los españoles ya proclamados en el Fuero del Trabajo. Aparecía, no obstante, una importante novedad, seguramente derivada de la ineficacia mostrada por el Estado durante los siete años de vigencia del Fuero del Trabajo. El artículo 29 del Fuero de los Españoles señalaba: “El Estado mantendrá instituciones de asistencia y amparará y propulsará las creadas por la Iglesia, las corporaciones y los particulares”. En mi opinión, este artículo suponía el desentendimiento del Estado de la inicial pretensión totalitaria de hacerse cargo del conjunto de prestaciones sociales, tal como se había anunciado. Se aceptaba la colaboración de ese conjunto de instituciones y se admitía la asistencia tradicional y la labor caritativa de la Iglesia. La pretensión de “seguro total” se esfumaba.
Lo cierto es que ambos fueros no pasaron de ser unas meras declaraciones propagandísticas. Como he repetido en varias ocasiones, aunque el régimen de Franco hubiese querido poner en marcha un sistema de protección de esas características, le hubiese resultado imposible dadas las fortísimas restricciones presupuestarias, los elevadísimos gastos militares y en fuerzas represivas, y las necesidades de la reconstrucción.
De manera que, en la práctica, el franquismo se limitó a asumir lo que había realizado el Instituto Nacional de Previsión (1908) en lo concerniente a los seguros obligatorios de maternidad, accidentes laborales y vejez para los trabajadores con más bajas retribuciones. La población no cubierta por este sistema recurrió a diferentes soluciones que, en función de sus posibilidades, pasaban por seguros privados, por el pago directo por el servicio o, en los casos de los más necesitados, por la beneficencia sostenida por los ayuntamientos y diputaciones o la caridad realizada por la Iglesia.
Inicialmente, la gran apuesta del régimen franquista estuvo dirigida hacia el cuidado de la salud, una línea de actuación que se había iniciado en los años de la Segunda República y que había quedado abortada, precisamente, por la sublevación militar de 1936. Aunque, como hemos visto, el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) se creó en 1942, su puesta en marcha, como ocurrió tantas veces en el franquismo, se retrasó hasta 1944. El SOE fue, por encima de cualquier otra, la principal actividad declarada que en materia de prestaciones sociales llevó a cabo el franquismo. Sin embargo, por sus características, estaba muy lejos de lo que solemos entender como una prestación social en términos modernos.
El informe pericial aportado en la primera querella por el uso de prisioneros como mano de obra forzada dice que los trabajos se realizaron en un "ambiente de terror y privación material"
"Comían lo que podían: desde tallos de berzas que tiraba la gente de los pueblos hasta lagartos", explica Balen Esteban, hijo de uno de los prisioneros que estuvo en la zona
Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores 6 en Igal (Navarra). Memoriaren Bideak
Juan Manuel Esteban sólo era en el verano de 1936 un estudiante de tercer año de Minas. Eso sí, con las ideas bien claras. Por eso, cuando estalló el golpe de Estado franquista, el joven admirador de Rosa Luxemburgo no dudó un solo segundo y se incorporó como voluntario en un batallón comunista. Durante más de dos años, estuvo combatiendo en diferentes frentes. Hasta que cayó preso. Era el 2 de febrero de 1939. Y, a partir de entonces, su vida se convirtió en un viaje continuo. Estuvo encerrado en Huesca o en La Tabacalera de Bilbao. Pasó también por el campo de concentración de Miranda de Ebro. Y fue utilizado como mano de obra forzada en la construcción de la carretera de montaña que unió las localidades navarras de Igal y Roncal, pasando por Vidángoz. Un lugar al que nunca quiso regresar.
La suya es una de las doce historias que este viernes se han puesto sobre la mesa de un juzgado de Aoiz. Es la primera vez que se interpone en nuestro país una querella colectiva por trabajos forzados durante el franquismo. Y, al parecer, no será la última. "Se está trabajando en la presentación de otras", ha explicado en rueda de prensa Sabino Cuadra, miembro de Ceaqua. La acción, en la que también participa como querellante la asociación Memoriaren Bideak, se dirige contra un número aún por determinar de "responsables militares" de los "espacios de concentración" donde se ubicaban estos trabajadores forzosos. De hecho, eso es lo primero que deberá investigarse si se admite a trámite una querella que pone el foco en crímenes de guerra y lesa humanidad.
La construcción de esta pequeña carretera de montaña, por la que hoy discurre en parte la NA-2130, se enmarca en las tareas de fortificación del Pirineo tras el final de la Guerra Civil. "Una fortificación que inicialmente se basó sobre todo en el trabajo de Batallones de Trabajadores dependientes de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros", recoge un documento pericial aportado junto a la querella, elaborado por la Universidad Pública de Navarra y al que ha tenido acceso infoLibre. Aunque estas labores no se iniciaron hasta el verano de 1939, lo cierto es que era un asunto al que le llevaban dando vueltas desde 1937. A los investigadores, de hecho, les consta una carta de ese mismo año remitida por el general jefe del Estado Mayor al teniente general Alberto Castro en el que se le insta a tomar medidas defensivas en dicha línea.
Para todas esas tareas, fueron trasladados al Pirineo miles de represaliados encuadrados en varios Batallones de Trabajadores. Solo entre julio de 1939 y diciembre de 1942, los autores del informe que se ha aportado cifran en 15.000 el número de prisioneros trabajando solo en Navarra. De ellos, 7.482 en la construcción de diferentes fortificaciones: desde búnkeres hasta nidos de ametralladoras. Y 8.797 dedicados a la apertura de cuatro carreteras. Entre ellas, la que unía el valle de Salazar y el de Roncal. En esta última, la Igal-Vidángoz-Roncal, estuvieron trabajando con un pico en una mano y la pala en la otra 2.354 prisioneros procedentes de toda la geografía española. E, incluso, de otros países. A los investigadores les constan al menos tres de Argentina, Estados Unidos y Filipinas.
Trabajo esclavo por tres garbanzos
Todos estuvieron encuadrados en los Batallones de Trabajadores (BBTT) 106 y 127 y los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST) 6 y 38. Y aunque no acabaron la vía, sí se encargaron de la labor más complicada: la apertura de la caja de la carretera. Y lo hicieron en unas condiciones "extremas e inhumanas", tal y como se han encargado de recordar este viernes las familias. "Cada uno tenía que estar picando hasta que le dijeran, tú no decías nada y a picar y a sacar con la pala los escombros y, si no, a poner piedras para hacer las murallas, pasando con una cuerda de uno a otro, para hacer las murallas", explicaba hace años Vicente Celis, del Batallón 127. Su testimonio, como el de otros muchos, ha quedado recogido en la obra Esclavos del franquismo en el Pirineo (Txalaparta, 2006), de los historiadores Fernando Mendiola y Edurne Beaumont.
Los prisioneros estaba vigilados de forma permanente por escoltas armados durante la jornada con orden de castigar si bajaba el ritmo de los trabajos. "Había veces que estábamos 15 o 20 y arreaban por punta con unas varas de mimbre y te pillaban desde la espalda hasta el pecho, la teta y te levantaban hasta un botón. Las pasamos putas", relataba Domingo Martínez, del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores 6. La investigación, probablemente la más completa que se ha hecho hasta el momento sobre la construcción de esta infraestructura, recoge numerosos castigos físicos –en muchas ocasiones, aumentando la carga de trabajo sobre un prisionero– y brutales palizas a los presos.
Acto de presentación de la querella. Fundación Primero de Mayo
El análisis aportado al juez, que firman entre otros los dos historiadores anteriormente citados, señala que los trabajos de esta carretera se realizaron en un "ambiente de terror y privación material". Y, para ello, citan dos testimonios, de bandos opuestos pero coincidentes. Uno corresponde a Francisco Baena, encargado de la vigilancia de los prisioneros: "Estaban acobardados. Es todo igual que si en una piara de cabras metes una cabra extraña. Esa misma llega allí, y todas le pegan, todas le maltratan, no sabe para dónde va a tirar, se ve amargá". El otro a Andrés Millán, del BDST 6: "Esperanza ninguna, si no había libertad, ni quien te ayudara, ni te diera un ánimo. Es como el que está en el callejón de la muerte... que está esperando que le llegue".
No se sabe el número exacto de personas que murieron durante la construcción de la carretera. Por el momento, está constatado el fallecimiento de trece de estos trabajadores forzados. Tres de ellos fueron asesinados extrajudicialmente con la justificación de un intento de fuga: José Martín, Benjamín Llacera y Cecilio Gallego. Otro más, perdió la vida en "circunstancias no aclaradas": Alejandro Fullaondo. Y los nueve restantes murieron en el Hospital Militar Disciplinario de Pamplona por enfermedades –varios de ellos por tuberculosis– o accidentes: Lucio Álvarez, Santiago Bustamante, Gregorio Elorriaga, Eladio Hernández, Enrique Chica, Juan De la Torre, Antonio García, Antonio Martín y José Morilla.
Algunas de las enfermedades que contraían estaban muy relacionadas con las pésimas condiciones de vida. Tras las duras jornadas de trabajo, eran recluidos en tiendas de campaña o barracones que resultaban inhabitables durante los fríos meses de invierno pirenaico. Y el hambre les perseguía a todas horas. Por lo general, el rancho consistía en agua con unos pocos tropezones. Mucha suerte tenía que tener el preso para que, si había garbanzos, le cayesen más de tres. "Comían lo que podían: desde tallos de berzas que tiraba la gente de los pueblos hasta lagartos", explicaba en rueda de prensa Balen Esteban, hijo de Juan Manuel Esteban. Algún prisionero, incluso, llegó a escribir que como siguieran en esa situación iba a terminar tomando la sombra "en un palillo de los dientes".
A la espera del censo
La interposición de la querella ha coincidido con el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica. Una norma que recoge el deber de la Administración General del Estado de reconocer y reparar a las víctimas de los trabajos forzados. En este sentido contempla, en un artículo no demasiado claro, la elaboración de "un censo" que "constate" las "organizaciones o empresas" que usaron "los trabajos forzados en su beneficio" para que "adopten medidas". Este diario preguntó a Presidencia cómo iba este asunto y si ya había establecido el Gobierno algún tipo de contacto con las posibles compañías responsables. "Se está elaborando el censo de trabajos forzados", fue la respuesta dada desde la cartera que dirige Félix Bolaños.
Carretera de Igal a Vidángoz. Gobierno de Navarra
En el documento que acompaña a la querella, los investigadores señalan que este tipo de trabajos eran "un castigo impuesto al margen del sistema penal" con el que se buscaba "sacar beneficio económico de prisioneros de guerra considerados como desafectos al régimen". Unas labores que, completa el informe, se realizaron "incumpliendo" tanto lo recogido en la Convención de Ginebra de 1929 como en el Convenio sobre Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo de 1930. "La sociedad tiene una deuda pendiente con estos presos. No es admisible que continúe la impunidad actual", han señalado este viernes las familias. Por el momento, el paso está dado en la vía judicial. Habrá que ver si ahora la justicia decide investigar.
Imagen de CeAqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina)
Este viernes se ha presentado en el juzgado de Aoiz (Navarra) una querella por el trabajo realizado por más de 2.300 prisioneros de guerra en las carreteras del Igal-Vidángoz-Roncal, durante los años 1939-1941.
Se trata de la primera querella colectiva por trabajo esclavo durante el franquismo presentada en el Estado español.
La iniciativa, impulsada por CeAqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), ha sido presentada en rueda de prensa en la Librería Katakrak de Iruñea donde han comparecido representantes del colectivo querellante.
La querella se interpone precisamente el 20 de octubre, día en que se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, cuyo artículo 32 prevé en relación con los trabajos forzados, el establecimiento de los correspondientes lugares de memoria, la elaboración de un censo de víctimas, así como la realización de un inventario de construcciones y edificaciones realizadas por los prisioneros que se vieron obligados por la dictadura franquista a desempeñar este tipo de trabajos forzados.
El colectivo recuerda además la Ley de Amnistía de 1977 no puede impedir, conforme al Derecho Internacional, que estos crímenes sean objeto de investigación judicial y que imprescriptibles. Igualmente, cuando fueron cometidos existía una costumbre internacional de carácter obligatorio para todos los Estados, en algunos casos incluidos en Convenios Internacionales, que prohibía terminantemente estas prácticas inhumanas y denigrantes para con los prisioneros, señalan.
Sabino Cuadra Lasarte, en representación de CEAQUA, ha hecho hincapié en que se trata de la primera querella que se interpone en el Estado en relación con este tema, un trabajo esclavo que afectó a varios cientos de miles de personas durante la guerra y en los años posteriores a la misma. Se espera así que la misma abra el camino a nuevas iniciativas a impulsar en Euskal Herria y el conjunto del Estado en relación con este tema que “permita a todos los familiares querellantes la obtención de verdad, justicia y reparación que sus predecesores no pudieron lograr y acabar así con el olvido y la impunidad que vienen arrastrando desde hace más de 40 años”, ha dicho.
En nombre de los querellantes, Balen Esteban, de Berriz, Bizkaia, ha destacado “ el importante papel que la dignidad tuvo para sus familiares a la hora de soportar las penosidades del trabajo realizado, así como para educar a sus hijos e hijas a defender la libertad, la justicia, la igualdad y el derecho de las personas y los pueblos a decidir su futuro”.
Las condiciones de trabajo a las que se sometió a estas personas fueron crueles: jornadas larguísimas y extenuantes bajo condiciones climatológicas penosas, sin ropa ni calzado adecuado, hambre, castigos frecuentes, graves enfermedades (infecciones pulmonares, tuberculosis…) por las cuales algunos de ellos murieron. A todo ello se añadía además el sufrimiento psicológico y la ansiedad derivada de su aislamiento total con respecto a sus familiares, de los que no podían siquiera recibir visitas.
Por todo ello, el colectivo exige que estos hechos sean reconocidos como un crimen de lesa humanidad, para que “violaciones flagrantes de derechos humanos no puedan volver a repetirse”.
Ana Barrena Arellano, de Memoriaren Bideak, ha señalado como 2.300 prisioneros antifascistas, encuadrados en cuatro batallones de trabajo forzoso, realizaron trabajos forzosos en la citada carretera, formando parte de los 15.000 que lo hicieron en distintas obras militares (búnkeres, fortificaciones...) en Navarra.
Denuncia que “las extremas carencias de las políticas de memoria durante la transición, sin que esta clase de víctimas hayan sido reconocidas en sus derechos a la obtención de la verdad, la justicia y la reparación, razón por la que con la presentación de esta querella quieren superar el espacio de impunidad habido las pasadas décadas en relación con este crimen contra la humanidad”.
El trabajo memorialista que desde 2004 lleva a cabo Memoriaren Bideak ha logrado entre otras cosas la declaración oficial de la carretera Igal-Vidangoz-Roncal como Lugar de Memoria Histórica realizada por el Gobierno de Navarra.
Jacinto Lara Bonilla, abogado coordinador de la querella interpuesta y miembro a su vez de CEAQUA, ha afirmado que los hechos denunciados constituyen crímenes de Derecho Internacional porque ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. En concreto, son crímenes de guerra, aunque también pueden calificarse como crímenes contra la humanidad “por cuanto mantener prisioneros de guerra en espacios concentracionarios sometidos a trabajo forzado en condiciones inhumanas, una vez finalizado el conflicto armado, también puede ser calificado como tal”, afirma.
En todo caso -ha añadió- “ es evidente que nos encontramos ante crímenes aberrantes que nunca han sido objeto de denuncia en el Estado español, crímenes que nunca han sido investigados ni juzgados penalmente”.
Aquest dijous es localitzava el refugi de la Guerra Civil situat en la zona del Convent Sagrada Família de Nules (Plana Baixa). Després de quatre dies de treballs, s'ha trobat en perfectes condicions, per la qual cosa en els pròxims dies els arqueòlegs realitzaran un informe detallat de tot el que troben en el seu interior per a després poder tapar el forat realitzat, de manera que el paviment de la plaça del Convent tornarà a ser empedrat amb el mateix material que l'original.
Amb aquesta troballa es conclou pràcticament la primera fase d'aquest projecte de recuperació del refugi, atès que l'objectiu era la seua localització i comprovar el seu estat. Sobre aquest tema l'alcalde, David García (Centrats en Nules), ha assenyalat que han pogut visitar aquest mateix dijous el refugi, que ha resistit huitanta anys i «es troba en perfecte estat de conservació».
Després de dos anys des que se signara el conveni entre el Bisbat i l'Ajuntament de Nules on es concedia el permís per a l'excavació de la plaça del Convent, dilluns passat es van iniciar les obres d'aquesta primera fase.
Durant aquesta, l'equip arqueològic d’Arqueocas, encarregat de dur a terme aquest projecte, ha realitzat un buidatge de sediments del subsol fins trobar el refugi. «L'arquitecte valorarà la seguretat i integritat de l'estructura, i indicarà si és viable la seua consolidació final per a ser un recurs turístic del municipi», ha apuntat el regidor de Patrimoni, Guillermo Latorre.
Per tant, ja en una segona fase sense data determinada, es procedirà al seu buidatge complet i consolidació perquè passe a formar part del conjunt de vestigis bèl·lics visitables en el terme municipal de Nules.
Segons fonts de la Regidoria de Patrimoni, el projecte ha estat treballat al llarg de dos anys, i han informat puntualment en tot moment dels avanços del projecte tant a la Parròquia de Nules com a aquelles persones que, per l'ús del Convent, són parts interessades en el projecte, i se’n donarà aprovació.
