dissabte, 13 de juliol de 2019

El brazo financiero y burócrata del espolio franquista de Meirás.


https://www.eldiario.es/galicia/politica/financiero-burocrata-espolio-franquista-Meiras_0_919708727.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=2019-07-13-adelanto&goal=0_10e11ebad6-9737086f15-56368913&mc_cid=9737086f15&mc_eid=c4fc502c5a


La demanda que el Estado acaba de presentar contra la familia Franco para exigirle la recuperación del Pazo de Meirás vuelve a arrojar luz sobre las artimañas, maniobras y presiones que el régimen fascista y sus prohombres en Galicia llevaron a cabo para un expolio que tiene en las Torres su principal símbolo.
El documento clave, hallado por la Abogacía del Estado en el Archivo Histórico de Protocolos de A Coruña, demostraría la existencia de dos contratos para la adquisición del Pazo, el último de ellos "fraudulento" y simulado en 1941 para encubrir la donación y compra que la Junta Pro Pazo del Caudillo había hecho ya tres años antes para la jefatura del Estado. El objetivo de los Franco era evitar que el inmueble fuese incluido en el Patrimonio Nacional tras la ley aprobada en 1940 que regulaba la cesión de estos bienes a lo público. Y lograr, como así hizo, que las Torres de Meirás pasasen a su propiedad privada a pesar de que en 1938, como demuestra la escritura ahora encontrada, se hubiesen pagado más de 400.000 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán tras una recolecta entre amenazas, coacciones o deducciones de nóminas de funcionarios y de presupuestos municipales.
Una figura es esencial en ambos documentos: Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, antiguo dueño del Banco Pastor, máximo dirigente de la extinta Fenosa o de Astano y uno de los principales mecenas del bando fascista en la guerra civil. Su firma, representando a Franco, aparece en el contrato de compraventa simulado de mayo de 1941 donde, según los abogados del Estado, se creó "artificiosamente la apariencia" de que el dictador adquiría el Pazo por un precio de 85.000 pesetas.
Tres años antes, el Pazo ya había sido comprado a la familia de Pardo Bazán por esa Junta Provincial Pro Pazo, impulsada en 1937 por el gobernador civil de A Coruña, Julio Muñoz, y por el propio Barrié de la Maza. En ella, adineradas figuras o destacados militantes fascistas como Rivero de Aguilar, José María Marchessi, José Luis Bugallal, Joaquín Barcia Goyanes, José Casteleiro, Jacobo López Rúa o los alcaldes franquistas Alfonso Molina y Álvarez de Sotomayor. Este último, el quinto regidor designado en plena guerra tras el asesinato de Suárez Ferrín, había viajado a San Sebastián para acordar allí la venta de Meirás. Así lo reconocía un teniente coronel del ejército fascista en un informe reservado en el que aludía a la "rapidez" con la que se habían llevado a cabo las negociaciones para evitar que se les "adelantasen" otras provincias con la "misma idea", tal y como recoge el informe histórico-jurídico que encargó la Diputación de A Coruña.
Publicación propagandística sobre la presencia de Franco en el Pazo de Meirás en 1938
Publicación propagandística sobre la presencia de Franco en el Pazo de Meirás en 1938
Se superaron las 400.000 pesetas tras una campaña que el franquismo defendió como de donación para un regalo pero que diversos documentos revelan como coacciones, amenazas, espolio de tierras o conjunto de patrullas encabezadas por la Falange. La propia Junta Pro Pazo se dirigía a los ayuntamientos para indicar cómo "visitar personalmente" a cada vecino. En una época de dura represión, con muertos en las cunetas, miles de asesinados y la guerra todavía por finalizar.
Fue, por tanto, esa Junta Pro Pazo quien impulsó la recogida de dinero, encabezada por Barrié, dueño del Pastor, la entidad que en esos mismos años buscaba ejecutar el aval de un crédito de la campaña del Estatuto de 1936, firmado por dirigentes galleguistas asesinados. Los golpistas detectaron "importantes sumas" dedicadas "al desmembramiento de la patria" e intentaron sacarlas de los bancos.
"Galicia que le vio nacer, que oyó su voz el 18 de julio, que le ofreció la sangre de sus hijos y el tesoro de sus entrañas [...] asocia para siempre el nombre de Franco a su solar, en tierras del Señor San Yago, como una gloria más que añadir a su Historia".
Era así como certificaba en un documento la Junta Pro-Pazo la donación al general fascista del Pazo de Meirás. En marzo de 1938, el Ayuntamiento de A Coruña daba cuenta de la "adquisición" del inmueble "para ofrecerlo como residencia veraniega a nuestro invicto Generalísimo y Glorioso Caudillo" y el gobernador civil envía un telegrama al ministro Serrano Suñer para comunicarle, "en nombre de esta ciudad y provincia", que las Torres acababan de ser "adquiridas por el pueblo coruñés para donarlo a nuestro Caudillo S. E. Jefe del Estado".
En diciembre de 1938, el dictador Franco estampaba su firma en el documento de la Junta. "Acepto". Viajó expresamente a Galicia a recoger aquel presente, una visita que quedó retratada en las imágenes y los rostros de la colección de fotografías que digitalizó no hace mucho la Biblioteca Nacional de España. Se solemnizaba así la incautación del Pazo, que quedó plasmada en unas fotos que ilustran el recorrido del dictador por A Coruña, Santiago, Sobrado dos Monxes y Meirás y que advierten de una sociedad fervorosa en algún caso, pero mayormente atemorizada, afectada por las penurias de la guerra y con inquietantes miradas.
A pesar de constar un pergamino con la propia firma de Franco aceptando la donación y las declaraciones, comunicaciones y textos analizados de aquel 1938 en los que se documenta la donación, nunca había aparecido la escritura que certificara la compra, ess que la Abogacía del Estado ha encontrado en A Coruña. Incluso el dictador recibió en un solemne acto en Compostela aquel pergamino, un año después de su visita, en diciembre de 1939. "Acepto gustoso y exclusivamente por ser un obsequio de mis amantes paisanos", decía. No era así.
El Gobierno exige a los Franco el Pazo de Meiras porque actuaron contra derecho
El Gobierno exige a los Franco el Pazo de Meiras porque actuaron contra derecho
Ni fue el único expolio. El dictador aumentó en 80.000 metros cuadrados sus propiedades fuera del Pazo en Meirás y compró terrenos en Sada u Oleiros. Otros pazos históricos fueron desmantelados también por la familia Franco, que es propietaria aún de las figuras de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria, objetos de un conflicto por dirimir en los tribunales. Fue, como dice el investigador Carlos Babío, uno "macroespolio".

"Trama de favores mutuos"

En todas estas operaciones durante la dictadura, los Franco se valían de la ayuda de las élites franquistas de A Coruña y alrededores. "Era una trama de favores, de favores mutuos la cuenta del erario público; se lucraron y todavía se lucran las élites", dice Babío. Y entre los protagonistas siempre presentes, Barrié de la Maza, que ayudaba a que el dictador cumpliese con sus caprichos, como la Casa Cornide, en el casco viejo de la ciudad de A Coruña. Fue adquirida por el banquero en una subasta en 1962 a la que sólo habían asistido él y el jefe del Movimiento y pagando menos de 45.000 pesetas. Luego, acabó en manos del general fascista gracias a la intervención del conde de Fenosa.
Las consecuencias de la cadena de favores, corruptelas y espolios de lo público tienen consecuencia en polémicas actuales, como la de la relación entre los terrenos del complejo de La Solana y el Hotel Finisterre en A Coruña, fuente de conflictos entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.
Armando Casteleiro Varela fue el impulsor de la construcción del complejo en la que era la antigua playa del Parrote, que desapareció. Recibe la autorización de las administraciones en 1941 y abre sus puertas poco más de un año después. El empresario y nadador es hermano de José Casteleiro Varela, miembro de la Junta Pro Pazo y ambos, reconocidos militantes fascistas en la represión.
Luego, Casteleiro decidió construir un hotel y formó una sociedad en la que entró el empresario Aurelio Ruenes, el arquitecto Santiago Rey Pedreira y la división industrial del Banco Pastor, que tenía al frente, otra vez, a Pedro Barrié de la Maza, designado procurador en Cortes por Franco desde 1946, y que acabaría por ser accionista mayoritario de la sociedad que gestionaba el hotel y La Solana.

Los denunciantes de bebés robados vuelven a la casilla de salida: el primer caso juzgado fue una cesión voluntaria


https://www.eldiario.es/sociedad/Memoria_Historica_Congreso_bebes_robados_franquismo_0_919708785.html


El anuncio de Inés Madrigal, impulsora de la causa de los bebés robados durante el franquismo, de que fue "entregada en adopción voluntariamente" devuelve a los colectivos que llevan años denunciando la sustracción ilegal de recién nacidos a la casilla de salida.
Madrigal consiguió una sentencia histórica para estas asociaciones. A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al ginecólogo Eduardo Vela por prescripción, le consideraron autor de todos los delitos. La justicia determinó en octubre que el ginecólogo era responsable de las acusaciones de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial por la sustracción de Madrigal en 1969, pero no le condenaron al considerar que estas penas habían caducado.
Por primera vez algún miembro de colectivos que denunciaban el robo de bebés conseguía un fallo en el que se aseguraba que el ginecólogo del sanatorio San Ramón entregó a una recién nacida "fuera de los cauces legales" y "simulando la existencia de un parto que no se había producido".

Encontró a su familia biológica por una prueba en EEUU

Este jueves este fallo se desmontaba. Esta mujer explicó que su madre la entregó de forma voluntaria, tras quedarse embarazada sin estar casada. Aún así, insistió en que Vela "traficó conmigo" como le dio la gana y mantiene que el doctor realizó una "falsificación documental" al registrarla como hija de la familia a la que dio al bebé. Gracias a una empresa de EEUU especializada en análisis de ADN encontró que "tenía un pariente cercano", que también se había hecho las pruebas allí por "pura curiosidad". A partir de ahí, comenzó a "tirar del hilo" hasta llegar a su hermano biológico que tenía su ADN en un banco español.
La Fiscalía verificó su versión. En un comunicado, el Ministerio Público anunció que consideraban "que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de un bebé y con ellos el delito de detención ilegal" durante la tramitación del recurso presentado ante el Tribunal Supremo o en un "eventual recurso de revisión". Aunque reconoce que la "madre biológica decidió voluntariamente separarse de su hija", esta institución asegura que ante los hechos conocidos esta semana "no excluyen que la actuación del médico fuera totalmente irregular", en alusión a Vela.
Inés Madrigal desvela que ha encontrado a su familia biológica
Inés Madrigal desvela que ha encontrado a su familia biológica EFE
Guillermo Peña, el abogado que ha defendido a Madrigal ante los tribunales, asegura que si finalmente se toma esta decisión "se acabó la causa" de los bebés robados en nuestro país. "No tenemos demasiadas opciones de continuar. Si en el único caso que ha llegado a esta fase se está diciendo que el doctor Vela no tiene ninguna responsabilidad, no vamos a tener autoridad moral para intentar persuadir a órganos inferiores de que en este caso sí", incide el letrado, que asegura que tiene actualmente cuatro casos judicializados vivos y ha trabajado en 147.
Por su parte, desde los colectivos de afectados tratan de no tirar la toalla. "Cuando un adoptado busca nunca sabe lo que se puede encontrar, puede ser un adoptado o no. Eso no significa que lo hecho jurídicamente sea un trabajo vano. Lo que sí se demuestra con este encuentro, es que el tráfico de bebés existía", apunta Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos Los Bebés Robados Son También Mis Niños. "Que este caso no sea uno de bebés robado no quiere decir que no existan", continúa Maite Parejo, abogada especialista en justicia universal, del despacho G37, para reseñar posteriormente que este anuncio "no afecta nada en absoluto" a la causa de las sustracciones de menores durante el franquismo.
Sobre la gestión de su entrega a la familia en la que se ha criado, Madrigal defiende que no fue adoptada. "Para el Estado nunca existió [la filiación del nacimiento]", reseña. "Vela no tramita una adopción, la inscribe directamente en el registro como si fuera hijo biológico, eso era un delito y lo es ahora", añade el abogado Peña.
La investigación que inició Madrigal, con la que consiguió sentar al doctor Vela en el banquillo a sus 87 años, logró derribar la mayoría de los obstáculos que se encuentran los denunciantes de estos casos, entre ellos, la avanzada edad de los acusados, la prescripción de delitos y las dificultades en las investigaciones.
No hay cifras oficiales de afectados. Algunas asociaciones han estimado que hay 300.000 casos, una estimación difícil de contrastar. El director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense, Antonio Alonso, apunta que la Fiscalía ha recibido solo dos millares de denuncias por estas actuaciones. Según sus cálculos los laboratorios privados han recibido una cifra parecida de consultas de ADN por sustracción de recién nacidos en nuestro país.

Pruebas de ADN que descartan una "trama"

Este Instituto, dependiente del Ministerio de Justicia, elaboró en 2017 un informe sobre las conclusiones periciales de las pruebas de ADN de los denunciantes de bebés robados. Además, ha sido la administración a la que ha recurrido la Fiscalía para verificar los exámenes genéticos del caso de Madrigal. Su director asegura que el Instituto no ha podido demostrar que "exista una trama" de robo de recién nacidos. "Es más bien al contrario, porque todos estos padres que cuentan la misma historia, que cuentan el mismo modus operandi, – señala Alonso – hemos determinado que en el 91% de los casos los hijos habían fallecido y, por lo tanto, que no hubo robo", ya que estaban los restos en el lugar del enterramiento.
De esta forma, el máximo responsable del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses alude a las conclusiones del estudio elaborado en 2017, a petición de una comisión del Parlamento Europeo y adelantado por El País. Otro de los datos concluyentes apunta a que solo en tres de las 120 exhumaciones realizadas a instancia de la Fiscalía o de juzgados de instrucción no recuperaron huesos. En dos de las tres tumbas que estaban vacías, aclaran que las "características de los hallazgos" – entre ellos "pelos fetales y fauna cadavérica, así como paños quirúrgicos y pinzas de cordón" – "eran compatibles con la existencia previa de restos óseos en los enterramientos".
Las asociaciones reivindican la existencia de las tumbas vacías como una de las irregularidades que demostrarían la existencia de bebés robados. De hecho, Peña insiste en que hay provincias en las que sí se han encontrado fosas vacías. Estos colectivos exigen a la administración que invierta medios para investigar sus denuncias y lamentan que el caso de Madrigal se haya solucionado por su propia iniciativa recurriendo a una empresa norteamericana.
En la legislatura anterior el Congreso aprobó por unanimidad tramitar una ley de bebés robados por el franquismo, en la que se reconocía la sustracción de menores como un delito continuado "en un contexto de crímenes contra la humanidad". Con la disolución de esta Cámara antes de las elecciones del 28 de abril esta propuesta decayó y los partidos tendrán que recuperarla cuando vuelva a haber actividad parlamentaria.

dijous, 11 de juliol de 2019

El Gobierno abre otro frente con los Franco y exige el pazo de Meirás por “fraude” en la compra


https://elpais.com/politica/2019/07/10/actualidad/1562771558_471583.html



Los abogados del Estado hallan un acta notarial desconocida que según ellos confirma que la venta del pazo al dictador fue fraudulenta porque se produjo tres años después de la primera compra por cuestación popular forzosa




Un grupo de turistas realiza una de las visitas guiadas al Pazo de Meirás, en Sada (Coruña). En vídeo, así se hizo Franco con el pazo. ÓSCAR CORRAL / EPV
Los sucesores de Emilia Pardo Bazán vendieron las Torres de Meirás dos veces, por lo que una de esas transacciones no puede ser auténtica. Un documento de 1938 desconocido hasta ahora sirve de base a la Abogacía del Estado para construir la demanda de casi 100 folios que este miércoles presentó el Gobierno de Pedro Sánchez en los juzgados de A Coruña para reclamar a los Franco la devolución del pazo. Según el Ejecutivo, esta acta, firmada ante notario en el despacho del gobernador civil del momento, confirma que un contrato de venta a Franco tres años después fue “fraudulento” porque ya era residencia de la Jefatura del Estado.
El protocolo notarial hallado demuestra que la propiedad ya había sido comprada el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro-Pazo (que formaban los prohombres del régimen) por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán. El dinero había sido adelantado en hipoteca por el Banco Pastor y se pagó con una cuestación popular que, al fracasar, se convirtió en forzosa, con dinero que se restaba de las nóminas de los funcionarios y de las arcas de los Ayuntamientos de la provincia. Sin embargo, tres años después, el 24 de mayo de 1941 se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco (representado en el acto por Pedro Barrié, dueño del Pastor) y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora.
A esas alturas, el pazo de Meirás llevaba casi tres años ocupado y sumido en las obras de reforma y ampliación, pero el escrito de 1941 sirvió para crear “artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas”, una cantidad que los letrados califican de “irrisoria”.



Escritura Pazo de Meirás.ampliar foto
Escritura Pazo de Meirás. EL PAÍS


“Es evidente que nos encontramos ante un negocio sin causa (negocio simulado), dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa había sido ya vendido años antes” y “entregado al Jefe del Estado” en un acto oficial en diciembre de 1938, defiende el Gobierno. La demanda, que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, se presenta contra los nietos de Franco, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, junto con la mercantil Prístina, SL, vinculada a la familia.



Escritura Pazo de Meirás-ampliar foto
Escritura Pazo de Meirás- EL PAÍS


Desde 1938, “el inmueble estaba siendo remodelado y los accesos e infraestructuras que daban servicio a la finca estaban siendo mejorados y ejecutados por la Diputación y por la Jefatura Provincial de Obras”, recuerdan los abogados. Y describen cómo Meirás fue asumido como una prolongación del palacio del Pardo, con oficinas y personal público, hasta el punto de que en la residencia estival del municipio de Sada (A Coruña) se usaban los mismos papeles oficiales y se tachaba la palabra “palacio” para reemplazarla por “pazo”.
En este propósito de simular la venta, el contrato de 1941, que sirvió a Franco para inscribir Meirás a su nombre en el registro de la propiedad, corrige además una escritura particional de 1940 sobre la herencia del nieto de Emilia Pardo Bazán que ya no incluía el pazo, como si se tratase de un olvido la ausencia de la mansión en la relación de bienes hecha por esa familia. Es por estas maniobras a las que supuestamente accedió la nuera de la autora gallega, Manuela Esteban-Collantes, que la demanda del Estado se dirige también contra sus “ignorados herederos” actuales.
La demanda civil reivindica la rectificación del registro de la propiedad y la nulidad del título de donación en 1938 (cuyo pergamino original desapareció por sorpresa del archivo de la Diputación de A Coruña en 2007, un año antes de que Meirás fuese declarado BIC), la “compraventa fraudulenta” de 1941 y la escritura de partición de la herencia de Carmen Franco. El fin último es recuperar la posesión y ver reconocida la propiedad de Meirás a favor del Estado. Con esto, el Gobierno de Sánchez abre un nuevo frente que se suma al pulso que mantiene con la familia por la exhumación de los huesos del dictador del Valle de los Caídos.


En agosto de 2018 la Xunta de Galicia trasladó al Ministerio de Justicia una resolución unánime del Parlamento gallego en la que se instaba al Estado a que llevase a cabo acciones legales para recuperar el pazo para el patrimonio público. Desde entonces, los servicios jurídicos han revisado toda la documentación existente, y los informes de sendas comisiones de expertos aportados por la Xunta y la Diputación de A Coruña. Pero además han sacado a la luz el nuevo documento que consideran “clave” porque “demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre”. Según los abogados del Estado, estos hechos, la simulación del negocio de compraventa para encubrir la donación anteriormente celebrada y permitir una inscripción a título particular de un edificio que había sido transmitido previamente a la Jefatura del Estado, estaban castigados como delito de falsedad en documento público ya en el Código Penal de aquel momento.
En su reclamación judicial, el Gobierno defiende que desde 1938 y hasta la muerte del dictador el pazo funcionó como residencia oficial de verano del Jefe del Estado, sostenida y mantenida “exclusivamente” con fondos públicos a lo largo de todo su mandato. Se celebraban Consejos de Ministros y audiencias. Era “un bien afecto a la Jefatura del Estado, y fruto de esa posesión en concepto de dueño y de forma pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 30 años se produjo su adquisición por el Estado por medio de la figura de la usucapión extraordinaria”. Era un bien de dominio público, “y por tanto imprescriptible”, que convierte en nulas las operaciones particionales de los herederos de Franco, afirman los letrados.
El Gobierno recuerda que incluso después de morir Franco, Meirás siguió varios años bajo la vigilancia de la Guardia Civil, sin que hubiese uso por parte de la familia a título particular, hasta que a finales de los noventa se ejecutaron obras de restauración. Desde 2008, al ser declarado el pazo bien de interés cultural, la familia se mostró reticente repetidas veces a abrirlo al público. El Gobierno gallego acabó sancionando a los herederos por no cumplir el régimen de visitas y la hija del dictador encomendó su gestión a la fundación Franco.
Desde agosto pasado, está a la venta en un portal inmobiliario por ocho millones de euros, la mitad de su valor. Por esto, los letrados solicitan al juzgado una medida cautelar: la anotación de la demanda en los folios registrales correspondientes al pazo para evitar que un hipotético cambio de manos dificulte la recuperación.


"EL GLORIOSO ENVIADO DE DIOS" QUE HABITÓ EL PAZO


S. R. P.
"Al pensar en el glorioso enviado de Dios que va a honrarle habitándole y en los grandes beneficios que con ello redundarán en mi amada y bellísima Marineda [nombre literario que daba doña Emilia a A Coruña], me separo con mi emocionada gratitud hacia la Junta de esa mansión, cuyo recuerdo tan fuertemente ligado va a los días más felices de mi vida”. Así confirmaba en una carta, recogida en la escritura notarial hallada por los abogados del Estado, la entrega de la parte que le correspondía de la propiedad de la finca María de las Nieves (más conocida como Blanca) Quiroga y Pardo Bazán, hija de la escritora. Asistía a la firma en el Gobierno Civil junto a su cuñada, Manuela Esteban-Collantes.
Al otro lado se sentaban el banquero Pedro Barrié de la Maza, el ingeniero Alfonso Molina (nombrado alcalde de A Coruña en 1947), y Rafael del Río, empleado de banca, como representantes de la Junta pro-Pazo. El precio fijado eran esas más de 406.000 pesetas que en plena Guerra Civil aceptaban como pago las señoras. Y los promotores del regalo al jefe del Estado, según recoge el acta, les transmitían “gracias efusivas por las facilidades” dadas para hacer posible el “propósito de la Junta”.
Un informe remitido por un teniente coronel a la Delegación Nacional de Provincias de Falange revelaba al año siguiente que las “gestiones” se habían efectuado “con rapidez ante las noticias de que había otras localidades y provincias que teniendo la misma idea podían adelantárseles” en la carrera por ofrecer al Generalísimo una residencia estival. La finca, después, sería engrandecida con fincas colindantes y edificaciones expropiadas, y con esto y las obras que se llevaron a cabo en Meirás la cantidad que había que recaudar del pueblo para agasajar a Franco se disparó. El militar del régimen, en su informe, aseguraba que “la cifra gastada en el pazo” era “de tal magnitud que si se supiese causaría asombro”.



El contrato de la supuesta venta fraudulenta del pazo de Meirás a Franco

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El Gobierno abre otro frente con los Franco y exige el pazo de Meirás por “fraude” en la compra. Los abogados del Estado hallan un acta notarial desconocida que según ellos confirma que la venta del pazo al dictador fue fraudulenta porque se produjo tres años después de la primera compra por cuestación popular forzosa


dimecres, 10 de juliol de 2019

MEMORIA PÚBLICA El Ayuntamiento de Sevilla financiará en solitario una de las mayores exhumaciones que se acometerá en España.


https://www.publico.es/politica/memoria-publica-alcalde-sevilla-garantiza-dinero-exhumar-mandato-fosa-pico-reja-hay-1100-represaliados.html


El Ayuntamiento comienza este viernes el proceso para proceder a la mayor exhumación en España tras la de San Rafael, en Málaga, que se hizo entre 2006 a 2009


Pepita Amado, cuyo padre fue concejal republicano del Ayuntamiento de Sevilla, se hace la prueba del ADN.

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado en solitario la financiación necesaria -1,2 millones de euros- para exhumar la fosa de Pico Reja, en la que los historiadores creen que hay al menos 1.103 cuerpos de represaliados y represaliadas tras la represión, dirigida por el general Queipo de Llano, posterior al golpe militar del 18 de julio de 1936. Esta exhumación será la mayor que se acometerá en España después de la que se hizo en Málaga, en la fosa de San Rafael, entre 2006 y 2009, y puede señalar un camino para el resto de capitales.
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), garantizó que la fosa se exhumará a lo largo de este mandato. “Es un paso verdaderamente histórico en Sevilla y de trascendencia nacional ya que se trata quizás de la mayor fosa común que [en estos momentos] cuenta con un proyecto concreto para su exhumación”, dijo el regidor en una rueda de prensa.
“Y, por tanto, es también uno de los más importantes proyectos que se acometen en nuestra tierra en materia de Memoria Histórica por la importancia y el volumen de la fosa común de Pico Reja. Fue un compromiso que este gobierno adquirió en el pasado mandato con las familias y las entidades memorialistas y hoy es una realidad con esta licitación”, agregó Espadas.
“El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Junta de Gobierno del próximo viernes aprobará los pliegos y, por tanto, la licitación pública de un servicio técnico para la exhumación e identificación genética de los cuerpos de la fosa común de Pico Reja, en el Cementerio de San Fernando”, se lee en un comunicado enviado por el Ayuntamiento. “El fin último [de la exhumación] es dignificar la memoria de las personas que fueron arrojadas allí, darles un entierro digno y atender a las peticiones de sus familias”, añade el consistorio.

Inicio y final de los trabajos

De este modo, Espadas no va a esperar a la Junta de Andalucía ni a la Diputación para que firmen el convenio, al que se habían comprometido. Licitando ahora, en el arranque del mandato, las obras, el alcalde se asegura que la exhumación se haga a lo largo de esta legislatura y no se dilate más. Fuentes municipales aseguraron a Público que creen que tanto la Diputación como el Gobierno andaluz colaborarán con la exhumación, la Junta no antes de septiembre.
Si llegaran a aportar dinero, la cantidad se descontaría de los 1,2 millones que el consistorio calcula como necesarios para llevar a buen puerto los trabajos. Espadas recordó que está aún pendiente la firma de un convenio al respecto con la Junta y la Diputación para la financiación de estos trabajos. “Y esperemos que se rubrique a la mayor brevedad posible”.
“Ese contrato garantiza el inicio de los trabajos y su final, sin esperar a que las restantes administraciones públicas –provincial, andaluza y nacional– concreten sus aportaciones”, se lee en la nota del consistorio.
Espadas y la delegada del Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, detallaron los pormenores de este contrato a familiares de las víctimas y a las distintas entidades comprometidas con la Memoria Histórica en Sevilla. “No temáis, la exhumación y la identificación de cuerpos se harán”, les aseguró el alcalde.

Los pormenores

La empresa que resulte adjudicataria habrá de incluir como mínimo en su equipo un historiador, 5 profesionales de Antropología Forense y Física, 5 de Arqueología y 10 trabajadores y trabajadoras auxiliares de apoyo. “Con las máximas garantías de rigor científico, ejecutará prospecciones, recogidas en superficie, excavaciones en la fosa, exhumaciones y recuperaciones de cuerpos y restos”, asegura el Ayuntamiento en la nota. "Asimismo, deberá preservar y custodiar, también con todas las garantías científicas, las muestras de restos óseos y muestras biológicas tomadas a los familiares hasta su entrega a la Universidad de Granada para su identificación genética”, exige el ayuntamiento.
El proyecto se desplegará en tres fases, según explicó el consistorio. La primeraatañe a la exhumación en sí y la identificación de los cuerpos, con trabajos que incluyen: la excavación arqueológica; intervención sobre los restos encontrados (la excavación y la identificación directa e individualizada de estos cuerpos determinarán si son o no represaliados o represaliadas); exhumación (identificación, registro de huellas sobre violencia y extracción individual de cada cuerpo o resto); antropología forense (es decir, fijar sexo, edad, patologías o anomalías); análisis antropológico de manera en laboratorio; y conservación y protección para preservar estos restos óseos y análisis de ADN.
La segunda fase consistirá en la realización de un informe final como lógica contribución a la historia de la represión franquista. Y la última fase será el destino final de los restos.
El Ayuntamiento respetará en todo momento el deseo de las familias sobre los restos identificados. Los restos no identificados y aquellos sobre los que los familiares expresen el deseo de permanecer en el mismo lugar, “se inhumarán en un espacio autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para identificaciones en un futuro”.
Tras finalizar los trabajos, “se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de la fosa de Pico Reja”. La adjudicataria deberá presentar una propuesta de reconstrucción del enclave actual que incluya un columbario de homenaje a las víctimas.