dissabte, 17 de juny del 2023

Olga Rodríguez: "De una fosa no solo se extraen huesos, también las palabras pendientes y sepultadas"

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Las voces de los familiares de las víctimas de la fosa de Villadangos del Páramo (León) han sido escuchadas en la Justicia de Argentina a través de la declaración de la periodista.

Olga Rodríguez en Buenos Aires frente a los tribunales, donde declaró el pasado jueves 8 de junio de 2023.
Olga Rodríguez, en Buenos Aires frente a los tribunales, donde declaró el pasado jueves 8 de junio de 2023.  Imagen cedida a Público por Olga Rodríguez.

Los abogados y abogadas que llevan la conocida como querella argentina contra los crímenes del franquismo invitaron a la periodista Olga Rodríguez a testificar ante la Justicia del país sudamericano sobre la historia de su bisabuelo Santos Francisco y otras víctimas de Villadangos del Páramo (León).

Doce cuerpos fueron exhumados de parte de la fosa y todavía se está a la espera de las identificaciones. Se trata de un total de 71 víctimas del franquismo que fueron sacadas de sus casas y asesinadas por razones ideológicas, pues fue una zona en la que no hubo frente de batalla. En una entrevista con Público, Rodríguez considera que ha sido escuchada por la Justicia de Argentina antes que por la de España "porque ha habido una falta de voluntad a lo largo de las décadas y no se abordó" en nuestro país.

¿Quién era tu bisabuelo, Santos Francisco?

Era herrador en Mansilla de las Mulas, un pueblo de León. Tenía siete hijos, el mayor de 17 años, que era mi abuelo, que también fue represaliado por el franquismo, y el menor de 11 meses.

Mi bisabuelo era una persona que tenía ideas de progreso, que no quiso apoyar el golpe de Estado y por eso lo sacaron de su casa, porque fueron casa por casa, pueblo por pueblo, escuela por escuela, persiguiendo a aquellas personas que tenían unas ideas determinadas en tantos lugares de España donde no hubo frente de guerra.

Los más pequeños se vieron muy afectados por ese asesinato. Era gente humilde, pero tenía una casa y al no estar muerto oficialmente mi bisabuela no podía heredar cualquier propiedad. Los adolescentes tuvieron que dejar de estudiar y ponerse a trabajar. Atravesó a mi familia sociológica, económica y emocionalmente.

Y la atravesó hasta hoy porque eso afectó a mi abuelo, que, a su vez, fue represaliado por el franquismo, fue encerrado en un campo de concentración y sufrió un fusilamiento simulado, represión y castigo, lo que atravesó a mi madre. Eso crea un caldo de cultivo que llega hasta hoy y que nos afecta a los y las nietos y nietas.

¿Cómo es ese proceso de búsqueda de la ubicación de las fosas para poder exhumar?

"El mensaje en plena democracia es que no tenemos el mínimo de nuestros derechos garantizados"

Llevábamos mucho tiempo intentando encontrar la ubicación exacta de la fosa para poder exhumar. Nos fue muy difícil obtener información. En nuestro caso concreto, se organizó una votación impulsada por el Ayuntamiento y por la junta vecinal en la que se debía dar el visto bueno o no al proyecto de exhumación.

Esto fue terrible porque en pleno 2021 se planteó si teníamos derecho a algo que es un derecho milenario. El primer teniente de alcalde de Villadangos del Páramo hizo campaña por el "no" y, de hecho, ganó el "no".

Fue una humillación que sufrieron las familias de las víctimas. El mensaje que en plena democracia se estaba transmitiendo es que no tenemos el mínimo de nuestros derechos garantizados.

Acudimos a los medios de comunicación para intentar darle la vuelta y finalmente pudimos exhumar en una parte de la fosa. Llevábamos más de cuarenta años intentándolo de forma individual muchas familias. Fue cuando compartimos información y unimos fuerzas que pudimos hacerlo.

Ahora conformamos una gran familia de memorias. Somos tres generaciones, nietos y nietas, sobrinos y sobrinas. Ha sido un proceso muy reparador que habría podido llegar mucho antes si hubiéramos obtenido el apoyo de las instituciones españolas.

Varios familiares de las víctimas de la fosa de Villadangos del Páramo en un encuentro organizado para el recuerdo de las víctimas.
Varios familiares de las víctimas de la fosa de Villadangos del Páramo en un encuentro organizado para el recuerdo de las víctimas.  Óscar Rodríguez

¿Cómo es el proceso de identificación de los restos de los cuerpos de las víctimas?

En nuestro caso, no están identificadas aún. Esto es importante porque llevamos un año y cuatro meses desde que se exhumó. La exhumación la hizo la Asociación para la Memoria Histórica y estamos esperando los resultados del laboratorio de la universidad del País Vasco, donde se están cotejando los ADN. En el camino se ha muerto la hermana de una de las víctimas de las que probablemente sus restos han sido exhumados, pero no lo ha podido confirmar.

Esa mujer vivió queriendo poder enterrar a su hermano con su familia dignamente y decirle adiós y no va a poder. A muchas mujeres, a muchas familias en este país se les condenó a llorar en privado, a no visibilizar ningún tipo de funeral ni de adiós, y esto es un daño añadido. Por eso queda pendiente ese adiós. Entonces, estamos a la espera.

"Los derechos no se pueden externalizar, deberían ser abordados a través de las instituciones directamente"

Hay otros países que son modelo porque todo esto lo hacen directamente grupos de trabajo que dependen del Estado, no son privados ni externalizados. La externalización de los derechos no debería ser la opción principal. Los derechos no se pueden externalizar, deberían ser abordados y perseguidos a través de las instituciones directamente. Si todo se externaliza a las asociaciones se producen desequilibrios.

Hay territorios en el Estado español donde surgen asociaciones que tiene que ser una alineación de astros muy determinada porque requiere de antropólogos, arqueólogos y psicólogos. Y en otros lugares no surgen tantas. Hay lugares donde se exhuma más solo por el simple hecho de que hay más gente que dice "vamos a hacerlo".

Debería haber una oficina de atención a los familiares de las víctimas donde pudiéramos ir y preguntar los datos disponibles y los documentos sobre nuestros familiares. En Argentina hay un organismo de estas características que facilita todo.

Esto nos evitaría tener que recorrer cientos e incluso miles de kilómetros, como hemos tenido que hacer, en busca de documentos o en busca de información o de testimonios orales.

¿Cómo consiguieron que las voces de las familias de las víctimas fueran escuchadas en el tribunal de Buenos Aires?

Hace trece años se presentó una denuncia ante los tribunales argentinos porque como España sigue sin juzgar los crímenes del franquismo se puede acudir a tribunales extranjeros. Se presentó allí la llamada querella argentina contra los crímenes del franquismo, en el marco de la cual han declarado a lo largo de los años numerosas víctimas y familias de las víctimas.

Mi compañero sentimental es hijo de un desaparecido por la dictadura argentina. En su caso ha habido una reparación y un juicio con sentencia. El abuelo argentino de mi hija ha obtenido verdad, justicia y reparación, y, sin embargo, en España el bisabuelo de mi hija no ha obtenido ninguna de las tres. La querella argentina lo que hace es investigar y tomar declaración a familiares.

Se me invitó mediante los abogados y abogadas que impulsaron esa querella y conté la historia de mi abuelo y mi bisabuelo y el crimen contra él que se enmarca en un crimen masivo de lesa humanidad o de genocidio, según la jurisdicción internacional, porque fue un modus operandi sistemático de persecución, asesinato y desapariciones.

"No fueron solo mis palabras, sino las de un montón de familias"

Lo que conté no fue solo la historia de estos familiares ni de mi familia, sino la de todas las víctimas de Villadangos del Páramo. Fue muy emocionante porque lo que llevé no fueron solo mis palabras, sino las de un montón de familias.

Son familias de víctimas como el maestro Toral, quien fue sacado de la escuela delante de sus alumnos y asesinado. Como Rufino Juárez o Federico Sacristán, que era cartero y le leía sus cartas a la gente que no sabía escribir. Le quería todo el mundo.

O como una mujer entre las víctimas que posiblemente sería Casimira Marcos, de Mansilla de las Mulas. Por primera vez, sus historias han sido escuchadas en un tribunal, pero ha tenido que ser en Argentina.

Hay en la escucha a las víctimas por parte del sistema judicial todo un proceso de reparación en sí mismo. Que el otro día se escuchara durante más de tres horas las historias de las víctimas del franquismo de la fosa de Villadangos del Páramo fue, sin duda, reparador.

La escucha es en sí misma una reparación y a través de ella nos hemos sentido reconfortadas todas las familias de las víctimas de Villadangos del Páramo, que somos más de 80 personas, de más de decenas de víctimas.

¿Por qué piensa que le han dado voz antes en Argentina que en la Justicia de España?

Porque ha habido una falta de voluntad a lo largo de las décadas y no se abordó. Durante la transición, la correlación de fuerzas era la que era, pero desde entonces ha habido muchas oportunidades para tomar medidas para que se pudiera garantizar un poquito de verdad, un poquito de reparación y un poquito de justicia. Ya no digo toda completa, pero ni siquiera un poquito.

Corresponde a una falta de voluntad y esto explica muchas cosas de nuestro país porque persiste una cultura de la impunidad del franquismo que lo impregna todo y que sostiene una cultura de la impunidad que se extiende a otros campos.

La sobrina de una víctima de la fosa de Villadangos del Páramo, una nieta de la víctima Rufino Juárez y la periodista Olga Rodríguez durante la exhumación de febrero de 2022.
La sobrina de una víctima de la fosa de Villadangos del Páramo, una nieta de la víctima Rufino Juárez y la periodista Olga Rodríguez durante la exhumación de febrero de 2022.  Óscar Rodríguez

¿Cómo es crecer en silencio por una doctrina o contexto en el que no se puede hablar libremente de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo?

"Cuando en muchos pueblos preguntas, te contestan en voz baja o te dicen que de eso no se habla"

No solo son víctimas de la Guerra Civil porque en muchos sitios no fue en frentes de guerra, sino que fue una persecución ideológica. Eso en derecho internacional tiene un nombre, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad o genocidio por razones ideológicas.

Durante 40 años de dictadura se impuso un silencio obligado y también se llevó a cabo un adoctrinamiento, casa por casa, escuela por escuela, pueblo por pueblo, que cuando llegó la democracia no se contrarrestó con la suficiente envergadura, la que el nivel de adoctrinamiento requería para que se inoculara cultura democrática y derechos humanos y se rompiera ese silencio que en muchos pueblos perdura hasta hoy.

Esto lo cuentan muchos memorialistas y las familias también lo hemos vivido: cuando en muchos pueblos preguntas, te contestan en voz baja o te dicen que de eso no se habla. Esto es porque perdura el miedo que se ha heredado porque no se ha ido casa por casa, pueblo por pueblo, escuela por escuela explicando que ahora no solo se puede hablar, sino que se debe hablar.

Cuando exhumamos ocurrió algo muy curioso y que yo he visto en muchas exhumaciones: de una fosa no solo se extraen huesos, también se extraen las palabras pendientes, las sepultadas. En torno a una fosa surge una gran conversación, que es la que tiene pendiente este país.

Yo he visto cómo gente de más de 80 años, cuando aparecen los huesos, cuando aparecen las pruebas de los crímenes, hablan por primera vez. Primero en susurro. "Yo lo vi", decía un señor muy mayor de Villadangos del Páramo, y empieza a explicar que él de niño había visto esa fosa y cómo tiraban los cadáveres allí.

Por primera vez ese hombre lo contaba después de tantos años, por primera vez sentía que tenía permiso para contarlo. Eso genera una conversación de cultura democrática que es precisa para cualquier civismo sano.

El acuerdo valenciano de las derechas amenaza con dejar en fosas a 422 víctimas de la guerra civil

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Exhumaciones en Paterna, en una imagen de archivo.

El pacto al que han llegado PP y Vox para gobernar juntos la Comunitat Valenciana pone en peligro ocho años de avances memorialistas en la región y amenaza con frenar en seco la búsqueda y exhumación de cientos de personas. El Ejecutivo valenciano se había propuesto para este año localizar y rescatar del olvido los restos de más de cuatro centenares de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Para ello, sacó a concurso los trabajos poco antes del 28M. El problema es que ese contrato aún no ha sido adjudicado. Y en el Govern ya dan por hecho que no será posible hacerlo antes de que finalice el mandato y las riendas de la región pasen a manos de conservadores y extrema derecha. "Por lo tanto, hay posibilidades de que lo paralicen", asumen fuentes del actual equipo.

La Comunitat Valenciana fue una de las primeras regiones en tener su propia ley de memoria. Entró en vigor a finales de 2017. Y, entre otras cosas, obligaba a la Generalitat a llevar a cabo "las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura". Pero en la actualidad, ese texto tiene los días contados. Sobre todo, tras el acuerdo alcanzado por PP y Vox. Ambas formaciones han pactado borrar todo lo que huela a memoria en la región. "Reivindicaremos la historia de España y de la Comunitat Valenciana y garantizaremos la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos. Por ello, se derogarán las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos".

Al calor de la norma, la búsqueda y exhumación de restos de represaliados por toda la región ha sufrido un impulso nada despreciable. Solo en los dos últimos años se han intervenido en las tres provincias de la comunidad 54 fosas, unos trabajos –algunos realizados a través de la adjudicación de un contrato y otros impulsados vía subvenciones– que han permitido recuperar los restos de 488 víctimas. "Hemos avanzado mucho", celebraba el pasado mes de enero la consellera de Paticipación y Calidad Democrática, Rosa Pérez, al tiempo que señalaba que ya se habían excavado "el 66% de las fosas comunes de la represión franquista en territorio valenciano".

Para este año el Ejecutivo de Ximo Puig había programado la apertura de 49 fosas más con un número teórico de 422 víctimas de la represión. De ellas, 41 se encuentran en el cementerio de Paterna (Valencia) –180 cuerpos–, siete en el de Castellón –228 cuerpos– y una en el de Alicante –14 cuerpos–. Pero el plan de exhumaciones corre el riesgo de irse al traste con la entrada de las derechas en el Gobierno. Aunque el equipo actual sacó a concurso a mediados de mayo los trabajos, el contrato, valorado en 780.000 euros, aún no ha sido adjudicado. De hecho, el plazo para presentar ofertas estuvo abierto hasta el pasado martes. Y en el Ejecutivo saliente ya dan por hecho que el contrato no estará listo antes de que PP y Vox tomen el relevo.

"No va a ser posible que quede adjudicado antes de finalizar el mandato por una cuestión de plazos burocráticos. Por tanto, existe la posibilidad de que el nuevo Ejecutivo lo paralice", señalan a infoLibre fuentes del actual equipo de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.

La Ley de Contratos del Sector Público contempla, en su artículo 152, la posibilidad de frenar un proceso de adjudicación. "En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores", apunta la norma, que también señala que esa decisión de podrá acordarse "antes de la formalización". No obstante, dicho precepto también deja claro que "solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente".

Del memorial de Paterna a los terrenos del campo de Albatera

La llegada de la derecha al Ejecutivo valenciano no tiene por qué impedir que todas esas exhumaciones puedan llevarse a cabo en un futuro. Aunque se derogue la normativa memorialista autonómica, aún existe a nivel nacional una Ley de Memoria Democrática que obliga a impulsar la búsqueda y exhumación de víctimas del franquismo. De hecho, el Gobierno ha aprobado este mismo viernes la distribución de dos millones de euros a las comunidades autónomas para realizar intervenciones de este tipo. Ahora bien, habrá que ver qué sucede después de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Al fin y al cabo, el PP ya ha dejado claro que si llega al Gobierno esa norma está en su punto de mira. Una ley que no soporta su principal aliado parlamentario: la ultraderecha de Vox.

Pero en el Ejecutivo valenciano saliente no solo preocupan todas estas aperturas de fosas programadas para este año. También tienen "una altísima probabilidad de ser paralizadas y olvidadas" las identificaciones de los restos que ya han sido exhumados durante los últimos. Según la actualización más reciente sobre la materia de la Generalitat, aún están en "ejecución" los trabajos de identificación sobre más de tres centenares de personas rescatadas de fosas comunes desde 2020.

Algo a lo que se suman otros tantos proyectos memorialistas que estaban en marcha en la actualidad y que ahora corren el riesgo de ser metidos de inmediato en un cajón: la construcción del memorial y centro de interpretación en el cementerio de Paterna, la puesta en marcha del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, la retirada de vestigios franquistas del espacio público o la compra de los terrenos del campo de concentración de Albatera para declararlo lugar de memoria y poner en marcha un centro de interpretación.

Díaz inicia el procedimiento para retirar la medalla al mérito laboral a Franco y otros cargos de la dictadura

 https://www.infolibre.es/politica/procedimiento-retirar-medalla-merito-laboral-franco-cargos-ligados-dictadura_1_1526288.html


La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo

El Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha iniciado el procedimiento para la retirada de la medalla del mérito al trabajo al dictador Francisco Franco y a otros destacados dirigentes vinculados con la dictadura, según informa Europa Press. Así lo recoge una resolución de la subsecretaría del Ministerio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que recoge Europa Press, que da cuenta del inicio del proceso de revocación de esta condecoración, en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, ordenado por la propia ministra.

Díaz ya avanzó en octubre del año pasado que iba a proceder a despojar a Franco y a dirigentes de su régimen de esta distinción, y que su previsión era hacerlo con un total de 62 personalidades que tenían "las manos manchadas de sangre". En concreto, la retirada se ciñe a una decena de altos cargos de la dictadura, dado que además de Franco figuran antiguos militares y ministros del régimen Juan Yagüe, José Luis Arrese, José Antonio Girón, José Solís Ruiz Jesús Romero Gorría, José María Fernández Ladreda (también exalcalde de Oviedo), el cardenal Enrique Plá y Deniel, el militar y exalcalde de Cádiz José León de Carranza y el empresario y procurador de las cortes franquista Félix Huarte.

Según indica Trabajo, la medida está recogida en el artículo 45.1 de la citada Ley de Memoria Democrática, pues pauta que atendiendo a la antigüedad de los reconocimientos recogidos en estos acuerdos y a la imposibilidad de localizar a las personas físicas o jurídicas que pudieran tener interés legítimo en los procedimientos y a aquellas que instaron la concesión de la Medalla, se procede a dar publicidad al inicio de los procedimientos de retirada de medallas.

"A tal efecto, quienes consideren que pueden tener un interés legítimo sobre el procedimiento, podrán comunicarlo, justificando dicho interés en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación de la presente resolución", ahonda la resolución de Trabajo.

En su momento, Díaz señaló que la desposesión de esta condecoración que otorga el Ministerio se aplica en virtud del artículo 42 de la nueva ley, que habilita la opción de revisar precios y galardones concedidas por el Gobierno cuando el beneficiario haya formado parte del aparato de represión franquista, o por incurrir en conductas incompatibles con los valores democráticos y el respeto a los Derechos Humanos.

La vicepresidenta desgranó que esos reconocimientos a dirigentes franquistas suponen una "infamia" y que es necesario restablecer la "dignidad", "la justicia" y "reparación" acorde con el mandato democrático. "No puede haber zonas de sombra en esta materia", ha ahondado.

Aprobadas las únicas exhumaciones de Madrid en una fosa con más de 100 fusilados. En Colmenar.

 https://www.elplural.com/sociedad/aprobadas-unicas-exhumaciones-madrid-fosa-mas-100-fusilados_312666102



En Colmenar, yacen más de 100 fusilados de San Sebastián de los Reyes, Colmenar, Soto del Real, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra y El Molar

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Trabajo de exhumaciones en Madrid

Trabajo de exhumaciones en Madrid

Este verano pasado finalizó la primera fase de exhumación de la fosa franquista del Cementerio viejo de Colmenar Viejo. En este camposanto del norte de Madrid se documentó el enterramiento de las víctimas de la represión franquista en dos fosas franquistas. Allí se fusilaron a 108 personas casi en la conclusión de la guerra civil en 1939. Con estos trabajos se lograron localizar a 13 cuerpos, once de ellos se hallaron en ataúdes muy básicos con traumas peri mortem, lesiones en la cabeza o mandíbula provocadas en el momento de la muerte. Terrible.

Únicas exhumaciones de represaliados por el franquismo en Madrid

 Para no dejar inconcluso los trabajos, el alcalde socialista, Narciso Romero, a través de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en un claro último servicio a la izquierda, pero especialmente a la memoria y dignidad de las víctimas y de sus familias, ha aprobado la adjudicación del contrato para desarrollar el proyecto denominado “Búsqueda, exhumación, identificación y custodia de los restos de las víctimas de la violencia  franquista, vecinos de San Sebastián de los Reyes y otras localidades de la zona  norte de Madrid, enterradas en el cementerio de Colmenar Viejo”. Aunque cueste trabajo creer que en una región como la de Madrid, donde la represión franquista fue muy intensa, se trata de las únicas exhumaciones de represaliados por el franquismo que se llevan a cabo en la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, en el cementerio de Colmenar Viejo, yacen en dos fosas comunes a más de 100 personas de varias localidades del norte de Madrid, 

Tras los pertinentes procesos administrativos, se ha adjudicado a la empresa Sociedad de Ciencias Aranzadi en el precio de 149.760,00 euros sufragado con cargo a la ayuda concedida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia. Esto se ha conseguido merced a la solicitud realizada al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por el Gobierno local sansebasteniense y por las propias familias integradas en la combativa y dinámica Asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes.

Víctimas de siete municipios

Aunque ha sido el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes quien ha coordinado y liderado este procedimiento, el ámbito y objeto del contrato supone la realización de la exhumación, identificación y custodia de los restos de las víctimas de la violencia franquista, de vecinos no solo de San Sebastián de los Reyes, sino que abarca a otras localidades de la zona norte de Madrid, concretamente de Colmenar Viejo, Soto del Real, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra y El Molar.

El proceso del trabajo incluye la exhumación e individualización de los cuerpos que se hallen en las fosas ubicadas (topografía, fotografía, diseño gráfico, planimetría). El estudio antropológico forense de los restos que fueran recuperados, la identificación genética, la toma de muestras de restos óseos humanos correspondientes a éstas y la dignificación del espacio en que hayan sido localizadas las fosas.


Fusilados en las tapias del cementerio

Se culmina así un largo proceso que se espera finalizar dando sepultura digna a los cuerpos sin vida de 107 hombres y una mujer, fusilados en las tapias del cementerio entre el 15 de abril y el 1 de diciembre de 1939 por sus ideas políticas y por defender la legalidad de la II República. Veinticinco de ellos eran vecinos San Sebastián de los Reyes. Entre ellos se encuentran los restos de Manuel Mateo López, alcalde de San Sebastián de los Reyes o el de Facundo Navacerrada Perdiguero, fundador de la UGT y dirigente de izquierdas, así como otros nombres pertenecientes a la corporación municipal. que también fueron asesinados.

“Los socialistas estaremos vigilantes para que no se interrumpa el proceso”
En redes sociales, el alcalde en funciones, Narciso Romero, ha expresado su satisfacción porque este asunto, junto a la reciente aprobación de colocación de pedestales y placas conmemorativas en recuerdo de represaliados del franquismo, se lleven a cabo. Son cuestiones de “justicia y de dignidad humana y me siento orgulloso de que se hayan podido aprobar tras un proceso largo y complejo”. Además, ha advertido, de que como responsable – a partir de mañana sábado- del mayor grupo de la oposición “espera que no exista la tentación de interrumpir este camino de reconciliación y reparación real, por lo que los socialistas estaremos vigilantes para que ello no suceda”.