http://www.telemadrid.es/programas/tras-la-pista/cruel-carta-entregaban-ninos-robados-2-2055414509--20181005125400.html
Entrevista en el link..
dissabte, 6 d’octubre del 2018
La cruel carta que entregaban a los niños robados La cruel carta que entregaban a los niños robados
http://www.telemadrid.es/programas/tras-la-pista/cruel-carta-entregaban-ninos-robados-2-2055414509--20181005125400.html
Entrevista en el link..
XI JORNADAS EN TORNO AL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE ALBATERA cuya temática será "LAS FOSAS Y LOS DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO".
Estimados compañeros y compañeras
Os trasladamos invitación a las XI JORNADAS EN TORNO AL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE ALBATERA cuya temática será "LAS FOSAS Y LOS DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO".
Las Jornadas se celebrarán el sábado 3 de noviembre de 2018 en el municipio de San Isidro (Alicante), lugar donde estaba ubicado dicho campo de concentración.
Os adjuntamos invitación, programación y cartel.
Esperando su asistencia y la divulgación de estas importantes Jornadas de Memoria Histórica, le enviamos un saludo.
Gracias por su atención.
COAMHI
Ginés Saura (Comisión organizadora).
____________________________
CIF G-54477773.
Nº Rgtro. Asociaciones CV-02-045778-A
Email: 2015coamhi@gmail.com
Núm.
Cta. LA CAIXA ES 19 2100 2077 2302 00033515
Estimado amigo/a
Anualmente y desde hace varios años,
celebramos en el municipio de S. Isidro (Alicante), las Jornadas en torno al
campo de concentración de Albatera. Para el presente año van a ser las XI
Jornadas y la temática será “LAS FOSAS Y LOS DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO” que
se celebrarán el sábado 3 de noviembre de 2018.
Jornadas que pretenden ser un encuentro
para el debate, la investigación, los testimonios de personas, encuentro
cultural, etc., y sobre todo el seguir exigiendo VERDAD – JUSTICIA Y REPARACIÓN
para las víctimas y acabar con la
impunidad del franquismo existente aún hoy en día.
En las mismas participan en las
diferentes mesas y ponencias, investigadores de la historia de España que
aportan el lado científico a las jornadas. Así mismo, los testimonios de
quienes vivieron en sus propias carnes el exilio, la persecución, los campos de
concentración y exterminio y el sufrimiento, aportan el lado más humano y
cercano a las gentes, al pueblo.
Es por ello, que desde nuestra modesta
organización, le enviamos una invitación y rogamos difusión entre sus contactos
de este importante evento de recuperación de memoria histórica.
Esperando su asistencia, le enviamos un
saludo.
Gracias por su atención.
COMISIÓN ORGANIZADORA.
Contactos : 2015coamhi@gmail.com
Ramón: 679385784
Ginés: 609638284
dimarts, 2 d’octubre del 2018
Interior lleva más de tres meses esperando el informe jurídico que encargó para retirar las medallas a Billy el Niño.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/01/interior_lleva_tres_meses_esperando_informe_juridico_que_encargo_para_retirar_las_medallas_billy_nino_87209_1012.html
Álvaro Sánchez Castrillo
- El ministro Fernando Grande-Marlaska encargó el pasado mes de junio un estudio para ver si legalmente hay opción de quitar las condecoraciones al expolicía de la Político-Social
- Los administrativistas consultados por infoLibre dicen que la cuestión es más compleja de lo que parece: “Dejar sin efecto un acto administrativo favorable está sometido a procedimientos muy rigurosos y garantistas”
Álvaro Sánchez Castrillo
Publicada el 01/10/2018 a las 06:00Actualizada el 30/09/2018 a las 19:26
El expolicía Antonio González Pacheco (izda.) en una fotografía tomada en 1981.
EFE
Interior continúa sin tomar ninguna decisión sobre las medallas al mérito policial concedidas entre 1972 y 1982 al exagente de la Brigada Político-Social Antonio González Pacheco, conocido con el sobrenombre de Billy el Niño por sus brutales técnicas de interrogatorio. La cartera capitaneada por Fernando Grande-Marlaska sigue esperando todavía el informe jurídico que encargó hace ahora tres meses para estudiar si legalmente existe alguna opción de retirar las condecoraciones al expolicía, investigado por torturas en el marco de la conocida como querella argentina que instruye desde Buenos Aires la jueza María Servini. Sobre la pechera de González Pacheco cuelgan un total de cuatro distintivos pensionados: dos Medallas de Plata al Mérito Policial –cada una de ellas lleva aparejado un plus del 15% sobre su pensión vitalicia– y dos Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo –cada una con un incremento del 10% sobre su pensión vitalicia–. Emolumentos que, según la ley, son acumulables.
El caso Billy el Niño saltó a la arena política el pasado mes de mayo, cuando el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy confirmó a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que el expolicía llevaba cuatro décadas cobrando un plus del 15% sobre su pensión vitalicia por la Medalla de Plata al Mérito Policial que le concedió en 1977 el entonces ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa. La noticia generó un enorme revuelo y llegó pocos días después al Congreso de los Diputados. El incendio, en lugar de extinguirse, se avivó todavía más en la Cámara baja. “Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración. (…) Nadie ha solicitado oficialmente que se retire. Tampoco parece que haya justificación legal para ello”, respondió el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al ser preguntado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
El secretario general de la formación morada, por su parte, recordó al dirigente conservador las múltiples torturas de las que se acusa al expolicía de la Político-Social y pidió al próximo ministro del Interior –en referencia a la inminente moción de censura– la retirada de la condecoración “a ese malnacido”. Con esta exigencia sobre la mesa tomó posesión del cargo Grande-Marlaska, quien sólo dos semanas después anunció que ya había solicitado “los informes oportunos” para analizar los “requisitos” y “posibilidades” para quitar la Medalla de Plata de 1977 a González Pacheco –después se sabría que no era uno sino cuatro los distintivos recibidos durante su trayectoria policial–. “Las condecoraciones son una manifestación de una conducta ejemplar”, aseveró Grande-Marlaska. Un requisito indispensable que, desde su punto de vista, no se daba en el caso del exagente.
"Los estudios jurídicos están muy próximos a finalizarse", apuntan a infoLibre fuentes del Ministerio del Interior, que calculan que en las "próximas semanas" estarán concluidos. En este sentido, las mismas fuentes explican que dichos estudios "exploran los mecanismos a los que se puede recurrir para revisar las condecoraciones concedidas a una persona que podría no reunir las condiciones de honorabilidad necesarias". "Deben definir el método más efectivo y con más garantías para lograr ese objetivo [retirar las medallas]", sentencian desde Interior. El propio ministro Grande-Marlaska lo reconocía en una entrevista publicada este domingo por El País: "Tenemos una normativa que es preconstitucional y en la que no se preveía la posibilidad de pérdida de la condecoración. Ya tenemos una redacción que está muy avanzada y que en las próximas semanas se conocerá".
Promesas políticas
Desde que fuera nombrado en enero de 1970 subinspector de segunda clase, y hasta su retirada y paso al sector privado tras los continuos escándalos en los que se vio involucrado –tuvo que aclarar ante el juez su presunta amistad con uno de los autores de la matanza de Atocha–, González Pacheco fue condecorado hasta en cuatro ocasiones. En 1972 recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. Tres años después, en 1977, la Medalla de Plata al Mérito Policial. Las dos últimas, una segunda Cruz con distintivo rojo y otra Medalla de Plata, se le colgaron en el uniforme en 1980 y 1982, respectivamente. De todas ellas, sólo consta “motivación expresa” para su concesión en la documentación relativa a la condecoración de 1977 –se le concedió por su trabajo en la liberación del expresidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo y del teniente general Emilio Villaescusa–.
A pesar de que el ministro Grande-Marlaska todavía no tiene sobre su mesa los informes jurídicos solicitados a mediados del mes de junio para analizar si legalmente es posible la retirada de los distintivos, las promesas políticas no cesan. A comienzos de septiembre, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron una reunión en Moncloa en el que se cerraron varios acuerdos de cara al futuro político. En materia memorialista, tal y como señaló el líder de la formación morada en rueda de prensa al finalizar el encuentro, el jefe del Ejecutivo dio el visto bueno a la “creación de un museo estatal de la memoria” y se comprometió a retirar las cuatro medallas y la pensión que llevan aparejadas al expolicía Antonio González Pacheco.
Retirada compleja
No obstante, administrativistas consultados por infoLibre señalan que la cuestión es más compleja de lo que parece. “Dejar sin efecto un acto administrativo favorable para el ciudadano está sometido a procedimientos muy rigurosos y garantistas”, explican los expertos consultados, que añaden que a la hora de dejar sin efecto un acto administrativo “firme y favorable para el ciudadano” sólo se podría hacer por la “vía de la revisión de oficio o la vía de la revocación de oficio” de actos administrativos. Esto, a su vez, deja abiertas tres posibilidades diferentes a las que acogerse.
En el caso de la revisión, prosiguen, podrían aplicarse dos procedimientos diferentes “según sea el vicio que detecte la Administración”: la vía de la anulabilidad o la vía de la nulidad de pleno derecho. El primer caso, apuntan los administrativistas, queda reservado para todos aquellos actos que, no siendo nulos de pleno derecho, adolecen de alguna infracción jurídica que permita su anulabilidad. En este caso, continúan, “el procedimiento aplicable sería de lesividad con posterior impugnación por la propia Administración autora del acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, por lo que la última palabra la tendría un juez. Sin embargo, el Ejecutivo no podría recurrir a esta vía porque la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPACAP) establece para ello un plazo máximo de cuatro años desde que se dictó el acto para recurrir a la lesividad.
El segundo caso, el de la nulidad, queda reservado para aquellas situaciones en las que el acto adolezca de un vicio que lo haga nulo de pleno derecho. Y, avisan, “la ilegalidad se juzga con arreglo al ordenamiento jurídico concurrente en el momento en el que se adoptó el acto”. Por esta vía, creen que se podría trabajar para retirar, al menos, las condecoraciones postconstitucionales con arreglo al artículo 47.1 f) de la LPACAP: “[Serán nulos de pleno derecho] los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”. “Se puede decir que una condición básica para una condecoración en un Estado constitucional es que la trayectoria del condecorado tiene que ser compatible con los valores constitucionales. Al no darse en este caso, el acto se puede decir que carecía de los requisitos esenciales para su otorgamiento”, explican.
En el caso de las dos primeras medallas, concedidas con carácter previo a la Constitución, la cosa se complica y, probablemente, habría que indemnizar. Los administrativistas señalan que para las de 1972 y 1977 habría que recurrir a larevocación. “Es decir, que el acto no era contrario al ordenamiento jurídico pero, por razón de oportunidad, se decide dejarlo sin efecto”, afirman los expertos pulsados por este diario. Sin embargo, avisan de que la vía de la revocación “es muy difícil” porque “está muy limitada en el ordenamiento jurídico”. Y más todavía, añaden, cuando se trata de “actos con contenido económico”, como es el caso de los distintivos de Billy el Niño, que llevan aparejado un plus sobre su pensión vitalicia. “Si tiene contenido económico, esa revocación tendría dimensión expropiatoria y, por tanto, exigiría una indemnización”, sentencian.
El caso Billy el Niño saltó a la arena política el pasado mes de mayo, cuando el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy confirmó a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que el expolicía llevaba cuatro décadas cobrando un plus del 15% sobre su pensión vitalicia por la Medalla de Plata al Mérito Policial que le concedió en 1977 el entonces ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa. La noticia generó un enorme revuelo y llegó pocos días después al Congreso de los Diputados. El incendio, en lugar de extinguirse, se avivó todavía más en la Cámara baja. “Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración. (…) Nadie ha solicitado oficialmente que se retire. Tampoco parece que haya justificación legal para ello”, respondió el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al ser preguntado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
El secretario general de la formación morada, por su parte, recordó al dirigente conservador las múltiples torturas de las que se acusa al expolicía de la Político-Social y pidió al próximo ministro del Interior –en referencia a la inminente moción de censura– la retirada de la condecoración “a ese malnacido”. Con esta exigencia sobre la mesa tomó posesión del cargo Grande-Marlaska, quien sólo dos semanas después anunció que ya había solicitado “los informes oportunos” para analizar los “requisitos” y “posibilidades” para quitar la Medalla de Plata de 1977 a González Pacheco –después se sabría que no era uno sino cuatro los distintivos recibidos durante su trayectoria policial–. “Las condecoraciones son una manifestación de una conducta ejemplar”, aseveró Grande-Marlaska. Un requisito indispensable que, desde su punto de vista, no se daba en el caso del exagente.
"Los estudios jurídicos están muy próximos a finalizarse", apuntan a infoLibre fuentes del Ministerio del Interior, que calculan que en las "próximas semanas" estarán concluidos. En este sentido, las mismas fuentes explican que dichos estudios "exploran los mecanismos a los que se puede recurrir para revisar las condecoraciones concedidas a una persona que podría no reunir las condiciones de honorabilidad necesarias". "Deben definir el método más efectivo y con más garantías para lograr ese objetivo [retirar las medallas]", sentencian desde Interior. El propio ministro Grande-Marlaska lo reconocía en una entrevista publicada este domingo por El País: "Tenemos una normativa que es preconstitucional y en la que no se preveía la posibilidad de pérdida de la condecoración. Ya tenemos una redacción que está muy avanzada y que en las próximas semanas se conocerá".
Promesas políticas
Desde que fuera nombrado en enero de 1970 subinspector de segunda clase, y hasta su retirada y paso al sector privado tras los continuos escándalos en los que se vio involucrado –tuvo que aclarar ante el juez su presunta amistad con uno de los autores de la matanza de Atocha–, González Pacheco fue condecorado hasta en cuatro ocasiones. En 1972 recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. Tres años después, en 1977, la Medalla de Plata al Mérito Policial. Las dos últimas, una segunda Cruz con distintivo rojo y otra Medalla de Plata, se le colgaron en el uniforme en 1980 y 1982, respectivamente. De todas ellas, sólo consta “motivación expresa” para su concesión en la documentación relativa a la condecoración de 1977 –se le concedió por su trabajo en la liberación del expresidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo y del teniente general Emilio Villaescusa–.
A pesar de que el ministro Grande-Marlaska todavía no tiene sobre su mesa los informes jurídicos solicitados a mediados del mes de junio para analizar si legalmente es posible la retirada de los distintivos, las promesas políticas no cesan. A comienzos de septiembre, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron una reunión en Moncloa en el que se cerraron varios acuerdos de cara al futuro político. En materia memorialista, tal y como señaló el líder de la formación morada en rueda de prensa al finalizar el encuentro, el jefe del Ejecutivo dio el visto bueno a la “creación de un museo estatal de la memoria” y se comprometió a retirar las cuatro medallas y la pensión que llevan aparejadas al expolicía Antonio González Pacheco.
Retirada compleja
No obstante, administrativistas consultados por infoLibre señalan que la cuestión es más compleja de lo que parece. “Dejar sin efecto un acto administrativo favorable para el ciudadano está sometido a procedimientos muy rigurosos y garantistas”, explican los expertos consultados, que añaden que a la hora de dejar sin efecto un acto administrativo “firme y favorable para el ciudadano” sólo se podría hacer por la “vía de la revisión de oficio o la vía de la revocación de oficio” de actos administrativos. Esto, a su vez, deja abiertas tres posibilidades diferentes a las que acogerse.
En el caso de la revisión, prosiguen, podrían aplicarse dos procedimientos diferentes “según sea el vicio que detecte la Administración”: la vía de la anulabilidad o la vía de la nulidad de pleno derecho. El primer caso, apuntan los administrativistas, queda reservado para todos aquellos actos que, no siendo nulos de pleno derecho, adolecen de alguna infracción jurídica que permita su anulabilidad. En este caso, continúan, “el procedimiento aplicable sería de lesividad con posterior impugnación por la propia Administración autora del acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa”, por lo que la última palabra la tendría un juez. Sin embargo, el Ejecutivo no podría recurrir a esta vía porque la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPACAP) establece para ello un plazo máximo de cuatro años desde que se dictó el acto para recurrir a la lesividad.
El segundo caso, el de la nulidad, queda reservado para aquellas situaciones en las que el acto adolezca de un vicio que lo haga nulo de pleno derecho. Y, avisan, “la ilegalidad se juzga con arreglo al ordenamiento jurídico concurrente en el momento en el que se adoptó el acto”. Por esta vía, creen que se podría trabajar para retirar, al menos, las condecoraciones postconstitucionales con arreglo al artículo 47.1 f) de la LPACAP: “[Serán nulos de pleno derecho] los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”. “Se puede decir que una condición básica para una condecoración en un Estado constitucional es que la trayectoria del condecorado tiene que ser compatible con los valores constitucionales. Al no darse en este caso, el acto se puede decir que carecía de los requisitos esenciales para su otorgamiento”, explican.
En el caso de las dos primeras medallas, concedidas con carácter previo a la Constitución, la cosa se complica y, probablemente, habría que indemnizar. Los administrativistas señalan que para las de 1972 y 1977 habría que recurrir a larevocación. “Es decir, que el acto no era contrario al ordenamiento jurídico pero, por razón de oportunidad, se decide dejarlo sin efecto”, afirman los expertos pulsados por este diario. Sin embargo, avisan de que la vía de la revocación “es muy difícil” porque “está muy limitada en el ordenamiento jurídico”. Y más todavía, añaden, cuando se trata de “actos con contenido económico”, como es el caso de los distintivos de Billy el Niño, que llevan aparejado un plus sobre su pensión vitalicia. “Si tiene contenido económico, esa revocación tendría dimensión expropiatoria y, por tanto, exigiría una indemnización”, sentencian.
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De batidas a campos de concentración: 'El Violeta' visibiliza el infierno de los homosexuales en el franquismo
https://valenciaplaza.com/batida-carcel-y-campos-de-concentracion-el-violeta-recupera-el-infierno-de-los-homosexuales-en-el-franquismo
A escala entre Canadá y España, el guionista valenciano Juan Sepúlveda ha publicado recientemente 'El Violeta'. Ubicada en plena dictadura, la novela gráfica muestra cómo muchos hombres homosexuales fueron apaleados y detenidos por ser considerados como "peligrosos". Sin embargo, el futuro de cada uno de ellos corría a cargo de su estatus social
1/10/2018 -
La primera vez que Juan Sepúlveda Sanchis topó con esta historia fue hace cerca de 15 años mientras veía un documental emitido por Canal 9, donde se recordaba a aquellas personas que fueron condenadas sin juicio en la antigua Modelo de València, bajo la ley de peligrosidad social. Los expresos de la cárcel contaban en él los horrores a los que se tuvieron que enfrentar detrás de los barrotes, especialmente los hombres homosexuales, quienes fueron enviados a un módulo especial. No obstante, el mayor testimonio para el guionista valenciano llegó cuando conoció a Antonio Ruiz, director de la asociación de Ex-Presos Sociales. Tras confesar a su familia su homosexualidad, Ruiz vivió en sus propias carnes la represión y la violencia del régimen, debido a que una monja acabó denunciándole y la policía lo mandó a la cárcel.
VALÈNCIA. Una sociedad “católica, apostólica y romana”; así debía de ser la España de los años 50. Franco anhelaba, con la dictadura, regir sobre un país uniforme donde, aunque no se promovía la raza aria como tal, no había cabida para personas homosexuales, bisexuales o mucho menos transexuales. El canon de familia tradicional mandaba y todo lo que quedaba fuera de esta corría poca suerte. Con ello, amparado bajo la Ley de Vagos y Maleantes -la cual fue aprobada en 1933 por la II República para tratar con dureza los comportamientos “antisociales” de vagabundos, nómadas o proxenetas- Franco decidió en 1970 sustituir el antiguo documento por uno nuevo; la Ley de peligrosidad social, donde esta vez sí se obligaba a reprimir sin compasión la homosexualidad.
La primera vez que Juan Sepúlveda Sanchis topó con esta historia fue hace cerca de 15 años mientras veía un documental emitido por Canal 9, donde se recordaba a aquellas personas que fueron condenadas sin juicio en la antigua Modelo de València, bajo la ley de peligrosidad social. Los expresos de la cárcel contaban en él los horrores a los que se tuvieron que enfrentar detrás de los barrotes, especialmente los hombres homosexuales, quienes fueron enviados a un módulo especial. No obstante, el mayor testimonio para el guionista valenciano llegó cuando conoció a Antonio Ruiz, director de la asociación de Ex-Presos Sociales. Tras confesar a su familia su homosexualidad, Ruiz vivió en sus propias carnes la represión y la violencia del régimen, debido a que una monja acabó denunciándole y la policía lo mandó a la cárcel.
Desde aquí mismo parte, de hecho, el argumento de la novela gráfica El Violeta (2018, Editorial Drakul), ilustrada por la artista francesa Marina Cochet y guionizada a cuatro manos entre Sepúlveda y Antonio Mercero. Ubicada en la València de 1955, la obra narra la vida de Bruno, un joven de 18 años años que cae en una trampa tendida por la policía cuando estaba en el cine Ruzafa, uno de los lugares clandestinos más importantes de la ciudad. El protagonista es encarcelado después de que una monja le denunciara ante la policía.
Así mismo, uno de los puntos más interesantes del cómic recae en cómo, una vez encarcelados, los detenidos corrían distintas suertes según su estatus social. “Podían acabar en la cárcel sin un juicio ni defensa, en función de la situación económica de cada persona”, indica Sepúlveda. Por ello, aunque Bruno sufrió la violencia y las ínfimas condiciones higiénicas y alimentarias que había en las cárceles, su estancia tan solo duró un par de días gracias a la potestad de su padre. A partir de ese momento, el protagonista de la novela empieza a adentrarse en una vida que nada tiene que ver con lo que él quería: se casa con una mujer, se convierte en uno de esos policías que organizan batidas y es padre de un hijo mucho más valiente que él. Por su parte, su pareja -de clase más baja- es enviada al campo de concentración de Tefía, en Fuerteventura, uno de los lugares más atroces que el franquismo inventó.
“Lo llamaban la colonia penitenciaria agrícola y era presentada como un sistema de reeducación, a pesar de que era un campo de concentración en toda regla y la reeducación era a base de golpes. Allí, los homosexuales presos eran sometidos a trabajos forzados en canteras donde se los mataba de hambre, sometidos además bajo las altas temperaturas que se alcanzaban en Las Palmas. Entre la comida ínfima que tenían, las nulas condiciones higiénicas que había y las horas que trabajaban, se producía un cóctel del que muy pocos podían sobrevivir”, señala el guionista. En efecto, era tal el infierno que muchos hombres fueron asesinados hasta por razones disparatadas como no poder hacer del desierto un huerto. Y quienes sobrevivían no esperaban un futuro mucho mejor: “No tenían ninguna posibilidad de desarrollarse como personas, porque una vez pasaban por las cárceles de “reeducación”, sus antecedentes penales les impedían encontrar trabajo. Muchos acababan en la prostitución o en actividades ilegales, ya que no tenían otra forma de salir adelante…es como la pescadilla que se muerde la cola, no había posible integración lógica. Además, se les desterraba de su ciudad y provincia, convirtiéndose en apestados sociales, sin familia ni futuro”, detalla Sepúlveda.
Pero, y ¿qué hacía la sociedad ante estas atrocidades? Otro de los puntos claves de El Violeta es cómo la represión a los homosexuales quedaba en un lugar oscuro que nadie podía ver o nadie quería tratar de comprender. El ejemplo más evidente es su familia, quienes en todo momento tratan de emparejarlo con otras mujeres, o su propio padre quien tilda su homosexualidad de una falta de cariño durante la infancia. “Las normas sociales pueden más que la felicidad, por ello muchas veces las personas acaban haciendo lo que se espera que hagan. Bruno no es un rebelde como su pareja, él va dejando que la sociedad le reeduque y le convierta porque quiere reintegrarse en la sociedad. Aun así, el querer ser “normal” le lleva a la más absoluta infelicidad, ya que se ve formando parte de lo que es el enemigo para él y casado con una mujer. Cuando tiendes a encajar o agradar, te puedes meter en un problema de difícil solución”.
El cine de Ruzafa, la estación de autobuses- otro de los lugares clandestinos para los homosexuales-, la Albufera o la antigua Capitanía General de València, todos han sido plasmados en el cómic gracias a las imágenes de la época. Igualmente, Juan Sepúlveda viajó hasta Tefía para poder obtener fotografías con las que ilustrar, de la manera más fiel posible, los horrores de la época. “Muy poca gente conoce lo que realmente sucedió con el franquismo. De hecho, casi nadie sabe que había un campo de concentración exclusivo para homosexuales, y si viajas hasta Tefía podrás ver un albergue y una placa conmemorativa, pero nada más. Es interesante hasta para la propia gente del colectivo LGTBI conocer lo mal que estaban las cosas hace poco más de treinta años, para comprender lo importante que es pelear por unos derechos siempre mejores”, manifiesta el autor.
No es de extrañar, pues, que la naturaleza de la obra se alce con una denuncia al oscurantismo que ha habido hacía uno de los colectivos “más olvidados y dañados” de la dictadura. “Ningún gobierno ha querido reconocer y hablar de lo que pasó, sabiendo lo importante que es conocer bien la historia para no volver a repetirla”, añade Sepúlveda. Además de las trampas, la caza a los hombres homosexuales vino por parte de personas particulares que ponían sus propias denuncias. De este modo, el horror se extendió de punta a punta del país, convirtiendo a estas personas en el “blanco” de muchas atrocidades.
El Violeta será presentado en Valencia el 2 de noviembre, de 19:00 a 20:00 horas, en la librería Greyhskull. Así mismo, la obra, según ha comunicado el autor valenciano, pasará en enero por un comité de la televisión española para valorar su adaptación al cine.
La Iglesia brinda a Franco un panteón perpetuo en una cripta de pago en La Almudena sorteando el derecho canónico
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/02/la_iglesia_brinda_franco_panteon_perpetuo_una_cripta_pago_almudena_87279_1012.html
Ángel Munárriz- El plan de los Franco si hay exhumación es aprovechar un "derecho de enterramiento" comprado por la familia junto a los marqueses de Cubas y de Urquijo
- El arzobispado de Madrid alega que la cripta no se rige por la norma que impide enterrar cadáveres en las iglesias
- El deán de la catedral afirma que no habrá peregrinaciones franquistas y garantiza "respeto, orden y silencio"
Ángel Munárriz
Publicada el 02/10/2018 a las 06:00Actualizada el 01/10/2018 a las 19:57
El dictador Francisco Franco, en una de sus asistencias bajo palio a una celebración de la Iglesia católica.
EFE
"¿Lugar de peregrinación? ¡No, hombre, no, qué va, qué va!". Quien habla es Joaquín Iniesta, deán de la Catedral de la Almudena, que atiende por teléfono a infoLibre tras hacerse público que la familia Franco pretende que el dictador, en caso de ser exhumado de la Basílica del Valle de los Caídos, sea enterrado en el templo madrileño. A la pregunta de si teme que La Almudena se convierta en destino de nostálgicos del franquismo, Iniesta responde taxativamente con su "¡qué va!". "Vendrían al principio, como pasa en los cementerios. Pero no hay miedo. Murió hace tantos años ya [1975] que la gente ve las cosas con normalidad. Aquí habrá un respeto, un orden, un silencio. Esto es un templo", afirma. Si la familia lo solicita formalmente, Franco será inhumado en la cripta de la Catedral de la Almudena, donde descansan también los restos de su hija Carmen Franco Polo y su yerno Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, ya que los Franco son acreedores de un "derecho de enterramiento", explica Iniesta. Así lo confirma el propio Arzobispado de Madrid. Ni la parroquia ni la archidiócesis creen que este enterramiento contravenga el Código de Derecho Canónico, a pesar de que en su canon 1.242 establece: "No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los cardenales o a los obispos diocesanos, incluso eméritos".
Absoluta normalidad. Ningún privilegio ni trato de favor. Ese es el mensaje que emana desde todos los altavoces de la Iglesia: no hay nada extraño ni cuestionable en que Franco, el dictador con el que la jerarquía católica trabó una relación de íntima complicidad desde su alzamiento en 1936 hasta su muerte en 1975, hasta tal punto que el régimen autoritario franquista y la Iglesia alcanzaron una consustancialidad conocida como "nacionalcatolicismo", reciba enterramiento en una catedral, una distinción lejos del alcance de la inmensa mayoría del rebaño católico. "La Iglesia acoge a todas las personas", declaró este lunes Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.
El cardenal Osoro, tenido por uno de los puntales de la corriente más abierta y reformista de la jerarquía en España, en sintonía con el papa Francisco y en contraste con la línea dura que hasta su retiro encarnó Antonio María Rouco Varela, viene adoptando una posición suave en relación con la exhumación de Franco. Frente a las resistencias de la comunidad benedictina y los sectores ultra, Osoro ha dejado claro desde el principio que no va a oponerse a la exhumación ni a ser un obstáculo para la misma, lo cual le ha valido críticas desde los sectores más duros de la Iglesia, que se hacen oír a través de medios como Infovaticana. En otras ocasiones Osoro ha decepcionado a quienes esperaban de él una sensibilidad aperturista, como cuando expresó su "dolor" tras conocer que en la iglesia de San Antón se había realizado una oración por el alma del socialista homosexual Pedro Zerolo, por considerar que tuvo cariz "político".
Un enterramiento VIP
Osoro aplica ahora un discurso similar al enterramiento de Franco, pero con resultado opuesto: del "no me opondré" a su exhumación del Valle de los Caídos, al "no me opondré" a su enterramiento en La Almudena. No obstante, dicha inhumación no estará exenta de controversia. De hecho, es controvertido que los restos del militar golpista Queipo de Llano descansen en la Basílica de la Macarena, en Sevilla. Además el de Franco sería un enterramiento VIP. La familia Franco posee una sepultura en la catedral en razón de una aportación económica, que Iniesta no cuantifica. Aunque no puede precisar la fecha, Iniesta sitúa la "compra" de ese derecho en la fecha de la muerte del yerno de Franco, el que fue marido de su hija, en 1998. Entonces la familia Franco realizó el donativo, que le dio el derecho a que Martínez-Bordiú fuera enterrado en la catedral. Desde diciembre del año pasado descansan también allí los restos de Carmen Franco Polo, única hija del dictador. "Están las cenizas de ambos en una copa", explica Iniesta.
Hoy día si un bautizado quiere ser enterrado en la cripta de la Catedral de la Almudena, no puede. "Ya no hay sepulturas disponibles", afirma el párroco Iniesta. Sólo pueden reposar allí los restos de quienes ya tienen derecho de enterramiento. Entre estos están los marqueses de Cubas y los marqueses de Urquijo, según consta en la propia web de La Almudena y publicó en enero El Confidencial, que añadía que las familias Areces, Koplowitz y Abelló tienen nicho reservado en la cripta de San Ginés. En la cripta de La Almudena-catedral hay también enterramientos de la familia Pallarés González y de los condes de San Esteban de Cañongo y un monumento funerario de la familia Soto y Alba. Iniesta prefiere no dar detalles sobre las cantidades aportadas para hacerse acreedor del derecho de enterramiento, pero asegura que fueron abonadas "hace ya tiempo" y niega que existan privilegios. Y subraya que, aunque ya no es posible comprar el derecho de ser enterrado en la cripta, sí hay espacio libre en el columbario. "Ahí queda bastante espacio, y queremos hacer más", asegura el deán. Pero no es ahí donde descansará Franco, sino "en un pasillo de una nave, en el suelo, en la piedra", explica Iniesta. Ahí ya no se pueden hacer adjudicaciones.
La ley de la Iglesia
¿Pero no choca esto con el Código de Derecho Canónico? El deán conoce a la perfección el canon 1.242, pero señala que "el obispo de Madrid y Alfonso XII determinaron en 1911 construir la cripta precisamente para que [los allí enterrados, como los Franco] aportaran para construir la catedral". "Se autorizó entonces el enterramiento en la cripta. Una cosa es que la norma general dice que no se entierre nadie en las iglesias, y otra que el obispo no lo pueda autorizar. Lo único prohibido es enterrar debajo del altar, salvo que sea un santo", señala el religioso. Además Iniesta distingue entre la catedral propiamente dicha y la cripta, que aunque es parte de la misma le merece distinta consideración a la ahora de aplicar la normativa de derecho canónico. Asegura que "el único enterrado dentro de la catedral es Ángel Suquía", que fue arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, fallecido en 2006.
"No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los cardenales o a los obispos diocesanos, incluso eméritos", dice el canon del Código de Derecho Canónico en cuestión. El Arzobispado de Madrid también niega que enterrar a Franco –o a cualquier otro– en la cripta de la Catedral de la Almudena contravenga este principio. Un portavoz de la archidiócesis asegura que el lugar donde está la sepultura de los Franco es una "cripta sepulcral", destinada al enterramiento de fieles que hubieran colaborado en la construcción del templo, que atravesó innumerables vicisitudes. "A pesar del canon, no hay mayor problema porque [el lugar del enterramiento] es una cripta sepulcral", afirma este portavoz.
Tanto el Arzobispado como la Fundación Nacional Francisco Franco aseguran que aún no ha habido contactos entre la familia y las autoridades eclesiásticas. Un abogado de los Franco visitó recientemente la catedral y estuvo comprobando el certificado de propiedad de la sepultura, señalan desde el arzobispado. La fundación admite que, si no logran frenar la exhumación, el lugar elegido para el enterramiento sería "la Catedral de la Almudena", como expone en sus alegaciones al decreto del Gobierno. "Por supuesto que encaja con el derecho canónico. La familia tiene panteón allí y carácter perpetuo", responde por escrito la fundación a preguntas de infoLibre.
Fidelidad mutua
Otra posible opción para el enterramiento de los restos de Franco sería el panteón familiar en El Pardo, donde se encuentran los restos de la que fue esposa del dictador, Carmen Polo. Sin duda sería una opción menos comprometedora para la Iglesia, que arrastra el problema de haber colaborado estrechamente con la dictadura y no haber pedido nunca perdón por ello. Darle a Franco un tratamiento exclusivo más de 40 años después de su muerte es pisar terreno delicado, porque ya se lo dio durante su vida.
Es una historia larga y antigua. El mismo golpe de Estado contra la República tenía una inspiración religiosa. José María Gil Robles, el líder de la derecha católica de la CEDA que en 1936 había contado con el apoyo de la jerarquía, aportó medio millón de pesetas al general Emilio Mola unas semanas antes del alzamiento. Los prebostes de la Iglesia se pusieron de parte de Franco. "España será católica o no será", proclamó el cardenal Isidro Gomá durante la guerra, a la que la cúpula eclesial dio la categoría de "cruzada". La Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero, publicada un año después de iniciada la guerra, decía: "Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional". El mismísimo papa Pío XII telegrafió un mensaje al Caudillo victorioso: "Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España".
"Se fue sin hacer ruido. Pasó por la vida de puntillas, sin una mala cara, con la sonrisa en los labios. Aprendió a ser fiel en un mundo hostil", se despedía monseñor Antonio Cañizares en un funeral por la memoria de Carmen Franco, a principios de este año. En efecto, los Franco fueron fieles hasta el final a la Iglesia. Y la Iglesia lo fue hasta el final al franquismo. Además de colaborar con la represión, aportó al régimen legitimidad internacional. Si hasta el Concordato de 1953 había logrado escasos avances diplomáticos, desde entonces todo se aceleró. La firma precedió a los acuerdos geoestratégicos con Estados Unidos –Pactos de Madrid, también del 53– y a la entrada de España en la ONU. Pío XII nombró protocanónigo a Franco, que había establecido en su acuerdo con el Vaticano que "los sacerdotes diariamente elevarán preces por España y por el jefe del Estado". A cambio la Iglesia logró un espacio de privilegio en los campos económico, simbólico, educativo y patrimonial, que logró proteger en lo esencial con los acuerdos de 1976-1979, que reformó sin derogar el Concordato.
Ni arrepentimiento, ni perdón
La Iglesia española no ha pedido perdón. Sí lo ha hecho en otros lugares del mundo. En 1998 el Vaticano hizo un público "acto de arrepentimiento" por su insensibilidad ante el nazismo. El papa Francisco ha pedido perdón a los evangelistas pentecostales por su persecución durante el fascismo en Italia. En Argentina la Iglesia ha reconocido sus "pecados" en la dictadura de Videla. Aquí en cambio la Iglesia fue durante la Guerra Civil "sujeto paciente y víctima", como dijo monseñor Juan José Asenjo en 2000 siendo portavoz de la Conferencia Episcopal. Bajo el mandato de Rouco Varela se aprobó la tesis episcopal sobre la guerra, titulada La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, la más elaborada introspección de la Iglesia sobre aquella época. No hubo un ápice de autocrítica.
Ricardo Blázquez, en la primera de sus etapas al frente de la CEE, llegó a afirmar que "en el decenio de los 30" hubo "actuaciones concretas" de miembros de la Iglesia que fueron contrarias al evangelio. "Los que nos han precedido pueden haber sido testigos luminosos del Evangelio, y en otras ocasiones pueden haber realizado lo que el Evangelio desaprueba". No obstante, no es una línea que haya adquirido oficialidad. Se impuso la línea Rouco. Cuando en 2000 Juan Pablo II aludió a las culpas de los "hijos de la Iglesia" y entonó un "nunca más", tampoco hizo explícita referencia a nuestro país. Referentes de la Iglesia crítica de base atribuyen la incapacidad de la Iglesia de formular un arrepentimiento al hecho de que su actual estatus de privilegio en en democracia tiene su antecedente directo en el acuerdo alcanzado durante el franquismo, cuya deslegitimación supondría a su vez un debilitamiento de la posición de la institución católica.
Absoluta normalidad. Ningún privilegio ni trato de favor. Ese es el mensaje que emana desde todos los altavoces de la Iglesia: no hay nada extraño ni cuestionable en que Franco, el dictador con el que la jerarquía católica trabó una relación de íntima complicidad desde su alzamiento en 1936 hasta su muerte en 1975, hasta tal punto que el régimen autoritario franquista y la Iglesia alcanzaron una consustancialidad conocida como "nacionalcatolicismo", reciba enterramiento en una catedral, una distinción lejos del alcance de la inmensa mayoría del rebaño católico. "La Iglesia acoge a todas las personas", declaró este lunes Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.
El cardenal Osoro, tenido por uno de los puntales de la corriente más abierta y reformista de la jerarquía en España, en sintonía con el papa Francisco y en contraste con la línea dura que hasta su retiro encarnó Antonio María Rouco Varela, viene adoptando una posición suave en relación con la exhumación de Franco. Frente a las resistencias de la comunidad benedictina y los sectores ultra, Osoro ha dejado claro desde el principio que no va a oponerse a la exhumación ni a ser un obstáculo para la misma, lo cual le ha valido críticas desde los sectores más duros de la Iglesia, que se hacen oír a través de medios como Infovaticana. En otras ocasiones Osoro ha decepcionado a quienes esperaban de él una sensibilidad aperturista, como cuando expresó su "dolor" tras conocer que en la iglesia de San Antón se había realizado una oración por el alma del socialista homosexual Pedro Zerolo, por considerar que tuvo cariz "político".
Un enterramiento VIP
Osoro aplica ahora un discurso similar al enterramiento de Franco, pero con resultado opuesto: del "no me opondré" a su exhumación del Valle de los Caídos, al "no me opondré" a su enterramiento en La Almudena. No obstante, dicha inhumación no estará exenta de controversia. De hecho, es controvertido que los restos del militar golpista Queipo de Llano descansen en la Basílica de la Macarena, en Sevilla. Además el de Franco sería un enterramiento VIP. La familia Franco posee una sepultura en la catedral en razón de una aportación económica, que Iniesta no cuantifica. Aunque no puede precisar la fecha, Iniesta sitúa la "compra" de ese derecho en la fecha de la muerte del yerno de Franco, el que fue marido de su hija, en 1998. Entonces la familia Franco realizó el donativo, que le dio el derecho a que Martínez-Bordiú fuera enterrado en la catedral. Desde diciembre del año pasado descansan también allí los restos de Carmen Franco Polo, única hija del dictador. "Están las cenizas de ambos en una copa", explica Iniesta.
Hoy día si un bautizado quiere ser enterrado en la cripta de la Catedral de la Almudena, no puede. "Ya no hay sepulturas disponibles", afirma el párroco Iniesta. Sólo pueden reposar allí los restos de quienes ya tienen derecho de enterramiento. Entre estos están los marqueses de Cubas y los marqueses de Urquijo, según consta en la propia web de La Almudena y publicó en enero El Confidencial, que añadía que las familias Areces, Koplowitz y Abelló tienen nicho reservado en la cripta de San Ginés. En la cripta de La Almudena-catedral hay también enterramientos de la familia Pallarés González y de los condes de San Esteban de Cañongo y un monumento funerario de la familia Soto y Alba. Iniesta prefiere no dar detalles sobre las cantidades aportadas para hacerse acreedor del derecho de enterramiento, pero asegura que fueron abonadas "hace ya tiempo" y niega que existan privilegios. Y subraya que, aunque ya no es posible comprar el derecho de ser enterrado en la cripta, sí hay espacio libre en el columbario. "Ahí queda bastante espacio, y queremos hacer más", asegura el deán. Pero no es ahí donde descansará Franco, sino "en un pasillo de una nave, en el suelo, en la piedra", explica Iniesta. Ahí ya no se pueden hacer adjudicaciones.
La ley de la Iglesia
¿Pero no choca esto con el Código de Derecho Canónico? El deán conoce a la perfección el canon 1.242, pero señala que "el obispo de Madrid y Alfonso XII determinaron en 1911 construir la cripta precisamente para que [los allí enterrados, como los Franco] aportaran para construir la catedral". "Se autorizó entonces el enterramiento en la cripta. Una cosa es que la norma general dice que no se entierre nadie en las iglesias, y otra que el obispo no lo pueda autorizar. Lo único prohibido es enterrar debajo del altar, salvo que sea un santo", señala el religioso. Además Iniesta distingue entre la catedral propiamente dicha y la cripta, que aunque es parte de la misma le merece distinta consideración a la ahora de aplicar la normativa de derecho canónico. Asegura que "el único enterrado dentro de la catedral es Ángel Suquía", que fue arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, fallecido en 2006.
"No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los cardenales o a los obispos diocesanos, incluso eméritos", dice el canon del Código de Derecho Canónico en cuestión. El Arzobispado de Madrid también niega que enterrar a Franco –o a cualquier otro– en la cripta de la Catedral de la Almudena contravenga este principio. Un portavoz de la archidiócesis asegura que el lugar donde está la sepultura de los Franco es una "cripta sepulcral", destinada al enterramiento de fieles que hubieran colaborado en la construcción del templo, que atravesó innumerables vicisitudes. "A pesar del canon, no hay mayor problema porque [el lugar del enterramiento] es una cripta sepulcral", afirma este portavoz.
Tanto el Arzobispado como la Fundación Nacional Francisco Franco aseguran que aún no ha habido contactos entre la familia y las autoridades eclesiásticas. Un abogado de los Franco visitó recientemente la catedral y estuvo comprobando el certificado de propiedad de la sepultura, señalan desde el arzobispado. La fundación admite que, si no logran frenar la exhumación, el lugar elegido para el enterramiento sería "la Catedral de la Almudena", como expone en sus alegaciones al decreto del Gobierno. "Por supuesto que encaja con el derecho canónico. La familia tiene panteón allí y carácter perpetuo", responde por escrito la fundación a preguntas de infoLibre.
Fidelidad mutua
Otra posible opción para el enterramiento de los restos de Franco sería el panteón familiar en El Pardo, donde se encuentran los restos de la que fue esposa del dictador, Carmen Polo. Sin duda sería una opción menos comprometedora para la Iglesia, que arrastra el problema de haber colaborado estrechamente con la dictadura y no haber pedido nunca perdón por ello. Darle a Franco un tratamiento exclusivo más de 40 años después de su muerte es pisar terreno delicado, porque ya se lo dio durante su vida.
Es una historia larga y antigua. El mismo golpe de Estado contra la República tenía una inspiración religiosa. José María Gil Robles, el líder de la derecha católica de la CEDA que en 1936 había contado con el apoyo de la jerarquía, aportó medio millón de pesetas al general Emilio Mola unas semanas antes del alzamiento. Los prebostes de la Iglesia se pusieron de parte de Franco. "España será católica o no será", proclamó el cardenal Isidro Gomá durante la guerra, a la que la cúpula eclesial dio la categoría de "cruzada". La Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero, publicada un año después de iniciada la guerra, decía: "Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional". El mismísimo papa Pío XII telegrafió un mensaje al Caudillo victorioso: "Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España".
"Se fue sin hacer ruido. Pasó por la vida de puntillas, sin una mala cara, con la sonrisa en los labios. Aprendió a ser fiel en un mundo hostil", se despedía monseñor Antonio Cañizares en un funeral por la memoria de Carmen Franco, a principios de este año. En efecto, los Franco fueron fieles hasta el final a la Iglesia. Y la Iglesia lo fue hasta el final al franquismo. Además de colaborar con la represión, aportó al régimen legitimidad internacional. Si hasta el Concordato de 1953 había logrado escasos avances diplomáticos, desde entonces todo se aceleró. La firma precedió a los acuerdos geoestratégicos con Estados Unidos –Pactos de Madrid, también del 53– y a la entrada de España en la ONU. Pío XII nombró protocanónigo a Franco, que había establecido en su acuerdo con el Vaticano que "los sacerdotes diariamente elevarán preces por España y por el jefe del Estado". A cambio la Iglesia logró un espacio de privilegio en los campos económico, simbólico, educativo y patrimonial, que logró proteger en lo esencial con los acuerdos de 1976-1979, que reformó sin derogar el Concordato.
Ni arrepentimiento, ni perdón
La Iglesia española no ha pedido perdón. Sí lo ha hecho en otros lugares del mundo. En 1998 el Vaticano hizo un público "acto de arrepentimiento" por su insensibilidad ante el nazismo. El papa Francisco ha pedido perdón a los evangelistas pentecostales por su persecución durante el fascismo en Italia. En Argentina la Iglesia ha reconocido sus "pecados" en la dictadura de Videla. Aquí en cambio la Iglesia fue durante la Guerra Civil "sujeto paciente y víctima", como dijo monseñor Juan José Asenjo en 2000 siendo portavoz de la Conferencia Episcopal. Bajo el mandato de Rouco Varela se aprobó la tesis episcopal sobre la guerra, titulada La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX, la más elaborada introspección de la Iglesia sobre aquella época. No hubo un ápice de autocrítica.
Ricardo Blázquez, en la primera de sus etapas al frente de la CEE, llegó a afirmar que "en el decenio de los 30" hubo "actuaciones concretas" de miembros de la Iglesia que fueron contrarias al evangelio. "Los que nos han precedido pueden haber sido testigos luminosos del Evangelio, y en otras ocasiones pueden haber realizado lo que el Evangelio desaprueba". No obstante, no es una línea que haya adquirido oficialidad. Se impuso la línea Rouco. Cuando en 2000 Juan Pablo II aludió a las culpas de los "hijos de la Iglesia" y entonó un "nunca más", tampoco hizo explícita referencia a nuestro país. Referentes de la Iglesia crítica de base atribuyen la incapacidad de la Iglesia de formular un arrepentimiento al hecho de que su actual estatus de privilegio en en democracia tiene su antecedente directo en el acuerdo alcanzado durante el franquismo, cuya deslegitimación supondría a su vez un debilitamiento de la posición de la institución católica.
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